UCR: Director del Observatorio para la prevención de la tortura habló sobre hacinamiento y monitoreo carcelario
Conferencia denuncias penitenciarias y derechos humanos
Elizabeth Rojas Arias,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
El Dr. José Ignacio Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, de la Universidad de Barcelona (OSPDH) estuvo de visita en la Universidad de Costa Rica donde ofreció una conferencia para ahondar sobre la situación de las cárceles, las denuncias, las dificultades para hacer el control y la insensibilidad de algunos Estados hacia el tema de los derechos humanos de las pesonas privadas de libertad.
Rivera también se refirió a la conformación de la Red Euro-latinoamericana de prevención de la tortura (RELAPT), en la cual intervienen académicos, universidades y otras organizaciones de: Costa Rica, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay y Argentina.
El jurista español considera que la lucha contra la violencia institucional tanto en Europa como en América es una tarea difícil y mencionó algunos aspectos, que si bien en cierto no están dentro del ámbito de la tortura física, si van en contra de los derechos humanos, como las condiciones de salud y alimentación, el uso de la fuerza, el uso desmedido de las detenciones preventivas, que para su concepto, es una de las mayores causas del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria.
Al respecto manifestó que ya la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha sido advertida de la importancia de la jusrisprudencia que se ha establecido al respecto.
Mencionó por ejemplo Rivera el caso de Mendoza, Argentina que tiene relación con las medidas disciplinarias de las cárceles que afetan la salud física y mental de sus ocupantes.
Asimismo destacó que debido que ya existe jurisprudencia sobre el tema del hacinamiento, se condenó recientemente al Estado Italiano por las condiciones de espacio tan limitado a la que se sometían los privados de libertad. La masificación fue detectada y denunciada en el 2014, por lo que se le obligó a este Estado a que cumpliera el estandar mínimo de espacio que es de cuatro metros cuadrados por cada recluso. Para poder cumplir con este mandato Italia tuvo que aplicar la escarcelación a 14 mil personas en los últimos dos años.
También el conferencista marcó la diferencia entre legalidad y realidad penitenciaria que se le considera un termómetro del sistema penal y del país, así como de su estado de derecho. Una se refiere al deber ser, es decir la función de reeducar, socializar y defender los derechos humanos y la otra a lo que lamentablemente sucede en muchos centros de reclusión en el mundo.
El especialista considera que “hay que operativisar determinadas luchas aunque estemos pesimistas” Una de las actividades que al respecto considera de gran importancia es el monitoreo y control carcelario por medio de visitas, según su especiencia de observatorios nacionales y regionales.
El divulgar un conjunto de recomendaciones internacionales y la creación de un centro de investigación para que investigadores y académicos puedan encontrar en un solo lugar información como documentos legales, doctrinarios e informes sobre el tema son otras acciones que está dispuesto a emprender con más vigor en el futuro cercano.
Aclaró el abogado Rivera que la organización que dirige es independiente y sus informes son del conocimiento de los poderes legislativos, las defesorías de los habitantes, así como autoridades internacinoales tales como el Consejo de Europa y la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas.
Finalmente reconoció que la defensa de los derechos humanos es una lucha de resistencia colectiva en la que intervienen tanto la parte política como cultural. Sus herramientas, dijo, son tanto jurídicas, como políticas y periodísticas y aunque parezca difícil “estamos llamados a cumplir un deber quienes trabajamos en esta materia” afirmó.
La actividad, que se realizó en el auditorio de la Biblioteca de la Salud el lunes 18 de julio con la presencia y gran cantidad de funcionarios del Poder Judicial y de otras instituciones relacionas con el tema, fue organizada por las Facultad de Derecho y las Escuelas de Trabajo Social y Psicología, con la coordinación de la Vicerrectoría de Acción Social.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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