Ir al contenido principal

Etiqueta: UCR

UCR, Museos comunitarios: un semillero de espacios para el desarrollo social

Boyero

El proyecto TC-736 «Remembranza: Museos comunitarios en el proceso de formación de una ciudadanía inclusiva» busca promover una conexión entre la cultura local, su identidad, aspiraciones

Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoria de Acción Social)

Usualmente, un museo se comprende como un espacio en donde hay objetos antiguos ordenados en vitrinas. Sin embargo, el proyecto TC-736 «Remembranza: Museos comunitarios en el proceso de formación de una ciudadanía inclusiva» nace con el objetivo de desarrollar espacios museísticos en los cuales haya una conexión fuerte con la cultura local, su identidad, aspiraciones, características y conocimientos ancestrales, proyectando esta identidad hacia el futuro.

Su principal objetivo es acompañar el proceso de salvaguarda del patrimonio de las comunidades organizadas, destacando su papel como elementos articuladores de la memoria local y regional, en el marco de una discusión sobre la definición de una ciudadanía inclusiva que valore la diversidad cultural de la sociedad costarricense.

Pablo Rodríguez Solano, coordinador del proyecto, define un espacio museístico como aquel que se diseña para resguardar elementos significativos de la cultura, contribuir al fortalecimiento de los lazos comunitarios, tener una estrecha relación con el espacio en el que se desarrolla y una alta contribución a la reactivación económica. «Se pueden manifestar en lugares como centros culturales, mariposarios, parques naturales, bibliotecas bajo ciertas características y centros de interpretación», declaró Rodríguez.

En el proyecto han participado 86 estudiantes de 22 carreras diferentes como parte de su Trabajo Comunal Universitario (TCU) y está organizado en cuatro ejes de acción fundamentales: gestión administrativa en donde se planifica en el funcionamiento del museo a largo plazo, gestión patrimonial en el que se desarrollan las exposiciones, planificación estratégica en el que se establecen vínculos con la comunidad y otras instituciones como el INA, INDER y la UCR, y finalmente el financiamiento de aspectos específicos por diferentes medios como concursos y donaciones; por ejemplo «Casa de Boyero» recibió el premio nacional Emilia Prieto Tugores en 2020, y con él, la suma de 8 millones de colones. En 2022, el proyecto también fue galardonado con los Premios SOS Cultural.

Actualmente, el proyecto ha concentrado sus esfuerzos en el desarrollo de dos museos comunitarios: Museo de la Casa del Boyero en la Zona Norte y Museo de la comunidad indígena de Yimba Cájc en la Zona Sur.

En el museo del boyero se recopila la historia, materiales, herramientas e implementos sobre la actividad de transporte con bueyes, el cual tiene características determinadas y ofrece algunas ventajas sobre el transporte con maquinaria moderna, como la accesibilidad, a terrenos difíciles y que las bestias no maltratan el suelo. Foto cortesía de Pablo Rodríguez Solano.

Museo de la Casa del Boyero

Ubicado en Venecia de San Carlos, en la provincia de Alajuela, se enfoca en valorar y resguardar el legado de los boyeros. Brian González Mena, miembro del Comité de apoyo del Museo, destacó la importancia del proyecto. «Es fundamental mantener viva nuestra identidad cultural, recordar de dónde venimos, nuestras tradiciones y las labores a las que nos dedicamos». También resaltó el acompañamiento recibido por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR) por medio de las capacitaciones, talleres y asesorías de los estudiantes participantes del TCU.

Pie de foto: En el Museo del Boyero, se presentan herramientas y tipos de carretas, ruedas y actividades relacionadas con los boyeros a nivel nacional. Entre las actividades destacadas se encuentra el desfile de boyeros, un evento que resalta la importancia de esta tradición en la cultura costarricense. Foto por:

Ser Boyero es…

El trabajo de los boyeros fue fundamental para la sociedad costarricense en la elaboración de caminos y transporte de un sin número de materiales y mercancías. Algunas de esas actividades se mantienen en la actualidad, como por ejemplo: transportar café, arar la tierra, sacar madera, extraer arena de los ríos y recolectar palma. Por la ventaja que tiene el buey, con su capacidad de entrar y salir de terrenos difíciles sin destruirlos ni maltratar los pastos, se convierte en un aliado invaluable en estas labores.

González definió el ser boyero como ser amante del transporte de bueyes y tener un conocimiento profundo sobre su capacidad de arrastre, el peso que pueden aguantar y cómo maniobrar en terrenos complicados.

Yim es un tipo de mariposa Cajc. Lugar de: es decir, lugar de las mariposas Yim. Con el proceso de reinvindicación territorial y lingüística, han comenzado a recuperar nombres importantes, como Yimba Cajc. Foto cortesía de Pablo Rodríguez Solano.

Hacia el sur

Museo de la comunidad indígena de Yimba Cájc conocida también como Rey Curré, se ubica en el cantón de Buenos Aires en Puntarenas y es una población de la etnia Boruca. Gracias a la asesoría del TCU, se definió como idea crear un «Ú Shän», que significa «Santuario de Historias», como un espacio sagrado donde se preservan y comparten las historias, tradiciones y patrimonio cultural.

Para Mario Leiva Rojas, del grupo de apoyo del Museo de la comunidad indígena de Yimba Cájc, este espacio cultural “es un lugar donde muchos nos sentimos identificados, ya que guarda la historia de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y abuelas». Destacó cómo la comunidad ha establecido objetivos claros y una imagen que refleja el valor de su patrimonio cultural.

Dentro de los atractivos del lugar destacan sitios arqueológicos importantes, así como personas sabias con conocimientos ancestrales.

Leiva señala que el museo no es solo un sitio físico, sino que abarca toda la comunidad, una extensión de la identidad y el patrimonio colectivo de los Yimbas.

El acompañamiento, talleres, capacitaciones son parte fundamental del trabajo con las comunidades en la que se orienta a las diferentes poblaciones sobre la ruta a seguir para cumplir con los objetivos que desean alcanzar con la implementación de estos espacios museísticos. Foto cortesía de Pablo Rodríguez Solano.

Los estudiantes

Francisco Hernández Sibaja, estudiante de Administración de Empresas y participante del TCU, ha visto cambiadas sus percepciones y objetivos profesionales luego de participar en el proyecto. «Cuando uno piensa en un museo, piensa en lugares como el Museo de Oro y de Jade, pero jamás piensa que en las comunidades también se desarrolla el museo como un espacio para la cultura, el compartir y el diálogo», expresó Hernández.

Gracias a su experiencia en el proyecto TCU, piensa desarrollar su proyecto final de graduación en el Museo del Boyero. «No solo se trata de cumplir con las 300 horas requeridas por el TCU, sino de conectarse genuinamente con una comunidad», finalizó.

Jessica Espinoza Mora, asistente del TCU y filóloga, destacó como aprendió sobre la cultura intangible ya que «son las personas los verdaderos entes que forman los museos porque son ellas las que llevan la historia a lo largo de los tiempos».

En el proyecto se ha dedicado a hacer labores de coordinación con los estudiantes en Yimba Cájc y Venecia, por otro lado como filologa desea continuar y culminar la investigación lingüística iniciada por los estudiantes relacionada con un diccionario de boyeros en su tesis de posgrado.

Espinoza resalta como uno de los aspectos más significativos del trabajo en el museo comunitario el empoderamiento sobre sus derechos y lo que deben proteger y resguardar, promoviendo así la valoración de sus tradiciones y patrimonio cultural. En “Yimba Caj (Rey Curré), había otras personas no indígenas que se dedicaban a hacer las máscaras, lo que resalta la importancia de empoderar a la comunidad para preservar sus tradiciones y expresiones culturales propias”, declaró.

Por otro lado, el Museo del Boyero es un ejemplo claro de cómo se valora el esfuerzo de los antepasados, como el trabajo arduo de hacer caminos y sacar troncos de madera sin el uso de maquinaria moderna. Para Espinoza la presencia de diferentes instituciones, como hospitales, iglesias y museos, refuerzan entre sí y se unen en una comunidad, generando un sentido de identidad colectiva y colaboración.

La conexión con la comunidad es uno de los factores má preciados por estudiantes que matriculan este Trabajo Comunal Universitario (TCU). Foto de Pablo Rodríguez Solano.

Dos museos, dos poblaciones, la misma necesidad

El coordinador de este proyecto señaló que aunque ambos museos son de temas y poblaciones muy distintas entre sí, los museos comunitarios responden a unas necesidades y características que tienen en común.

Se presentan como una herramienta para la defensa de los derechos culturales de las comunidades, donde se busca la salvaguarda de la identidad y el patrimonio cultural. También son vistos como una oportunidad de reactivación económica de las comunidades.

Según Rodríguez, ambas poblaciones se sienten invadidas por una modernidad que desplaza su identidad y experimentan una sensación de abandono por parte del Estado. Sus formas de ser y tradiciones ancestrales son atacadas, considerándolas antiguas, folklóricas, exóticas o pertenecientes únicamente al pasado.

Sin embargo, a través de los museos comunitarios, mantienen la esperanza de revitalizar su cultura, rescatar y proyectar sus tradiciones para que los jóvenes se sientan seguros en un legado que les pertenece. Así, se enfrentan al futuro con una firme conexión con sus raíces culturales, preservando su identidad y contribuyendo al enriquecimiento de la diversidad cultural de Costa Rica.

UCR: “Anexión del Partido de Nicoya”, no “Anexión de Guanacaste”

Claudio Vargas; director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Voz Experta

Próximos al 25 de julio, se impone -una vez más-, recordar que nuestro país celebra en esta fecha, la incorporación del Partido de Nicoya a su territorio y no la “Anexión de Guanacaste”. Lo anterior, pese a que algunos comunicadores, publicistas, políticos y otras personas con presencia mediática siguen repitiendo la equivocación y así siguen desinformando sobre la historia del país.

Para comprender la precisión histórica y jurídica que respalda esta aseveración, es necesario conocer, aunque sea en forma resumida, algunos detalles esenciales de este proceso. Es oportuno aclarar también, que la provincia de Guanacaste que hoy conocemos, integra un territorio mayor que el que tuvo en el pasado el Partido de Nicoya.

Posterior a los años de conquista se impuso, en el territorio que a partir de aquel momento se llamó América, el régimen colonial español. Este fue un proceso complejo y cambiante, que se extendió desde el siglo XVI y hasta la segunda década del siglo XIX, y que irrespetó las particularidades culturales y las divisiones territoriales de las culturas aborígenes que les antecedieron y que diezmadas, siguieron viviendo en estas tierras.

Bajo el modelo colonial, las delegaciones de poder real y, por ende, las jurisdicciones y los límites asignados a los representantes del Imperio, no siempre fueron claros ni precisos. Los intereses (locales e imperiales) económicos, políticos, sociales e incluso religiosos se proyectaban en la organización y la administración territorial.

Por lo anterior, en diferentes momentos del pasado colonial, la región de Nicoya (no siempre conocida con la denominación de “partido”) varió su condición y dependencia respecto a Nicaragua o Costa Rica. Por ejemplo, hasta 1558 fue gobernación anexa a la de Nicaragua; de esa última fecha y hasta 1593 fue independiente; de 1593 a 1602 se mantuvo unida a Costa Rica. Nuevamente de 1602 a 1786 fue independiente; de 1786 a 1809 estuvo unida a Nicaragua y de 1810 a 1821, al cambiarse la organización administrativa española, con la creación de las diputaciones provinciales, Nicoya pasó a formar parte de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. De manera que es incorrecto afirmar que Nicoya perteneció o estuvo sometida de manera permanente a la administración de Nicaragua en cualquiera de sus jerarquías o denominaciones organizativas, mientras estuvo vigente el modelo colonial español.

Otro aspecto necesario de aclarar es que lo que la actual provincia de Guanacaste es diferente al territorio que en el pasado colonial se conoció con esa misma denominación (Guanacaste). De manera que la Villa de Guanacaste, conformó tan solo, a la actual Liberia.  

Específicamente el territorio del Partido de Nicoya integró las tierras que se encontraban en la península al oeste del río Tempisque hasta el Océano Pacífico y al norte se extendía hasta el río la Flor y el Lago de Nicaragua. Por su parte, las tierras al este del río Tempisque y al sur del río Salto eran parte del territorio costarricense.

En 1835, como parte del proceso de organización territorial administrativa del país, se crearon tres departamentos:  El Departamentos Oriental, el Departamento Occidental y el Departamento de Guanacaste. Este último se integró con el Partido de Nicoya, y los valles de Bagaces y Las Cañas, que pertenecieron a Costa Rica durante la época colonial. Finalmente, en 1848, se crearon las Provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las Comarcas de Puntarenas y Limón.

La anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica implicó un largo proceso en el cual estuvieron presentes intereses económicos, políticos, geoestratégicos y por supuesto culturales. En este proceso sin lugar a duda, el plebiscito que se realizó el 25 de julio de 1824 fue fundamental, pero no definitivo. En un cabildo abierto, los pobladores de Nicoya y Santa Cruz decidieron anexarse a Costa Rica, pero quienes poblaban la Villa de Guanacaste (como se dijo líneas atrás, la ciudad de Liberia), no estuvieron de acuerdo con esta anexión.

No fue sino hasta que el Estado de Costa Rica formó parte de la República Federal de Centroamérica, en 1825, cuando la Villa de Guanacaste fue integrada a Costa Rica por disposición del Gobierno Federal. Años más tarde, el tratado Cañas-Jerez, firmado en 1858, consolidó legalmente la integración del territorio en referencia a Costa Rica.

Según lo cita el acta de anexión, los pobladores de los territorios que decidieron incorporarse al país, así lo acordaron por las ventajas que se vislumbraban. Seguridad y estabilidad política, facilidades comerciales, beneficios administrativos son algunos temas que así quedaron expresados como propios de Costa Rica, frente a la situación de inestabilidad que en estos años vivía Nicaragua y que se extendió incluso más allá de mediados del siglo XIX.

Pese a lo anterior, casi dos siglos después de la anexión del Partido de Nicoya al territorio costarricense, se escuchan voces, de manera intencionada o por desconocimiento del pasado, que refieren a esta efeméride de manera equivocada. Con lo cual no solo se desconoce el pasado, sino que se crea confusión en el presente.

 

Claudio Vargas Arias
Director de la Escuela de Historia, UCR

Hacia una Estrategia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición en Upala

Acción Social CIA invita a la actividad “Hacia una Estrategia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición en Upala” los días 25 de julio de 2 p.m.  a 5 p.m. y el 26 de julio de 9 a 12 m.d. En el CTP de Upala.

Para más información ingrese a:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CbGWDSbxePSHJVejSJJc1gaHEtEsxJ2K19GGdJEfi4VrnLqfa3hxnCpffERCKdP1l&id=100063605379277&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

«Maíz pujagua: innovación tecnológica de un alimento ancestral” – invitación para ver el documental este 25 de julio

Este documental tiene una duración de 40 minutos, producido en alta definición y con música original.

Se estrena en el marco de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya el martes 25 de julio a las 7:00 de la noche por Canal QUINCE UCR, y su repetición es el 29 de julio, también a las 7 de la noche.

Con la producción del documental sobre este alimento olvidado y sus potencialidades para la salud humana, el Sistema Universitario de televisión, QUINCE UCR, cumple con la finalidad de producir televisión con sentido, según reza el lema de este medio de comunicación.

La historia se enmarca en un contexto en el que se reconoce los valores de una sociedad diversa y multicultural. Es una producción del Canal Quince UCR en la cual se relata la problemática de los agricultores en la región norte del país, se describe lo que es el maíz pujagua, un alimento desconocido para la gran mayoría de habitantes de Costa Rica. Se describe el trabajo científico de un grupo de especialistas sobre un alimento que tradicionalmente se ha sembrado, producido y consumido en la región Chorotega de Costa Rica. Es el rescate de un alimento ancestral en que se emplean tecnologías de ingeniería de alimentos, pero a la vez, es un trabajo interdisciplinario que inició con el proceso de recopilación de semillas en varios cantones de Guanacaste.

Los agricultores se han visto amenazados por diferentes factores y la Universidad de Costa Rica intervino para ofrecer soluciones a los productores con la participación del sector privado. La microempresa CURUBANDA buscó la colaboración de Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías de Alimentos, CITA para innovar con nuevos productos elaborados a base de maíz pujagua.

Es un proyecto del CITA inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, que se denomina “Fomento del consumo del maíz pujagua cultivado en Guanacaste, un alimento ancestral de alto valor nutricional, y de sus usos tradicionales”. La coordinadora del proyecto es la científica ingeniera en tecnología de alimentos, la Dra. Ana Mercedes Pérez Carvajal, con una gran experiencia en estudios que llevan al aprovechamiento y rescate de alimentos originarios de Costa Rica. Ella logró conformar un equipo que le ha permitido impulsar diversas acciones como un recetario, un calendario recetario y el documental que se estrena el 25 de julio por Canal QUINCE UCR.

El documental retrata las acciones del proyecto, el cual propone el desarrollo de productos de valor agregado derivados de este tipo de maíz para el fomento de la cadena de valor y la promoción de las familias y comunidades involucradas en los cantones de interés: Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y La Cruz.

El equipo de producción grabó en algunos de esos cantones y pudo captar las situaciones apremiantes de los agricultores de maíz pujagua. También se entrecruza con la recopilación de recetas a base de maíz morado, y la promoción de esos nuevos productos.

Es una alianza de la empresa privada con la academia, con la investigación y se emplea el Canal universitario como herramienta para ofrecer la transferencia del conocimiento, al emplear la producción audiovisual para llegar a una mayor audiencia. El propósito es expandir el conocimiento sobre la situación que atraviesan los pequeños agricultores, el peligro de perder un alimento con grandes beneficios para la salud y a la vez, dejar en el olvido una parte importante de la identidad nacional.

Productora: Alejandra Fernández Bonilla

Productora de televisión y periodista en el Canal Quince UCR por más de 25 años. Gran parte de la labor profesional la ha dedicado a la difusión de temas de ciencia y tecnología.

Premios y distinciones: premio de periodismo en ciencia y tecnología del CONICIT 1996, Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené 2003, el Premio René Picado Esquivel de la comunicación en producción audiovisual en el 2017 y en 2018, Premio del 1er Festival Internacional del Audiovisual Educativo y Cultural en la categoría de ciencia y tecnología.

Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, ambos títulos de la UCR y Magister en Administración de Medios de Comunicación con énfasis en Tecnologías de la información y de la comunicación, UNED.

Alejandra Fernández Bonilla, productora del documental durante la presentación inicial en la UCR.

Ficha técnica:

  • Producción y guion: Alejandra Fernández Bonilla
  • Edición: Laura Mora Rodríguez
  • Cámaras: Enrique Vega Méndez, Freddy Quesada Carvajal, Max Arce Mora, Víctor Calderón Zeledón, William Rojas Rodríguez
  • Música original: Luis Diego Solórzano Boza y Alonso Torres Matarrita
  • Edición de sonido y mezcla final de sonido: Eduardo Solano Valverde
  • Canal QUINCE UCR

“La desaparición del maíz morado podría privar a los ticos, no solo de sabores y tradiciones, sino también de grandes beneficios para la salud.

Desde el 2018, científicas de ingeniería de alimentos y otras disciplinas de la Universidad de Costa Rica trabajan en el reconocimiento de las propiedades nutricionales y funcionales del maíz morado, uno de los grandes olvidados de la dieta costarricense. Al mismo tiempo, recopilan información cultural, gastronómica, social y las limitaciones que tiene la siembra de este cultivo”.

Extracto del guion, Alejandra Fernández Bonilla.

“Conversando sobre el racismo”

El Observatorio para La Acción contra El Racismo le invita a asistir al programa de radio “Conversando sobre el racismo”, el día 25 de julio en el programa Saber Vivir en la 870 AM, a las 8:00 a.m. Se contará con la participación del Dr. Luis Carlos Morales Zúñiga, máster en Sociología y  profesor catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.

El tema por discutir es la composición étnica y cultural de Guanacaste, las interacciones y las problemáticas asociadas al racismo, con mirada a la efeméride celebrada el 25 de julio, la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Para más información ingrese al Portal de OBCRA. www.obcra.fcs. ucr.ac.cr https://www.instagram.com/p/Cu3d7SeuCay/?igshid=M2MyMzgzODVlNw==

UCR: Estudiantes indígenas de la UCR apoyan a colegiales de Boca Cohen

El territorio indígena de Boca Cohen se ubica en Valle la Estrella, en Limón. Debido a su posición geográfica y sus características montañosas el acceso a tecnologías y a conectividad se dificulta, por lo que los estudiantes UCR decidieron crear un proyecto para capacitar a colegiales en el uso de estas herramientas (foto: cortesía Iván Selles, UCR).

Iniciativa estudiantil promueve el uso de tecnologías para el aprendizaje y la educación

Paola Palacios Morales e Iván Selles Vargas son estudiantes de Antropología e Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica y provienen de los territorios indígenas de Tayní en Valle la Estrella y Amubri de Talamanca, respectivamente.

Además de estudiar en la UCR, ambos comparten el sueño de retornar a sus comunidades para dar un granito de arena en beneficio de otros jóvenes de territorios indígenas que al igual que ellos también anhelan cursar estudios superiores.

Con la mirada puesta en devolver a la sociedad costarricense la oportunidad de formarse en una de las mejores universidades de la región, este año, ambos lograron concretar ese sueño, e impulsar un proyecto para apoyar a un grupo de 41 jóvenes de décimo y undécimo del Colegio de Boca Cohen, ubicado en el territorio indígena Cabécar de Tayní.

A través de este proyecto, se brindan talleres de capacitación a los colegiales en el uso de tecnologías para el aprendizaje y la educación. Los universitarios además ofrecen cada una de las sesiones de inducción en la lengua indígena Cabécar. Específicamente, en estos espacios se explican y se abordan dudas sobre diferentes herramientas tecnológicas tales como Microsoft Office, Powerpoint, Excel, Word, entre otras. Los talleres se realizan dos veces al mes y tienen una duración de cuatro horas semanales.

Denia Morales Muñoz, estudiante de décimo año del Colegio de Boca Cohen aseguró que estos talleres han sido de gran ayuda para su formación académica.

El proyecto beneficia a un total de 41 estudiantes de décimo y undécimo del Colegio Boca Cohen (foto: Cortesía Iván Selles, UCR).

“Sinceramente me ha beneficiado bastante ese taller porque diay me costaba utilizar esas páginas de Word, powerpoint y todo eso, y ahora con la charla que nos están dando ellos, a utilizarlos, me ha ayudado bastante en mi estudio para crear documentos y tareas y cosas así” dijo Morales.

Asimismo, el joven Manuel Maroto Morales afirmó que aprender sobre estas aplicaciones es de gran ayuda para la vida cotidiana y para su desempeño en el colegio.

«Este tema es muy importante, yo diría que debería inculcarse más en las personas desde pequeños, en el caso del colegio desde sétimo y octavo» afirmó Maroto.

El proyecto de estos dos estudiantes universitarios se desarrolla gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, por medio del Programa de Iniciativas Estudiantiles (foto: Cortesía Iván Selles, UCR).

Por su parte, Iván Selles, uno de los estudiantes a cargo de esta iniciativa mencionó que estos talleres son una forma de devolver a su comunidad, todas las oportunidades de formación y crecimiento profesional que la universidad pública le ha dado.

“Las oportunidades que me ha dado la UCR han sido demasiadas, he podido integrarme a un movimiento de estudiantes indígenas, a una gran cantidad de actividades culturales y académicas, y gracias a la U se me han abierto muchas puertas, y por eso es que siempre tuve el sueño de retribuir a la comunidad algo de lo que la U me ha dado y que sigo aprendiendo de ella” afirmó Iván Selles.

El proyecto de estos dos estudiantes universitarios se desarrolla gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, por medio del Programa de Iniciativas Estudiantiles (foto: Cortesía Iván Selles, UCR).

El joven aseguró que decidieron apoyar al centro educativo de Boca Cohen debido a que es un lugar en el cual el acceso a la conectividad y a las tecnologías para el aprendizaje se ve restringido por un tema de ubicación geográfica. “Es un lugar de difícil acceso, que es montañoso, y casi no hay conexión, en fin, es un lugar donde la realidad en cuanto acceso a estas tecnologías es distinta a otros lugares del país” expresó Selles.

Asimismo, Paola Palacios, impulsora de la iniciativa afirmó que, poder ayudar a su comunidad es de gran satisfacción para ella, y agradece a la UCR el brindarle las herramientas para que su iniciativa sea posible.

El proyecto de estos dos estudiantes se desarrolla en el marco de Iniciativas Estudiantiles de Acción Social, un programa de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, en el cual se impulsan diferentes proyectos estudiantiles a partir de metodologías alternativas, participativas e incluyentes de los intereses y necesidades de las comunidades y sus grupos. Además se promueve el análisis crítico de la realidad social, la constante de construcción y construcción de saberes, el compromiso social y el intercambio de vivencias y de conocimientos entre la UCR y las comunidades.

 

Tatiana Carmona Rizo

Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Curso: Gestión municipal y comunicación política de cara a las campañas electorales municipales 2023-2024

La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica ha organizado el curso Gestión municipal y comunicación política de cara a las campañas electorales municipales 2023-2024.

Propósito:

Que las personas participantes adquieran conocimientos generales y estrategias específicas de comunicación política para campañas electorales municipales que conducirán a las elecciones de febrero 2024, en una perspectiva que promueva la participación ciudadana y el voto informado.

Objetivo general:

Generar capacidades para diseñar y planear campañas electorales a nivel cantonal, que promuevan la participación y el voto informado en las elecciones municipales del 2024.

Público meta:

Dirigencias, funcionariado de organización y equipos de comunicación de partidos nacionales o cantonales que necesiten mejorar sus conocimientos y capacidades de comunicación política de cara a las elecciones municipales. También puede ser de interés para la actualización de profesionales de áreas relacionadas con las ciencias políticas, la administración pública y la comunicación que trabajen a nivel cantonal/municipal.

Contenidos:

  1. Retos de la gestión municipal en Costa Rica en transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción
  2. Tendencias electorales y marco normativo de las campañas electorales municipales en Costa Rica.
  3. Comunicación política para promover la participación ciudadana y el voto informado.
  4. Campañas electorales: concepto, características y componentes estratégicos 1
  5. Narrativas políticas como componente central de las campañas electorales.
  6. Investigación para campañas.
  7. Posicionamiento y estrategia.
  8. Campañas digitales.
  9. Medios de comunicación, vocerías y debates.

Personas facilitadoras:

Eugenia Aguirre Raftacco, Johanna Alarcón Rivera, Fabián Cardozo, Daniela Castillo, Lucio Guberman, Federico Irazabal, Marcel Lhermitte, Yanet Martínez Toledo y Galvarino Riveros.

Más detalles: Escuela de Ciencias Políticas UCR.

UCR, Voz experta: Participación ciudadana en materia ambiental

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

A propósito de una reciente sentencia

¿Se trata de un «principio» o de un «derecho»?

Recientemente se conoció el voto 11236-2023 del 12 de mayo del 2023, relativo a una viabilidad ambiental otorgada por la Setena para un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro.

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de un proyecto cuestionado, la Setena optó por otorgar esta viabilidad el 14 de diciembre del 2022.

En su voto, la Sala Constitucional consideró que la no celebración de una nueva audiencia pública previa por parte de la Setena “resulta violatorio al derecho reconocido en el referido Artículo 50 de la Constitución”, anulando la viabilidad ambiental otorgada.

Un esfuerzo de cuatro integrantes de la Sala por una palabra

Si bien es de saludar esta decisión de la Sala, pero ante todo, la persistencia y valentía de la recurrente, este voto denota también una división interna dentro de la Sala, al evidenciarse un sostenido esfuerzo semántico por parte de la Sala para referirse a la participación ciudadana en materia ambiental como un “principio” y no un “derecho”.

Entre las primeras referencias a su propia jurisprudencia, la Sala remite al voto 1163-2017, en el que, haciendo a un lado más de 20 años de jurisprudencia, optó por no reconocerle más a la participación ciudadana en materia ambiental la calidad de derecho.

Sobre tan desconcertante conclusión que se leyó en el párrafo V del voto 1163-2017, resulta oportuno recordar que fue objeto de tan solo dos votos salvados: cinco magistrados/a en aquel momento (2017) consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y del juez interamericano, y de toda la evolución observada internacionalmente desde 1992 para consolidar la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho, no ameritaba mayor explicación.

Esta verdadera “involución” jurisprudencial desde el 2017 no ha dado lugar a rectificación alguna por parte del juez constitucional.

La participación ciudadana puesta en contexto

Con el fin de no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del 2017, nos permitimos remitir a la OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicada en el año 2018, que precisa que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En consonancia con lo dictaminado por el juez interamericano, el Acuerdo de Escazú refiere a la participación del público como un “derecho”.

Calificativos contra la recurrente y jurisprudencia interamericana

Como detalle, encontramos en el voto 11236-2023 la siguiente afirmación por parte del Secretario General de la Setena (Resultando, punto 3):

Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma”.

Más allá del efecto que pueda tener el intento de descalificar a una recurrente, ninguno de los argumentos de la Setena (ni de la empresa) encontró eco en los magistrados constitucionales.

Precisamente, en cuanto a las preocupaciones generadas por un proyecto, en una sentencia del 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Baraona Bray contra Chile del 24 de noviembre del 2022), precisó que:

96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales”.

En esta sentencia, el juez interamericano integró de pleno el Acuerdo de Escazú al corpus juris interamericano. Tuvimos la ocasión de explicar en un artículo publicado en abril del 2023 en este mismo espacio que:

“/…/ no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye, desde ya, a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia. Esta sentencia ya debería interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos” (Nota 1).

El persistente temor ante la participación ciudadana en materia ambiental

En un estudio del 2014, el jurista Álvaro Sagot Rodríguez cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (Nota 2).

No cabe duda que la participación ciudadana en materia ambiental crispa de manera singular a algunos en Costa Rica.

En ese sentido, no está de más recordar que en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por parte del Poder Ejecutivo en el período 2006-2010, fue la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental ”. Una influyente cámara empresarial en su informe de labores para el 2008 indicó que:

Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa” (p. 36).

Esta crispación también quedó evidenciada durante la discusión relativa al Acuerdo de Escazú, a partir de argumentos cuestionables de la misma agrupación, así como de audios y escritos circulados por algunos juristas, y de una “nota”, ahora famosa, redactada por una magistrada de la Sala Constitucional en marzo del 2020 (véase voto 06134- 2020 que la contiene).

Conclusión

Más allá de la facilidad con la que algunos frenan iniciativas votadas por la Asamblea Legislativa, en su voto concurrente a la sentencia 11236-2023 (-párrafo VII-) los magistrados Hubert Fernández, José Rafael Garita y Paul Rueda indicaron que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho, al expresar que:

la participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Ojalá que, inspirándose en esta valiosa opinión, el resto de la Sala Constitucional logre rectificar pronto. En relación con el Acuerdo de Escazú, y al hecho que la mayoría de la Sala persistió en no hacer ninguna referencia a este instrumento, recientemente los juristas Rafael González Ballar y Mario Peña Chacón concluyeron en un artículo, que:

“… a partir de la sentencia interamericana Baraona Bray vs Chile, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque constitucional costarricense como fuente y estándar internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente”.

__________________________

Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú, viento en popa: Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incorpora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica”, Portal de la UCR, edición del 10/04/2023, disponible aquí.

Nota 2: Véase SAGOT RODRÍGUEZ A., “(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, Revista Judicial, Número 114 (Diciembre 2014), pp. 61-93 disponible en este enlace (en el que la referida cita se puede leer en p. 93).

NdA: una versión más extensa de este texto se encuentra disponible en este enlace

Aquí no pierden las Universidades Públicas, pierde una vez más la educación pública y, por lo tanto, pierde Costa Rica

Durante los años 2014,2015,2017,2019,2022 y 2023 las calles de nuestro país han sido testigos de diferentes movimientos y marchas en defensa del presupuesto del 8% del PIB para todo el sistema educativo de Costa Rica, tal como lo establece la Constitución Política (Foto Laura Rodríguez, UCR).

Consejo Nacional de Rectores

Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales.

Ante la negativa del Gobierno de otorgar el 1% que le debe a las universidades públicas del presupuesto de la Educación Superior Pública 2023 (conocido como FEES) y ahora ofrecer un insuficiente 1% para el FEES 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su preocupación ya que “se evidencia, una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense

Según el comunicado de prensa de CONARE la evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años y prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto del país (PIB) establecido por nuestra Constitución Política para la educación pública en todos sus niveles.

Para CONARE si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5 mil millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. “Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%. Finalmente, respecto de nuestras propuestas para que el 1% se gire en tractos en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa”.

Durante las semanas de este proceso de negociación CONARE ha consensuado un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior. Peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantean como prioridad la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad. “Sin embargo, el Gobierno no otorga el presupuesto necesario para sacar adelante esta tarea”.

Gracias al presupuesto para la educación superior pública, las universidades públicas también trabajan con muy diferentes grupos sociales y comunidades a lo largo del país, para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal, como lo establece la Constitución Política. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

También, afirma el comunicado de CONARE, en este proceso de negociación se ha instaurado una estrategia de confrontar a los niveles de primaria y secundaria con los universitarios. “Vivimos una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al Consejo Nacional de Rectores a los rectores y rectora, “personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica”.

“Los estudiantes deben estar en las aulas pero cuando las condiciones del país lo ameriten deben estar en las calles”. —Rodrigo Facio, ex rector Universidad de Costa Rica. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

Y en cuanto al respaldo de las universidades públicas a otros sectores que también han venido manifestando en los espacios públicos sus preocupaciones y necesidades, CONARE destaca que “el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara”.

Texto completo del Comunicado de CONARE, 17 de julio 2023:

https://we.tl/t-2mrV16yQsj

 

María Encarnación Peña Bonilla, UCR

UCR: Son necesarias una mayor atención y medidas urgentes en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica

Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).

Pronunciamiento de la UCR

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.

El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.

Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.

Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.

Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).

También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.

Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional