Si tiene planeado estudiar una carrera del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, la cual es conocida en sus siglas en inglés como STEM, anote este dato porque son las Universidades públicas las que tienen la mayor oferta del país, con un total de 467 carreras.
Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.
En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.
Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.
Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.
Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.
Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.
“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.
En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.
Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.
“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.
Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.
Para ver la exposición completa de la experta puede ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr
Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.
Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.
“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.
“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.
Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.
El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.
La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.
“El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.
Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.
“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.
“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.
“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.
“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.
Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.
Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:
Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.
Carlos Quesada
Asesor en comunicación del Informe, UCR
“¡Jamás, jamás! Todos los días estudio”. Así de categórico es Walter Antillón cuando se le pregunta si ha logrado saciar su sed de conocimiento luego de nueve décadas de vida. Esa incansable búsqueda lo llevó a tener una biblioteca con cerca de 20 000 libros que empezó a reunir cuando, a sus dieciséis años, compró el primero de ellos: “Los caminos de la libertad” de Bertrand Russell, en 3 colones con 50 céntimos, en la desaparecida Librería Vagel, sobre el Paseo de los Estudiantes, cuando regresaba a su casa de su querido Liceo de Costa Rica.
Fue ahí, en el Liceo, donde consolidó su afición por la lectura como forma de acceder al conocimiento, se tornó un fanático de la historia, dominó el francés y amplió sus horizontes de la mano de profesores que eran verdaderas luminarias, como Teodoro Olarte, Carlos Monge Alfaro, León Pacheco, Isaac Felipe Azofeifa y Rafael Lucas Rodríguez, entre otros. Sin embargo, más allá de las ciencias, el arte y las letras, Antillón aprendió el carácter democrático que siempre debe encarnar la educación.
“El Liceo era para todos. Yo era de San José, de una familia más o menos acomodada, pero tenía compañeros muy ricos y tenía compañeros muy pobres también. Tenía compañeros que venían de Aserrí todos los días caminando desde la madrugada descalzos, con los zapatos al hombro, y se los ponían 200 metros antes de llegar al Liceo para no gastarles las suelas. Pero esa gente se metía en la clase con los Rorhmoser, con los Lachner”, recuerda Antillón.
De los 20 000 libros de este jurista, la mayoría ahora se encuentran en la Biblioteca Arturo Agüero Chaves, de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, gracias a una generosa donación que realizó recientemente. Él se quedó con poco menos de 2 000 libros en su casa para seguir sintiendo la cercanía de quienes considera sus amigos, y se muestra complacido al saber que muchos de ellos ahora le están haciendo compañía a la comunidad estudiantil de la sede de la UCR en San Ramón, donde el mismo Antillón se mantiene impartiendo los cursos de Teoría del Proceso, Derecho Romano e Historia del Derecho, una actividad que realiza ad honorem desde su jubilación, hace más de un cuarto de siglo.
La Facultad en la que se ha desempeñado como docente por más de seis décadas no es la misma que lo vio llegar como estudiante a inicios de la segunda mitad del siglo XX, cuando muchos de sus mejores profesores fueron sustituidos por el simple hecho de ser calderonistas, bando perdedor en la Guerra Civil de 1948. Eso provocó el ingreso de muchos profesionales en Derecho que estaban muy interesados en consolidar su bufete, pero no en desarrollar una vida académica y, mucho menos, una dedicada a la investigación jurídica. Sin embargo, Antillón señala que ese fenómeno ya se venía dando desde mucho antes, cuando la otrora Escuela de Derecho estuvo bajo la tutela del Colegio de Abogados a falta de una universidad que la cobijara.
A pesar de ello, señala que la Facultad siempre ha tenido baluartes que se han preocupado por nutrir al estudiantado con el mejor y más actualizado conocimiento. Entre ellos, recuerda a Fernando Baudrit Solera, quien organizaba conferencias en el patio central del viejo edificio de la Facultad, en Barrio González Lahmann, cada vez que alguno de sus connotados amigos juristas estaban de visita por el país. Así fue como la comunidad estudiantil de Derecho logró conocer los postulados de Luis Jiménez de Asúa, penalista español exiliado en Argentina y los de Mario de la Cueva, laboralista mexicano, así como las posturas del español Luis Ricasell, filósofo del Derecho, y las de Sebastián Soler, penalista argentino, quien, posteriormente, contribuyó con la redacción de códigos nacionales aún vigentes.
“La Facultad tenía muy pocos profesores que valían la pena. Uno de ellos era don Pablo Casafont, que era abogado. A don Pablo no lo sacaron de la Facultad porque no era mariachi. Excepcionalmente algunos quedaron, y don Pablo era excelente docente. Como profesor, utilizaba el método socrático, el único que hacía eso en la Facultad. O sea, él dialogaba con los alumnos. La clase de él era así. Era un diálogo tan interesante, tan provocativo, que uno salía de la clase hablando de eso y se iba a recreo con los compañeros discutiendo los temas de la clase. Es el único profesor que tenía esa cualidad”, destacó Antillón.
No obstante, personas como Casafont eran las excepciones en la Facultad de Derecho que le tocó vivir a Antillón como estudiante. Si bien reconoce que había buenos profesores en el sentido de que eran responsables e impartían clases “decentes”, Antillón considera que estaban muy lejos de un verdadero ejercicio académico porque, en su mayoría, eran jueces y abogados sin el tiempo y sin las habilidades lingüísticas básicas para conocer y ahondar en la doctrina extranjera y en las revistas especializadas de la época, producidas en Francia, Italia y Alemania, países que lideraban la producción científico-jurídica de aquel entonces.
Lo que Antillón no logró aprender en la Facultad, lo encontró en los libros que compraba “desaforadamente” mientras combinaba sus estudios con una práctica en el Juzgado Segundo Civil de San José, donde el juez Ulises Odio se convirtió en su guía y contertulio, tanto de textos de jurisprudencia como de buena literatura. De él aprendió el oficio de juez, no solo en la teoría, sino también en la práctica, porque en poco tiempo le empezó a pasar casos para que él hiciera un borrador de la sentencia.
En ese mismo tiempo, otro estudiante trabajaba como escribiente en el Juzgado Tercero Civil. Se trataba de Gonzalo Retana, amigo de Antillón, y un apasionado por leer solo sentencias de casación. Otro tipo de lectura lo consideraba inútil e intrascendente, y así se lo hacía ver a Antillón cada vez que se lo encontraba leyendo alguna novela. A la vuelta de los años, Retana se convirtió en magistrado de la Corte y Antillón en docente de la Escuela de Ciencias Políticas, lugar donde ambos se reencontraron, solo que en una relación diferente: de profesor y estudiante.
“Hombre, qué curioso, ¿cómo estás por aquí?”. Me dice: “Bueno, con el tiempo yo aprendí que no solo las sentencias de casación había que leer”. Y me mostró que estaba leyendo Cien Años de Soledad de García Márquez. O sea, ya después él empezó a leer literatura, lo cual me pareció maravilloso, porque un juez cerrado, que no sabe nada de la literatura del mundo, tiene un horizonte completamente limitado y eso puede hacer mucho daño en el ejercicio de la judicatura”, enfatizó Antillón.
Luego de obtener su título universitario, Antillón se desempeñó por poco tiempo como juez y otros cargos judiciales, porque en 1962 fue llamado por Rogelio Sotela, decano de la Facultad de Derecho, para asumir la cátedra de Teoría del Estado, en sustitución de Alfonso Carro, quien fue nombrado como ministro de Trabajo por Francisco Orlich, electo ese año como presidente de la República.
“Con dos semanas de anticipación yo iba a dar una clase a estudiantes universitarios, era una grandísima irresponsabilidad. Hice lo que pude y estuve trabajando ese tiempo dando esa clase mientras seguía estando en los Tribunales. Ese era el panorama de la Facultad: un montón de profesores que no eran profesores, sino que eran unos señores a quienes habían llamado un poco a la carrera para encargarse de una materia. Eran jueces y abogados muy ocupados en sus cargos que tenían un ratito en las noches para medio preparar las clases. Eso era un desastre porque una universidad no es eso. La universidad tiene una cosa que es fundamental que es la vida académica y ahí no había ninguna vida académica”, criticó el jurista.
Antillón conoció la vida académica universitaria en todo su esplendor en la Universidad de Roma, donde realizó sus estudios de posgrado y trabajó como asistente de la cátedra de Derecho Procesal, gracias a una beca y a las recomendaciones que le extendieron don Fernando Baudrit Solera, presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, y algunos amigos de este. Fue ahí donde constató la importancia de que el cuerpo docente dedique la totalidad de su tiempo a la investigación científica y académica, época que la recuerda como “un despertar” para él.
“Yo regresé de Italia con ese abejón en el buche, con esa gran preocupación, y me puse en contacto inmediatamente con Eduardo Ortiz, un decano de la Facultad muy recordado con toda razón. Eduardo también estuvo unos años antes que yo en Roma. Entonces, los dos conocimos los mismos maestros. Estuvimos en contacto por carta durante el tiempo que yo estaba allá y, entonces, estábamos muy coordinados. Así que, cuando regresé empezamos a pensar cómo hacer para cambiar la Facultad. Carlos José Gutiérrez, que era un poco mayor que nosotros, pero era de la gente joven, era muy receptivo en esto y se metió de lleno. Entonces, cuando él fue decano nos llevó a nosotros a la administración: Eduardo fue su vicedecano y yo su director de docencia”, recordó el profesor.
Desde esos puestos, Antillón y compañía lograron cambiar por completo el programa de estudios de la Facultad de Derecho y establecer convenios con los gobiernos de Francia e Italia y con sus principales universidades. Gracias a estas alianzas, estudiantes nacionales se especializaron en Europa, profesores italianos y franceses impartieron cursos en el país y la biblioteca de la Facultad se nutrió con la más actualizada doctrina de ambas naciones europeas, producto de una generosa donación de libros y de la suscripción a prestigiosas revistas.
“Todo eso cambió a la Facultad. Al cabo de un tiempo ya teníamos de vuelta a un montón de egresados nuestros, posgrados que venían ya contratados por la Universidad. […] Entonces, lo que nunca se había podido hacer porque faltaba plata, se hizo en pocos años y tuvimos 25, 30 tiempos completos, pagados por la Universidad y plata había, sí había la plata. ¿Dónde estaba? Simplemente la plata es la misma, usted la usa en una cosa o la usa en otra”, agregó.
Sin embargo, la reforma soñada por Antillón no duró mucho. La construcción de una vigorosa vida académica quedó truncada cuando los jóvenes becarios que regresaban con su posgrado de Europa se fueron yendo, uno a uno, luego de cumplir con su compromiso de servicio a la Universidad. Incluso, el mismo Antillón renunció a finales de los años setenta con la motivación de trabajar con el flamante Gobierno sandinista en Nicaragua, donde permaneció por ocho años.
“Yo no llegué a pelear en el Frente Sur porque en eso ya ganaron los sandinistas, pero yo estaba muy relacionado con lo que iba a ser la parte intelectual del Gobierno. Entonces, desde antes del triunfo sandinista ya veníamos trabajando en una especie de Constitución, que era una Constitución de dos cabezas: el Estatuto de Derechos de los Nicaragüenses y el Estatuto Fundamental, como quien dice la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Con eso empezó a funcionar el Gobierno de Nicaragua. Yo ya estaba muy involucrado con ellos, de modo que cuando triunfa el movimiento sandinista nos mandan a viajar. Yo viajé a Managua el día siguiente al triunfo, el día siguiente de la huida de Somoza y desde entonces me quedé allí”, rememoró.
Y se quedó allí con la plena certeza de que terminaría sus días sirviendo al Gobierno Sandinista y que sus buenos efectos en la sociedad se esparcirían por toda Centroamérica. Por eso renunció como profesor de la Universidad de Costa Rica y se deshizo de todo lo que lo ligaba al país. No obstante, a la vuelta de pocos años, vio cómo la Revolución fue traicionada desde dentro con el apoyo económico y armamentista de los Estados Unidos. A partir de entonces, ha visto cómo las diferencias sociales se han incrementado, así como la pobreza y la represión.
“En este momento, eso ya no es una Revolución, para nada, yo no veo por ninguna parte un desarrollo revolucionario, un desarrollo del pueblo de Nicaragua, veo a un pueblo mayoritariamente opositor oprimido por las armas y un ejercicio del poder absolutamente enloquecido. […] Es una vigilancia y una persecución contra todo el mundo, y las medidas son demenciales: a usted le quitan la nacionalidad y le quitan todos sus bienes y le quitan el ejercicio profesional. Es decir, son las medidas que Hitler toma apenas llega al poder contra los judíos: despojo de la nacionalidad, despojo de la profesión, prohibición de relacionarse con otras personas. Para mí es dolorosísimo porque yo participé en la gran ilusión de lo que sería, en mi criterio, el futuro de América Central, yo pensaba que una revolución socialista democrática podía cundir en América Central. ¡Claro! No contaba con que los gringos no iban a permitir nada semejante y tenían todos los recursos para impedirlo”, manifestó Antillón.
La afinidad de este docente con las ideas comunistas comenzó desde temprana edad, cuando tomó conciencia de la injusticia que viven las sociedades dominadas por una oligarquía. Sus manifestaciones se convirtieron en un escándalo dentro de su conservadora familia, lo cual no fue obstáculo para que, años más tarde, ingresara al Partido Vanguardia Popular y se rozara con las figuras más emblemáticas de esta corriente política en el país.
A pesar de que sus ideales políticos los compartía con algunos compañeros de universidad, el movimiento estudiantil era muy pasivo y no asumía ninguna lucha como propia. De acuerdo con Antillón, esa característica obedecía a la fuerte represión que se vivió posterior a la Guerra Civil de 1948 y a la proscripción del Partido Comunista por cerca de 25 años. Sin embargo, la energía del estudiantado se acumuló y terminó por estallar en las manifestaciones contra el Proyecto de Ley de Alcoa, en 1970.
Para ese entonces, Antillón ya formaba parte del cuerpo docente de la Facultad. Según recuerda, la relación entre docentes y estudiantes era distante y poco democrática, a diferencia de lo hoy él mismo experimenta sus clases, donde sus alumnos lo tratan con suma confianza y le hablan de “vos”, a pesar de las siete décadas que los separan.
“Lo que yo le digo a los alumnos, en primer lugar, hay una cosa fundamental, que es consustancial con la academia, pero que nuestras organizaciones de enseñanza pasan de lejos, y es tener claro el objetivo. Para mí, desarrollarse intelectualmente, desarrollarse emocionalmente, tiene un objetivo que es servir. Si los alumnos aceptan que su objetivo en la vida es servir a la comunidad es muy fácil montar sobre esa ilusión, montar una buena academia. Pero si el objetivo es servirse a sí mismo, hacerse ricos, acumular cosas absurdas, no hay consejo que valga”, advirtió este docente que ya supera las seis décadas de impartir lecciones.
Desde su experiencia académica y su análisis social, Antillón considera que la Universidad debe ser más beligerante y volver a ser un poder en la sociedad costarricense con el fin de resguardar el Estado social y democrático de derecho ante las constantes arremetidas de los grupos interesados en la privatización de los servicios esenciales en detrimento de la mayoría de la población.
“En tiempos del comienzo de la Universidad, los Gobiernos consultaban a la Universidad sistemáticamente y, en Europa, los proyectos de ley son consultados a las universidades, el Parlamento espera que las universidades dictaminen para conocer el criterio. Eso, aquí, jamás. A la universidad pública se la ningunea. Es decir, esos traidores socialdemócratas de Costa Rica que permitieron la privatización de la enseñanza superior nos han hecho un daño espantoso porque se ha vulgarizado, la enseñanza superior se ha convertido en una parodia, en una caricatura”, se lamentó el jurista.
Luchador incansable por la justicia, Antillón reconoce que, como ser humano, ha sido injusto en muchos momentos de su vida y se arrepiente de ello. Sin embargo, no claudica en su batalla interna por vivir lo que predica, porque es un fiel convencido de que bien vale la pena luchar por la justicia en medio de un mundo injusto. Incluso, considera que el sufrimiento es un precio que se puede y se debe aceptar cuando se está del lado de la justicia y existe un compromiso de servir a la comunidad.
Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
En la sesión de Comisión del día de ayer 30 de agosto, se votó unánimemente una moción del diputado Ariel Robles para abrir una investigación sobre el polémico Plan Regulador Costero del cantón Talamanca.
La moción solicita “abrir un expediente de investigación que indague sobre la metodología, el procedimiento y los criterios técnicos y científicos que se utilizaron por la Municipalidad de Talamanca y las demás entidades públicas involucradas para generar dicho Plan Regulador”.
Para el diputado proponente “dicho proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente”.
Recalca que “dicho Plan Regulador también existe la posible violación al constitucional derecho de participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
El Diputado Robles recuerda que “la Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar”.
Si bien la fracción de Liberación Nacional quiso que este tema se discutiera en la Comisión Legislativa de la provincia de Limón, el diputado fue vehemente que sin importar el color político la Comisión de Ambiente es el lugar temático que corresponde y que hasta el día de hoy la comisión ha tenido una práctica abierta y unánime de llevar a cabo este tipo de investigación, como también lo señaló el mismo presidente de la Comisión, el diputado Gilberth Jiménez Siles.
Finalmente, por unanimidad fue votada con 6 votos a favor por las y los diputados: Gilberth Jiménez Siles, Kattia Cambronero Aguiluz, Oscar Izquierdo Sandí, Manuel Morales Díaz, Katherine Moreira Brown y Ariel Robles Barrantes.
Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), se señalan: (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019, ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.
Ver video de votación,en minuto 1:54:46 / 2:16:11 y moción adjunta.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El pasado jueves 31 de agosto, la Escuela de Trabajo Social realizó su CONFERENCIA DE CLAUSURA “Movimientos de Mujeres en Movimiento: los Feminismos y la Necesaria Ruptura Civilizatoria”, por la Dra. Nancy Piedra Guillén, Universidad de Costa Rica.
Cada vez que las estadísticas muestran un repunte de la criminalidad, no faltan las voces que se levantan para pedir penas de prisión más altas, la penalización de delitos “menores”, el uso de métodos más agresivos para obtener confesiones (torturas) y el pago de quienes descuentan una pena privativa de libertad mediante trabajos forzados.
Sin embargo, cuando el mundo ha optado por estas “opciones”, lejos de obtener resultados satisfactorios, el problema se torna más complicado porque aumenta la población carcelaria y su permanencia en el sistema penal, lo cual redunda en la sobrepoblación de los centros penitenciarios y, por ende, en el hacinamiento. En esas condiciones, la resocialización del individuo se vuelve, más que difícil, imposible.
De acuerdo con Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, la resocialización de la persona debe ser el objetivo primordial de la pena privativa de libertad y eso solo se puede lograr en un Estado social y democrático de derecho que garantice el respeto por la dignidad individual, que ofrezca opciones de rehabilitación y reinserción social y que, sobre todo, trabaje en la prevención del delito.
Así lo expuso en su tesis doctoral y lo recordó en la inauguración del ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal”, actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y que está dedicada al mismo Cruz.
“A lo largo de su gran y vasta trayectoria académica y judicial, don Fernando ha demostrado ser un asiduo defensor del Estado social y democrático de derecho. Su convicción sobre este aspecto le ha valido enfrentar las luchas jurídicas más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por mencionar algunas de esas luchas, se encuentran la defensa del principio democrático de la división de poderes, la independencia judicial, el estado del sistema penitenciario nacional y la solución de los grandes conflictos sociales que han puesto de manifiesto la agenda política de desmantelamiento de la institucionalidad pública que lamentablemente padecemos hoy. Es de nuestro conocimiento que la defensa de estas convicciones le han valido múltiples ataques y de diversa naturaleza y especialmente ataques que han provenido y siguen proviniendo de quienes deberían ser los guardianes de nuestra democracia.”
Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho
Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la resocialización es imprescindible y se convierte en una garantía, porque el sistema debe propiciar circunstancias institucionales adecuadas para darle opciones de rehabilitación a la persona. Si bien este principio no se encuentra en la Constitución Política, sí se estipula en el Pacto de San José.
“El crimen es algo normal, es parte de la conducta de los seres humanos. Con la resocialización lo único que queremos es que la persona no cometa más delitos. Lo que no podemos hacer es incursionar en su mente, como si fuera La Naranja Mecánica, para cambiar su conducta, porque el ser humano tiene una dignidad, y la dignidad es un valor fundamental, no es mera ideología”, subrayó Cruz en su intervención.
“Se debe destacar que en sus teorizaciones y estudios más tempranos, como penalista, sobre los fines de la sanción penal y, en específico, en su investigación doctoral sobre el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad, también vemos que el trabajo intelectual del profesor Fernando Cruz muestra una absoluta congruencia y una opción preferencial por la defensa del Estado social de derecho, donde se opta por la inclusión económica y social de las mayorías como proyecto a realizar, donde se opta por una mejor distribución de la riqueza como objetivo a cumplir por las instituciones del Estado. El fin primordial de la pena no puede ser otro que lograr la reinserción social de quien ha cometido un delito. No puede ser distinto que reducir las posibilidades de reincidencia y criminalización futuras de las personas condenadas, tal como lo estipula con absoluta claridad el artículo cinco, inciso seis, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”
Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Según el magistrado, de la misma forma que se debe de hablar de un triunfo colectivo cuando un individuo logra alcanzar metas en la vida, la sociedad también debe reconocer su cuota de responsabilidad en los delitos que cometen las personas, porque nadie crece en contextos inocuos. “Entonces, ¿a quién se debe resocializar: al infractor o a la sociedad?”, cuestionó.
Estas y otras muchas reflexiones se encuentran en la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, titulada La resocialización como objetivo primordial de la pena privativa de libertad. Análisis de la legislación costarricense y española y que fue publicada en una nueva edición, gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
“La grandeza principal de esta obra de don Fernando Cruz es que se centra siempre en esa visión de los derechos fundamentales, del Estado democrático de derecho, del combate, ya desde esa visión que él tenía en ese momento, a esa perspectiva del populismo penal, que quizá no era esa la expresión que se usaba en el momento en el que él publica su obra, pero es una obra que se adelantó en el tiempo y nos hace ver esos peligros que se cernían sobre nuestros países, sobre nuestra región, que hoy se concreta en ese populismo penal, en esa deriva autoritaria que hoy vivimos.”
Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
El ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal” se desarrolla todos los miércoles, a partir de las 5:00 p. m., en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, hasta el 8 de noviembre. Seguidamente, el calendario de las conferencias:
Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El próximo martes 29 de agosto a las 5:00 pm se realizará la conferencia y conversatorio “Costa Rica en Centroamérica: ¿Cuáles son sus intereses estratégicos y cómo gestionarlos?” en el mini auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales UCR. También podrá observar la transmisión por Facebook Live Cienciaspoliticasucr, fcsucr y YouTube @escuelacienciaspoliticasuc418 y @WebTVUCR.
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica
En la décima sesión de la Comisión de Enlace, realizada este 22 de agosto, las autoridades universitarias y la representación estudiantil lograron un acuerdo de aumento para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) de un 2 %, más un ajuste automático si la inflación supera ese porcentaje. Además, se modificaron las propuestas del Ejecutivo que le permitían intervenir en la gestión y planificación universitaria.
El acuerdo que fue calificado por ambas partes como exitoso, logró evitar que la discusión terminara en el seno de la Asamblea Legislativa, un escenario que se vislumbró como posible, hecho que hubiera marcado un hito histórico. Sin embargo, el acuerdo llegó antes.
En una sesión maratónica de casi ocho horas, las partes lograron un acuerdo este 22 de agosto, uno en el que las universidades lograron duplicar la oferta inicial dada por el Ejecutivo y adicionalmente se acordó un aumento automático del monto, en caso de que la inflación a junio del próximo año supere ese porcentaje.
Adicionalmente las y el representante de Gobierno en la comisión de enlace permitieron todas las modificaciones al texto del acuerdo que comprometían la Autonomía Universitaria.
En un documento anterior, enviado por el Ejecutivo se condicionaba el financiamiento a las universidades a un listado de requisitos que fueron considerados por las autoridades de Conare como inaceptables.
El documento pretendía:
– Imponer que el mecanismo oficial de rendición de cuentas de las universidades hacia la ciudadanía sean solo los treinta indicadores, en los cuales tiene interés el Ejecutivo y orientar el presupuesto únicamente a esos indicadores. Lo anterior sería desconocer la herramienta de planificación universitaria (PLANES) que incluye más de 100 indicadores vinculados con el desarrollo sostenible y que sobrepasan la visión de corto plazo de un gobierno.
– Obligar a las universidades a diversificar sus fuentes de ingreso, incluido el incremento en el monto de la matrícula. Lo cual, es un paso inequívoco hacia modelos muy distintos de educación pública que tienden a su privatización.
– Desarrollar proyectos de investigación que respondan a criterios políticos. Lo que atenta contra el desarrollo de las ciencias en todos sus campos, especialmente en áreas como las artes y la cultura.
Así lo explicaron las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas que se manifestaron la tarde del 22 de agosto para solicitar a la rectora y rectores de las Universidades Públicas no firmar el acuerdo del FEES bajo esas condiciones.
La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez; y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado de la Universidad Nacional (UNA); Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); mantuvieron durante todo el proceso de negociación una postura unificada.
Con este acuerdo se cierra un proceso arduo que demostró a un Consejo Nacional de Rectores unido y firme en la defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Las luchas de Conare incluyen el reciente archivo del proyecto de ley 23 380, con el cual la actual administración pretendió modificar las bases constitucionales del modelo de financiamiento de la educación superior pública, y fuertes movilizaciones sociales que evidenciaron la importancia país de no deteriorar la educación pública.
En ese sentido, las autoridades universitarias concluyeron la jornada con un llamado a mantenerse vigilantes del cumplimiento de los acuerdos del FEES y especialmente dar seguimiento a las acciones gubernamentales que permitan el financiamiento de la educación con el 8 % constitucional.
El acuerdo de FEES para el 2024 cumple con el mandato constitucional de reconocer al fondo el aumento por costo de vida. Con este crecimiento del 2 %, se está dando un monto que entra dentro del margen de inflación proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de 3 +/- 1 % para el próximo año.
Además, se incluyó una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES en el mes de julio 2024, en caso de que la inflación supere el 2 %.
Un punto en el que no se logró total acuerdo fue el reconocimiento a la base del 1 % adeudado del 2023. Las partes acordaron un monto para ello pero, aplicado al 2024.
Adicionalmente, en el contexto de este proceso y finalizada la negociación, el Conare reiteró su compromiso de continuar el análisis relacionado a un mecanismo de redistribución del FEES, en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y a la decisión propia del Conare.
Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR