La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) solicitó a la Contraloría General de la República, a la Auditoría de la Institución y a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa investigar la contratación realizada por la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las presuntas irregularidades nos generan dudas acerca de la transparencia y legalidad de los procedimientos seguidos en la contratación de servicios privados para atender emergencias médico-quirúrgicas, procedimientos médicos y radiológicos.
Nos preocupa que el 21 de marzo del 2024, a instancia de la Presidenta Ejecutiva y la Gerencia Médica, la Junta Directiva de la Caja (sesión N° 9422, artículo 16°), declaró Estado de Emergencia Institucional por el mes de abril, ante un potencial riesgo para la prestación de los servicios, que pudieran afectar el derecho a la salud y la vida, dada la advertencia de los especialistas de no realizar tiempo extraordinario.
Al día siguiente (22 de marzo), la Dirección Jurídica advirtió a la Administración que, en el supuesto de que surgiera la necesidad, debido a la suspensión temporal de tiempo extraordinario de especialistas, solo se podía contratar los servicios “estrictamente necesarios” para dar continuidad a los servicios.
Ese mismo 22 de marzo, la Gerencia Médica celebró, de forma sospechosamente célere, un convenio con la Cámara de Salud, que incluye una cláusula de exclusividad, que le permitió a esa Cámara definir, en una lista taxativa, los centros privados de salud que podían participar en la licitación para realizar procedimientos especializados durante el período de emergencia.
“Dudamos de la legalidad del convenio suscrito por el Gerente Médico en que se pacta una cláusula de exclusividad para favorecer a empresas afiliadas a la Cámara, porque se podría estar violentando principios elementales de igualdad, transparencia y libre participación en materia de contratación pública”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
El 25 de marzo (iniciando la Semana Santa), la Gerencia Médica sin adherirse a los criterios de necesidad estricta advertidos por la Dirección Jurídica, emitió una resolución que autorizaba una compra excepcional de servicios privados (GM-4332-2024). Esta resolución dio inicio a un proceso de licitación que, sorprendentemente, tuvo una duración extraordinariamente corta, de poco más de dos horas, para una contratación de servicios de casi 12.600 millones de colones.
El viernes Santo (29 de marzo) la Gerencia Médica designó una comisión de 4 funcionarios para que realizara el criterio técnico a fin de justificar la contratación, tomando en cuenta una proyección -promedio de la demanda de los últimos 3 años- que solo como ejemplo, en estudios radiológicos se contratan 61.534 procedimientos, cuando el promedio es de solo 30.968.
Ese mismo día, un asesor de la Gerencia Médica (médico especialista) miembro de esa comisión, aparentemente recomienda adjudicar ₡12.583.339.112,00 (25 millones dólares), con una vigencia contractual de 3 meses, pese a que el plazo de la emergencia es de 1 mes. Es relevante revisar si la adjudicación cumple el Reglamento de distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública de la CCSS.
Finalmente se adjudicó a la Clínica Bíblica (ASEMECO) que alberga la sede de la Cámara de Salud, el Hospital Universitario UNIBE, Hospital Metropolitano (ICEM. S.A.) y las sociedades Raque y Mediluke.
“Solicitamos que se investigue si pudiéramos estar ante un posible favorecimiento a ciertos sectores empresariales, conflictos de intereses, actos que no se ajusten a los principios de transparencia, objetividad, probidad; y no descartamos que puedan existir intereses espurios y “muy convenientes” en las altas esferas de la Institución para no procurar una solución inmediata al conflicto laboral”, añadió Chavarría.
Estamos convencidos de que la declaratoria de emergencia no era un cheque en blanco para impulsar la privatización, que ahora puede estar siendo utilizada como un caballo de troya para que los centros privados puedan lucrar a costa de la salud pública, por lo cual solicitamos la intervención e investigación lo antes posible. UNDECA demanda una investigación exhaustiva e inmediata sobre estos eventos para garantizar la transparencia, la legalidad y la protección de los intereses públicos.
