Rectores y Federaciones de Estudiantes rechazan la propuesta del Ejecutivo porque incumple con el mandato constitucional sobre financiamiento de la educación superior pública
11 de agosto del 2022. Este día los rectores de las cinco universidades públicas y el representante estudiantil de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica participamos en el marco de la Comisión de Enlace en la segunda convocatoria para definir el monto con el que se financiará la educación superior pública para el año 2023.
La propuesta entregada por los representantes del Poder Ejecutivo, propone una rebaja sustancial en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la transferencia a la Universidad Técnica Nacional para el 2023.
Para el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica y las comunidades universitarias, esta propuesta es inadmisible por las siguientes razones:
La eventual disminución del monto del FEES con respecto al año anterior, constituiría un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de nuestra Constitución Política.
La aceptación de esta propuesta implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a las carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones. Además, afectaría la cobertura de las becas actuales y futuras para nuestra población estudiantil.
De concretarse, obligaría a las universidades a prescindir del personal necesario para el buen desempeño de las actividades esenciales y comprometería la operación de las universidades públicas.
En el marco de la negociación, se acordó llevar a cabo una reunión el próximo martes 16 de agosto en Casa Presidencial a las 9:00 a.m.
Reiteramos nuestras mayores y genuinas voluntades de llegar a un acuerdo que posibilite continuar aportando desde la educación superior pública al desarrollo del país.
ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE (SEC), EN DEFENSA DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE APOYO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Resultando:
I. El pasado jueves 11 de julio, se realizó la II sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), oportunidad en la que el Gobierno de la República propuso una disminución en el presupuesto de las universidades públicas para el año 2023 de más de 128 mil millones de colones con respecto al año anterior (2022); lo anterior sin entrar a considerar la pérdida del valor adquisitivo de ese presupuesto, debido a los incrementos sobrevinientes producto de una inflación interanual galopante que al cierre del primer semestre de este año alcanzó el 11.48%.
II. Los rectores y la Confederación Estudiantil Universitaria rechazaron públicamente esa propuesta por cuanto constituye un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de la Constitución Política que garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria pública, sin que se puedan disminuir sus ingresos ya establecidos. Por otra parte, como bien lo están advirtiendo los rectores y estudiantes, con esa propuesta gubernamental se produciría para el próximo año: una reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras y becas estudiantiles; el cierre de proyectos de investigación y extensión incluidos proyectos de asesoría al MEP como los aportes de CONARE al Marco Nacional de Cualificaciones de las carreras de educación entre otros; se produciría además, el retiro obligado de la presencia universitaria en las regiones.
III. El rebajo en el presupuesto de la educación pública para el año 2023, en la propuesta del Gobierno a las universidades, es general y no solo para la educación superior públicas. El Ejecutivo indicó literalmente, que: “…Siendo que el sector educación recibe el 75% (6.02 del PIB) de lo que por Constitución debería recibir (8% del PIB), la propuesta es que se rebaje proporcionalmente los fondos para todos los actores del contexto educativo…” Lo anterior significa que la propuesta del Gobierno del Presidente Chaves y la Ministra Müller para el financiamiento de toda la educción pública estatal para el año 2023, incluye una disminución del 25% con relación a lo que constitucionalmente le corresponde (sin incluir la inflación), y de aproximadamente un 23% en relación al presupuesto del presente año. Lo anterior significa para el Ministerio de Educación Pública, la imposibilidad de realizar programas tan urgentes como el de recuperación pedagógica post pandemia o la intervención de la infraestructura educativa; peor aún, dicha disminución presupuestaria conduciría a un cierre técnico de los diferentes servicios educativos del MEP.
IV. La propuesta gubernamental tiene como sustento, el congelamiento de los salarios del personal del MEP para los años 2022 y 2023, lo cual es desde todo punto de vista insostenible en tiempos de inflación galopante como los que se viven actualmente y más, si consideramos también, que los salarios del personal del Ministerio de Educación Pública acumulan al final del primer semestre 2022, una pérdida en su valor adquisitivo que supera el 10% , debido al congelamiento general de salarios para el sector público durante los años 2020, 2021 y 2022.
V. Desde la Constituyente de 1949 (hace 73 años) no se presenta ninguna situación similar, de abandono estatal de la inversión pública en educción. Todas las Administraciones desde 1949 han priorizado la inversión pública en educación y salud; ni siquiera en los momentos más críticos de la pandemia COVID-19 (años 2020 y 2021) se dejó de priorizar la inversión en educación pública.
VI. Es falso el dilema que plantea la señora Ministra, en el sentido de que no puede financiar la educación superior universitaria pública, porque se desfinancia la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), puesto que lo que su Gobierno propone, es el desfinanciamiento de toda la educación pública estatal.
VII. Lo anterior pone en evidencia también, el interés del Gobierno actual por impulsar la educación privada en detrimento de la educación pública estatal.
Considerando único:
Mediante resolución Nº 2016-012803 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de las 11:21 horas del 7 de setiembre de 2016 se declara inconstituiconal cualquier Presupuesto Ordinario Nacional que no contemplase el monto constitucionalmente previsto por el artículo 78 de la Constitución Política vigente. En lo que aquí interesa, la parte dispositiva de esta resolución indica:
“Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad por omisión del Título 210-Ministerio de Educación Pública del artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 (N° 9289 de 1 de diciembre de 2014), por no cubrir el monto mínimo del 8% de gasto público en educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. …”
De conformidad con el antecedente de jurisprudencia constitucional citado, el proceder del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto de la educación pública para el 2023, constituye un desacato manifiesto a un mandato judicial expreso.
POR LO TANTO, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SEC, ACUERDA:
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO PROCESO INTEGRAL OBLIGATORIO DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA DIVERSIFICADA, DEBIDAMENTE COSTEADA POR EL ESTADO CON UN PRESUPUESTO ANUAL NO INFERIOR AL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (Artículos 77 y 78 de la Constitución Política).
APOYAR INCONDICIONALMENTE LA SOLICITUD DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y DE LA CONFEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, PARA QUE EN LA PRESUPUESTACIÓN DEL AÑO 2023 SE CUMPLA ESTRICTAMENRTE EL MANDADO CONSTITUCIONAL SEGÚN EL CUAL EL ESTADO DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA, Y LE MANTENDRÁ SUS RENTAS ACTUALES, LAS CUALES NO PODRÁN SER DISMINUIDAS SI NO SE CREAN SIMULTÁNEAMENTE, OTRAS MEJORES QUE LAS SUSTITUYAN. (Artículos 84 y 85 de la Constitución Política)
DEFENDER EL PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO UNA INVERSIÓN ESTATAL IMPRESCINDIBLE, NECESARIA PARA QUE GARANTIZA LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA SOCIAL Y ENTRE REGIONES, ASÍ COMO EL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA UN MUNDO LABORAL ALTAMENTE TECNIFICADO E INTERNACIONALIZADO.
DEMANDAR AL GOBIERNO LA ATENCIÓN RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL DEL MAGISTERIO NACIONAL, QUE ACUMULAN 3 AÑOS DE CONGELAMIENTO SALARIAL.
SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SUMARSE A LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).
Alejandra Amador Salazar, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.
La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.
Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.
Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.
Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.
Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.
Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.
Se extiende la invitación a sintonizar el programa Voces y Política, el próximo miércoles 03 de agosto a las 5:00 p.m.
En esta ocasión se estará conversando acerca del FEES y su importancia para la educación superior costarricense, así como del papel del movimiento estudiantil en la defensa de las universidades públicas.
Se contará con la participación de la señora Miryam Badilla Mora, representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y del señor José María Villalta, exdiputado de la República.
La Tierra, el planeta en el que vivimos, sufre una crisis ecológica que se ha salido de las manos de las y los seres humanos. El capitalismo, ya no solo entendido meramente como un sistema económico, sino como un fenómeno cultural que no solo predomina en Occidente ya que se ha extendido a casi la totalidad de las poblaciones que habitan La Tierra, es la marca de esta debacle que enfrenta la humanidad. Sumado a la decadente sociabilidad del mundo, donde la empatía y la solidaridad son algo especial por su poca aparición en la vida cotidiana, surge el capitalismo con sus despiadados métodos extractivistas y explotadores, que, a modo de resumir la historia, está a un paso de acabar con la vida humana y ya ha consumado la vida de muchos otros seres vivos que habitaban el planeta Tierra.
A pesar de la magnitud de la emergencia planetaria, por la cual en los últimos años hemos visto emerger a la luz pública personas representantes de múltiples áreas, como la ciencia moderna, la sabiduría ancestral, la política, el arte, etcétera, que han alzado su voz con estrategias creativas, la indiferencia predomina. Y el problema no se queda ahí, se agrava, debido a que muchas de estas personas que con valentía asumen su responsabilidad de comunicarle al resto de la población la gravedad de la crisis ecológica que estamos viviendo y que además activamente trabajan en defensa de la naturaleza, son constantemente amenazadas y hasta asesinadas por personas que resguardan los intereses del capital. Estos actos violentos predominan en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción; como ejemplo están los asesinatos de Jairo Mora en 2013 y de los aborígenes Sergio Rojas en 2019 y Jehry Rivera en 2020. Cabe resaltar que en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) se menciona que en las tierras que gestionan las comunidades indígenas alrededor del mundo se encuentra el 80% restante de la biodiversidad del planeta.
Enlazando con el artículo publicado en el Semanario Universidad que detalla las graves implicaciones que el Gobierno pretende imponer con el proyecto de ley que busca reestructurar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), lo dicho anteriormente refleja las profundidades de esta nefasta reforma. El autoritarismo del presidente Chaves es una característica clave de este proyecto, evidenciado en la intención de limitar la toma de decisiones a una sola persona, que sería quien encabece el MINAE, excluyendo la diversidad de criterios científicos, técnicos, económicos, políticos y a la voz del pueblo; esto para rendirle pleitesía a la clase alta de este país y a empresas transnacionales, que sin escrúpulos, con la única intención de alimentar su avaricia, están en total disposición de malgastar los recursos naturales, sin importarles las vidas que se acaben por estas acciones.
Para ocultar esto se utiliza el velo de que son decisiones necesarias para “reactivar la economía” o para “generar más empleos”, pero quienes realmente se benefician son la minoría que ostenta el poder económico y político, y quienes sufrimos somos las y los mismos de siempre, la clase trabajadora, aquellas y aquellos que aceptamos estas circunstancias inhumanas que nos limitan a sobrevivir la vida, no a vivirla. Además, ¿cuál economía se va a reactivar o cuáles empleos se van a generar cuando ni siquiera existan las condiciones para sostener la vida humana en el planeta?
El colapso planetario es inminente, las consecuencias las tenemos frente a nuestros ojos: tormentas cada vez más intensas, frecuentes incendios forestales, grandes extensiones de suelos degradados, océanos contaminados, olas de calor sin precedentes, escasez de alimentos por falta de polinización, migración impulsada por el cambio climático, y esta lista aún puede crecer. Esto se puede comprobar en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que con datos científicos recientes y detallados muestran como se agrava la crisis, los efectos cada vez son más severos y a pesar de esto los países ricos siguen siendo los mayores culpables, no muestran signos de querer revertir la situación y quienes sufren las peores consecuencias son los países colonizados y explotados por estos países ricos. En estos enlaces pueden leer un artículo que resume puntos importantes del reporte del IPCC y el reporte completo que lamentablemente solo se encuentra en el idioma inglés: https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/ultimo-informe-ipcc/ – https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
Mitigar las consecuencias aún es posible, pero se necesitan cambios radicales, porque estamos viviendo tiempo radicales. Infórmese, lea, estudie, tome posición, responsabilícese, solidarícese, radicalícese.
1.- Que desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?
2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?
3.- Tal vez lo sabe, pero si no le recuerdo, que en este ejercicio económico los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones menos que en el año 2021.
4.- ¿Sabía, -no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa-, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?
5.- ¿Sabía, -mucho menos lo dudo-, que la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de declaraciones y pactos internacionales de Derechos Humanos?
6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los Derechos Humanos son la causa de las calamidades publicas y la corrupción de los gobiernos?
7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector. Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?
En estos tiempos, un cambio de gobierno debería conducir a un cambio de políticas. Ya habíamos acotado el peligro de que el nuevo gobierno se convirtiera en un segundo tiempo del partido iniciado por el gobierno de don Carlos Alvarado, donde se gestó la alianza pluripartidista más neoliberal de la historia política reciente del país, intensificando la polarización económica y social.
La agenda de proyectos de ley impulsada por el gobierno prácticamente se ha reducido a retomar proyectos de la administración anterior. Por supuesto, la mayoría afines a las políticas orientadas a continuar desmantelando la institucionalidad social y atentando contra derechos fundamentales de los trabajadores, para seguir sirviendo la mesa de los eternos ganadores, en este río revuelto. Es decir, cambio de gobierno sin cambio de políticas.
Así, por ejemplo, se pone en la picota, nuevamente, la autonomía de instituciones como las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, acogiendo e impulsando un proyecto de reforma a la Constitución para poner la carreta delante de los bueyes, es decir, los intereses fiscalistas sobre los intereses del bienestar y el desarrollo social del país.
Si algo necesita este país, para salir del atolladero en que se encuentra, es salud y educación de calidad. Sin duda, la mejor inversión social que se puede hacer si se está interesado, realmente, en salir de la pobreza y la desigualdad estructurales, y ofrecer oportunidades para el trabajo digno y “decente” a la juventud costarricense.
Con estos proyectos este gobierno pretende “ordenar la casa”, cuando lo que está haciendo es socavando los cimientos que aún la mantienen en pie. Por una parte, las universidades públicas que se ubican en los primeros lugares del rating académico latinoamericano, y que están entre los principales centros de investigación y producción científico-tecnológica innovadora del país, así como de formación de profesionales de alta calidad académica. Por otra, una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social que ha sabido encarar con propiedad la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y es ejemplo allende nuestras fronteras en seguridad social. Sin embargo, en estas y otras instituciones públicas se deben introducir cambios para que los servicios que ofrecen sean cada vez cualitativamente mejores, y cumplan su cometido. Pero, ello no se logra cercándolas.
¿Por qué estos gobiernos se han ensañado con la institucionalidad social y pública, mientras continúan protegiendo y hasta premiando a empresas y financieras privadas, como ALDESA, entre muchas otras, siendo las principales causantes del desorden de la casa que se pretende ordenar? ¿Dónde están los proyectos de ley para cobrar, de manera retroactiva, las evasiones y elusiones fiscales por parte de las grandes empresas? ¿Dónde están los proyectos de ley para incrementar los impuestos a los grandes activos de capital y a los bienes improductivos, como fincas abandonadas y propiedades cuya única rentabilidad es la plusvalía que adquieren con el tiempo para beneficio de sus dueños? ¿Dónde están los proyectos de ley para impulsar la construcción de infraestructura que evite continuar pagando alquileres multimillonarios, que sangran las finanzas del Estado? ¿Dónde están los proyectos de ley para aumentar el salario mínimo, y brindar, así, capacidad de compra a las mayorías de trabajadoras y trabajadores y compensar un proceso inflacionario creciente?
Sin cambio sustantivo de políticas producto de un nuevo pacto social solidario, seguiremos esperando a Godot: el cambio que el país necesita, y que no llega.
No se requiere ni adivinadora bola de cristal ni clarividencia de tipo alguno para predecir que nos espera como pueblo, durante estos próximos cuatro años, el peor calvario en cuanto a sistemática supresión de todos nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos -humanos en general-, y de las Instituciones que bien o mal nos los han garantizado.
Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo vino a confirmar plenamente el viraje total hacia la descarada dictadura del capital sobre el trabajo, esto es, de la argolla de los grandes ricos nacionales y transnacionales sobre el ya tradicionalmente explotado pueblo trabajador costarricense.
Se fundieron en la votación para garantizarse el dominio total sobre el directorio legislativo, el oficialismo con sus «opositores», entre comillas pues lo eran de fachada puramente y así, ya sin pudor alguno, las fracciones abiertamente capitalistas neoliberales como el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP)) que se proclamaba simplemente liberal y el Nueva República (PNR), de orientación claramente neopentecostal auspiciada como es bien conocido desde USA, conjuntaron sus votos logrando de esta manera una apabullante mayoría de cincuenta votos que les permitió repartirse a su antojo todo el directorio. Indudablemente esta tremenda mayoría se mantendrá como tal para hacer de la Constitución, el país y sus instituciones lo que se les antoje a los verdaderos dueños de esas «fracciones». Prueba evidente de ello es que una de las primeras propuestas al plenario del flamante presidente de la Asamblea Legislativa, el oligarca Rodrigo Arias Sánchez, ha sido la de constituir de inmediato una Comisión para la Reforma del Estado, con el fin aparente de hacerlo más eficiente pero el real de privatizar todo lo que se puede convertir en negocio -Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y educación estatal en general, Instituto Nacional de Aprendizaje, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ferrocarriles, Cárceles, etc, etc y, lo demás, ponerlo totalmente al servicio de los negocios de su privilegiada argolla..
Por cierto vale destacar que nuevamente se hace evidente, para quienes en el electorado votaron de buena fe por uno de estos cuatro grupos -PUSC, PPSD, PLP y PNR-, esperanzados en impedir que Figueres y el PLN, por un lado y el PAC por otro, tomaran el poder o lo mantuvieran respectivamente, que el primero de mayo en el ámbito del Legislativo y, con el nombramiento de ministros, viceministros, presidencias ejecutivas y demás autoridades supeditadas al Poder Ejecutivo, se confirmó que su buena intención más bien fue aprovechada por la mafia politiquera para legalizar este truculento proceso electoral mediante el cual los cinco partidos y el PAC, mejor dicho aún sus dueños reales, son hoy quienes detentan plenamente el poder en nuestro país. Esperamos que esta vez se aprenda esta lección y que quede claro que en Costa Rica no hay democracia sino plutocracia -gobierno de los ricos- y cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones-, siendo las elecciones simples tragicomedias montadas, reglamentadas y administradas totalmente por la argolla dominante a fin de que el pueblo con su voto acrítico les legitime, según su legislación electoral, siempre en el poder.
A partir de estas premisas se hace evidente que esta Plutocracia Cleptócrata con su gobierno títere que ya se ha desatado sobre nosotros como pueblo, con todo su poder apoyado por sus medios de comunicación -manipulación-, por la religión fanática, la educación domesticadora, algunos sectores sindicales, algunas y algunos dirigentes de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Comunal oportunistas y trepadores politiqueros y, solidaristas abiertamente pero patronales, más un Poder Judicial nombrado en sus más altas esferas por el Poder Legislativo y, todos los aparatos represivos del Estado, se dedicará durante estos próximo cuatro años a convertir a Costa Rica en su feudo y a nosotros como pueblo en sus siervos menguados.
Nótese que no hemos mencionado al Frente Amplio pues creemos tiene todo el potencial necesario para convertirse en auténtica oposición, siempre y cuando convoque y aglutine al pueblo costarricense, al que se debe por completo, en una gran unidad y se convierta en su instrumento impulsando las tesis que el pueblo le plantee, sin jamás modificarlas para negociarlas con sus contendientes, pues la burguesía nunca cumple pactos salvo los que le conviene desde luego.
Obviamente todo el proceso que hoy sufrimos como Pueblo que somos es, como el Capitalismo Neoliberal que lo impulsa repetimos, homicida, ecocida, cleptocrático e insoportablemente patriarcal por lo que no lo podemos soportar ni permitir pues, sistemáticamente nos aniquila haciendo lo mismo con nuestra madre naturaleza.
¿Qué hacer entonces? La fórmula la repetimos como mantra todo el tiempo pues día a día la realidad la confirma como realmente efectiva y totalmente viable: como Pueblo debemos despertar, informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos comprendiendo que unidos somos más y más fuertes. tanto que hemos construido este mundo lo desarrollamos constantemente e incluso generamos toda la riqueza que hoy nos roba esa reducidísima minoría que hoy nos esclaviza y humilla; movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y así investidos, como corresponde en auténtica Democracia, tomar las riendas de nuestro país. Así que empecemos por despertar pues, si no lo hacemos ahora ¡muertos estamos!
Nota: Publicado en Periódico Mi Tierra, compartido con SURCOS por el autor.
Las universidades públicas juegan un papel esencial en la vida democrática de nuestra sociedad. Siendo instituciones en permanente evolución, las universidades se transforman para adaptarse a entornos complejos y cambiantes y así depurar su aporte, desde una visión humanista, de excelencia académica y de compromiso con el bien común. Paralelamente, nuestras universidades y la sociedad que las ampara deben defender y fortalecer los fundamentos del ethos universitario público, el cual depende, en gran medida, de la autonomía a la que constitucionalmente tienen derecho.
La autonomía es uno de los principales logros históricos de las universidades de América Latina a partir de la Reforma de Córdoba, un proceso impulsado por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. En Costa Rica, la autonomía de la Universidad de Costa Rica quedó establecida en la constitución política de 1949, extendiéndose luego a las otras universidades públicas conforme se fueron creando. Su carácter autónomo ha permitido a estas instituciones hacer múltiples contribuciones a la vida del país en diversos ámbitos.
Pese a su relevancia, el concepto de autonomía universitaria se percibe con frecuencia como algo abstracto y difuso, incluso al interior de nuestras instituciones de educación superior. Además, sectores políticos y económicos hegemónicos, junto con algunos medios de comunicación, presentan con frecuencia a la opinión pública una visión distorsionada de este precepto, haciéndolo ver como un privilegio injustificado. Cada vez con más frecuencia se escuchan voces que cuestionan la autonomía universitaria y propugnan modificarla de diversas formas. El actual escenario político nacional no es nada halagüeño en este sentido; conviene por lo tanto retomar el valor de la autonomía de las universidades públicas para fortalecerlo y consolidarlo.
La autonomía universitaria incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión (ver Gutiérrez, 2021). El que las universidades sean centros de pensamiento y acción libres y críticos en función de los más amplios intereses de la colectividad es fundamental. Y es precisamente este uno de los puntos que incomodan a los poderes fácticos de carácter económico y político, aquí y en todo el continente.
En los últimos años hemos presenciado embates contra la autonomía universitaria en Costa Rica. Por un lado, se ha cuestionado el presupuesto que se asigna a estas instituciones de educación superior. Sin un adecuado financiamiento por parte del estado, la autonomía universitaria se debilita y el aporte de estas instituciones a la sociedad pierde sustento. Además, se ha elaborado un discurso recurrente que propone condicionar la asignación presupuestaria a que las universidades adapten sus planes de trabajo y su funcionamiento a propuestas que emanan de estos sectores hegemónicos. Esta tendencia quedó claramente reflejada en el dictamen de mayoría de la comisión especial de la Asamblea Legislativa con relación a la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), presentado en el 2020, en el que algunas propuestas implicaban claras transgresiones a la autonomía (ver Gutiérrez, 2020).
Estos intentos por condicionar las agendas universitarias con base en los intereses de poderes fácticos del país incluyen, entre otros elementos, un cuestionamiento al desarrollo holístico en las diversas áreas del conocimiento, lo cual es un fundamento central del ethos universitario, centrado en la integralidad de los saberes. Se propone un énfasis desmedido en áreas de trabajo que tienen que ver con el desarrollo económico y se desmeritan áreas como las ciencias básicas, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, haciéndolas ver como ‘inútiles’ para los objetivos de desarrollo del país. El aporte universitario a la economía es por supuesto fundamental, y estas instituciones lo hacen de múltiples formas, pero este es solo uno de los componentes de un amplio espectro de disciplinas y labores, todas ellas importantes.
Se subvalora con frecuencia también la acción social o extensión y se cuestionan los procesos de pensamiento crítico que aportan las universidades sobre la realidad nacional, una función fundamental a través de la cual se aportan visiones diversas que abonan a los debates en el país y enriquecen nuestra vida democrática.
De acatarse este tipo de presiones, la autonomía se desdibujaría y las universidades dejarían de ser centros de análisis y pensamiento libres para convertirse en meros instrumentos de agendas externas. En suma, se debilitaría la esencia misma del concepto de universidad pública. Estas tendencias han tenido un fuerte impacto en muchas universidades del mundo, las cuales han entrado en procesos de mercantilización acelerados, lo que Martha Nussbaum ha denominado ‘la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo’ (Nussbaum, 2012) (en realidad es una crisis de una dimensión tal que ya no es tan silenciosa).
Es importante dejar claro que la autonomía universitaria no es autarquía irresponsable y que la misma conlleva un enorme compromiso de análisis y mejoramiento permanentes, en el sentido de que nos conmina como comunidades universitarias a depurar continuamente nuestro trabajo, abandonando zonas de confort y privilegios inaceptables y asumiendo metas cada vez más ambiciosas en función de la excelencia académica y la procura del bien común. La autonomía obliga a la reflexión y el análisis autocrítico con miras a mejorar nuestro aporte, así como a hacer un uso adecuado de los recursos que provee el estado. Esa es nuestra responsabilidad, la cual debe ir a la par de la defensa de la autonomía.
Dados los peligros que se ciernen sobre la autonomía universitaria, se requiere una actitud proactiva y decidida en las comunidades universitarias para defender este valor esencial. Con frecuencia las dinámicas cotidianas y los intereses particulares de grupos en nuestras instituciones impiden darle a este tópico la importancia que merece. Es necesario generar conciencia sobre los riesgos a los que las universidades están expuestas.
La defensa de la autonomía, incluyendo la procura de un presupuesto justo para que estas instituciones puedan realizar su labor, es una tarea que nos concierne a todas y todos en las comunidades universitarias, y también le concierne a la sociedad en general, por la importancia de estas instituciones en la vida del país. Esta defensa demanda procesos activos, comprometidos y participativos, que tengan impacto a lo interno y a lo externo de nuestras instituciones y que posean incidencia política real.
Pare ello se requiere desarrollar un doble accionar centrado en la reflexión y la participación. Por un lado, debemos generar espacios de análisis y discusión sobre estos temas en diversos nichos (formales e informales) de las universidades públicas, con un rol activo de docentes, estudiantes y personas administrativas. El movimiento estudiantil en particular tiene un importante papel que jugar, como lo ha hecho en pasadas luchas por reivindicaciones varias. Y, además, es fundamental generar confluencia entre las comunidades universitarias y diversos sectores organizados de la sociedad, para que la defensa de la autonomía se entienda como una necesidad de la colectividad en su conjunto, en diálogo con reivindicaciones urgentes de otros sectores.
Estas tareas de reflexión y análisis deben ser complementadas con la preparación de procesos de participación y movilización, para enfrentar los retos que se avecinan y generar formas concretas de transformar este pensamiento crítico en incidencia política efectiva. Existen debates decisivos sobre los rumbos que Costa Rica tomará en el futuro. En este contexto, la defensa del estado social de derecho y de la institucionalidad pública debe ser una prioridad en la procura de garantizar una vida digna para todas y todos. La defensa y el mejoramiento de las universidades públicas, y particularmente la protección de su autonomía, son tareas fundamentales en las cuales las comunidades universitarias tenemos una enorme cuota de responsabilidad. Los tiempos llaman con urgencia a la reflexión y a la participación.
Gutiérrez, J.M. (2021) La Universidad de Costa Rica en sus encrucijadas. En: Reflexiones desde la Academia: Universidad, Ciencia y Sociedad. Segunda edición. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, pp. 13-47.
Nussbaum, M. (2012) Sin Fines de Lucro. Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades. Katz Editores, Buenos Aires, 199 p.
Silvia Castro, la presidente de la junta directiva de la empresa Ulacit, de quien dicen aspira a ser la ministra de Educación en caso de ganar la señora Lineth, tiene una «propuesta sencilla», que resume así: Se trasladan ¢2.600 millones del presupuesto del TEC, UNA, UNED y UCR, a las 52 universidades privadas.
Con ello, dice, se evita «subir los precios», y se usarían «para el financiamiento de investigación». Se pretende, dice, que «el Estado contribuya de ALGUNA MANERA con INCENTIVOS, para que el costo no se le vaya a trasladar al estudiante en su matrícula».
Como obviamente la señora Lineth, candidata presidencial del PUSC, conoce muy bien tal proyecto, LOS ELECTORES queremos saber lo que piensa, por lo que públicamente le reiteramos nos lo aclare; eso sí, antes del 6 de febrero.
