Es una iniciativa coordinada y articulada por las universidades públicas para llevar cursos cortos y gratuitos a la población
La Universidad de Costa Rica ofrece a través de la Acción Social una variedad de cursos abiertos a toda la población con opciones de actualización profesional, cursos libres y cursos de formación permanente. La oferta la sistematiza cada unidad académica. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
El Consejo Nacional de Rectores presentó esta mañana el proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública, una iniciativa coordinada y articulada por las cinco universidades públicas. El objetivo es organizar cursos libres de acceso que faciliten conocimientos y el desarrollo de capacidades o destrezas, en los diferentes campos de especialidad de cada universidad.
Los cursos que se impartirán son dirigidos para toda la población nacional, de acuerdo con las poblaciones meta establecidas por universidad. Son cursos gratuitos y virtuales.
Tendrán una duración de 12 horas efectivas: 8 horas contacto presencial-remoto y 4 horas de trabajo independiente.
El cupo mínimo es de 8 personas para la apertura y como máximo 25 personas. Cada persona podrá matricular un máximo de 2 cursos. Las personas estudiantes recibirán un certificado de participación digital por cada curso matriculado.
Las áreas temáticas son: Producción ecoeficiente: agropecuaria y de recursos naturales, Tecnologías de la información y comunicación, Salud ecosistémica y calidad de vida, Humanismo, arte y cultura, Desarrollo tecnológico e innovación industrial y de servicios, Ambiente, territorio y sustentabilidad, Educación y desarrollo integral.
Las poblaciones meta son: niños de 10 a 12 años, jóvenes, público (16 a 59 años) y persona adulta mayor.
Para el presidente del Conare, Francisco González, esta es otra acción de las universidades que procura responder a la necesidad de capacitación de la población en medio del panorama de la pandemia y que busca ofrecer cursos de calidad, de manera gratuita y virtual a toda la población nacional, organizados por áreas temáticas y grupos etarios de interés.
Fechas de matrícula por institución
Universidad Nacional
Matrícula: 1 al 5 de febrero de 2021
Periodo lectivo: 8 de febrero al 6 de marzo de 2021
Universidad Técnica Nacional
Matrícula: 15 al 18 de febrero de 2021 / 5 al 8 de julio de 2021
Periodo lectivo: 1 al 12 de marzo de 2021 / 19 al 31 de julio de 2021
Universidad Estatal a Distancia
Matrícula: 15 al 19 de marzo de 2021
Periodo lectivo: 12 de abril al 30 de julio de 2021
En sus 80 años de existencia, la UCR ha contribuido en las transformaciones que la sociedad necesita, formando profesionales de excelencia, con perspectivas humanistas, quienes aportan conocimiento para el desarrollo del país. Foto: Karla Richmond, UCR.
La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, cualquier intento de menoscabar la autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, ya que atenta contra la independencia de organización y gobierno que poseen las universidades públicas.
Así lo hizo saber, el Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado este jueves 28 de enero, en el cual también instó al Gobierno de la República de Costa Rica a ser respetuoso de este principio constitucional.
La preocupación de la Universidad surge debido a que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2020, el Gobierno tomó la decisión, de manera unilateral, de depositar los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, la cual es administrada por la Tesorería Nacional.
Dicha situación se dio pese a que el artículo 85 de la Constitución Política determina que el Banco Central de Costa Rica será el encargado de administrar ese fondo, para ponerlo a la orden de las universidades cada mes, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal.
En este sentido, la Universidad reconoce que el mecanismo de transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a través del Banco Central ha funcionado de manera idónea y ha permitido que las instituciones hagan uso de esos fondos en concordancia con lo que determina la Carta Magna.
Ante esta situación, la UCR reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos, en atención a la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, y en aras de seguir retribuyendo a la sociedad costarricense la inversión y los esfuerzos dedicados a la educación universitaria.
Los recursos percibidos por medio del FEES permiten democratizar el acceso a la educación superior estatal al convertirse en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense; así como fortalecer la justicia social y distributiva, y promover una Costa Rica más equitativa.
“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)
Manuel Hernández
La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.
Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.
Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.
La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?
¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?
¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?
¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?
A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.
Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.
Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.
Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.
Alejandra Amador Salazar, Periodista Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica
En el marco de las celebraciones por el octogésimo aniversario de esta casa de estudios superiores, el Consejo Universitario emitió el Manifiesto de la Universidad de Costa Rica a sus 80 años: compromiso con la democracia costarricense desde sus fundamentos, hechos y desafíos.
Este documento cimienta la relevancia de las universidades públicas y sus aportes al desarrollo nacional desde una perspectiva histórica; así como los compromisos asumidos por la Institución de cara a los desafíos que enfrenta Costa Rica en el mediano plazo.
La propuesta plantea vehementemente que la UCR sigue y deberá seguir siendo el más importante propulsor del desarrollo de nuestra República, pues de su trayectoria y permanencia dependerán el equilibrio de nuestra sociedad y el bienestar social de sus habitantes, por lo que es responsabilidad de toda la ciudadanía, gobernados y gobernantes, protegerla y fortalecerla para continuar su aporte crítico a las transformaciones de la sociedad costarricense.
El Manifiesto apuesta por un proyecto colectivo de sociedad y enfatiza la idea de bien común que cuestione el individualismo exacerbado de los intereses particulares; en correspondencia, la Universidad no puede adaptarse acríticamente a las circunstancias, su razón de ser es generar saberes que permitan una reflexión crítica del contexto en que está inmersa, la autorreflexividad y el ejercicio de diálogos horizontales con todos los sectores sociales en procura de construir una sociedad más justa, democrática, pluralista e inclusiva.
Este documento fue elaborado por una comisión especial conformada por representantes de todas las áreas, de las sedes regionales y del sector estudiantil y tuvo como base la preocupación institucional ante una serie de iniciativas de ley que, mediante líneas de pensamiento ligeras y so pretexto de contribuir al fortalecimiento de la educación superior pública, procuran intervenir directamente en el quehacer académico de las universidades públicas.
Imagen: Luego de revisar las iniciativas de ley, leyes y estrategias argumentativas utilizadas para socavar la autonomía de las universidades públicas en los últimos años, el Consejo Universitario emitió un manifiesto en que el reafirma la trascendencia de estas institucionales para el país. (Foto: Archivo ODI)
Desde las Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad consideramos que:
El papel que desempeña la Universidad de Costa Rica en materia de Acción Social para el país es de suma importancia para el fortalecimiento de la justicia social y ambiental del país. Este es uno de los pilares fundamentales de la Universidad en su estatuto orgánico.
En contextos de crisis es fundamental que este rol de las universidades públicas se mantenga y se fortalezca; para que siga siendo un motor clave para la re-activación económica que pretende el país, pero además se genere de forma colectiva y con un profundo carácter humanista.
El Programa Kioscos Socio Ambientales en más de 13 años de trayectoria ha sido un eje importante para múltiples procesos de defensa de los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes comunes, el agua, los bosques, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
En el contexto de crisis sanitaria se ha demostrado ampliamente que el país debe de potenciar aún más los esfuerzos comunitarios en busca de la sostenibilidad para mejorar sus territorios y defender la justicia ambiental.
Que los procesos comunitarios de defensa ambiental han sido los que verdaderamente han sostenido, impulsado e innovado en materia de conservación de la naturaleza. Existen numerosos ejemplos de que sin estos procesos comunitarios la basta legislación ambiental de Costa Rica no hubiera sido suficiente para salvaguardar la riqueza ambiental. Son los procesos comunitarios y organizativos los que están íntimamente ligados a todos los méritos que el país pueda tener a nivel global.
Que los procesos de criminalización, persecución y asesinatos de líderes sociales se dan en contextos donde muchas veces el Estado está ausente por completo. Por eso es importante que las universidades públicas no abandonen esos escenarios en los que se libran conflictos ambientales donde siempre hay un riesgo latente para las personas que defienden el ambiente.
Por tanto:
Nos pronunciamos en defensa del Programa Kioscos Ambientales; sus docentes, sus asistentes y sus estudiantes cuyo quehacer es importantísimo en este contexto nacional de crisis. Consideramos desacertada la decisión de parte de la Rectoría saliente de la Universidad de Costa Rica, de recortar un 60% de los nombramientos docentes de forma injustificada.
Solicitamos de forma vehemente a las autoridades universitarias que se restituyan todos los nombramientos del equipo docente.
Mariana Porras Presidenta Red de Coordinación en Biodiversidad
Dany Villalobos Presidente Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente (FECON)
El rector de la Universidad Nacional Francisco González Alvarado ejercerá la Presidencia del Consejo Nacional de Rectores durante el 2021.
Al conmemorarse 46 años de existencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el rector de la UNA Francisco González Alvarado asume la Presidencia de este órgano universitario con la firme convicción de llevar a cabo todas las luchas necesarias para defender a las universidades públicas de Costa Rica.
En su discurso inaugural, el rector insistió en los tres grandes retos que enfrenta actualmente la Presidencia de Conare: “El primero dar el impulso, el banderillazo de salida a la formulación del PLANES 2021-2025; el segundo apoyar a las universidades en los procesos necesarios para lograr un regreso gradual y seguro a la presencialidad, y el tercero, pero no menos importante, mantener la defensa de la universidad pública como bien público social en la situación de crisis y de restricción presupuestaria que enfrentamos”.
González reconoció que si bien Costa Rica enfrenta un panorama difícil, “confiamos en el potencial de la universidad pública para seguir fortaleciendo la democracia y seguir contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas en el territorio nacional”.
Por ello pondrá énfasis en la defensa de la educación pública como pilar fundamental en la consolidación de la democracia costarricense, por lo que “debemos defender que se mantenga como un bien público social y un derecho humano, como un bien común de todas y todos los costarricenses. Ello implica pensarla como un espacio científico-cultural amplio, en clave humanista, desde donde se promueven acciones que contribuyen al mejoramiento del bienestar y que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población costarricense, a fortalecer la democracia, a promover la justicia social y superar las inequidades”.
El Consejo Nacional de Rectores fue creado mediante “Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito por las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 1974 y reformado por éstas el 20 de abril de 1982. En él se regulan aspectos de coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en diversos ámbitos.
Francisco González Alvarado será su presidente por un año. Él es bachiller en Historia, licenciado en Estudios Sociales y máster en docencia universitaria; asumió la Rectoría de la UNA en julio de 2020, institución en la que también se ha desempeñado como académico e investigador, subdirector de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) y como vicerrector académico en el periodo 2010- 2015.
– Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), la exclusión educativa se ubica en una cifra entre 54.000 y 91.000 estudiantes fuera del sistema educativo. – Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), propone una estrategia conjunta para combatir la exclusión educativa, y así apoyar al MEP desde las universidades públicas, el Estado de la Educación y otras entidades que puedan sumarse.
Ante la alarmante cifra de entre 54 mil y 91 mil estudiantes a quienes el MEP les perdió el rastro desde mediados de año, la FEUNA propone una ambiciosa estrategia para combatir la exclusión educativa a nivel nacional. Consiste en una propuesta conjunta para localizar y reincorporar a las personas estudiantes que se han visto forzadas a interrumpir sus estudios, específicamente en los ciclos de primera infancia, básico y diversificado.
Esta propuesta, presentada a las autoridades del MEP y a la propia ministra Guiselle Cruz el pasado 15 de noviembre, busca establecer un equipo de trabajo integrado por especialistas del Ministerio, las universidades públicas, el Estado de la Educación y otras organizaciones competentes, el cual sea responsable de planificar, ejecutar y dar seguimiento a una estrategia conjunta para combatir la exclusión educativa.
La estrategia ofrece recurrir al voluntariado estudiantil universitario, así como los proyectos comunitarios que ya desarrollan las universidades públicas en todos los territorios del país, como un pilar para lograr realizar visitas casa a casa y así promover la reincorporación de estudiantes al sistema educativo. Además, se contempla una activa participación de las comunidades y sus organizaciones de base, por ejemplo, las Juntas de Educación.
La propuesta, parte de la campaña de la FEUNA llamada La educación también salva vidas, cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y busca invitar a diferentes sectores, tales como entidades privadas, sindicatos, gobiernos locales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos y la sociedad en su conjunto, para unir esfuerzos frente a esta grave problemática. De lo contrario, se corre el riesgo de ocasionar una nueva generación perdida como sucedió en la década de 1980; es decir, hipotecar el futuro del país y especialmente el de las poblaciones y territorios en mayor vulnerabilidad.
“Estamos a la espera de una reunión con el presidente de la República para conversar sobre el detalle de la propuesta. Agradecemos profundamente el apoyo manifestado por la señora Ministra de Educación, las cinco universidades públicas y el Estado de la Educación a esta propuesta. Como país no podemos permitirnos una nueva generación perdida que hipoteque nuestro futuro”, señaló Noel Cruz, presidente de la FEUNA.
El pasado 5 de noviembre de 2020, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Catedra Alberto Martén de la Escuela de Planificación y Promoción Social- EPPS- UNA y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, llevaron a cabo el Conversatorio ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?
La exposición central de la actividad estuvo a cargo del Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, abogado y académico y fue transmitida en directo mediante el Facebook Live de la página de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y de la EPPS-UNA.
Este foro fue moderado por el académico de la EPPS, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, y contó con la participación de algunos miembros de la Academia Solidarista y de la Red de Asociaciones Solidarista de las universidades públicas: Álvaro Villalobos Garro, Efraín Mejía, Gonzalo Delgado Leandro, Guido Alberto Monge, Franklin Solano Castro, Mario Alberto Venegas. También participó el Subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, quienes aportaron a la discusión sobre la pregunta generadora: ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?
Esta actividad es la segunda que se realizada en el marco de la Cátedra Alberto Martén Chavarría, que se constituyó en la EPPS-UNA dentro del Convenio de Cooperación entre la UNA y la Academia Solidarista. La primera actividad fue un conversatorio acerca la “Realidad Nacional y Solución Solidarista durante y después del Covid-19”, realizado el 15 de octubre del 2020 y se encuentra disponible en la red social del Facebook, tanto, de la EPPS como el de la Academia Solidarista. Enlaces: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/666790810938606/?v=666790810938606 https://www.facebook.com/AcademiaSolidaristaAlbertoMartenChavarria
El Máster Álvaro Villalobos Garro, presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén, comentó la importancia de este tema debido a la situación actual que se está viviendo a nivel nacional con el solidarismo, ya que se ha visto la intención de deslegitimar su función de vocación social.
El académico y subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, dijo que desde la Escuela de Planificación y Promoción Social se decidió apoyar a la Cátedra Solidarista, debido a que los principios del solidarismo, tales como; el trabajo colaborativo, la promoción del trabajo conjunto, la búsqueda de la mejora en las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, grupos empresariales, instituciones públicas, entre otros, se complementan y se relacionan estrechamente con los aportes que la EPPS-UNA y la Academia Solidarista desarrollan con la sociedad costarricense.
El Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, comentó que en el año 2007 se propuso la meta de lograr el reconocimiento Constitucional del Solidarismo, hasta que se hizo posible en el 2011, siendo este una reforma al artículo 64 de la Carta Magna. Con este logro, se creyó que esto provocaría un impulso para el Solidarismo Costarricense y sus asociaciones al estar incluidas en la Constitución Política de Costa Rica: “ Cabe recalcar que, ante la ley, el Solidarismo se reconoce como un “instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto, en el sector privado como en el sector público (..) así mismo reconocerá el derecho del patrono y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas con el fin de obtener mejores condiciones de vida y de desarrollo económico y social”.
Espinoza expresó que esta definición es un mandamiento que el Estado debe realizar y respetar, ya que de lo contrario lo escrito en la ley no tendría ninguna incidencia en la realidad práctica: “Con la constitucionalización del Solidarismo se estableció que este sector tiene su propio campo de acción y que ni el Sindicalismo, ni el Cooperativismo pueden intervenir en su campo, ya que estas tienen enfoques diferentes. Sin embargo, en la práctica, en vez de fomentar el Solidarismo, se asigna una competencia administrativa entre el Sindicalismo y el Cooperativismo que contradice la función del solidarismo”.
Para Espinoza, esto resulta ser una paradoja, ya que la Sala Constitucional tomó esta decisión de separar sus campos de acción de forma preventiva ante la preocupación de que el Solidarismo intervenga en el accionar del Cooperativismo y el Sindicalismo. No obstante, el Solidarismo siempre se enfocó en su área de acción, y las otras dos organizaciones compitieron en su campo e incursionar en actividades administrativas propias del Solidarismo.
El académico acotó que en su momento, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Alvarado Quesada, se negó a conceder una audiencia con el Solidarismo, a pesar de que el Sector Solidarista y miembros del Movimiento Solidarista, gestionaron en conjunto con el Ministerio actividades para tratar asuntos de interés del Solidarismo. De la misma forma, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio del gobierno pasado aportó a la negación contra el Solidarismo, ya que no permitió que las Asociaciones Solidaristas obtuvieron su reconocimiento como pequeñas y medianas empresas, por el hecho de que no son entidades de lucro, ya que su enfoque es la búsqueda del bienestar de los trabajadores: “Una posición incongruente y obsoleta del Gobierno con respecto al Solidarismo, es que se empieza a obligar a las Asociaciones Solidaristas a ser supervisadas por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras”.
El expositor, propone, el estudio del voto 2010-009927, (Reforma del artículo 64 de la Constitución Política de la República de Costa Rica), planteamiento de acciones administrativas y judiciales (voto 2010-009927) que se refleje en la práctica procurar la unidad del sector solidarista, favorecer la creación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales, fortalecer y ampliar la alianza solidarista, presencia en la Asamblea Legislativa y otros poderes, enlace con el Poder Ejecutivo,) enseñanza del solidarismo en todos los niveles, realizar un congreso en donde se discuta la reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas, la universalización del Solidarismo y homologar los aportes patronales y la conformación de un equipo profesional de alto nivel.
El Dr. Espinoza quiso evidenciar que la constitucionalización del Solidarismo debió haber sido una ventaja para promocionarlo y fortalecerlo. Sin embargo, esto solo quedó escrito en la reforma, ya que al aplicarlo no se demuestra una verdadera constitucionalización, debido a las dificultades que las instituciones públicas le generan al solidarismo para ejecutarse y desarrollarse.
El Máster Guido Alberto Monge, académico del Centro Internacional en Política Económica-CINPE de la Universidad Nacional, comentó que, si se logra la coordinación bajo la figura de una confederación, se deben tener claras las posiciones con respecto al sector solidarista como tal, ya que esto le daría una voz mucho más poderosa y sólida al solidarismo en las discusiones con otros sectores: “ Es decir, que la voz del solidarismo representada por muchos plantee de manera integrada posiciones con respecto a temas de gobernabilidad, ambiente, empleo, educación técnica, pobreza, desigualdad, entre otros”. Monge, recalcó la necesidad de crear un Instituto de Fomento Solidarista, el Ideario Solidario en donde se homologuen dichas posiciones de diversos actores y sectores, así como también la gestión, a partir del próximo año, de un congreso en donde el solidarismo presente su posición con respecto a los temas del Plan Nacional del Desarrollo.
Franklin Solano Castro, Supervisor del Ministerio de Educación Pública-MEP, comentó, algunos inconvenientes para apoyar acciones en favor del Solidarismo, como es el caso de la falta de voluntad política por parte de las autoridades del MEP, para instaurar una Asociación Solidarista del Ministerio de Educación Pública (ASOMEP): “Es debatible cómo a pesar de que el solidarismo esté incluido en el rango constitucional, se dificulte tanto la creación de asociaciones solidaristas necesarias, sin embargo, las personas pertenecientes a este sector siguen en la constante lucha para seguir aportando a la sociedad costarricense a pesar de los obstáculos”.
El presidente de la ASOTEC, Master Gonzalo Delgado Leandro, comentó acerca del estado de la conformación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales: “Actualmente las asociaciones de la UNED, UNA y el TEC tienen una alianza que les permite trabajar como red, sin embargo, hace falta formalizar esta alianza en un documento, el cual ya se está desarrollando. Se espera que, a partir del próximo, 2021, cada universidad presente la propuesta en sus respectivas asambleas para contar con el visto bueno por parte de la administración ejecutiva”.
Es importante recalcar que la Academia Solidarista, la EPPS y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, seguirán trabajando en conjunto para realizar actividades con estos temas necesarios de discutir, para que mediante estas actividades se puedo incidir en el fortalecimiento del sector solidarista costarricense. Asimismo, se abre la posibilidad de que los integrantes de distintas Asociaciones Solidaristas ofrezcan ideas de posibles actividades a realizar.
El conversatorio realizado se encuentra disponible en la página de Facebook de la Escuela de Planificación y Promoción Social y de la Academia Solidarista Alberto Martén, para quien guste profundizar más los temas conversados en esta actividad.
Las mujeres de la Red de Mujeres Rurales en la voz de las compañeras: Cecilia Nuñez González, Las Colinas, Cariari, Limón; Julia Lezama Campo, Cariari, Limón; Orfa Dalia Condega Pérez, Pavón, Los Chiles; Aida Alvarado González, Santa Rosa de Piedras Blancas, Osa. Ellas alzan la voz por la educación pública en apoyo a las Universidades Públicas.
https://www.youtube.com/watch?v=oROQVFxiGf0
Compartido con SURCOS por Alejandra Bonilla Leiva.
(1) Para tener prosperidad y equidad, un país requiere de una actividad científico-tecnológica endógena consolidada
Contar con un fuerte desarrollo endógeno de la ciencia y la tecnología es un insumo esencial para un país que pretenda transitar por senderos marcados por la equidad y la prosperidad. El conocimiento científico, y las aplicaciones que de él se derivan a través de la tecnología, permiten no solo la comprensión de la realidad, sino también la transformación de la misma. Si estos elementos se orientan al mejoramiento de la calidad de la vida para amplios sectores de la sociedad, se convierten en componentes importantes de proyectos colectivos democráticos e inclusivos. Lamentablemente, los sectores políticos y económicos que han dominado la vida del país en las últimas décadas han descuidado la importancia de la ciencia y la tecnología endógenas, por no encajar con el modelo de país que promueven. Esto tiene serias consecuencias para el bien común. Como parte de la búsqueda de rutas alternativas de desarrollo nacional, es necesario otorgarle a la actividad científico-tecnológica endógena la importancia que debe tener. Necesitamos una clara voluntad política para el fomento de la ciencia y la tecnología.
(2) El país requiere invertir mucho más en investigación y desarrollo
Costa Rica dedica menos de un 0.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) a actividades de investigación y desarrollo. Eso está incluso por debajo del promedio latinoamericano, y muy por debajo de lo que invierten países donde la ciencia y la tecnología se han afincado como palancas del desarrollo. Esta débil inversión en ciencia y tecnología se relaciona con visiones políticas que no dan importancia a estas actividades y también guarda relación con la problemática fiscal del país. A ello se suma el hecho de que el sector privado invierte muy poco en investigación y desarrollo en Costa Rica. La reducción en los presupuestos de las universidades públicas también tiene un efecto negativo pues estas instituciones son los principales reservorios de la ciencia y la tecnología nacionales. Es necesario desarrollar iniciativas para que el país invierta más en ciencia y tecnología, mediante una combinación de políticas creativas y asertivas a nivel de gobierno, pero también mediante la participación de múltiples actores de la sociedad en la promoción de estas actividades, incluyendo instituciones autónomas, empresas y organizaciones comunitarias y de diverso tipo. Este es un ámbito en el que políticas tributarias progresivas, incluyendo la creación de tributos a empresas transnacionales ubicadas en zonas francas, podrían dinamizar el desarrollo científico-tecnológico endógeno. También es importante considerar la posibilidad de que instituciones autónomas dediquen un porcentaje de su presupuesto a actividades de investigación y desarrollo.
(3) El sistema ciencia-tecnología-innovación debe ser integral, con fuertes vínculos entre sus componentes
Las propuestas políticas hegemónicas en el país y en el resto de América Latina han asumido una visión del sistema ciencia-tecnología-innovación que centra el énfasis, de manera casi absoluta, en el desarrollo de conocimiento aplicado a las necesidades de los sectores empresariales. Es decir, concibe la ciencia y la tecnología básicamente como elementos de apoyo al desarrollo económico. Esta visión reduccionista ha impregnado las políticas nacionales de ciencia-tecnología-innovación. Por el contrario, estas deben concebirse de una manera integral, como un conjunto de componentes que interactúan entre sí y se fortalecen mutuamente. Esos componentes incluyen: (a) La ciencia básica y las ciencias sociales, espacio centrado sobre todo en las universidades públicas, donde se generan los insumos de conocimiento de la realidad con base en la investigación científica. (b) La investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, que incluye las actividades en las que el conocimiento se traduce en aplicaciones de diverso tipo, no solo para el ámbito económico, sino también para el social, el ambiental y el comunitario en general. (c) El flujo del conocimiento a los sectores de la sociedad que lo demandan para su praxis cotidiana en muy diversos ámbitos de la vida, en procesos dialógicos de mutuo aprendizaje y fortalecimiento. (d) Los sectores de la sociedad que incorporan ese conocimiento en sus actividades y que, a la vez, generan saberes y demandas de conocimiento que se devuelven a los sectores de investigación científica y tecnológica, en procesos de doble vía y crecimiento continuo. (e) El contexto cultural, legal e institucional de la sociedad, que determina los procesos políticos, económicos, culturales y jurídicos en los cuales se desarrolla la actividad científico-tecnológica. (f) El escenario internacional en el cual se inserta la comunidad científico-tecnológica del país. La promoción del desarrollo científico-tecnológico endógeno debe verse en este complejo contexto multifactorial, en el cual unos componentes del sistema interactúan y alimentan a otros. Esta visión integral y compleja debe sustituir a las visiones reduccionistas predominantes.
(4) Se requiere consolidar una comunidad científico-tecnológica fuerte, con redundancia, y con balance de género
Para contar con un sector dinámico de ciencia y tecnología es indispensable establecer las condiciones que permitan que amplios contingentes de personas puedan desarrollarse como investigadores e investigadoras en nuestro país. El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, del año 2014, detectó importantes falencias en este sentido, al tener nuestro país una comunidad científico-tecnológica pequeña, sin redundancia, con vacíos en áreas importantes del conocimiento, con grandes brechas de género y con alto grado de endogamia. Esta situación debe transformarse para que el país ofrezca mejores condiciones y oportunidades a quienes deseen construir un proyecto de vida en el ámbito de la ciencia y la tecnología, sobre todo a las y los jóvenes que inician sus carreras. Esta meta incluye, por un lado, un mayor fomento a las vocaciones científico-tecnológicas, en todas las ramas del conocimiento. Además, requiere que se abran más oportunidades de estudio, a través de programas de becas de grado y posgrado en el país y en el exterior. Se debe fomentar el balance de género en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Y, lo más importante, se requiere que el país abra más oportunidades laborales para estas personas, tanto en el ámbito público como en el privado. Debe haber un plan nacional de reforzamiento del contingente de personas dedicadas a la ciencia y la tecnología, con políticas de promoción, reinserción y contratación que vayan de la mano con la posibilidad de acceder a fondos de investigación. El componente principal de un sistema sólido de ciencia-tecnología-innovación se centra en las personas que lo desarrollan; esto no se debe perder de vista.
(5) Los principales reservorios de ciencia y tecnología del país están en las universidades públicas, las cuales deben ser fortalecidas
Los principales focos y reservorios de conocimiento científico-tecnológico de Costa Rica están en las universidades públicas. Por ende, el fortalecimiento de la investigación en las universidades es un elemento central de cualquier política de consolidación de ciencia y tecnología endógenas en el país. El contexto actual se caracteriza por un evidente acoso y hostigamiento hacia las universidades públicas por parte de sectores que intentan reducir el papel de las instituciones del estado social de derecho, incluidas las universidades. Estos sectores resienten el carácter autónomo de las universidades, así como el hecho de que sean centros de pensamiento crítico, gracias al continuo análisis de la realidad que se efectúa en estas instituciones. Entre otras manifestaciones de este hostigamiento, se busca reducir el presupuesto de las universidades y conducirlas por una lógica del mercado para asegurar su estabilidad financiera. Todo esto tiene un efecto negativo en la actividad de investigación en estas instituciones; existe el riesgo de que, en medio de la estrechez presupuestaria, la investigación se debilite. La lucha por sostener y fortalecer las universidades públicas, manteniendo su autonomía y su carácter público, así como su presupuesto y la integralidad de su quehacer, es también una lucha por el desarrollo científico-tecnológico endógeno.
(6) El desarrollo científico-tecnológico debe ir mucho más allá de los aportes al ámbito económico
El conocimiento generado mediante la investigación científico-tecnológica tiene un enorme potencial para incidir en la esfera productiva y fomentar el desarrollo económico del país; eso es indudable. No obstante, existe una visión imperante que reduce el aporte de la ciencia y la tecnología a ese aspecto, limitando la amplitud y la proyección de estas. La generación y la aplicación del conocimiento deben proyectarse a un abanico mucho mayor de esferas y sectores. Por un lado, la ciencia, como forma de conocer la realidad, es parte de la cultura y tiene objetivos que van más allá de su aplicación. El conocimiento es valioso por sí mismo y su relevancia no debe juzgarse únicamente en términos de su impacto económico. Por otra parte, la aplicación del conocimiento generado por la ciencia, a través de la tecnología y otras aplicaciones, va más allá de su apoyo a la producción, ya que incluye efectos en ámbitos muy variados. La proyección del conocimiento debe incidir también en las esferas social, institucional, comunitaria, ambiental y cultural, de tal manera que aporte a la equidad, la prosperidad y la construcción colectiva de saberes. Necesitamos ciencia y tecnología para el bien común en general, no solo para el desarrollo económico. Pero además, incluso a la hora de ver el aporte del conocimiento científico-tecnológico en la economía, debemos preguntarnos a cuáles grupos del mundo económico beneficia el conocimiento. Debe ser un aporte amplio, que cubra a sectores diversos del universo productivo nacional, contribuyendo a un entorno económico democrático y diversificado.
(7) Las ciencias sociales deben jugar un papel relevante en un sistema científico-tecnológico integral
Como parte de la integralidad que requiere tener el sistema ciencia-tecnología-innovación, el fomento de las ciencias sociales es fundamental, junto con el cultivo de las ciencias naturales y las tecnologías. Las visiones dominantes en este tema generalmente no incluyen a las ciencias sociales en los planes de desarrollo científico-tecnológico y en las prioridades nacionales en esta área. Eso es un grave error. Las ciencias sociales son fundamentales para la comprensión de los complejos fenómenos que ocurren en las sociedades. Sin esa comprensión, las propuestas de transformación de la sociedad, en procura de un entorno colectivo marcado por el bien común, son poco claras y carecen de un sustento sólido. Este menosprecio por las ciencias sociales tiene varias causas que deben ser analizadas y cuestionadas. Por un lado, visiones tradicionales de la ciencia excluyen a las ciencias sociales por un prurito de superioridad de las ciencias naturales. Por otra parte, al generar visiones críticas de la realidad social, los sectores hegemónicos consideran a las ciencias sociales como ‘peligrosas’ y limitan su desarrollo. Además, si el complejo ciencia-tecnología-innovación se concibe desde una perspectiva economicista únicamente, las ciencias sociales no encajan bien en esta visión de mundo. Afortunadamente, las universidades públicas del país han apoyado el desarrollo de las ciencias sociales, algo que requiere ser valorado y fortalecido. En una propuesta renovada de desarrollo científico-tecnológico endógeno, las ciencias sociales deben jugar un papel importante. Es necesario fomentar integración entre grupos que desarrollen las ciencias sociales con los que trabajen en ciencias naturales y en tecnologías, así como en las humanidades y otros campos del conocimiento.
(8) Se debe promover la creación de colectivos académicos trans-disciplinarios e inter-sectoriales que aborden temas relevantes de gran complejidad
Una de las principales manifestaciones de debilidad de nuestro sistema ciencia-tecnología-innovación es el carácter fragmentado y falto de redundancia de los grupos de investigación. El predominio histórico que han tenido los enfoques uni-disciplinares en nuestra ciencia y tecnología han impedido el abordaje colectivo de temas de gran complejidad que urgentemente requieren del análisis científico. Es necesario dar un salto cualitativo y pasar a dinámicas de mayor integración y de formación de colectivos trans-disciplinarios que tengan la capacidad de estudiar temas complejos que trascienden los marcos de las disciplinas individuales, como son los asociados con los grandes problemas del país y con áreas emergentes del desarrollo científico-tecnológico. Actualmente se hacen esfuerzos ingentes en las universidades públicas para fomentar este tipo de entornos trans-disciplinarios, pero se debe avanzar mucho más. Esto requiere la integración de grupos que combinen personas con formación en ciencias naturales, ciencias sociales, tecnologías y humanidades, en los cuales también se incorporen representantes de sectores de la sociedad relacionados con los temas de estudio, en procesos de creación y aplicación colectiva de conocimiento. Siempre habrá espacio para el trabajo uni-disciplinar, el cual es necesario para el abordaje de temas más específicos, pero debe abrirse este ámbito de procesos trans-disciplinarios e inter-sectoriales, que sirva de base para generar un universo académico diverso y ecléctico en nuestro sistema ciencia-tecnología-innovación.
(9) Se requieren mecanismos diversos y expeditos que permitan relacionar a los grupos que generan conocimiento científico-tecnológico con las necesidades de la sociedad, en procesos de carácter dialógico
Los conocimientos generados mediante la investigación científica y las aplicaciones de estos surgidas del desarrollo tecnológico deben verterse a la sociedad para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en un sentido amplio, desde una perspectiva inclusiva y de equidad. Ello implica que se deben crear y fortalecer mecanismos de vinculación entre los sectores que generan ciencia y tecnología y los sectores de la sociedad que demandan esos conocimientos en su praxis cotidiana. Estos vínculos deben gestarse en un contexto dialógico, horizontal, en el cual los saberes científico-tecnológicos se pongan en contacto con los saberes y necesidades de sectores productivos, sociales, comunitarios e institucionales, en procesos de enriquecimiento mutuo. Además, estos vínculos deben trascender la estrecha visión economicista que privilegia básicamente la transferencia de conocimiento a determinados sectores económicos, dejando de ver el amplio abanico de sectores que demandan conocimiento científico-tecnológico en su accionar cotidiano. La innovación debe ir mucho más allá del ámbito económico, para abarcar también el ámbito social. Se requiere que el conocimiento fortalezca también a las instituciones públicas, que juegan un papel central en la sociedad. El conocimiento científico-tecnológico debe aportar en el mejoramiento de la calidad de vida en ámbitos muy variados, centrando mucho de su accionar en las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. En suma, la ciencia y la tecnología endógenas deben servir al bien común, a toda la sociedad, y no solo a determinados sectores.
(10) Debe haber una apropiación de la ciencia y la tecnología por parte de amplios sectores de la sociedad, para mejorar la calidad de vida en general
La ciencia, como forma de conocer la realidad, es una valiosa herramienta para combatir dogmas y posiciones intolerantes de diverso cuño y para detectar falacias que se nos quiere imponer por parte de quienes están interesados en mantener un estatus quo que no beneficia a la mayoría. En este sentido la ciencia puede ser liberadora. La ciencia es, además, un instrumento para entender y resolver situaciones que surgen en el día a día, y una forma de enriquecer el disfrute de la vida. El conocimiento científico, y las aplicaciones de este a través de la tecnología, constituyen herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida, por lo que deben ir más allá del círculo de personas que forman la comunidad científico-tecnológica. Es necesario que se fomente una apropiación del conocimiento científico y de sus aplicaciones por parte de la población en general, y que dicha apropiación beneficie a las personas y colectivos en su vida diaria, de muchas formas. Esta apropiación social de la ciencia y la tecnología requiere de procesos de diversa índole, con amplia participación de la ciudadanía, junto con la comunidad científico-tecnológica. Entre otros aspectos, se requiere mejorar la enseñanza de la ciencia en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en las dinámicas comunitarias. La apropiación social de la ciencia incluye la participación ciudadana en las discusiones que tienen que ver con las políticas científico-tecnológicas. Cómo lograr esta apropiación es una enorme tarea pendiente que involucra a muchos sectores, organizaciones e instituciones.
(11) La ciencia y la tecnología nacionales deben tener fuertes vínculos de cooperación internacional, desde una perspectiva horizontal y solidaria
El fortalecimiento de la comunidad científico-tecnológica endógena involucra también el establecimiento de fuertes vínculos de cooperación internacional, los cuales permitan solventar limitaciones del ámbito local y proyectar la comunidad académica nacional a escalas regional y global. Los nexos de cooperación internacional pueden servir también de base para la consecución de fondos para investigación y desarrollo en Costa Rica, y para promover capacitación de grado y posgrado, así como entrenamientos a investigadoras, investigadores y estudiantes nacionales. La presencia de personas académicas extranjeras en nuestros grupos de investigación es una forma efectiva de promover la ciencia y la tecnología endógenas. Esto incluye el fortalecimiento de vínculos con costarricenses que trabajen en el extranjero y se vinculen a nuestra comunidad científica de diversas formas. Ahora bien, estos vínculos internacionales deben centrarse en una filosofía de solidaridad y horizontalidad, no en un patrón de asimetría e inequidad. A la hora de fomentar la cooperación internacional debemos ver a los países desarrollados del norte, pero también a los del sur global, para establecer redes de cooperación sur-sur. En este ámbito debe existir una coordinación estrecha en el país entre las políticas de ciencia y tecnología y las de relaciones exteriores (cooperación internacional).
