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UCR, Voz experta: Los comicios más complejos hasta ahora

Escrito en 09/01/2024. Publicado en Derechos.

Elecciones municipales 2024

Desde la enorme variedad de papeletas por imprimir hasta el convencimiento para que la población se acerque a las urnas, los desafíos de las elecciones municipales son mayúsculos

La Constitución de Cádiz estableció, en su artículo 309, un “gobierno interior” conformado por alcalde, regidores y procurador síndico; esos cargos fueron de elección popular. Esa estructura política se denominó “ayuntamiento” y nuestros ancestros eligieron a sus autoridades a finales de 1812 (Sibaja, 2013). El retorno de Fernando VII al trono español (al derrotarse el imperio napoleónico) hizo que, entre 1814 y 1820, se disolvieran los ayuntamientos, los cuales se reestablecieron a inicios de la década del veinte del siglo XIX (Rodríguez, 2020).

Independientes de la Corona Española, los constituyentes costarricenses de 1825 rebautizaron los gobiernos locales llamándolos municipalidades y estas mantuvieron su condición de “electas popularmente”. La Ley de Bases y Garantías (1841), elaborada bajo la lógica de Braulio Carrillo de fortalecer el espíritu nacional, eliminó las municipalidades, pero pocos años después fueron restituidas.

Las elecciones municipales anteceden a la fundación del Estado y la República, han estado presentes en la historia patria por más de doscientos años; sin embargo, es poca la identificación que tiene la ciudadanía con esos comicios.

A menos de un mes de que concurramos a las urnas para decidir quiénes ocuparán los puestos de autoridad de las municipalidades, importa reflexionar acerca de por qué estas elecciones son las más complejas que nos ha tocado vivir.

Número de circunscripciones. Con los cantonatos de Monteverde (ley n.° 10019) y Puerto Jiménez (ley n.° 10195), el país llega a 84 gobiernos locales. El número de cantones más alto de nuestra historia.

Recordemos que cuatro años atrás Río Cuarto debutó como cantón, modificándose la histórica cifra de 81 municipalidades que se había mantenido invariable desde 1980.

Cantidad de puestos a elegir. En 2022, el país eligió 60 cargos del gobierno nacional: la fórmula presidencial (presidencia y dos vicepresidencias) y 57 diputaciones. En los comicios de este año, los puestos en disputa son 6 212, distribuidos en dos grandes grupos: cargos uninominales y cargos plurinominales.

En la primera categoría se encuentran las 84 alcaldías con sus vicealcaldías primeras y segundas (igualmente 84 de cada tipo), 491 sindicaturas propietarias (con igual número de suplencias) y 7 intendencias (con su respectiva viceintendencia). En los puestos plurinominales están las regidurías, las concejalías y las concejalías municipales de distrito.

Nuevas reglas. En el proceso municipal 2024, se estrenará la ley que limita la reelección de las autoridades locales (ley n.° 10.183), disposición que impide, a más de la mitad de las alcaldías del país, optar por un nuevo mandato.

Como consecuencia de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 2023-002951, el TSE estableció que, en todos los tipos de papeletas, se debería aplicar la paridad horizontal. Cada agrupación política debía garantizar que, en su oferta política, hubiera igual cantidad de hombres y de mujeres en los primeros lugares de las listas (salvo excepciones puntuales).

La definición de esos encabezamientos complicó el proceso de selección de candidaturas a lo interno de los partidos, los cuales, adicionalmente, debieron hacer una renovación de sus estructuras, como requisito de inscripción de sus nóminas. Esa intensa actividad partidaria implicó la supervisión de cerca de tres millares de asambleas por parte de la Dirección General del Registro Electoral.

Candidaturas. De las 161 agrupaciones políticas inscritas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió nóminas de 73 partidos políticos y de 4 coaliciones, listas que, en su conjunto, representan 39 734 candidaturas.

Los plazos de presentación, revisión y resolución final sobre las candidaturas son los mismos desde el nacimiento de la Segunda República, momento en el que el país tenía una cantidad mucho menor de partidos y los puestos por elegir también eran menos. Esas particularidades hacen que los tiempos, en la práctica, se hayan acortado sustancialmente, aunque la letra de las normas que los regulan no varíen.

Concluir con prontitud la revisión de las postulaciones es fundamental para el diseño y la producción de las papeletas. Además, la ciudadanía debe saber cuál es la oferta electoral definitiva para poder informarse.

Tipos e impresión de papeletas. Las elecciones municipales obligan a la confección de 666 diseños de papeletas, pues, para cada tipo de cargo y para cada circunscripción, hay que elaborar una boleta de votación distinta.

Deben diseñarse 84 diferentes papeletas tratándose de las alcaldías e igual número para las regidurías; se requieren 7 diseños para las intendencias y 491 para las sindicaturas y concejalías de distrito (estos dos tipos de cargo se eligen en la misma papeleta).

Esa documentación debe imprimirse en aproximadamente un mes, puesto que debe empacarse y su envío debe hacerse hacia finales de la segunda semana de enero: “por lo menos quince días antes de la fecha fijada para las elecciones, el Registro Electoral tendrá que haber enviado el material y la documentación electorales a las juntas cantonales…” (artículo 158 del Código Electoral).

Financiamiento de las agrupaciones políticas. Una de las constantes observaciones de los organismos de veeduría internacional es que Costa Rica tiene un modelo de financiamiento altamente inequitativo. La inexistencia de formas de financiamiento indirecto llevan a que los partidos políticos, durante el período de campaña, deban buscar el dinero en fuentes privadas.

Esa dependencia de capitales privados aumenta la tentación de buscar recursos en fuentes lícitas, contexto riesgoso que se acrecienta en los comicios municipales en los que no aplican los certificados de cesión (llamados bonos de deuda) y no hay posibilidad de acceder a la contribución adelantada.

Desafección de la ciudadanía. El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en su Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública de setiembre de 2023, reportaba que el 78.6% de las personas consultadas no simpatizaban con ningún partido político. En el informe de noviembre de ese año, se hacía ver cómo solo la mitad de quienes participaron en el ejercicio de medición tenían mucho o algún interés de participar en los comicios municipales.

Esa falta de identificación de los electores con las agrupaciones políticas incide en la organización de las votaciones, ya que, por ejemplo, las juntas receptoras de votos -para tenerse por integradas- requieren de, al menos, 3 miembros de partidos políticos; sin embargo, según lo conoció el TSE en la sesión n.° 2-2024, 5 072 mesas (de las casi 6 500 que funcionarán el 4 de febrero próximo) solo tienen dos o menos representantes partidarios. El quórum de esos organismos electorales deberá suplementarse con auxiliares electorales designados por el Tribunal.

En el título se afirma que nos enfrentamos a la elección más compleja “hasta ahora”, señalamiento que no es casual. Las nuevas formas de hacer campaña, los cambios en el sistema de partidos y la evolución misma del electorado irán complejizando las dinámicas socioculturales vinculadas con los actos relativos al sufragio.

Debemos estar a la altura de los tiempos, debemos seguir apostando por la institucionalidad, debemos concurrir a las urnas. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana, “La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico” y los pueblos del hemisferio tenemos derecho a ella. La democracia es más que elecciones, es una forma de vida, pero las votaciones son parte de la savia que nutre esa manera de ser y de estar en el mundo.

Andrei Cambronero Torres

Coordinador de la Cátedra de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, UCR

TSE explica decisiones en torno a la no inscripción de algunas candidaturas

Escrito en 30/12/2023. Publicado en Derechos.

Por Ihann Paniagua Porras

En un mensaje dirigido a la ciudadanía costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones ha emitido una respuesta a la confusión y desinformación que ha circulado respecto a las decisiones tomadas durante el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones municipales.

«Queremos aclarar que nuestra responsabilidad no se limita a dirigir el proceso electoral de acuerdo con la ley, sino también a explicar las razones detrás de nuestras decisiones», expresó el vocero del Tribunal.

Durante las últimas semanas, se ha presentado un número habitual de rechazos de candidaturas por parte de la parte administrativa del Tribunal, seguido de apelaciones por parte de los partidos políticos, un proceso inherente en todas las elecciones. «Es normal que existan decisiones unánimes y por mayoría en un órgano colegiado como el nuestro», señaló el comunicado.

El Tribunal desmintió rotundamente las afirmaciones que califican las decisiones como un «golpe de estado» o que sugieren que Costa Rica vive bajo una dictadura. Destacaron las diferencias cruciales entre una democracia y una dictadura, haciendo hincapié en que en una democracia son las reglas del proceso electoral y el electorado quienes definen «quién participa y quién resulta electo».

Además, se aclaró que, contrario a algunas afirmaciones, no solo dos partidos se han visto afectados en el proceso de revisión de candidaturas, sino que se han resuelto 82 apelaciones presentadas por múltiples partidos políticos, demostrando que se ha aplicado un proceso equitativo a todas las agrupaciones.

El Tribunal recordó que desde febrero de este año se dispuso la obligatoriedad de la paridad en todas las nóminas de elección popular, decisión que fue acatada y respetada. A pesar de las dificultades para cumplir con esta regla, se estableció la posibilidad de participar siempre y cuando se demostrara el esfuerzo por alcanzarla.

Enfatizaron en la transparencia de las reglas, su comunicación previa a todos los partidos y la aplicación igualitaria de las mismas. «Esto es nuestro deber para con la democracia y la verdad en Costa Rica», concluyó el comunicado del Tribunal.

Esta declaración busca aclarar las dudas y proporcionar transparencia sobre el proceso electoral, subrayando el compromiso del Tribunal Supremo de Elecciones con la imparcialidad y la integridad en el ejercicio democrático.

Les invitamos a ver el video con el comunicado del TSE:

¿Puede el TSE dar un golpe de Estado?

Escrito en 30/12/2023. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El golpe de Estado es al acto por el cual puede ser depuesto, destituido, por la fuerza el Presidente o el gobernante de un país, siendo sustituido en el ejercicio del gobierno por quien o quienes ejecutan el golpe de Estado.

La historia política en América Latina es en mucho la historia de golpes de Estado en casi todos los países. En el siglo XX y XXI costarricense se han dado dos golpes de Estado, de breve período. El de Federico Tinoco Granados contra el Presidente Alfredo González Flores, en 1917, que duró hasta 1919, resultado de una lucha popular que lo hizo caer. Y el de José Figueres Ferrer, el 1 de mayo de 1948, que impidió en ese momento, el ascenso de Otilio Ulate Blanco a la presidencia de la República, en cuyo nombre, y defensa de su presidencia, burlada en las elecciones, se había realizado la guerra civil.

En ambos casos se contó con fuerzas armadas en capacidad de ejecutar el golpe. En el caso de Figueres, que gobernó 18 meses, entregó voluntariamente el poder presidencial a Ulate, como lo había firmado el 1 de mayo de 1948, haciendo de su golpe de Estado un golpe muy particular, muy sui generis, que hizo fundar lo que llamó la Segunda República. Figueres mismo, luego de devolver el poder político, fundó un partido político, y por la vía electoral, en dos ocasiones, 1953 y 1970, volvió constitucionalmente a la Presidencia de la República, habiendo eliminado el ejército en 1948 como institución permanente del Estado costarricense.

Los golpes de Estado los han realizado los militares. También grupos empresariales o políticos, que cuentan con el apoyo de fuerzas militares, generalmente las del mismo Estado, sin las cuales es muy difícil ejecutar o realizar el golpe de Estado. De hecho, en el golpe de Estado las fuerzas militares del Estado, Ejército y cuerpos policiales, actúan directamente o se someten o pliegan a quienes realizan el golpe de Estado.

El golpe de Estado puede realizarse cuando uno de los Poderes públicos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, en nuestro caso, realizan el acto de destitución del Presidente del Poder Ejecutivo, asumen el control del Gobierno y del Estado. En el caso del Poder Legislativo, cuando acudiendo a recursos constitucionales puede producir la destitución del Presidente, lo que se ha llamado golpe de Estado blando, como los que se realizaron en el 2008 contra el Presidente Zelaya, en Honduras, o el que se realizó contra el Presidente Lugo en Bolivia, por citar estos dos casos.

En Guatemala, frente al triunfo electoral del Bernardo Arévalo, que ganó recientemente las elecciones, que debe asumir la presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero, se han confabulado diversos sectores empresariales y políticos, para impedir su ascenso presidencial. Por ahora solo se sostiene por la declaratoria oficial del Tribunal Electoral guatemalteco y por un enorme apoyo popular social, campesino, rural indígena y popular.

El golpe de Estado blando, es cuando se acude a procedimientos no tradicionales, no violentos de carácter militar, generalmente constitucionales, legales o judiciales, que cuenta con el apoyo del aparato militar o policial y de sectores políticos importantes, del empresariado y de la economía nacional.

Los golpes de Estado blandos generalmente se arropan de legalidad y constitucionalidad en su ejecución.

Los golpes de Estado, a manos de grupos militares, después de las dictaduras en América Latina del período 1970-1990 han quedado muy desprestigiados y desacreditados como mecanismos alternativos para el ejercicio de gobiernos, especialmente por la violación de Derechos Humanos. El desarrollo de la democracia y de la democracia electoral ha colocado a los militares en posiciones, hasta ahora, de respetar los mecanismos electorales, de los procesos electorales, para cambiar gobiernos.

Internacionalmente se han activado mecanismos para consolidar estos procesos democrático-electorales, rechazar los golpes de Estado, y no aceptar o reconocer los gobiernos surgidos por la fuerza de las armas o de los golpes de Estado.

Para el golpe de Estado se requiere un grupo políticamente organizado interesado en darlo, que exista una situación de conflicto interior, que haya una situación de descontento popular con el gobierno o con las estructuras políticas del gobierno, que haya un rechazo de sectores populares hacia los grupos que han ejercido o están en el gobierno, que haya una situación de desabastecimiento, de inseguridad ciudadana o altos índices de criminalidad, que haya una situación económica que se perciba difícil y que altere el movimiento cambiario del dólar; que haya altos índices de corrupción pública y que así se perciba, que se deteriore y debilite institucionalmente la libertad de prensa, como hace el actual gobierno.

Para la ejecución y preparación del golpe se necesita también un apoyo logístico propagandístico, que se tenga por eje a los medios de comunicación, como pilar esencial para ganar la conciencia de la gente, las personas y los ciudadanos, en el apoyo que se requiere para la justificación del golpe.

Con motivo de las próximas elecciones municipales, que no alteran en nada, al gobierno de la República, que no pone en juego su existencia, que no genera gobiernos populares activos y participativos, en los 84 cantones del país, ni genera grupos políticos regionales poderosos, ni grupos de presión de ningún tipo nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones, quien constitucionalmente tiene la responsabilidad de organizar, administrar, ejecutar y hacer la declaratoria de los resultados, ha puesto fuera de la participación electoral a dos partidos políticos, que se han identificado con el Presidente de la República, por incumplir los requisitos legales obligatorios de inscripción de partidos políticos. Esto ha dado motivo para que la principal vocera del Presidente, la diputada Pilar Cisneros, haya tratado de hacer un alboroto diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado un golpe de Estado técnico, sustentada su afirmación en el voto salvado, o disidente, de dos de cinco magistrados electorales, que sostenían la tesis de que las irregularidades cometidas en la inscripción de esos partidos podían haberse permitido, por circunstancias de imposibilidad real de haberse completado. El Tribunal Supremo de Elecciones, públicamente por la misma vía, ha confrontado a la diputada Cisneros Gallo, ha aclarado la situación y ha defendido la legalidad electoral que se ha aplicado y existe en el país.

La pregunta correcta es: ¿quién realmente tiene interés del golpe de Estado en Costa Rica? ¿Algún partido político? ¿Algún sector empresarial? ¿Alguno de los poderes del Estado?

Ningún partido político nacional, provincial y mucho menos los cantonales, que en su inmensa mayoría, todos ellos, solo se organizan y existen para las elecciones, tiene interés de asumir el gobierno por un golpe de Estado; ni ninguno en este momento tiene posibilidades reales de hacerlo, ni están en capacidad de asumir el gobierno por ese camino.

Los sectores empresariales que podrían tener interés del golpe de Estado podrían ser los que se están beneficiando con el diferencial cambiario, de la baja del dólar, para aumentar sus réditos; o los que se están perjudicando por la misma razón, que no están en el gobierno representados.

Otro grupo empresarial, asociado al gobierno, por la tolerancia que tiene hacia ellos, es el grupo de los empresarios de la droga, del narcotráfico, de la narco política, del lavado de dólares que se aprecia en todo el escenario geográfico nacional, por las inversiones en diversos proyectos empresariales, por la negativa de los bancos de informar al Banco Central del movimiento de esos capitales, por la imposibilidad política y legal del Banco Central, de ejercer esos controles, que también afectan la Hacienda pública; por la forma de exhibición de esas riquezas; por los que sabotean constantemente los controles aduaneros de escáneres; por los comprometidos de la seguridad y policía nacional con estos grupos y redes narco delincuentes, los que exportan prácticamente sin controles públicos las drogas decomisadas a los Estados Unidos desde aeropuertos nacionales; los que mantienen las bodegas de 500 toneladas de droga en el país por año, según información de las autoridades estadounidenses que han hecho del país la más importante bodega de droga del continente.

De los poderes públicos solo el Poder Ejecutivo puede tener interés de un golpe de Estado que le beneficie. Ni la Corte, ni el Tribunal Electoral, ni la Asamblea Legislativa tienen capacidad legal o constitucional para realizar un golpe de Estado.

El que está preparando las condiciones del golpe de Estado es el Poder Ejecutivo, el Presidente Rodrigo Chaves, con sus ataques constantes a la credibilidad y confianza de los restantes poderes públicos, con sus discursos contra todo lo que significa la clase política gobernante, como si él no fuera parte de ella, y el más importante representante actual de la misma.

Es Rodrigo Chaves el que mina la confianza de la información pública, y del control político, que sobre el ejercicio de gobierno se debe hacer desde los medios de comunicación y de los espacios de análisis políticos nacionales.

Es Rodrigo Chaves el que ha dicho públicamente que hay que dinamitar los puentes de las posibles alianzas y acuerdos políticos.

Sin esos acuerdos políticos nacionales y parlamentarios, solo con la fuerza se puede actuar. Para actuar con la fuerza no deben existir los poderes públicos libres, independientes, autónomos en su organización y administración, ni una prensa y medios de comunicación independientes.

Solo Rodrigo Chaves está interesado en ejercer el control absoluto de todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, para poder dictar e imponer sus políticas, de ejercicio de gobierno, con una masa de directores, que como maneja y exhibe a sus ministros, solo acaten lo que él disponga y se le ocurra de cómo debe dirigirse el Gobierno y el Estado nacional, sin respeto alguno al Estado de Derecho.

En su estrategia del posible golpe de Estado que desearía el Presidente dar está el de promover acciones, por ahora no violentas, como las que hacen ya algunos de sus partidarios dirigidos a la Sala Constitucional, al Poder Legislativo y al Tribunal Supremo de Elecciones, de crítica al Poder Judicial y al Ministerio Público y otras instituciones, acompañados del discurso presidencial, contra esos poderes y los medios de comunicación social y contra algunos periodistas en particular, contra los que el Presidente se ha ensañado.

Mantiene el Presidente su discurso contra la corrupción de gobiernos y políticos anteriores, ocultando los actos de corrupción que se mantienen y los que empiezan a florecer en este gobierno.

Su estrategia pasaba por la participación electoral con los partidos municipales que estaba impulsando, para valorar el alcance de su proyección por el control e influencia que ha desarrollado en medios de comunicación rurales.

Ha tratado el Presidente, sin éxito, por ahora, de impulsar su discurso de ingobernabilidad legislativa y constitucional, porque se ha evidenciado que la detención de proyectos de ley y otros actos ejecutivos es porque se viola Constitución o los trámites legales de aprobación de leyes, incluso de su propia gestión. También por ausencia de proyectos de ley propios que no le generan trabajo a los legisladores.

Si el Presidente decía que los presidentes anteriores acudían al expediente de la ingobernabilidad porque faltaban gobernantes y no había, presidentes; con Rodrigo Chaves se ha evidenciado más claramente, que no hay gobernante, que no hay presidente, que no hay hoja de ruta nacional, que no hay capitán, que no hay conductor nacional, que de continuar así podemos ir al despeñadero nacional.

Por eso, para el Presidente Chaves el mejor camino es el de la crisis política, el de preparar el ambiente para una situación de fuerza que él pudiera articular, y movilizar alrededor de ella, para ejercer “por la fuerza” el Poder Público en todas sus dimensiones y alcances; para generar un autogolpe de Estado. Sus métodos autoritarios de gobierno que está desarrollando y evidenciando son parte del proceso educativo que necesita exponer para el apoyo que busca en determinados grupos sociales de la población.

El discurso desgalillado de la diputada Cisneros Gallo contra el Tribunal Supremo de Elecciones, y contra el mismo proceso electoral, es tan solo una antesala de esta situación. Es el golpe de Estado del Poder Ejecutivo el que se trata de tapar y encubrir y no de anunciar un posible golpe de Estado del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es lo que debemos enfrentar y denunciar.

Apoyar el proceso electoral municipal y la participación consciente electoral de la ciudadanía es la tarea política inmediata.

El Presidente Chaves se quedó sin posibilidades electorales municipales propias

Escrito en 23/12/2023. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Antes de 1890 en Costa Rica no había partidos políticos, como las organizaciones que hoy tenemos. Había sistema electoral, sin partidos políticos, con restricciones electorales significativas. Solo votaban los hombres, mayores de edad, que tuvieran cierta capacidad económica, que no fueran analfabetos, que constituían los electores. El voto era público, no secreto. De esa manera se podía determinar cuál candidato iba ganando el proceso electoral al conocerse los electores que por él iban a votar o le apoyaban. Eso fue lo que ocurrió con las movilizaciones del 7 de noviembre de 1889, para evitar un posible fraude electoral que se rumoraba.

Los electores, ya definidos, elegían entre ellos a un grupo, que pasaba a una ronda electoral, lo que se conocía como voto indirecto, disminuyendo su número. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1889-1890 el número de electores era de 920 sobre una población nacional que rondaba los 340.000 habitantes, incluyendo los extranjeros que vivían en el país, lo que significaba el 0.3% de la población.

¿Eso era democrático? No, comparado con el sistema electoral actual, en el que votan todos los ciudadanos mayores de 18 años, de manera directa y secreta. Pero, así se construyó el Estado, 1821-1848, y la República de Costa Rica, 1848-1948.

Para este momento, 1948, se había eliminado la votación de segundo grado, en 1913, cuando se estableció el voto directo, y se había establecido el voto secreto en 1924. También se había establecido desde 1935 que el resultado de elecciones se definía por el 40% de votos a favor de un candidato. Estas tres medidas, aprobadas en gobiernos de Ricardo Jiménez Oreamuno, fueron altamente democráticas e importantes para el régimen electoral.

Desde 1890 al imponerse el sistema de partidos políticos para participar en elecciones, se estableció que solo por medio de estos los ciudadanos podían aspirar a algún puesto de elección popular. En cierta forma, se restringió y controló más a quiénes podían ser candidatos, porque primero había que ganarse el puesto de candidato en el partido y, luego, presentarse como candidato del partido, enfrentado a otros candidatos de otros partidos políticos. Este sistema sigue existiendo hoy. Así es como funciona hoy la democracia electoral nacional.

En 1946 se aprobó el Código Electoral, que se proyectó hasta el 2009, donde se reguló el sistema de partidos políticos y de elecciones. Con la Constitución de 1949 se le dio autonomía institucional al Tribunal Supremo de Elecciones, que se igualó a los otros poderes estatales, como el órgano que regula, administra, organiza y hace la declaración final de los resultados electorales sin apelación alguna.

Con motivo de la guerra civil de 1948 se proscribió al Partido Comunista, o Vanguardia Popular, por el Decreto No. 105 de la Junta Fundadora de la Segunda República. Al aprobarse la Constitución Política de 1949 se incluyó en el Artículo 98 una prohibición de participación electoral a los partidos que por sus vinculaciones internacionales pudieran afectar la democracia costarricense, aspecto que por interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones se aplicó casi a una decena de partidos políticos entre 1951 y 1969.

Con la reforma electoral que se hizo al Artículo 98, de la Constitución Política, entre 1974-1975, se amplió la democracia electoral permitiendo la participación de partidos de izquierda. Condición de participación para todos los partidos políticos es hacer una declaratoria de principios democráticos y de defensa del sistema democrático nacional, lo que debe establecerse en los Estatutos y programas de los partidos.

En 1898, bajo el poder de los gobiernos liberales se prohibió la participación del partido Unión Católica, porque tenía el apoyo de la Iglesia Católica. De esa manera se prohibió utilizar los sentimientos cristianos para la propaganda electoral.

En 1970 empezó a participar el partido Demócrata Cristiana, que luego en 1978 se integró a la Coalición Unidad, que postuló a Rodrigo Carazo, y en 1983 se fusionó en la Unidad Social Cristiana. En 1986 con el partido Alianza Nacional Cristiana emergieron las tendencias claramente político religiosas, no católicas, en el escenario electoral, sin que se pueda actuar contra su participación, porque la prohibición constitucional afecta solo a los católicos. En 1998 los grupos políticos evangélicos eligieron su primer diputado, Justo Orozco. De ahí en adelante tenemos un panorama diverso de grupos no católicos participando en elecciones, con toda su carga conservadora, respecto al Estado Social de Derecho y los Derechos Humanos que se han ampliado en el país.

Resultado de esta evolución electoral, en el campo de la presencia de la mujer, desde 1949 se reconoció el voto, que desde 1889, el Presidente José Joaquín Rodríguez, ya había señalado que debía reconocerse, con motivo del importante papel que jugaron las mujeres en las movilizaciones del 7 de noviembre de 1889. Participaron con su voto por primera vez en 1951, en el Plebiscito de la Tigra de San Carlos, y en elecciones nacionales desde 1953, cuando fueron electas las primeras tres diputadas.

Empezaron a lucir como candidatas a vicepresidentas y luego a presidentas de la República. La primera Presidenta lo fue Laura Chinchilla Miranda en el 2010. A nivel legislativo la primera Presidenta del Congreso lo fue Rosemary Karpinski. Después siguieron otras.

Reformas posteriores en el campo electoral le dieron cada vez más fuerza a la igualdad de género, como se dice, de manera que hoy obligatoriamente, por disposiciones legales electorales, los partidos políticos que quieran participar en elecciones, tienen que garantizar una alternabilidad entre hombres y mujeres en la postulación de sus candidatos a diputados, regidores y síndicos municipales, en cada una de las provincias.

Esta igualdad se amplió, recientemente, a exigir que cuando un Partido político está inscrito en escala nacional, la igualdad o paridad de género, se amplía a que en las siete provincias, al menos en tres de ellas deban ir encabezadas por candidatas, por mujeres.

Igual sucede en los Partidos políticos provinciales, que participan en sus respectivos cantones, de manera que en la mitad de ellos, al menos, las papeletas de candidatos deban ser encabezadas por mujeres. Igual se procede con los candidatos a los síndicos distritales.

Cómo se puede apreciar, esto es un verdadero enredo y dilema para todos los partidos políticos, asegurar la alternabilidad vertical y horizontal en todas las papeletas con que se participa.

Los partidos políticos han aprendido esta integración para que el Tribunal Supremo de Elecciones no les anule inscripciones.

En la elección del 2018 el Tribunal Supremo de Elecciones obligó al partido Unidad Social Cristiana a modificar, invirtiendo el encabezamiento de la papeleta de diputados de San José, para poder participar, de lo contrario se la anularía porque no se respetaba la igualdad horizontal nacional de sus candidatos provinciales.

En la elección del 2006 al partido que postulaba a Álvaro Montero Mejía a la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones le anuló todas, TODAS, la candidaturas de diputados, de regidores y síndicos y las de las dos vicepresidencias, por no haber corregido advertencias que le hicieron sobre sus inscripciones.

En el proceso de las elecciones municipales que tenemos encima, a realizarse el próximo 4 de febrero, en los 84 cantones del país, el Tribunal Supremo de Elecciones, prácticamente, ha anulado la inscripción de las papeletas de dos partidos totalmente identificados con el Presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda. Ambos partidos dirigidos desde la propia Casa Presidencial, porque sus principales activistas allí trabajan. Al partido Aquí Costa Rica Manda le anularon 69 postulaciones a alcaldes, éste dirigido principalmente por el asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco.

Esto es un duro revés al propio Presidente Chaves. Ha venido realizando un trabajo de proyección de imagen, que todavía la conserva alta en las zonas rurales y periféricas del país. Las elecciones municipales le hubieran servido para valorar mejor esa proyección y calcular su participación, como grupo político, en las elecciones nacionales del 2026.

Cuando el Partido Acción Ciudadana, en las elecciones municipales del 2014 y del 2018, era gobierno, no pudo elegir más de 12 y 10 alcaldes en esas elecciones, demostrando su debilidad organizativa como partido.

El gobierno de Rodrigo Chaves, sin partido propio, porque el que lo llevó a la Presidencia, el Partido Progreso Social Democrático, fue prestado, no le pertenece. Con este partido el Presidente tiene importantes pleitos, manifestados por la mayoría de sus diputados electos, que se identifican totalmente con el Presidente, y se manifiestan como la fracción oficial del gobierno. La Presidenta del Partido Progreso Social Democrático, en esta lucha, mantiene un proceso interno de expulsarlos de ese partido.

La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que tiene su propio partido, Unidos Podemos, mantiene la existencia de este partido, que lo inscribió para las elecciones municipales próximas. En algunos cantones se enfrentaba a los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, ambos del Presidente Chaves. De esta manera, pareciera que Unidos Podemos puede resultar una expresión del apoyo al Presidente como a su Ministra, en las próximas elecciones municipales.

Hacia las elecciones nacionales del 2026 si el Presidente mantiene los dos partidos, Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, se le convertirá en un enredo político. Él no puede postularse. Tiene que apoyar a un candidato. No tendría ninguna lógica que lance dos candidatos porque entre ellos se roban votos, o se los disminuyen.

La nulidad que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de las candidaturas de los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, es absolutamente válida. Impide la participación de estos dos partidos.

La Sentencia del Tribunal Supremo de Elecciones que las anuló tiene sus bemoles. La analizaré en enero.

Por ahora solo diré que arrancó dos votos de cinco a favor del Presidente, de sus partidos, de la inscripción de sus candidaturas aun cuando violaban lo que la legislación electoral ha establecido y que ya el Tribunal ha sancionado.

¿Fue resultado de alguna presión sobre los magistrados que así se pronunciaron a su favor? ¿O fue, simplemente, un razonamiento jurídico orientado a no ser tan rígidos en materia de igualdad vertical y horizontal de género en la integración de las papeletas de diputados, regidores y síndicos municipales, lo que rompería hacia el futuro esta obligatoriedad para los partidos políticos?

Conferencia Orígenes universitarios de la Biblioteca Nacional

Escrito en 23/11/2023. Publicado en Cultura, Derechos.

La Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, se complacen en invitarle a la conferencia Orígenes universitarios de la Biblioteca Nacional por la historiadora Matilde Amalia Cerdas.

Esta actividad es parte del ciclo «Historia, cultura y democracia».

La actividad será el lunes 27 de noviembre a las 4:00 p.m. y se transmitirá por el Facebook Tribunal Supremo de Elecciones.

Reflexiones en torno al centenario de la creación de la Liga Feminista Costarricense – conferencia

Escrito en 05/10/2023. Publicado en Derechos.

La Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, se complacen en invitarle a la conferencia Reflexiones en torno al centenario de la creación de la Liga Feminista Costarricense por la Dra. Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones.

Esta actividad es parte del ciclo «Historia, cultura y democracia».

La actividad será el lunes 9 de octubre a las 4:00 p.m. y se transmitirá por el Facebook Tribunal Supremo de Elecciones.

Costa Rica en la encrucijada social y política

Escrito en 28/08/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Proximos escenarios frente al gobierno actual

Vladimir de la Cruz

Costa Rica se ha caracterizado por tener una historia pública, reconocida; un país de paz, de seguridad ciudadana, de estabilidad política, de un amplio régimen de ejercicio de derechos y libertades, bienestar social institucional garantizado a los ciudadanos.

Desde 1849, en términos prácticos, ha habido un proceso político electoral que ha permitido alternancia política cada cuatro años, con brevísimos momentos en que esto se ha alterado. En el siglo XX tan solo dos veces, en 1917-1919 y en 1948-1949 se interrumpió ese proceso.

Desde 1890, el sistema electoral y de representación política descansa en partidos políticos, mediante los cuales los ciudadanos, y solo por ellos, pueden participar y optar a puestos de elección popular; a la presidencia de la república, al Poder Legislativo y a los Consejos municipales.

El voto directo se estableció, eliminando elecciones de segundo grado de electores, en 1913; el voto secreto se estableció en 1924. Una reforma electoral para asegurar triunfos electorales, con el 40% de votos, se estableció en 1935, lo que le dio gran estabilidad al sistema electoral; el Tribunal Nacional Electoral, se estableció en 1946, hoy llamado Tribunal Supremo de Elecciones, desde 1949 con rango de poder estatal, es independiente y con exclusividad de su función electoral.

En 1949 se estableció el voto universal, con el reconocimiento del voto a las mujeres, situación que se había planteado desde 1890, y con movimientos sufragistas que surgieron a partir de la década de 1910.

Políticamente, en el campo electoral siempre ha habido una gran cantidad de partidos políticos, de diverso tipo y signo político, a nivel nacional como regional. El pluripartidismo ha sido un rasgo del desarrollo democrático nacional. Ha habido tendencias, incluso recientes a restringir el surgimiento de partidos políticos, a la vez que se han democratizado los mecanismos para constituir partidos políticos.

A nivel legislativo, desde 1949 hasta hoy, ha privado el pluripartidismo en la participación electoral, y en general en la representación parlamentaria.

A nivel nacional, presidencial, desde 1949 hasta el 2014, predominó un bipartidismo gubernamental, donde dos partidos políticos ejercieron alternativamente el mando y dirección del Poder Ejecutivo, uno de ellos en 9 gobiernos, el otro por 6 gobiernos, de un total de 18 gobiernos que ha habido desde entonces.

En el 2014-2018 y 2018-2022 se introdujo un nuevo partido político en el ejercicio del Poder Legislativo, desplazando a los partidos que tradicionalmente habían gobernado, que en las últimas elecciones desapareció del escenario nacional y parlamentarios con representantes populares.

En las últimas elecciones, 2022, apareció un nuevo partido, con semanas de haberse constituido, con un candidato presidencial improvisado, que logró imponerse frente a una campaña de desacreditación de todo lo político anterior, como se ha venido haciendo por parte de los movimientos populistas y autoritarios que han surgido, en el continente y en Europa, contra gobernantes y partidos políticos, criticando la política en general, señalando que anteriormente no había gobernantes; que ahora sí los hay; criticando el funcionamiento del sistema democrático, la institucionalidad democrática y pública estatal; impulsando la idea de gobernantes autoritarios, fuertes, casi dictatoriales en régimen democrático; promoviendo la reducción de gastos estatales en seguridad social, en educación pública y en la educación universitaria; debilitando la legislación laboral y social nacional, como ha sido el proyecto de ley, recién aprobado, para imponer una jornada laboral de 12 horas diarias, cuatro días a la semana.

En el campo de las libertades, actualmente está amenazada la libertad de prensa y de pensamiento. Acciones directas del Poder Ejecutivo presionan a empresarios y medios de comunicación para evitar críticas públicas, opiniones opositoras; la guerra de troles desarrollada por el Ejecutivo, contra sus críticos y gestores de opinión, abarca todos los espacios; el control de la propaganda estatal ha sido concentrado, así como las gestiones de contratos de publicidad institucional a favor de empresas o medios que mitiguen esas críticas o se pongan en paralelo con el gobernante y el gobierno.

El camino que se vislumbra, como diseño gubernativo, es acabar con toda la institucionalidad democrática del país; con las nuevas jornadas de trabajo de 12 horas diarias, con políticas de precarización laboral; con el régimen de seguridad social favoreciendo la privatización de la medicina social, con la venta de instituciones públicas, bancos estatales, por ejemplo, no por malas o porque tengan un mal desempeño, sino por negocio; la reducción de la educación pública, en todos sus niveles, para estimular más la educación privada. El gobierno ha eliminado subsidios para becas estudiantiles, comedores escolares y para transporte escolar; reducción por negarse a cumplir el pago constitucional del presupuesto para la educación pública y universitaria.

El trabajo informal ha aumentado casi al 60%, ha aumentado el desempleo, especialmente el de mujeres, y el de mujeres cabezas de familia, que son las principales en ingresos para sus hogares aun cuando tengan esposo o compañero.

La reducción de gastos en educación se ha orientado a justificar para fortalecer los gastos en seguridad pública, en policías de los distintos cuerpos existentes institucionales en el país, en una tendencia grave del actual mandatario de impulsar alianzas estratégicas con el sector de policías privados, que puede tener un contingente superior a los 50,000 trabajadores en este campo, que lo constituiría en la práctica en un ejército privado de alcances muy peligrosos.

La vida democrática que Costa Rica ha desarrollado está amenazada. Los meses que vienen probablemente serán de importantes confrontaciones sociales.

El primer escenario ocurrirá con la etapa final de la aprobación de la ley de las 12 horas diarias, que ha pasado en consulta de constitucionalidad, ante la Sala Constitucional del Poder Judicial. Esto se acompañará de acciones de inconstitucionalidad aparte que ya están preparando. Queda en este campo incluso la preparación de una consulta ciudadana por la vía del referéndum contra esta ley.

El segundo escenario está en la realización de los 84 procesos electorales, que se darán entre noviembre y febrero próximo, para elegir a todas las autoridades cantonales, regionales, del país. El reto lo llevan dos partidos, Liberación Nacional, partido que ha gobernado 9 veces y que mantiene un control político de 42 alcaldes de esos 84, y el actual partido de gobierno que no tiene ningún control municipal, por su juventud y por no haber participado en procesos electorales anteriores. Como gobierno tiene el reto de aparecer con presencia regional para valorar el efecto de su acción gubernativa y porque el actual presidente quiere seguir activo en política, si por él fuera de manera continua, dándole proyección a su actual gobierno por la vía democrática o por la vía autoritaria si se presentan las condiciones para actuar de esa manera, como constantemente lo hace entrever.

Publicado en https://www.meer.com/es/75620-costa-rica-en-la-encrucijada-social-y-politica
y compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica: Camino a elecciones municipales 2024

Escrito en 23/08/2023. Publicado en Derechos.

El próximo jueves 24 de agosto a las 9:00 a.m. se realizará la presentación del Fichero Cantonal. La actividad tendrá lugar en el Salón Multiusos, 4to piso, entrada al costado norte del complejo institucional del Tribunal Supremo de Elecciones.

Para aquellas personas que no puedan asistir al sitio de reunión, la presentación será transmitida vía Facebook live y en el canal de Youtube del TSE.

Imagen ilustrativa.

¿Qué se esconde detrás de las municipales que vienen, elecciones o fascismo?

Escrito en 06/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Pareciera que las elecciones municipales, de los 84 cantones, que se realizarán entre noviembre de este año y febrero del 2024, están invisibilizadas, no se ven, no se sienten, ni siquiera aparentan estar en el fondo de los asuntos electorales nacionales, como si no existieran.

De las situaciones más complejas que afronta el Tribunal Supremo de Elecciones son estas elecciones. Para el Tribunal son 84 elecciones independientes entre sí; cada una en una región, un cantón; cada una con una enorme cantidad de partidos y candidatos de carácter nacional, provincial y cantonal, con varios miles de candidatos a los puestos de elección popular que en estas elecciones se eligen.

Para los partidos nacionales el reto es participar en el mayor número de cantones posible, para dar una impresión de gran organización, frente a las elecciones nacionales del 2026, y tratar de demostrar fuerza y arraigo electoral.

En el caso de los partidos nacionales, si ya han participado en elecciones municipales anteriores, y han electo representantes en algunos cantones, su reto es mantener presencia en ese número de cantones y, de ser posible, reelegir representantes en los que ya tienen, como nuevas autoridades cantonales. Igualmente, mantener el número de cantones en que están y tratar de subir en más cantones su presencia. Su reducción y presencia se verá como un signo de desgaste y rechazo popular.

En el caso de los partidos provinciales tratar de inscribir candidatos en todos los cantones de cada provincia en la que actúan. Si ya tienen presencia municipal mantenerla y luchar por ampliarla. Igualmente, su reducción y presencia se verá como un signo de desgaste y rechazo popular.

En el caso de los partidos cantonales están los que existen tradicionalmente en cada cantón independientemente si ganan o no la Alcaldía, que es el puesto más visible, y la mayoría del Consejo Municipal. Los que participan por primera vez juegan a ver que ganan o eligen.

Para los partidos nacionales su dificultad es esbozar un Programa de agitación nacional, que todos sus partidos inscritos, en cada cantón, lo tengan de común denominador, ojalá, pensando en los temas centrales, de los principales problemas del país, que pueden ser comunes para todos, y que pueden ser agitados nacionalmente en la campaña del 2026 desde ahora, sumando lo particular o específico de cada cantón, con lo cual tienen que lidiar con los problemas particulares de cada cantón, que es lo que localmente les interese agitar y sobre los que deben movilizar y organizar electoralmente.

Por ahora, no se siente ningún ambiente nacional de estas elecciones. En las tinieblas del escenario electoral sí se mueven para asegurar inscripción en el proceso de elecciones que viene. Electoralmente ya está en la práctica definió cuántos partidos van a participar. Ya limpió la lista.

El único personaje político que se mueve en ese sentido, al menos públicamente, es el que bronquea, constante y visiblemente los miércoles desde Zapote. No tiene partido. Fue electo por chiripa con un partido que usó de taxi, de servicio uber, de aventón de carretera, que le permitió llegar a Zapote, con una parada simbólica, dejando en la Asamblea Legislativa una diputada con un grupo de acompañantes. Desde su torre de marfil se agarró con la chófer del taxi que lo llevó a Zapote, la hizo bajada de su propio taxi sin podérselo quitar o robar, y sus acompañantes de viaje se quedaron, políticamente, partidariamente, zontos, aunque todavía la mayoría de ellos arropados con el nombre del taxi que los llevó a pasear a Cuesta de Moras.

Esto ha llevado a que el inquilino de Zapote haya intentado hacer un partido, construir una organización partidaria, cuyos miembros babeaban exaltando el apellido chavista, sin éxito. Les fue anulada su inscripción electoral. Allí arremetieron introduciéndose en un partido de las pasadas elecciones, lo coparan, cambiaron sus dirigencia y nombre, y parece que van a las elecciones municipales con esta organización electoral, que le permitirá participar en las elecciones. El periodista que pusieron en la banca de esa organización electoral, yéndole bien tomará notas…

Es claro para Rodrigo Chaves, que la intención de organizar un partido para las elecciones municipales, que seguramente lo hará participar en el mayor número de cantones posibles, es para ir creando una organización y una base electoral hacia las elecciones del 2026, donde el Inquilino de Zapote no puede reelegirse pero sí puede iniciar la caminada hacia las elecciones del 2030 o 2034 que es a lo que aspira para volver a Zapote, o a la nueva Ciudad Gobierno, si es que se construye en 4 u 8 años.

No hay duda por las conferencias de prensa de los miércoles, del presidente que su proyección es hacia la zona rural del país, sus giras son a zonas rurales y campesinas, a regiones alejadas y lejanas del mundanal ruido urbano. El espectáculo que monta de sus giras es bien organizado. Solo le falta que, como en las elecciones anteriores a 1948, cuando vaya a esos remotos y agrarios lugares, lo reciban con cabalgatas. El apoyo económico que se le hace, desde el Gobierno, a las radioemisoras rurales y a los programas de opinión de esos medios de comunicación es con esta visión. El chineo que les da en persona el Presidente a los periodistas y comunicadores de estos medios es evidente, contra el bajonazo de piso constante que les hace a los medios y periodistas urbanos y a los que él considera sus enemigos.

¿Realmente Rodrigo Chaves Robles tendrá la intención de esperar a las elecciones del 2034 para volver a lanzar su candidatura? Sinceramente, me parece que no. Está creando el clima propicio de tensión y violencia que le permita crear una situación por la cual él pueda gobernar a la fuerza, lo que no le va a resultar fácil institucionalmente de acuerdo con el Estado de Derecho de Costa Rica, pero poco le importa este Estado de Derecho.

Los actos de matonismo que están impulsando, sus fans, sus seguidores, ni ciegos ni, ni mudos, ni mancos, con su venia, como la protesta ante el Tribunal Supremo de Elecciones, la que hicieron ante el edificio de la ANEP, la pintada que mandaron a hacer en el edifico de la Sala Constitucional de la República, los discursos y mensajes violentos del líder del grupo “Generación de Hierro”, y recientemente el matón que llegó a la Asamblea Legislativa a amenazar de muerte a diputados, refiriéndose a uno de ellos, como “el judío”, y a realizar otros daños, me recuerda los sucesos similares, de grupos de fanáticos del fascismo de Mussolini y del Nacional Socialismo, del nazismo, de Hitler, que atacaba de la misma forma personas, locales e instituciones.

¿Aquí nos quiere llevar el Inquilino autoritario, de folletín, que le gusta llevar sus cosas constantemente al enfrentamiento entre el bien y el mal, donde él se personifica del bien y todos los demás, los que no están con él del mal? Esta es su guerra.

Rodrigo Chaves Robles ha declarado la guerra a la sociedad costarricense. Sus escenarios bélicos son el político, el económico, el social, el institucional, el comunicacional. Veremos hasta donde llegará. Por ahora hay que oponerse, y hacer resistencia, a entrar en esta guerra de tipo fascista, nazista, de carácter autoritario y dictatorial. Si entramos en ella podemos perder la democracia costarricense, que ha costado mucho construirla.

Organizaciones llaman a respetar la integridad del proceso electoral y la voluntad ciudadana en Guatemala

Escrito en 04/07/2023. Publicado en Derechos.

Las organizaciones firmantes que hemos dado seguimiento al desarrollo de las elecciones en Guatemala para la presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, externamos preocupación por la suspensión de la oficialización de los resultados de las votaciones realizadas el pasado 25 de junio por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las audiencias de revisión de escrutinios por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyeron el 30 de junio conforme a los plazos legales, y confirmaron los resultados obtenidos en las votaciones, según los cuales Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del partido Semilla disputarán la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto. Sin embargo, el 1 de julio, nueve partidos políticos inconformes con la decisión ciudadana presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad por supuesta alteración del resultado de las elecciones.

La CC determinó mediante amparo provisional (3731-2023) brindar un plazo de 5 días para realizar una nueva audiencia para cotejar las actas que formaron parte del proceso electoral donde “los sujetos legitimados podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes”; ordenando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender la calificación y oficialización de resultados. La CC determinó remitir el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que continúe con el trámite al constituirse en Tribunal de Amparo. En acatamiento a la resolución de la CC, el TSE informó el 2 de julio la suspensión de la calificación y la oficialización de resultados de las Elecciones Generales.

Los reportes de las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) y de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA), así como de la misión de observación nacional (MOE GT), coinciden en que la jornada de votaciones del pasado 25 de junio se desarrolló de modo íntegro y sin incidentes que puedan implicar la invalidación de los resultados electorales.

En un contexto en que el Estado de Guatemala ha emprendido procesos para criminalizar a operadores de justicia independientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos; y en el cual se impidió la participación de candidaturas presidenciales con potencial de disputar el poder, resulta preocupante observar mensajes que amenazan con el uso indebido del sistema penal contra las personas integrantes de las Juntas Electorales.

La legitimidad de las elecciones recae sobre las Juntas Electorales integradas por ciudadanos y ciudadanas que participan de manera cívica. En este sentido, hacemos un llamado a que se respete el derecho al voto y se desista del uso del sistema de justicia para tratar de incidir de forma indebida en esta etapa del proceso electoral para intentar invalidarlo y desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Exhortamos al Estado de Guatemala a tomar las medidas necesarias para garantizar que se respete el derecho de participación ciudadana y la integridad del proceso electoral.

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse al tanto de lo que acontece en Guatemala. Este es un momento histórico en el cual la veeduría nacional e internacional es imprescindible para prevenir actos arbitrarios que desvirtúen la voluntad popular.

03 de julio de 2023

Firman: 196 organizaciones nacionales e internacionales.

Nombres a continuación.

#NoNosCallaran, Acción Comunitaria- Guatemala, Acción Joven- Honduras, Acción Solidaria- Venezuela, Asociación de Desarrollo Integral Maya Adima, Agenda Nacional Política Trans – México, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto- El Salvador, Alianza de Mujeres Costarricense -Costa Rica, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Alianza por una Guatemala Mejor. Los Ángeles -CA, Amazon Frontlines. American Friends Service Committee – Oficina para Latinoamérica y El Caribe, American Jewish World Service, AMES- Costa Rica, Asociación de mujeres en cooperación para el Desarrollo (Amucoode)- Costa Rica, APT Norte, Articulación de Movimientos Sociales, Asociación Belwjeb’ Tz’i’, Asociación Cambiando Vidas, Asociación Centro Civitas, Asociación Coalición Sembradoras de Vida, Asociación Comunidad Esperanza, Asociación Cultural Q’anil San Juan Sacatepéquez, Asociación de Estudiantes Universitarios «Oliverio Castañeda de León» (AEU), Asociación de Mujeres Alas de Mariposas, Asociación de Mujeres Garífunas Guatemaltecas Iseri Ibágari, Asociación de Mujeres Nuestra Voz , Asociación familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Nuevos Horizonte, Asociación Pop No’j, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH) -Costa Rica, Asociación pro derechos humanos, Asociación SERES, Awal Casa de Producción, Batucada del Pueblo, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)- Paraguay, Center for Human Rights & International Justice, Boston College, -USA, Centro De Atención Psicosocial (CAPS), Centro de Atención Psicosocial (CAPS) – Colombia, Centro de Atención Psicosocial (CAPS) – Perú, Centro de Capacitación y promoción de la Democracia (CECADE), Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), Centro de Derechos Reproductivos – Programa para América Latina y el Caribe, Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S. J.» (CSMM), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Formación Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil, Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos EQUIDAD – Perú, Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios (CEDEAL)- Ecuador, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CiiDH), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local- El Salvador, Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala, Colectivo Chico Mendes- Alemania, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad , Colectivo de Estudios Rurales Ixim, Colectivo de familiares de víctimas del caso Diario Militar, Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación, Colectivo Pata de Chucho, Comisión Ciudadana Departamental por la Transparencia y Probidad de Sacatepéquez, Comisión ciudadana departamental por la transparencia y probidad en Alta Verapaz (CCDTP-AV), Comisión Ciudadana Por la Transparencia y Probidad de Amatitlán, Comisión Ciudadana por la Transparencia de Santiago Atitlán, Comisión Ciudadana por la Transparencia y Probidad de Chiquimula, Comisión de justica paz e Integridad de la Creación (OFM), Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) Caserío El Zarzal, del municipio de San Jerónimo -Baja Verapaz, Consumo Consciente, Convergencia por los Derechos Humanos, Cooperativa de producción apícola para el desarrollo Juvenil Junam Qab R.L, Cooperativa Integral de Producción Apícola JUNAM QAB, Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), Corporación Femm, Corporación Miles, Cristosal, Darlington Medical Associate, Data cívica, Decolonized International Solidarity Network- Canada, EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial), Elementa DDHH, ENTREMUNDOS, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ Honduras), Estado de la Región, Programa Estado de la Nación, Factor 4, Famdegua, Festivales Solidarios, Foro de ONG Internacionales de Guatemala (FONGI), Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC), Frente Nacional de Juventud (FNJ), Frente Nacional de la Juventud MOEL K’AT, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Transparencia Internacional-Ecuador, Fundación Me Importa Guate, Fundación Myrna Mack, Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDENDE), Fundación Oxlajuj N’oj, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación para La Paz y la Democracia (FUNPADEM), Fundación Tierra Nuestra Generación HT – El Salvador, Global Justice Association, Grupo Cairo y Montevideo, Grupo de Solidaridad, Grupo de trabajo de Agenda CEDAW -Costa Rica, Grupo Estratégico por la PAE, Guatemala Human Rights Commission -USA, Guatemalanetz Bern -Suiza, Hombres Trans – Panamá, ICCPG, Impunity Watch, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras, Instituto 25A, Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI), Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), International Institute on Race, Equality and Human Rights, International Service for Human Rights (ISHR), JusticiaYa, Km207 Guatemala-Suiza, La Enredadera, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Las Insumisas Podcast, Latin America Working Group (LAWG), Latin American and Caribbean Solidarity Network, Red de Organizaciones de Lesbianas y Bisexuales de América Latina y el Caribe (LESLAC), Misión de observación electoral MOEL K’AT integrada por: KOMÓN MAYAB’; FNJ; NIM B’E; ASEDIS-USAC y Jóvenes por la Democracia, Montreal Elders For Environmental Justice – Canadá, Movimiento de mujeres con Poder Constituyente, Movimiento La Rosa, Mujer y Ciudadanía – Venezuela, Mujeres con valor construyendo un futuro mejor (MUVACOFUM), Mulabi/ Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, NIM B’E “Acción Política de Los Pueblos”, OASIS, Observatorio ciudadano para La Paz “La pupila del cielo”, Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, ODHAG, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Múnich – Alemania, Older Women Live (OWL) Collective Ckut 90.3 FM, Montreal – Canadá, ONG de Desarrollo Covacha, ONG IGUAL- Bolivia, Organización de mujeres Estrellas Tzutujiles, Organización de Mujeres Tierra Viva, Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas- Honduras, Organización Mundial Contra la Tortura, Otra Guatemala Ya,Otros Cruces ,Pastoral Juvenil, Plataforma Canadá Guatemaltecxs, Exiliados por Terrorismo de Estado, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Plataforma juvenil MOLAB -San Cristóbal Verapaz , Popol Na, Programa Con Manos de Mujer, Protección International Mesoamérica, Radio Güija 92.1 FM, Red de Coaliciones Sur, Red Americana de Hombres trans y PDGFAN, Red Comunitaria de Mujeres Mayas K’iche’, Red de Mujeres en Incidencia Social y Desarrollo Costa Rica (REMISOD), Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), Red Internacional de solidaridad con Guatemala, Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG),Red para la Infancia y la Familia – Perú, Red Rompe el Miedo- Guatemala, REDCODE, Redlad, Revista electrónica gAZeta, Robert F. Kennedy Human Rights, Seattle International Foundation (SIF), Seguridad en Democracia (SEDEM), Semillas para la Democracia, Servicio Jesuita para Migrantes- Costa Rica, Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala, Surkuna – Ecuador, Synergía Iniciativas por los Derechos Humanos, Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, Todos por Guatemala/All for Guatemala- Canadá, Transparencia-Venezuela, Transparencia y probidad de Chichicastenango, UNAMG, UNAMOS, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTIQ de Colombia, Visibles Guatemala, Voces de Guatemala en Berlín- Alemania, Women’s Link Worldwide, Yabal Guatemala