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• Los representantes estudiantiles, por primera vez, participarán en la Comisión de Enlace del Consejo Nacional de Rectores

La anulación del desvío de ₡35 000 millones para gasto de capital y el acuerdo de no crear ninguna nueva clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no fueron los únicos logros alcanzados tras la marcha multitudinaria convocada por el movimiento estudiantil el martes 22 de octubre.

A raíz de la convocatoria, los jóvenes también lograron un acuerdo histórico con el Consejo Nacional de Rectores (Conare): ser parte de la Comisión de Enlace, ente encargado de negociar el monto del FEES, en el cual no existía ninguna representación estudiantil.

“Lo ocurrido en los últimos días dio cabida a la importancia de la representación estudiantil en espacios para la toma de decisiones, tanto a lo interno como a lo externo de las universidades públicas. Por ejemplo, en la Comisión de Enlace. Es importante indicar que se han generado varias críticas a la forma en cómo se invierte el dinero en las universidades públicas. Por eso, nosotros como movimiento estudiantil nos comprometemos a ser críticos sobre la forma en cómo se invierten los recursos a nivel interno, en el marco de la autonomía, para crear una sociedad más democrática y justa”, manifestó Andrea Chacón Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

Con este nuevo acuerdo, se modificará el convenio que coordina la educación superior pública costarricense. Así, los representantes estudiantiles de las diversas universidades públicas podrán tener una voz, aún más activa, cuando se realicen las negociaciones.

“El involucramiento de los estudiantes en la Comisión de Enlace es una decisión que responde a un propósito de décadas articulado por las representaciones estudiantiles. El Gobierno de la República ha expresado su concordancia con la respuesta emanada por Conare. También, se compromete a realizar las gestiones pertinentes para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas en el ejercicio de su independencia funcional en ejercicio del autogobierno y la autoadministración”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington.

Para que el acuerdo se concrete aún falta que el presidente de la República, Carlos Alvarado, emita el decreto ejecutivo destinado a modificar oficialmente la forma en cómo se integra la Comisión de Enlace. Dicho cambio entrará a regir una vez que sea ratificado por los consejos universitarios de las universidades públicas.

Acuerdos claves

Otra de las decisiones tomadas el 22 de octubre fue reclasificar los gastos considerados como corrientes para contabilizarlos como gastos de capital. Lo anterior permite que, a lo interno de las universidades, un total de ¢35 000 millones pasen de la línea de gasto de capital a la línea de gastos operativos, lo cual mejora el uso de los recursos.

De igual forma, se habló sobre la posibilidad de que el FEES se negocie de manera quinquenal —en la medida que la situación financiera del país lo permita, a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a la educación— y que las únicas clasificaciones permitidas serán aquellas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas. Esto en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), en el cual se incluye el componente de gasto de capital.

Los acuerdos establecidos permitirán que las universidades públicas realicen sus labores normales y puedan responder a los compromisos adquiridos con la población estudiantil. Entre ellos, proporcionar becas, contratar docentes, fortalecer la oferta de cursos, así como robustecer el funcionamiento de las sedes, recintos, docencia, acción social e investigación.

La marcha salió del pretil de la Sede Rodrigo Facio rumbo a Casa Presidencial. La movilización se denominó «Somos U públicas» y fue convocada por el movimiento estudiantil.

La manifestación se generó luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara el desvío de ¢70 000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a inversión de capital, lo cual imposibilitaba usar ese dinero en otros rubros como becas, investigaciones y proyectos de acción social.

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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El Concejo de Escuela de Ciencias Sociales, en Sesión Extraordinaria n° 24-2019 celebrada el 21 de octubre de 2019, artículo 3:

CONSIDERANDO QUE:

1. “Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal Costarricenses constituyen, desde su fundación, un elemento insustituible en la búsqueda permanente del desarrollo nacional, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en el mantenimiento del equilibrio ambiental y la reducción de la huella ecológica, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la potenciación de la participación colectiva, en la igualdad de oportunidades sin diferencias, entre otras, de género, etnia, religión, extracción social, preferencia sexual, necesidades especiales y formas de aprender, en el respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la cultura de paz, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, en la protección de la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad y justicia social.
2. Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica garantizan la autonomía universitaria, el autogobierno y el financiamiento de las universidades públicas.
3. El Poder Ejecutivo en la persona de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, tomó la decisión unilateral de reasignar, primero, ¢ 70.000 millones y luego la Asamblea Legislativa ¢ 35.000 millones del FEES 2020, en el rubro de “transferencias de capital”, lo cual constituye una medida autoritaria que atenta directamente contra la inversión en Educación Superior Pública de Costa Rica. Esta decisión se da a pesar de que el CONARE había aceptado asignar estos ¢ 70.000 millones, pero tomándolos del presupuesto general de las universidades y no del FEES.
4. La reasignación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tendrán perjuicios directos en las universidades públicas, como la posible reducción de becas y servicios estudiantiles, límites de matrícula, eliminación y restricción de proyectos de investigación, acción y extensión social, disminución de contratación de profesores (as), entre otras restricciones ya indicadas por las Rectorías de las Universidades, todas las cuales ponen en condición de emergencia a las universidades públicas e impedirán el fortalecimiento de la Educación Superior Pública.
5. El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, asumieron, una vez más, acciones contra la inversión en educación superior, en consonancia y cumplimiento de una política económica de austeridad y restricción que atenta contra el Estado social costarricense, incluidas la cultura, la salud y la seguridad social en general. Esas medidas incluyen, entre otras, la aplicación de la Regla fiscal, la imposición de un impuesto del 2% a las compras de las universidades estatales (a pesar de que no se ha definido un mecanismo para su devolución a las universidades) y la inclusión del INA y la Red de Cuido, en el 8% del PIB destinado a la educación pública”.

SE ACUERDA:

1. “Hacer un llamado a la defensa del modelo de universidad pública costarricense, de su papel fundamental en la promoción del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
2. Rechazar la decisión unilateral del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de reasignar cualquier monto del FEES 2020, por contravenir lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica.
3. Asumir el compromiso de reforzar la campaña de comunicación sobre el aporte de las universidades públicas a la sociedad costarricense, como acción de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que recibimos del pueblo de Costa Rica.
4. Participar activamente en la marcha del martes 22 de octubre del 2019, convocada inicialmente por los y las estudiantes de la UNA y la UCR, y ahora acuerpada de forma unánime por las 5 universidades públicas, en defensa del Estado y la inversión social, la educación pública superior garantizada en la Constitución Política de Costa Rica y la defensa de la autonomía universitaria.
5. Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional.” ACUERDO FIRME.

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