El diagnóstico temprano del cáncer mejorará gracias al ciclotrón que pondrá en funcionamiento la UCR, una moderna y costosa tecnología que no existía en el país (foto Pablo Mora).
Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
¿Sabía usted que en el futuro cercano la Universidad de Costa Rica (UCR) contará con un ciclotrón para el mejoramiento del diagnóstico y tratamiento del cáncer en el país?
La implementación de un Centro de producción de radiofármacos con ciclotrón y de un Sistema de diagnóstico por imágenes PET (Tomografía por Emisión de Positrones, por sus siglas en inglés), permitirá determinar la existencia de secciones cancerosas en el cuerpo humano, por medio de un radiofármaco.
Este será el gran aporte a la salud pública que dará el ciclotrón (acelerador de partículas), cuya construcción se espera esté concluida en el 2017 con un costo de casi $10 millones. El proyecto será financiado con un préstamo del Banco Mundial.
El Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum) contribuye con la protección del personal de la CCSS que labora con equipos que emiten isótopos radiactivos, mediante el control de las emisiones por medio de dosímetros físicos (foto archivo ODI).
El ciclotrón será operado por el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum), de la UCR, único centro en el país con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en el uso de las aplicaciones seguras y pacíficas de la energía nuclear.
En sus 13 laboratorios, este centro ofrece otros servicios a la sociedad costarricense. Uno de ellos es el análisis de partículas radiactivas en alimentos, que proporciona a instituciones, que como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), requieren verificar si existen contaminantes radiactivos en los alimentos importados de origen animal. También lo requieren empresas exportadoras de productos como banano, café, leche y azúcar, para certificar la ausencia de contaminación radiactiva en estos.
El análisis de alimentos, entre estos la leche, se realiza para verificar si existentes contaminantes radiactivos (foto archivo ODI).
Igualmente, la UCR protege al personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que labora con equipos que emiten radiaciones ionizantes, para que estas no pongan en riesgo su salud. El control de las radiaciones se efectúa mensualmente y en forma individual, por medio de dosímetros físicos. Este servicio también lo extiende a la industria (ver video Laboratorio de Dosimetría y Protección Radiológica).
La UCR realiza además la calibración de todos los equipos de medición de radiactividad de hospitales, clínicas privadas e instituciones estatales que lo soliciten.
El Cicanum es por ley un ente asesor de las autoridades nacionales en el tema de la importación de materiales que contengan uranio, enriquecido o empobrecido, así como cualquier otro tipo de uranio industrial, según el artículo 26-Bis de la Ley de Armas y Explosivos.
El temporal que afectó al país entre el 20 y el 27 de junio dejó pérdidas en los sectores agropecuario, infraestructura como diques, puentes y caminos (foto cortesía Catalina Ramírez).
Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
La Universidad de Costa Rica (UCR) ha trasladado sus recursos humanos y materiales a Turrialba para dar apoyo psicosocial a las personas afectadas por las inundaciones en esta zona.
Desde el lunes 29 de junio cuatro equipos interdisciplinarios de la UCR entraron a trabajar en 35 comunidades, en respuesta al llamado del Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias.
Los equipos están conformados por docentes y estudiantes de la Brigada de Atención Psicosocial en Situaciones de Emergencias de la Escuela de Psicología y estudiantes del Trabajo Comunal Universitario (TCU-550) “Gestión para la reducción del riesgo en comunidades amenazadas del país”, personal de la Sede del Atlántico (Turrialba), del Programa de Información Científica y Tecnología Satelital al Servicio de Prevención y Mitigación de los Desastres (PREVENTEC) y graduados de la Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y Atención de Emergencias, todos de la Universidad de Costa Rica.
El personal de la UCR elaboró un “Diagnóstico del impacto psicosocial de la emergencia invernal en el cantón de Turrialba” que permitirá a las instituciones pertinentes tomar acciones (foto cortesía Catalina Ramírez).
De casa en casa
Los cuatro equipos de la UCR van casa por casa para brindar primeros auxilios psicológicos que consisten en escucha y contención de las vivencias, experiencias y emociones de las personas afectadas por deslizamientos, pérdidas de caminos vecinales, inundaciones y daños en sus medios de producción.
Mediante la inspección a las comunidades, el contacto con los líderes comunales y la visita a los hogares realizan una evaluación del impacto psicosocial de la emergencia para identificar los factores de riesgo y factores protectores de salud mental. Este diagnóstico servirá de insumo para que las instituciones puedan continuar en los próximos días la atención de manera rápida y eficiente.
En las comunidades evalúan cuáles son las necesidades de personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, e incluso de sus animales, que requieran más ayuda para poder solventarlas. Hasta el momento, se han atendido las necesidades prioritarias tales como, la apertura de las vías de acceso interrumpidas.
Apoyo a dirigentes
Los equipos de la UCR se desplazaron hasta comunidades aisladas como Tres Equis y Cimarrones para brindar apoyo psicosocial a los afectados por las inundaciones (foto cortesía Catalina Ramírez).
Los universitarios además brindan acompañamiento psicosocial a dirigentes comunales, quienes han trabajado en los momentos más críticos de la emergencia, y dan apoyo para fortalecer los comités locales de emergencias. “Ellos actúan de manera muy rápida muy oportuna pero después de que pasa la emergencia es que aparece el estrés” explicó la Mag. Lorena Sáenz Segreda, coordinadora de la brigada.
Sáenz señaló que los equipos de atención de emergencias deben ser apoyados en su salud mental para que puedan seguir brindando apoyo en posibles emergencias que puedan suceder durante el invierno que apenas empieza.
A lo largo de las última década la UCR, por medio de la Brigada de Atención Psicosocial en Situaciones de Emergencias, ha ofrecido apoyo en los desastres provocados por los huracanes “Mitch”, “Juana” y “César”, en inundaciones en Limón y en Golfito, en los terremotos de Limón, Quepos, Parrita, Nicoya y Cinchona y en los deslizamientos del cerro Tapezco, en Arancibia, Jabonal, Alto Loaiza y en el cerro Jucó en Orosi, entre otros.
Instituto Clodomiro Picado es modelo en su accionar
Unas 250.000 personas se han beneficiado en Latinoamérica
Los antivenenos que produce el Instituto Clodomiro Picado de la UCR se destacan por su calidad y eficacia y son empleados no solo en Centroamérica, sino en muchos otros países latinoamericanos (foto Denis Castro Incera).
Lidiette Guerrero Portilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Gracias a los antivenenos de alta calidad y eficacia que produce el Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se contribuye por año con una atención clínica adecuada que le salva la vida, en promedio, a 4.500 personas mordidas por serpientes venenosas en el área centroamericana, de los cuales 500 o 600 corresponde a los casos de Costa Rica.
Esta gran contribución de la UCR es el resultado final de una exitosa labor en la que ha participado desde hace 45 años el ICP, guiado desde sus orígenes por una estrategia académico-humanista, en la cual se combina la investigación científica del más alto nivel, la actividad docente, el desarrollo tecnológico, la producción y distribución eficiente de los productos fabricados y la capacitación al personal médico, paramédico, enfermeras, bomberos, Cruz Roja, Guardia Rural, guardaparques, comunidades y grupos indígenas, entre otras poblaciones en riesgo.
Se calcula que al menos unas 250.000 personas se han beneficiado en Latinoamérica con los antivenenos del ICP.
Su filosofía de innovación y mejoramiento permanente, los lleva a producir sueros antiofídicos con los más estrictos criterios de la industria farmacéutica internacional, nutriéndose de los resultados de sus continuas investigaciones científicas, además de que cuenta con el respaldo del certificado de calidad norma Inte-ISO 9001: 2008 del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, (Inteco). Con ese certificado se garantiza la mejora continua de los procesos de producción de inmunobiológicos de uso terapéutico, así como la investigación biológica, biomédica y biotecnológica y la acción social en el tema de ofidismo.
El Dr. Guillermo León Montero, cooridnador de la División Industrial del Instituto Clodomiro Picado, se encarga de supervisar las diferentes actividades y procesos para la exitosa producción de los antivenenos ofídicos (foto: Jorge Carvajal Aguirre).
El ICP-UCR fabrica un suero antiofídico polivalente, otro anticoral, y dos productos de uso veterinario: el Polivet (antiveneno polivalente) y el AntiTet-ICP (antitoxina tetánica).
Con el propósito de responder a la demanda creciente de la población rural nacional y regional, que es la más afectada por los ataques de serpientes venenosas, se proponen aumentar su producción de antivenenos liofilizados (en polvo) con la reciente adquisición de un moderno equipo que permitirá preparar lotes de 10 000 frascos. La ventaja de los sueros en polvo es que no requieren ser almacenados en refrigeración, son estables a temperatura ambiente y tienen una vida útil más larga. Por ello, son de gran utilidad en regiones rurales donde los sistemas de refrigeración son deficientes.
El ICP-UCR es una institución líder y modelo en el campo científico universitario, por la calidad y excelencia de su investigación básica y aplicada, la gran cantidad de publicaciones científicas, su reconocido prestigio internacional y su participación en redes de alianza internacional. Por su amplia labor en pro de la salud pública, este instituto recibió el Premio Lee Jong- wook que otorga la Organización Mundial de la Salud.
Estudiantes desarrollan productos con base en la química
Helarticos es una línea de helados de palito con ingredientes muy originales como la uchuvva y la chía que además de tener buen sabor tienen propiedades para la salud (foto cortesía Helarticos).
Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Este viernes 03 de Julio de 9:00 am a 12:00 pm, se lleva a cabo la primera Feria de Emprendimiento, Desarrollo e Innovación (FEDI) donde estudiantes de diferentes carreras presentarán nuevos productos alimenticios y cosméticos.
Un licor floral, un tofu tipo queso crema, un gel para dolores menstruales, una bebida hidratante a base de agua de pipa y jugo de manzana, helados beneficiosos para la salud a base de frutas como la uchuva y la semilla de chía son algunos de los productos que estarán presentando en el aula multiuso de la Escuela de Estudios Generales.
Los estudiantes de primer año de diferentes carreras desarrollaron estos productos en el Curso de Química General y Biológica que imparte el Prof. Darío Chinchilla Chinchilla de la Escuela de Química, quien les brindó acompañamiento durante todo el proceso desde el desarrollo de la formulación hasta el estudio de mercado.
En esta feria los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar sus productos a la población universitaria, inversionistas, empresarios y público en general.
Un grupo de estudiantes desarrolló una deliciosa mermelada a base de mango (foto cortesía Laura Bolaños).
El profesor Chinchilla asegura que los productos elaborados por sus estudiantes con gran esmero cuentan con la calidad necesaria para abrirse un espacio en el mercado de los productos naturales, por lo que busca acercarlos a empresas e inversionistas que puedan estar interesados en su comercialización.
Chinchilla además destaca que este tipo de proyectos favorece el desempeño de los estudiantes en los cursos pues les permite aprender la aplicación que tiene la química a nivel práctico y que sí es posible innovar y emprender un negocio propio.
A inicios de este año el profesor Chinchilla llevó a cabo una experiencia similar con estudiantes de la Sede del Atlántico en Turrialba, con la cual pudo constatar cómo este tipo de proyectos inciden positivamente en el aprendizaje de los estudiantes y les abre nuevas perspectivas sobre su futuro como emprendedores y emprendedoras.
En la feria participan los mejores proyectos desarrollados por estudiantes de las carreras de Enfermería, Economía Agrícola y Agronegocios, Educación Física, Terapia Física, de la Sede Rodrigo Facio y Agronomía de la Sede Atlántico.
La primera Feria de Emprendimiento, Desarrollo e Innovación (FEDI) es organizada por la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica.
Servirá de apoyo a carrera que forma maestros y maestras cabécares
La inauguración del módulo estuvo a cargo del Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica y del Dr. Álex Murillo Fernández, director de la Sede del Atlántico, acompañados por el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración de la UCR (foto Marvin Ruiz Velásquez).
Lidiette Guerrero Portilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Un Módulo de Educación Indígena (MEI) que, en idioma cabécar se le ha comenzado a llamar Sá bëna ju (Nuestra Casa), construido en las instalaciones de la Sede del del Atlántico de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Turrialba, fue inaugurado recientemente con la participación de las autoridades universitarias.
La construcción de 150 metros cuadrados requirió de una inversión de ¢65 millones, según lo informó el director de la Sede del Atlántico, Dr. Alex Murillo Fernández, quien explicó que es un espacio especialmente dedicado a los 23 nuevos estudiantes cabécares de la carrera interuniversitaria de Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II Ciclos, con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar.
En la construcción del módulo atendieron los requirimientos de acceso de la ley 7600. A este módulo la han comenzado a llamar Sá bëna ju, que quiere decri Nuestra Casa en cabécar (foto Marvin Ruiz Velásquez).
El costo de la obra la asumió la Rectoría de la UCR, como apoyo a esta carrera que se desarrolla colaborativamente con la participación de dos universidades estatales más, entre ellas la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y con el financiamiento del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Según dijo la M.Sc. Hannia Watson Soto, coordinadora de la carrera en la Sede, el profesorado de Lengua y Cultura Cabécar quiere llamarle Sá bëna ju a esas instalaciones porque consideran que recoge la aspiración tanto de la Universidad como de las comunidades indígenas de abrir el acceso y poder participar en la educación superior pública costarricense.
El director de la Sede del Atlántico, Dr. Alex Murillo Fernández comparte dentro de las instalaciones inauguradas con el Rector Henning Jensen, el Dr.Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración y con el Dr. Eval Araya, docente universitario y asesor de Rectoría (foto: Marvin Ruiz Velásquez).
Durante la inauguración, el Rector Henning Jensen Pennington expresó que ese módulo es de un gran simbolismo, porque representa el valor de la inclusión social y la democratización del acceso a la educación superior.
Según dijo “vivimos en una época de profundas desigualdades en el país y como institución de educación superior estatal estamos obligados a hacer los mejores esfuerzos por brindar oportunidades a todos los sectores de la sociedad costarricense”.
Según lo expresó el Rector “esta sociedad es pluricultural y multiétnica y desde la UCR y con plena conciencia apoyamos el acceso a la educación superior de estos estudiantes cabécares universitarios”.
En el Liceo de Grano de Oro es donde reciben algunas clases los 23 estudiantes de la nueva promoción de la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II ciclo, con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar (foto:Marvin Ruiz Valásquez).
Problemas de transporte
El nuevo grupo de estudiantes forma parte de la segunda promoción de esa carrera, todos son docentes en ejercicio y proceden de las comunidades de Tsipí , Txiniclorí, Tulesi, Guayabayäka, Kabebata, Bóyeinak, Ñukakicha, Sarclí-Juito, Konobata, Xiquiarí, Alto Pacuare, entre otras.
Por razones de distancia entre esas comunidades de donde residen o trabajan los nuevos estudiantes y la Sede del Atlántico, ubicada en el centro de Turrialba, se decidió impartirles la mayoría de las lecciones en el Liceo de Grano de Oro, de Chirripó, lugar en donde converge la mayoría, porque viven o trabajan cerca y que solo asistan a la Sede Universitaria cada quince días.
Según explicó Watson en una evaluación que hicieron algunos de los estudiantes se quejaron del desgaste físico que representa llegar a clases a Turrialba, pues deben caminar hasta ocho horas o se desplazaban caminando hasta las rutas de acceso vehicular y cuando tenían suerte viajaban en moto o en el cajón de algún pick up que accedía a llevarlos.
En ese contexto la construcción del MEI es una acción no solo afirmativa, sino también para visibilizar el compromiso que de manera colaborativa se asumió desde el año 2014 con la UNA y la UNED, manifestó Watson, quien aclaró que por la necesidad de espacio en la Sede del Atlántico, el MEI no es de uso exclusivo para el grupo de estudiantes, pero sí de prioridad.
Más cercanía cabécar
Al referirse a los beneficios de impartir las lecciones en el Liceo de Grano de Oro, Watson comentó que esto favorece la participación del profesorado cabécar en el desarrollo de las lecciones, ya que se requieren dos personas por curso para lograr que sea bilingüe y además se logra que las autoridades locales cabécares se acerquen más al proceso, para que sean efectivas las acciones de respeto a los procesos autonómicos del Territorio Duchí.
En el MEI los estudiantes cabécares reciben algunas lecciones, cuando visitan la Sede del Atlántico (foto: Marvin Ruiz Velásquez).
Además durante este ciclo lectivo están apoyándolos con la alimentación de los viernes y sábados en que reciben las lecciones y contrataron el hospedaje en la comunidad para14 personas que son las que residen en las zonas más alejadas y no tienen nadie que les acoja en su casa. Estos beneficios son cubiertos con el presupuesto otorgado por Conare.
El plan de estudios de esta carrera tiene un total de 126 créditos, nueve ciclos lectivos, incluidos los Estudios Generales y deben cumplir con las 300 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU), para obtener el título de Bachillerato. Además deben llevar los cursos del énfasis en pedagogía intercultural bilingüe, en didáctica de la escritura y la lectura, de Matemática, Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Español desde un contexto multilingüe, sin dejar por fuera la identidad y los cambios culturales, la fonología y la ortografía del cabécar y la cosmovisión cabécar, entre otros.
En todo el proceso de planeamiento, diseño y ejecución de este proyecto académico han participado las tres universidades estatales y gracias a esa unión de esfuerzos se pueden apoyar a estos alumnos en sus necesidades.
Hace un año se graduó el primer grupo de doce maestros y maestras bilingües y todos trabajan actualmente en territorios cabécares en Chirripó, en el Valle de la Estrella y en Ujarrás de Puntarenas.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el concepto de vivienda de interés social fueron objeto de análisis por parte de un conjunto de profesionales provenientes de organizaciones relacionadas con dicha temática (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).
Escuela de Arquitectura aporta en el estudio de la realidad nacional
Otto Salas Murillo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Ante la discusión que se ha generado en el país sobre la situación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), elGrupo de Estudios Urbanos (GEU) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha analizado los elementos que componen esta disyuntiva y encontraron que se ha centralizado en el campo económico-financiero, mientras que las variables sociales y territoriales han quedado rezagadas.
Por eso, para crear un espacio de discusión al respecto, el GEU realizó el Foro-Taller denominado: La vivienda que construye hábitat, cuyo objetivo principal era aportar propuestas que vinieran a mejorar la habitabilidad en el territorio.
La actividad se desarrolló en el mes de junio en la Escuela de Arquitectura y participaron funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, municipalidades, entidades autorizadas del SFNV e integrantes de grupos organizados de la sociedad civil.
Desarrollo urbano con sentido social
La Arq. Sonia Montero Díaz, presidenta ejecutiva del INVU y una de las presentes en este foro, manifestó que se está trabajando para que la vivienda de interés social deje atrás el significado de pobreza y marginalidad que tiene en nuestro medio, “este concepto debe integrarse dentro de una planificación urbana que venga a mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses”, apuntó Montero.
Por su parte, el coordinador del foro-taller, Arq. Isaac Salgado Ramírez, resumió en una presentación final los alcances de esta sesión e indicó que en Costa Rica se tiene la visión de que la vivienda de interés social es la que se construye subsidiada por el Estado, a bajo costo y exclusiva para personas de bajos recursos, “esta forma de entenderlo genera grandes sesgos y limita las posibilidades que tiene la vivienda en la construcción de un hábitat más inclusivo”, acotó Salgado, quien es profesor e investigador del GEU.
El Arq. Isaac Salgado Ramírez, profesor de la Escuela de Arquitectura e investigador del GEU, y la presidenta ejecutiva del INVU, Arq. Sonia Montero Díaz, brindaron declaraciones sobre lo que se estudió en el foro-taller: La vivienda que construye hábitat (foto Otto Salas).
Representa un gran logro que el Estado haya reconocido que existe un sector de la población que no podría acceder a la vivienda digna sin su intervención, expresó Salgado, de ahí la creación del SFNV, “pero a la vez este enfoque poblacional ha generado una serie de problemas asociados a la incapacidad que tiene la vivienda, por sí sola, de mejorar la condición socioeconómica de las personas y a la concentración de la pobreza en zonas homogéneas del territorio”, agregó.
Sin embargo, dijo el arquitecto, la inversión gubernamental realizada hasta el momento no ha sido eficaz, por lo que el parque habitacional se ha deteriorado y la pobreza no se ha reducido por consecuencia de la construcción de viviendas de interés social.
“Ante este panorama el Estado ha tenido que invertir nuevamente en esas zonas con servicios urbanos básicos, labor que no se hizo en un principio y que por ende resulta más caro; en otras palabras: la inversión estatal en vivienda, en lugar de disminuir el déficit cuantitativo, generó un déficit cualitativo, reflejado en el deterioro visible de nuestras ciudades”, detalló.
Propuestas para mejorar habitabilidad del territorio
La propuesta sobre la vivienda que construye hábitat, concepto trabajado en esta actividad, se enfoca en entender el problema descrito no solo desde el acceso, sino desde las múltiples aristas que se pueden determinar en la relación que existe entre las personas y su entorno, así como la incidencia que tiene dicha relación en las condiciones socioeconómicas.
La Escuela de Arquitectura de la UCR se mantiene muy activa dentro de la agenda nacional en temas de renovación de espacios públicos, vivienda y urbanismo, mediante el Trabajo Comunal Universitario, organización de foros y proyectos de investigación que involucran tanto a estudiantes, como a docentes (foto Archivo ODI).
“Se vuelve necesario revisar el protagonismo de la oferta de mercado y la relación que tiene con la demanda y los beneficiarios del SNFV. A la vez, plantea la necesidad de generar información adicional que permita orientar las acciones de articulación socioespaciales de un territorio visiblemente fragmentado, lo que permitiría tomar decisiones más acertadas en cuanto a la priorización y financiamiento de proyectos con fondos públicos”, planteó Salgado.
Así las cosas, este foro-taller generó un conjunto de medidas progresivas para el cumplimiento de la vivienda adecuada como derecho de las personas, por lo que sugieren el establecimiento de una política nacional para la construcción de un hábitat inclusivo, que venga a determinar las acciones necesarias para la elaboración de un marco general que siga los siguientes pasos:
Crear una ley general de vivienda de interés social más clara en cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado para cumplir el derecho a la vivienda.
Crear una ley de mecanismos de control de especulación del suelo para proteger a las personas frente a los abusos del mercado, ya que esto atenta contra la función social de la propiedad como deber de los propietarios de poner a disposición del bien común y aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Crear una ley marco sobre hábitat inclusivo e integración social que retome los esfuerzos por cumplir el derecho a la vivienda adecuada, que trascienda la voluntad del gobierno y se vuelva un compromiso permanente del país.
Para concluir la Arq. Sonia Montero Díaz hizo hincapié en que estas propuestas vienen acompañadas de otros aspectos, como la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios que acompañen a las comunidades en la construcción de lineamientos que incluya las opiniones de las y los actores comunales, además de recuperar espacios residuales y crear espacios públicos colectivos, para maximizar los lazos sociales y así mejorar la calidad de vida mediante el esparcimiento y el ocio.
Kembly Camacho, coodinadora de Sulá Batsú, Ana Marcia Aguiluz, directora del CEJIL y Nora Garita, directora del Ciem revisaron el convenio firmado días atrás por el rector de la Universidad de Costa Rica Henning Jensen Pennington (foto Laura Rodríguez).
Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (Ciem)
Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina Oficina de Divulgación e Información
Dos convenios firmados recientemente entre el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (Ciem) de la Universidad de Costa Rica y dos reconocidas organizaciones en el campo de los derechos humanos y las nuevas tecnologías de la comunicación abren nuevas fronteras de trabajo para la defensa de los derechos de las mujeres.
Las alianzas con la Fundación CEJIL Mesoamérica y la Cooperativa Sulá Batsú, facilitarán trabajos conjuntos en temas como: la protección de los derechos humanos de las mujeres para evitar la violencia obstétrica, la participación de la mujer en las carreras y trabajos de ingeniería, ciencia y tecnología, así como la capacitación de grupos de mujeres en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información.
Para celebrar la firma de dichos convenios, representantes de las tres instituciones se reunieron el lunes 29 de junio en las instalaciones del Ciem, ubicado en Barrio Dent, donde compartieron perspectivas sobre los proyectos que emprenderán juntas a partir de esta nueva alianza.
Investigación acción
El equipo del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (Ciem) celebró la firma de ambos convenios (foto Laura Rodríguez).
Este acercamiento permitirá que las investigaciones que se realizan en el Ciem puedan sustentar la labor de las abogadas del CEJIL, una institución con una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos en América Latina.
Al respecto, la Mag. Ana Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México, señaló que el hecho de que haya estudios elaborados por un centro de investigación de la Universidad de Costa Rica les permite tener mayor fuerza a la hora de argumentar en los casos que litigan: “queremos proponer reformas estructurales, queremos incidir en cambios a nivel de los países y la investigación académica sustenta lo que nosotros vemos desde lo jurídico”.
Un ejemplo de esto, es el trabajo de investigación que viene realizando la académica Dra. Gabriela Arguedas en el tema de la violencia obstétrica y derechos humanos, el cual ha respaldado al CEJIL en un caso sobre el aborto terapéutico en El Salvador, y en conjunto buscan tipificar la violencia obstétrica en Costa Rica como un delito.
Representantes del Ciem, Sulá Batsú y Cejil compartieron sus expectativas del trabajo conjunto que podrán realizar a partir de los convenios firmados (foto Laura Rodríguez).
Análisis y capacitación
Por otra parte, la alianza entre el Ciem y Sulá Batsú fomentaría la discusión y análisis sobre la manera en que se imparten las carreras tecnológicas en las universidades y la cultura profesional de este sector que afecta la participación de las mujeres en la ingeniería, la ciencia y la tecnología, un tema en el que Sulá Batsú ha venido generando acciones, modelos y programas para la inserción de las mujeres.
Sulá Batsú es una cooperativa de servicios profesionales dedicada a trabajar en la apropiación social de las tecnologías y muy fuertemente con las mujeres, explicó su coordinadora general Ing. Kembly Camacho Jiménez. “Me parece trascendental que empecemos a firmar convenios entre universidad y otras organizaciones, que la investigación académica se nutra de nosotros que trabajamos desde otros lugares y que ustedes nos nutran a nosotros y llevar a cabo acciones en conjunto”.
La Dra. Nora Garita Bonilla, directora del Ciem, asegura que con el apoyo de esta cooperativa se fortalecerá un proyecto que desde hace varios años realizan Alberto Sánchez y Camila Ordóñez con mujeres migrantes nicaragüenses que se emplean en el trabajo doméstico para darles capacitación en nuevas tecnologías para su mejor inserción en este país. “Estos convenios significan estrechar vínculos con dos organizaciones de muchísima trayectoria que tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de las mujeres” expresó Garita.
Por su parte, la Dra. Moserrat Sagot Rodríguez, sub directora del Ciem señaló que las tres organizaciones se verán beneficiadas de esta nueva alianza en un contexto en el que se reducen los apoyos y financiamientos «cuando empieza incluso a cuestionarse el papel de las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales progresistas o hasta el mismo papel de la universidad, me parece que trabajamos en temáticas en que si no hacemos redes de apoyo de solidaridad de compartir información el trabajo se ve mucho más limitado”.
Dentro de las correcciones que se buscan hacer al Reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones está ampliar el marco legal para que sea más completo, claro y se adecúe a la realidad del país (foto Archivo ODI).
Comisión estatal busca actualizar ley que está vigente desde hace más de 30 años
Otto Salas Murillo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Un equipo de profesionales de diversas instituciones públicas se ha encargado de estudiar el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente, para poder realizar las actualizaciones pertinentes.
Este Reglamento data de 1982 y es uno de los principales instrumentos que utilizan las municipalidades para regular las construcciones o reparaciones de edificaciones que hacen las y los ciudadanos en sus circunscripciones territoriales.
De ahí que la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizó la mesa redonda denominada: ¿Es necesario un nuevo reglamento para el control de fraccionamientos y urbanización?, en el mes de junio en la Sala Multimedios de la Facultad de Ingeniería.
Allí participaron el Mag. Mario Arce Guillén, asesor legal de la comisión que analiza el Reglamento; el Lic. Miguel Cortés Sánchez, coordinador de dicha comisión; la Arq. Karla Barrantes Cháves, investigadora del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR); el Ing. Luis Fernando Chacón Monge, docente de la Escuela de Ingeniería Topográfica y su director, el M.Sc. Juan Antonio Picado Salvatierra.
Urbanismo con reglas claras
El Lic. Miguel Cortés Sánchez, además de ser el coordinador de la comisión que analiza el actual Reglamento, es geógrafo de profesión graduado de la Universidad Nacional y trabaja en la Municipalidad de Heredia (foto Laura Rodríguez).
Arce Guillén comentó que una variable que se debe tomar en cuenta es el constante agotamiento de los recursos naturales, situación que impacta en todo el país y como ejemplo citó que la realidad territorial ha sido modificada.
Asimismo insistió en que lograron detectar vacíos en el reglamento actual que impiden el cumplimiento de aplicaciones legales, “la planificación urbana local es una función inherente a la municipalidades y estando fijados los límites del ejercicio los reglamentos o planes reguladores son desarrollo de esos principios. Por lo tanto, qué es lo que viene a hacer este reglamento, pues a desarrollar el marco legal y la Sala Constitucional ha sido tajante en que dichas cuestiones no violentan el régimen de propiedad privada ni de libre empresa, sino que simplemente otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos para garantizar un desarrollo racional y armónico”, declaró Arce Guillén.
Por su parte Cortés Sánchez explicó que el reglamento se resume en cuatro apartados: Disposiciones Legales; Criterios para utilización y transformación del suelo; Disposiciones aplicables a la transformación del suelo en espacios públicos y privados; e Instrumentos de gestión del suelo.
Según detalló, el objetivo general que buscan es orientar la ocupación del territorio hacia procesos de urbanización que garanticen el uso eficiente del suelo, “la intención es cambiar el modelo de ciudad que tenemos porque no es sostenible en el tiempo; el suelo es un recurso natural que, al igual que el agua, se agota por lo que tenemos que ser eficientes. Hay que promover procesos de urbanización que apunten a esto, por eso es necesario hacer una categorización del suelo y decir bajo qué criterios vamos a considerar qué es urbano, qué no lo es y qué sí podría ser urbanizable”, subrayó Cortés Sánchez.
El Mag. Mario Arce Guillén es abogado especialista en Derecho Público y Derecho Urbanístico, asesor legal de la comisión y profesor de la Maestría de Diseño Urbano de la UCR (foto Laura Rodríguez).
Cortés Sánchez añadió también que el crecimiento predio a predio, lo que se conoce como alamedas, es el principal reto en cuanto al crecimiento urbano que tiene el país, ya que utilizan grandes extensiones de suelos para urbanizar y en muchos casos no permiten trazar una red vial que se enlace con otros sectores.
Al respecto, la Arq. Karla Barrantes Cháves mencionó que el ordenamiento territorial es clave para el desarrollo integral de Costa Rica y este tipo de reglamentos buscan precisamente cumplir esa meta.
“Gracias a los portillos que abre el actual reglamento se han generado un montón de fraccionamientos y como resultado tenemos que muchas personas no tienen el mismo acceso a educación, transporte público y fuentes de empleo que tienen las personas que viven en los centros urbanos, esto ha creado enormes desigualdades sociales que han repercutido en la calidad de vida de esas personas. Hoy en día vemos desarrollos inmobiliarios en tierras que deberían ser agrícolas o en zonas montañosas, este tipo de cosas han generado problemas territoriales que todos pagamos, pues las municipalidades tienen que llevar servicios e infraestructura a esos desarrollos que están en medio de la nada”, advirtió Barrantes Chávez.
Finalmente, el M.Sc. Juan Antonio Picado Salvatierra hizo énfasis en que la UCR tiene que ser muy activa en este tipo de temas y mantener su presencia en el accionar de nuestra sociedad, para así devolver con creces la inversión que se hace en educación.
Al mismo tiempo, Picado Salvatierra resaltó la necesidad de que existan reglas claras que ordenen el avance del país en todos sus aspectos y uno de los más esenciales es el desarrollo urbano, pues nos afecta a todas y todos.
El rector Dr. Henning Jensen presentó su Informe Anual 2014-2015 el jueves 25 de junio en el auditorio de la Facultad de Derecho. Foto: Pablo Mora/Rectoría.
Desde su fundación hace 75 años, la Universidad de Costa Rica (UCR) sigue siendo parte del proyecto de un Estado Social de Derecho y avanza en su intensa misión académica y de vínculo social, a pesar de algunos intereses ideológicos y políticos que se oponen a su independencia.
Este fue el mensaje central en el cierre de la presentación del Informe Anual del Rector 2014 – 2015, realizado por el Dr. Henning Jensen Pennington frente al auditorio de la Facultad de Derecho, que estuvo colmado de funcionarios, estudiantes e invitados externos.
“No podemos ignorar las fuerzas ideológicas y políticas que se oponen a la independencia de la universidad, que evaden reconocer el peso de los aportes históricos y permanentes que la UCR hace al país y buscan someter la distribución de los fondos públicos al principio del mercado”, sentenció el Dr. Jensen.
El rector realizó una exposición que cubrió los aspectos fundamentales del quehacer de nuestra institución. Destacó los muchos aportes que la UCR ha brindado a la sociedad costarricense, mismos que la han posicionado como la mejor universidad de Centroamérica y el Caribe, y una de las mejores de América Latina.
En el eje de Asuntos Estudiantiles, el Dr. Jensen resaltó que el presupuesto para el Sistema de Becas aumentó cerca de un 20% en el 2014 con respecto al año 2013, al pasar de 11.381 millones a 13.563 millones de colones. Esto ha permitido dotar de ayuda socioeconómica hasta un 82% de estudiantes en sedes y recintos universitarios. En total, más de la mitad de los estudiantes se vieron beneficiados con alguna categoría de beca.
El rector informó que el proyecto Admisión Diferida, impulsado por las vicerrectorías de Docencia y de Vida Estudiantil, es uno de los más importantes cambios realizados al proceso de admisión en las últimas décadas para mejorar el acceso a la educación superior. Su propósito es favorecer la aceptación de estudiantes provenientes de colegios y zonas socialmente desfavorecidas. Bajo este esquema, en el 2015 se abrieron 550 cupos.
En cuanto a la Investigación, el Dr. Jensen destacó los 1813 proyectos, actividades y programas correspondientes al 2014. De ellos, 1352 son propiamente proyectos de investigación, 85 más que los reportados en el 2013. Este impulso también se vio reflejado en las publicaciones en revistas nacionales o internacionales, que sumaron 653 documentos científicos (16% más que en 2013).
En el 2014 se evidenció un crecimiento histórico en infraestructura, con la construcción de megaproyectos como el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, la biblioteca UCAGRO, la nueva sede de Educación Continua y de la Escuela de Matemática-CIMPA, así como las nuevas Residencias Estudiantiles en la Sede Rodrigo Facio. La inversión total de las obras fue superior a los 23.500 millones de colones.
Destacó el impulso de la internacionalización con los 42 ex becarios (36 doctorados y 6 maestrías) que se reincorporaron al quehacer de la UCR en el 2014. En cuanto al vínculo Sociedad-Universidad, se gestionaron 146 proyectos de Trabajo Comunal Universitario que sumaron 983.850 horas trabajadas por los estudiantes en beneficio de las comunidades y del país. Todo ello se suma a los 439 proyectos de Extensión Docente y otros 101 de Extensión Cultural.
Si usted desea conocer el detalle del Informe Anual 2014-2015 del Rector puede visitar el inicio de nuestro sitio web: www.rectoria.ucr.ac.cr.
Enviado a SURCOS Digital por Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Para la UCR la protesta pública es una forma de ejercicio del derecho de reunión y de libertad de expresión (foto Andrea Jiménez).
Arturo Padilla Chinchilla,
Periodista Consejo Universitario
La Universidad de Costa Rica (UCR) condenó todo tipo de criminalización de la protesta social pacífica, e instó a las autoridades nacionales a que tomen todas las medidas necesarias para prohibir esta criminalización en el país.
Así lo planteó el Consejo Universitario mediante un pronunciamiento aprobado en la sesión N. 5909, de este 23 de junio, a raíz de que dos docentes y dos estudiantes de la UCR afrontan un proceso penal que se encuentra en la etapa de audiencia preliminar, por la supuesta alteración del orden público, durante una protesta pacífica el 8 de noviembre de 2012, en las afueras de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Esta no es la primera vez que este Órgano Colegiado rechaza este tipo de censura al derecho de expresión. Lo hizo, también, en las sesiones N.° 5446, de 2010, y N.° 5685, de 2012, en las cuales ratificó el compromiso de la UCR con la defensa de la institucionalidad pública y los derechos democráticos.
“La Universidad de Costa Rica y el movimiento estudiantil, como actores políticos nacionales, han reivindicado, históricamente, el derecho a la protesta social pacífica”, indicó el Consejo Universitario.
Aumento en la criminalización de la protesta
El Consejo Universitario señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su segundo informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en América, del año 2011, destacó que, en años recientes, se ha presentado un creciente inicio de acciones penales en algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales por la reivindicación de sus derechos.
Según el informe, el argumento utilizado para justificar este tipo de censura es que las manifestaciones podrían perturbar el orden público o transgredir la seguridad del Estado.
Al respecto, en Costa Rica existe una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000), en la cual se sustenta, también, el Consejo Universitario, y que establece que, ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas.
