SURCOS comparte el mensaje Master Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña.
El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.
“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.
Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.
Contención del gasto desde Conare
× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.
La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.
Video adjunto:
***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).
Enviado por Oficina Comunicación UNA.
El Consejo Nacional de Rectores presentó esta mañana el proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública, una iniciativa coordinada y articulada por las cinco universidades públicas. El objetivo es organizar cursos libres de acceso que faciliten conocimientos y el desarrollo de capacidades o destrezas, en los diferentes campos de especialidad de cada universidad.
Los cursos que se impartirán son dirigidos para toda la población nacional, de acuerdo con las poblaciones meta establecidas por universidad. Son cursos gratuitos y virtuales.
Tendrán una duración de 12 horas efectivas: 8 horas contacto presencial-remoto y 4 horas de trabajo independiente.
El cupo mínimo es de 8 personas para la apertura y como máximo 25 personas. Cada persona podrá matricular un máximo de 2 cursos. Las personas estudiantes recibirán un certificado de participación digital por cada curso matriculado.
Las áreas temáticas son: Producción ecoeficiente: agropecuaria y de recursos naturales, Tecnologías de la información y comunicación, Salud ecosistémica y calidad de vida, Humanismo, arte y cultura, Desarrollo tecnológico e innovación industrial y de servicios, Ambiente, territorio y sustentabilidad, Educación y desarrollo integral.
Las poblaciones meta son: niños de 10 a 12 años, jóvenes, público (16 a 59 años) y persona adulta mayor.
Para el presidente del Conare, Francisco González, esta es otra acción de las universidades que procura responder a la necesidad de capacitación de la población en medio del panorama de la pandemia y que busca ofrecer cursos de calidad, de manera gratuita y virtual a toda la población nacional, organizados por áreas temáticas y grupos etarios de interés.
Fechas de matrícula por institución
Universidad Nacional
Universidad Técnica Nacional
Universidad Estatal a Distancia
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Universidad de Costa Rica
Conare
Consejo Nacional de Rectores
La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, cualquier intento de menoscabar la autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, ya que atenta contra la independencia de organización y gobierno que poseen las universidades públicas.
Así lo hizo saber, el Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado este jueves 28 de enero, en el cual también instó al Gobierno de la República de Costa Rica a ser respetuoso de este principio constitucional.
La preocupación de la Universidad surge debido a que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2020, el Gobierno tomó la decisión, de manera unilateral, de depositar los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, la cual es administrada por la Tesorería Nacional.
Dicha situación se dio pese a que el artículo 85 de la Constitución Política determina que el Banco Central de Costa Rica será el encargado de administrar ese fondo, para ponerlo a la orden de las universidades cada mes, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal.
En este sentido, la Universidad reconoce que el mecanismo de transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a través del Banco Central ha funcionado de manera idónea y ha permitido que las instituciones hagan uso de esos fondos en concordancia con lo que determina la Carta Magna.
Ante esta situación, la UCR reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos, en atención a la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, y en aras de seguir retribuyendo a la sociedad costarricense la inversión y los esfuerzos dedicados a la educación universitaria.
Los recursos percibidos por medio del FEES permiten democratizar el acceso a la educación superior estatal al convertirse en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense; así como fortalecer la justicia social y distributiva, y promover una Costa Rica más equitativa.
Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario
“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)
Manuel Hernández
La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.
Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.
Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.
La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?
¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?
¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?
¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?
A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.
Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.
Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.
Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.
29/01/2021
En el marco de las celebraciones por el octogésimo aniversario de esta casa de estudios superiores, el Consejo Universitario emitió el Manifiesto de la Universidad de Costa Rica a sus 80 años: compromiso con la democracia costarricense desde sus fundamentos, hechos y desafíos.
Este documento cimienta la relevancia de las universidades públicas y sus aportes al desarrollo nacional desde una perspectiva histórica; así como los compromisos asumidos por la Institución de cara a los desafíos que enfrenta Costa Rica en el mediano plazo.
La propuesta plantea vehementemente que la UCR sigue y deberá seguir siendo el más importante propulsor del desarrollo de nuestra República, pues de su trayectoria y permanencia dependerán el equilibrio de nuestra sociedad y el bienestar social de sus habitantes, por lo que es responsabilidad de toda la ciudadanía, gobernados y gobernantes, protegerla y fortalecerla para continuar su aporte crítico a las transformaciones de la sociedad costarricense.
El Manifiesto apuesta por un proyecto colectivo de sociedad y enfatiza la idea de bien común que cuestione el individualismo exacerbado de los intereses particulares; en correspondencia, la Universidad no puede adaptarse acríticamente a las circunstancias, su razón de ser es generar saberes que permitan una reflexión crítica del contexto en que está inmersa, la autorreflexividad y el ejercicio de diálogos horizontales con todos los sectores sociales en procura de construir una sociedad más justa, democrática, pluralista e inclusiva.
Este documento fue elaborado por una comisión especial conformada por representantes de todas las áreas, de las sedes regionales y del sector estudiantil y tuvo como base la preocupación institucional ante una serie de iniciativas de ley que, mediante líneas de pensamiento ligeras y so pretexto de contribuir al fortalecimiento de la educación superior pública, procuran intervenir directamente en el quehacer académico de las universidades públicas.
Imagen: Luego de revisar las iniciativas de ley, leyes y estrategias argumentativas utilizadas para socavar la autonomía de las universidades públicas en los últimos años, el Consejo Universitario emitió un manifiesto en que el reafirma la trascendencia de estas institucionales para el país. (Foto: Archivo ODI)
Desde las Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad consideramos que:
Por tanto:
Nos pronunciamos en defensa del Programa Kioscos Ambientales; sus docentes, sus asistentes y sus estudiantes cuyo quehacer es importantísimo en este contexto nacional de crisis. Consideramos desacertada la decisión de parte de la Rectoría saliente de la Universidad de Costa Rica, de recortar un 60% de los nombramientos docentes de forma injustificada.
Solicitamos de forma vehemente a las autoridades universitarias que se restituyan todos los nombramientos del equipo docente.
Mariana Porras
Presidenta
Red de Coordinación en Biodiversidad
Dany Villalobos
Presidente
Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente (FECON)
https://feconcr.com/noticias/1587/
Al conmemorarse 46 años de existencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el rector de la UNA Francisco González Alvarado asume la Presidencia de este órgano universitario con la firme convicción de llevar a cabo todas las luchas necesarias para defender a las universidades públicas de Costa Rica.
En su discurso inaugural, el rector insistió en los tres grandes retos que enfrenta actualmente la Presidencia de Conare: “El primero dar el impulso, el banderillazo de salida a la formulación del PLANES 2021-2025; el segundo apoyar a las universidades en los procesos necesarios para lograr un regreso gradual y seguro a la presencialidad, y el tercero, pero no menos importante, mantener la defensa de la universidad pública como bien público social en la situación de crisis y de restricción presupuestaria que enfrentamos”.
González reconoció que si bien Costa Rica enfrenta un panorama difícil, “confiamos en el potencial de la universidad pública para seguir fortaleciendo la democracia y seguir contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas en el territorio nacional”.
Por ello pondrá énfasis en la defensa de la educación pública como pilar fundamental en la consolidación de la democracia costarricense, por lo que “debemos defender que se mantenga como un bien público social y un derecho humano, como un bien común de todas y todos los costarricenses. Ello implica pensarla como un espacio científico-cultural amplio, en clave humanista, desde donde se promueven acciones que contribuyen al mejoramiento del bienestar y que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población costarricense, a fortalecer la democracia, a promover la justicia social y superar las inequidades”.
El Consejo Nacional de Rectores fue creado mediante “Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito por las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 1974 y reformado por éstas el 20 de abril de 1982. En él se regulan aspectos de coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en diversos ámbitos.
Francisco González Alvarado será su presidente por un año. Él es bachiller en Historia, licenciado en Estudios Sociales y máster en docencia universitaria; asumió la Rectoría de la UNA en julio de 2020, institución en la que también se ha desempeñado como académico e investigador, subdirector de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) y como vicerrector académico en el periodo 2010- 2015.
Video aquí
Comunicado de la Oficina de Comunicación UNA
Ante la alarmante cifra de entre 54 mil y 91 mil estudiantes a quienes el MEP les perdió el rastro desde mediados de año, la FEUNA propone una ambiciosa estrategia para combatir la exclusión educativa a nivel nacional. Consiste en una propuesta conjunta para localizar y reincorporar a las personas estudiantes que se han visto forzadas a interrumpir sus estudios, específicamente en los ciclos de primera infancia, básico y diversificado.
Esta propuesta, presentada a las autoridades del MEP y a la propia ministra Guiselle Cruz el pasado 15 de noviembre, busca establecer un equipo de trabajo integrado por especialistas del Ministerio, las universidades públicas, el Estado de la Educación y otras organizaciones competentes, el cual sea responsable de planificar, ejecutar y dar seguimiento a una estrategia conjunta para combatir la exclusión educativa.
La estrategia ofrece recurrir al voluntariado estudiantil universitario, así como los proyectos comunitarios que ya desarrollan las universidades públicas en todos los territorios del país, como un pilar para lograr realizar visitas casa a casa y así promover la reincorporación de estudiantes al sistema educativo. Además, se contempla una activa participación de las comunidades y sus organizaciones de base, por ejemplo, las Juntas de Educación.
La propuesta, parte de la campaña de la FEUNA llamada La educación también salva vidas, cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y busca invitar a diferentes sectores, tales como entidades privadas, sindicatos, gobiernos locales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos y la sociedad en su conjunto, para unir esfuerzos frente a esta grave problemática. De lo contrario, se corre el riesgo de ocasionar una nueva generación perdida como sucedió en la década de 1980; es decir, hipotecar el futuro del país y especialmente el de las poblaciones y territorios en mayor vulnerabilidad.
“Estamos a la espera de una reunión con el presidente de la República para conversar sobre el detalle de la propuesta. Agradecemos profundamente el apoyo manifestado por la señora Ministra de Educación, las cinco universidades públicas y el Estado de la Educación a esta propuesta. Como país no podemos permitirnos una nueva generación perdida que hipoteque nuestro futuro”, señaló Noel Cruz, presidente de la FEUNA.
El pasado 5 de noviembre de 2020, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Catedra Alberto Martén de la Escuela de Planificación y Promoción Social- EPPS- UNA y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, llevaron a cabo el Conversatorio ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?
La exposición central de la actividad estuvo a cargo del Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, abogado y académico y fue transmitida en directo mediante el Facebook Live de la página de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y de la EPPS-UNA.
Este foro fue moderado por el académico de la EPPS, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, y contó con la participación de algunos miembros de la Academia Solidarista y de la Red de Asociaciones Solidarista de las universidades públicas: Álvaro Villalobos Garro, Efraín Mejía, Gonzalo Delgado Leandro, Guido Alberto Monge, Franklin Solano Castro, Mario Alberto Venegas. También participó el Subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, quienes aportaron a la discusión sobre la pregunta generadora: ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?
Esta actividad es la segunda que se realizada en el marco de la Cátedra Alberto Martén Chavarría, que se constituyó en la EPPS-UNA dentro del Convenio de Cooperación entre la UNA y la Academia Solidarista. La primera actividad fue un conversatorio acerca la “Realidad Nacional y Solución Solidarista durante y después del Covid-19”, realizado el 15 de octubre del 2020 y se encuentra disponible en la red social del Facebook, tanto, de la EPPS como el de la Academia Solidarista. Enlaces: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/666790810938606/?v=666790810938606
https://www.facebook.com/AcademiaSolidaristaAlbertoMartenChavarria
El Máster Álvaro Villalobos Garro, presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén, comentó la importancia de este tema debido a la situación actual que se está viviendo a nivel nacional con el solidarismo, ya que se ha visto la intención de deslegitimar su función de vocación social.
El académico y subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, dijo que desde la Escuela de Planificación y Promoción Social se decidió apoyar a la Cátedra Solidarista, debido a que los principios del solidarismo, tales como; el trabajo colaborativo, la promoción del trabajo conjunto, la búsqueda de la mejora en las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, grupos empresariales, instituciones públicas, entre otros, se complementan y se relacionan estrechamente con los aportes que la EPPS-UNA y la Academia Solidarista desarrollan con la sociedad costarricense.
El Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, comentó que en el año 2007 se propuso la meta de lograr el reconocimiento Constitucional del Solidarismo, hasta que se hizo posible en el 2011, siendo este una reforma al artículo 64 de la Carta Magna. Con este logro, se creyó que esto provocaría un impulso para el Solidarismo Costarricense y sus asociaciones al estar incluidas en la Constitución Política de Costa Rica: “ Cabe recalcar que, ante la ley, el Solidarismo se reconoce como un “instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto, en el sector privado como en el sector público (..) así mismo reconocerá el derecho del patrono y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas con el fin de obtener mejores condiciones de vida y de desarrollo económico y social”.
Espinoza expresó que esta definición es un mandamiento que el Estado debe realizar y respetar, ya que de lo contrario lo escrito en la ley no tendría ninguna incidencia en la realidad práctica: “Con la constitucionalización del Solidarismo se estableció que este sector tiene su propio campo de acción y que ni el Sindicalismo, ni el Cooperativismo pueden intervenir en su campo, ya que estas tienen enfoques diferentes. Sin embargo, en la práctica, en vez de fomentar el Solidarismo, se asigna una competencia administrativa entre el Sindicalismo y el Cooperativismo que contradice la función del solidarismo”.
Para Espinoza, esto resulta ser una paradoja, ya que la Sala Constitucional tomó esta decisión de separar sus campos de acción de forma preventiva ante la preocupación de que el Solidarismo intervenga en el accionar del Cooperativismo y el Sindicalismo. No obstante, el Solidarismo siempre se enfocó en su área de acción, y las otras dos organizaciones compitieron en su campo e incursionar en actividades administrativas propias del Solidarismo.
El académico acotó que en su momento, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Alvarado Quesada, se negó a conceder una audiencia con el Solidarismo, a pesar de que el Sector Solidarista y miembros del Movimiento Solidarista, gestionaron en conjunto con el Ministerio actividades para tratar asuntos de interés del Solidarismo. De la misma forma, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio del gobierno pasado aportó a la negación contra el Solidarismo, ya que no permitió que las Asociaciones Solidaristas obtuvieron su reconocimiento como pequeñas y medianas empresas, por el hecho de que no son entidades de lucro, ya que su enfoque es la búsqueda del bienestar de los trabajadores: “Una posición incongruente y obsoleta del Gobierno con respecto al Solidarismo, es que se empieza a obligar a las Asociaciones Solidaristas a ser supervisadas por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras”.
El expositor, propone, el estudio del voto 2010-009927, (Reforma del artículo 64 de la Constitución Política de la República de Costa Rica), planteamiento de acciones administrativas y judiciales (voto 2010-009927) que se refleje en la práctica procurar la unidad del sector solidarista, favorecer la creación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales, fortalecer y ampliar la alianza solidarista, presencia en la Asamblea Legislativa y otros poderes, enlace con el Poder Ejecutivo,) enseñanza del solidarismo en todos los niveles, realizar un congreso en donde se discuta la reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas, la universalización del Solidarismo y homologar los aportes patronales y la conformación de un equipo profesional de alto nivel.
El Dr. Espinoza quiso evidenciar que la constitucionalización del Solidarismo debió haber sido una ventaja para promocionarlo y fortalecerlo. Sin embargo, esto solo quedó escrito en la reforma, ya que al aplicarlo no se demuestra una verdadera constitucionalización, debido a las dificultades que las instituciones públicas le generan al solidarismo para ejecutarse y desarrollarse.
El Máster Guido Alberto Monge, académico del Centro Internacional en Política Económica-CINPE de la Universidad Nacional, comentó que, si se logra la coordinación bajo la figura de una confederación, se deben tener claras las posiciones con respecto al sector solidarista como tal, ya que esto le daría una voz mucho más poderosa y sólida al solidarismo en las discusiones con otros sectores: “ Es decir, que la voz del solidarismo representada por muchos plantee de manera integrada posiciones con respecto a temas de gobernabilidad, ambiente, empleo, educación técnica, pobreza, desigualdad, entre otros”. Monge, recalcó la necesidad de crear un Instituto de Fomento Solidarista, el Ideario Solidario en donde se homologuen dichas posiciones de diversos actores y sectores, así como también la gestión, a partir del próximo año, de un congreso en donde el solidarismo presente su posición con respecto a los temas del Plan Nacional del Desarrollo.
Franklin Solano Castro, Supervisor del Ministerio de Educación Pública-MEP, comentó, algunos inconvenientes para apoyar acciones en favor del Solidarismo, como es el caso de la falta de voluntad política por parte de las autoridades del MEP, para instaurar una Asociación Solidarista del Ministerio de Educación Pública (ASOMEP): “Es debatible cómo a pesar de que el solidarismo esté incluido en el rango constitucional, se dificulte tanto la creación de asociaciones solidaristas necesarias, sin embargo, las personas pertenecientes a este sector siguen en la constante lucha para seguir aportando a la sociedad costarricense a pesar de los obstáculos”.
El presidente de la ASOTEC, Master Gonzalo Delgado Leandro, comentó acerca del estado de la conformación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales: “Actualmente las asociaciones de la UNED, UNA y el TEC tienen una alianza que les permite trabajar como red, sin embargo, hace falta formalizar esta alianza en un documento, el cual ya se está desarrollando. Se espera que, a partir del próximo, 2021, cada universidad presente la propuesta en sus respectivas asambleas para contar con el visto bueno por parte de la administración ejecutiva”.
Es importante recalcar que la Academia Solidarista, la EPPS y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, seguirán trabajando en conjunto para realizar actividades con estos temas necesarios de discutir, para que mediante estas actividades se puedo incidir en el fortalecimiento del sector solidarista costarricense. Asimismo, se abre la posibilidad de que los integrantes de distintas Asociaciones Solidaristas ofrezcan ideas de posibles actividades a realizar.
El conversatorio realizado se encuentra disponible en la página de Facebook de la Escuela de Planificación y Promoción Social y de la Academia Solidarista Alberto Martén, para quien guste profundizar más los temas conversados en esta actividad.
Por: María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS-UNA
Efraín Cavallini Acuña-Académico-EPPS-UNA