Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
En estos tiempos, un cambio de gobierno debería conducir a un cambio de políticas. Ya habíamos acotado el peligro de que el nuevo gobierno se convirtiera en un segundo tiempo del partido iniciado por el gobierno de don Carlos Alvarado, donde se gestó la alianza pluripartidista más neoliberal de la historia política reciente del país, intensificando la polarización económica y social.
La agenda de proyectos de ley impulsada por el gobierno prácticamente se ha reducido a retomar proyectos de la administración anterior. Por supuesto, la mayoría afines a las políticas orientadas a continuar desmantelando la institucionalidad social y atentando contra derechos fundamentales de los trabajadores, para seguir sirviendo la mesa de los eternos ganadores, en este río revuelto. Es decir, cambio de gobierno sin cambio de políticas.
Así, por ejemplo, se pone en la picota, nuevamente, la autonomía de instituciones como las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, acogiendo e impulsando un proyecto de reforma a la Constitución para poner la carreta delante de los bueyes, es decir, los intereses fiscalistas sobre los intereses del bienestar y el desarrollo social del país.
Si algo necesita este país, para salir del atolladero en que se encuentra, es salud y educación de calidad. Sin duda, la mejor inversión social que se puede hacer si se está interesado, realmente, en salir de la pobreza y la desigualdad estructurales, y ofrecer oportunidades para el trabajo digno y “decente” a la juventud costarricense.
Con estos proyectos este gobierno pretende “ordenar la casa”, cuando lo que está haciendo es socavando los cimientos que aún la mantienen en pie. Por una parte, las universidades públicas que se ubican en los primeros lugares del rating académico latinoamericano, y que están entre los principales centros de investigación y producción científico-tecnológica innovadora del país, así como de formación de profesionales de alta calidad académica. Por otra, una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social que ha sabido encarar con propiedad la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y es ejemplo allende nuestras fronteras en seguridad social. Sin embargo, en estas y otras instituciones públicas se deben introducir cambios para que los servicios que ofrecen sean cada vez cualitativamente mejores, y cumplan su cometido. Pero, ello no se logra cercándolas.
¿Por qué estos gobiernos se han ensañado con la institucionalidad social y pública, mientras continúan protegiendo y hasta premiando a empresas y financieras privadas, como ALDESA, entre muchas otras, siendo las principales causantes del desorden de la casa que se pretende ordenar? ¿Dónde están los proyectos de ley para cobrar, de manera retroactiva, las evasiones y elusiones fiscales por parte de las grandes empresas? ¿Dónde están los proyectos de ley para incrementar los impuestos a los grandes activos de capital y a los bienes improductivos, como fincas abandonadas y propiedades cuya única rentabilidad es la plusvalía que adquieren con el tiempo para beneficio de sus dueños? ¿Dónde están los proyectos de ley para impulsar la construcción de infraestructura que evite continuar pagando alquileres multimillonarios, que sangran las finanzas del Estado? ¿Dónde están los proyectos de ley para aumentar el salario mínimo, y brindar, así, capacidad de compra a las mayorías de trabajadoras y trabajadores y compensar un proceso inflacionario creciente?
Sin cambio sustantivo de políticas producto de un nuevo pacto social solidario, seguiremos esperando a Godot: el cambio que el país necesita, y que no llega.