La universidad del futuro es una que cultiva las ciencias, las artes y las letras. Las autoridades universitarias manifiestan su norte en la lucha y defensa de un modelo de universidad pública integral. Más información en http://ucr.cr/r/sQOA.
Las universidades públicas son centros de generación de conocimiento, formación profesional y proyección a la sociedad. Son centros de reflexión y pensamiento crítico. No se dedican solo a atender problemas del presente, sino que proyectan su trabajo hacia el futuro. La autonomía garantiza ese espacio de reflexión crítica.
En este video de menos de dos minutos de la Alianza por una Vida Digna se presentan y amplían estas ideas:
En este enlace puede ver el artículo que contiene estas ideas escrito por el doctor José María Gutiérrez:
Imagen: UCR
Recientemente se dieron a conocer los informes de mayoría y de minoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue nombrada para estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual se financia a las Universidades Públicas.
El informe de mayoría resulta preocupante, pues refleja la visión poco informada que tienen algunas de las personas que integran la Asamblea Legislativa sobre un modelo de Universidad Pública que, desde su concepción, ha aportado enormes contribuciones al desarrollo de Costa Rica, y lo sigue haciendo. De entrada, reconocemos la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incluido el modelo salarial, pero no debe tergiversarse políticamente lo que significa una verdadera universidad, como lo pretende el informe de mayoría.
Las Universidades Públicas deben reconocer que en ocasiones ha hecho falta más autocrítica para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas incluidas en el informe de mayoría lejos de fortalecer la educación superior pública, la debilitarían hiriendo sus fundamentos bases más importantes, como la autonomía universitaria. El informe de mayoría habla de una “universidad del futuro” ligada a lo tecnológico, y dejando así por fuera otras áreas fundamentales para un país que busca un desarrollo integral y equilibrado.
¿Cómo debe ser la universidad del futuro? Debemos recordar que una de las principales razones por las que el Estado costarricense creó instituciones de educación superior fue para para que estas contribuyeran al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:
Este modelo de Universidad Pública ha sido y sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional. Por eso, cualquier modelo de “universidad del futuro” depende de la visión de desarrollo que se tenga para el país, y este tiene que verse de manera integral, pensando en el bienestar de las personas. El informe de mayoría parte de una visión sesgada del desarrollo, centrado en la tecnología y la productividad vista en términos económicos, y no de una visión amplia, integral y equilibrada, que tenga como guía el bienestar de la población, para el cual la tecnología y la productividad son medios y herramientas, no fines últimos. No se puede perder la perspectiva total sobre el país y desde hace muchas décadas la sociedad, incluyendo a los empresarios, han reconocido que sin humanismo, sin pensamiento crítico, sin ética, la humanidad estaría condenada a repetir sus mayores errores y a desvirtuar su capacidad de creación y de sensibilidad, de forma que dejaríamos de ser humanidad y nos convertiríamos en una comunidad de autómatas.
El consenso mundial sobre los objetivos que deben guiar el desarrollo está delineado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, en los cuales el balance entre lo ambiental, lo social, lo económico, la paz, la justicia y la inclusividad se resume en el lema de “no dejar a nadie atrás”; ese es el mismo ideal de fundación de la nación costarricense y está inscrito en nuestra Constitución Política. Ninguno de los ODS habla de la tecnología como un objetivo per se del desarrollo, sino como un vehículo, una herramienta que facilite el proceso.
De todo lo anterior, se concluye que para aportar a los desafíos de un verdadero desarrollo, la universidad del futuro debe promover la generación de conocimiento científico y tecnológico, sin duda, pero debe ser crítica, artística, cuestionadora, original, imaginativa y humanista. No podemos tecnocratizar la educación superior pública, menospreciando las actividades académicas en el ámbito de las humanidades, las artes, las letras o las ciencias sociales. ¿De qué nos servirían profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero sin capacidad de análisis social, apreciación del arte y muchas otras variables? Debemos ver la educación superior pública desde un enfoque global e integral, como hasta el momento lo han hecho todas las Universidades Públicas.
El país debe tener claro que la inversión en educación superior pública debe verse como una especie de seguro, que le permite al país tener una capacidad instalada en cuanto a recurso humano altamente calificado y equipamiento de punta, capaz de responder en momentos de crisis como el actual, proponiendo un abordaje integral del problema, desde todas las perspectivas de las áreas de conocimiento.
El informe de mayoría se aparta de nuestras tradiciones nacionales y amenaza esa visión global e integral de la educación superior pública, y cae en una visión economicista. La idea de modificar la Constitución Política de Costa Rica para limitar la autonomía universitaria no puede ni debe aceptarse.
Por el contrario, se debe continuar resguardando la necesaria libertad que tiene la universidad para no estar sujeta a vaivenes políticos o presiones de sectores, que constituye uno de los meollos de la autonomía universitaria.
Existe, una muy pequeña minoría de académicos a quienes el actual sistema salarial le permite alcanzar salarios excesivamente altos. Pero es totalmente innecesario reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para lograr cambiar ese aspecto. Las Universidades Públicas, en pleno uso de su autonomía, deben analizar y revisar su política salarial, y establecer una clara priorización de la calidad del trabajo y la producción académica sobre el crecimiento puramente vegetativo. Se deben valorar más factores como el desempeño de las labores que la antigüedad, y es necesario establecer topes en rubros que pudieran llegar a amenazar la sostenibilidad financiera. Esto último requiere de cambios y ajustes normativos internos relativamente simples, imprescindibles para desarmar a quienes utilizan esos salarios como argumento para atacar a las universidades y proponer medidas que debilitan un importante (e incómodo para algunos) pilar de nuestro Estado Social de Derecho.
Vivimos tiempos complejos en que debemos hacer un llamado a la unión y no a la división, tanto en el seno de CONARE como en el conjunto del Estado y las instituciones públicas que contribuyen a resguardar ese Estado Social de Derecho, en donde salud y educación han sido base fundamental para lograr una mejor sociedad.
Hacemos una instancia respetuosa pero firme a las diputadas y diputados a rechazar el informe de mayoría, que propone una universidad y una nación mercantilista en donde la cultura, la ética y la conciencia crítica parecen ser lujos innecesarios, y a defender el modelo de una universidad igualitaria, centrada en el ser humano, promotora de la ciencia y la cultura, que siga siendo un pilar del desarrollo integral de nuestro pueblo. En ese sentido, extraña que miembros del partido político bajo el cual se creó el Ministerio de Cultura, tengan una visión tan antagónica y diferente a la del fundador y líder histórico de su partido; “¿Para qué tractores sin violines?”
Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.
INDICA QUE
El tejido social acoge la diversidad de formas de vida y prácticas sociales, y su conformación ha sido una preocupación permanente de la humanidad. por cuanto se requiere de acuerdos y respeto mutuo, de manera que nadie sufra por falta del debido reconocimiento social. En virtud de ello, la pregunta por los modos como se preserva y fortalece dicho tejido social también ha sido una preocupación de instituciones públicas y privadas. Por supuesto, los logros han sido desiguales, y en tiempos alejados de la normalidad habida, nuestro tejido social se ha mostrado vulnerable, de lo que algunos sectores se aprovechan.
La sociedad que queremos resulta de una concertación de esfuerzos venidos de los personajes políticos, empresarios, líderes de diferente índole y por supuesto de la ciudadanía. Diatribas e informaciones malintencionadas contribuyen a generar animadversión y dificultar el debido funcionamiento de una sociedad en la que todos quepan equitativamente;
CONSIDERANDO QUE:
1.- Que las universidades pública-estatales han sido objeto de ataques públicos por la prensa y las redes sociales, y la información transmitida no se basa en un conocimiento del funcionamiento de dichas instituciones Por lo que, estos ataques contrastan profundamente con el papel que han tenido estas instituciones en la escena nacional.
2.- El protagonismo de las universidades públicas-estatales durante las últimas décadas de la historia de Costa Rica, en particular, las constituyen en claro mecanismo de movilidad social, para una creciente cantidad de ciudadanos y ciudadanas.
3.- La cada vez mayor y diversa oferta académica ha garantizado un creciente número de profesionales cada año, todos con alta empleabilidad y, por ende. ha contribuido al crecimiento de la vida económica del país.
4.- Los proyectos de acción social e investigación a través de los cuales las Universidades se han comprometido con el desarrollo, promoción y bienestar de la comunidad, particularmente de aquellos grupos o sectores sociales menos favorecidos.
5.- La confianza depositada por la mayoría de nuestros gobiernos, así como por la comunidad nacional para con la universidad pública-estatal. reconoce no solo una trayectoria sólida y humanística sino que, a su vez e implícitamente, el uso responsable de los recursos asignados.
6- Las universidades son instituciones públicas, de administración estatal, abiertas a todos y todas las personas interesadas, como también a todas las instancias gubernamentales pertinentes, para que conozcan desde dentro su funcionamiento y mostrar cómo llevan a cabo su gestión.
7.- El lugar que las universidades han puesto al país en la escena internacional a través de la tecnología, la ciencia, las letras y las humanidades. es de privilegio; por lo que. estas instituciones gozan de convenios de cooperación y movilidad en virtud de los cuales estudiantes, docentes y funcionarios logran llevar el quehacer a otras latitudes, así como aprender de otros modos de trabajo universitario. promoviendo visiones más cosmopolitas e integradoras.
MANIFIESTA:
1.- Su rotundo rechazo frente a aquellas críticas de las que han sido objeto las universidades públicas-estatales cuando se han fundado en razones incompletas, tendenciosas y desconocedoras de la gestión del trabajo universitario integralmente, de los modos como se recolectan e invierten los fondos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del uso y mantenimiento de la infraestructura y de los procedimientos para la toma de decisiones y la proyección democrática y humanística.
2.- Apoyamos toda rendición de cuentas fruto de una actitud sincera y responsable, siempre y cuando se parta de un conocimiento derivado de datos evidentes, reales y adecuadamente interpretados, así como de reglamentos y procedimientos ampliamente conocidos; todo lo cual, acompañado de una exhaustiva documentación de manera que se tenga una clara imagen del papel de las universidades estatales-públicas.
3- La invalidez de cualquier crítica vaciada de parcialidad y que pierda de vista el contexto institucional e histórico en que se desarrollan las universidades públicas-estatales, dejando sospechosamente de lado incluso el universo de las educación superior privada, así como desconociendo los marcos constitucionales que la tutelan.
4- Nos sumamos a la institucionalidad que ha caracterizado la historia costarricense para canalizar todo desconocimiento del modus operandi de las universidades estatales-públicas y convertir el tema en un escenario didáctico; pues estamos seguros que estas instituciones, con un alto grado de transparencia y apertura, no presentarán ningún obstáculo ante el escrutinio ciudadano, pero el mismo debe pretender la justeza y partir de la buena fe.
5- Hacer una respetuosa excitativa a las diputadas y los diputados de Asamblea Legislativa, para que promuevan un ejercicio responsable del control político de su competencia, frente al importante e incuestionable papel histórico que han tenido las universidades públicas-estatales; para que con sus decisiones procuren garantizar su fortalecimiento, en beneficio de nuestras sociedad.
Acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Complejo, a propuesta de varios de los asociados, a los 13 días del mes de junio de 2020.
| Dr. Eval Araya V., Presidente. | Lic. Emmanuel Campos, Tesorero. |
| M. Ph. Kattya Arroyo G., Vicepresidenta. | M. Ph. Randall Jiménez R., Vocal I. |
| Lic. Tobías Murillo P., Secretario. | Lic. Andrés Gallardo C., Vocal II. |
| Lic. Gerado Mora Burgos, Fiscal. | |
La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.
Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.
El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.
Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.
Para firmar:
Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica
El muchacho joven que me entregó el cartoncito -llegó por correos de CR- me dio un chispazo de luz que quisiera compartirles a quienes están recibiendo el suyo.
Con mucha alegría y detenimiento me dijo que él me iba a graduar, que muchas veces es mejor algo sencillito que una ceremonia ostentosa, dedujo que como todo esfuerzo académico, me costó lágrimas, sacrificios y esfuerzos, lo agarró y me dijo: «este es por los muchos que queremos uno». Me miró a los ojos, me dijo mi nombre y me felicito con tanta sinceridad en sus palabras y mirada que lloré, a mares eso sí.
Agradezco tantísimo recibir este título del chico que se bajó empapado de su moto con su sonrisita para felicitarme, de manos de un trabajador que entiende el valor del esfuerzo y la necesidad de la Educación Universitaria y de quien reconoce que lo importante no es la ceremonia, es el sencillo momento de reconocer, mirándome a los ojos y con voz quebradiza, el esfuerzo que hemos hecho todas en mi familia para estudiar y las movilidades que eso ha implicado.
Agradezco inmensamente no recibir este cartoncito en una ceremonia de falacias y burlas a lo que sustantivamente significa la Educación para mí, el no haberlo recibido de las manos de quienes, consciente y voluntariamente, se han encargado de desquebrajar y ridiculizar el Sistema de Educación Superior Pública, ni de quienes por su servilismo político, tratan a las y los estudiantes como cosas y números sin saberes ni sentires.
Me duele inmensamente los discursos que denigran los saberes y esfuerzos que desde las Ciencias Sociales hacemos por un mundo mejor. Me preocupa porque por discursos así, nuestras márgenes de acción se reducen y sobre todo, porque hay personas que les escuchan, les dan la razón y reproducen ideas tan violentas. Me da rabia porque son los «argumentos» vagos dados por diputadxs para reducirnos el FEES y una se da cuenta que, pucha, al chile son tremendos ignorantes quienes toman las decisiones legislativas sobre nuestras vidas. Y ahí sale a la luz la necesidad de que quienes profesan tanta ignorancia campantemente, no estén ahí.
La Educación es colectiva y debe ser pública porque queremos aprehender y transformar el mundo para hacerlo mejor, y no lucrativa porque es lucro para unos pocos y sacrificios de vida para muchísimas familias. En serio, el bocado del día a día de muchisisísimas familias se condiciona a los deseos de lucro de esos poquitos infames, sobre el deseo de estudiar para trabajar dignamente.
A mis colegas que lo han recibido, estoy segura de que no se los regalaron y soy testiga de su esfuerzo y amor por la Sociolocada.
¡Los demás agradecimientos ya fueron dados y llorados!
Compartido con SURCOS por Marcela Zamora-Cruz.
Es un estudio que violenta la autonomía universitaria, aunque dicen no querer hacerlo, cuando afirman que: “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cual este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior. (…) Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política…” (CE-FEES). El párrafo muestra una flagrante contradicción, ya que la Asamblea Legislativa, según el principio constitucional, no puede tener participación directa en el ordenamiento universitario sin afectar la autonomía. Sin embargo, en esa afirmación se puede leer una amenaza velada a las universidades, ellos son el primer poder de la República y aprueban los presupuestos.
Una de las violaciones más profundas a la autonomía de las universidades, se da cuando el Informe señala que “Cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 185 de la Constitución Política o, el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero prima por sobre el de autonomía universitaria” (CE-FEES).
Esto es inadmisible, supondría un retroceso a una importante conquista que las universidades han conseguido con un alto costo y que implica la esencia misma de su misión y las protege frente a abusos de poder, permite el desarrollo del libre pensamiento y la creatividad; posibilita tener un gobierno propio sin intromisiones políticas, económicas o de cualquier otra índole … Sin un financiamiento adecuado, no hay autonomía. El acto de ejercer ese derecho pasa por conseguir, de parte del Estado, un financiamiento adecuado y sostenible, un fondo que haga posible actuar.
Hay que dejar claro, por otra parte, que la autonomía, no es un cheque en blanco a las universidades, implica responsabilidad y rendición de cuentas claras y transparentes y devolverle a la comunidad, resultados que contribuyan al desarrollo.
También este Informe violenta la autonomía al pretender que las universidades públicas pasen a la CAJA ÚNICA DEL ESTADO: “A partir del informe de la Contraloría General de la República denominado “La caja única del Estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público”, se recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades, dados sus beneficios para el país, en el régimen de caja única. Lo señalado, a modo de introducción, en el cuerpo de este informe se ampliará a algunas de las propuestas concretas y recomendaciones como resultado de las reflexiones hechas al tenor del trabajo de esta Comisión especial. (CE-FEES).”
Esto, hasta ayer, no era inaceptable, ya que significa entrabamiento del funcionamiento administrativo; la Caja Única nunca ha sido eficiente y limitaría la independencia financiera de las universidades, instituciones que no son una oficina del Gobierno o del Estado, va contra la autonomía financiera, consignada constitucionalmente.
Es precisamente validando ese compromiso de responsabilidad y rendición de cuentas que la universidad debe ser transparente en el manejo de sus recursos y no puede permitirse dejar su administración a otras instancias; pues sino, como respondería ante los convenios de colaboración establecidos con colaboradores nacionales e internacionales de orden público y privado cuyos proyectos de investigación y cooperación en sectores de punta son efectivos en el mediano plazo y permiten consolidar plataformas y estructuras de cooperación entre la universidad, el sector público y el sector privado.
Recordemos que la ley de administración financiera y presupuestos públicos, así como el ordenamiento jurídico existente resguarda la hacienda pública mediante la presentación de presupuestos y planes operativos anuales, estipulados por la misma normativa que son sometidos a la Contraloría General de la República y los procesos de evaluación correspondientes. La autonomía garantiza el autogobierno en un espacio propio del sector público costarricense.
La siguiente afirmación del Informe demanda reflexión “Costa Rica requiere fortalecer su sistema nacional de innovación a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico. En este objetivo, las universidades cumplen un rol central; por ejemplo, un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto. En un país con recursos limitados y en medio de un periodo de desaceleración económica como la que se experimenta, se debe plantear un debate crítico y reposado sobre cómo acercar las necesidades del sector productivo a las agendas universitarias, en especial las relacionadas con investigación. Por su trascendencia y alto valor (CE-FEES).”
Desde luego que es necesario fortalecer el sistema nacional de innovación, pero el Informe desconoce que las universidades y el sector productivo del país tienen lazos fuertes (que desde luego se deben fortalecer); que no se parte de cero, ya existe un valioso aporte y la coordinación entre estos sectores no es inexistente.
Aquí vale la pena recordar dos ejemplos: la industria agroalimentaria en Costa Rica no camina con éxito, sin el apoyo del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA). Junto al CITA se puede mencionar también al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que por medio de sus especialidades en ciencias del suelo, biotecnología y tecnología poscosecha, realiza análisis el suelo y foliares, de aguas fertilizantes con servicios en biotecnología. Por otra parte, el CIGRAS que es el ente nacional de análisis de calidad de todas las semillas y granos que ingresan al país…, En diversas ocasiones han recibido estos entes donaciones para fortalecer el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional del país. La Estación Experimental Fabio Baudrit, tiene una significativa reserva de germoplasma de diversos productos alimenticios, que pueden, sin duda, ser un alivio ante cualquier situación de inseguridad alimentaria y nutricional. La Fabio, como se le denomina más cercanamente, ha generado una serie de innovaciones como lo son las diversas variedades de frijol que se transfirieron al mercado nacional o más recientemente una nueva variedad de papaya, conocida como la papaya perfecta…
Y en Salud, que mejor ejemplo a citar, que el del Instituto Clodomiro Picado, centro de referencia mundial en la producción de sueros antiofídicos y que hoy se ha visto trabajar en la producción del plasma que ha venido a aliviar efectos del Covid-19. El ICP tiene vínculo con sectores externos a la UCR y es altamente respetado y conocido internacionalmente.
Estos son solo dos ejemplos, de los miles que se podrían comentar, de esa relación entre la universidad pública y la sociedad, buscando aportar al desarrollo nacional, buscando devolver el beneficio social de la educación universitaria.
Se afirma que: “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. “El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía. Dentro de este contexto dicho valor público no solamente se genera en cuanto al impacto para los estudiantes, sino también sobre cualquier otra actividad realizada por parte de las universidades como la investigación, acción y extensión social entre otras.
El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio (CE-FEES).”
¿Cómo es eso de que deberían estar generando un valor público…? ¿no les es evidente el valor público de las universidades? ¿es que no han visto que, en medio de esta crisis los medios de comunicación refieren todos los días alguna incidencia positiva de las universidades?
Cómo pueden decir que: “Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades” (CE-FEES).
Esas afirmaciones no tienen ningún respaldo técnico… son especulaciones. No es válido, afirmar que la mayoría del FEES se va en salario millonarios…ni es cierto que no se apoyó la población estudiantil en sedes (significativos esfuerzos van dirigidos a becas y residencias en las sedes o campus universitarios). Es ridículo que se diga que hay que crear valor público y generar vínculo con las comunidades, porque ese vínculo existe y es significativo. Habría sido aceptable que el Informe señalara la necesidad de fortalecer la relación, pero no descalificar a las universidades negándolo.
La afirmación de que los entes universitarios deben generar sus propios recursos, no se puede aceptar, con esa política se busca privatizar la universidad pública. Ya las universidades venden servicios y reciben donaciones significativas y está en sus intereses hacerlo cada día más; pero es inadmisible la insistencia en sustituir el FEES con recursos propios, eso es privatizar la educación superior pública. Entonces, ¿las universidades solo harán, aquello por lo que se paga y no lo que es importante para el país? ¿Entonces la actividad universitaria que no se paga no se haría?
Y está, además, el comentario de que el “… aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva…” refleja una concepción de universidad centrada en graduar estudiantes, y no le dan valor a las otras actividades sustantivas, que son, a la par de la docencia, la investigación y la acción (extensión) social. Estaríamos por lo tanto reduciendo las universidades a “enseñaderos” y limitando su impacto para el país.
Insisto en que la afirmación de que, excepto el ITCR, las demás universidades están obsoletas en su oferta académica no es válida, sorprende, entonces, que según el estudio de empleabilidad más reciente en seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016, realizado en el 2019, en el CONARE la empleabilidad de las Universidades estatales es de 94,6% y el de la UCR, en específico es de 95,2%.
Recordemos también que, la respuesta de la UCR en área tecnológica ha sido congruente y coordinada con el desarrollo nacional. Así́ en el pasado como en el presente, vemos como luego de creado el Mercado Común Centroamericano y del surgimiento de instituciones como RECOPE y el ICE; la UCR diversifica sus programas: la Ingeniería Civil ve nacer la Ingeniería Eléctrica, la Mecánica, la Industrial, la Química y la Agrícola; que décadas más tarde abren posgrados en todas esas áreas y, posteriormente, establecen alianzas con empresas de alta tecnología que llevan a crear nuevas opciones curriculares. La Escuela de Ingeniería Eléctrica amplía la matrícula con nuevas promociones de estudiantes que se imparten parcialmente de forma desconcentrada en la Sede de Guanacaste (Liberia) y, en la Sede del Pacífico (Puntarenas); la de Ingeniería Mecánica lo hace en Tacares de Grecia; Ingeniería Industrial, por su parte, ha graduado a cientos de estudiantes en la Sede de Occidente, en San Ramón.
La expansión geográfica se complementa con otras opciones de estudio, como las maestrías de Comunicaciones Digitales, Sistemas de Mediana y Baja Tensión (que se han impartido en asocio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad y el sector privado y, la carrera de Computadoras y Redes que nace con el fin de apoyar a las empresas de alta tecnología con sus problemas de diseño y pruebas de circuitos cerrados… Nuevas opciones se generan como, por ejemplo, Autotrónica, Microelectrónica, Industria Alimentaria, Hotelería, Ingeniería Ambiental y de Salud…
El LANAMME es indiscutiblemente uno de los centros de investigación que más aportes le han generado al país. Sin el LANAMME, Costa Rica no podría avanzar, exitosamente, en el mejoramiento de las carreteras, desde luego que como Universidad somos instancia de diagnóstico, estudio, análisis y no de ejecución de obras.»
Además, esa distorsión la causan las universidades privadas que centran su oferta en carreras de bajo costo económico.
“El presidente de la Comisión consultó sobre el nuevo posible modelo de regionalización que podría establecerse para mejorar los indicadores en las regiones, a lo que se respondió que una forma de mejorar el acceso a la educación es impartir diplomados en las universidades públicas, que se encuentran en las regiones y eliminar la duplicidad de carreras entre las mismas universidades públicas, en aras de que se llenen todos los cupos, por ejemplo la carrera de educación que es una de las más demandadas, debería existir un acuerdo para que, por ejemplo, sea impartida por la UNA y así la UCR pueda impartir otras carreras. … Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto. (CE-FEES)”
Esa afirmación me genera dos comentarios:
El concepto de UNIVERSIDAD, entendida como ente de estudios superiores, está ligado a la formación de grado y posgrado, no a la formación preuniversitaria, como es el caso de los DIPLOMADOS… esa es función de los centros “parauniversitarios” o colegios universitarios, como se llaman. Vale la pena recordar, una valiosa experiencia que las universidades públicas tuvieron, en los años de 1990, con los Colegios Universitarios mediante un Convenio de Articulación ( 1997) que fue bastante exitoso y que permitía a los estudiantes, particularmente de las zonas rurales, iniciar estudios en nivel pre-universitario y luego pasar, si así lo querían, a la universidad, sin hacer examen de admisión y poder así, continuar su diplomado con un grado superior, pero esa experiencia se vino al traste, cuando la Asamblea Legislativa, transformó a la mayoría de esos centros en una universidad.
En el presente, las universidades pueden abrir diplomados y carreras cortas, (algunas lo tienen, como la UNED), PERO con cuidado, ya que el desafío es grande. Las universidades tienen una responsabilidad y compromiso con la sociedad y, esto no es solo un asunto de formación y de calidad, sino que, tiene que ver, también, en cómo se enfrenta esa nueva perspectiva de la formación universitaria que se abrió paso, sustentada en el crecimiento de una demanda y de una presión laboral, que articuladas a partir de un nuevo imaginario social, según el cual una titulación en educación superior puede ser sinónimo de carreras cortas y técnicas, pone en juego y en duda la auténtica naturaleza y razón de ser de la universidad, desaparece la perspectiva de la formación integral y humanista, la formación crítica, reflexiva y dialógica, indispensables para una formación de excelencia e impacto”.
Asumir la primera recomendación nos haría entrar en fuertes contradicciones, porque, para empezar, no se trata de “desvestir un santo para vestir a otro” y por otra, no es casual, ni antojadizo que unas universidades tengan más porcentaje que otras… Al crearse el Fondo Especial para la Educación Superior cada universidad entró con un presupuesto y las más grandes tenían su presupuesto, que desde un inicio era mayor. El problema es que se fueron creando nuevas universidades sin presupuesto e integrándolas al FEES. Caso contrario el de Universidad Técnica Nacional, que, con fuerte respaldo del Partido Liberación Nacional, la Asamblea le asigna sus propios recursos.
La alusión a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, es la única institución que ha hecho bien su trabajo y , por tanto puede ser considerada como la “Universidad del futuro”, ya que “… ha sido un ejemplo “de hacer mucho con poco”, lo que nos lleva a pensar, que, si contáramos con instrumentos de planificación y evaluaciones rigurosas, de las cuales dependería la distribución del FEES, como ha sugerido este informe, estamos convencidos de que el TEC tendría la posibilidad de acceder más recursos, por sus eficientes resultados…(CE-FEES)”, esta afirmación muestra, (pensándolo amablemente) el desconocimiento, con todo respeto y admiración por el ITCR, de las personas de la comisión especial; no se puede permitir ni pasar por alto esta afrenta para el resto de las instituciones de educación superior pública.
Las encuestas y estudios realizados nacional e internacionalmente, con organismos e instrumentos muy calificados le han dado a las universidades públicas una prestigiosa calificación no solo a nivel latinoamericano sino mundial. (Por ejemplo, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/01/11/el-81-de-los-costarricenses-considera-que-la-ucr-le-aporta- mucho-al-pais.html)
* Ex Rectora UCR (Colectivo Mujeres por Costa Rica).
Imagen ilustrativa.
Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha presentado en estos días un dictamen sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se ponen en cuestión la dotación de presupuestos por parte del Estado a las universidades públicas y las funciones sustantivas que estas instituciones desempeñan, así como la validez y los alcances de la autonomía universitaria.
Es pertinente hacer al respecto algunas observaciones puntuales en relación con aspectos que se indican en el documento de dictamen y que derivan en distorsiones o en aseveraciones sin fundamento acerca del quehacer académico y del desempeño de las universidades públicas.
El análisis que aquí se presenta, se coloca en negrita lo señalado en el documento y de seguido se elaboran y presentan los respectivos comentarios.
El legislador constituyente consideró necesario y prudente establecer la autonomía universitaria dándole rango constitucional expreso, a fin de asegurar que las universidades públicas no se vieran expuestas al arbitrio circunstancial de las decisiones de los gobiernos de turno ni de otros poderes que podrían estar interesados en intervenir y afectar el desempeño de estas instituciones. Así, la universidad pública quedó establecida como una institución de Estado, no como una entidad dependiente del gobierno central ni de ningún otro poder del Estado. Así, por tanto, carece de toda validez y no se justifica la pretensión de la “Comisión” por tener “participación directa en el futuro” de la educación superior. Lo mismo el futuro como el presente de la educación superior pública es un asunto que, por disposición constitucional definida en la autonomía universitaria, le compete única y exclusivamente a las comunidades universitarias y a las autoridades académicas de las universidades públicas.
Las universidades públicas, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen no solo a fortalecer las políticas públicas, sino también a proponer políticas públicas que sean de beneficio para la mejora del bienestar de la sociedad costarricense en general. Por su propia naturaleza académica y por las actividades que desarrolla, la universidad pública no puede quedar atada a las regulaciones de los planes nacionales de desarrollo, que suelen ser cortoplacistas y que responden siempre a los intereses políticos de cada nuevo gobierno. Son múltiples los proyectos que, dentro de las funciones de investigación y de acción social, la universidad pública lleva a cabo en una gran diversidad de comunidades del país y en conjunto con variados sectores productivos, los cuales contribuyen de manera sustantiva al desarrollo nacional y, también, a dar sustentación concreta a los objetivos de un desarrolla nacional bajo una perspectiva de Proyecto País. Si la universidad pública quedara atada y encajonada en los planes nacionales de desarrollo, mucha de esta labor se vería limitada, restringida, liquidada.
De múltiples maneras, tanto las instituciones del Estado como el “sector privado” se han beneficiado siempre de la labor que llevan a cabo y de los servicios que prestan las universidades públicas. Por su parte, “la mejora de la estructura productiva” pasa por definir y desarrollar políticas públicas que atiendan de manera integral a todos los distintos sectores productivos. No se trata únicamente de la estructura productiva vinculada a la inversión extranjera directa ni a la agroindustria a gran escala ni al sector industrial vinculado al mercado de la globalización corporativa.
La sociedad necesita que las universidades públicas, haciendo uso de la autonomía que les asiste, puedan realizar sus propios diagnósticos sobre las necesidades de formación profesional y de generación de conocimiento que el país requiere para promover e incentivar el fortalecimiento de la estructura productiva en todos sus diversos ámbitos de actividad. La universidad pública debe mantener su autonomía para discernir por sí misma cuáles son las necesidades de atención prioritaria y, en su lugar, buscar el desarrollo de las vinculaciones institucionales e interinstitucionales que corresponda.
Esta es una dinámica que las universidades públicas han desarrollado desde siempre. Son bien conocidas las coordinaciones de colaboración que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica han mantenido con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre muchas otras. Relaciones de apoyo y de colaboración que en una proporción elevada han ido en un solo sentido, es decir, sin que haya existido mayor reciprocidad por parte de las instituciones beneficiadas. Las funciones sustantivas de la universidad están al servicio de dichos apoyos y colaboraciones, todo lo cual se encuentra debidamente documentado
Todas las unidades académicas de la universidad han participado de estas relaciones de coordinación con las instituciones del Estado, con las comunidades, con asociaciones y colectivos del sector productivo. Son múltiples las acciones desplegadas por la universidad desde la investigación y la acción social para dar apoyo al sector productivo y mejorar la estructura productiva del país.
En el momento actual, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, esta disposición colaborativa de parte de las universidades públicas se expresa, entre otras acciones, por la relación establecida entre el Instituto Clodomiro Picado de la UCR y las autoridades del sistema nacional de salud, para hacer investigación y elaborar un medicamento que permita atender con eficacia a las personas que resultan enfermas por el contagio del virus. En medio de la pandemia y cuando la universidad se encuentra sin actividad presencial en sus instalaciones, la planta de investigación del Instituto Clodomiro Picado no para de trabajar en la búsqueda del medicamento que pueda servir para curar a las personas contagiadas.
La investigación en las universidades públicas responde a una visión integral y estratégica del bienestar nacional en los diferentes ámbitos del conocimiento, no a requerimientos específicos de carácter sectorial. La investigación en la universidad, tal como ya se indicó en el punto anterior, ha sido diversa y ha estado al servicio de muy diversos sectores productivos e institucionales.
Desde su propio quehacer de investigación y también desde la acción social, la universidad pública aporta al país y a la sociedad costarricense en general, manteniendo su independencia y autonomía y abarcando todos los campos del conocimiento. Esto es de sustantiva importancia, a efecto de no descuidar ningún ámbito y que, a su vez, la investigación no se sectorialice ni se restrinja a las demandas, por ejemplo, de un determinado “sector privado”.
Tampoco sería conveniente que las universidades queden obligadas a buscar financiamiento privado para realizar investigación. Esto significaría la privatización de la investigación y su puesta al servicio de intereses específicos, corporativos, que muy poco o nada tienen que ver con la búsqueda del bienestar social colectivo. En la medida que esto ocurra, la universidad pierde su esencia y la investigación deja de servir como un elemento de “valor estratégico para el progreso del país”.
“El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía.”
Este título es inexplicable e inconcebible; una afirmación carente de toda veracidad. La sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, el sector privado y una gran variedad de organizaciones civiles se han beneficiado y se benefician constantemente del valor público que representa el quehacer académico de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y acción social. Es inaudito no reconocer los servicios que aporta la universidad en términos de valor público para la sociedad. No se puede decir, tal como se afirma en este titular, que las universidades públicas solo se dedican a hacer labor de enseñanza.
En este documento se hace énfasis en que las universidades públicas deben incrementar la matrícula y además diferenciar el valor de los aranceles, de manera que el estudiantado proveniente de familias adineradas pague más.
Reducir salarios a fin de trasladar mayor volumen de recursos a la investigación. En este aspecto, la comisión legislativa no se da por enterada de que para hacer investigación se necesita tener una formación académica sólida y que esta formación no se logra sino a través de toda una experiencia acumulada. Se requieren condiciones adecuadas para lograrlo, dentro de las cuales está contar con un salario decente que permita la adquisición de material bibliográfico, el acceso a fuentes de información en internet y otras. Por otra parte, en la medida que en la universidad pública la investigación es con mucha frecuencia parte del quehacer académico, que no se reduce éste exclusivamente a la docencia, plantear una ley de empleo público que vendría a precarizar las condiciones de trabajo en la universidad, esto no significaría otra cosa más que un serio y muy peligroso debilitamiento de la investigación.
Argumento recurrente de las instituciones del gobierno central. Sin embargo, “los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita” no son necesariamente los que están planteados en los planes nacionales de desarrollo. En estos planes hay interferencias de sectores y de intereses políticos que, en general, las universidades siempre han buscado evitar para no caer en una distorsión ni restricción de sus enunciados misionales. La universidad pública es una institución de la sociedad y para la sociedad. El papel histórico jugado por ellas es, en este sentido, fundamental como contribución al desarrollo del país y a la búsqueda de bienestar para la sociedad en general.
La formación profesional en carreras técnicas, ingenierías y otras, es naturalmente muy importante. Sin embargo, “los énfasis” de la formación universitaria no pueden quedar circunscritos a este tipo de carreras. La sociedad necesita contar con profesionales en todos los campos del saber. En el actual contexto de la crisis sanitaria, pasa a quedar en evidencia la necesidad de que, por ejemplo, las instituciones de salud cuenten con la labor de análisis y de asesoría que pueden brindar los profesionales en psicología social, para que ayuden a las autoridades de salud a prevenir y controlar posibles desencadenamientos de patologías psicológicas a raíz del confinamiento y también de la angustia por la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, la incertidumbre que se proyecta hacia futuro y otros tantos factores que podrían estar generando tendencias de patologías psicológicas en la sociedad.
No se puede equiparar el sistema universitario público con el sistema privado. Se trata de dos regímenes totalmente distintos. A lo sumo, lo que sí se puede hacer es que se exija y cumpla una evaluación de la calidad académica especialmente en las universidades privadas. La sociedad necesita que se le garantice que lo que las personas paguen a una universidad privada por los servicios de enseñanza sea, en efecto, de calidad.
Después de tres décadas en que da inicio en Costa Rica el auge de las universidades privadas es sabido que hasta la fecha la gran mayoría de ellas no rinden cuentas sobre la calidad académica de las titulaciones que están vendiendo. Una gran mayoría de ellas tampoco dan información sobre sus planes de estudio.
La “coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas” es una demanda ilusoria. Deja de lado que las universidades privadas responden a sus propios intereses de mercado y que para ellas no existe ninguna fiscalización por parte del Estado en relación con lo que hacen.
Las universidades públicas, con base en la autonomía institucional que les asiste, responde con su oferta académica a las necesidades de formación profesional y técnica que la sociedad necesita. Actualiza sus planes de estudio y cuando es necesario crea nuevas carreras. Esa es la institución universitaria que la sociedad necesita; una institución que orienta a la sociedad y que promueve e impulsa el desarrollo del país con equilibrios intersectoriales, con inclusión de los diversos sectores sociales y productivos y con pertinencia de la formación que proporciona.
“Poderles contar como socios estratégicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública y no únicamente, posteriormente, durante la Agenda Nacional de Cooperación o, también, poderles hacer partícipes, de una manera más directa, en el plan estratégico nacional, que esta visión de largo plazo, al 2050.”
Las universidades no pueden ni deben plegarse ni asociarse con los planes nacionales de desarrollo. Esto necesariamente implicaría dejar de lado o minimizar su autonomía e independencia para realizar análisis crítico de las propuestas del desarrollo nacional. Por disposición constitucional, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, esta institución tiene a su cargo analizar propuestas de política pública y proyectos de ley y dar su criterio. Esta es una forma en que la universidad contribuye a mejorar la orientación estratégica que tales políticas pueden tener para un desarrollo económico equilibrado y para la mejora del bienestar común en la sociedad.
Desde hace bastantes años, las políticas públicas asociadas a los planes de desarrollo han sido claramente lesivas para sectores específicos de la sociedad, por ejemplo, el sector agricultor. Los planes nacionales de desarrollo, como políticas de Estado, requieren del juicio crítico de un actor que no forme parte del gobierno central ni que esté asociado a este de manera subordinada. Para eso están las universidades públicas.
Por supuesto, las universidades públicas pueden ser y siempre han sido colaboradoras cuando se trata de desarrollar acciones en COORDINACIÓN con las distintas instituciones del Estado. Siempre ha existido una relación de sinergia entre el PLANES del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los planes nacionales de desarrollo. En vez de establecer rigideces y camisas de fuerza, la lógica de una administración pública propositiva y fructífera debería plantearse en términos de diversidad de actores institucionales.
Lo que aquí se dice es totalmente contradictorio. Es como decir: “te vamos a establecer un marco rígido del cual no te podrás mover en ningún sentido, pero tenés plena libertad para hacer lo que querrás ahí dentro”. Bien se sabe que, en buena lid, las políticas públicas constituyen parámetros de proyección cuya ejecución debe ser evaluada, corregida y mejorada según sean los resultados de la evaluación. Entre las políticas públicas y las políticas institucionales de las universidades, según ya se ha indicado, existen necesariamente confluencias y sinergias. Las universidades pueden muy bien representar marcos de referencia para la evaluación de las políticas públicas.
En la medida que se les obligara a subordinarse a los planes nacionales de desarrollo y a las políticas de las instituciones del Estado, las universidades pasarían a convertirse en no otra cosa que en dependencias de esas instituciones. Consecuentemente, con ello ya habrían perdido toda posibilidad de tomar sus propias decisiones en materia de su oferta académica, de la definición de la investigación y de la prestación de los servicios de la acción social.
No es necesario que Mideplan esté en el CONARE para que las universidades presten el tipo de asesorías que aquí se mencionan. Es interesante que se reconozca la capacidad que tienen las universidades para el diseño de programas y proyectos de inversión pública, pero que con mayor énfasis aún se demande la incorporación de Mideplan al CONARE.
Por lo dicho anteriormente sobre la condición de agente de análisis crítico de las universidades públicas, estas instituciones no debieran operar dentro de un instrumento único. Por otra parte, a propósito del “largo plazo”, diversos centros e institutos de investigación de las universidades han elaborado propuestas de largo plazo para atender problemas prioritarios del país; sin embargo, en una gran mayoría de casos las autoridades de gobierno no las han tomado en cuenta. No es de recibo insinuar que las universidades públicas operan en el marco del corto plazo y que se olvidan de tener una visión estratégica, con proyección de futuro, del desarrollo nacional. Es todo lo contrario.
Desde su origen, el TEC es una institución universitaria especializada en ingenierías y carreras técnicas. Es decir, es una institución sectorializada que atiende las demandas de formación de sectores vinculados a la tecnología, la construcción, la agroindustria, tecnologías del medio ambiente, computación e informática. Nadie podría objetar nada al respecto. Pero de decir que es la “universidad del futuro” porque imparte las carreras que más demanda el mercado laboral es decir una evidente falacia. Significa privilegiar un sector del mercado laboral y dejar por fuera a los demás. Si se está hablando de una preocupación por el desarrollo nacional, no se puede dejar al margen la formación en educación, salud, ciencias sociales, artes y otras muchas carreras más.
Está más que probado que la inversión extranjera directa no resuelve el problema del desempleo. Además, se trata de empresas de producción industrial o de maquilas que operan con privilegios fiscales y cuyo mercado laboral, por los niveles de organización tecnológica de sus procesos de producción, no constituyen fuentes de trabajo tan significativas según lo quiere hacer ver la Comisión.
Igual que muchas otras cosas que se afirman en el dictamen de la comisión, esta afirmación también es radicalmente falaz, tendenciosa y desconocedora del significado de la universidad pública y de los beneficios que ella aporta a la sociedad.
Desconoce la evidencia que aporta este mismo documento, que al final presenta la lista de las personas que cuentan con los mayores salarios en las universidades públicas. Habría que decir cuántas personas en las universidades tienen un salario mayor a 4 millones de colones y qué proporción de la planta docente y administrativa representan esas personas. Este documento es solo un rosario de falsedades que se asumen como argumento para buscar la destrucción de las universidades públicas.
El término privilegios se convierte en una muletilla vacía que sirve como arma de destrucción masiva, a la vez que obvia los intereses de la sociedad por contar con la educación superior pública y con los servicios de investigación y de acción social que las universidades públicas proporcionan. El foco de ataque son la UCR y la UNA. Las otras universidades públicas “hacen mucho con poco” y, además, el ITCR ya fue declarado en el documento como “la universidad del futuro”.
El enfoque de mercado por encima de la visión integral de la formación profesional universitaria. Restringir la visión del quehacer formativo de la universidad a las carreras que respondan “a las necesidades del mercado laboral” significa no solo cercenar el cuerpo académico de la universidad, sino también direccionar la formación universitaria hacia carreras que responden a un determinado sector del mercado laboral; el sector precisamente vinculado a la economía de capitalismo corporativo transnacional y el que representan las empresas nacionales inscritas en la dinámica de la globalización neoliberal. En este sentido, cuando se habla de fortalecer la oferta de educación superior en las regiones, de lo que se está hablando es de algo muy difuso, en la medida en que de lo que se trata es de habilitar fuerza de trabajo técnica en las regiones para ser empleada por ese mercado laboral corporativo, pero no en recuperar ni potenciar las capacidades productivas locales para promover el desarrollo y el bienestar social local a partir de las propias particularidades productivas de las regiones.
Ahora entonces ya sí lo dijeron: de lo que se trata es de invertir en el fortalecimiento de la oferta de educación superior técnica en las regiones para habilitar fuerza de trabajo que permita desconcentrar de la zona urbana de la GAM a las empresas de zonas francas. Es lo dicho anteriormente: lo que interesa no es la educación superior en las regiones para estimular y dar soporte al desarrollo local, sino para habilitar fuerza de trabajo técnica para las empresas de inversión extranjera directa y también para las empresas nacionales vinculadas a la economía de la globalización neoliberal.
¿Con qué criterio académico y de planificación prospectiva las diputadas y los diputados le podrían decir a las universidades cuáles carreras impartir y cuáles no? Por tal razón, hay que eliminar o debilitar la autonomía universitaria en la Constitución para que sean las personas integrantes de una comisión legislativa quienes les indiquen a las universidades públicas cuáles carreras impartir y cuáles no.
La Universidad que cumpla con los indicadores que los señores diputados determinen, esa universidad será “premiada” y, así, cada vez que se entreguen los fondos del FEES, la distribución podrá variar en función del cumplimiento de esos indicadores. Es decir, ya no se trata únicamente de condicionar la entrega de los recursos del FEES a la reducción de personal (administrativo, se ha dicho) y a la rebaja de los salarios en las universidades, sino también que los diputados se atribuyen la facultad de realizar la correspondiente distribución del presupuesto, de conformidad con sus decisiones políticas. Y es por eso entonces que se hace necesario subordinar la autonomía universitaria a las decisiones económicas en materia de aprobación de presupuestos nacionales para la educación superior pública.
De nuevo, uno de los aspectos medulares en que recalca este documento es la intervención, fiscalización y determinación política externa, efectuada de manera cruzada entre el poder ejecutivo y el legislativo, de la disposición y organización de los presupuestos por parte de las universidades. De esta manera, las rectorías de las universidades pasarían a ser no más que empleadas al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Y aún así afirman en este documento que lo que buscan es mejorar el desempeño de las universidades y no afectar los alcances de la autonomía universitaria.
Una vez más, interferencia política externa sobre las decisiones de política y de inversión de las universidades públicas. Tal como se puede ver a lo largo de todo el documento, la aprobación del FEES estaría supeditada a la intervención de las decisiones políticas externas en materia de desarrollo institucional, definición de programas de inversión, costo de los aranceles, oferta académica y gestión de la investigación.
Esta indicación inentendible refleja muy bien el nulo o muy bajo nivel de comprensión que tienen las personas integrantes de la comisión acerca de lo que es una universidad pública. Imagina esta gente que las universidades son como una especie de planta industrial donde se fabrican profesionales y también paquetes de objetos tecnológicos.
[1] Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica.
10 de junio del 2020. El Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas después de conocer y analizar el informe de mayoría presentado por diputados que integran la Comisión Legislativa que estudió el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), manifestamos:
1) Universidades públicas y su contribución al país
Las universidades públicas son generadoras de conocimiento, centros de pensamiento crítico, formación integral y análisis de la realidad nacional. Las universidades estatales han desempeñado un papel vital en la consolidación del sistema democrático y la paz de nuestro país; gracias a su contribución al progreso social, económico, científico, cultural y ambiental de Costa Rica. Esto lo han hecho por medio de la generación del valor público producido por el sistema universitario estatal para el país, aportando profesionales de alto nivel, investigación científica y tecnológica, proyectos de extensión y acción social en diferentes comunidades, reforzando un modelo de país solidario, inclusivo y de bienestar para toda la ciudadanía.
Para ello, ha sido y es indispensable garantizar el adecuado financiamiento de la educación universitaria frente a intereses particulares económicos y políticos. Esta garantía ha sido elevada a rango constitucional por los artículos 78 y 85 de la Constitución Política.
La universidad pública forma profesionales en diferentes áreas de conocimiento: las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías, importantes para fortalecer el acervo cultural, artístico, intelectual, científico de nuestro país, sin menoscabo de ninguna disciplina del conocimiento, propiciando así una formación integral y humanística de nuestros profesionales.
El dictamen de mayoría presentado no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos.
Estamos convencidos de que las universidades estatales seguirán siendo fundamentales y necesarias para el futuro de Costa Rica. Cada una de las universidades estatales que conforman el sólido y consolidado sistema universitario público, seguirá cumpliendo su misión con la sociedad costarricense y continuarán trabajando en procura del desarrollo nacional.
2) Composición de CONARE
El CONARE fue creado por el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, como un ente de coordinación del sistema universitario público.
Es un órgano propio de las universidades públicas y cuya adhesión es voluntaria, por lo que incorporar a otras entidades fuera de su ámbito no corresponde ni a su naturaleza jurídica ni a su autonomía. CONARE es el órgano responsable de la coordinación y la articulación de la gestión del sistema universitario estatal, en respeto a la autonomía de cada uno de sus miembros.
3) La Comisión de Enlace articula la gestión universitaria con las políticas públicas
En el Convenio de Coordinación y en la Ley Nº6162 de 1974 se considera la existencia de la Comisión de Enlace, conformada actualmente por los cinco Rectores, un representante estudiantil y cinco Ministros de Estado (Educación, Presidencia, Hacienda, Planificación y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones). Corresponde a esta Comisión de Enlace discutir y comunicar las iniciativas pertinentes para la formulación del PLANES, considerando políticas públicas de desarrollo, definidas por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo. Le corresponde también negociar y definir el monto del FEES y una Agenda de Cooperación Gobierno – Universidades Públicas, que procura desarrollar proyectos conjuntos para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente.
La última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República.
4) Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES)
El quehacer de las Universidades Públicas se encuentra estrechamente articulado con el desarrollo nacional. CONARE analiza, considera e incorpora los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo vigente en la formulación del PLANES, tal y como se establece en el artículo 85 de la Constitución Política.
Esto fue confirmado por la jerarca de Planificación en audiencia ante esta comisión especial legislativa para estudiar el FEES, donde explicó que el Plan Nacional de Educación Superior de las universidades públicas (PLANES) se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional. Esto significa que el FEES, expresión presupuestaria del PLANES, contribuye con el cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales
En el marco de un proceso permanente de mejoramiento continuo, las universidades y el CONARE han incorporado un mayor número de indicadores estratégicos al PLANES, actualmente suman 114 indicadores con su respectiva ficha técnica, línea base y metas quinquenales anualizadas, Entre los que destacan: matrícula, graduación, becas, carreras acreditadas y regionalización.
5) FEES
La asignación del 8% del PIB para la educación, consignada en el artículo 78 de la Constitución Política, el cual la Sala Constitucional en diferentes años y sentencias (2010- la No. 11043, 2011-la No.15968, 2012-la No.06416, 2016-la No. 12803, 2019-la No.09724) ha ordenado cumplir a los poderes, Ejecutivo y Legislativo.
De este presupuesto total de educación las universidades estatales reciben menos de la quinta parte.
Este es un momento adecuado para reconocer que la evidencia científica debe ser uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Con los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de las universidades públicas, pero también de todos los aportes de las universidades públicas en la lucha contra el COVID-19, demostramos que poner en entredicho la inversión en la educación superior y en la investigación nos aleja del camino del desarrollo que anhelamos. No se debe limitar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ni mucho menos de la educación superior pública que permite contar con el capital humano para enfrentar las crisis sanitarias, económicas y ambientales.
La actual situación pandémica ha demostrado que los países que han invertido en educación y salud pública son los que mejor han enfrentado esta crisis y logran apuntalar el desarrollo económico con mayor equidad.
6) Calidad y excelencia académica
Previo análisis en el seno de la Comisión de Enlace en 1993, el CONARE creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el cual evalúa y acredita, mediante estándares internacionales, la calidad y la excelencia académica de las carreras y programas impartidos por las universidades tanto públicas como privadas. La objetividad e independencia del SINAES fue garantizada mediante la ley N°8256, promovida por el propio CONARE.
Las casas de educación superior pública cuentan con 144 carreras acreditadas, tanto por el Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior (SINAES) como otros órganos internacionales de acreditación, tal es el caso de las carreras de ingeniería de la UCR y el TEC que fueron acreditadas internacionalmente por la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingeniería (CEAB). Además, la Agencia Francesa de Acreditación otorgó la acreditación institucional al Instituto Tecnológico de Costa Rica y tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica han iniciado este proceso institucional.
Como parte de la gestión permanente de la calidad, las universidades estatales están comprometidas con la revisión, actualización y modernización permanente de la oferta académica, tanto de las denominadas STEAM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) como también las denominadas SSH por sus siglas en inglés, que comprenden las humanidades, las ciencias sociales, la educación, la cultura, las ciencias económicas, el arte, el ambiente, los idiomas y el deporte.
7) Ley No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Sin perjuicio de su propia autonomía e independencia constitucionales, temas que han sido sometidos a valoración del Poder Judicial, las universidades públicas han adoptado voluntariamente acciones necesarias para cumplir los fines de la Ley Nº 9635. Desde la formulación inicial de los presupuestos 2020, entregada a la Contraloría General de la República en setiembre del 2019, las universidades estatales y CONARE estructuraron sus presupuestos conforme con la regla fiscal.
En ejercicio de su potestad de autogobierno, en el año 2015 las universidades públicas realizaron un estudio actuarial a fin de determinar su sostenibilidad financiera. De este estudio han derivado estrictas medidas de contención del gasto y las denuncias planteadas por los Rectores ante el Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas existentes, con el objetivo de una renegociación de las mismas.
8) Regionalización
Por medio del PLANES, el CONARE promueve el desarrollo y el aumento de las inversiones destinadas a las regiones del país, así como acciones sistémicas de apoyo a las políticas institucionales de regionalización, destinando recursos humanos y presupuestarios adecuados para responder a las necesidades territoriales.
Como parte de la estrategia del fortalecimiento de la regionalización, las universidades estatales han realizado inversiones importantes, especialmente con la reciente ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Pública, financiado por el Banco Mundial, el cual ha reconocido públicamente en sus evaluaciones hechas al citado proyecto la eficiencia, la eficacia en la ejecución del mismo y el logro de los objetivos de este proyecto.
Como consolidación de este fortalecimiento, en el 2019 el CONARE creó los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional (OCIR) en las cinco regiones del país. Permitiendo mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario estatal en sus propias regiones, fortaleciendo las capacidades regionales en docencia, investigación, innovación, emprendimiento, extensión, acción social y vida estudiantil, así como el desarrollo local desde las comunidades, en coordinación con las instituciones del gobierno y del sector privado.
Para CONARE el tema de regionalización ha sido prioritario desde hace muchos años y muestra de ello es que ha destinado por más de una década, sustanciales recursos adicionales a los invertidos por cada universidad de manera específica. Por medio del Fondo del Sistema (FEES), desde el 2018 se han destinado por año más de 1000 millones de colones para que sean invertidos en las regiones.
9) El informe de mayoría emitido por la Comisión que estudió el FEES es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales y al CONARE, se distancia de la necesaria objetividad, del equilibrio deseable y requerido para un análisis serio y profundo de un tema trascendental como lo es el estado actual y las perspectivas futuras de la educación universitaria pública.
Por tal motivo, las universidades públicas y CONARE trabajan en documentos que permitan a la opinión pública realizar un análisis objetivo de las universidades estatales, apegado a la realidad, sustentado en números, datos e información veraz y comprobada.
CONARE y las universidades estatales reiteran su compromiso con el país y la ciudadanía por medio de la mejora continua, la transparencia, la calidad, en un ejercicio permanente de autocrítica.
Enviado por UNA Comunicación.
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“Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional hemos insistido en generar cambios estructurales para mejorar la inversión en lo estratégico”, afirmó Noel Cruz, presidente de esta agrupación estudiantil, quien es enfático en que los cambios que sugiere la comisión legislativa que analiza y estudia el FEES deben surgir a lo interno de las universidades, en ejercicio pleno de la autonomía.
El dirigente estudiantil explicó que desde la Feuna consideran fundamental que las universidades públicas, y la UNA en particular, generen acciones contundentes que garanticen la sostenibilidad financiera y la posibilidad de invertir en lo estratégico, incluyendo un plan de fortalecimiento del Fondo de Becas Estudiantiles, atención al modelo de regionalización, modernización de la oferta académica y atención de la condición de interinazgo del sector académico.
“La mejor manera de defender el presupuesto universitario es innovando y reformándolo”, subrayó.
En su criterio, esto es necesario para poder atender las necesidades actuales de nuestra sociedad costarricense frente a una crisis inminente.
La posición del presidente de la Feuna es compartida por Andrea Carazo y Darío Segura, ambos representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario de la UNA.
“Hemos sido contundentes en que el estado y las instituciones públicas exigen cambios que les permitan atender las necesidades actuales de la sociedad”, aseguró Carazo.
Además, recalcó que en el marco de la autonomía universitaria, la Feuna ha propuesto un ejercicio de autocrítica en la distribución del presupuesto universitario, para que se continúe atendiendo a los sectores más vulnerables a través de prioridades: las becas estudiantiles, regionalización, derechos humanos y calidad académica.
Por su parte, Darío Segura considera que la defensa del presupuesto universitario tiene que pasar por una revisión interna, haciendo los ajustes necesarios y correspondientes, específicamente en partidas salariales, con el fin de mejorar las condiciones y oportunidades que se le ofrecen al sector estudiantil.
Por una reforma a lo interno
Los líderes estudiantiles recordaron que desde 2018, la Feuna presentó una agenda de reforma y reestructuración universitaria a las autoridades (#LaUQueMerecemos), desde una perspectiva autocrítica de la gestión universitaria.
La propuesta se presentó con la intención de ser una federación propositiva ante los retos país que enfrenta nuestra sociedad, con la convicción de que la educación pública es necesaria para reducir las brechas de desigualdad.
Después de casi dos años, los representantes de la Feuna sostienen que aún no se han tomado medidas contundentes que atiendan la sostenibilidad financiera, una claridad sobre la innovación de la oferta académica y un modelo de regionalización.
“Esa ha sido la postura política que la Feuna ha promovido en todos los espacios, incluida la comisión legislativa que analiza y estudia el Fees”, reitera Noel Cruz, presidente de la agrupación estudiantil de la UNA.
No obstante, Cruz reiteró que los problemas señalados por la comisión legislativa deben de ser atendidos por las propias instituciones de educación superior, en el ejercicio de la autonomía universitaria.
“Consideramos peligrosas algunas declaraciones que han surgido de esta comisión, ya que pueden rozar con los principios constitucionales y la autonomía universitaria”, subrayó el presidente de la Feuna.
Insistió en que desde la agrupación estudiantil defenderán los principios resguardados por la Constitución Política; “rechazamos cualquier intento que violente los principios constitucionales y debilite la autonomía universitaria”.
Añadió que la actual crisis por la covid-19 ha dejado en evidencia el rol clave de las universidades públicas para nuestra sociedad, por lo cual, de este contexto las universidades deben salir fortalecidas, como una estrategia país para reducir la desigualdad. “Eso inicia por decisiones que permitan garantizar el uso de recursos a lo interno en las áreas estratégicas”, resaltó.
Cruz anunció que próximamente la Feuna propondrá otra serie de medidas a distintas autoridades, con la intención de concretar acciones sobre la línea de la sostenibilidad financiera y con esto dar señales a la sociedad costarricense que indiquen que las universidades y las instituciones públicas sí pueden emprender la ruta de reforma interna.
Información enviada a SURCOS por la Oficina de Comunicación UNA.
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