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Etiqueta: universidades públicas

Feroz huracán capitalista neoliberal sobre el pueblo que somos

Luis Ángel Salazar Oses.

Luis Ángel Salazar Oses

No se requiere ni adivinadora bola de cristal ni clarividencia de tipo alguno para predecir que nos espera como pueblo, durante estos próximos cuatro años, el peor calvario en cuanto a sistemática supresión de todos nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos -humanos en general-, y de las Instituciones que bien o mal nos los han garantizado.

Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo vino a confirmar plenamente el viraje total hacia la descarada dictadura del capital sobre el trabajo, esto es, de la argolla de los grandes ricos nacionales y transnacionales sobre el ya tradicionalmente explotado pueblo trabajador costarricense.

Se fundieron en la votación para garantizarse el dominio total sobre el directorio legislativo, el oficialismo con sus «opositores», entre comillas pues lo eran de fachada puramente y así, ya sin pudor alguno, las fracciones abiertamente capitalistas neoliberales como el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP)) que se proclamaba simplemente liberal y el Nueva República (PNR), de orientación claramente neopentecostal auspiciada como es bien conocido desde USA, conjuntaron sus votos logrando de esta manera una apabullante mayoría de cincuenta votos que les permitió repartirse a su antojo todo el directorio. Indudablemente esta tremenda mayoría se mantendrá como tal para hacer de la Constitución, el país y sus instituciones lo que se les antoje a los verdaderos dueños de esas «fracciones». Prueba evidente de ello es que una de las primeras propuestas al plenario del flamante presidente de la Asamblea Legislativa, el oligarca Rodrigo Arias Sánchez, ha sido la de constituir de inmediato una Comisión para la  Reforma del Estado, con el fin aparente de hacerlo más eficiente pero el real de privatizar todo lo que se puede convertir en negocio -Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y educación estatal en general, Instituto Nacional de Aprendizaje, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ferrocarriles, Cárceles, etc, etc  y, lo demás, ponerlo totalmente al servicio de los negocios  de su privilegiada argolla..

Por cierto vale destacar que nuevamente se hace evidente, para quienes en el electorado votaron de buena fe por uno de estos cuatro grupos -PUSC, PPSD, PLP y PNR-, esperanzados en impedir que Figueres y el PLN, por un lado y el PAC por otro, tomaran el poder o lo mantuvieran respectivamente, que el primero de mayo en el ámbito del Legislativo y, con el nombramiento de ministros, viceministros, presidencias ejecutivas y demás autoridades supeditadas al Poder Ejecutivo, se confirmó que su buena intención más bien fue aprovechada por la mafia politiquera para legalizar este truculento proceso electoral mediante el cual los cinco partidos y el PAC, mejor dicho aún sus dueños reales, son hoy quienes detentan plenamente el poder en nuestro país. Esperamos que esta vez se aprenda esta lección y que quede claro que en Costa Rica no hay democracia sino plutocracia -gobierno de los ricos- y cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones-, siendo las elecciones simples tragicomedias montadas, reglamentadas y administradas totalmente por la argolla dominante a fin de que el pueblo con su voto acrítico les legitime, según su legislación electoral, siempre en el poder.

A partir de estas premisas se hace evidente que esta Plutocracia Cleptócrata con su gobierno títere que ya se ha desatado sobre nosotros como pueblo, con todo su poder apoyado por sus medios de comunicación -manipulación-, por la religión fanática, la educación domesticadora, algunos sectores sindicales, algunas y algunos dirigentes de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Comunal oportunistas y trepadores politiqueros  y, solidaristas abiertamente pero patronales, más un Poder Judicial nombrado en sus más altas esferas por el Poder Legislativo y, todos los aparatos represivos del Estado, se dedicará durante estos próximo cuatro años a convertir a Costa Rica en su feudo y a nosotros como pueblo en sus siervos menguados.

Nótese que no hemos mencionado al Frente Amplio pues creemos tiene todo el potencial necesario para convertirse en auténtica oposición, siempre y cuando convoque y aglutine al pueblo costarricense, al que se debe por completo, en una gran unidad y se convierta en su instrumento impulsando las tesis que el pueblo le plantee, sin jamás modificarlas para negociarlas con sus contendientes, pues la burguesía nunca cumple pactos salvo los que le conviene desde luego.

Obviamente todo el proceso que hoy sufrimos como Pueblo que somos es, como el Capitalismo Neoliberal que lo impulsa repetimos, homicida, ecocida, cleptocrático e insoportablemente patriarcal por lo que no lo podemos soportar ni permitir pues, sistemáticamente nos aniquila haciendo lo mismo con nuestra madre naturaleza.

¿Qué hacer entonces? La fórmula la repetimos como mantra todo el tiempo pues día a día la realidad la confirma como realmente efectiva y totalmente viable: como Pueblo debemos despertar, informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos comprendiendo que unidos somos más y más fuertes. tanto que hemos construido este mundo lo desarrollamos constantemente e incluso generamos toda la riqueza que hoy nos roba esa reducidísima minoría que hoy nos esclaviza y humilla; movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y así investidos, como corresponde en auténtica Democracia, tomar las riendas de nuestro país. Así que empecemos por despertar pues, si no lo hacemos ahora ¡muertos estamos!

 

Nota: Publicado en Periódico Mi Tierra, compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: periodicomitierra.com

La defensa de la autonomía es esencial para garantizar el aporte de las universidades públicas al país

José María Gutiérrez.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica (jose.gutierrez@ucr.ac.cr)

Las universidades públicas juegan un papel esencial en la vida democrática de nuestra sociedad. Siendo instituciones en permanente evolución, las universidades se transforman para adaptarse a entornos complejos y cambiantes y así depurar su aporte, desde una visión humanista, de excelencia académica y de compromiso con el bien común.  Paralelamente, nuestras universidades y la sociedad que las ampara deben defender y fortalecer los fundamentos del ethos universitario público, el cual depende, en gran medida, de la autonomía a la que constitucionalmente tienen derecho.

La autonomía es uno de los principales logros históricos de las universidades de América Latina a partir de la Reforma de Córdoba, un proceso impulsado por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. En Costa Rica, la autonomía de la Universidad de Costa Rica quedó establecida en la constitución política de 1949, extendiéndose luego a las otras universidades públicas conforme se fueron creando. Su carácter autónomo ha permitido a estas instituciones hacer múltiples contribuciones a la vida del país en diversos ámbitos.

Pese a su relevancia, el concepto de autonomía universitaria se percibe con frecuencia como algo abstracto y difuso, incluso al interior de nuestras instituciones de educación superior. Además, sectores políticos y económicos hegemónicos, junto con algunos medios de comunicación, presentan con frecuencia a la opinión pública una visión distorsionada de este precepto, haciéndolo ver como un privilegio injustificado. Cada vez con más frecuencia se escuchan voces que cuestionan la autonomía universitaria y propugnan modificarla de diversas formas. El actual escenario político nacional no es nada halagüeño en este sentido; conviene por lo tanto retomar el valor de la autonomía de las universidades públicas para fortalecerlo y consolidarlo.

La autonomía universitaria incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión (ver Gutiérrez, 2021). El que las universidades sean centros de pensamiento y acción libres y críticos en función de los más amplios intereses de la colectividad es fundamental. Y es precisamente este uno de los puntos que incomodan a los poderes fácticos de carácter económico y político, aquí y en todo el continente.

En los últimos años hemos presenciado embates contra la autonomía universitaria en Costa Rica. Por un lado, se ha cuestionado el presupuesto que se asigna a estas instituciones de educación superior. Sin un adecuado financiamiento por parte del estado, la autonomía universitaria se debilita y el aporte de estas instituciones a la sociedad pierde sustento. Además, se ha elaborado un discurso recurrente que propone condicionar la asignación presupuestaria a que las universidades adapten sus planes de trabajo y su funcionamiento a propuestas que emanan de estos sectores hegemónicos. Esta tendencia quedó claramente reflejada en el dictamen de mayoría de la comisión especial de la Asamblea Legislativa con relación a la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), presentado en el 2020, en el que algunas propuestas implicaban claras transgresiones a la autonomía (ver Gutiérrez, 2020).

Estos intentos por condicionar las agendas universitarias con base en los intereses de poderes fácticos del país incluyen, entre otros elementos, un cuestionamiento al desarrollo holístico en las diversas áreas del conocimiento, lo cual es un fundamento central del ethos universitario, centrado en la integralidad de los saberes. Se propone un énfasis desmedido en áreas de trabajo que tienen que ver con el desarrollo económico y se desmeritan áreas como las ciencias básicas, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, haciéndolas ver como ‘inútiles’ para los objetivos de desarrollo del país. El aporte universitario a la economía es por supuesto fundamental, y estas instituciones lo hacen de múltiples formas, pero este es solo uno de los componentes de un amplio espectro de disciplinas y labores, todas ellas importantes.

Se subvalora con frecuencia también la acción social o extensión y se cuestionan los procesos de pensamiento crítico que aportan las universidades sobre la realidad nacional, una función fundamental a través de la cual se aportan visiones diversas que abonan a los debates en el país y enriquecen nuestra vida democrática.

De acatarse este tipo de presiones, la autonomía se desdibujaría y las universidades dejarían de ser centros de análisis y pensamiento libres para convertirse en meros instrumentos de agendas externas. En suma, se debilitaría la esencia misma del concepto de universidad pública. Estas tendencias han tenido un fuerte impacto en muchas universidades del mundo, las cuales han entrado en procesos de mercantilización acelerados, lo que Martha Nussbaum ha denominado ‘la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo’ (Nussbaum, 2012) (en realidad es una crisis de una dimensión tal que ya no es tan silenciosa).

Es importante dejar claro que la autonomía universitaria no es autarquía irresponsable y que la misma conlleva un enorme compromiso de análisis y mejoramiento permanentes, en el sentido de que nos conmina como comunidades universitarias a depurar continuamente nuestro trabajo, abandonando zonas de confort y privilegios inaceptables y asumiendo metas cada vez más ambiciosas en función de la excelencia académica y la procura del bien común. La autonomía obliga a la reflexión y el análisis autocrítico con miras a mejorar nuestro aporte, así como a hacer un uso adecuado de los recursos que provee el estado. Esa es nuestra responsabilidad, la cual debe ir a la par de la defensa de la autonomía.

Dados los peligros que se ciernen sobre la autonomía universitaria, se requiere una actitud proactiva y decidida en las comunidades universitarias para defender este valor esencial. Con frecuencia las dinámicas cotidianas y los intereses particulares de grupos en nuestras instituciones impiden darle a este tópico la importancia que merece. Es necesario generar conciencia sobre los riesgos a los que las universidades están expuestas.

La defensa de la autonomía, incluyendo la procura de un presupuesto justo para que estas instituciones puedan realizar su labor, es una tarea que nos concierne a todas y todos en las comunidades universitarias, y también le concierne a la sociedad en general, por la importancia de estas instituciones en la vida del país. Esta defensa demanda procesos activos, comprometidos y participativos, que tengan impacto a lo interno y a lo externo de nuestras instituciones y que posean incidencia política real.

Pare ello se requiere desarrollar un doble accionar centrado en la reflexión y la participación. Por un lado, debemos generar espacios de análisis y discusión sobre estos temas en diversos nichos (formales e informales) de las universidades públicas, con un rol activo de docentes, estudiantes y personas administrativas. El movimiento estudiantil en particular tiene un importante papel que jugar, como lo ha hecho en pasadas luchas por reivindicaciones varias. Y, además, es fundamental generar confluencia entre las comunidades universitarias y diversos sectores organizados de la sociedad, para que la defensa de la autonomía se entienda como una necesidad de la colectividad en su conjunto, en diálogo con reivindicaciones urgentes de otros sectores.

Estas tareas de reflexión y análisis deben ser complementadas con la preparación de procesos de participación y movilización, para enfrentar los retos que se avecinan y generar formas concretas de transformar este pensamiento crítico en incidencia política efectiva. Existen debates decisivos sobre los rumbos que Costa Rica tomará en el futuro. En este contexto, la defensa del estado social de derecho y de la institucionalidad pública debe ser una prioridad en la procura de garantizar una vida digna para todas y todos. La defensa y el mejoramiento de las universidades públicas, y particularmente la protección de su autonomía, son tareas fundamentales en las cuales las comunidades universitarias tenemos una enorme cuota de responsabilidad. Los tiempos llaman con urgencia a la reflexión y a la participación.

Referencias

Gutiérrez (2020) La autonomía universitaria y el dictamen de la comisión legislativa sobre el FEES (https://www.elpais.cr/2020/06/03/la-autonomia-universitaria-y-el-dictamen-de-la-comision-legislativa-sobre-el-fees/).

Gutiérrez, J.M. (2021) La Universidad de Costa Rica en sus encrucijadas. En: Reflexiones desde la Academia: Universidad, Ciencia y Sociedad. Segunda edición. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, pp. 13-47.

Nussbaum, M. (2012) Sin Fines de Lucro. Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades. Katz Editores, Buenos Aires, 199 p.

¿U públicas financiando a las privadas?

Freddy Pacheco León

Silvia Castro, la presidente de la junta directiva de la empresa Ulacit, de quien dicen aspira a ser la ministra de Educación en caso de ganar la señora Lineth, tiene una «propuesta sencilla», que resume así:  Se trasladan ¢2.600 millones del presupuesto del TEC, UNA, UNED y UCR, a las 52 universidades privadas. 

Con ello, dice, se evita «subir los precios», y se usarían «para el financiamiento de investigación». Se pretende, dice, que «el Estado contribuya de ALGUNA MANERA con INCENTIVOS, para que el costo no se le vaya a trasladar al estudiante en su matrícula».                 

Como obviamente la señora Lineth, candidata presidencial del PUSC, conoce muy bien tal proyecto, LOS ELECTORES queremos saber lo que piensa, por lo que públicamente le reiteramos nos lo aclare; eso sí, antes del 6 de febrero.

Comunicado del grupo Saberes Comunitarios ante declaratoria de 2022 como UCR Para las Comunidades

COMUNICADO DEL GRUPO SABERES COMUNITARIOS

4 de diciembre del 2021

Desde el grupo Saberes Comunitarios (de ahora en adelante SACO), conformado por representantes de Longo Mai y Volcán de la zona sur, Paraíso de Sixaola y territorio bribri de Talamanca, Los Almendros de Siquirres, Guacimal de Puntarenas y Guatuso de la zona norte, queremos manifestar nuestro sentir, ante este año 2022, en que la Universidad de Costa Rica lo ha declarado como año de la UCR para las comunidades.

Con esta pandemia, las comunidades rurales, costeras, campesinas e indígenas, hemos vivido de forma muy cruda los efectos de la crisis, y aunque en cada comunidad ha sido muy diferente, hay muchas cosas en común que hemos percibido: el desempleo, los pocos apoyos del Estado, la incertidumbre, el alza en los precios de absolutamente todo, la inflación, etc. Las comunidades y los territorios hemos vivido en carne propia el aumento de la pobreza, mientras vemos que hay otras personas, pertenecientes a los grupos de poder, a las que les exoneran los impuestos, y más bien han aprovechado la pandemia para acumular riqueza.

La primera línea de combate de esta pandemia no solo la forman las personas funcionarias de la CCSS, también la formamos las personas de los pueblos, de los territorios indígenas, de los asentamientos campesinos, de las comunidades costeras y rurales. Desde SACO hemos continuado trabajando la tierra, cuidando los bosques, protegiendo nuestros ríos, sembrando, manteniendo nuestras semillas y velando por la vida de nuestras familias.

Nos ha hecho mucha falta participar de actividades de forma presencial con la Universidad a través de la Acción Social, y en el caso de nuestro, con Kioscos Socioambientales, con quienes hemos trabajado en distintos proyectos desde hace muchos años, y luego a través de nuestro grupo SACO. Nos hace falta vernos, seguir trabajando en conjunto. Nos preocupan los recortes a las universidades públicas, porque las universidades no son solo los profesores y estudiantes, también somos todas las personas que trabajamos y participamos de proyectos de investigación y de acción social.

SACO es de suma importancia para nosotras y nosotros, y por eso mismo, esperamos que este año 2022, el año de las Universidades para las Comunidades, la Universidad de Costa Rica mantenga su compromiso de trabajar con las personas de los territorios, y seguirnos apoyando mutuamente en el conocimiento y las prácticas que realmente necesitamos.

El proyecto de empleo público en el martirio de la cruz

Manuel Hernández

Esta semana, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público recibió dos certeros martillazos, que no le ayudan mucho a sostenerse en el madero.

A inicio de la semana, fue primero el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró su oposición al proyecto, porque lesiona el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, y además, porque afecta el funcionamiento y organización de este poder de la República.

Ahora, a finales de la semana, este viernes, definitivamente, viernes negro para el proyecto, la Procuraduría General de la República rindió su opinión a la Asamblea Legislativa, sobre la última versión del texto que se le consultó.

De esta opinión, amerita destacar las consideraciones que contiene acerca de las modificaciones que incluyó el informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que no fueron objeto de pronunciamiento de la Sala Constitucional en el Voto N° 2021-017098-0007-CO.

La opinión de la Procuraduría señala –lo cual ya habíamos advertido- que hay dos aspectos que fueron modificados por esa Comisión, que en su oportunidad no se   consultaron al Tribunal Constitucional.

Por una parte, el informe de la Comisión, aprobado por el plenario, excluyó, ex oficio, al propio Poder Legislativo de la aplicación de varios artículos del proyecto.

Por otra parte, tratándose del salario global de los rectores de las universidades públicas, que la Sala estableció que es inconstitucional que el tope esté en función del salario del Presidente de la República, y lo fije la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Comisión, motu proprio, extendió esa exclusión al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones con autonomía de gobierno u organización (artículo 37).   

La opinión de ese órgano subraya que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional “no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento de este Tribunal” (Voto N° 12026-2010).

Asimismo, sostiene que la Comisión únicamente podía considerar los “efectos directos” que se derivan de la opinión de la Sala Constitucional, pero no incorporar aspectos novedosos, que no fueron consultados, “so pena de ser declarado como vicio de procedimiento.”

Al final, concluyó lo siguiente:

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”.

Efectivamente, aunque no sólo por este motivo sustancial de procedimiento, porque también contiene vicios que alteran las reglas del sistema democrático y derrumban la Constitución Política, el controversial proyecto, como concluyó la Procuraduría, contiene graves vicios de constitucionalidad.

Ya habíamos comentado, en un artículo anterior, que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad se extralimitó, porque modificó a su arbitrio, varios artículos del proyecto, que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, incurriendo en una grave anomalía de procedimiento, lo cual viene a confirmar la Procuraduría General de la República.

Ahora, el proyecto, de nuevo, se vuelve a meter en un estrecho y difícil laberinto, que, parafraseando a Unamuno, tal vez sea su última agonía, y que, quien quita, podría ser la crónica de una muerte muy anunciada.

19/11/2021

La desconstitucionalización de las autonomías y empleo público

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, deben tener todas las atribuciones en última instancia, (…), esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, (…) para evitar la concentración de poder y recursos, es la tesis democrática.” (Diputado Constituyente Rodrigo Facio)

Manuel Hernández

En un artículo de opinión que recientemente me publicó el Semanario Universidad, titulado “El virus del malinche universitario”, critiqué, desde el punto de vista jurídico, la pusilánime posición de CONARE acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

A raíz de ese artículo, funcionarios de otras instituciones públicas, que me honran con su lectura, me solicitaron que, más allá de los confines de los campus universitarios, expusiera los alcances que tiene el proyecto, en general, en el ámbito de las autonomías institucionales.

Pues bien, trataré de cumplir este particular cometido.

1.- La ruptura de las autonomías constitucionales

El último texto de Empleo Público, que podría estar la próxima semana, en la agenda de primeros debates, que ya va por la cuarta edición, y que en cada versión de esta tragedia legislativa, como decía Unamuno, se mantiene en estado de agonía, conserva, en lo esencial, el mismo libreto totalitario y antidemocrático, trastocando las autonomías de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

Al tenor de la nueva cirugía reconstructiva que sufrió el accidentando proyecto, fundamentado en un singular voto de la Sala Constitucional (N° 017098-2021), que como la serpiente que se come su misma cola, ese Tribunal se volvió contra su propia doctrina y jurisprudencia, el proyecto estableció que quedan excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, únicamente “las relaciones de empleo de personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sea exclusivas o excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas“ a aquellas entidades públicas.

La regulación de la relación de empleo de esta única categoría de personas trabajadoras, la retendrán simbólicamente los órganos supremos de cada una esas entidades, pero que no quedan excluidas de la cobertura del proyecto, y en consecuencia, estarán sometidas al rigor de sus cánones autoritarios y fiscalistas. Por contrario, la rectoría y regulación de la relación de empleo, en materia de reclutamiento, selección, contratación, concursos, evaluación de desempeño, remuneraciones, entre otras, de todas las demás personas trabajadoras de esas instituciones, la asumirá y definirá unilateralmente MIDEPLAN.

Entonces, a esta dependencia del Poder Ejecutivo, transmutada en el emergente Leviatán, el proyecto, haciendo una regresión en el tiempo, que nos devuelve más de 70 años atrás, a la época del clientelismo y reparto del botín político (spoils system), le transfiere a MIDEPLAN la gobernanza y regulación de la relación de empleo de significativas categorías de trabajadoras y trabajadores de dichas instituciones.

De esta manera, tratándose de estos amplios colectivos laborales, se desposeen las competencias constitucionales de esas entidades, cuya regulación, mediante políticas, directrices, reglamentos y ordenanzas, la realizará ese despacho del Gobierno.

Esta transferencia de competencias tendrá consecuencias directas muy graves en el conjunto de las autonomías, el funcionamiento regular de las instituciones y no menos, en la prestación de los servicios públicos.

2.- La autonomía constitucional de las instituciones es unitaria e indivisible

Esta segregación competencial y configuración de un régimen dual de empleo público, es absolutamente artificiosa.

La autonomía de las entidades descentralizadas es indivisible, resultando contrario a los preceptos constitucionales, quebrar de esa manera la autonomía y repartir las competencias regulatorias entre la respectiva institución y MIDEPLAN.

El proyecto violenta la máxima Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir), vaciando de contenido el ejercicio de una potestad constitucionalmente asignada, que produce la ineficacia de la norma constitucional; es decir, trayéndose al suelo, de un solo golpe, el principio de supremacía constitucional.

La autonomía de las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades, es unitaria, inescindible, por lo que no se podría sostener ese espurio reparto de competencias y ese régimen bifronte de empleo público, dentro de cada una de ellas, salvo que sea a contrapelo de los artículos 84, 86, 87, 73, 169, 170 y 175 de la Constitución Política.

Así, cada institución autónoma, podría representarse con una caricatura de un monstruo de dos cabezas, que se vuelven y destruyen a si mismas, cuya lucha terminará causando, por una parte, hacia afuera, una constante inestabilidad política-institucional, y por otra parte, hacia dentro, una permanente conflictividad laboral.

3.- La alteración del diseño constitucional del Estado democrático

Este ficticio reparto de competencias funcionales y materiales, entroniza aquella tesis autocrática que vehemente rebatió el constituyente Rodrigo Facio, la intervención política del Poder Ejecutivo, residenciado en MIDEPLAN, en materias que constitucionalmente están reservadas a cada una de esas instituciones.

Por esto es que el proyecto quiebra la arquitectura del diseño orgánico del Estado, definido por el constituyente, porque sacrifica la autonomía de las instituciones.

La ruptura del diseño constitucional, que no es cualquiera cosa, significa una grave alteración de las reglas del sistema democrático.

Además, esta alteración de las reglas constitucionales tendrá serias consecuencias en la prestación de los servicios públicos asignados a cada institución.

Los servicios públicos que prestan las universidades, la CCSS, municipalidades y otras entidades, constituyen la infraestructura de la democracia, los cuales no quedan indemnes del otro objetivo que tiene el proyecto, tendiente a reestructurar las instituciones y privatizar los servicios que se les cometieron.

4.- La eliminación de las estructuras salariales propias de las instituciones

Pero, además, hay que tener muy claro que la competencia exclusiva y residual que el proyecto reserva a las instituciones autónomas, limitada únicamente a aquel colectivo de funcionarios, queda muy restringida y condicionada, porque, de toda suerte, su ejercicio tiene que adecuarse a sus reglas fiscalistas. No se olvide que las autónomas, no quedan excluidas de su cobertura (artículo 2), sobre las cuales cae, con todo el peso, esa espada de Damocles.

Lo anterior implica, por ejemplo, en materia de remuneraciones, que las estructuras salariales propias que actualmente tiene cada una de esas instituciones, que evolutivamente se configuraron de acuerdo con la naturaleza y especialidad del servicio que ejecutan, amparadas a sus autonomías, quedarán derogadas, suprimidas, y en su lugar, se sustituirán por el esquema de salario global único.

Este esquema salarial es el producto estrella, pero el más opaco, que constituye la punta de lanza de la política fiscal del proyecto de ley.

Otra grave vulneración de la Constitución, porque la ley ordinaria le está imponiendo a esas instituciones un esquema salarial determinado, irreconciliable con las autonomías constitucionales.

Además, como si lo anterior fuera poco, ese esquema salarial se complementa con el congelamiento y estancamiento de los salarios de todas y todos los trabajadores que prestan sus servicios en los Poderes del Estado e instituciones públicas que cubre el proyecto, a merced de la salvaje regla fiscal y los transitorios XI y XII del proyecto, que recibieron la bendición neoliberal de la Sala Constitucional.

Quedará por ver, como suele ocurrir en las películas de terror, si en los últimos capítulos, el monstruo muere ajusticiado por un héroe, que aplaste las cabezas del Leviatán.

16/11/2021

UNA trabaja en la construcción de escenarios para la planificar su futuro

Este 2021, la Universidad Nacional ha implementado la prospectiva estratégica, para la proyección de su futuro en las próximas dos décadas, es decir, generar los cambios académicos, administrativos y estudiantiles propicios, en aras de alcanzar un mejor desempeño institucional y estar preparada como universidad del futuro, ante los grandes retos que plantea el horizonte de los próximos 20 años.

La UNA viene replanteando su labor como universidad necesaria, en la búsqueda de detectar los grandes retos, de cómo enfrentarlos y de cómo actuar, para dar solución a la demanda de la sociedad que le permita de manera pertinente aportar al desarrollo de Costa Rica.

La Universidad Nacional, en este ejercicio de auto examinarse de manera crítica, ha realizado webinarios, talleres y conversatorios y mesas de trabajo con participantes de diferentes instancias de la UNA, tanto académicos, estudiantes y administrativos; donde a través de ellos se han determinado aquellas variables de transformación y sus respectivos retos, los cuales son imperantes atender en pro del objetivo propuesto.

Este 24 de agosto de 2021 se realizó el taller “Construcción de escenarios y elección del escenario apuesta”, en este sentido, con el propósito de profundizar y motivar a los participantes, el M.Sc. Juan Carlos Mora Montero, Coordinador del Proyecto Planificación Prospectiva Estratégica UNA 2040, presentó el video del experto Gerd Leonhard titulado “The Good Future: Beautiful, inspiring short film by leading #Futurist”, traducido como “El buen futuro: Belleza, inspiración en un corto video por un líder prospectivista”.

En este corto audiovisual se señala, que los medios de comunicación nos muestran un futuro cada vez más negativo, señalando problemas ambientales, económicos y políticos; sin embargo, sostiene, que si tenemos el potencial científico y tecnológico para enfrentar las circunstancias se puede cambiar el rumbo hacia un mejor futuro.

Leonhard refiere que lo primero es determinar cuál es ese “buen futuro” que esperamos, por ejemplo, respecto a la alimentación, donde mucha de la producción actual es contaminada, el buen futuro en ello sería una producción sustentable y accesible, por otro lado, respecto a la energía es necesario remplazar aquellas de origen de gas y petróleo; por su parte, la educación debe enfocarse en desarrollar en las personas esa destrezas, habilidades y competencias que las máquinas no pueden hacer, de hecho, esto va relacionado al futuro del trabajo, finalmente, en cuando al futuro de la salud, no es aquella que se enfoca en atender enfermedades, sino más bien, en mantener y propiciar una verdadera salud.

El experto concluyó en el video, que los Gobiernos deben centrarse en las personas, en el planeta, el bienestar y la prosperidad; luego la sociedad como un todo debe involucrarse en este proceso, es decir, comunicar el buen futuro que se debe crear, asimismo se necesitan expertos prospectivistas que guíen eficientemente este proceso, por consiguiente, académicos con amplio conocimiento en diferentes áreas que permitan esta construcción de futuro. También, es relevante tener una mentalidad positiva y enfocada a ello, así como, dedicarle el tiempo y esfuerzo que este buen futuro necesita, indicó Gerd Leonhard.

Mora explicó el avance de este proyecto prospectivo que ha impulsado la UNA, de ahí, rescató el Webinario “Análisis prospectivos de las carreras y profesiones del futuro UNA” realizado el 29 y 30 de abril de 2021, en el que fue posible generar un Estado del Arte sobre la responsabilidad institucional con la docencia universitaria.

También destacó los aportes de los participantes en la serie de talleres realizados a partir del 28 de junio de 2021, para determinar los factores de cambio, mismos que dieron paso a las cinco variables de transformación analizadas en el taller (24 08 21), así como los actores más relevantes que incidirán para alcanzar los retos a futuro.

En trabajo de grupos se determinaron los actores clave y se categorizaron los retos de las variables y de ahí se redactaron las ideas de cada reto a modo de párrafo, que permitiera poner en perspectiva y análisis hacia donde debe mirar la UNA para emprender los desafíos de futuro.

Un tema que ha sido tratado por los participantes refiere a la normativa institucional, y de la necesidad de que la UNA plantee estrategias tácticas, para que la misma permita vehiculizar las aspiraciones planteadas desde la visión de la prospectiva estratégica para los años venideros.

En esta sesión (24 08 21) dos fueron los grupos que presentaron ante la plenaria su análisis de los retos planteados.

Para el caso de la mesa de trabajo (Grupo 1) que atendió el reto de la Generación de Recursos Propios, a grosso modo expuso que los aspectos más relevantes para atender el tema de la generación de recursos propios son:

  • Promoción de una cultura institucional innovadora y solidaria de generación de recursos propios, que oriente la calidad, la pertinencia y la sostenibilidad de las acciones sustantivas, en su contribución en la construcción democrática, progresiva y el mejoramiento ecosocial.
  • Renovar la normativa institucional, la plataforma e infraestructura, así como capacidades técnicas y humanas que dispone la UNA.
  • Tomar en consideración los actores sociales que inciden a lo interno como es el caso de: Consejo Universitario, FEUNA, Asesoría Jurídica, la Vicerrectorías, Consejo de Decanos-CONSACA, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación-AICE, Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación ExternaOCDE; mientras que a nivel externo: los egresados, medios de comunicación, organismos internacionales, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, diferentes instituciones públicas, la ciudadanía, Consejo Nacional de Rectores- CONARE, empresas privadas, organizaciones sociales y al Ministerio de Industria y Comercio-MEIC.

La siguiente mesa de trabajo que expuso (Grupo 4), sobre la Internacionalización de la Oferta Universitaria, sintetizó los principales aspectos a tratar:

  • El desarrollo de una oferta académica atractiva, competitiva, flexible, pertinente, multimodal, multilingüe (de idiomas y de programación) y con diversas titulaciones.
  • La integración y consolidación de redes académicas para fomentar el trabajo colaborativo.
  • El desarrollo de capacidades en el personal académico, administrativo y estudiantil para el diseño e implementación de una estrategia institucional de Internacionalización, desde la renovación de la estructura universitaria y del Consejo Nacional de Rectores-CONARE.
  • Aspirar a una universidad 4.0 sin fronteras, que atienda problemas globales.
  • Entre los actores externos que se deben tomar en consideración se citan a los diversos Ministerios, al Consejo Nacional de Rectores CONARE, Embajadas y Sistema Nacional de Acreditación-SINAES como apoyo a estos procesos y a la convalidación o trámites en CONARE que podrían jugar en contra, sino se mejoran y se actualizan los procesos para incidir en la internacionalización de la oferta académica de las universidades.

Por asuntos de tiempo, los resultados de las mesas de trabajo a cargo de los grupos 2,3,4, serán retomadas y expuestas en la siguiente sesión (Taller 4. II parte: Construcción de escenarios y elección del escenario apuesta-31 08 21). De esta manera, contar con los insumos para pasar a la etapa siguiente y poder ir delineando las hipótesis de los escenarios que la UNA asumiría al 2040.

 

Por:
M.Sc Daniel Alejandro Cavallini Espinoza-Académico EPPS-UNA
M.Sc Efraín Cavallini Acuña-Académico EPPS- UNA

dce/eca- 24 08 21

Cabagra apuesta por mejorar el diseño arquitectónico de sus viviendas

Por Uriel Rojas

La Asociación Indígena de Cabagra, en conjunto con un grupo interinstitucional público del país, entre los que se encuentran la UNA, UTN, el TEC, la UNED y el INA entre otros, lidera un proyecto denominado “Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de materiales utilizados en la construcción de viviendas de interés social para el Territorio Indígena de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas”.

Esta propuesta tiene como objetivo desarrollar una estrategia de mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de madera en vivienda de interés social en T.I Cabagra y busca mejorar los diseños actuales que se han construido en este territorio, los cuales, la mayoría, no están acordes a la filosofía y cosmovisión ancestral de la cultura indígena bribri.

Este proyecto inició el pasado 01 de julio de 2020 y se estima culminar a finales de este año 2021.

Como parte del proceso, se han realizado múltiples consultas, talleres y conversatorios, muchos de ellos virtuales, en donde se han conocido las características actuales de sus viviendas y el nuevo diseño que se quiere construir en los proyectos venideros para las familias de este territorio, los cuales, han de ser diseños armónicos con su cultura, su contexto natural y de buena calidad constructiva.

Para los próximos meses de este año, se espera la elaboración de un informe técnico con los resultados de esta propuesta interuniversitaria y se presentará a la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (Kabakol) y a las comunidades del territorio, para su respectiva validación. 

Como propuesta final se espera la elaboración de un diseño de vivienda construida en madera, siguiendo los estándares técnicos constructivos, que se adapten al clima, el paisaje geográfico, los materiales y las tradiciones culturales de este territorio.

Por el momento, se seleccionarán al menos 15 personas indígenas de la comunidad, que se formarán como maestros de obra u operarios con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje, para afinar sus capacidades de construir viviendas de interés social de acuerdo al nuevo diseño que vayan a elegir. Esto sin duda, incidirá en la calidad de las construcciones locales y generará una nueva fuente de empleo.

Este proyecto forma parte de los múltiples esfuerzos territoriales que realiza la Asociación Indígena de Cabagra, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

UCR: El Gobierno y Conare firman acuerdo sobre el FEES 2022

El Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmaron este martes 27 de julio el acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2022.

De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política, el presupuesto del FEES para el año 2022 se calculó con base en el monto acordado para 2021 y respetando la inflación interanual a mayo de 2021, equivalente a 1.34%. A diferencia de los dos años precedentes, en los que se negoció una posposición por la crisis sanitaria y económica de un porcentaje del monto, en esta ocasión la totalidad será incluida en el presupuesto nacional.

A partir de lo anterior, el monto del presupuesto total para el 2022 es de ¢522.822,67 millones y para el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) a un monto de ¢36.376,52 millones, con un aumentó en ¢7.394,187 millones, respecto al acordado para el 2021. Se acordó, además, establecer una mesa de negociación con el fin de analizar y definir un proyecto de inversión que permita recuperar los montos postergados en años anteriores.

Con este presupuesto las universidades públicas tendrán que enfrentar de manera prioritaria la necesidad de fortalecer la vida estudiantil a través de inversión en becas estudiantiles, conectividad, salud mental y las implicaciones del regreso seguro a la presencialidad.

Ambas partes reconocieron la importancia de atender las afectaciones generadas por las tormentas tropicales que han afectado varias zonas del país, para lo cual acordaron destinar un monto adicional de ¢3.145 millones para que el Ministerio de Educación Pública pueda hacer frente a esta situación.

En este espacio de diálogo y negociación, se reconocieron las medidas internas que han aplicado las instituciones de educación superior universitaria estatal de contención sin precedentes en sus gastos operativos y remuneraciones, así como el éxito alcanzado por las 5 universidades públicas en la continuidad exitosa del servicio educativo en el contexto de la pandemia. En este contexto incluso se registró un aumento de la matrícula en todas las casas de estudio, situaciones que provocaron la necesidad de reforzar de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes por un monto que asciende a un monto de 55 mil millones de colones, especialmente en zonas fuera del gran área metropolitana. De igual forma, se valoraron de manera muy positiva los aportes, en múltiples ámbitos, de las universidades públicas en la atención de la pandemia, especialmente el apoyo técnico científico de alto nivel.

Como parte de la negociación se acordó para el nuevo período una nueva agenda de cooperación entre el Gobierno y las universidades públicas, que integra varias líneas de acción, entre ellas:

  • Fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto,

  • Atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.

  • Innovación científica y tecnológica, entre otras.

Todas, tareas que serán asumidas desde el quehacer sustantivo desarrollado por la extensión y acción social, la docencia y la investigación científica y cultural.

Para la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, el acuerdo muestra el compromiso del Gobierno de la República con la educación y reafirma la visión por apoyarla, como una inversión social necesaria para el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país.

Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional de Rectores, Francisco González Alvarado el acuerdo tomado “es un reconocimiento a la educación como uno de los sectores prioritarios y que constituye una inversión estratégica y en especial en esta coyuntura, donde la educación es fundamental en el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense en sus localidades y regiones”.

El representante estudiantil César Andrés Alvarado Arguedas, se mostró satisfecho con el acuerdo “para el movimiento estudiantil es importante continuar fortaleciendo los programas de becas estudiantiles, así como los programas de regionalización universitaria para ampliar el acceso y la diversificación de la educación superior en las diversas regiones del país, de forma que se avance hacia una distribución más equitativa de las oportunidades educativas en el territorio nacional”.

El acuerdo se suscribió en la Comisión de Enlace por: Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; Geannina Dinarte Romero, Ministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República y Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores; Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica; Luis Paulino Méndez Badilla, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, Rector de la Universidad Técnica Nacional y César Andrés Alvarado Arguedas, representante estudiantil.

 

CONARE
Consejo Nacional de Rectores

*Imagen: La bandera patria y de la  Universidad de Costa Rica. Foto: Karla Richmond, UCR.

UCR, Avanza negociación del FEES 2022: Este martes se realizó la segunda reunión de la Comisión de Enlace

Las universidades públicas si financian con el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) que se negocia cada año. Estos recursos en los últimos años han representado cerca del 1,3% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Las partes acercaron posiciones en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad

Este martes 20 de julio se realizó la segunda reunión de la Comisión de Enlace, integrada por autoridades del Gobierno, la academia y el representante estudiantil; espacio de diálogo y negociación en especial sobe el Fondo Especial para la Educación Superior Pública 2022, las cuales continúan avanzando, con voluntad y claridad con el fin de construir un acuerdo del financiamiento de la educación universitaria pública.

En esta reunión se acercaron las posiciones de ambas partes en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad que le afectan. De igual forma, se continuaron las negociaciones respecto a los montos postergados de los años 2020 y 2021.

El Consejo Nacional de Rectores comprometido con las generaciones actuales y venideras de estudiantes de las universidades públicas, con el acceso a la educación universitaria estatal de calidad, con la sostenibilidad del quehacer integral de las universidades reafirmamos nuestra posición de que se establezca el financiamiento de la Educación Superior que garantice una mejor inversión en becas, salud mental, infraestructura y equipo para sedes y recintos regionales, metas definidas en el Plan Nacional de la Educación Superior 2021-2025 para el avance del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal en los próximos cinco años.

Negociación anual del FEES

La Comisión de Enlace que negocia cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está compuesta por las autoridades de cada una de las universidades públicas que reciben dineros del fondo y representantes del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, de Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Para la negociación del FEES del 2022 y como parte de los acuerdos alcanzados en el 2021 además se une a esta negociación una representación de los estudiantes de universidades públicas.

 

Consejo Nacional de Rectores