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Etiqueta: universidades públicas

Avance para controlar Covid-19 es logro de instituciones

El doctor José María Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto Clodomiro Picado, explica en entrevista con SURCOS cómo nace el esfuerzo por aportar en la búsqueda de un tratamiento para las personas infectadas por Covid-19.

Su exposición de seis minutos señala, además, la importancia del sistema de seguridad social para este logro, así como el valor de la autonomía universitaria para seguir dedicando esfuerzos al desarrollo nacional inclusivo.

Foto: UCR

Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones;  mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES

Sin autonomía no hay universidad

Hernán Alvarado

En la calle aprendimos, hace muchos años, que «sin autonomía no hay universidad», mientras defendíamos como estudiantes nuestro derecho al estudio. Pronto completamos esa consigna con: «sin presupuesto no hay autonomía». Lo mucho que aprendimos entonces, tomando la escena pública, no lo habríamos encontrado en libros ni en aulas, pese a la excelencia de los profesores. Para el movimiento estudiantil universitario, la autonomía no ha sido su gran maestra, pues sin libertad el pensamiento se asfixia, como quien lleva una bolsa plástica en la cabeza. De ahí que atentar contra la autonomía es atentar contra la universidad misma, la cual debiera ser la más alta expresión de democracia. Además, cada vez que se la intenta restringir se trastoca la República establecida en 1949. Por eso digo que los «neoliberales» del gobierno ni liberales son; para esos populistas nuestro marco jurídico resulta ser una camisa de fuerza.

Según la carta magna, la «independencia funcional» de las universidades públicas incluye la «plena capacidad jurídica» (…) para «darse su organización y gobierno propios». Implica además la administración del «patrimonio propio» y de sus «rentas propias». En lo que respecta al saber, su independencia es absoluta; no obstante, su plan general debe tomar en cuenta «los lineamientos que establezca el Plan Nacional de desarrollo vigente». Así que no se limita a la «libertad de cátedra», por mucho que sea su núcleo palpitante y un «principio» que debiera extenderse a toda la educación pública, no solo a la «enseñanza universitaria».[1] Así lo haría un pueblo inteligente y correspondería a una democracia realmente participativa. Aunque sea el fantasma que asusta a todo pichón de tirano.

Dicha independencia es con respecto al Ejecutivo y al Legislativo, por lo que el Poder Judicial debe protegerla.[2] El artículo 88 incluso obliga a la Asamblea Legislativa a «oír previamente» al Consejo universitario «para la discusión y aprobación de proyectos» de su competencia. Y se estampó así, como norma superior, precisamente para que ningún político o funcionario se atreviera a menoscabarla. En sentido estricto, se trata de un «estado» dentro del Estado, una auto limitación de su propio poder omnímodo, pues la voluntad expresa del Soberano fue proteger el pensamiento crítico. Como si un gigante se amarrara voluntariamente las manos para no estropear las alas de una mariposa.

¿De qué se quería proteger a la universidad pública? De las múltiples formas que adopta la recurrente pasión fascista contra «la inteligencia». También quiso protegerla de las recurrentes tentativas del pensamiento utilitario que confunde el desarrollo del país con el comportamiento del PIB. En suma, el constituyente quiso proteger la crítica y la creatividad de quienes creen que la educación es un gasto, no una inversión social, y que solo se justifica si sirve a la acumulación capitalista.

Amenazarla so pretexto de un déficit fiscal ficticio solo revela las bajas luces de quienes en la Asamblea Legislativa mal redactaron ese informe de mayoría, aprobado por 31 diputados para vergüenza de la historia patria. Los mismos que no tuvieron la valentía de llevar adelante una reforma tributaria seria, integral y progresiva, pretenden ahora recortar la educación. Tal vez ni se dan cuenta de que ahorrar en educación es invertir en ignorancia. ¿Cuál es el ejemplo que siguen, a qué futuro apuntan, tendrán algún modelo de desarrollo en la cabeza, habrán oído hablar de la sociedad del conocimiento? ¿Será posible que también ignoren la experiencia de Finlandia, por ejemplo?

Llamando las cosas por su nombre, estamos ante un gesto bárbaro y más vale que tomen nota de que el poder tiene que respetar, si quiere ser respetado. Sin embargo, en primer lugar debe ser un signo que nos interrogue como educadores. ¿Cómo se ha estado manejando la educación del país para que se haya reunido en el segundo poder de la República tanta arrogancia? ¿Y no es como decir tanta ignorancia? Solo a los pobres de espíritu un cargo público que ni merecen puede llevarles a asumir tales actitudes. ¿No se trata de una señal alarmante de decadencia educativa? ¿Se puede entender simplemente como un resultado de esas «universidades de garaje» que reparten títulos como si fueran mercancías? ¿Acaso no significa que hemos fracasado en la defensa de una educación de calidad, capaz de defender nuestra identidad y nuestra cultura; que hemos cedido demasiado a los economistas mediocres, a la tecnocracia más obtusa, en definitiva, a las pueriles demandas comerciales? ¿No indica también que hemos renunciado a la acción política para dejarla en manos de oportunistas de todos los colores?

Si de algo ha de servir la autonomía y la libertad, en estos momentos aciagos de la Patria, es para la reflexión autocrítica, para preguntarnos radicalmente sobre nuestro papel como trabajadores y como patriotas. Porque, parafraseando al ex Ministro de Hacienda -que no es santo de mi devoción- este es un momento para próceres. No es para tecnócratas, no para funcionarios del FMI, ni para partidos de pacotilla que olvidaron sus principios ideológicos, extraviados como están en los más retrógrados cantos de sirena de los organismos internacionales. No es este un momento para políticos de «vitrina», como bien los llama el Presidente, que desgobiernan y retro-legislan a favor de la fracción más codiciosa y corrupta del empresariado costarricense.

Por cierto que veo a ese Presidente cada vez más alejado del Pueblo, el que dejará en la peor miseria de la que se tenga memoria en el país. Y ni crea que la pandemia le servirá de excusa, porque ella más bien ha revelado las injusticias que hemos tolerado por más de cuarenta años, junto con la incapacidad de la clase política, pese a la abnegación de los funcionarios públicos. Mientras tanto él prepara, bajo la mesa y aprovechando el encierro, la venta de KOLBI, BICSA, BCR, RECOPE y FANAL, a precio de remate, con el afán de dejarnos tan endeudados como le sea posible, puesto que el FMI acecha de nuevo como un ave de rapiña, ratificando en la crisis que lidera a ese vampiro polimorfo que es el sector financiero, mismo que el microbio ha evidenciado en toda su fría y calculadora falta de solidaridad. En sus fauces quiere entregarnos un gobierno que no cobra lo que le deben, ni paga lo que debe, pero cobra con saña a quienes no le deben.

Ese es un Presidente que ensalza a su pueblo silencioso, como lo dijera en Guanacaste, orgulloso de haber ganado, a sus 34 años, un pulso a los trabajadores públicos; como si la clase trabajadora no fuera el pilar central del Soberano que lo mantiene donde está y que sí contribuye a pagar su salario, justamente lo que no hacen quienes él trata como ciudadanos VIP. Todo por imponer un plan fiscal regresivo que a la postre se ha quedado chingo, por ser demasiado complaciente con exonerados, evasores y elusores. Presidente orgulloso de haber promovido un recorte de las huelgas «políticas» en una democracia disque participativa. Otra barbaridad del tamaño del estadio nacional, porque ¿cómo puede sentirse orgulloso un comunicador y cientista político de restringir libertades políticas?[3] Él sigue sin enterarse de que un Presidente de verdad trabaja para la historia patria, cuyas sentencias son inapelables; no para salir por la puerta de atrás después de cuatro años de aporrear al que menos tiene. En ese sentido, de nada le servirá tampoco si logra salir montado en un tren eléctrico. Sin duda trabaja mucho, que fue lo único que prometió, pero para ser el peor de la segunda República, lo que nadie se esperaba.

Según el sociólogo Alejandro Sura, la profunda crisis actual, no solo sanitaria y económica, sino también ética y moral, se debe a que no hay un «sujeto político», es decir, no hay un liderazgo visible, creíble y lúcido que prenda las luces largas, como pueblo, como nación. Sin embargo, hay muchas voces autorizadas manifestándose; por ejemplo, recientemente y en este tema, voces de la estatura de Walter Antillón, Yamileth González, Gustavo Gutiérrez, José María Gutiérrez, José Manuel Arroyo, Virginia Sánchez, Gilberto Alfaro, entre otros, junto a rectores y sindicatos universitarios que se preparan para la lucha.[4]

Muchas voces comienzan a juntarse, a dialogar, a aglutinar el pueblo. Siempre ha sido así, algunos pocos lo convocan, otros le subestiman, muchos temen su fuerza ciclónica y los demás hunden su cabeza en la arena. Pese a todo y contra todo, poco a poco se va juntando su polifonía, mientras emergen los «metapuntos de vista» (E. Morin) que alumbran la unidad en la diversidad; siempre con la Patria en el corazón (jamás «en el bolsillo», según titula Oscar Aguilar Bulgarelli uno de sus libros), porque defender la autonomía no es cosa de defender solo a la universidad, sino que también es defender el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Las condiciones están dadas, a pesar del confinamiento y las carencias del «animal político» (Aristóteles). Recuérdese que las últimas grandes jornadas cívicas han enseñado que, al final del día, los dirigentes caminan detrás de la resistencia hipercreadora del Pueblo. No hay que consultar una bola de cristal para prever que la pandemia también está incubando una crisis política de proporciones inusitadas. Solo falta la chispa que siempre enciende la pradera. Mientras tanto, los que mueven los hilos del poder, la siguen atizando a todo pulmón, por una especie de fatalidad políticamente suicida. Siempre que sucede igual, pasa lo mismo, al decir de Leopoldo Fernández (1904-1985), el famoso «Tres patines». Pero hay que permanecer atentos porque también es cierto que pueblo que se duerme se lo lleva la corriente… ¿Dejaremos que nuestros estudiantes nos enseñen una vez más el camino de la dignidad nacional, o esta vez iremos adelante dándoles ejemplo?

[1] Idem, artículo 87: «La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria»

[2] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 84.

[3] Contra el artículo 9, según fuera reformado en el 2003.

[4] Para muestra un botón: José Manuel Arroyo, «Preguntas esenciales a propósito del FEES». En Surcosdigital: https://wp.me/p6rfbZ-bRM

Imagen: Trabajadores de FANAL produciendo alcohol para la emergencia sanitaria.

Dos diputadas del PLN advierten riesgos contra universidades públicas

Las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Karine Niño y Paola Valladares, alzaron su voz en defensa de la autonomía que resguarda a las universidades estatales y señalaron consecuencias negativas si su financiamiento continúa bajo la mira de ciertos grupos políticos y sociales.

Así lo aseguraron en un foro de organizado por la Alianza por una Vida Digna el pasado miércoles 1 de julio, entidad conformada por un conglomerado de personas e instituciones provenientes de diversos sectores de la sociedad. En esta misma actividad participó el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya; el investigador del Instituto Clodomiro Picado (ICP), José María Gutiérrez; y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), Noel Cruz. El conversatorio fue transmitido vía Facebook Live en la página web del medio digital Surcos.

Ambas diputadas verdiblancas son parte del grupo de legisladores que expresó críticas contra el Dictamen de Mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el análisis de la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual fue aprobado por 31 votos contra 13, el martes 23 de junio.

La diputada Niño comentó que varias veces ha tomado la palabra en el Plenario para evidenciar con vehemencia los datos tergiversados que surgen en el debate, así como aquellos que aparecen en algunos medios de comunicación. Además recordó que se ha reunido con la Federación de Estudiantes de la UCR y con representantes de la academia, así como destacó su participación en marchas.

“Ninguno de los dos informes (de mayoría y de minoría) utilizaron los espacios necesarios para ser un apoyo en el crecimiento y fortalecimiento de las universidades. No hay un pensamiento crítico constructivo. Lamentablemente no fui parte de esa comisión, pero sí tuve el tiempo de dedicarme a estudiar estos dos informes y queda claro que lo que se pretende es atentar contra el modelo universitario”, recordó la diputada liberacionista.

Incluso, la legisladora hizo hincapié en que, pese a ser egresada de una universidad privada, se interesó en estudiar el modelo de autonomía universitaria para no dejarse llevar “por un titular de un medio que muchas veces quiere tergiversar”.

“En Costa Rica tenemos el privilegio de tener uno de los mejores modelos de autonomía universitaria. Bien claro lo definieron nuestros constituyentes para que no hubiera interferencia política. Pero al pasar de negociarse el FEES anualmente y no por quinquenios, como se hacía antes, se ha aumentado la intromisión política. Este es uno de los mayores errores que se han cometido y ocurrió en la administración pasada”, señaló la diputada.

Su compañera de bancada, Paola Valladares, concordó en que el Dictamen de Mayoría era una afrenta  a la autonomía de las universidades estatales y recordó que al asumir su cargo como legisladora juró defender la Constitución Política del país, lo que incluye el hacer valer el respeto a este precepto constitucional. “En la multiplicidad de partidos e ideas encontramos personas que tratan de limitar o dar lineamientos a derechos. Las universidades desarrollan y potencializan estudiantes para que puedan ser críticos ante las realidades y eso se ve amparado en la autonomía. Hay quienes dicen que las universidades deben autofinanciarse: esa es una concepción economicista que supone la captación de capital extranjero, pero su aplicación condiciona lo que el inversionista vaya a exigir en cuanto a carreras que se deben impartir, lo que rompe el pacto social”, criticó Valladares.

La diputada verdiblanca llamó a la opinión pública a poner en una balanza lo invertido en educación superior estatal y lo que el país ha recibido en términos de excelencia en la formación de profesionales, aportes de investigación (sobre todo en productos contra el COVID-19) y proyectos de acción social.

“La institucionalidad del país se ha visto fortalecida a partir de la visión que tenía don Rodrigo Facio de los jóvenes, porque él mencionaba que serían ellos, tras su paso por la universidad, quienes iban a sacar el país adelante. Por eso es que, como legisladores, no podemos decirles a estas instituciones cómo deben actuar o en cuáles carreras deben invertir”, insistió Valladares.

Al finalizar su participación en este foro virtual, el Rector de la UCR, agradeció a las diputadas la defensa que han sostenido de la autonomía universitaria, tanto en el plenario como en otros ámbitos públicos, y subrayó la necesidad de continuar este tipo de conversatorios.

Aquí le dejamos el video para que pueda verlo:

 

*Foto: Las legisladoras Niño y Valladares hicieron énfasis en la necesidad de investigar los frutos de la inversión en educación superior pública y no dejarse llevar por los titulares de algunos medios de comunicación. Foto: captura de pantalla del Foro de la Alianza por una Vida Digna.

Fuente del texto: http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2020/07/col-08-07-20.pdf

Preguntas esenciales a propósito del FEES

José Manuel Arroyo Gutiérrez

En el debate sobre el FEES y el peligro que corre la autonomía universitaria con propuestas que pretenden imponerle reglas para definir en qué y dónde invertir los dineros asignados, se han levantado voces mucho más autorizadas que la mía para demostrar la falta de seriedad en el informe legislativo de mayoría, así como las evidentes ilegalidades e inconstitucionalidades que contiene y la ausencia de buenas razones para sustentarlo.

Quiero dedicar estas líneas a un “argumento” que me parece el que revela las falacias y barbaries que se esconden detrás de las apariencias. Tristemente no hay motivos para ser optimistas. También estoy convencido de que el asunto de fondo no es de mera ignorancia, sino de posiciones ideológicas muy arraigadas. El diálogo sano y democrático sobre la financiación de la educación pública superior y la autonomía universitaria en un Estado de Derecho está hoy contaminado por fuerzas políticas que apuntan a su destrucción. En mi opinión, el problema medular consiste en defender que los centros de educación superior públicos deben producir profesionales –ojalá rápidos diplomados– que respondan con exclusividad a las exigencias de un mercado laboral atado a un muy cuestionable concepto de lo que es el desarrollo económico y social. Al contrario, en esa estrecha concepción de lo que debe ser el conocimiento y su utilidad salen sobrando las bellas artes y las ciencias sociales.

El diálogo es un ejercicio difícil de satisfacer porque, ¿cómo empezar por explicarle a alguien –digamos un diputado o diputada con poder decisorio– que en el mundo actual no solo existe la posibilidad del capitalismo salvaje y la economía de mercado sálvese quien pueda, y en cambio es legítimo apostar por construir sociedades mucho más igualitarias, solidarias e inclusivas?

¿Cómo empezar por explicarles a esos mismos que la condición humana –y por cierto la “libertad” con la que se llenan la boca– pasa por respetar la diversidad de identidades, personalidades, vocaciones y profesiones? ¿Cómo explicarles que esa es la esencia de la dignidad humana, sus derechos irrenunciables y su obligación moral de desplegar el conatus de humanidad -único y sublime en cada persona–, a lo que nos llama Baruch Spinoza? ¿Cómo puede convencerse a alguien de que tan importantes para la civilización son los ingenieros que construyen puentes como los músicos que ejecutan una partitura? ¿Cómo decirles que se necesitan filósofos que vuelvan siempre sobre las preguntas fundamentales, historiadores que nos digan de dónde venimos, sociólogos cuyo pensamiento crítico nos advierta lo que anda mal, o psicólogos que ayuden a construir sociedades sanas y felices?

¿Cómo se puede hacer para que entiendan que hay seres humanos para los que hacer dinero, acumular chunches inservibles y consumir hasta reventar no es precisamente ni su prioridad existencial ni su ideal de vida? En fin, ¿cómo se les puede explicar que hay actividades “inútiles” –desde el punto de vista de que no pueden traducirse a términos monetarios–, (ver Ordine, Nuccio) y que obedecen a las más nobles pasiones del ser humano, lo único que ha sobrevivido a las catástrofes naturales, a las pestes, a las guerras y todo aquello que ha “servido” para levantar poderosos imperios que tarde o temprano se derrumban?

¿Cómo hacerles saber, a quienes lo ignoran, que hay seres humanos con talentos especiales para las matemáticas y las herramientas; claro que sí, pero otros talentos irreprimibles para la música, la danza, el teatro, el cine o las letras? ¿Cómo recordarles a estos que lo mejor que quedó de los Mayas fue su arquitectura, escultura, pinturas y algunos códices; o que hubo príncipes y cardenales –de cuyos nombres ya nadie se acuerda– que humillaron y mal-pagaron a Mozart; o que Van Gogh murió en la miseria siendo leal a sí mismo sin haber logrado vender sus cuadros.

Estas son las cuestiones difíciles de superar en el debate abierto sobre el futuro de la educación pública superior. Es un tema de legitimidad en la interlocución. Lo obvio, lo que dábamos por sentado, aquello de que “no solo de pan vive el hombre” , que es igual que preguntarse “¿para qué tractores sin violines?”, aquello que hizo que los fundadores de la UCR abrieran la Escuela de Estudios Generales, parece que ya no está tan claro para las mayorías que nos (des)gobiernan.

Eso es lo que espanta. Personajes inmersos en semejante oscurantismo, actuando con la arrogancia propia de los que se sienten poderosos, ¿esos son los que van a decidir qué se hace con la educación superior en Costa Rica? Me niego a aceptar que la autonomía universitaria quede en manos de las fuerzas de turno, sin conciencia de lo que las instituciones significan y atreviéndose, sin recato alguno, a violentar los valores más sagrados que este pueblo ha logrado conquistar.

* Artículo de José Manuel Arroyo Gutiérrez publicado en la columna ¿Gato o Liebre? del Semanario Universidad y cuyo texto fue compartido con SURCOS por el autor.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

Pronunciamiento del Comité de Personas Interinas UCR

El siguiente formulario tiene por intención la lectura y firma del Pronunciamiento del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica acerca de la coyuntura que atraviesan las universidades públicas costarricenses, en general, y la Universidad de Costa Rica, en particular.

“En defensa de la universidad pública, sí, pero de una universidad más justa y menos desigual”

Consideramos que:

Vivimos tiempos muy difíciles, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, por motivo de la pandemia del Covid. Esto ha implicado, de parte de las personas trabajadoras de la Universidad, enormes esfuerzos y sacrificios para sostener el ciclo lectivo. Por si fuera poco, en las últimas semanas se han recrudecido los ataques y amenazas a la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas, por parte del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Es fundamental la defensa de la autonomía y del presupuesto de las universidades públicas, sin embargo, esta lucha debe ir de la mano con transformaciones sustantivas a lo interno de estas, sobre todo en lo que concierne al régimen de precarización que estamos sometidas las y los trabajadores interinos, tanto docentes como administrativos.

No se trata de “defender la universidad” en abstracto, sino de qué modelo de universidad queremos defender. La educación superior pública ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del país, especialmente en términos de movilidad social, producción de conocimiento y trabajo en las comunidades. Por esto, nos oponemos a un modelo de universidad empresarial, el cual concibe la educación como un bien mercantil y en donde unas áreas del conocimiento se valoran más que otras, en función de su rentabilidad para el mercado.

La Universidad de Costa Rica no es un ente homogéneo, sino que se compone de muy diversos sectores, entre los cuales hay fuertes desigualdades, en cuanto a salarios y condiciones laborales. No queremos defender esa universidad excluyente y desigual, que sistemática e impunemente violenta nuestros derechos y dignidad, al mismo tiempo que perpetúa privilegios desproporcionados sobre un pequeño sector de la institución (lo cual inclusive le da fuerza y argumentos a los “enemigos” externos de las universidades públicas).

Las personas interinas somos la mayoría del personal docente de la Universidad de Costa Rica: un 66,3% del total, pudiéndose además sumar el 7,9% de las personas que se encuentran en una condición “mixta”, con lo cual se alcanza un total de 74,2%. Sin embargo, a pesar de ser mayoría en términos numéricos, las políticas y directrices emanadas desde los centros del poder universitario nos perjudican y excluyen directamente.

Las personas interinas y el personal administrativo estamos excluidos de la mayoría de los procesos donde se toman decisiones que nos afectan directamente, por ejemplo, de las asambleas de escuela y las elecciones universitarias. Por lo que exigimos se establezcan mecanismos que aseguren nuestra participación, como mayoría del sector universitario que somos, pues esta es la única forma de caminar hacia una democratización real de los espacios de toma de decisiones.

El régimen laboral precarizado e inestable al que estamos sometidos(as) provoca secuelas en nuestra salud mental y física, así como nos impide realizar planes a largo plazo y un proyecto profesional y de vida dignos ¿Cómo podríamos hacerlo si durante cuatro meses del año percibimos un ingreso disminuido o nulo y si no tenemos certeza que el siguiente semestre nos contratarán? En ese sentido, la reciente campaña institucional “Nuestra salud mental importa” nos parece hipócrita y ofensiva, por lo cual hacemos un llamado a las autoridades universitarias a hacer realidad su discurso.

Si no se realizan modificaciones a lo interno de la universidad, en dirección a mayor equidad y justicia, los impactos de origen externo (recortes a presupuesto, ataques a autonomía, etc) recaerán, sin lugar a dudas, sobre el sector más vulnerable: las personas interinas. Si no se toman medidas serias para distribuir de manera más sensata los recursos institucionales, se puede esperar un escenario de ajuste dramático y aparatoso (despidos o reducción de jornadas, recortes a becas, cierres de carreras, proyectos, programas, sobre todo en las áreas más débiles -sedes regionales, acción social, etc.-) como ya se ha venido dando en los últimos años.

El ataque a la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proyecto de estrangulamiento de las instituciones públicas y los derechos sociales y laborales de la población costarricense, por parte de grupos de poder político-económicos. En ese sentido, nos parece lamentable el papel de las autoridades de la Universidad de Costa Rica y las demás universidades públicas las cuales se han aislado de otros sectores sociales, sobre todo, los más vulnerables y golpeados por la crisis económica y el ajuste fiscal.

Por estos motivos, hacemos un llamado a estudiantes, personas interinas de otras universidades públicas, funcionarios(as) propietarios(as) solidarios(as) y otros sectores sociales, a luchar y organizarnos en defensa de la educación superior pública y a exigir el inicio de una serie de transformaciones que eliminen -o por lo menos, disminuyan- la desigualdad y los abusos a los que estamos sometidas las personas en condición de interinato. Al final de cuentas, es la Universidad en su conjunto la que se verá beneficiada.

¡En defensa de la educación superior pública!

¡Por una Universidad más justa y menos desigual!

Para firmar ingrese en este enlace

Alberto Gutiérrez Arguedas 113690344
Alexia Ugalde Quesada 113930458
Jose Antonio Mora Calderón 113430572
Esteban Fernández Quirós 111670737
Héctor Ferlini Cartín 113220032
Eduardo Bolaños Mayorga 1-1386-0823
Andrés Dinartes Bogantes 113010879
Dylanna Rodríguez Muñoz 206890824
Santiago Navarro Cerdas 304230655
Gustavo Jiménez Barboza 113580886
David Maroto Gómez 303830742
Graciela Mora Padilla 113750889
Karla Guzmán Sánchez 110470442
Jennifer Bermúdez Guillén 111850756
Josué Arévalo Villalobos 109790015
Valeria Montoya Tabash 115430086
Guillermo Navarro Alvarado 114190096
María Andrea Araya Carvajal 110900787
Helga Arroyo Araya 603030677
Carmen Caamaño Morúa 105770718
Flory Chacón Roldán 113900025
Gabriela Montero Sandoval 115290527
Adriana Vindas González 108760608
Alejandra Paniagua Bonilla 205740948
Juan Gabriel Chanto Corrales 111870985
Ruthman Moreira Chavarría 110170869
Jorge Marchena Sanabria 112550362
María José Chaves Groh 110810478
Roberto Marín Villalobos 206560935
María José Guillén Araya 304400473
Allen Cordero Ulate 302170094
Héctor Ferlini Salazar 104540856
Lucía Brenes Chaves 109770333
Sofía Delgado Redondo 305180455
Roberto Fragomeno Castro 801370052
Nataly Ugalde Quesada 114930329
Sebastián A. Coto Murillo 113900221
Zuiri Méndez Benavides 114250934
Harlen Alpízar Rojas 113540606
Liliana Monge Sánchez 701450142
Mariana Porras Montero 114510828
Dany Villalobos Villalobos 206430273
Jiddu Rojas Jiménez 107290371
Fernando Camacho Mora 112980013
Silvia Azofeifa Ramos 402000281
Tatiana Herrera Ávila 108850940
Braulio José Solano Rojas 109650332
Jorge Arturo Montoya Alvarado 104080419
Rodrigo Jiménez Sandoval 105370978
Jairol Núñez Moya 603110623
Sofía Cortés Sequeira 113360901
Laura Álvarez Garro 111540669
Marcela Alfaro Castillo 110820900
Cristina Vargas Rodríguez 104780360
Bernardo Castillo Gaitán 801030369
Adriana Maroto Vargas 205190760
Esteban Aguilar Arias 303840828
Kira Schroeder Leiva 109360159
Daniela Moya Víquez 112050574
Ronulfo Vargas Campos 204370534
Pablo Hernández Hernández 108960977
Rocío Alfaro Molina 108280886
Ana Lucía Mora González 113970478
Melissa Molina Campos 50334090
Jorge Luis Nuñez Arias 111710521
Milena Castro 1011280794
Veronique Morel 800870176
María Fernanda Quirós Moya 304700503
Cynthia Molina Rodríguez 108220923
Óscar Navarro Rojas 302470940
Fabiola Bernal Acevedo 801030029
Adriana González Serrano 112320650
Sergio Rojas Peralta 108350925
Franciny Oses Marín 702030181
Luis Diego Cascante Fallas 1749570
Diana Martínez Alpízar 113010292
Óscar Durán Valverde 106510477
María José Cabezas Castro 114650289
Luis Diego Cascante Fallas 1749570
Adrián Jaén 109470641
Luis Adrián Mora Rodriguez 11024031
Gabriela Arguedas Ramírez 108310136
Jorge Prendas-Solano 111760484
Alexis Delgado González 604550665
Obed Herrera 118460244
María Isabel Novoa Segura 604610996
José Pablo Alvarado Barrientos 111270177
Viviana Guerrero Chacón 112170267
Álvaro Carvajal Villaplana 601680673
Jimmy Washburn 105750660
Kevin Hernández Jiménez 115370078
Yeimi Jiménez Oviedo 303530439
Mauricio Álvarez Mora 108770217
Cinthya Soto Calvo 204540610
Yanela Castro Monge 116790645
Gloriana Martínez Sánchez 113710751
Roxángel Acosta Barquero 113330557
Adrián Ramírez 401860190
Valeria Sancho Quirós 114230749
George García Quesada 901070687
Alexandra Chacón Reyes 207180470
Bercy Silva Jimenez 701360423
Kemly Camacho 106040476
Anderson Granados Trejos 2028340283
Hernán González Acuña 108930872
Kathleen Ruiz Castillo 604730323
Karen Calvo Díaz 304030928
Alberto Gagneten Jiménez 110890037
Laurencia Sáenz Benavides 110650190
Luis Fernando Rodríguez Jiménez 402570449
Andrea Calvo Díaz 303950397
María Flórez-Estrada Pimentel 801110010
Daniel González Quesada 111190017
Mónica Pera Anda 8050903
Jessica Cerdas Fernández 117720636
Tania Vicente León 106670029
Daniel Fernández Fernández 112000023
María Alexandra Durán Blanco 207480611
David Ibarra Arana 111310664
Pablo Andrés Quirós Solís 111330988
Ana Lucía Fonseca Ramírez 105290511
Raimy Camacho Ramírez 108090068
Valeria Solano Bolaños 116170230
Asaneth Marchena Leiva 304720461

Tierra de nadie o barco a la deriva

Tomada del Facebook de Arabella Salaverry.

Arabella Salaverry

Una sensación de tierra de nadie, de barco a la deriva, de papalote que se lo lleva el viento. Y no es aleatoria. Tiene su origen bien definido y tiene nombres. Sabemos quiénes son los responsables.

Esos nombres son los de un porcentaje muy grande de los nunca más mal llamados «padres de la patria». Se ha creado una especie artera, que de a callado va socavando las bases de lo que ha sido Costa Rica.

Van por las universidades públicas (estas representan para ellos un peligro, allí se enseña a pensar). Las universidades que ocupan en el contexto latinoamericano los primeros lugares, que han formado artistas, pensadores, científicos, ingenieros, en resumen, el verdadero capital, la verdadera riqueza del país. Personas sin ninguna preparación, de una incultura supina, pretender dictar cátedra y cambiar la constitución para meter mano, perdón, zarpa, en la educación superior. ¿Cómo se atreven? ¿Quién los manda?

Van por la naturaleza: pretenden revivir la explotación petrolera. De a calladito y a pasito lento. Y destruir otra de las fortalezas que tenemos como país: nuestra naturaleza, la riqueza de nuestros ecosistemas.

Niegan el concepto de igualdad y creen, en su ignorancia, que los derechos humanos son para unos cuantos. Que algunos son más humanos que otros, o que algunos tienen más derechos que los demás.

Y allí están, en sus curules, destrozando los logros de los que nos enorgullecemos. El país de avanzada, una luz en el continente, navega ahora sin rumbo, da tumbos y parece que se lo tragará el abismo. ¿Cómo se atreven?