La Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente y el Museo Regional de San Ramón invitan al debate por la alcaldía del cantón de San Ramón 2024, este se realizará el próximo jueves 25 de enero a las 6:00 p m, en las instalaciones del Museo Regional del San Ramón.
Este tiene el objetivo de fomentar el ejercicio del derecho al acceso a la información por parte de la población, buscamos abrir un espacio que favorezca la presentación y discusión de propuestas en un marco de respeto y a la altura de las necesidades del cantón ramonense.
Todas las candidaturas a la alcaldía debidamente inscritas en el Tribunal Supremo de Elecciones están invitadas: Stefany Ulloa Guerrero del Partido Unidos Podemos – San Ramón, Vilma Patricia Fallas Méndez de Nueva República, Gabriela Jiménez Corrales del Partido Unidad Social Cristiana, Enid Cruz Ramírez de la coalición Frente Amplio San Ramon, Oria Ruiz Murillo Partido Liberación Nacional Oscar Protti Partido Recicladores y Visionarios.
La Universidad de Costa Rica se encuentra ante una encrucijada que amenaza con alterar su estructura interna y la calidad de la educación superior en el país. La implementación de la Ley Marco del Empleo Público, en marzo de este año, ha desatado debates cruciales sobre el futuro de la institución.
Uno de los puntos de mayor controversia es la posible adopción del «salario global». Esta medida, que implica asignar salarios según categorías predefinidas sin tener en cuenta la experiencia, antigüedad o talento individual, plantea serias preocupaciones. En un contexto de presión fiscal, donde la contención del gasto es primordial, la implementación del salario global podría poner en riesgo la capacidad de la universidad para atraer y retener profesionales altamente calificados.
En un país que ha destacado en la región por la calidad de su educación superior, el riesgo de desincentivar a los profesionales mediante salarios no competitivos es evidente. La Dra. Juliana Martínez Franzoni señala que Costa Rica ha perdido su rumbo, y este dilema amenaza con agravar la situación.
La discusión se amplía al impacto en la autonomía universitaria, un pilar fundamental de la democracia costarricense. La autonomía universitaria, según la Constitución Política, garantiza que las instituciones puedan organizarse y regularse sin interferencias externas. La propuesta del salario global amenaza directamente esta autonomía, otorgando al Poder Ejecutivo un control significativo sobre la política salarial de instituciones autónomas.
El profesor Mauricio Castro, experto en Derecho Laboral, destaca cómo el salario global representa una amenaza para la estabilidad laboral y la capacidad de negociación de los trabajadores. Además, la posibilidad de congelar salarios y la falta de pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre ciertos aspectos generan incertidumbre.
En un contexto histórico que llevó a la democratización del poder tras situaciones de caos y corrupción, es crucial recordar la importancia de mantener límites al Gobierno Central y preservar la autonomía de las entidades públicas.
La comunidad universitaria, consciente de la necesidad de una revisión salarial, insta a un diálogo abierto y constructivo que permita encontrar soluciones equitativas sin comprometer la calidad educativa ni la autonomía institucional.
Compartimos tres breves videos explicativos de aspectos claves de este tema y una charla amplia del doctor Mauricio Castro:
La delegación conformada por profesores y estudiantes de la UCR fue el representante de Costa Rica en la Escuela Temática Internacional 2024. Foto: Juan José Alvarado. UCR.
Un grupo conformado por cuatro docentes y dos alumnos asistió a una de las actividades científicas organizadas por la Universidad Côte d’Azur.
Una comunidad educativa universitaria formó parte de la Escuela Temática Internacional (ETI) “Las sociedades ante las vulnerabilidades medioambientales” coordinada por la Universidad Côte d’Azur del 8 al 12 de enero.
El objetivo principal de la ETI 2024 fue reforzar las reflexiones individuales y colectivas de investigadores, doctorandos y estudiantes de distintos países y disciplinas de las ciencias humanas y sociales, con el propósito de ayudar a jóvenes investigadores a progresar en la formulación, el posicionamiento científico y la aplicación práctica de su propio proyecto de investigación.
Parte de esta iniciativa era relacionar la vulnerabilidad ambiental con diferentes ramas disciplinarias, tales como: la antropología, psicología, geografía, salud social, historia ambiental, filosofía, entre otros.
La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Côte d’Azur, ubicada en Niza, Francia, mantienen una relación de cooperación desde el 2022. En este mismo año, un grupo de la UCR tuvo la oportunidad de participar por primera vez en la ETI, lastimosamente en esa ocasión, los investigadores no pudieron acudir debido a la pandemia e hicieron sus presentaciones de manera virtual.
Por parte de la UCR asistieron cuatro profesores, entre ellos: el Dr. Antony Goebel Mcdermott, Dr. Mauricio Mora Fernández, Dr. Adolfo Quesada Román y Dr. Juan José Alvarado Barrientos; dos estudiantes: Silvia Guzmán y Jasón Borbón del posgrado profesional en Gestión de Riesgo de la Escuela de Geología.
En total participaron 11 docentes y 16 alumnos de maestría, doctorado y posdoctorado de Costa Rica, Italia, México y Francia.
El Dr. Alvarado, de la Escuela de Biología, destaca la oportunidad de compartir con profesionales de otros países:
“Estas experiencias son muy buenas, escuchar colegas con diferentes experiencias y cómo abordan sus temas. Esta actividad tenía un enfoque trans y multidisciplinario, nos salimos totalmente de nuestra zona de confort”.
En la ETI 2024 se le brindó a los participantes herramientas conceptuales y metodológicas que les ayudarán a construir sus propios objetos de investigación y a elaborar métodos más adecuados de manera reflexiva y crítica. También durante la semana, los profesores y estudiantes fueron parte de sesiones temáticas, talleres, conferencias y debates.
Los docentes de la UCR dieron una charla sobre vulnerabilidad focalizada en su área, mientras que los alumnos de maestría presentaron sus proyectos o anteproyectos de tesis ante las demás personas. Finalizado cada coloquio, los profesionales se encargaban de aportar retroalimentación, ideas de investigación y perspectivas desde otras disciplinas.
Del lunes 8 al jueves 11 de enero se realizaron las respectivas exposiciones, mientras que el viernes 12 las personas hicieron trabajo independiente y recibieron comentarios por parte de los profesores. Jasón Borbón (izq.), Silvia Guzmán (centro) y Adolfo Quesada Román (der.). Foto: Juan José Alvarado. UCR.
También, el biólogo resaltó el trabajo hecho por los estudiantes:
“Este año el nivel que demostramos fue más elevado que en el 2022, los muchachos presentaron sus proyectos, liberaron dudas y se mantuvo una discusión para darles nuevas ideas. Las charlas y preguntas fueron en francés, inglés y español, el idioma no fue una barrera para nosotros”.
El Dr. Alvarado espera que en un futuro estos cursos se puedan realizar en la UCR y se cuente con la participación de las instituciones involucradas. Además, hace hincapié en que se repliquen las escuelas temáticas en nuestro país, con la finalidad de unir otras disciplinas y buscar soluciones en conjunto.
Fabricio Rosales López Asistente de comunicación en la sección de prensa, UCR
Este 2024, la UCR abre nuevamente sus puertas para recibir a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores interesados en tener atención oral.
A partir del lunes 22 de enero y hasta el viernes 26 de este 2024, la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) abrirá sus puertas para valorar a todas las personas interesadas en recibir algún tratamiento dental.
La revisión de pacientes se realizará en las instalaciones de la Facultad de Odontología, en San Pedro de Montes de Oca, en un horario único de 7:00 a. m. A esta hora se repartirán las fichas, las cuales —por día— serán de 50 espacios para el público en general y 10 para las personas adultas mayores.
Algo muy importante es que las fichas serán otorgadas según sea el orden de llegada de las y los interesados de manera presencial a la facultad. Al concluir la semana se espera haber valorado a casi 300 personas.
“Vamos a recibir tanto a personas de la comunidad universitaria como al público en general, desde niños (de 0 a 12 años) hasta adultos mayores que requieran tratamientos odontológicos. En esta revisión lo que hacemos es valorar a las personas para ver si pueden calificar, o no, dentro de lo que nosotros establecemos como requisitos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas admitidas después de la revisión serán solamente aquellas que le permitirán a nuestros estudiantes avanzados de la carrera completar su formación profesional”, mencionó el Dr. Alejandro Sáenz Gutiérrez, docente de la Facultad de Odontología de la UCR.
Para asistir a la revisión usted debe traer un documento de identificación vigente (original y copia) y el carné de vacunación con el esquema completo contra el COVID-19 (dos dosis mínimo).
Si, en cambio, desea que una persona menor de edad reciba la atención, este tiene que estar acompañada por un adulto responsable, quien deberá cumplir con los requisitos mencionados anteriormente y portar la cédula del menor (o el certificado de nacimiento), así como el carné de vacunación del niño.
“En esta ocasión, la convocatoria es más integral y no nos estamos enfocando en áreas o especialidades, sino que cualquier persona que tenga alguna necesidad de un tratamiento odontológico puede acercarse para ser valorado y luego, como le comentaba, nosotros definimos si su condición es parte de lo que necesitamos para la formación de los estudiantes. Repito: no necesariamente por venir a ser revisados implica que serán atendidos. La admisión final se da con base en los requisitos pedagógicos”, recapituló el Dr. Sáenz.
Dentro de los servicios que se le ofrecerá a la población están la extracción de dientes, tratamientos de nervio, encía, calzas, coronas, limpiezas, disminución de sarro y puentes dentales.
En caso de que a la persona le falte más de un diente se le da una prótesis fija o removible y, en situaciones muy específicas, prótesis totales para aquellos que ya no tienen ninguna pieza dental. Asimismo, se realizan tamizajes orientados a evaluar la sospecha de cáncer oral.
En cuanto a niñas y niños, a estos se les atienden problemas de caries, dientes desalineados y se les aplica ortodoncia, no frenillos, para corregir la mordida y la posición de algunos dientes.
En caso de ser admitido, ningún tratamiento dado en la UCR es gratuito. Sin embargo, al ser un servicio proporcionado por los estudiantes bajo supervisión docente, posee un costo monetario muy bajo, mismo que se le da a conocer al paciente una vez que sea seleccionado. El monto a pagar se determina con base en las necesidades orales específicas de cada individuo.
En caso de tratarse de personas económicamente vulnerables, la Facultad de Odontología de la UCR ofrece un modelo tarifario especial, con descuentos y exoneraciones de pago que se brindan después de realizar un estudio socioeconómico.
Los adultos mayores y las personas con discapacidad también reciben una reducción del 15 % y las mujeres embarazadas podrían optar por un beneficio de hasta del 30 %.
Recuerde que si usted es admitido asumirá de manera inmediata un compromiso y responsabilidad con la UCR. Por lo tanto, deberán tener disponibilidad de tiempo a fin de asistir a las citas en los horarios asignados, así como tener al día el pago de los servicios.
Si por alguna razón no puede ir en esta semana a la recepción de pacientes, no se preocupe. La Facultad de Odontología de la UCR posee un proceso de admisión de manera permanente en su unidad y en la Clínica de Admisión, donde usted puede ir y dejar sus datos en la lista de espera para ser llamados.
Si tiene alguna duda puede llamar al 2511-8080. Tenga completa confianza de acercarse. La Facultad de Odontología de la UCR siempre tratará de buscarle una solución lo más rápido posible.
El Informativo Desde la U muestra un proceso gigante de compostaje que quiere ser inspiración para las instituciones públicas nacionales
Compostera universitaria
La UCR aprovecha residuos orgánicos en la compostera institucional, un proyecto entre varias oficinas universitarias, que se ubica en la Estación Experimental Alfredo Volio.
El Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, experto en Matemática Aplicada e Informática, fue el distinguido conferencista que inauguró las XVIII Jornadas de Investigación de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Su conferencia, titulada «¿Qué es la Inteligencia Artificial y cuáles son las diferencias con Estadística, Minería de Datos, Machine Learning, Big Data y Ciencia de Datos? Por el Dr. Oldemar Rodríguez», constituyó un análisis profundo y esclarecedor sobre los diversos aspectos de la IA.
Durante su intervención, se realizó recorrido histórico desde los orígenes de la Inteligencia Artificial hasta su complejo estado actual, lo cual abordó minuciosamente las similitudes y diferencias entre conceptos que a menudo han sido confundidos a lo largo de la historia, fusionando distintas disciplinas como la estadística, la matemática, los negocios y la informática.
Entre sus recomendaciones se destaca la importancia de una formación sólida y diversificada para aquellos que deseen adentrarse en el fascinante campo de la IA. Subrayó la necesidad de estudiar de manera exhaustiva disciplinas como matemáticas, estadísticas, computación, algoritmos y bases de datos, destacando que la esencia de la IA radica en la modelación matemática, estadística y algorítmica.
La conferencia completa se encuentra en el siguiente video:
De acuerdo con un especialista de la UCR, la mayoría de los hombres no tienen un buen manejo de sus emociones porque la masculinidad tradicional les ha impuesto enfrentar sus dificultades en soledad. Foto Karla Richmond Borbón, UCR
Encuesta Actualidades 2023 de la Escuela de Estadística
Especialista de la UCR advierte que el mal manejo de las emociones tiene graves consecuencias
Tan solo uno de cada cinco hombres pensó en el último año en buscar ayuda de un profesional de la salud en torno a inquietudes de salud mental. De ellos, menos de la mitad (48,4 %) concretó su intención. Es decir, tan solo el 10 % de los hombres en Costa Rica consultaron con un especialista sobre estos temas en los últimos doce meses.
Así se desprende de la Encuesta Actualidades 2023 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual consultó a personas adultas de todo el territorio nacional y con al menos un año de residir en el país. En total, se entrevistó a 630 individuos mayores de edad entre el 1.° y el 31 de octubre del 2023. Esta muestra cubre el 97 % de la población que supera los 18 años en el país y el margen de error se calculó en ± 1,9 puntos porcentuales.
En contraposición a los hombres, aproximadamente una de cada tres mujeres pensó en buscar ayuda profesional en materia de salud mental en el último año y, de ellas, el 65,1 % efectivamente realizó la consulta. Eso quiere decir que más del 22 % de las mujeres en el país acudieron con una persona profesional de la salud mental para encauzar sus inquietudes.
Si bien puede decirse que los porcentajes de consulta efectiva son bajos en ambos sexos, las mujeres mostraron una mayor disposición a buscar ayuda en otras personas no necesariamente profesionales en la materia, en caso de presentar un problema de salud mental, con un 85,9 %, mientras que solo el 76,8 % de los hombres estaría dispuesto a lo mismo.
Estos datos confirman científicamente la percepción generalizada de que a los hombres les cuesta más pedir ayuda que a las mujeres a la hora de gestionar sus emociones y enfrentar sus problemas. En este sentido, las personas entrevistadas manifestaron una gran diversidad de razones por las que no consultaron con un especialista, entre las que destacan la falta de dinero (24,8 %), la inseguridad sobre el tema (14,6 %) y el tiempo disponible (13,2 %).
Para Andrés Ruiz Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR, los hombres muestran un mayor hermetismo a la hora de hablar de sus emociones e inquietudes ante la vida porque, de acuerdo con la masculinidad tradicional, el hombre siempre debe mostrar estabilidad emocional, cumplir con su función social de soporte y jamás mostrarse débil o vulnerable.
“Sería un error pensar que los hombres tenemos mejores herramientas de manejo de las emociones y que por eso no lo conversamos. Más bien es todo lo contrario. Todo eso va hacia adentro y vemos pocas posibilidades de sacarlo con las redes de apoyo que podríamos tener y lo sacamos de otra manera”.
Andrés Ruiz Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR
“Ese estigma que existe de siempre mostrarnos fuertes, siempre mostrarnos ecuánimes, siempre mostrarnos estables, nos lleva a reconocer poco nuestras emociones. Yo me aventuro a decir que la mayoría de los hombres no somos capaces de reconocer cuando estamos tristes, cuando tenemos una incertidumbre emocional, cuando disfrutamos diferentes tipos de felicidad”, advirtió Ruiz.
De acuerdo con el investigador, la dificultad que tienen los hombres para identificar sus emociones sumada al imperativo social de ser capaces de resolver todo por sí mismos hace que los varones no recurran a su círculo familiar y de amigos más cercanos para enfrentar las dificultades e incertidumbres. Esto provoca que muchos terminen canalizando sus emociones hacia la ira y hacia conductas, peligrosas, violentas o destructivas.
En este sentido, Ruiz señala que la mayoría de los espacios recreativos para los hombres apelan a la adrenalina, al contacto físico y a la agresividad, sin mencionar la ingesta de alcohol que suele estar presente en todo momento. Esto, lejos de contribuir con su bienestar, se convierte en una distracción que impide que la persona enfrente sus problemas de forma real y elabore mecanismos para mejorar su situación de vida.
“Parece que nuestra gama de expresión de emociones es bastante reducida, se nos permiten pocas emociones y eso, precisamente, deviene en que la encuesta refleje lo poco que nosotros pedimos ayuda, pero eso no significa que no la necesitemos”.
Andrés Ruiz Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR
El resultado de esta evasión se traduce en enfermedades, en obesidad, en problemas de socialización, en frustración laboral, en violencia doméstica, en pleitos callejeros, en muertes en carretera y en suicidios.
“Me aventuro a asegurar que todos los comportamientos negativos que los hombres tenemos tienen que ver con ese mal manejo que tenemos de las emociones. La manifestación más triste es a nivel de los suicidios que se manifiesta más en los hombres”, lamentó Ruiz.
En este sentido, los datos más recientes de la Secretaría Técnica de Salud Mental (STSM) del Ministerio de Salud muestran una diferencia considerable y constante a lo largo de los años entre hombres y mujeres que han cometido suicidio. Por ejemplo, en el año 2022, por cada 100 000 habitantes, mientras 82 mujeres se quitaron la vida, 347 hombres tomaron la misma decisión.
Ante esta situación, el investigador insiste en la urgente necesidad de abrir espacios de reflexión e intercambio para hombres que cuestionen el modelo de masculinidad imperante y propongan formas nuevas y sanas de vivir para los varones. Sin embargo, a la vez reconoce que en el país no existen los espacios suficientes e idóneos para atender a toda la población.
“No tenemos esos espacios. Yo sí creo que los hombres tenemos que ir construyendo esos espacios entre nosotros mismos, empezar a reconocernos esas posibilidades de promoverlos, de normalizarlos, de promover otras masculinidades donde nosotros podamos ser capaces de apoyarnos y de decirnos a nosotros mismos que si necesitamos ayuda podemos ir donde una persona profesional.
“Debemos normalizar buscar ayuda, especialmente en nuestros espacios con colegas, con amigos y hacer ver que es importante conversar sobre estas cosas, no sacarlas con violencia o en espacios donde no se promueve una elaboración de lo que llevamos por dentro, de las cosas que nos agobian, y que nos ayuden a trabajar y a reconocer nuestras emociones”, enfatizó el investigador.
Si bien Ruiz reconoce que hay muchas actividades que pueden ayudar a encontrar el equilibrio emocional, como la práctica de un deporte, la jardinería, escuchar música, leer un libro, tomarse un café con un amigo o la aromaterapia, es enfático en que estos temas deben ser abordados de manera profesional para que la persona pueda elaborar qué está sintiendo y ponerlo en palabras, algo que a los hombres se les dificulta mucho.
“A veces, una simple conversación puede ser de mucha ayuda, a veces, no. Como psicólogo, puedo decir que es una cuestión que no basta con ir al psicólogo, pero tampoco es una cuestión que baste con tener una conversación con un café con un amigo o con una amiga. Es toda una serie de factores que se reúnen para que una persona pueda reportar un buen bienestar o no”.
Andrés Ruiz Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR
En esta línea, admite que la consulta psicológica es cara y que no toda la gente tiene posibilidades económicas de pagarla. Además, acepta que los servicios de salud mental que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social están saturados y no son una opción eficiente. Por estos motivos, Ruiz considera urgente que los mismos hombres promuevan espacios en su entorno cotidiano para reflexionar en conjunto sobre sus inquietudes y necesidades, siempre y cuando no se conviertan en una reproducción más de los estereotipos que dicta la masculinidad tradicional.
“Creo que la promoción de estos espacios siempre tiene que estar mediada por la deconstrucción y la promoción de nuevas masculinidades y que esté mediada por una persona que sepa hacia dónde va a direccionar eso, que no se vuelva un grupo de hombres quejándose de lo malas que son las mujeres cuando ellos son muy buenos con ellas, sino que se vuelva un espacio reflexivo, deconstructivo y que eso nos haga promovernos e ir interiorizando esas nuevas masculinidades”, remarcó.
Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Aplicación y objetivos del proyecto Asfalto Sostenible
Las calles de la UCR son el lugar de prueba para el proyecto Asfalto Sostenible, una mezcla para pavimentar a la cual se le agrega plástico de desecho. Como resultado, las características del producto mejoran y se colabora con la eliminación de botellas plásticas que usualmente contaminan nuestro entorno. Además, esta propuesta promete impulsar la economía circular en Costa Rica.
Carlos Gutiérrez Vargas, estudiante de la Facultad de Derecho, UCR.
A propósito de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales
Se aproximan las elecciones municipales en Costa Rica y, lamentablemente, no existe ni una persona con discapacidad auditiva participando en cualquiera de las opciones electorales que brindan los partidos políticos costarricenses. Soy una persona sorda. Por este motivo, mi primera lengua es la lengua de señas costarricense y el español es mi segunda lengua. Escribo este artículo pensando en la perspectiva de las personas sordas, considerando que es importante en relación con los derechos políticos de las personas con discapacidad, específicamente de las personas sordas que están siendo invisibilizadas por el Estado, así como su perspectiva histórica al no ser consideradas como personas politizadas.
Leyendo con admiración un reportaje noticioso acerca de Shirley Pinto, una mujer sorda que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la participación política como legisladora en el Parlamento de la nación de Israel, me llevó a la reflexión sobre uno de los objetivos primordiales que establece la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad con respecto a la participación política de las personas con discapacidad, la cual forma parte de los derechos políticos que reconocen y garantizan a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas. Desde la visión de los derechos humanos, los derechos políticos contribuyen a la promoción y consolidación de la democracia en la construcción de un Estado democrático de derecho. A continuación, analizaré el derecho a la participación política de las personas sordas.
De acuerdo con los estudios estadísticos presentados por el Banco Mundial, existen 85 millones de personas en situación de discapacidad que viven en América Latina y el Caribe. Las Naciones Unidas declaró el 23 de setiembre como el Día Internacional de la Lengua de Señas. Para conmemorar esta fecha, la Organización citó en su página web las cifras de la Federación Mundial de Sordos, la cual estima que, hasta el presente momento, hay 70 millones de personas sordas en el mundo, y el 80 % de esta población vive en países en vías de desarrollo, utilizando en forma global más de 300 lenguas de señas. De ahí la importancia de destacar la lengua de señas como elemento clave de las personas sordas en su lucha por el derecho a la participación política.
Generalmente, las personas con discapacidad se encuentran con barreras en el ejercicio de su derecho al sufragio. Por ejemplo, existen impedimentos para acceder en forma física a los centros electorales, lo que implica una discriminación, ya que no pueden acceder en condiciones de igualdad que los demás ciudadanos.
Con respecto a las personas sordas, el enfoque previsto en este artículo son las barreras de accesibilidad comunicacional que enfrentamos, las cuales no solo se presentan en Costa Rica, sino en todo el ámbito latinoamericano. De estas barreras, mencionamos el acceso a la información y la comunicación en los procesos electorales.
Sobre el derecho a elegir, surge una barrera que se da en la mayoría de los procesos electorales donde se emiten mensajes y contenidos informativos que sirven de guía a la formación de criterios del ciudadano para decidir y razonar su voto. Precisamente, para este fin se utilizan medios de comunicación como la televisión y las redes sociales para emitir videos informativos, debates entre candidatos a la presidencia, entre otros. Sin embargo, no suelen contar con el recuadro del intérprete de la lengua de señas y el subtitulado, por lo tanto, sin estos recursos de apoyo a la accesibilidad, las personas sordas se quedan desinformadas sobre los procesos electorales y las propuestas de las distintas formaciones políticas, lesionando su derecho al voto.
En cuanto al derecho a ser elegido como candidato, se presenta una limitación muy seria, porque las personas sordas no tienen garantías de recibir apoyos, como un intérprete de la lengua de señas, en caso de que decidan participar de alguna forma en el proceso electoral. Este tipo de recursos son imprescindibles para disputar en igualdad de condiciones por los puestos de síndico, alcalde, diputado, etcétera.
Estas barreras implican un menoscabo a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación conforme al modelo de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales, lo cual afecta su derecho a la vida independiente.
Otra limitación patente contra la población sorda, en particular, y contra las personas con discapacidad, en general, es no poder manifestar su voz en asuntos claves de su interés. Simplemente son invisibilizadas en el debate público. Por ejemplo, no somos tomados en cuenta en las propuestas específicas que presentan los candidatos inscritos en procesos electorales. Asimismo, los canales para escucharnos son muy limitados. En síntesis, la pluralidad del debate y la democracia se ven afectadas al existir grupos invisibilizados, como el colectivo de las personas con discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento de derechos humanos establecido en el siglo XXI y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Es sumamente necesaria la existencia de este tratado específico por la insuficiencia de otros instrumentos para proteger los derechos de las personas con discapacidad y sirve para poder visibilizar al colectivo de las personas con discapacidad, entre ellos los sordos. Por ende, hay una identidad política y un grupo que se moviliza en torno al tema y, además, permite tener mecanismos específicos para casos de violaciones de derechos, por ejemplo, quejas ante el Comité.
Para comprender la idea principal del artículo, necesitamos conceptualizar el término discapacidad. La discapacidad es el resultado de la interacción entre ciertas características de las personas, las cuales son comprendidas como deficiencias, pero que no lo son, según mi criterio, sino que son condiciones inherentes a la diversidad humana y a las barreras del entorno.
La Convención reconoce el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en su artículo 29. Una lectura analítica del artículo permite comprender cómo aborda la Convención las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, ya que se identifica en el texto las obligaciones específicas que tienen los Estados partes para erradicarlas. Desde la perspectiva de la igualdad, la no discriminación y la autonomía se da el reconocimiento del derecho al sufragio en forma activa y pasiva, así como el derecho de participación, ya sea en titularidad como en ejercicio.
Entre las obligaciones de los Estados, la Convención establece que deben asegurar los derechos políticos de las personas sordas de las siguientes formas:
Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto, en elecciones y referéndums públicos, sin ningún tipo de intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías de apoyo cuando proceda.
La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores. Para este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.
Además, el reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad establecido en el artículo 12 tiene una estrecha relación con el derecho de la participación política, en tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que se conocerá en adelante como Comité CDPD) comprende que no se puede negar el derecho al voto de las personas con discapacidad, independientemente de que pueda necesitar mecanismos de apoyo a su capacidad jurídica.
En la Observación General N.º 1, el Comité CDPD establece aquellos aspectos que afectan al derecho de participación política desde el punto de vista de la accesibilidad, que es una cuestión que se debe asegurar, proteger y respetar. Además, las medidas de austeridad o la poca atención de los Estados partes en el aseguramiento de recursos presupuestarios para garantizar la accesibilidad en los procesos electorales no pueden constituir un argumento para demorar la implementación gradual de la accesibilidad, ya que es de aplicación inmediata.
Constituye un deber del Estado promover la garantía de los derechos políticos de las personas sordas en aras de que puedan gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. En el caso de Costa Rica, este rol lo puede asumir el Tribunal Supremo de Elecciones, como organismo nacional encargado de la organización de los procesos electorales. En caso de no haber acciones concretas que posibiliten el cumplimiento de estos derechos, entraría en la escena el rol de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de las personas sordas en el ámbito de la participación política, exhortando al Estado a asumir su responsabilidad en la garantía de estos derechos, además de promover el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano, procurando asegurar que las personas sordas puedan tener acceso a la participación en la vida política y pública en forma conjunta con la sociedad, ya sea directamente o mediante la elección de representantes libremente elegidos, inclusive, el derecho y la posibilidad de las personas sordas a votar y ser elegidas.
El artículo 9 de la Convención aborda la obligación que tienen los Estados partes de adoptar medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno de la información y la comunicación, además de otros aspectos. En relación con el contexto de las personas sordas, se pretende garantizar que los procedimientos, las instalaciones y los materiales empleados en procesos electorales sean adecuados para ser accesibles a ellas, como la capacitación de guías electorales en el uso de la lengua de señas y el uso de intérpretes de la lengua de señas y el subtitulado en mensajes y contenidos informativos. Esto, en plena concordancia con el reconocimiento de la lengua de señas, un componente fundamental de la comunidad sorda comprendida como minoría lingüística-cultural.
Es importante tener en cuenta que la lengua de señas varía en cada país de Latinoamérica. Es decir, cada uno tiene su propia lengua de señas, comprendida como sistema lingüístico que tiene componentes visuales, gestuales y manuales.
Es fundamental destacar cómo se ha abordado gradualmente el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano. En un comunicado de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países miembros a reconocer oficialmente la lengua de señas en sus legislaciones, además de promover medidas positivas que garanticen la accesibilidad mediante el uso de la lengua de señas en diferentes ámbitos de la sociedad.
En los Estados existen comunidades sordas de distintos tamaños y, precisamente, la lengua de señas es el principal vehículo lingüístico que emplean para comunicarse. Los trece Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que han reconocido la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad de personas sordas en su normativa son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Pero solo dos países han reconocido la lengua de señas en sus constituciones políticas: Ecuador y Venezuela.
A modo de conclusión, podemos afirmar que, a partir del análisis de la realidad fáctica, legal y jurisprudencial, el derecho de participación política para la población sorda está limitada por la falta de adaptación normativa y la aplicación insuficiente de la normativa en América Latina, teniendo por efecto la vulneración de este derecho y su ejercicio.
Muestra de ello es la falta de accesibilidad en la promulgación de materiales de carácter electoral, como la inclusión de intérpretes de la lengua de señas en debates con candidatos presidenciales, así como la carencia de cupos asignados para la participación de personas con discapacidad en los sistemas electorales, tanto a nivel municipal como para los puestos de elección nacional.
En esta línea, se debe respetar en todos los extremos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce desde la perspectiva de la igualdad, la autonomía de las personas sordas y su no discriminación, por medio del reconocimiento de la lengua de señas como parte del derecho de participación política, con el fin de asegurar el derecho de participación en el proceso electoral.
Carlos Gutiérrez Vargas Estudiante de la Facultad de Derecho, UCR
Como parte del curso, el grupo visitó el sitio arqueológico y museo Finca 6, en la Zona Sur del país, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2014. Foto: cortesía de Rosaura Chinchilla Calderón, UCR.
Curso Derecho y Antropología
Estudiantes y docentes manifestaron su deseo de que la Universidad ofrezca más cursos compartidos
De las decenas de cursos que tiene una carrera universitaria, hay algunos que dejan una marca singular en la vida del estudiante, ya sea por su contenido, por el docente, por la metodología o por “todas las anteriores”.
Este es el caso del curso Derecho y Antropología, el cual se impartió por primera vez en el segundo semestre del 2023, como una forma de acercamiento entre ambas disciplinas, en vista de la antiquísima y constante relación que hay entre ellas.
En términos prácticos, cada vez que se habla de derecho hay que remitirse a elementos antropológicos, mientras que la antropología hace referencia, una y otra vez, a los derechos humanos, patrimoniales y ambientales, entre muchos otros.
Si bien el curso se diseñó para estudiantes de estas dos carreras, también contó con la participación de personas que cursan las carreras de Agronomía, Educación, Economía, Farmacia, Matemática y Filología Española, lo cual nutrió aún más el trabajo interdisciplinario.
De esta manera, la visita que se realizó al sitio arqueológico de Finca 6, en la Zona Sur del país, se analizó no solo desde el Derecho y la Antropología, sino también recibió aportes en torno a la gestión económica de estos lugares y la labor educativa que se puede hacer en relación con el patrimonio cultural.
Enrique Valverde Porras, estudiante de Derecho y Contaduría Pública, valoró la experiencia como necesaria y como “un muy buen primer paso”, porque la formación en Derecho precisa complementarse con otras áreas del conocimiento. En este sentido, manifestó su deseo de que se ofrezcan más cursos interdisciplinarios entre Derecho y otras carreras.
“El Derecho no existe en el vacío. Las normas no se hacen solo porque sí. Pero en la Facultad, normalmente, no se explica el contexto de ellas. En Derecho, no hay ningún curso en que se vea esta materia de protección de patrimonio cultural. Si no hubiera llevado este curso, nunca hubiera sabido que estas cosas existían”, subrayó Valverde.
Por su parte, Natasha Hernández Arguedas, estudiante de Antropología, consideró que el curso fue bastante satisfactorio porque profundizó en temas legales y de derechos, algo de lo que se habla mucho a lo largo de su carrera, pero que difícilmente se aborda con la especificidad que se hizo en esta novedosa propuesta académica conjunta.
“El contenido que vimos es algo que estaré aplicando día a día porque mi énfasis de estudio es la arqueología y el trabajo en los museos. Además, el intercambio con los estudiantes de Derecho fue muy enriquecedor”, agregó Hernández.
A cargo del curso estuvieron las docentes Mónica Aguilar Bonilla, de Antropología, y Rosaura Chinchilla Calderón, de Derecho. Ambas coincidieron en la necesidad de seguir estimulando este tipo de cursos compartidos para ampliar los horizontes del estudiantado y desarrollar una mayor capacidad de trabajo en grupos interdisciplinarios.
“Algo que me llamó la atención es que muchos grupos se enfocaron en derechos de pueblos indígenas, inclusive derechos relacionados con identidad de diferentes pueblos en territorios compartidos. Ese nuevo horizonte que estaban descubriendo lo aplicaron bastante bien en los trabajos. […] En el caso de la antropología, este tipo de experiencias también permiten ir aterrizando muchas temáticas que se abordan. Por ejemplo, muchas veces se dice que las poblaciones vulnerabilizadas tienen derechos, pero cuáles derechos, específicamente de qué estamos hablando, cuál concepto aplica”, comentó Aguilar.
Mientras tanto, Chinchilla destacó el significativo aporte del curso para quienes estudian Derecho, porque todo les resultó una novedad, desde los términos de antropología y arqueología hasta la gira al sitio arqueológico Finca 6.
“Lograron darse cuenta de que la Antropología lo estudia todo y tiene relación con todo, así como el Derecho. Entonces se trata de empezar a unir cosas. Hay gente que quedó muy entusiasmada con ciertos temas y creo que de aquí van a salir algunos trabajos de graduación”, añadió Chinchilla.
“Para nosotros, desde la antropología, es muy habitual hablar de derechos humanos, la parte ambiental. Uno lo ve como natural. Inclusive, la relación del ser humano antes de sapiens hasta la actualidad. Pero también nos dimos cuenta de que no es algo que se conozca mucho en la universidad. […] Es increíble que en una universidad humanista haya pocos espacios para hablar de derechos humanos y de derecho ambiental. Entonces, para muchos de ellos, en realidad, esta es la única experiencia que han tenido o que, quizás, vayan a tener en la universidad para eso”.
Mónica Aguilar Bonilla, profesora de Antropología (izquierda)
“Para mí, fue una experiencia de aprendizaje, más que de facilitar. Pero, al margen de eso, es la convicción de que es lo que deberíamos hacer en la Universidad. Unir campos de estudio cuesta muchísimo poque la burocracia es tremenda. Entonces, hablar, por ejemplo, de derecho y literatura, derecho y biología, derecho y arqueología, o antropología y biología, esos proyectos conjuntos son muy valiosos, apostar por la interdisciplinariedad, pero cuesta mucho por todas estas cuestiones burocráticas de las matrículas y las coordinaciones”.
Rosaura Chinchilla Calderón, profesora de Derecho (derecha)
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
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