El próximo martes 29 de agosto a las 5:00 pm se realizará la conferencia y conversatorio “Costa Rica en Centroamérica: ¿Cuáles son sus intereses estratégicos y cómo gestionarlos?” en el mini auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales UCR. También podrá observar la transmisión por Facebook Live Cienciaspoliticasucr, fcsucr y YouTube @escuelacienciaspoliticasuc418 y @WebTVUCR.
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica
En la décima sesión de la Comisión de Enlace, realizada este 22 de agosto, las autoridades universitarias y la representación estudiantil lograron un acuerdo de aumento para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) de un 2 %, más un ajuste automático si la inflación supera ese porcentaje. Además, se modificaron las propuestas del Ejecutivo que le permitían intervenir en la gestión y planificación universitaria.
El acuerdo que fue calificado por ambas partes como exitoso, logró evitar que la discusión terminara en el seno de la Asamblea Legislativa, un escenario que se vislumbró como posible, hecho que hubiera marcado un hito histórico. Sin embargo, el acuerdo llegó antes.
En una sesión maratónica de casi ocho horas, las partes lograron un acuerdo este 22 de agosto, uno en el que las universidades lograron duplicar la oferta inicial dada por el Ejecutivo y adicionalmente se acordó un aumento automático del monto, en caso de que la inflación a junio del próximo año supere ese porcentaje.
Adicionalmente las y el representante de Gobierno en la comisión de enlace permitieron todas las modificaciones al texto del acuerdo que comprometían la Autonomía Universitaria.
En un documento anterior, enviado por el Ejecutivo se condicionaba el financiamiento a las universidades a un listado de requisitos que fueron considerados por las autoridades de Conare como inaceptables.
El documento pretendía:
– Imponer que el mecanismo oficial de rendición de cuentas de las universidades hacia la ciudadanía sean solo los treinta indicadores, en los cuales tiene interés el Ejecutivo y orientar el presupuesto únicamente a esos indicadores. Lo anterior sería desconocer la herramienta de planificación universitaria (PLANES) que incluye más de 100 indicadores vinculados con el desarrollo sostenible y que sobrepasan la visión de corto plazo de un gobierno.
– Obligar a las universidades a diversificar sus fuentes de ingreso, incluido el incremento en el monto de la matrícula. Lo cual, es un paso inequívoco hacia modelos muy distintos de educación pública que tienden a su privatización.
– Desarrollar proyectos de investigación que respondan a criterios políticos. Lo que atenta contra el desarrollo de las ciencias en todos sus campos, especialmente en áreas como las artes y la cultura.
Así lo explicaron las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas que se manifestaron la tarde del 22 de agosto para solicitar a la rectora y rectores de las Universidades Públicas no firmar el acuerdo del FEES bajo esas condiciones.
La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez; y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado de la Universidad Nacional (UNA); Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); mantuvieron durante todo el proceso de negociación una postura unificada.
Con este acuerdo se cierra un proceso arduo que demostró a un Consejo Nacional de Rectores unido y firme en la defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Las luchas de Conare incluyen el reciente archivo del proyecto de ley 23 380, con el cual la actual administración pretendió modificar las bases constitucionales del modelo de financiamiento de la educación superior pública, y fuertes movilizaciones sociales que evidenciaron la importancia país de no deteriorar la educación pública.
En ese sentido, las autoridades universitarias concluyeron la jornada con un llamado a mantenerse vigilantes del cumplimiento de los acuerdos del FEES y especialmente dar seguimiento a las acciones gubernamentales que permitan el financiamiento de la educación con el 8 % constitucional.
El acuerdo de FEES para el 2024 cumple con el mandato constitucional de reconocer al fondo el aumento por costo de vida. Con este crecimiento del 2 %, se está dando un monto que entra dentro del margen de inflación proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de 3 +/- 1 % para el próximo año.
Además, se incluyó una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES en el mes de julio 2024, en caso de que la inflación supere el 2 %.
Un punto en el que no se logró total acuerdo fue el reconocimiento a la base del 1 % adeudado del 2023. Las partes acordaron un monto para ello pero, aplicado al 2024.
Adicionalmente, en el contexto de este proceso y finalizada la negociación, el Conare reiteró su compromiso de continuar el análisis relacionado a un mecanismo de redistribución del FEES, en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y a la decisión propia del Conare.
Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
¿Qué debemos aprender de la experiencia de Nicaragua? Esto es lo que pasa cuando la autonomía universitaria deja de existir. #FloredcemosEnAutonomía #lLargaVidaUCR #SiempreUCR
La Universidad de Costa Rica (UCR), consciente de la importancia de la educación superior y el libre pensamiento en la construcción de sociedades justas y democráticas, denuncia con vehemencia el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. Este lamentable acto refleja el temor del régimen a las voces críticas y al pensamiento independiente y autónomo que ha caracterizado a esta destacada institución a lo largo de su existencia. No es casualidad que con esta acción, la dictadura orteguista haya clausurado ya a más de 30 universidades.
La UCA, universidad jesuita fundada en 1960, ha sido un pilar en el desarrollo educativo, social, económico y cultural de Nicaragua. Concebida con el objetivo de ofrecer una educación superior de calidad, inspirada en valores solidarios y profundamente comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental, ha sobrepasado ampliamente ese propósito, convirtiéndose en un referente universitario en Centroamérica.
El legado académico de la UCA es indiscutible. Fue la primera universidad en Nicaragua que tuvo la visión de ofrecer carreras tan vitales para el desarrollo humano y social como psicología, sociología, comunicación social y economía. Pero no solo su oferta académica la hace destacable: la UCA también fue pionera en la creación de centros e institutos de investigación sobre asuntos cruciales como los derechos humanos, el medio ambiente, la cultura, la política y la educación.
La UCA ha sido siempre una voz crítica y constructiva frente a las diferentes realidades históricas de Nicaragua. Ortega y Murillo no deberían olvidar la posición de la UCA en la lucha contra la sombría dictadura somocista, que apoyó valientemente el movimiento popular que anhelaba el cambio social y la democracia.
Pero esta firmeza y compromiso con la verdad y la justicia no estuvieron exentos de riesgos. Recordamos con profundo dolor los atroces actos de violencia y represión que la UCA ha enfrentado. En 2018, en medio de protestas contra el régimen, grupos paramilitares armados de la dictadura atacaron a estudiantes inocentes que buscaban refugio dentro del campus.
Finalmente, el 13 de agosto de 2023, bajo el pretexto de incumplimientos administrativos, el gobierno de Ortega y Murillo ha clausurado a la UCA. Esta medida es una flagrante violación a la autonomía universitaria y una violación más de los derechos humanos.
La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia, a condenar este acto atroz de represión y a unirse en solidaridad con el pueblo nicaragüense y su derecho a una educación libre, crítica y de calidad. La educación es un derecho inalienable.
Desde la Universidad de Costa Rica, levantamos nuestra voz en solidaridad, esperanza y resistencia, confiados en que la luz del conocimiento y la verdad siempre prevalecerán sobre las sombras de la opresión.
Desde hace varios años, especialistas en salud y defensores de la lactancia materna han sido contundentes: amamantar es una de las mejores inversiones en salud para la supervivencia de la especie humana y el costo de no hacerlo tiene enormes implicaciones a nivel individual, familiar y social.
Pero, a pesar de los enormes beneficios de la lactancia ya comprobados por la ciencia, en ocasiones pareciera ser que al mundo empresarial se le olvida y surgen cambios que podrían vulnerar este derecho.
¿Uno de ellos? El proyecto de ley N° 21 182 “Reforma de los artículos 136, 142, 144, 205 y 274 y adición de los artículos 145 bis y 145 ter del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales”, mejor conocido como el proyecto de las jornadas 4×3.
A ese consenso llegó la Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica; la M.Sc. Virginia Marín Arias y la Lic. Ivannia Solano Jiménez, ambas de la Defensoría de los Habitantes y la Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, durante la VII Jornada de Promoción de la Lactancia Materna, desarrollada por el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De acuerdo con la M.Sc. Virginia Marín, con las modalidades de jornadas que propone el proyecto de ley 4×3 —una diurna de hasta doce horas con tres días libres, y otra nocturna de hasta doce horas con cuatro días libres—, las protecciones que por tanto tiempo el país ha luchado a favor de la lactancia materna, las madres y la niñez costarricense podrían debilitarse. ¿Las razones? Varias.
El primer motivo, comentó Marín, se debe a que “el proyecto de ley, simplemente, lo que hace es prohibir las jornadas excepcionales para las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o en embarazo”. Si bien esa medida puede entenderse como una acción proteccionista, también se podría considerar como una medida discriminatoria que, eventualmente, podría vulnerar la lactancia materna.
“Se dice que las jornadas excepcionales son voluntarias. Pero, ¿hasta qué tanto pueden ser voluntarias? ¿Hasta qué tanto las mujeres, que no se les permite trabajar jornadas excepcionales y que están bajo el periodo de lactancia, podrían verse obligadas a tomar la jornada excepcional y renunciar a su derecho de lactancia? Esto es un riesgo. Si se les excluye, esto no significa que la lactancia materna no vaya a tener consecuencias. ¡Claro que sí! Puede ser que las mujeres decidan no dar más de lactancia para someterse a jornadas excepcionales y renunciar a su derecho”, mencionó Marín.
Lo anterior se vuelve más retador si se contempla que el proyecto de ley propone pagar un porcentaje adicional a la hora mínima que se establezca. Según Marín, esto constituye un verdadero peligro para los derechos de las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o embarazo. Muchas, con el fin de conseguir ese dinero adicional por sus condiciones de vida, pueden verse obligadas a acogerse a jornadas excepcionales ampliadas y renunciar a sus derechos.
Como si eso no fuera suficiente, el proyecto de ley también tiene otros puntos débiles. Uno de los aspectos señalados por la especialista es el periodo de adaptación. El proyecto de ley plantea que la persona trabajadora tiene tres meses para adaptarse a la nueva jornada y, si no lo logra, deberá ser reinstalada en su jornada ordinaria. No obstante, si del todo se comprueba imposibilidad, la persona deberá ser liquidada.
“O sea, yo voy a probar y, si a los tres meses soy consciente de que no me sirve esa jornada porque no me siento bien, aquí el inciso le permite al empleador ser despedido. Entonces, nos enfrentamos a una reforma normativa que viene a remover nuestros derechos y las garantías que por años hemos disfrutado”, mencionó Marín.
En lo mismo coincidió la Lic. Ivainia Solano Jiménez. Para ella, este proyecto —ya de por sí complejo— posee muchas reformas. De todas, la más desafiante son las jornadas excepcionales y cómo se utilizarán los tiempos, pues marca una visión distinta a la que tiene Costa Rica actualmente.
“Cuando la Defensoría hizo el criterio de este proyecto de ley, se trabajó entre áreas porque esto afecta la vida de todas las personas trabajadoras, de sus familias, personas dependientes y de todas las diversidades y habitantes del país. Entonces, cuando la Defensoría de la Mujer participa en el criterio, los llamamos a tomar en cuenta otros elementos como el trabajo decente”, mencionó Solano.
¿Trabajo decente? ¡Sí! Uno que incorpore el ingreso justo, la seguridad, el desarrollo, la libertad de expresión, así como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
También, el uso del tiempo para que la persona tenga un balance entre lo privado y el trabajo. Precisamente, por eso la ley ampara la jornada de ocho horas, porque permiten un balance sano en la vida de la persona: ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de disfrute.
“¿Qué le dijimos a la Asamblea? Que antes de meterse a las jornadas tenemos que revisar cuáles son las condiciones que nos van a garantizar los componentes del trabajo decente, incluyendo la posibilidad de tener un balance entre las responsabilidades familiares, el trabajo doméstico no remunerado y su vida laboral”, enfatizó la licenciada.
Lo anterior es especialmente importante si se revisa la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2022, la cual revela que incluso, en la división de tiempo convencional de ocho horas, las mujeres son las que dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado (32 horas) versus los hombres (15 horas), semanalmente. Entonces, si trabajan jornadas excepcionales, ¿cómo harán frente a tantas tareas, entre ellas la lactancia?
“Esto puede exacerbar las prácticas laborales discriminatorias contra las mujeres, sobre todo, en edad fértil de procrear. En caso de embarazo o lactancia a ellas no se les puede incluir en la jornada excepcional. Entonces, su contratación no contribuye al objetivo de la empresa”, reflexionó la abogada.
En efecto. Tan solo analice: ¿qué pasará si una empresa decide consolidar el servicio 24/7?, ¿para qué la empresa va a pagar tres turnos si ya tiene la jornada excepcional?, ¿qué va a pasar cuando ya no estén disponibles puestos con jornadas de ocho horas y las mujeres no puedan permanecer en el empleo porque solo esa jornada le sirve?
La Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica, hizo una reflexión similar pero desde la biología humana.
Para Broitman, las jornadas extendidas generan periodos importantes de separación entre la madre y el bebé que pueden afectar la salud física y hasta mental del lactante. Además, incide en una menor producción de leche activa y abundante. La razón radica en nuestra más pura esencia: somos mamíferos.
“El ser humano es un mamífero placentario de la familia de los homínidos. Nos comparamos con los simios, chimpancés y orangutanes. Nosotros estamos hechos y diseñados para que las crías se alimenten con leche materna por varios años. Esto no solo favorece la salud, sino que también el vínculo afectivo. Lo que queremos son sociedades más saludables, amorosas y con mejores seres humanos y parte de ese proceso inicia en ese momento”, argumentó Broitman.
Si quiere comprobar lo anterior tan solo voltee a ver la naturaleza. Con esto se dará cuenta de que los mamíferos amamantan a sus crías entre dos y doce veces. ¡Claro!, hay excepciones. “Están los osos pandas gigantes que amamantan cuarenta veces y los canguros rojos que lo hacen solo una vez cada tres días. Si fuéramos “canguras rojas” tal vez ahí sí nos funcionaría la jornada extendida, pero no lo somos”, acotó Broitman.
A esa retadora realidad se le acompaña otros elementos característicos de nuestra especie, como el tener bebés altamente vulnerables que requieren largo tiempo de cuidado para garantizar su desarrollo físico y cerebral, así como glándulas mamarias incapaces de almacenar leche.
Si algo hay que tener claro, es que la glándula de la mujer está hecha para producir la leche en el momento del estímulo al pecho y su óptimo funcionamiento radica de un vaciamiento frecuente. Si un bebé no mama frecuentemente, la producción será sensible a esos cambios y la producción irá desapareciendo.
“Ya hoy en día, con la jornada normal, es sumamente difícil mantener la lactancia. En las estadísticas se ve claramente cómo decae la lactancia materna exclusiva en la madre que se reincorpora al trabajo. Si la mujer está mucho tiempo afuera y decide acogerse a la ley, ¿cómo será si tiene que ir doce horas? La producción es sumamente sensible y puede perderse muy rápido”, mencionó la expositora.
¿Alternativas? Muchas, pero ninguna ha logrado igualar a la biología humana. La succión de un extractor, por ejemplo, jamás será igual que la cascada hormonal que produce esa mujer cuando tiene a su bebé en el pecho y la leche de fórmula nunca podrá asemejar en su totalidad el oro líquido de la leche materna original.
“En los últimos 100 años hemos sustituido la leche con el boom de las fórmulas. ¿Y qué tenemos? Bebés más enfermos, una marcha alérgica acelerada, obesidad infantil, problema de enfermedades no transmisibles y otro montón de cosas más. La leche materna no es solo comida, es contacto, comunicación, es seguridad, es calor, es amor”, aseveró Broitman.
La Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, dejó claro que todavía hay mucho por hacer. Tan solo el Código de Trabajo data de 1943 y, si bien muchos artículos han tenido sus reformas, hay varios que rigen tal cual fueron escritos en sus inicios. “Muchos siguen siendo ambiguos y por eso tenemos que recurrir a la Sala Cuarta porque la ley siempre ha sido muy omisa”, afirmó.
La Dra. Chaves también resaltó la discriminación, la desigualdad en cuanto a horas de lactancia (las mujeres de la CCSS tienen una hora y media), así como la distribución horaria.
Por su parte, la M.Sc. Viviana Guerrero Chacón, docente de Filosofía de Ética Médica y Bioética de la UCR, tampoco se aleja de esa realidad. La filósofa amplío que las personas encargadas de realizar políticas públicas no han entendido el peso social que tiene la lactancia.
“Aquí el tema es que parece que tenemos otro desafío de que nos estamos sacando las cartas entre gitanas. Nosotras lo sabemos, pero ¿lo saben las otras personas que están en la Asamblea Legislativa haciendo esa política pública que le llamamos ley?”, reflexionó la experta.
Guerrero mostró algunos de los desafíos pendientes y el más importante de todos es el de la pluralidad. No, no existe la mujer, sino las mujeres y las personas lactantes como hombres trans. En Costa Rica existe una gran diversidad que no ha sido contemplada en las leyes porque, incluso, hasta los pueblos indígenas viven la lactancia de manera diferente.
Ante esto, es necesario ir construyendo una política pública suficientemente abierta de tal manera que quepan todos los sujetos que lactan, no solo mujeres. De igual forma, es importante empezar a cambiar la noción de que el cuerpo es una cosa cerrada y todos son iguales.
“Las mujeres cábecar o bribri no ven la lactancia de la misma forma y nosotros aquí decimos: las mujeres indígenas, como si todas fueran iguales. No se puede universalizar el sujeto de la lactancia. Esto discrimina a las personas. Además, las políticas no las definen las mujeres lactantes, sino los médicos. Hay un autoritarismo médico, político y de solo algunas voces. Tenemos que exigir que nos escuchen porque están haciendo políticas sobre nuestros cuerpos y jamás nos preguntaron qué queríamos. Como mujeres tenemos que aliarnos. No intentando que todas pensemos igual, sino uniéndonos en la diversidad”, consideró Guerrero.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
La nueva edición de Click para Innovar, se realizará este jueves 17 de agosto de 8:00 am a 12:00 mediodía.
Click para Innovar es un espacio de vinculación entre la Universidad de Costa Rica y el sector productivo.
En esta oportunidad se busca articular a empresas y personas emprendedoras interesadas en agroindustria, transición verde, cambio climático y turismo sostenible, con personas investigadoras de la Universidad de Costa Rica para generar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (i+d+i).
La actividad se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica.
Puede encontrar más información siguiendo este enlace y en la invitación anexa.
Asimismo, las personas pueden confirmar la asistencia mediante este formulario.
Click para Innovar es organizado por la Dirección de Innovación y Vínculo para el Desarrollo (DIPROVID) de la Universidad de Costa Rica.
Durante el tiempo de existencia del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) se han estudiado procesos electorales, procesos parlamentarios, decisiones gubernamentales de política pública, temas municipales, ciclos de protesta, casos de corrupción, una pandemia, trayectorias y tendencias de poderes fácticos, entre otros. Todas las publicaciones que se han realizado de forma periódica en estas temáticas representan un insumo que enriquece la labor politológica, pero existe la necesidad cada vez más manifiesta de sistematizar y de dar un sentido unificado al análisis de las dinámicas que han caracterizado la política nacional en los últimos años.
Este nuevo libro – publicado conjuntamente por el CIEP y la Escuela de Ciencias Políticas – no es una simple compilación de los documentos de autoría del OPNA, sino una (re)interpretación diacrónica, revisada, articulada y retrospectiva de los actores, correlaciones de fuerzas, escenarios, acontecimientos, períodos, y mecanismos de poder, observable en el sistema político costarricense durante casi un quinquenio. Por supuesto que, como memoria, este documento recupera muchos segmentos de sus propios análisis de coyuntura, pero los “reescribe” hilvanando nuevos hallazgos, reformulando hipótesis, corrigiendo anteriores reflexiones y, en general, ajustando sus conclusiones de aquel entonces a una narrativa de mediano plazo, sistémica, vinculada a una estructura o formación social histórica. Por lo tanto, se ofrece al público interesado una versión sintetizada, revisada y mejorada de las principales tendencias y trayectorias de la realidad política costarricense actual.
El libro La realidad política costarricense (2017-2020): una memoria desde el Observatorio de la Política Nacional fue publicado el 30 de junio de 2023.
Sin embargo, su presentación formal tomará lugar en una actividad organizada por el OPNA, la Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación y Estudios Políticos en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de la Investigación de la UCR, a realizarse el próximo jueves 17 de agosto de 2023 a las 6 p.m.
Los libros del CIEP son publicados bajo una licencia Creative Commons 4.0 que permite la distribución gratuita, con atribuciones y no comercial. De modo que usted puede descargar y leer este libro de forma gratuita.
La actividad de presentación del libro La realidad política costarricense (2017-2020): una memoria desde el Observatorio de la Política Nacional contará con la participación de las personas autoras, así como el comentario de la Dra. Ilka Treminio (catedrática de la Universidad de Costa Rica) y el Dr. Fernando Cruz (magistrado de la Corte Suprema de Justicia).
Fuente: https://ciep.ucr.ac.cr/la-realidad-politica-costarricense-2017-2020-una-memoria-desde-el-opna/
Desde 1982, cada 9 de agosto el mundo conmemora el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas para destacar las voces de dichas naciones y los derechos ancestrales a sus tierras; así como la obligación de los Estados de diseñar políticas públicas tendientes a la defensa de su cultura.
En ese sentido, Costa Rica es signataria de múltiples instrumentos jurídicos para esos fines. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los habitantes de dichos territorios siguen viviendo situaciones de exclusión social y de impunidad ante las agresiones de parte de personas no indígenas que ocupan sus tierras.
Al respecto, según el último Censo Nacional un 70% de los hogares en las poblaciones indígenas costarricenses no logran satisfacer sus necesidades básicas en ámbitos como la salud, la educación, la infraestructura pública, la vivienda, el empleo. Sólo el 40% de casas en dichos territorios tiene acceso a agua potable, mientras el alcance nacional es del 90%. Asimismo, apenas el 67% de su población tiene acceso a la electricidad, en contraste con el 99% en el resto del país.
En ese sentido, la Universidad de Costa Rica (UCR), desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) tiene en ejecución 25 proyectos vinculados a los intereses y problemáticas detectadas en comunidades indígenas, propuestas construidas a partir de un diálogo con personas habitantes de dichos lugares, en busca de soluciones respetuosas de su autonomía y cultura. Además, desde la Red Institucional para el trabajo en Pueblos y Territorios Indígenas (RIPI) se articulan las diferentes acciones, actividades y proyectos que las unidades académicas y vicerrectorías llevan a cabo en los territorios indígenas o sobre temáticas vinculantes, en el campo de la acción social, la investigación, la docencia y la vida estudiantil.
Una de dichos proyectos es el relacionado con el “Patrimonio sociobiocultural a comunidades indígenas de la Región Brunca” (EC-607), ejecutado por la Escuela de Sociología, que tiene como objetivos gestionar acciones tendientes a la reforestación en zonas patrimoniales en las comunidades de Conte-Burica, Salitre y Térraba, así como favorecer el empoderamiento de las personas productoras en la Región Brunca sobre comercialización justa de productos agrícolas y el apoyo a organizaciones comunitarias y organizaciones que que trabajan en temáticas afines a la región.
“Aunque es necesario reconocer que los impactos han sido muy localizados, en tanto la deforestación es un problema estructural en los territorios indígenas y la universidad no lo puede resolver de forma absoluta ni de un solo golpe, al menos es necesario avanzar en algo y continuar con iniciativas que responden a necesidades de las poblaciones y que deben ser de interés de la acción social, uno de los pilares del quehacer universitario. No debemos claudicar en el apoyo a los procesos de recuperación y de reflexión desde la academia”, mencionó la magister Ana Lucía Mora González, coordinadora del EC-607.
Voces jóvenes para el cambio
Este año el lema del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas es la “Juventud Indígena como agentes de cambio para la libre determinación”, ya que además del relevo generacional que se está viviendo dentro de las naciones indígenas, la juventud es un elemento clave para el desarrollo de nuevos liderazgos, aprovechando la educación y el uso de la tecnología del siglo XXI para la creación de un futuro sostenible.
“Aún enfrentamos las amenazas que nos quiten lo que nos pertenece, la tierra y nuestra cultura; y siempre voy a tener el deseo que sigan siendo nuestras”, afirmó Iván Selles Vargas, joven bribri que actualmente cursa la carrera de Ingeniería Topográfica en la UCR.
Su vínculo con la tierra va más allá y cree que la lucha por la recuperación de territorios ocupados por personas no indígenas debe continuar. “Me parece que recuperarla tiene un propósito, la vemos no solo como un recurso natural, es nuestra cultura”.
El joven Selles con 22 años y orgullo de su herencia piensa regresar para seguir aportando a su comunidad al concluir esta segunda carrera, pues ya cursó el bachillerato en Gestión Cultural en la Sede del Pacífico de la UCR.
Ese empoderamiento juvenil es parte de los retos que se planteó este 2023 para esta conmemoración internacional. Para Eliu Rojas Jiménez, estudiante de 20 años y quien cursa el segundo año de la carrera de Derecho, las comunidades indígenas tienen problemas comunes como la falta de trabajo, malas remuneraciones, deficientes sistema educativos y pocas oportunidades sociales.
“En mi caso, gracias al incentivo materno pude salir del territorio para ingresar a la universidad, pero pasé años desinformado sobre cómo hacerlo y estamos abriendo camino para otros”, mencionó.
Rojas, un joven con raíces cabécar y bribri, y habitante de la comunidad de Korbita, en Talamanca, aseguró que en sus poblaciones existen escuelas mediocres y “los que salimos es porque ponemos mucho de nosotros mismos, no es un asunto de capacidades personales, sino de falta de oportunidades”.
En cuanto a oportunidades, destacó Rojas, un tema pendiente es superar la brecha de género, ya que aunque más mujeres se gradúan de la secundaria, son menos las que continúan sus estudios universitarios en comparación con los hombres.
En contraste, las mujeres lideran los procesos de recuperación de tierras, una lucha que apoya el joven Rojas. “Yo estoy a favor, pero me molesta la negligencia del Estado, ya que fue el mismo el que permitió la ocupación y cuando se habló de devolverlas se debió pensar entonces en indemnizar a los ocupantes no indígenas que de buena fe las adquirieron”.
Finalmente, para Rojas otro aspecto por cambiar es la forma en que se refieren a los pueblos, ya que el término indígena no es el adecuado, mismo que realmente se refiere a una persona originaria de un determinado país. Por eso, a su criterio, debe pensarse en naciones que comparten un mismo territorio como sucede en España u otros países.
“En lo personal no me gusta que me digan indígena, yo soy bribri, soy parte de una nación que está poblada por personas que compartimos una misma cultura, una historia y tradiciones. No somos territorios, somos naciones y convivimos en un Estado que se llama Costa Rica”. sentenció el joven Eliu Rojas.
En Costa Rica, las luchas por la autodeterminación de los pueblos y territorios indígenas y la recuperación de tierras ancestrales, al igual que en otras naciones latinoamericanas, han estado marcadas con sangre e impunidad. Según José Francisco Calí Tzay, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su informe especial tras su visita al país en diciembre de 2021, expresó su preocupación por los diversos ataques, “particularmente en el sur del país, que sufren intimidaciones y amenazas de muerte, incluso con armas de fuego, quema de viviendas y cultivos en el contexto de la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales sin que se hayan adoptado medidas de protección adecuadas y con pertinencia cultural por parte del Estado. En la mayoría de los casos, la causa subyacente es la falta de seguridad en la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas”.
Ante dicha situaciones, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante los Pronunciamientos 106 y 142, ha expresado su apoyo y “compromiso en la defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, el reconocimiento de sus territorios, su cultura y sus identidades, así como de las formas en las que se organizan política, económica y socialmente… y celebrar el fallo de la Sala Constitucional que declara nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los Territorios, realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena de 1977, el cual se posiciona como precedente para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”.
Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Objetivo General
Socializar los avances investigativos en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad en el contexto nacional e internacional en el ámbito de la jornada.
Objetivos Específicos
Organizadores: Comisión del Programa de Posgrado de Estudios interdisciplinarios en Discapacidad y Programa de Educación Continua y Servicios Especiales
Inauguración: Programa de Posgrado de Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad en Costa Rica
Lugar: Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales, en el primer piso, Ciudad de la Investigación
Fecha: 17 de agosto de 2023
Horario: 9 a.m. a 12 m / 1 p.m. a 4:50 p.m.
Intérprete Lesco
Formulario de reserva https://forms.gle/YUWjZmaKYDkBRRb88