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Etiqueta: UCR

UCR: Entorno digital está rompiendo el monopolio de los medios de comunicación

  • I Foro Institucional 2017 sobre Libertad de Expresión

 

Tatiana Carmona Rizo,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR Entorno digital esta rompiendo el monopolio de los medios de comunicacion
Uno de los retos de la libertad de expresión en el entorno digital que señalaron los expertos radica en la necesidad de alfabetizar a la población para que pueda discriminar los contenidos falsos y no éticos que circulan en las plataformas digitales (ilustración: Rafael Espinoza).

La llegada de internet y de las redes sociales ha contribuido a la democratización del espacio mediático y a la ruptura del monopolio de los grandes medios de comunicación.

Estas son algunas de la conclusiones a las que llegaron los comunicadores Any Pérez, Camila Salazar e Ignacio Siles, tras analizar los principales retos de la libertad de expresión en el entorno digital, en el marco del I Foro Institucional UCR 2017.

Los expertos coincidieron que las redes sociales, han provocado un cambio en el consumo de la información, lo cual implica un importante reto para los profesionales y medios de comunicación, en materia de producción, visualización y posicionamiento de contenidos digitales.

Por su parte, la periodista independiente Any Pérez afirmó que en el entorno digital “la gente tiene el poder” y que el criterio de relevancia de la información son las interacciones y las comunidades, lo cual ha provocado un cambio en el ecosistema de la comunicación.

En este sentido, la experta resaltó que ahora la gente lee, comparte e interactúa con aquellos contenidos que han sido consumidos por su círculo de amigos, o con los contenidos que les sugieren las redes sociales, a través de algoritmos que identifican los hábitos de consumo de los usuarios.

Desde la perspectiva de la comunicadora, este nuevo ecosistema de comunicación ya no está limitado por la agenda de los medios de comunicación tradicionales, lo que convierte a estas nuevas plataformas en un espacio ideal para que las páginas comunales o que informan sobre un tema específico puedan generar una mayor interacción con los usuarios y capturar más audiencia.

Fake News y alfabetización digital

Además de referirse a los nuevos hábitos de consumo, Pérez afirmó que estas plataformas también plantean retos en materia de libertad de expresión.

UCR Entorno digital esta rompiendo el monopolio de los medios de comunicacion2
En la mesa sobre los retos de la libertad de expresión en el entorno digital participaron los comunicadores Any Pérez, Ignacio Siles y Camila Salazar (foto: Karla Richmond).

En su opinión, hay una gran cantidad de páginas informativas que no son manejadas por profesionales de la comunicación, lo que podría repercutir en la calidad, el tratamiento ético y la veracidad de la información que reciben los usuarios.

Desde su perspectiva, para solucionar la problemática de las “Fakes News” y del tratamiento no ético de la información, es necesario capacitar a los gestores de estas páginas para que produzcan contenidos de calidad y alfabetizar a las audiencias para que puedan discriminar las noticias falsas por sus propios medios.

Acceso a la información pública y transparencia

Otro de los retos planteados en este foro, radica en el acceso que tienen los ciudadanos a información que generan las instituciones públicas.

En este tema, la periodista Camila Salazar, de la Unidad de periodismo de datos del periódico La Nación señaló que en este contexto digital es necesario que las instituciones públicas sean transparentes y brinden al usuario (ciudadano) información actualizada y en formatos accesibles.

“Hoy nos enfrentamos a una ruptura del monopolio de los grandes medios de comunicación como únicos espacios en donde se generan noticias y contenidos y en donde la gente puede informarse y expresarse” afirmó Salazar

Sin embargo, la experta mencionó que aunque en la actualidad nos enfrentamos a un gran flujo de información, esto no significa que la ciudadanía tenga mayor acceso a información pública.

En su opinión, es contradictorio que en un entorno digital, las instituciones no sean capaces de sistematizar información pública en formatos accesibles y que sean de utilidad para los ciudadanos: “aún hay negativa de las instituciones a entregar información en formatos digitales” dijo.

Desde su perspectiva, los datos abiertos son una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y de la democracia participativa.

Por otra parte, la periodista mencionó que otro reto para los profesionales de la comunicación, en el entorno digital radica en ¿cómo poder conquistar a las audiencias?

“Hay que pensar en formas para que la audiencia pueda interactuar con los contenidos, ya no es solo el texto, sino que existen otras formas diferentes de presentar la información para que la gente pueda consumir desde el teléfono y puede interactuar” explicó Salazar.

“Hay una brecha entre lo que los medios ofrecen y lo que las audiencias quieren”

Otro de los retos planteados en esta discusión, radica en el hecho de qué tipo de información está consumiendo la población costarricense en las plataformas digitales.

En este aspecto, el Dr. Ignacio Siles está desarrollando una investigación para determinar qué tipo de contenidos ofrecen los medios de comunicación en facebook y su plataformas web y cuál es la información que está siendo más leída y compartida por las audiencias, en estos mismos espacios.

Para este estudio, el investigador dividió la información que publican los medios de comunicación (Nación y Cr Hoy) en dos grandes temas: asuntos públicos (noticias que ayudan a la ciudadanía a estar informada en temas de política, economía, salud y gobierno) y asuntos no públicos (deportes, sucesos, entretenimiento, entre otros).

De acuerdo con el estudio de Siles hay varias tendencias en este tema, una de ellas es que los medios dedican gran parte de sus espacios a informar sobre asuntos públicos pero la población lee y comparte información sobre asuntos no públicos.

Otra de las conclusiones del estudio, es que los medios publican menos información sobre asuntos públicos en sus redes sociales, en comparación a la cantidad de contenidos de este tipo que hay en sus sitios web “es decir se suaviza la agenda de los medios en esta plataforma” Siles.

La Mesa “Retos de la Libertad de Expresión en el entorno digital” se llevó a cabo este miércoles 21 de junio, en el marco del Primer Foro Institucional 2017: Libertad de expresión, comunicación y democracia.

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El décimo informe del Prosic muestra algunos datos relevantes acerca del consumo contenidos informativos digitales en Costa Rica.

Estos temas se abordan en el Primer Foro institucional del 2017 que trabaja el tema «Libertad de expresión, comunicación y democracia». Las actividades del foro se realizan los días 6, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2017, Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Universidad pública defiende su aporte tras estudio sobre producción y costo de la educación superior estatal

  • Analistas encuentran serios problemas en informe elaborado por la Academia de Centroamérica

 

Gabriela Mayorga López,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) respondió de forma contundente a las críticas que se realizaron a la gestión de las universidades públicas en el marco de los resultados de estudio de la Academia de Centroamérica sobre el costo de la educación superior en Costa Rica.

El análisis realizado “tiene problemas serios, parte de premisas erradas y por tanto construye información errada”, señaló la M.Sc. Gabriela Arguedas dando inicio a la mesa redonda, que abordó el tema este 23 de junio.

Las panelistas descalificaron metodológica y sustancialmente los resultados del estudio que sin embargo dio pie a titulares de prensa como: “Presupuesto de universidades públicas crece más que su matrícula y diplomas”, “58% de alumnos de universidades públicas provienen de hogares más adinerados”, “Recursos destinados a universidades estatales crecen más que matrícula y graduados” que circularon en la penúltima semana de mayo.

La economista e investigadora del Estado de la Nación, Marcela Román Forastelli; la investigadora de la Unidad de Análisis de Registro de la Universidad Nacional (UNA), Magaly Rodríguez Pineda y la profesora de la Escuela de Filología e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gabriela Arguedas Ramírez, fueron las voces que evidenciaron las falencias.

Brigadas de atención psicosocial dan soporte psicológico en Upala, luego del paso del Huracán Otto sobre la localidad.
Universidades públicas evidencian su aporte en acción social e investigación para contrapesar estudio que invisibilizó estas áreas del quehacer universitario. En la fotografía: representantes de la Universidad de Costa Rica ayudan a pobladores de Upala a enfrentar el impacto del Huracán Otto, 2016. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

El estudio de la Academia de Centroamérica

Por parte de la Academia de Centroamérica, los economistas Edna Camacho y Miguel Loría abrieron el debate recordando que su análisis buscaba reconocer dos aspectos de la educación pública superior de Costa Rica: los productos que genera (dónde unicamente valora diplomados y matrícula) y los gastos.

Los resultados de ese estudio titulado: “¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?”, evidenció que en los últimos 15 años hay una creciente matrícula, cobertura y cantidad de graduados para sumar en la actualidad casi 6.000 por año, pero que proporcionalmente la población más adinerada del país es la que más acceso tiene a la educación superior.

Por el lado de los gastos critica que la educación pública dependa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que la venta de servicios ha decrecido, que el financiamiento crece mucho más que la cantidad de graduados y que entre universidades la distribución del financiamiento no ha variado.

Universidad publica defiende su aporte tras estudio sobre producción y costo de la educacion superior estatal2
En la mesa redonda: «Análisis de los resultados del estudio sobre educación superior estatal de la Academia de Centroamérica» participaron Miguel Loría, Marcela Román, Isabel Román, Gabriela Arguedas, Magally Rodríguez y Edna Camacho. Fotografía de: Conare.

No analizaron impacto en acción social e investigación

El debate permitió evidenciar que las “universidades de investigación” como se catalogan a las universidades públicas de Costa Rica, tienen funciones distintas a lo que son las “universidades de docencia”, que se dedica exclusivamente a esa práctica central o las “universidades corporativas”.

Las universidades de investigación aportan al país, mucho más allá que la cantidad de graduados anuales, a esta se suma el quehacer por ejemplo, del Instituto Clodomiro Picado de la UCR que tiene impacto a nivel global con su investigación y producción de suero antiofídico, o que el hecho de que Costa Rica destaque a nivel mundial como el país que elevó el tema de la violencia obstétrica a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que exista capacidad científica para determinar que el arroz y los frijoles que consumimos todos están contaminados con micotoxinas que causan cáncer.

Con esos ejemplos Gabriela Arguedas dejó en claro que un estudio limitado a la matrícula y diplomado, no puede determinar el qué produce la univeridad pública en Costa Rica.

Por su parte Marcela Roman y Magally Rodríguez evidenciaron que la crítica que se hace sobre el porcentaje de la población más adinerada (V quintil) que tiene acceso a la educación superior pública, no es más que un reflejo claro de la población costarricense que se gradúa de quinto año de colegio y que aprueba el examen de bachillerato.

Sin embargo, el panel sí estuvo de acuerdo en la necesidad de tener datos más estandarizados y más disponibles, que permitan investigar y dar seguimiento al quehacer de las universidades públicas, y a la educación superior en general, pues también quedó claro que las universidades privadas son las que más contribuyen a la nebulosa.

Universidad publica defiende su aporte tras estudio sobre producción y costo de la educacion superior estatal3
El Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen Pennington, el Rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Marcelo Prieto Jiménez y el Rector del TEC Julio Calvo Alvarado, participaron de la mesa redonda desde la audiencia.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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FECON: Investigación de la UCR en la Zona Norte evidencia expansión piñera descontrolada y sus impactos socioambientales

  • Solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en el cantón de los Chiles
  • Entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada

La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.

El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”

Investigación completa: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/Ambiente/Valverde_Ketal_2016.pdf

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada3

Enviado por Presidencia FECON.

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UCR declaró de interés institucional el Foro de Acción Social

  • Actividades inician en agosto del 2017 y terminarán en abril del 2018

 

Eduardo Muñoz Sequeira,

Periodista Vicerrectoría de Acción Social, UCR

Colegio Rural La Casona, Zona Indígena, Comunidades Indígenas,
El fortalecimiento de la gestión comunitaria es uno de los pilares de la relación universidad-sociedad. En la fotografía trabajo de la UCR en Comunidad indígena La Casona, en agosto del 2013. Foto archivo ODI-UCR.

La Vicerrectoría de Acción Social avanza con la organización del próximo “Foro de Acción Social: Hacia la Universidad de los saberes por el bien común”, un proceso participativo de sensibilización, preparación de insumos y discusión para la toma de decisiones orientadas al posicionamiento y comprensión del aporte de la acción social desde la universidad pública en su vinculación con las comunidades del país.

Según la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, “desde el año pasado me reuní con un grupo de personas de distintas áreas para dar forma conceptual y metodológica a este proceso. El foro se enmarca con motivo del centenario de la Reforma de Córdoba en abril del 2018, que postuló conceptos tan importantes como la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la Extensión Universitaria/Acción Social”.

Este esfuerzo implica una estrecha coordinación entre todas las secciones de la Vicerrectoría de Acción Social y las Comisiones de Acción Social y direcciones de las unidades académicas de todas las sedes y recintos. El objetivo es que toda la comunidad universitaria sea parte de este encuentro. Por ello, el rector Henning Jensen Pennington, en la Resolución R-4-146-2017, declaró la actividad de interés institucional dado que los objetivos planteados proponen que la UCR se aboque al análisis, discusión y reflexión sobre el vínculo universidad-sociedad.

La resolución de Rectoría destaca que se harán propuestas concretas en las dimensiones conceptual, funcional y estructural de la acción social frente a los desafíos del siglo XXI, con el fin de determinar nuevos caminos y proponer cambios a la normativa institucional de la Universidad de Costa Rica.

UCR declaro de interes institucional el Foro de Accion Social2
El arte es uno de los agentes de cambio social. Diversos proyectos de extensión cultural y docente se dirigen a la población infantil. Foto archivo VAS.

Actividades del foro

El «Foro de Acción Social: Hacia la Universidad de los saberes por el bien común» culminará en abril de 2018 con la visita del Dr. Boaventura de Sousa Santos, unos de los sociólogos iberoamericanos contemporáneos más destacados. El es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal; y profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Actualmente, también encabeza el proyecto de investigación ALICE: Leading Europe to a New Way of Sharing the World Experiences.

A la fecha, las actividades programadas para el foro son:

Agosto y setiembre 2017. Encuentros comunitarios de unidades académicas

21-22 setiembre 2017. Encuentro de puesta en común de aportes de los encuentros comunitarios

16-17 noviembre 2017. Jornadas de reflexión y propuestas de acción

20-27 febrero 2018. Escuela de verano de Extensión / Acción Social

24-28 abril. Semana de conmemoración del Centenario de la Reforma de Córdoba

Para más información debe contactarse con Natalia Carballo al 2511-4423 o Vania Solano al 2511-6210, de la Unidad de Gestión de la VAS, o al correo forodeaccionsocial@ucr.ac.cr

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Las universidades públicas se vinculan con distintas poblaciones. Con el Trabajo Comunal Universitario se emprenden proyectos tendientes a prevenir la violencia social. Foto archivo VAS.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: La protesta social es un derecho humano

  • En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

La protesta social es un derecho humano UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).

La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.

«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.

Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.

La protesta social es un derecho humano UCR2
«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).

«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.

La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.

Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.

Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.

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El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).

Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».

Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.

«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.

Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.

La protesta social es un derecho humano UCR4
Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).

«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».

«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.

«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.

La protesta para cuestionar

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Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).

La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.

Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».

Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».

Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.

Estos temas se aboran en el Primer Foro institucional del 2017 que trabaja el tema «Libertad de expresión, comunicación y democracia». Las actividades del foro se realizan los días 6, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2017, Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Video Cuarta Mesa Redonda:

https://youtu.be/7f7AzEXw5b0

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR cine-foro «Ciudad y resistencia desde el lente documental»

El Instituto de Investigaciones Sociales, IIS-UCR está organizando un cine-foro para compartir sobre experiencias de resistencia en diferentes ciudades del mundo. En cada una de las proyecciones se contará con un invitado especial quien comentará el documental y facilitará el intercambio entre los asistentes.

El lunes 12 de junio se organizó la primera de las proyecciones sobre la resistencia de los vecinos y comerciantes del mercado de La Merced en la Ciudad de México contra los procesos de gentrificación, donde se contó con el comentario del Dr. Luis Salinas, geógrafo crítico de la UNAM y miembro de redes como Contested Cities.

El próximo jueves 22 y el 29 se estarán pasando dos documentales sobre experiencias de organización en dos ciudades europeas: Lisboa (https://vimeo.com/199353158) y Roma (https://vimeo.com/202531912). Para esto se contará con la presencia de Claudio Carbone, director de ambos documentales y militante sociopolítico.

El espacio cine-foro resulta provechoso para pensar sobre lo que está ocurriendo en nuestras ciudades haciendo uso del lenguaje audiovisual. El IIS-UCR espera contar con su asistencia.

UCR cine foro Ciudad y resistencia

UCR cine foro Ciudad y resistencia2

UCR cine foro Ciudad y resistencia3

Enviado por Alejandro Alvarado Alcázar, IIS, UCR.

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UCR: Feria Mi Comunidad, El Cocal

Este próximo miércoles 21 de junio se llevará a cabo de 10 a.m. a 7 p.m. la Feria Mi Comunidad, ¡Juntos por un mejor mañana!, en el Club Rotario, El Cocal, Puntarenas.

Dicha actividad se enmarca dentro de la declaratoria del CONARE: Universidades Públicas por la vida, el diálogo y la paz.

Se adjunta el programa.

Feria Mi Comunidad EL COCAL

 

Enviado por Coordinación de Acción Social, UCR.

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Docentes de Ciencias Penales de UCR se pronuncian sobre Extinción de Dominio

Un comunicado de un grupo de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica expresa, mediante un comunicado, varias dudas acerca del Proyecto de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 19571. Entre otras conclusiones, señala que el proyecto: “pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal”.

El escrito, redactado por la profesora de esa maestría doctora Patricia Vargas González, señala en sus conclusiones:

“El proyecto de extinción de dominio que se tramita bajo el expediente N° 19.571 (en su texto actualizado al 8 de febrero de 2017), pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal. A pesar de las buenas intenciones, se trata de una iniciativa problemática pues conserva su carácter penal y este inconveniente no se supera con un simple cambio de etiquetas. Su característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regularlas ignorando los principios, derechos y garantías que se prevén en el ámbito de lo punitivo.

No se desconocen las dificultades que enfrenta el Estado cada vez que debe demostrar el vínculo entre los bienes cuya incautación pretende y una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en ningún caso la parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, sobre todo las que se han realizado durante largos periodos. Tampoco el responsable debe ser favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.

En síntesis, la respuesta no debe implicar crear vías de recuperación de activos al margen del proceso penal, exentas de todos los derechos y garantías asociados a este. Al contrario, se deben hacer las reformas dentro de este proceso, dotando al Estado de las herramientas para acabar con las riquezas de la criminalidad y, a la vez, permitiendo que la ciudadanía que pueda ser afectada esté en plenas condiciones de ejercer sus derechos. Contrario a lo que se ha asumido por muchos, el procedimiento penal no un obstáculo para la recuperación de los bienes de la criminalidad, todo lo contrario, es un instrumento que podría usarse con ese propósito siempre y cuando sea remozado”.

El comunicado de respaldo al escrito de la docente Patricia Vargas González es suscrito en un comunicado por los profesores Dr. Francisco Castillo González (Profesor Emérito); Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano Facultad de Derecho; Dr. Erick Gatgens Gómez, Vicedecano Facultad de Derecho; Msc. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Dr. Álvaro Burgos Mata; Dr. Gustavo Chan Mora; Msc. Rosaura Chinchilla Calderón; Msc. Rosaura García Aguilar; Dr. Javier Llobet Rodríguez; Dr. Roy Murillo Rodríguez; Dr. Manuel Salas Rojas; y Dr. Carlos Tiffer Sotomayor.

En el siguiente enlace puede conocer el documento completo del comunicado:

Extinción de dominio

 

*Ilustración tomada de página oficial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Información compartida con SURCOS por Nicolás Boeglin.

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UCR: III Simposio Internacional Violencia y Sociedad

III Simposio Internacional Violencia y Sociedad

El Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPP) y el Programa de Investigación en Violencia y Sociedad (PIVS), invitan el III Simposio Internacional Violencia y Sociedad, que se realizará del 20 al 23 de junio del año en curso en las sedes de Guanacaste, Pacífico, Caribe y Rodrigo Facio y se tendrá invitados internacionales.

 

Enviado por Coordinación Acción Social, UCR.

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UCR hace esfuerzos para evitar el acoso

  • Campaña insta a hacer denuncias ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual

 

Andrea Marín Castro,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR hace esfuerzos para evitar el acoso
UCR refuerza acciones para evitar acoso sexual e incentiva a denunciar cualquier situación (diseño Ana María Sibaja Quirós).

La Universidad de Costa Rica respeta y protege la dignidad de todas las personas, por lo que inició una campaña que pretende informar a toda la comunidad universitaria para unirse en contra de cualquier situación de acoso.

Se conformó un grupo de trabajo institucional que pondrá en marcha esta campaña con el fin de difundir la normativa institucional existente sobre hostigamiento sexual, que previene, evita y sanciona el acoso sexual.

Desde 1997 esta casa de estudios cuenta con un Reglamento en contra del hostigamiento sexual, en cumplimiento de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N°7476) y que garantiza un clima académico fundamentado en los principios constitucionales de respeto a la libertad, trabajo, igualdad, equidad y respeto mutuo.

De igual manera, con éste reglamento se establece el procedimiento para atender las denuncias contra docentes, administrativos y estudiantes.

Es así que se crea la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, instancia que se encarga de recibir todas las denuncias así como de asesorar a la persona que denuncia sobre el proceso de investigación, sus derechos y obligaciones. También capacita y sensibiliza mediante charlas, talleres, seminarios y otros a la comunidad universitaria sobre cómo prevenir y erradicar esta problemática.

Entre las acciones que la Universidad promueve como parte de la prevención se informa regularmente sobre las leyes y reglamentos contra el hostigamiento sexual, y sobre los procedimientos a seguir en situaciones de acoso.

A estudiantes de primer ingreso se les capacita por medio de charlas en el curso Integrado de Humanidades de la Escuela de Estudios Generales. Así como al personal docente, en los curso de Didáctica Universitaria y a funcionarios administrativos en las sesiones de inducción que realiza la Oficina de Recursos Humanos.

En el caso de las denuncias, a la persona denunciante se le ofrece la asesoría y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario formado por profesionales en Psicología y Derecho; se toman medidas cautelares para que quien denuncia no tenga que mantener relaciones con la persona denunciada; se protege, prioritariamente, a la persona denunciante y a testigos; Se maneja con estricta confidencialidad la denuncia y los respectivos documentos.

De esta manera, la Universidad de Costa Rica pretende fortalecer las condiciones de respeto para quienes laboran y estudian en la Institución, por medio de una política universitaria que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de acoso y hostigamiento sexual.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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