En esta producción informativa de FECTSALUD Costa Rica, Juan Carlos Durán Castro, secretario de Prensa y Propaganda de la organización, analiza las alianzas políticas, estrategias del gobierno y amenazas a los derechos laborales, centradas en el polémico proyecto de ley sobre la jornada 4×3.
Durán denuncia un “pacto oscuro” entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el gobierno, el cual, según sus palabras, debilita al candidato del PLN, Álvaro Ramos, e involucra acuerdos poco transparentes con sectores empresariales como UCCAEP y diputaciones oficialistas.
“Pilar Cisneros también hizo sus «chapuzas» por el sector de UCAEP”, afirma Durán, cuestionando el argumento de que el salario mínimo afecta la competitividad del país. Según él, este discurso es falso y busca llevar el trabajo precario al trabajo esclavo, afectando directamente a la clase trabajadora.
También advierte que el gobierno habría ejercido presión sobre UCCAEP para impulsar la jornada 4×3, retirando y luego volviendo a convocar el proyecto de ley como táctica para negociar préstamos y continuar endeudando al país. A este accionar lo llama “la jugada del tonto”, en la que se involucra a Liberación Nacional como parte de una estrategia engañosa.
Finalmente, lanza un llamado a la población costarricense a reflexionar críticamente sobre estas acciones y discursos de cara a las elecciones de febrero de 2026, insistiendo en que no se trata de simples decisiones técnicas, sino de un modelo político que busca debilitar derechos laborales fundamentales.
CON escoba prestada, el Chaves barrió, a los que llamó «asquerosos», por haber corregido el camino que seguía la Junta Directiva de la CCSS, que le permitía bloquear, con indebida injerencia política, (desde los tiempos de Marta Esquivel) la construcción del urgentísimo, hospital para Cartago y la zona de Los Santos.
En virtud de que ahora privarán criterios técnicos, ¡como corresponde a la institución autónoma!, lanzó escupitajos virtuales, hacia los que no obedecieron sus deseos, no dejando «santo con cabeza». Para él, la antes amada UCCAEP, ahora no es de fiar, son unos corruptos, no representan a nadie, está manejada por el Partido Liberación Nacional, hay que quitarle los representantes en la Junta Directiva de la Caja y en otras instituciones, mediante un supuesto proyecto de ley, sentenció, en palabras que no es conveniente repetir.
Resulta que, aunque él, quizá por casualidad, sí conoce, cuáles cámaras, federaciones, asociaciones…, se reúnen bajo el paraguas formal de la “Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado” (UCCAEP) es oportuno que nosotros lo recordemos, para tener una mejor idea de la magnitud de la organización calumniada, de hacia dónde lanzó, uno de sus últimos y más duros ataques, de los usuales en el montado show de media semana.
Advertimos que la lista no es pequeña. ¡Veamos!
Algunas de las cámaras representadas en la UCCAEP, son las siguientes: Alianza Empresarial para el Comercio Seguro – BASC Costa Rica – Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que reúne a todos los bancos, públicos y privados. – Asociación Costarricense de Agencias de Carga y Logística (ACACIA) – Asociación Costarricense de Escuelas y Facultades de Medicina (ACOFEMED) – Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Electricidad (ACOGRACE) – Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (ACIPLAST) – Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) – Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) – Asociación de Empresarios Colombianos en Costa Rica (AECOL) – Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) – Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) – Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) – Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil (ANEIT) – Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CCCBR) – Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo – Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) – Cámara Costarricense de Importadores de Graneles (CACIGRA) – Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) – Cámara Costarricense de la Salud (PROMED) – Cámara Costarricense de Porcicultores (CAPORC) – Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) -Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU) – Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) – Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX) – Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería – Cámara de Empresarios del Combustible – Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) – Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) – Cámara Costarricense de Médicos y Cirujanos – Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa Rica (CAPROBI) – Cámara de Publicidad Exterior (CAPEX) – Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica – Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) – Cámara Costarricense de Navieros (NAVE) – Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) – Cámara Nacional de Azucareros – Cámara Marina de Bananeros (CANABA) – Cámara Nacional de Cafetaleros (CAMCAFE) – Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines (CANACODEA) – Cámara Nacional de la Educación Privada (CANAEP) – Cámara Nacional de Procesadores y Tostadores de Café – Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) – Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) – Cámara Nacional de Transportes de Carga (CANATRAC) – Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) – Comunidad de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica – Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI) – Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) – Federación de Cámaras del Caribe h(FEDECARIBE) – Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) – Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales (FEDECÁMARAS).
Esta información nos permite concluir, que, mediante sus representas, y acuerdos que regularmente se hacen públicos, la UCCAEP satisface plenamente la Ley Orgánica de la CCSS, en lo relativo a la representación patronal… aunque el Chaves afirme que no, y que él tiene una mejor idea. Cosa que, por los antecedentes, dudamos que sea así.
UNDECA y BUSSCO, nos oponemos a la propuesta remitida al Comité de Vigilancia del IVM, por parte del Lic. Ubaldo Carrillo, director de Administración de Pensiones de la CCSS, producto de una reunión entre representantes de la UCCAEP, el solidarismo y cooperativismo. La única excepción ante esta desafortunada iniciativa ha sido el representante del sector sindical, quien ha manifestado reiteradamente su oposición a estas reformas irracionales y nocivas para los trabajadores y las personas pensionadas.
En los últimos años, la CCSS ha ejecutado varias reformas al IVM, algunas con mayor consenso tripartito, la mayoría han sido reformas unilaterales, entre ellas, un ajuste del 1% a las cuotas solo de los trabajadores -respaldado por el SINAE-; y la eliminación de la pensión anticipada para hombres y el aumento de edad de 59 y 11 meses a 63 años para las mujeres.
“Desde nuestra perspectiva esta es una propuesta improcedente, totalmente regresiva, para los actuales y futuros pensionados”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Los principales retrocesos son:
Aumento de las cotizaciones: un aumento de 1,17% a las cuotas (rebajo de salario) inmediato a todas las personas trabajadoras.
Disminución del monto de las pensiones: reducción del monto de las pensiones a menos del 40% del salario promedio de los últimos 25 años.
Pago del seguro de salud: se propone rebajar de la pensión del seguro de enfermedad y maternidad, que hoy día no se cotiza.
Eliminación de la pensión mínima: actualmente ninguna pensión puede estar por debajo del 50% de la base contributiva respecto del salario.
Eliminación del retiro anticipado para las mujeres: subir la edad a 65 años.
Aumento de la edad de jubilación a 70 años: elimina la pensión proporcional para personas de 65 años con 180 cuotas. (Convenio 102 de la OIT)
Elimina el pago del Estado al IVM: en lugar de exigir el pago inmediato de la deuda de más de ¢710.000 millones de colones a diciembre de 2024.
“UNDECA repudia enérgicamente la propuesta, que violenta la dignidad y la calidad de vida de las personas más vulnerables y pobres. Es inaceptable el menosprecio hacia las personas trabajadoras y la ignorancia de la realidad socioeconómica del pueblo”, señaló Chavarría.
Estas propuestas no tienen ningún respaldo técnico y no pueden ser aprobadas por ese Comité, porque no tienen esa competencia.
¡La lucha por nuestras pensiones, es una lucha por la justicia y la dignidad!
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se encuentra en medio de una compleja coyuntura marcada por la tensa relación entre los sindicatos de profesionales y funcionarios, la pérdida de legitimidad de la Junta Directiva y acusaciones de sabotaje interno. UNDECA y BUSSCO, dos de los sindicatos más prominentes, han expresado su profunda preocupación por la situación actual y han acusado a la Junta Directiva de cómplice en el debilitamiento de la institución.
En los últimos meses, la Junta Directiva de la CCSS ha enfrentado cuestionamientos significativos respecto a su legitimidad y capacidad de gestión. Este escenario ha exacerbado las tensiones con los sindicatos, quienes sostienen que las decisiones tomadas por la Junta han afectado negativamente al pueblo costarricense y la autonomía institucional de la CCSS. UNDECA y BUSSCO van más allá al denunciar un presunto sabotaje interno que, según ellos, ha minado el funcionamiento eficiente de la CCSS.
Ante este escenario, vale la pena reflexionar el por qué la clase política y económica de Costa Rica, vuelven una y otra vez a esta misma «oportunidad», ya la UCCAEP había pronunciado a inicios del 2023 argumentos similares
Abundan las interpretaciones, sin embargo a partir de la publicación de la organización ecologista Bloque Verde «Ambientalistas opuestos a la extracción de gas, piden al gobierno buscar potenciar energía solar y eólica«, queremos invitarles a repensar las implicaciones que tienen este tipo de propuestas en nuestro País, desde elementos tan básicos como no tener capacidad instalada en la institucionalidad, cómo que muchos de los datos que se manejan no tienen ninguna fiabilidad.
¿Por qué en un contexto de crisis ecológica surgen una y otra vez estas propuestas extractivistas? Les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones que tienen estas actividades en nuestros territorios, pero también a problematizar porque a la clase política y económica les sigue resultando atractivo sacar estos proyectos a la discusión pública.
Nuestra historia, ha demostrado que estas actividades extractivistas en ecosistemas tropicales son altamente dañinas, y la mayoría de sus consecuencias son irreversibles. Sumado a esto, en un mundo que habla de la transición ecológica, ¿por qué nos aferramos a tecnologías que nos impiden profundizar los cambios en las formas de producción y consumo?
Les compartimos esta infografía con algunas pistas para el debate y la reflexión sobre la exploración de gas natural.
Expresidentes y expresidenta, ex ministros, ex diputados, diputados, empresariado, academia, jóvenes, feministas, artistas, organizaciones y ciudadanía
15-6-23, Bloqueverde/Oilwatch Costa Rica. Los expresidentes Abel Pacheco de la Espriella, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado Quesada y la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, junto Christiana Figueres Olsen con la ex secretaria de la Convención de NNUU contra el cambio climático, los exministros de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, Edgar Gutiérrez, René Castro Salazar. También apoyaron el rector de la UCR Gustavo Gutiérrez Espeleta y artistas como María Guadalupe Urbina y Manuel Monestel. Todas estas personas junto con casi 400 firmaron una carta abierta al pueblo costarricense diciendo no a la exploración petrolera y gas en nuestro país.
En abril de 2023, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), volvió a colocar la explotación de gas natural y petróleo en Costa Rica en el debate público, esta vez como una presunta solución para “aportar al Estado recursos fiscales a través del sector energético nacional», desde su propuesta energética.
Asegura la carta pública que “hay que mirar al futuro con búsqueda de soluciones innovadoras y conectadas a la Naturaleza, sin un lógica extractivista y depredadora, sino fortalecer actividades y opciones que nos van a permitir un futuro abundante para toda la biodiversidad de la que somos parte, para que Costa Rica siga siendo luz en medio de la guerra y destrucción que sigue calentando la casa que habitamos, nuestro planeta Tierra que nos ha alejado de un horizonte socialmente justo y ambientalmente posible”.
Las personas firmantes aseguran que “resulta indispensable en este momento una mirada retrospectiva para recordar que la disyuntiva acerca de permitir o no la exploración y explotación petrolera ha estado presente desde hace más de 30 años en Costa Rica en uno y otro período de gobierno, en una y otra crisis económica para el país y pasando por todos los poderes del Estado; hasta el momento el resultado del debate ha sido el mismo: son más los costos que los beneficios de explorar y explotar petróleo o gas en Costa Rica”.
En la misiva aseguran estar conscientes y preocupados por la crisis económica agravada por la pandemia y de la recuperación y la reinvención de muchas actividades, sectores y por tanto personas afectadas “pero justo por estas circunstancias y la certeza que nuestro petróleo en Costa Rica y el mundo es el agua y la biodiversidad, nuestro bienestar económico no es a costa de la naturaleza, es con ella.”
La reflexión recuerda que “Costa Rica ha destacado a nivel internacional por su histórico compromiso político por cuidar la sociedad por medio del acceso democrático y universal a la seguridad social, educación y justicia económica, así como de cuidar la naturaleza a la que pertenecemos, que es la fuente de la vida misma”. Además, aseguran este compromiso nace de “la sabia visión de culturas y comunidades indígenas y campesinas han sido base para tomar decisiones y acciones para cuidar la casa común, que también se han enriquecido con modelos y búsquedas de otras regiones y países que colocaron el bien común en el centro de sus políticas. Esta mirada está enraizada en un territorio biodiverso, lleno de ríos, montañas y bañado por mares y es faro de esperanza en el mundo”.
Además nuestra historia ecológica se enriqueció “por la presencia de naturalistas de todas partes del mundo, esto dio paso a que las primeras personas turistas vinieran por las bellezas naturales y corrieron la voz, hoy ya son millones de personas de todo el mundo que se siguen viendo atraídas por la riqueza natural de Costa Rica, una cultura histórica de paz, alto nivel educativo y servicios entre otros aspectos que tuvieron que ver con decisiones por el bien común y amplio de la sociedad”.
También reconocen que la política socioambiental “que hemos construido tiene grandes aciertos, contradicciones y también muchas posibilidades de mejorar. La historia podrá sopesar nuestros errores con nuestra vocación de buscar la forma de proteger el planeta”.
La reflexión fue firmada por más de 400 ciudadanas y ciudadanos entre los que destacan: el ex ministro Rodolfo Méndez Mata, los ecologistas Fabián de Jesús Pacheco Rodríguez y Mauricio Álvarez Mora, el diputado Jonathan Acuña Soto, las exdiputadas Patricia Mora Castellanos, Laura Guido Pérez el ex magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez y la ex viceministra de Ambiente Patricia Madrigal Cordero.
Declaraciones de la expresidenta Chinchilla y el ex presidente Solís
La expresidenta de la República Laura Chinchilla señaló: “Nosotros recibimos del gobierno de Don Abel Pacheco una moratoria política a la explotación petrolera que posteriormente se mantuvo y concretó mediante decretos del ejecutivo, tanto en la administración Arias como en la mía. Ese consenso se lo trasladamos a los posteriores gobiernos del PAC que bien han sabido respetar y sostener dicha moratoria a la explotación y explotación de petróleo y gas en Costa Rica. Todo este consenso político sumado a la presente carta firmada por cientos de costarricenses y que hoy día trasladamos de forma atenta a la ciudadanía y a empresarios interesados, evocando a la protección ambiental y social ante los lamentables impactos inherentes que la industria extractiva de gas y petróleo representan. Las políticas y los decretos de los últimos 5 gobiernos en materia petrolera evidencian un consenso entre muchas fuerzas políticas, ideológicas y sociales del país y que sumadas a las firmas que hoy ponemos a valoración debe hacer reflexionar a los tomadores de decisiones el no hipotecar el futuro de Costa Rica a la industria extractiva de gas y petróleo que es incompatible con el modelo de desarrollo sostenible y eco turístico de Costa Rica.
Mientras que el expresidente Luis Guillermo Solís aseguró que “con el fin de que no quede duda alguna respecto de mi posición en esta materia, me permito reiterar, pues ya lo he dicho en otras oportunidades, que me opongo tanto a la exploración y explotación del petróleo como del gas natural en Costa Rica. Una cosa conlleva la otra y ambas son dañinas para el modelo de desarrollo -limpio y sostenible- que auguro para Costa Rica”.
En el documento adjunto puede verse la petición con las firmas de respaldo.
Imagen de Gobierno de México. Tomada de Pressenza.com
Recientemente, la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) hizo una propuesta al presidente de la República para que emita un decreto ejecutivo que suspenda la moratoria petrolera y así, reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en el país.
Se trata de un asunto recurrente que es de interés de todos los costarricenses pues, desafortunadamente, se vende la idea de que con la hipotética extracción de estos recursos el país obtendrá “dinero fácil y abundante” y con ello vencerá la pobreza y se hará casi tan rico como Noruega.
Algo que, como hemos dicho, resulta un irrespeto muy serio a la sociedad costarricense y en particular a la gente más pobre y necesitada, pues les crea falsas expectativas que no se van a cumplir. Algo que no resulta para nada justo ni necesario.
Lo que propone la UCCAEP: se emite un documento titulado “Propuesta de UCCAEP para una política energética equilibrada”. El gestor principal de la propuesta es el Dr. Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía de la administración Arias y quien es coordinador de la Comisión de Energía de la UCCAEP.
La propuesta encuentra fundamento en el hecho de que los vehículos pueden transformarse para que en vez de consumir derivados del petróleo puedan consumir gas natural. Se indica que, con esto, se mejora la sostenibilidad ambiental del país, pues se reducen las emisiones.
Además, se señala que el quemado del gas natural es más barato que quemar petróleo, por lo que el cambio produciría una menor inversión.
La eventual extracción de los hidrocarburos la tendrían que realizar empresas petroleras trasnacionales. Se indica que estas empresas tendrían que pagar renta y otros impuestos que generarían ganancias para el Estado.
Según la UCCAEP los yacimientos potenciales en Moín, Limón y Río Blanco en el Caribe podrían generar hasta $251 mil millones, monto que mayoritariamente se llevarían las empresas petroleras extranjeras. Detallamos aquí por qué razón.
Elementos a considerar: ante esta posición, se hace necesario, presentar argumentos técnicos de contrapeso que sirvan a las autoridades de gobierno para tomar la decisión más sabia y equilibrada posible.
Estos argumentos se presentan en razón de la experiencia del autor como geólogo de exploración petrolera de RECOPE por cerca de 15 años y, también, por ser uno de los autores responsables de compilar la información técnica petrolera obtenida de casi un siglo de exploraciones petroleras realizadas en el país durante el siglo XX. También, por la experiencia del autor en hidrogeología ambiental y en evaluación de impacto ambiental.
Así las cosas, recomendamos considerar los siguientes argumentos técnicos:
En Costa Rica no existen estudios científicos serios y avalados por las autoridades técnicas de gobierno o pares o de entes académicos que demuestren fehacientemente la existencia de yacimientos probados de hidrocarburos en territorio nacional. Existen datos de valoración potencial que tienen más de 30 años de antigüedad y son solo una posibilidad para atraer empresas petroleras a realizar exploración en el país. Lo que existen son especulaciones sin pruebas revisadas.
Este elemento es muy importante, pues de especular un eventual volumen de yacimientos, es fácil pasar a estimar el valor comercial del mismo. De allí sale esa cifra de $251 mil millones, es decir, de un dato especulativo y de potencial que no está fundamentado de ninguna manera en datos de reservas probadas y comprobadas. Por esta razón, estos números deben manejarse con suma precaución.
El costo de las tareas de exploración de hidrocarburos es muy oneroso, del orden de decenas a cientos de millones de dólares por año. El país no podría asumir esos gastos en actividades de exploración para saber si es cierto o no si existen yacimientos potencialmente explotables. Se debe recordar que durante casi todo el siglo XX se realizaron actividades de exploración de hidrocarburos por diferentes empresas petroleras sin ningún éxito. Esto se debe a que geológicamente Costa Rica es un país muy complejo y por eso no es un país atractivo para realizar actividad petrolera.
Costa Rica es un país producto del choque de placas tectónicas, por lo que tiene muchas fallas geológicas por donde el petróleo o el gas natural que se pudo generar podría haberse perdido por su salida a la superficie. Para colmo de males, tiene mala calidad de rocas reservorio, debido a que las arcillas, que sellan los poros de las rocas, son un mineral abundante.
En el planeta Tierra existen reservas de petróleo hasta el 2070 aproximadamente y de gas natural hasta el 2090 o 2100. Hay muchos hidrocarburos disponibles y no se ocupa encontrar más yacimientos. Lo que se ocupa es dejar de usarlos, es decir, descarbonizar la economía y cumplir el Acuerdo de París del 2015, el cual el país suscribió.
Además de esto, la eventual extracción del petróleo o del gas natural dependerá del tipo de yacimiento, su profundidad y naturalezas de los hidrocarburos. Dependiendo de esto, el costo de la extracción puede ser más alto que el promedio y sus impactos ambientales pueden ser muy significativos. Esto no se sabrá hasta identificar un yacimiento, pero en un contexto geológico como el de Costa Rica y por la experiencia de la exploración petrolera realizada en el siglo XX, es una posibilidad real.
En caso de realizarse actividad petrolera en el país, tendría que ser por medio de concesiones a empresas petroleras extranjeras, las cuales tendrían que hacer la inversión en exploración y, dado el caso, de la explotación, por lo que ellas se llevarían la mayor parte del recurso y sus ganancias (hasta el 85% del total). De manera que al país solo le quedaría muy poco del recurso, con el agravante que nos quedarían los impactos ambientales que se produzcan por contaminación, cuya remediación no se pagaría con las ganancias obtenidas.
Las experiencias en países tropicales, es que la remediación de los impactos ambientales producidos por la actividad petrolera, por lo general, es más costosa que el beneficio económico que deja. Así no es negocio, pues las empresas petroleras se llevan las ganancias y a nosotros nos toca lidiar con los problemas ambientales y sociales que se derivan.
Los lugares donde la UCCAEP dice que podría haber hidrocarburos son zonas de bosques biodiversos con acuíferos en el subsuelo o áreas marinas con gran biodiversidad y muy sensibles desde el punto de vista ambiental. Son de gran riqueza ecológica y habría que sacrificar esos recursos para sacar petróleo o gas natural para el beneficio mayoritario de una o varias empresas petroleras extranjeras. Destruir la biodiversidad no es negocio para Costa Rica.
Existen otras alternativas para el alto consumo de hidrocarburos que tiene el país y consiste en el desarrollo de combustibles alternativos como los biocombustibles o el hidrógeno verde. También se podría impulsar la geotermia de baja y media entalpía en todo el país, algo que hemos descuidado por años y que debería ser impulsado para que sea el sector privado el que lo aproveche. Esta energía geotérmica puede aportar la energía eléctrica que necesita un parque automotor eléctrico, por lo que no es necesario el uso de gas natural.
Estas actividades dejarían beneficios económicos directos al país y mayores que los que dejaría el arriesgarse a empezar una incierta actividad petrolera.
Finalmente, el país tiene una importante imagen ambiental ante el mundo y eso es causa de que se tenga mucho turismo que es la primera fuente de ingresos del país y, además, una gran reputación en materia ambiental en todo el mundo. Aventurarse con el tema de hidrocarburos en medio de una enorme Crisis Climática en el planeta dejaría la reputación internacional del país por los suelos.
No debemos olvidar que conforme pasa el tiempo, más se agrava la situación de Cambio Climático y más intensos son los efectos de éste. Costa Rica es un país altamente vulnerable a la Crisis Climática. Desde este punto de vista, el que el país se abra a la exploración y muy, pero muy eventual explotación petrolera, resulta altamente contradictorio, en particular, porque esa actividad no es parte de su modelo de desarrollo económico.
Costa Rica tiene otras alternativas para impulsar su desarrollo económico. Por medio de una correcta planificación y gestión de su territorio, puede potenciar el uso sostenible de sus bosques, biodiversidad, suelos para producción regenerativa, potencial geotérmico y riqueza hídrica, a parte del potencial que tienen sus mares.
Así las cosas, ponerse a revivir una actividad que no se necesita y que debemos dejar en el pasado, no es para nada recomendable.
El autor es geólogo ambiental. Fue geólogo de exploración petrolera para la Refinadora Costarricense de Petróleo entre 1984 y 1999. Ex secretario General de la SETENA. Catedrático de Sedimentología y Geología Ambiental de la Universidad de Costa Rica hasta el 2019. Es Doctor en Ciencias Naturales y consultor ambiental en evaluación ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, planificación territorial, gestión del riesgo e hidrogeología ambiental.
(Bloqueverde- OilwatchCosta Rica, 26-4-23). La ruta de ‘bienestar económico y calidad de vida’ propuesta el día de ayer por la UCCAEP evidencia la atrasada mentalidad de una generación empresarial anclada en desangrar a la tierra y los seres humanos para hacer dinero y además profundiza su tendencia contra la vida evidenciada en posiciones retrogradas contra el Acuerdo de Escazú o hablar de “acoso ambiental.”
Mientras las nuevas generaciones se aprestan a dar una de las batallas más trascendentales para la Humanidad, otros -los que ya vivieron la mayoría de su vida- quieren precipitar la debacle climática del planeta al insistir en reactivar la explotación petrolera en Costa Rica.
Es una clara propuesta de testamento para la salud del clima del planeta. De concretarse semejante retroceso, mataríamos nuestra verdadera gallina de los huevos de “oro”, ya que la verdadera riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad y en la gente que la resguarda. La propuesta señalada nos llevaría a lapidar la inspiración que ha generado Costa Rica a nivel internacional en ser libre de este tipo de extractivismos. Estas añejas y cavernarias propuestas de acabar con el futuro en un momento en el que hay que apostar por las nuevas energías y la protección de la biodiversidad solo pueden ser ocurrencias oscurantistas y desfasadas.
La propuesta está asentada sobre una posibilidad remota: la improbable existencia de petróleo en Costa Rica. Ni siquiera los impulsores de esta falacia pueden asegurar de forma certera que hay petróleo en este país. Todo se basa en números y datos de compañías que los inflaban en al son de la especulación para vender el proyecto y sacarle plata demandando al Estado.
Se presentan la misma colección de números alegres que se puede hacer con cualquier calculadora y que acompañaron las intenciones de pasados intentos de explotación petrolera, todos rechazados mediante estudios científicos, dictámenes técnicos, recursos legales y con organización social.
Todos estos números alegres lo que no nos muestran son los costos ambientales que traería esta industria para la sociedad, los ecosistemas y la maltrecha atmósfera. Precisamente las anteriores intenciones para esta actividad arrojaron mayores costos socio ambientales que los mentados y supuestos beneficios.
La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en la administración de Abel Pacheco. Óscar Arias se negó a firmar el contrato con la Mallon Oil. Laura Chinchilla amplió el decreto de moratoria hasta el 2021 y la moratoria también fue ratificada durante la administración Solís y por la pasada administración extendiéndola hasta el 2050.
El actual gobierno en campaña dijo no al petróleo y si al gas, pero estudiando costo beneficio como combustible de transición, sin saber muy bien técnicamente que eso no es posible, es decir el gas y el petróleo vienen asociados. Que transición puede ser hacer más extractivismo y seguir calentando el planeta.
Imagínense a los turistas viendo plataformas de explotación petrolera en la costa y sus típicas mareas negras de brea tapizando de inmundicia la arena blanca del Caribe… ¿Acaso se les olvida cuál es la principal fuente de divisas que tiene nuestra economía?
Al tiempo que el resto del mundo discute como reducir la quema de petróleo y migrar hacia otras alternativas, en Costa Rica se salieron de las cavernas retrógrados trasnochados irrespetando algo que ya fue discutido y acordado. Costa Rica ya decidió dejar el petróleo bajo tierra y liderar en temas ambientales. Esto no lo va cambiar toda la agenda desregulatoria y regresiva ambientalmente impulsada por el actual gobierno.
Es urgente dejar los combustibles fósiles bajo tierra, dejar que el planeta se enfrié, dejar de quemar combustibles fósiles. Ya no hay tiempo para devolverse a este tipo de discusiones estériles y que retardan las decisiones y acciones que se necesitan para ayer.
Con esta propuesta a la borda la cumbre del clima, convenios internacionales, leyes, resoluciones y planes para reducir la dependencia del carbono esta propuesta es una invitación a volver a la barbarie y al pasado. Ya se sabe que la tierra es redonda y no plana, y ya se sabe que, de seguir quemando petróleo, no habrá futuro. Llamamos a las nuevas generaciones a organizarse y a pelear por su futuro. A los que ya jugaron y no aportaron en su momento les decimos que no sean tan inconscientes y dejen a las futuras generaciones las posibilidades y las condiciones para la sobrevivencia.
Dos preguntas claves de exploración petrolera
¿Hay beneficio nacional?
En el Artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos No. 7399 queda claro que el contratista venderá al Estado a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril (gas) a precio de mercado. Del análisis del contrato firmado a nombre del Estado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez a favor de MKJ-XPLORATION 8-1999 (que más tarde cedería sus derechos a Harken) queda claro que esta actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa pagando una regalía en dinero o especie (petróleo) y el impuesto sobre la renta. En este contrato se establecía solamente reinvertir “un 5% de sus utilidades netas en el desarrollo de programas sociales y ambientales”. En la industria petrolera, las compañías generalmente no reportan ganancias. Además, la actividad petrolera afectaría negativamente las actuales actividades económicas más importantes del país que es el turismo y la agricultura (Alvarez, 2015).
¿Por qué se rechazó la exploración petrolera en 2002?
Primero, se firmó una concesión sin estudio de impacto ambiental y posterior se firma el contrato con un Estudio de Impacto Ambiental de reflexión sísmica. Luego en marzo del 2002 un segundo Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero en Mohín” fue declaró al proyecto “no viable ambientalmente” por la SETENA. Esto abrió toda una discusión nacional sobre la legalidad o vigencia del contrato con Harken Costa Rica Holdings firmado sin aprobar un verdadero e integral Estudio de Impacto Ambiental. El contrato lo incumplió la empresa al no poder aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. A finales del 2003, Harken exigió una compensación de US$ 57.000 millones, mediante un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial. En el 2005 como la demanda internacional no tenía sustento demando al Estado en el ámbito contencioso administrativo y bajo su pretensión a trece millones de dólares ($13.000.000,00) por los daños y perjuicios causados durante la vigencia del contrato (entre 1999 y 2005). En 2014 es decir 9 años después el Tribunal Contencioso da la razón al Estado la sentencia No. 1754-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que“…se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C. (Alvarez, 2014).
Chaves Robles cede a la toma de muelles, puertos, aeropuertos, fronteras, áreas de distribución de combustible y comunidades claves por parte de las fuerzas represoras del estado.
MSc. Jerry Alonso Mora Profesor Universitario.
19 de abril
El Presidente Rodrigo Chávez, el Ministro de Seguridad Pública Jorge Luis Torres y el Viceministro de Seguridad Daniel Calderón se habían reunido para improvisar un plan de seguridad en el país, motivados y presionados, por un pronunciamiento que había hecho La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en donde les exigían al gobierno Chaves Robles declarar “emergencia nacional” la ola de violencia en las calles.
Los tres al unísono el miércoles 19 de abril en conferencia de prensa anunciaban lo siguiente:
“Hoy anunciamos acciones concretas que hacen parte de la operación ‘Costa Rica Segura’. A partir de mañana (jueves) el país tendrá hasta 9.500 policías más en la calle como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Tuvimos también que cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías que actualmente trabajan 3×3 y 6×6, vamos a tener que pasar a roles de 6×4; trabajan seis días continuos y descansan cuatro”, dijo Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad.
Recuerdo al presidente en esa conferencia de prensa del 19 de abril aplaudiendo las palabras de sus subalternos cuando, entre otras cosas, cuestionaban al poder judicial y reiteraban las medidas en los cambios de roles de los policías para, según ellos, apaliar las olas de violencia e inseguridad presentes en el país.
20 de abril 2023
La toma de áreas estratégicas para la circulación del capital: los policías “¿violentado la ley?”
Horas después policías de todo el país se tiraban a las calles con la intención de paralizar áreas claves de la economía del país: muelles, puertos, aeropuertos, autopistas: Interamericana norte y sur, fronteras, comunidades y sectores estratégicos como la distribución de combustibles: a la altura de RECOPE, y de acción mediática como la fuente de la hispanidad en horas pico.
La intención sin duda era golpear al gobierno y afectando al sector empresarial para que les devolvieran lo que para ellos parecía ya impensable, a la par del congelamiento de sus salarios, el despojo de su tiempo de descanso.
El presidente Chaves cede a la presión en las calles y legitima que es la calle el espacio de incidencia política más importante.
Un día después de que la fuerza pública “violentara la ley” tomando las calles para impedir el flujo de bienes que afectara a las empresas de esos sectores, y que la noticia le diera la vuelta al mundo, el presidente Chaves Robles cede a la presión de los cuerpos de represión policial, que, ante los ojos impávidos de las autoridades, se rebelaban contra ellas.
Un atolladero ¿Desdecirse y legitimar la toma de las calles por parte de la gente, o profundizar la crisis? “Echar para atrás” debía ser orquestado, y es cuando asesorados, inventan una visita a una delegación de un barrio empobrecido del sur de San José, llevan las cámaras, le desabrochan la corbata al presidente y comienza el show.
¿Qué significa que la fuerza de represión del estado se insubordine contra el presidente de la república y sus autoridades oficiales? Y no solo eso, y lo más importante ¿Qué significa que lo hagan tomando muelles, puertos y aeropuertos, áreas de distribución de combustible y comunidades claves? La legitimación de la lucha popular en las calles.
La respuesta a ceder debía generarse como “una equivocación”, “ yo no tenía conocimiento”, “yo no sabía de las condiciones de los policías en las zonas rurales”, etc, etc, etc. Y es así como Rodrigo Chaves monta un Show, un día después, en la delegación de Sagrada Familia, y echa para atrás implicando a su ministro y viceministro de seguridad como únicos responsables: “Voy a pedir cuentas, me dijeron que había acuerdo” señalaba desligándose del atolladero en que él y su equipo de seguridad se habían metido.
Chaves no se come la bronca y cede. La toma de las calles se legitima como espacio de lucha popular.
Las acciones de las fuerzas represoras del estado nos han permitido reafirmar, aun cuando esto parezca una profunda contradicción, que es la calle el camino para enfrentar los embates del neoliberalismo. Las fuerzas represoras del estado son eso, nada más, trabajadores si, pero al servicio del poder, de los ricos y de sus capitales. Quienes crean que luego de esta experiencia en las calles, lo pensaran para gasear o garrotear a los manifestantes (no policías) están profundamente equivocados. El propio Chaves tuvo que ir a negociar, en el marco de un show, pero a negociar finalmente con un grupo de ellos: terminada la negociación volverán a ser patriotas garroteando a los manifestantes no policías.
Pero volviendo al tema de la calle como ejercicio de poder popular, es esta, el camino para frenar la inseguridad, luchando para que no se privatice a la Caja Costarricense del Seguro Social, bajen los precios de la Canasta Básica y demás productos, se eleven los salarios, se provea de casa a los millones que no la poseen, se diseñe un plan nacional de apoyo a los pequeños productores y campesinos del país, se mejore la infraestructura en los colegios y en las escuelas de los barrios más empobrecidos, se acompañe a los jóvenes de los barrios mejorando la infraestructura deportiva, de ocio y recreativa y los programas de vivienda y trabajo joven, a través de programas desde los barrios y el liderazgo de los propios jóvenes en los territorios, se aborde de una vez por todas el tema del desempleo, no se privatice el Instituto Costarricense de Electricidad, ni el AyA, ni se vendan las tierras que denominan “ociosas” en las zonas rurales, todas estas luchas, y otras que existen solo tendrán sentido y efecto en las calles. Chaves Robles cedió por ello, no por ninguna otra razón. Aprendamos el ejercicio. Nos vemos en las calles.
UNDECA en el año 2019, denunció y deploró la oposición de empresarios de UCCAEP al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo de ese año en la sede de la OIT en Suiza.
Dicho convenio fue aprobado en su momento con un total de 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones. Entre quienes estuvieron en contra constan tristemente los votos de unos pocos representantes del sector empresarial de Costa Rica.
Esa contradicción se redunda ahora en nuestro país al reiterar los patronales su terca oposición al Proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral, Exp. Nº20873. Una posición que evidencia su total aversión al reconocimiento de la dignidad de la persona trabajadora y su derecho a un mundo libre de violencia y acoso en todos sus extremos. Un criterio que destapa su naturaleza violenta e historia de prácticas y comportamientos abusivos.
UNDECA sigue reprochando el rechazo de este importante Convenio (190 OIT), por parte del sector político empresarial y exige al gobierno de Rodrigo Chaves y a los y las diputadas, como ya lo hicimos en reiteradas ocasiones, asumir una postura beligerante en favor del reconocimiento de la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso.
