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Etiqueta: TSE

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

Centro Democrático y Social renueva estructuras y acepta propuesta de Agenda Viva

Comunicado

  • El CDS reconoce el aporte del colectivo Agenda Viva y propone que sus propuestas se conviertan en la base propositiva de una Coalición.

  • La agrupación humanista de centro ha solicitado audiencia formal al equipo coordinador de Agenda Viva.

El Partido Centro Democrático y Social (CDS) reconoce hoy más que nunca la necesidad de construir una coalición de partidos, colectivos sociales y liderazgos independientes que se convierta en la mejor alternativa de cara a las elecciones del 2026. Actualmente, la agrupación se encuentra en la fase final de su proceso de renovación de estructuras y, en ese contexto, ha solicitado una audiencia formal al colectivo Agenda Viva para adherir su agenda mínima y, a la vez, invitarle a ser parte de un esfuerzo de coalición.

El encuentro permitirá conocer a profundidad la metodología que dio origen a más de 200 propuestas y escuchar la ruta planteada por el colectivo hacia la construcción de alianzas. El CDS considera que este esfuerzo ciudadano representa una contribución valiosa para la configuración de una coalición de nuevo tipo: nacional, plural, diversa e incluyente; así como un proceso inédito surgido desde la sociedad civil.

Como país debemos apostar por más y mejor democracia. Debemos dejar de ser espectadores y, por el contrario, sumar en equipo. De ahí la participación del Centro Democrático y Social en un momento histórico para Costa Rica de cara a los comicios del 2026. Agenda Viva, sin duda, es un esfuerzo ciudadano que respetamos y valoramos, y por ello queremos que se sume en este gran proyecto de coalición”, mencionó la diputada independiente de la actual legislatura, Kattia Cambronero Aguiluz.

La seguridad, la educación, la salud, la empleabilidad y la protección del medio ambiente figuran entre las mayores preocupaciones que aquejan a la población costarricense. A ello se suman los acelerados índices de corrupción y la penetración del narcotráfico, factores que coinciden con las razones por las cuales el CDS decidió reactivar su agrupación política.

Asimismo, identifican la necesidad urgente de modernizar el Estado, en procura de fortalecer la institucionalidad pública y su visión de inclusión social, garantizando a la vez que los servicios públicos sean prestados con calidad y eficiencia.

El actual momento histórico requiere buscar puntos de encuentro para enfrentar el peligro de perder las conquistas sociales que han hecho de Costa Rica un país vivible. Pero, a la vez, el contexto social al cual han llevado al país el presente y los anteriores gobiernos demanda nuevos logros que mejoren las condiciones de vida y las oportunidades de una gran cantidad de compatriotas —especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad—. Para ello debemos construir bajo la tradición de diálogo que edificó nuestro país”, aseveró César López Dávila, de la Comisión de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas.

El CDS, creé firmemente que el país requiere un nuevo pacto colectivo, sustentado en propuestas concretas, liderazgos comprometidos y una visión compartida de futuro. En este sentido, la convocatoria hecha por Agenda Viva, y sus más de 200 propuestas, a favor de un programa mínimo común, que “reconstruya Costa Rica”; es una oportunidad que merece ser escuchada y fortalecida.

A pesar de ser un partido debidamente inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el CDS ha renunciado a convertirse en un partido taxi o franquicia para llevar candidaturas sin un proyecto político serio y coherente con sus ideales, razón por la cual no participó en las elecciones de 2014, 2018 ni 2022.

Fundado en 2012 como un partido humanista de centro, el CDS se ha caracterizado por su compromiso con la ética, la transparencia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. En congruencia con estos principios, y ante los desafíos actuales del país en materia de seguridad, empleo, educación, salud, medio ambiente y derechos humanos, reitera su disposición de sumarse a espacios de diálogo serio, abierto y respetuoso con sectores sociales, colectivos ciudadanos y otras agrupaciones políticas.

Reactivar nuestro partido no es una casualidad, es un acto de responsabilidad con el presente y el futuro de Costa Rica. Hoy más que nunca, necesitamos unir fuerzas con quienes comparten nuestros principios”, afirmó la miembro fundadora del CDS, Urania Chaves Murillo.

De esta forma, el CDS reafirma su voluntad de contribuir a la construcción de un proyecto político sólido, participativo y transformador, que devuelva la esperanza a las y los costarricenses.

Grupo ciudadano amplía denuncia contra Rodrigo Chaves por beligerancia política

Un grupo de denunciantes solicita al TSE medidas cautelares para que el mandatario deje de utilizar símbolos y expresiones que vincularían al gobierno con futuros partidos políticos

Un grupo de ciudadanos presentó una ampliación a la denuncia por beligerancia política contra el presidente Rodrigo Chaves Robles y varios ministros del Consejo de Gobierno ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El historiador Óscar Aguilar Bulgarelli dio a SURCOS detalles de la gestión.

La denuncia, que originalmente fue interpuesta el 30 de enero de 2025, ahora incorpora nuevos elementos que, según los denunciantes, evidencian una clara participación del gobierno en actividades político-electorales de cara a los comicios de 2026.

El símbolo del jaguar como centro de la controversia

«Hoy un grupo de ciudadanos estamos presentando una ampliación a la denuncia que habíamos puesto días atrás con respecto a la participación del gobierno y específicamente del presidente de la República en la campaña política, cosa que obviamente viola la Constitución, viola el Código Electoral», explicó Aguilar Bulgarelli.

El historiador destacó las recientes declaraciones de la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien habría reconocido que «el símbolo del jaguar es parte de los símbolos que ocupan los que van a ser los posibles partidos del chavismo».

Entre los hechos denunciados figura la utilización del pin con la cabeza de un jaguar por parte del presidente Chaves y miembros de su gabinete, así como múltiples referencias al animal en discursos oficiales.

«Ha ‘condecorado’ al menos a dos personas, en nombre del país, lo que es muy ofensivo para todos nosotros, ciudadanos costarricenses, porque incluso el que le entrega a don Nayib Bukele lo ubica perforando una banda con los colores patrios y dándole nivel de condecoración oficial», señala el documento.

Discursos oficiales con tinte electoral

La denuncia enumera más de una docena de eventos oficiales donde el presidente habría hecho manifestaciones que los denunciantes consideran de carácter político-electoral, incluyendo referencias a la necesidad de contar con «cuarenta o cuarenta y cinco diputados» en la próxima Asamblea Legislativa.

Entre las situaciones más polémicas se encuentra un acto oficial realizado en Pérez Zeledón el 12 de febrero, donde según la denuncia se produjo el siguiente diálogo:

— «¿Yo les dije por quién votar?»
— «¡Nooo!»
— «¿Yo les dije por quién votar?»
— «¡Nooo!»
— «Ahora, les pregunto como compatriotas: ¿ustedes ya saben por quién votar?»
— «¡Síííí!» (y en el fondo se escuchan voces femeninas que dicen: «¡Vamos con los jaguares!»)

Vínculo con partidos políticos

Según los denunciantes, el presidente y sus seguidores estarían vinculados con el partido Pueblo Soberano y con el partido Motiva (en proceso de inscripción), ambos relacionados con el símbolo del jaguar.

La denuncia incluye declaraciones de diputados oficialistas en una entrevista televisiva, donde uno de ellos afirmó: «El apoyo de todos nosotros, los miembros oficiales, está con el presidente. Y este partido, Pueblo Soberano, asumiría la responsabilidad de dar continuidad a lo que el presidente ha estado haciendo».

Medidas cautelares solicitadas

Los ciudadanos solicitaron tres medidas cautelares específicas al TSE:

  1. Prohibir al presidente hacer uso de la imagen o pin de la cabeza del jaguar o cualquier manifestación física o verbal relacionada con este símbolo en su calidad de presidente.

  2. Prohibir al mandatario hacer referencia al «lapicero para votar» y llamados al voto por «40 o más diputados» en sus apariciones públicas.

  3. Impedir alusiones peyorativas u ofensivas a miembros de partidos de oposición o representantes de agrupaciones en la Asamblea Legislativa.

La denuncia original fue presentada por Oscar Castillo Rojas, Rocío Ramírez Varela, Erick Sojo Marín, Oscar Aguilar Bulgarelli, Rodrigo Humberto Campos Hernández y Marco Antonio Castillo Rojas.

El Tribunal Supremo de Elecciones deberá ahora analizar la ampliación presentada y determinar si procede con las medidas cautelares solicitadas mientras se resuelve el fondo del asunto.

La investigación contra el presidente Rodrigo Chaves y compañía por parte de la fiscalía

Alberto Salom Echeverría

1.Todavía no hay una acusación formal contra el presidente de la República, el vicepresidente Brunner, el canciller Arnoldo André, algunos diputados oficialistas y otros adherentes al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), porque la Fiscalía se encuentra en una fase de investigación acerca de quiénes son los presuntos responsables de haber incurrido en graves delitos contra la legislación electoral de nuestro país. Por lo consiguiente en este artículo no me propongo inculpar a nadie; sé que hacen falta las pruebas concluyentes para que se pueda hablar de culpables.

2. Sin embargo, sí deseo expresar mi criterio de carácter politológico más que jurídico, sobre la relevancia que esta investigación tiene en Costa Rica hoy. Diré primero que cualquier investigación que se realice en contra del presidente de la República y otros altos funcionarios del poder ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, es de mucho cuidado; sobre todo cuando se trata de examinar presuntos hechos dolosos en que podrían haber incurrido los altos dignatarios gubernamentales, porque de probarse la culpabilidad, se constituiría un grave daño político, jurídico y moral que afectaría aún más la credibilidad de la sociedad civil en la política y en los políticos.

3. En este caso, la investigación discurrió primero, desde hace tres años por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y, se configuró un documento en noviembre del 2024. Este documento deberá ser conocido, esperamos que con urgencia por los magistrados del TSE. Pero, dado que se trata de una investigación a tan altos dignatarios del Estado costarricense, el pasado 17 de enero, el fiscal general, Carlo Díaz, sustentado en una orden judicial de la Sala Tercera (que conoce y se pronuncia sobre delitos penales), incauta el documento, justamente con el fin de examinar si amerita elevarlo a los tribunales de justicia competentes para que se inicie un juicio. El documento al que nos referimos versa sobre el supuesto financiamiento paralelo en la campaña del hoy presidente Rodrigo Chaves. De probarse los hechos que allí se señalan, obviamente sería a todas luces un ilícito grave contra artículos del código electoral y, como ha quedado dicho procedería que el fiscal lo eleve a juicio.

4. El procedimiento no es nada sencillo, puesto que algunos de los altos dignatarios investigados, como el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores y los dos diputados, están investidos de inmunidad. En tal caso procede que el TSE valore la denuncia y, si lo estima necesario, ordene a la Inspección Electoral, que instruya una investigación preliminar. Si realizado este proceso encuentra indicios de culpabilidad, deberá trasladar la denuncia a la Asamblea Legislativa, a fin de que ésta, proceda a levantar la inmunidad de los funcionarios que estime necesario. Se requerirán dos terceras partes de los votos de los diputados a la Asamblea Legislativa para levantarles la inmunidad a los dignatarios aquí mencionados para que puedan ser sometidos a juicio. O sea, se trata de un procedimiento calificado.

5. ¿Cuáles son los presuntos delitos en que habrían incurrido los dignatarios y otros de sus partidarios? El informe del Departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE, como resultado de tres años de investigación concluyó que se habrían cometido por parte del presidente, los siguientes delitos electorales, a saber: Rodrigo Chaves, habría recaudado fondos para financiar al PPSD, sin haber recibido autorización alguna del tesorero de este partido político. Una violación como esta, de haberse producido, implicaría penas de dos a cuatro años de cárcel, según artículo 273 del Código Electoral. Los recursos, postula el informe de investigación habrían ingresado a cuentas de una firma privada ATA Trust Company, mediante la cual se administraron los recursos del fideicomiso “Costa Rica Próspera”. También señala el informe dado a conocer por el diario La Nación, que el presidente recibió contribuciones o donaciones, por medio de una estructura paralela a las cuentas oficiales del PPSD, con lo cual evadía el control del propio partido político; esa cuenta paralela que se constituyó fue el fideicomiso mencionado y uno de los sujetos de investigación. Con ello se habría violado el artículo 275, inciso b, del código electoral.

6. A su vez al canciller Arnoldo André, se le atribuyen dos delitos más: igual que Chaves habría violado el artículo 273 del mismo código, tras haber incurrido, supuestamente en la misma falta de captar recursos por medio del fideicomiso, para el PPSD también. Pero, por otra parte, se le atribuye haber donado a esa estructura paralela, el fideicomiso, una suma de 3,6 millones de colones. De haberse producido esa donación sería una irregularidad violatoria del artículo 274 del citado código.

7. A la diputada Luz María Alpízar, en su calidad de presidenta del PPSD, se le estaría atribuyendo haber recibido financiamiento privado, mediante el aporte de personas no autorizadas para recaudar esos fondos, las cuales habrían empleado cuentas, aparentemente no inscritas, ni autorizadas por el tesorero nacional, o por el comité ejecutivo nacional del PPSD. De probarse tal delito sería una violación al artículo 275 del mismo código. En este caso, si se logra probar el delito se señalan penas de cárcel de dos a seis años.

8. Al diputado Waldo Agüero, se le investiga también por sospechas de haber violado el artículo 275. A la vez, a su hija, Sofía Agüero Salazar, se le sigue proceso de investigación por sospechas de haber recibido y depositado fondos en su cuenta bancaria, ilegales, para financiar la candidatura de su padre. En este caso el dinero recaudado provenía del banquero Jack Loeb. (Cfr. Para más abundamiento, pueden conocer informes de los artículos del diario La Nación sobre esta materia de los días domingo dos de febrero del 2025, págs. 1 y 3, martes 4 de febrero, págs.1 y 3 y, miércoles 5 de febrero, págs. 1 y 3).

En suma, la investigación a la que nos hemos estado refiriendo del Departamento encargado de estudiar el financiamiento de los partidos políticos, perteneciente al TSE, habla de dos supuestas estructuras paralelas a la contabilidad oficial del partido de Chaves, el fideicomiso y una cuenta privada de la señora Sofía Agüero Salazar.

Al estudio de estos supuestos delitos, está abocada ahora la fiscalía general, con el objeto de seguir la trazabilidad de los fondos recaudados mediante estructuras paralelas y así se estaría probando que los recursos se habrían recibido de donantes privados no autorizados, cuyo destino era beneficiar tanto la candidatura a la presidencia de Chaves, como la de Brunner, y la de los candidatos a diputados de aquel entonces, aquí mencionados con anterioridad. También se afirmó en este artículo, que el fiscal tuvo que solicitar autorización de los magistrados de la Sala Tercera de lo penal, para obtener la orden judicial y así incautar el documento al que hemos hecho referencia.

Como puede verse, de probarse los ilícitos, los altos funcionarios de la administración pública, el presidente Chaves y los demás, habrían incurrido en faltas graves que atentarían contra nuestro sistema electoral, y habrían faltado a la confianza de los costarricenses que votaron por ellos y los que todavía les mantienen la confianza. Es de esta manera como se vulnera la democracia costarricense y cada vez mayor cantidad de personas en nuestro país se han ido decepcionando de la política y los políticos. Esperamos que los que sean acusados, no acudan a procedimientos espurios y leguleyadas en su defensa que, producirían todavía más decepción en el pueblo.

¿Dónde está escondido el Tribunal Supremo de Elecciones?

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es público y notorio, como dicen los abogados, que desde el mismo día que terminó la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles empezó, sin prisa y sin pausa, la de 2026. Muchos, obnubilados por su retórica populista y vulgar, le siguieron el juego sin darse cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Hoy a tres años de aquel mal paso dado por nuestra democracia, muchos están cayendo en cuenta de su equivocación; pero algunos siguen con la vista nublada y apoyan a Chaves, quien ahora se quita la careta y a mandíbula o quijada batiente, anuncia que “piensa” en la posibilidad de renunciar a la Presidencia de la República y lanzar su candidatura a diputado, para lo que pide a sus súbditos que voten los suficientes por su partido taxi (¿?) para sacar 40 legisladores.

No cabe duda, es una estrategia muy bien planeada con mente diabólica, por sus asesores de la misma calaña. Primero, eso de renunciar a la Presidencia, está por verse; pues dice el artículo 121, inciso 8, de nuestra Constitución Política que corresponde a la Asamblea Legislativa recibir el juramento y “conocer de las renuncies de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno, resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República y declarar si debe llamarse al ejercicio del poder a quien deba sustituirlo…” , pero también de acuerdo a los incisos 9 y 10 de la CP, le corresponde a la Asamblea admitir las acusaciones que haya contra esos funcionarios y resolverlas con votación calificada de 38 votos.

Entonces, Chaves tendrá que declararse loco, esquizofrénico, bipolar o padecer de trastornos de comportamiento disruptivo y disocial, de los que ya ha dado muestras o síntomas evidentes durante estos tres años transcurridos. Sin embargo, es importante tener en cuenta opiniones como la del jurista don Manrique Jiménez que considera que basta que el presidente comunique su renuncia a la Asamblea Legislativa, como un acto de formalidad, para que tenga validez y eficacia la renuncia y que no tiene necesidad de aprobación. Bueno, son opiniones contrastantes y, por lo visto, será un tema que desatará la controversia.

Pero la verdad, la tal renuncia es lo que menos le importa al tiranuelo de Chaves, es simplemente un distractor que le permite algo más importante para su proyecto político y el de su diabólico grupúsculo: tener participación político electoral activa y pedir votos para sus papeletas de diputados que viajan en su taxi político, conducido por Pilar Cisneros como chofer con sueldo millonario de diputada, pagado por todos los costarricenses.

Entonces cabe hacer la pregunta: ¿esa participación político electoral e ilegal de Chaves, se puede parar, evitar, frenar y ponerlo en orden?, ya sabemos que de mutuo propio no lo hará, pues su vocación violadora lo lleva a atentar contra la ley y no obedecerla. La respuesta es sí, y por eso me pregunto: ¿Dónde está, donde se escondido el TSE? Veamos.

En primer lugar, el Presidente de la República, al igual que los Vice Presidentes y Ministros, entre otros funcionarios, tienen prohibición de participación político electoral, según el artículo 146 del Código Electoral que entre otras formas de participación señala que no podrán asistir a reuniones de carácter político ni “utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género”, y Rodrigo Chaves ha incumplido ese texto, palabra por palabra, cuando ha tenido en las oficinas de la Presidencia de la República a funcionarios a sueldo organizando partidos, su participación en la campaña por las municipalidades y para organizar acciones con miras al 2026, tal como lo han reconocido públicamente por medios de prensa, Chaves y sus funcionarios.

Pero además, el Presidente Chaves desde hace meses en reuniones públicas realizadas en Nicoya, Limón, Cartago, San Carlos y difundidas urbi et orbi por su prensa vasalla y todos los mércales en su show de noticias, habla claramente de sus deseos electorales, pide votos para elegir 40 diputados, alaba a los actuales y pide que se elijan 40 como ellos, según él…¿para qué?, para dominar el Poder Legislativo, pasar las leyes cargadas de inconstitucionalidades que ahora no ha podido, convocar una Asamblea Constituyente que él anuncia, desde ya, quiere presidir para hacer un régimen autoritario y antidemocrático al estilo Bukele, Maduro u Ortega, según sea su gusto del momento. Inclusive, en su show mediático del pasado miércoles 11 al dar respuesta a la negativa de los presidentes de los otros poderes a participar en su “show debate”, amén de su mofa y tono sarcástico, de nuevo se lanzó a la arena político electoral abiertamente; mientras el TSE sigue guardando silencio.

Todo lo anterior, tiene tres años de hacerlo abiertamente, reconozco que es en la único que Chaves no ha sido hipócrita y no ha mentido, también ante la mirada impávida del TSE. Si a los magistrados les ha dado temor de actuar de oficio, desde hace muchas semanas tienen en sus manos, varias denuncias presentadas por ciudadanos y por el presidente del PLN que, conforme a los artículos 266 y 267 del Código Electoral, llenan los requisitos de legitimación y procedimental para ser acogidos y tramitados. Porque el deber de los magistrados del TSE es, de acuerdo con el artículo 146 del Código Electoral “ordenar la destitución e imponer inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este articulo”, más claro no canta un gallo.

Me dirán que conforme los señala el mismo Código hay procedimientos a seguir según el artículo 269; si en efecto los hay, pero el levantamiento de ese expediente no tiene plazo y por lo tanto, pueden los señores Magistrados poner términos perentorios por la gravedad de los hechos, por su urgencia y porque todo lo denunciado es público, está en mil lugares, en los medios de comunicación y en las propias computadoras del TSE, no es nada esotérico, pues hasta en sus celulares encuentran las imágenes de estos hechos; es decir si se trabaja de verdad y se tiene el valor necesario para tomar decisiones y no se esconden de sus obligaciones; el TSE debería estar poniendo orden, aunque fuera una “jaladita de orejas” a un Presidente acosador y abusador de nuestra democracia y nuestras libertades.

Pero no, parece que están escondidos, pidiendo que no les “hagan olas” pues todo hace pensar que no saben nadar en esos mares tormentosos.

La voz presente de don Rodrigo Carazo Odio

Freddy Pacheco León

Vivimos momentos álgidos alrededor de la institucionalidad de Costa Rica, de tan profundas raíces históricas. Al revisar acciones reiteradas del cogobierno Chaves-Cisneros, vemos que intencionalmente, con perversas intenciones, han arriado los símbolos patrios, y, con ellos, caros valores característicos del ser costarricense. Ante ello, y cuando todavía estamos a tiempo de rescatar la nación que ellos desprecian, sentimos la necesidad de nutrirnos del pensamiento y la acción, de grandes compatriotas.

Por ello, rescatamos un mensaje brotado de su corazón, de gran sentido, que el expresidente don Rodrigo Carazo, enviara por correo-e, dos años antes de fallecer, dirigido a los cientos de miles de compatriotas, que se habían “atrevido” a enfrentar la ola neoliberal que, desde entonces, permeaba la dirigencia política nacional, y que, se expresaba como parte de un TLC negociado a espaldas del pueblo.

Hoy, aunque la emergencia tiene matices diferentes, demanda de voces como la del querido gran patriota, que desde cualquier posición en que se encontrara, siempre fue ejemplo de entereza. Su amor por Costa Rica, siempre estuvo por encima de cualquier calculillo partidista, y por ello, se ganó, aunque todavía a algunos les duela, el cariño y agradecimiento de su pueblo. No está con nosotros, pero sí su mensaje oportuno, que, esperamos, sea una invitación a reflexionar, acerca del presente y el mañana de Costa Rica.

Nos dice don Rodrigo, lo siguiente:

“Queridas mujeres y hombres dignos de la Costa Rica de siempre.

Amigas y amigos que saben respetar los valores cívicos que engalanan a esta Patria madre de todos aquellos que realmente la honran.

¡Ustedes han escrito historia!

Ya sabemos bien quiénes la aman y respetan y cuáles son los que realmente desean aprovechar en su exclusivo beneficio lo que es Costa Rica.

¡Cómo han llorado nuestros cielos después del 7 de octubre, el dolor de esta tierra desgarrada por el trago amargo producido por el miedo y la avaricia! Llorado tanto o más, que como nos duelen a todos, los males causados por un clima inclemente que golpeó a nuestros suelos.

Pero bien lo sabemos: Costa Rica es eterna y jamás será doblegada. Esclavos, de nadie.

Nadie en particular ganó el referendo. El triunfo ha sido del pueblo de Costa Rica, puesto que, en esta consulta popular, vimos claramente que estamos a punto de perder la Patria.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es un poder en Costa Rica, por lo tanto, tiene deberes y responsabilidades que afrontar; hay reglas claras y precisas que no puede ignorar. El TSE ha confundido su misión: no fue creado sólo para contar votos. Su misión es enmarcar las elecciones populares dentro de la legalidad y la paz, debe ser objetivo y neutral y no permitir el más mínimo desacato a la Constitución y las leyes.

Mi posición como Expresidente me permite no pertenecer a ningún partido político, sino más bien, apoyar libremente todo lo bueno que cualquiera de ellos pueda aportar para el bien de los costarricenses y el progreso del país. Con esa libertad, es que hoy vengo a recordar que es la segunda vez – y en un lapso muy corto, 20 meses apenas – que el TSE ha sido indolente y descuidado, haciendo a un lado las leyes y las normas que deben regir un proceso electoral.

Conocedor del tristemente conocido “memorando del miedo”, el TSE permitió que se violara la tregua electoral, dejando que un embajador extranjero se metiera en el proceso y permitiendo que altas autoridades del gobierno, usaran todos los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión) para asustar y propalar las amenazas que un gobierno extranjero le hacía a Costa Rica.

De esto que les digo, somos testigos todos en Costa Rica, por las declaraciones dadas por el propio Embajador desde el TSE, felicitándose por haber sido él mismo, el que había traído el comunicado de la secretaria de Comercio Exterior de su país, oficiosamente, ya que no fue un comunicado oficial de gobierno a gobierno. Esto es inadmisible y no podemos dejarlo pasar sin una firme protesta, no contra el país extranjero, sino contra un Embajador inescrupuloso.

La gesta valiente de los costarricenses que se expresaron de una manera contundente contra el TLC “vende patria”, a pesar de los enormes obstáculos que se les pusieron enfrente – El Poder del Dinero, el Poder del Gobierno y el Poder de la Prensa – debe ser recordada en nuestra historia. A pesar de todo eso sacamos el 48% – lo que indica que el resultado de ese referendo está parejo; que las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, deben medir muy bien esta circunstancia, especialmente porque en este referendo, no se votó por un candidato ni por un partido, lo que se “votó” fue la suerte de Costa Rica y de su pueblo y con eso no se puede jugar tan fácilmente.

Un candidato puede ganar por un voto de diferencia, pero la suerte de un pueblo entero no es posible definirla por un tan escaso margen, como el que se dio a pesar de la inequidad de la lucha, de la presión ejercida y de la debilidad del TSE. Y menciono de nuevo el dinero, porque bien sabemos que a Costa Rica no la puede comprar nadie. El dinero compra a los corruptos y a los necesitados. La gente con miedo desnaturaliza la razón de ser de la democracia.

Aprendimos que el interés de un pequeño grupo, logra la ausencia de una agenda social que podría ser instrumento histórico para enfrentar los efectos nocivos de este TLC. Debemos estar alerta y trabajar muy duro para mantenernos independientes.

Lo más importante: vimos a un pueblo valiente, decidido, poderoso, enfrentarse con un civismo digno de lo mejor de nuestra historia al Poder del Dinero, de la avaricia y de la sumisión al dominio político de las transnacionales, al que vimos hacer gala de posesión por medio de la corrupción que transforma la amistad y el respeto entre los pueblos en obediencia y servilismo.

Los grupos cívicos, los sindicatos, las organizaciones agrícolas y tantas gentes organizadas, dieron un ejemplo histórico.

Los comités patrióticos nos hicieron y hacen ver que la vitalidad de este pueblo es inagotable. ¡Benditos sean!

Aprendimos una lección que debe seguir dando frutos, en beneficio del bienestar popular y la democracia. Aprendimos que la Patria vale más que los partidos y los grupos. Aprendimos que el Poder del Pueblo nos hará recuperar los valores nacionales y que nada se agota mientras haya civismo. Aprendimos que podemos recordar los triunfos de nuestra historia y nos convencimos de que juntos seremos capaces de que todos los ciudadanos, recuperen la vergüenza como arma cívica y que de nuevo, por amor a las generaciones futuras, levantemos lo mejor de los valores nacionales como estandarte.

Sí, reafirmemos una realidad: la de que sabemos respetar y seguir la hora de Juanito Mora.

¡Viva Costa Rica independiente!

Rodrigo Carazo Odio

30 de octubre del 2007

TSE archiva dos solicitudes de recolección de firmas para referéndum

Sobre proyectos “Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo” y “Ley jaguar para para fortalecer la gestión pública y su fiscalización

Comunicado

  • El primero con base en criterio de la Sala Constitucional que señala incompatibilidad con obligaciones internacionales del país.

  • El segundo en atención a lo ya resuelto por el TSE en resolución n.° 8399-E9-2024 del pasado 13 de noviembre.

San José, 4 de diciembre de 2024. En resolución n.° 9069-E9-2024, el Tribunal Supremo de Elecciones archivó la solicitud de recolección de firmas para referéndum sobre el proyecto “Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo”, hecha por el ciudadano Erick González Camacho.

La decisión responde al criterio emitido por la Sala Constitucional, según el cual la aprobación de la iniciativa implicaría el incumplimiento de obligaciones internacionales que el Estado costarricense adquirió al ratificar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Para el TSE esa incompatibilidad del proyecto con las citadas obligaciones internacionales provoca un vicio de constitucionalidad, pues el artículo 7 de la Constitución Política otorga “autoridad superior a las leyes” a los instrumentos internacionales que han sido aprobados por Costa Rica.

Asimismo, en resolución n.° 9068-E9-2024, el TSE archivó la solicitud de recolección de firmas para referéndum sobre el proyecto “Ley Jaguar para fortalecer la gestión pública y su fiscalización”, hecha por el ciudadano Edgar Espinoza Rodríguez.

En este caso, el TSE señala que el punto ya fue analizado en la resolución n.° 8399-E9-2024 del 13 de noviembre de 2024, al tratarse aquella propuesta, entre otras, de la reforma al primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La propuesta de Espinoza Rodríguez reitera ese aspecto de la solicitud mantenida por Alberto Cabezas Villalobos y, en ese tanto, le son aplicables las mismas consideraciones: la propuesta normativa ya existe en el ordenamiento jurídico. No puede someterse a referéndum porque, como en su momento lo señaló el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, no incorpora un aspecto hasta el momento no regulado en el ordenamiento jurídico, no representa una reforma en el sistema, no agrega ni elimina ninguna competencia de la Contraloría. Es solo una “repetición normativa”, que es cuando la legislación dice algo de una forma y se desea crear otra que expresa lo mismo con otras palabras.

Óscar Aguilar Bulgarelli llama a “desprenderse de diferencias que hoy no valen la pena” para tener una opción electoral democrática y digna

A un año para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a las elecciones presidenciales en Costa Rica, programadas para el 1 de febrero de 2026, Óscar Aguilar Bulgarelli hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para que se unan en la construcción de una alternativa democrática que saque al país de la actual crisis. Son 365 días para que las fuerzas democráticas se organicen, porque actualmente no se cuentan con bases de nada, no hay participación, no hay movimientos hacía esas elecciones, ni hay posturas firmes. 

Se destaca a su vez la falta de liderazgo tanto en los partidos políticos como en otros movimientos, junto los mismos ciudadanos, advirtiendo del actual rumbo gubernamental, en donde ese camino se está dando bajo el odio y el conflicto. Siendo este  un momento crucial para dejar de lado las diferencias y los intereses personales, con el fin de garantizar una opción política que promueva la libertad, la institucionalidad y la paz civil en el país. 

El mensaje también incluyó una crítica hacia la actual situación de confrontación, en donde lejos de resolver problemas estructurales como las pensiones de la CCSS, las rutas de arroz, el narcotráfico o el sicariato, está generando un ambiente de agresividad y división que amenaza con desmoronar las instituciones costarricenses.

Finalmente, hace un llamado a todos los sectores a aportar desde sus respectivas trincheras, en un esfuerzo común por retomar el camino de la democracia y el respeto civil. 

¡Solo quedan 365 días!

Le invitamos a escuchar la exposición:

Sala Constitucional emite resolución completa sobre proyecto de Ley Jaguar en primera consulta

La Sala Constitucional ha declarado inconstitucional el proyecto de Ley Jaguar, que buscaba reformar algunos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR). Según el fallo, las modificaciones propuestas afectan directamente las competencias constitucionales de la CGR, el cual juega un papel clave en nuestro sistema democrático, actuando como un contrapeso en la gestión de los recursos del Estado.

La Sala responde a la consulta previa solicitada por el TSE, confirmando la inconstitucionalidad de las normas consultadas, los artículos 2, 3, 4, y 5 del proyecto nro. 24.364 «Ley jaguar para el desarrollo de Costa Rica» que pretendían reformar los artículos 11, 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la CGR, concluyendo que: “resultan inconstitucionales, por violación del marco constitucional de las competencias del órgano constitucional de control de la hacienda pública, la CGR representaba una violación al equilibrio constitucional que tiene la Contraloría.”

La resolución finaliza diciendo que:

“Por tanto:

Se evacua la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo n.º 24.364, denominado «Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica», en el siguiente sentido:

a.-) Por mayoría, el artículo 2 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Viquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran inconstitucional la norma solo respecto de la supresión de la competencia de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

b.-) Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos «sustituir» y «abarcar», en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente respecto del ejercicio del control de legalidad y eficiencia de los fondos públicos.

c.-) Por unanimidad, el artículo 4 resulta inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan razones diferentes.

d.-) Por mayoría, el artículo 5 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente a la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de los fondos públicos.

e-) Los magistrados Castillo Viquez, Rueda Leal y Salazar Alvarado consignan nota conjunta.

f.-) Los magistrados Castillo Viquez, Rueda Leal, Salazar Alvarado, Araya García y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas.

Notifíquese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones.”

Para conocer en detalle la resolución, descargue el documento en el siguiente enlace:

TSE presenta consulta de constitucionalidad sobre segunda versión de proyecto de “Ley Jaguar”

Comunicado

  • Específicamente consulta los artículos 2, 4 y 5 del texto.

  • Además, remitió el proyecto a Servicios Técnicos para su evaluación formal.

San José, 9 de agosto de 2024. Esta tarde el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la consulta de constitucionalidad sobre el nuevo proyecto de ley 24.467 denominado “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 inciso d) y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta se realiza para que se revise si el texto que se pretende someter a consulta popular es conforme o no con la Constitución Política y es, específicamente, sobre los artículos 2, 4 y 5 del texto.

Si bien el TSE comunicó la tarde del 29 de julio, tras darse a conocer el “Por tanto” de lo resuelto por la Sala Constitucional sobre su consulta de la primera versión del texto, que esperaría la redacción integral de esa sentencia y el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para pronunciarse, esa espera perdió su razón de ser al día siguiente al presentarse solicitudes de los gestores de la iniciativa ante el TSE (Alberto Cabezas Villalobos y Edgar Espinoza Rodríguez) de retirar ese proyecto y sustituirlo por su nueva versión.

Las disposiciones no incluidas en la primera consulta y sí en esta segunda, se fundamentan en los nuevos elementos técnicos con que ahora cuenta el TSE para fundamentarlas, incluida la consulta formulada por la Contraloría General de la República (órgano constitucional responsable de la fiscalización de la hacienda pública) ante la Sala Constitucional, con el fin de disponer de seguridad jurídica respecto de la constitucionalidad del texto que se pretende someter a referéndum (documento aquí).

Asimismo, en horas de la mañana, el TSE envió el texto del proyecto a la Asamblea Legislativa, para que sea evaluado desde el punto de vista formal por el Departamento de Servicios Técnicos, conforme lo manda el inciso c) del artículo 6 de la Ley de Regulación del Referéndum.