Ir al contenido principal

Etiqueta: UCR

Rector de la UCR agradece la liberación de las becas de los límites de la regla fiscal

Este 12 de setiembre, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Protección a la Inversión Pública en Becas y otras Ayudas para la Población Estudiantil.

La iniciativa libera la inversión en becas de los límites de la regla fiscal, permitiendo que estas ayudas puedan llegar a quienes más las necesitan.

En medio de una grave crisis educativa, las becas y otras ayudas son fundamentales para que estudiantes de las poblaciones más vulnerables puedan mantenerse en las aulas y continuar sus estudios.

Agradezco a las fracciones legislativas que apoyaron este proyecto por su visión y compromiso con la educación pública en todos sus niveles.

 

Imagen – UCR: Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector UCR.

UCR: Los premios UCREA 2023 recaen en los proyectos que tratan sobre serios problemas sociales

Los equipos ganadores de la ediciòn 2023 del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) deben estar en interacción permanente con académicos y académicas de todo el mundo, con un ámbito temático igualmente abierto a las artes, las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales.

Los trabajos premiados se caracterizan por ser innovadores y pluridisciplinarios

El Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) de la Universidad de Costa Rica es un semillero que promueve y posibilita respuestas a problemas complejos «pensar cosas que no han sido previamente pensadas».

El espacio de UCREA, creado en el 2014, es un marco multi y transdisciplinario, innovador e internacional, de investigación de alto nivel, que permite el encuentro y la discusión entre el personal académico de la UCR con la comunidad académica del mundo, en un amplio espectro temático, abierto a las artes, las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales.

Los proyectos presentados ante UCREA deben caracterizarse por la originalidad de las ideas, la novedad de las propuestas y la relevancia respecto de la sociedad en su conjunto. Es así como los proyectos responden a preguntas urgentes y complejas de la sociedad y en concordancia con los principios que rigen a la Universidad de Costa Rica.

Para este 2023 UCREA estableció tres ejes prioritarios:

  1. “Pandemia Covid 19”: las consecuencias de esta pandemia no terminan manifestarse. Es por lo tanto, de sumo interés invitar propuestas que reflexionen sobre las profundas transformaciones e impactos que dicho fenómeno continúa produciendo en diversos ámbitos.
  2. “Crisis Climática”: la crisis climática no posee fronteras y tiene múltiples dimensiones. Es un desafío que atraviesa disciplinas y prácticas. UCREA invita a presentar propuestas que aborden esta temática, de manera original e innovadora.
  3. “Democracia”: el ejercicio democrático del poder es objeto de ataques constantes y nunca se puede dar por sentado. Por esta razón, UCREA acoge propuestas que reflexionen sobre los desafíos, problemas y manifestaciones que afectan actualmente el ejercicio, la conceptualización y la práctica de la democracia.

Cuatro proyectos se hicieron acreedores a los premios de este 2023, los cuales reúnen todas las condiciones para obtener el apoyo económico necesario para hacer realidad las ideas planteadas. Cada proyecto recibe entre ¢30 y ¢50 millones de colones. Las distinciones fueron entregadas por parte de la Vicerrectoría de Investigación, en un acto especial el pasado 5 de setiembre, tras un proceso que implicó, según detalla la vicerectora María Laura Arias Echandi, la revisión de cerca de 70 proyectos con características de investigación de muy alto nivel, que concursaron para optar por uno de los premios UCREA.

«En momentos en que la UCR está siendo fuertemente atacada por muy variados actores sociales y políticos, por la formación profesional en Ciencias Sociales, humanidades, arte y cultura, me satisface mucho que dos de los cuatro proyectos ganadores en este 2023 tengan la particularidad de no remitirse al campo de las tan mencionadas carreras de ciencia y tecnología (STEAM) y nos presentan un componente social bastante fuerte. Y digo que me satisface porque el ser humano debe recibir una formación integral en la cual confluyan las ciencias, pero también el arte, la cultura, la ciencia social. Los proyectos premiados cada año por UCREA son la joya de exhibición para la institución, el país, la región, y el mundo» concluyò la vicerectora.

Conozca cada uno de los proyectos ganadores 2023

  1. “Potencial aumento del riesgo en Costa Rica y Nicaragua por causa de ciclones tropicales en el Caribe”

Desde el 2016 la región de Costa Rica y Nicaragua se ha visto afectada con al menos 5 ciclones tropicales del Caribe que han producido considerables daños materiales y de vidas humanas. Uno de los objetivos de este proyecto es determinar una respuesta a la pregunta: “¿existe una huella humana en el clima lo suficientemente discernible sobre los efectos naturales que hace que en los últimos años los ciclones tropicales del Caribe están impactando (o que impactarán en el futuro) con más frecuencia regiones vulnerables de Costa Rica y Nicaragua?”.

Se dará un intercambio de conocimiento entre la sociedad civil e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo, así como la socialización del conocimiento científico generado en investigaciones del consorcio y los resultados de este proyecto.

Se enlazará con las instituciones de educación, atención, planificación y preparación de emergencias, así como con las comunidades directamente (en Costa Rica). La propuesta comprende investigadores especialistas en meteorología, ciencias de la atmósfera, hidroclimatología, geografía (física y social), matemática, geociencias, estadística y gestión de recursos del agua.

Integrantes del equipo: Hugo G. Hidalgo, Ph.D. Eric J. Alfaro, Ph.D. Luis A. Barboza, Ph.D. Shu Wei Chou-Chen, Ph.D. Henry Díaz, Ph.D. Lic. Mario Gómez Dr. Daniel Hernández Deckers Tito Maldonado, Ph.D. M.Sc. Paula Marcela Pérez-Briceño Dr. Adolfo Quesada Román Erick R. Rivera, Ph.D. M.Sc. Fernán Sáenz Katherine Vammen, Ph.D.

  1. “El costo de una vida digna en Costa Rica. Ingreso vital y la construcción de metodologías para el cálculo de variaciones territoriales”

Una vida digna es aquella que permite a una persona o familia tener satisfechas sus necesidades básicas (y sus derechos humanos), a la vez que goza de una autonomía para lograr su autorrealización. Esta propuesta de investigación consiste en la construcción y aplicación de diversas metodologías para calcular las variaciones territoriales-regionales del ingreso vital, es decir un ingreso que puede costear una vida digna, en diferentes territorios de Costa Rica.

La investigación se enfoca en analizar cómo las variaciones territoriales del lugar de residencia se han constituido como un clivaje en la producción y reproducción de las desigualdades en Costa Rica. Esta propuesta representa un esfuerzo de trabajo interdisciplinario para perseguir el objetivo de tener información desagregada para la estimación del ingreso vital requerido para acceder a una vida digna en diferentes partes del país, impulsado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y el Anker Research Institute (ARI).

En un contexto nacional de altos costos de la canasta básica, en el que los precios más elevados corresponden a los dos gastos más importantes de los hogares (alimentación – 23,8%; transporte – 15,5%) resulta importante cuestionar las medidas de pobreza existentes. Esto permitiría profundizar la comprensión de las diferencias socioeconómicas en el país a nivel territorial y daría relevantes insumos para futuras investigaciones y políticas públicas en torno a la desigualdad social y la pobreza en Costa Rica.

Integrantes del equipo: Koen Voorend, PhD Fabio Sanchez, PhD Luis A. Barboza, PhD Richard Anker, PhD Marcelo Dejara, PhD Yury García Puerta, PhD Alejandra Arias Sánchez, PhD Shu-Wei Chou-Chen, PhD M.A. Martha Anker M.Sc. Rebeca Sura Fonseca Lic. Daniel Alvarado Abarca B.S. María José Hidalgo Gutiérrez

  1. Influence of coffee management practices on the accumulation pattern of bioactive compounds in fruits and leaves of coffee (Coffea arabica L.): an innovative mathematical model based on soil properties, microbial community composition, and plant physiology” (Influencia de las prácticas de manejo del café en el patrón de acumulación de compuestos bioactivos en frutos y hojas de café (Coffea arabica L.): un modelo matemático innovador basado en las propiedades del suelo, la composición de la comunidad microbiana y la fisiología de las plantas”)

La calidad de la bebida de café, definida en términos de la acumulación de compuestos bioactivos, está influenciada por las reacciones químicas que ocurren en las hojas y los frutos. La genética, la fisiología vegetal y el medio ambiente juegan un papel en la determinación del potencial genético y productivo del cultivo.

Esta investigación tiene como objetivo utilizar un enfoque transdisciplinario para comprender cómo las diferentes prácticas de manejo del café influyen en las comunidades microbianas del suelo y su efecto en la acumulación de compuestos bioactivos en hojas y frutos, para guiar futuras investigaciones en el desarrollo de mejores y más sostenibles estrategias de manejo, cosecha y procesamiento.

Proporcionará información valiosa y conducirá a prácticas de producción de café más efectivas y sostenibles que, en última instancia, beneficiarán tanto al medio ambiente como a las personas involucradas en la producción y el consumo de café. La calidad de la taza de café es sensible a las prácticas agrícolas de manejo, el cultivo, el ambiente y el procesamiento y también puede servir como un factor de diferenciación en el mercado.

La combinación de impacto científico y práctico hace que este proyecto de investigación sea muy relevante y valioso tanto para la comunidad académica como para el sector cafetalero. Al adoptar prácticas de gestión sostenible, sería posible establecer poblaciones microbianas favorables a largo plazo, lo que conduciría a un uso reducido de agroquímicos, una mejor conservación del suelo y el agua y una producción más sostenible.

Integrantes del equipo : Dr. Andrés Gatica Arias (coordinador) Dr. Dirk Berkelmann Junior Pastor Peréz Molina, Ph.D. MSc. Laura Brenes Guillén Dr. Víctor Jiménez García Máster Víctor Manuel Vásquez Chaves Maikol Solís Chacón, Ph.D. Roger Fallas, Ph.D. Fabián Echeverría Beirute, Ph.D. José Pablo Jiménez, Ph.D. Valeria Faggioli, Ph.D. Dra. Karolina Villagra Mendoza Elias de Melo Virginio Filho, Ph.D.

  1. «Developing a Latin America and the Caribbean Regional Energy Systems Model to Support Climate Related Decision Making» («Desarrollo de un modelo de sistemas energéticos regionales en América Latina y el Caribe para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el clima»)

Los efectos del cambio climático ya son evidentes en América Latina y el Caribe. Los impactos van desde el aumento de las sequías y las inundaciones hasta la modificación de los patrones de los huracanes. El cambio climático ha afectado a la salud de los ecosistemas de la región y a los medios de subsistencia de millones de personas. La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es un componente crítico para combatir tales efectos.

El sector energético -incluyendo electricidad, industria y transporte- representa alrededor del 44% de las emisiones de GEI en la región. Una transformación hacia tecnologías con cero o bajas emisiones de carbono en estos sectores es crucial para permitir la descarbonización. Los datos necesarios para estudiar las transformaciones suelen ser escasos y con frecuencia se hacen suposiciones para desarrollar estas estrategias de descarbonización, también conocidas como estrategias a largo plazo.

Este proyecto abordará varios retos regionales clave para la transición energética. Desarrollará un modelo de datos abiertos y código abierto del sector energético de América Latina y el Caribe para evaluar las vías de descarbonización sectorial que ayuden a alcanzar los objetivos regionales y nacionales de emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) cero para el año 2050.

La contribución va más allá de un modelo. Se producirán flujos de trabajo para ayudar a los equipos a nivel de país a evaluar las estrategias de descarbonización que luego pueden utilizarse para apoyar a los gobiernos nacionales en el diseño de políticas relacionadas con el clima y la energía.

También se investigará la cadena de valor completa de la producción de hidrógeno verde -una pieza actualmente ausente en la región y se incorporará al modelo para estudiar su papel en la transición energética. También se tiene previsto estudiar las medidas políticas encaminadas a una transición justa en el sector energético analizando los retos previstos para la región.

Integrantes del equipo: Dr. Jairo Quirós Tortos Dra. Jessica Roccard Eng. Mariana Rodríguez-Arce MSc. Luis Victor-Gallardo Dr. Taco Niet Dr. Andréanne Doyon Eng. Mina Mirhosseini MSc. Trevor Barnes MSc. Kamaria Kuling MSc. Yalda Saedi

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

UCR: Costa Rica debe atender la violencia social desde una propuesta integral

Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).

Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática

Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.

En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.

Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la  mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.

Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.

Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.

Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.

La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).

“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.

En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.

Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.

“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer  la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.

Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.

Para ver la exposición completa de la experta puede ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR

UCR: Estudio resalta la necesidad de fortalecer el sector vivienda en Costa Rica

En el 2020 el Gobierno entregó 12 870 bonos de vivienda, mientras que en el 2022 la cifra bajó a 8 500; se trata de la mayor reducción en los últimos 25 años. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Se dan a conocer los resultados de un proyecto liderado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la UCR, y que integran la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA

Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.

Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.

“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.

“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.

Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.

Una radiografía del sector vivienda 2022

El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.

La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.

El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.

El informe tomó la opinión de un grupo de personas expertas que fungen o se han desempeñado como jerarcas del sector vivienda y ordenamiento territorial; especialistas de desarrollo urbano y del sector mutualista; personas investigadoras y docentes universitarias; y desarrolladoras de amplia experiencia en construcción de viviendas. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.

“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.

Esta investigación representa una herramienta útil para mejorar la gestión del espacio público y el desarrollo urbano. Foto Karla Richmond, UCR.

“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.

“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.

“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.

Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.

Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:

  • Existe coincidencia en la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema para mejorar su eficiencia y eficacia.
  • Debe de haber un solo ente que dirija el sector vivienda, el hábitat y el ordenamiento territorial, pero fusionar MIVAH, INVU y BANHVI no es la solución más adecuada, pues agrupa instituciones de naturaleza jurídica distinta y puede tener roces constitucionales.
  • Se recomienda integrar solo MIVAH e INVU, bajo la ley de este último y que la Presidencia Ejecutiva del INVU, con rango de ministro, también sea la cabeza de la Junta Directiva del BANHVI para fortalecer el trabajo conjunto.
  • Es urgente contar con nuevas formas de financiamiento del sector para no depender solo del aporte estatal.

Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.

 

Carlos Quesada
Asesor en comunicación del Informe, UCR

UCR: Cuando la sed por el conocimiento y la pasión por la justicia desembocan en el servicio a los demás

A lo largo de 61 años de docencia, don Walter ha visto pasar miles de jóvenes estudiantes por sus aulas, quienes, a la vuelta de los años, terminaron sirviendo al país en muchísimos cargos, tanto en el ámbito privado como en el público, entre los que se destacan presidentes de los tres Poderes de la República. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

180 años de la Facultad de Derecho

A sus 90 años, Walter Antillón Montealegre sigue nutriendo su intelecto y compartiendo sus conocimientos ‘ad honorem’ con las nuevas generaciones de estudiantes

“¡Jamás, jamás! Todos los días estudio”. Así de categórico es Walter Antillón cuando se le pregunta si ha logrado saciar su sed de conocimiento luego de nueve décadas de vida. Esa incansable búsqueda lo llevó a tener una biblioteca con cerca de 20 000 libros que empezó a reunir cuando, a sus dieciséis años, compró el primero de ellos: “Los caminos de la libertad” de Bertrand Russell, en 3 colones con 50 céntimos, en la desaparecida Librería Vagel, sobre el Paseo de los Estudiantes, cuando regresaba a su casa de su querido Liceo de Costa Rica.

Fue ahí, en el Liceo, donde consolidó su afición por la lectura como forma de acceder al conocimiento, se tornó un fanático de la historia, dominó el francés y amplió sus horizontes de la mano de profesores que eran verdaderas luminarias, como Teodoro Olarte, Carlos Monge Alfaro, León Pacheco, Isaac Felipe Azofeifa y Rafael Lucas Rodríguez, entre otros. Sin embargo, más allá de las ciencias, el arte y las letras, Antillón aprendió el carácter democrático que siempre debe encarnar la educación.

“El Liceo era para todos. Yo era de San José, de una familia más o menos acomodada, pero tenía compañeros muy ricos y tenía compañeros muy pobres también. Tenía compañeros que venían de Aserrí todos los días caminando desde la madrugada descalzos, con los zapatos al hombro, y se los ponían 200 metros antes de llegar al Liceo para no gastarles las suelas. Pero esa gente se metía en la clase con los Rorhmoser, con los Lachner”, recuerda Antillón.

De los 20 000 libros de este jurista, la mayoría ahora se encuentran en la Biblioteca Arturo Agüero Chaves, de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, gracias a una generosa donación que realizó recientemente. Él se quedó con poco menos de 2 000 libros en su casa para seguir sintiendo la cercanía de quienes considera sus amigos, y se muestra complacido al saber que muchos de ellos ahora le están haciendo compañía a la comunidad estudiantil de la sede de la UCR en San Ramón, donde el mismo Antillón se mantiene impartiendo los cursos de Teoría del Proceso, Derecho Romano e Historia del Derecho, una actividad que realiza ad honorem desde su jubilación, hace más de un cuarto de siglo.

“Un buen libro te sitúa en el mundo, te coloca en una posición estratégica para apreciar todo mejor, ni te das cuenta, simplemente el libro lo hace”.

Walter Antillón Montealegre, docente de la Facultad de Derecho

La Facultad en la que se ha desempeñado como docente por más de seis décadas no es la misma que lo vio llegar como estudiante a inicios de la segunda mitad del siglo XX, cuando muchos de sus mejores profesores fueron sustituidos por el simple hecho de ser calderonistas, bando perdedor en la Guerra Civil de 1948. Eso provocó el ingreso de muchos profesionales en Derecho que estaban muy interesados en consolidar su bufete, pero no en desarrollar una vida académica y, mucho menos, una dedicada a la investigación jurídica. Sin embargo, Antillón señala que ese fenómeno ya se venía dando desde mucho antes, cuando la otrora Escuela de Derecho estuvo bajo la tutela del Colegio de Abogados a falta de una universidad que la cobijara.

A pesar de ello, señala que la Facultad siempre ha tenido baluartes que se han preocupado por nutrir al estudiantado con el mejor y más actualizado conocimiento. Entre ellos, recuerda a Fernando Baudrit Solera, quien organizaba conferencias en el patio central del viejo edificio de la Facultad, en Barrio González Lahmann, cada vez que alguno de sus connotados amigos juristas estaban de visita por el país. Así fue como la comunidad estudiantil de Derecho logró conocer los postulados de Luis Jiménez de Asúa, penalista español exiliado en Argentina y los de Mario de la Cueva, laboralista mexicano, así como las posturas del español Luis Ricasell, filósofo del Derecho, y las de Sebastián Soler, penalista argentino, quien, posteriormente, contribuyó con la redacción de códigos nacionales aún vigentes.

“La Facultad tenía muy pocos profesores que valían la pena. Uno de ellos era don Pablo Casafont, que era abogado. A don Pablo no lo sacaron de la Facultad porque no era mariachi. Excepcionalmente algunos quedaron, y don Pablo era excelente docente. Como profesor, utilizaba el método socrático, el único que hacía eso en la Facultad. O sea, él dialogaba con los alumnos. La clase de él era así. Era un diálogo tan interesante, tan provocativo, que uno salía de la clase hablando de eso y se iba a recreo con los compañeros discutiendo los temas de la clase. Es el único profesor que tenía esa cualidad”, destacó Antillón.

No obstante, personas como Casafont eran las excepciones en la Facultad de Derecho que le tocó vivir a Antillón como estudiante. Si bien reconoce que había buenos profesores en el sentido de que eran responsables e impartían clases “decentes”, Antillón considera que estaban muy lejos de un verdadero ejercicio académico porque, en su mayoría, eran jueces y abogados sin el tiempo y sin las habilidades lingüísticas básicas para conocer y ahondar en la doctrina extranjera y en las revistas especializadas de la época, producidas en Francia, Italia y Alemania, países que lideraban la producción científico-jurídica de aquel entonces.

Lo que Antillón no logró aprender en la Facultad, lo encontró en los libros que compraba “desaforadamente” mientras combinaba sus estudios con una práctica en el Juzgado Segundo Civil de San José, donde el juez Ulises Odio se convirtió en su guía y contertulio, tanto de textos de jurisprudencia como de buena literatura. De él aprendió el oficio de juez, no solo en la teoría, sino también en la práctica, porque en poco tiempo le empezó a pasar casos para que él hiciera un borrador de la sentencia.

En ese mismo tiempo, otro estudiante trabajaba como escribiente en el Juzgado Tercero Civil. Se trataba de Gonzalo Retana, amigo de Antillón, y un apasionado por leer solo sentencias de casación. Otro tipo de lectura lo consideraba inútil e intrascendente, y así se lo hacía ver a Antillón cada vez que se lo encontraba leyendo alguna novela. A la vuelta de los años, Retana se convirtió en magistrado de la Corte y Antillón en docente de la Escuela de Ciencias Políticas, lugar donde ambos se reencontraron, solo que en una relación diferente: de profesor y estudiante.

“Hombre, qué curioso, ¿cómo estás por aquí?”. Me dice: “Bueno, con el tiempo yo aprendí que no solo las sentencias de casación había que leer”. Y me mostró que estaba leyendo Cien Años de Soledad de García Márquez. O sea, ya después él empezó a leer literatura, lo cual me pareció maravilloso, porque un juez cerrado, que no sabe nada de la literatura del mundo, tiene un horizonte completamente limitado y eso puede hacer mucho daño en el ejercicio de la judicatura”, enfatizó Antillón.

Luego de obtener su título universitario, Antillón se desempeñó por poco tiempo como juez y otros cargos judiciales, porque en 1962 fue llamado por Rogelio Sotela, decano de la Facultad de Derecho, para asumir la cátedra de Teoría del Estado, en sustitución de Alfonso Carro, quien fue nombrado como ministro de Trabajo por Francisco Orlich, electo ese año como presidente de la República.

“Con dos semanas de anticipación yo iba a dar una clase a estudiantes universitarios, era una grandísima irresponsabilidad. Hice lo que pude y estuve trabajando ese tiempo dando esa clase mientras seguía estando en los Tribunales. Ese era el panorama de la Facultad: un montón de profesores que no eran profesores, sino que eran unos señores a quienes habían llamado un poco a la carrera para encargarse de una materia. Eran jueces y abogados muy ocupados en sus cargos que tenían un ratito en las noches para medio preparar las clases. Eso era un desastre porque una universidad no es eso. La universidad tiene una cosa que es fundamental que es la vida académica y ahí no había ninguna vida académica”, criticó el jurista.

Antillón conoció la vida académica universitaria en todo su esplendor en la Universidad de Roma, donde realizó sus estudios de posgrado y trabajó como asistente de la cátedra de Derecho Procesal, gracias a una beca y a las recomendaciones que le extendieron don Fernando Baudrit Solera, presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, y algunos amigos de este. Fue ahí donde constató la importancia de que el cuerpo docente dedique la totalidad de su tiempo a la investigación científica y académica, época que la recuerda como “un despertar” para él.

“No es cierto que un buen profesional tiene que trabajar como abogado o como juez para aportar. No. Él aporta como académico y con ese aporte enriquece completamente lo que es el ejercicio de la judicatura o de la abogacía. El enriquecimiento de la abogacía y de la judicatura está en la academia. Si no hay academia, la judicatura y la abogacía son pobres, son deficientes. Es el teórico el que tiene la capacidad de develar los verdaderos problemas, el práctico les pasa por encima, no los ve. Por ejemplo, en Costa Rica hay una falta endémica de capacidad para hacer leyes. ¿Por qué razón? Por nuestra manía de creer que tenemos que producir jueces y abogados. ¿Los jueces y los abogados hacen leyes? Las aplican. Para hacerlas hay que tener la distancia, hay que tener la vista desde arriba, desde la teoría, la vista sobre la situación”.

Walter Antillón Montealegre, docente de la Facultad de Derecho

“Yo regresé de Italia con ese abejón en el buche, con esa gran preocupación, y me puse en contacto inmediatamente con Eduardo Ortiz, un decano de la Facultad muy recordado con toda razón. Eduardo también estuvo unos años antes que yo en Roma. Entonces, los dos conocimos los mismos maestros. Estuvimos en contacto por carta durante el tiempo que yo estaba allá y, entonces, estábamos muy coordinados. Así que, cuando regresé empezamos a pensar cómo hacer para cambiar la Facultad. Carlos José Gutiérrez, que era un poco mayor que nosotros, pero era de la gente joven, era muy receptivo en esto y se metió de lleno. Entonces, cuando él fue decano nos llevó a nosotros a la administración: Eduardo fue su vicedecano y yo su director de docencia”, recordó el profesor.

Desde esos puestos, Antillón y compañía lograron cambiar por completo el programa de estudios de la Facultad de Derecho y establecer convenios con los gobiernos de Francia e Italia y con sus principales universidades. Gracias a estas alianzas, estudiantes nacionales se especializaron en Europa, profesores italianos y franceses impartieron cursos en el país y la biblioteca de la Facultad se nutrió con la más actualizada doctrina de ambas naciones europeas, producto de una generosa donación de libros y de la suscripción a prestigiosas revistas.

“Todo eso cambió a la Facultad. Al cabo de un tiempo ya teníamos de vuelta a un montón de egresados nuestros, posgrados que venían ya contratados por la Universidad. […] Entonces, lo que nunca se había podido hacer porque faltaba plata, se hizo en pocos años y tuvimos 25, 30 tiempos completos, pagados por la Universidad y plata había, sí había la plata. ¿Dónde estaba? Simplemente la plata es la misma, usted la usa en una cosa o la usa en otra”, agregó.

Sin embargo, la reforma soñada por Antillón no duró mucho. La construcción de una vigorosa vida académica quedó truncada cuando los jóvenes becarios que regresaban con su posgrado de Europa se fueron yendo, uno a uno, luego de cumplir con su compromiso de servicio a la Universidad. Incluso, el mismo Antillón renunció a finales de los años setenta con la motivación de trabajar con el flamante Gobierno sandinista en Nicaragua, donde permaneció por ocho años.

“Yo no llegué a pelear en el Frente Sur porque en eso ya ganaron los sandinistas, pero yo estaba muy relacionado con lo que iba a ser la parte intelectual del Gobierno. Entonces, desde antes del triunfo sandinista ya veníamos trabajando en una especie de Constitución, que era una Constitución de dos cabezas: el Estatuto de Derechos de los Nicaragüenses y el Estatuto Fundamental, como quien dice la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Con eso empezó a funcionar el Gobierno de Nicaragua. Yo ya estaba muy involucrado con ellos, de modo que cuando triunfa el movimiento sandinista nos mandan a viajar. Yo viajé a Managua el día siguiente al triunfo, el día siguiente de la huida de Somoza y desde entonces me quedé allí”, rememoró.

Y se quedó allí con la plena certeza de que terminaría sus días sirviendo al Gobierno Sandinista y que sus buenos efectos en la sociedad se esparcirían por toda Centroamérica. Por eso renunció como profesor de la Universidad de Costa Rica y se deshizo de todo lo que lo ligaba al país. No obstante, a la vuelta de pocos años, vio cómo la Revolución fue traicionada desde dentro con el apoyo económico y armamentista de los Estados Unidos. A partir de entonces, ha visto cómo las diferencias sociales se han incrementado, así como la pobreza y la represión.

“En este momento, eso ya no es una Revolución, para nada, yo no veo por ninguna parte un desarrollo revolucionario, un desarrollo del pueblo de Nicaragua, veo a un pueblo mayoritariamente opositor oprimido por las armas y un ejercicio del poder absolutamente enloquecido. […] Es una vigilancia y una persecución contra todo el mundo, y las medidas son demenciales: a usted le quitan la nacionalidad y le quitan todos sus bienes y le quitan el ejercicio profesional. Es decir, son las medidas que Hitler toma apenas llega al poder contra los judíos: despojo de la nacionalidad, despojo de la profesión, prohibición de relacionarse con otras personas. Para mí es dolorosísimo porque yo participé en la gran ilusión de lo que sería, en mi criterio, el futuro de América Central, yo pensaba que una revolución socialista democrática podía cundir en América Central. ¡Claro! No contaba con que los gringos no iban a permitir nada semejante y tenían todos los recursos para impedirlo”, manifestó Antillón.

Para Walter Antillón Montealegre el objetivo del desarrollo intectual es el servicio a la comunidad. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La afinidad de este docente con las ideas comunistas comenzó desde temprana edad, cuando tomó conciencia de la injusticia que viven las sociedades dominadas por una oligarquía. Sus manifestaciones se convirtieron en un escándalo dentro de su conservadora familia, lo cual no fue obstáculo para que, años más tarde, ingresara al Partido Vanguardia Popular y se rozara con las figuras más emblemáticas de esta corriente política en el país.

A pesar de que sus ideales políticos los compartía con algunos compañeros de universidad, el movimiento estudiantil era muy pasivo y no asumía ninguna lucha como propia. De acuerdo con Antillón, esa característica obedecía a la fuerte represión que se vivió posterior a la Guerra Civil de 1948 y a la proscripción del Partido Comunista por cerca de 25 años. Sin embargo, la energía del estudiantado se acumuló y terminó por estallar en las manifestaciones contra el Proyecto de Ley de Alcoa, en 1970.

Para ese entonces, Antillón ya formaba parte del cuerpo docente de la Facultad. Según recuerda, la relación entre docentes y estudiantes era distante y poco democrática, a diferencia de lo hoy él mismo experimenta sus clases, donde sus alumnos lo tratan con suma confianza y le hablan de “vos”, a pesar de las siete décadas que los separan.

“Lo que yo le digo a los alumnos, en primer lugar, hay una cosa fundamental, que es consustancial con la academia, pero que nuestras organizaciones de enseñanza pasan de lejos, y es tener claro el objetivo. Para mí, desarrollarse intelectualmente, desarrollarse emocionalmente, tiene un objetivo que es servir. Si los alumnos aceptan que su objetivo en la vida es servir a la comunidad es muy fácil montar sobre esa ilusión, montar una buena academia. Pero si el objetivo es servirse a sí mismo, hacerse ricos, acumular cosas absurdas, no hay consejo que valga”, advirtió este docente que ya supera las seis décadas de impartir lecciones.

Desde su experiencia académica y su análisis social, Antillón considera que la Universidad debe ser más beligerante y volver a ser un poder en la sociedad costarricense con el fin de resguardar el Estado social y democrático de derecho ante las constantes arremetidas de los grupos interesados en la privatización de los servicios esenciales en detrimento de la mayoría de la población.

“En tiempos del comienzo de la Universidad, los Gobiernos consultaban a la Universidad sistemáticamente y, en Europa, los proyectos de ley son consultados a las universidades, el Parlamento espera que las universidades dictaminen para conocer el criterio. Eso, aquí, jamás. A la universidad pública se la ningunea. Es decir, esos traidores socialdemócratas de Costa Rica que permitieron la privatización de la enseñanza superior nos han hecho un daño espantoso porque se ha vulgarizado, la enseñanza superior se ha convertido en una parodia, en una caricatura”, se lamentó el jurista.

Luchador incansable por la justicia, Antillón reconoce que, como ser humano, ha sido injusto en muchos momentos de su vida y se arrepiente de ello. Sin embargo, no claudica en su batalla interna por vivir lo que predica, porque es un fiel convencido de que bien vale la pena luchar por la justicia en medio de un mundo injusto. Incluso, considera que el sufrimiento es un precio que se puede y se debe aceptar cuando se está del lado de la justicia y existe un compromiso de servir a la comunidad.

Salvar la universidad pública es salvar al país

“Estamos en un tiempo en el que la universidad pública va a la baja. Todo el mundo está de algún modo convencido o resignado que así tiene que ser y yo soy del parecer absolutamente contrario, porque esa baja de la universidad pública es la baja también del Estado de derecho, la baja del Estado de bienestar, es la entronización del neoliberalismo, prácticamente la pérdida de nuestros viejos, los pobres pequeños Estados nacionales. Se están perdiendo y esta gente lo que quiere es, incluso, suprimir los Estados porque son Estados fallidos, Estados obsoletos, Estados canallas, toda clase de cosas.

“La comunidad costarricense, como pueblo, tiene que reaccionar, tiene que seguir adelante. Hay que defender ese pequeño Estado mientras no viene lo que tendría que ser el ideal que sería un Estado mundial fundado democráticamente, en donde todos los pequeños Estados nacionales vean reconocidos sus derechos básicos.

“Nuestros Estados han sido sistemáticamente explotados y traicionados por el gran capital. Las intervenciones del capital siempre han sido para hacernos daño, nunca para mejorar. La prueba de ello es que hoy día estamos tan subdesarrollados como estuvimos hace 100 años, a pesar de todos los planes y todas las proclamas del capitalismo que hay que sacar del subdesarrollo… ¡mentira! No querían sacarnos del subdesarrollo, lo que querían era sacarnos los recursos y siguen en eso.

“El TLC arrasó con nuestras soberanías, nos quitó nuestra soberanía judicial, por ejemplo. Cualquier inversionista puede demandar al Estado costarricense en un panel internacional y eso, para Costa Rica, es la ruina, no solo porque los Estados, casi todos, siempre pierden los pleitos allí, sino porque esos pleitos caen en manos de una mafia abogadil “especialista” que cobra salvajemente. De modo que, ante esa perspectiva del Estado, se agacha ante los inversionistas, el inversionista le impone cualquier cosa. Eso no era así. En América Latina, hace más de cien años, se había ido estableciendo una medida muy buena que se llamaba la Teoría Calvo, la Doctrina Calvo. La Doctrina Calvo decía que el inversionista que llegaba a un país tenía que atenerse a la legislación de ese país y que, si no le gustaba, que no viniera. Eso pasó a las Constituciones, pero el TLC lo reformó, el TLC se llevó por delante esa barrera.”

Walter Antillón Montealegre, docente de la Facultad de Derecho

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Comisión Legislativa de Ambiente investigará Plan Regulador de Talamanca

En la sesión de Comisión del día de ayer 30 de agosto, se votó unánimemente una moción del diputado Ariel Robles para abrir una investigación sobre el polémico Plan Regulador Costero del cantón Talamanca.

La moción solicita “abrir un expediente de investigación que indague sobre la metodología, el procedimiento y los criterios técnicos y científicos que se utilizaron por la Municipalidad de Talamanca y las demás entidades públicas involucradas para generar dicho Plan Regulador”.

Para el diputado proponente “dicho proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente”.

Recalca que “dicho Plan Regulador también existe la posible violación al constitucional derecho de participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

El Diputado Robles recuerda que “la Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar”.

Si bien la fracción de Liberación Nacional quiso que este tema se discutiera en la Comisión Legislativa de la provincia de Limón, el diputado fue vehemente que sin importar el color político la Comisión de Ambiente es el lugar temático que corresponde y que hasta el día de hoy la comisión ha tenido una práctica abierta y unánime de llevar a cabo este tipo de investigación, como también lo señaló el mismo presidente de la Comisión, el diputado Gilberth Jiménez Siles.

Finalmente, por unanimidad fue votada con 6 votos a favor por las y los diputados: Gilberth Jiménez Siles, Kattia Cambronero Aguiluz, Oscar Izquierdo Sandí, Manuel Morales Díaz, Katherine Moreira Brown y Ariel Robles Barrantes.

Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), se señalan: (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019, ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Ver video de votación,en minuto 1:54:46 / 2:16:11 y moción adjunta.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Jornada de investigación Escuela de Trabajo Social

El pasado jueves 31 de agosto, la Escuela de Trabajo Social realizó su CONFERENCIA DE CLAUSURA “Movimientos de Mujeres en Movimiento: los Feminismos y la Necesaria Ruptura Civilizatoria”, por la Dra. Nancy Piedra Guillén, Universidad de Costa Rica. 

UCR: El autoritarismo atenta contra la resocialización y la dignidad de la población carcelaria

Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, tuvo a su cargo la reflexión inicial del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Inauguración del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal

En la actividad se presentó la nueva edición de la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, magistrado constitucional

Cada vez que las estadísticas muestran un repunte de la criminalidad, no faltan las voces que se levantan para pedir penas de prisión más altas, la penalización de delitos “menores”, el uso de métodos más agresivos para obtener confesiones (torturas) y el pago de quienes descuentan una pena privativa de libertad mediante trabajos forzados.

Sin embargo, cuando el mundo ha optado por estas “opciones”, lejos de obtener resultados satisfactorios, el problema se torna más complicado porque aumenta la población carcelaria y su permanencia en el sistema penal, lo cual redunda en la sobrepoblación de los centros penitenciarios y, por ende, en el hacinamiento. En esas condiciones, la resocialización del individuo se vuelve, más que difícil, imposible.

De acuerdo con Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, la resocialización de la persona debe ser el objetivo primordial de la pena privativa de libertad y eso solo se puede lograr en un Estado social y democrático de derecho que garantice el respeto por la dignidad individual, que ofrezca opciones de rehabilitación y reinserción social y que, sobre todo, trabaje en la prevención del delito.

Así lo expuso en su tesis doctoral y lo recordó en la inauguración del ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal”, actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y que está dedicada al mismo Cruz.

“A lo largo de su gran y vasta trayectoria académica y judicial, don Fernando ha demostrado ser un asiduo defensor del Estado social y democrático de derecho. Su convicción sobre este aspecto le ha valido enfrentar las luchas jurídicas más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por mencionar algunas de esas luchas, se encuentran la defensa del principio democrático de la división de poderes, la independencia judicial, el estado del sistema penitenciario nacional y la solución de los grandes conflictos sociales que han puesto de manifiesto la agenda política de desmantelamiento de la institucionalidad pública que lamentablemente padecemos hoy. Es de nuestro conocimiento que la defensa de estas convicciones le han valido múltiples ataques y de diversa naturaleza y especialmente ataques que han provenido y siguen proviniendo de quienes deberían ser los guardianes de nuestra democracia.”

Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la resocialización es imprescindible y se convierte en una garantía, porque el sistema debe propiciar circunstancias institucionales adecuadas para darle opciones de rehabilitación a la persona. Si bien este principio no se encuentra en la Constitución Política, sí se estipula en el Pacto de San José.

“El crimen es algo normal, es parte de la conducta de los seres humanos. Con la resocialización lo único que queremos es que la persona no cometa más delitos. Lo que no podemos hacer es incursionar en su mente, como si fuera La Naranja Mecánica, para cambiar su conducta, porque el ser humano tiene una dignidad, y la dignidad es un valor fundamental, no es mera ideología”, subrayó Cruz en su intervención.

“Se debe destacar que en sus teorizaciones y estudios más tempranos, como penalista, sobre los fines de la sanción penal y, en específico, en su investigación doctoral sobre el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad, también vemos que el trabajo intelectual del profesor Fernando Cruz muestra una absoluta congruencia y una opción preferencial por la defensa del Estado social de derecho, donde se opta por la inclusión económica y social de las mayorías como proyecto a realizar, donde se opta por una mejor distribución de la riqueza como objetivo a cumplir por las instituciones del Estado. El fin primordial de la pena no puede ser otro que lograr la reinserción social de quien ha cometido un delito. No puede ser distinto que reducir las posibilidades de reincidencia y criminalización futuras de las personas condenadas, tal como lo estipula con absoluta claridad el artículo cinco, inciso seis, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”

Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Según el magistrado, de la misma forma que se debe de hablar de un triunfo colectivo cuando un individuo logra alcanzar metas en la vida, la sociedad también debe reconocer su cuota de responsabilidad en los delitos que cometen las personas, porque nadie crece en contextos inocuos. “Entonces, ¿a quién se debe resocializar: al infractor o a la sociedad?”, cuestionó.

Estas y otras muchas reflexiones se encuentran en la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, titulada La resocialización como objetivo primordial de la pena privativa de libertad. Análisis de la legislación costarricense y española y que fue publicada en una nueva edición, gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

“La grandeza principal de esta obra de don Fernando Cruz es que se centra siempre en esa visión de los derechos fundamentales, del Estado democrático de derecho, del combate, ya desde esa visión que él tenía en ese momento, a esa perspectiva del populismo penal, que quizá no era esa la expresión que se usaba en el momento en el que él publica su obra, pero es una obra que se adelantó en el tiempo y nos hace ver esos peligros que se cernían sobre nuestros países, sobre nuestra región, que hoy se concreta en ese populismo penal, en esa deriva autoritaria que hoy vivimos.”

Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente

El ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal” se desarrolla todos los miércoles, a partir de las 5:00 p. m., en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, hasta el 8 de noviembre. Seguidamente, el calendario de las conferencias:

 

Fernando Montero Bolaños

Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR