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Etiqueta: universidades públicas

Una graduación de manos trabajadoras

Les comparto la historia de una graduación tan significativa, de manos trabajadoras y conscientes porque nos muestra a todas las personas profesionales cuál es nuestro deber, que no tenemos permiso de ninguna manera de bajar los brazos y que sólo queda insistir y resistir para luego resistir e insistir…

Por María José Murillo Chaves

El muchacho joven que me entregó el cartoncito -llegó por correos de CR- me dio un chispazo de luz que quisiera compartirles a quienes están recibiendo el suyo.

Con mucha alegría y detenimiento me dijo que él me iba a graduar, que muchas veces es mejor algo sencillito que una ceremonia ostentosa, dedujo que como todo esfuerzo académico, me costó lágrimas, sacrificios y esfuerzos, lo agarró y me dijo: «este es por los muchos que queremos uno». Me miró a los ojos, me dijo mi nombre y me felicito con tanta sinceridad en sus palabras y mirada que lloré, a mares eso sí.

Agradezco tantísimo recibir este título del chico que se bajó empapado de su moto con su sonrisita para felicitarme, de manos de un trabajador que entiende el valor del esfuerzo y la necesidad de la Educación Universitaria y de quien reconoce que lo importante no es la ceremonia, es el sencillo momento de reconocer, mirándome a los ojos y con voz quebradiza, el esfuerzo que hemos hecho todas en mi familia para estudiar y las movilidades que eso ha implicado.

Agradezco inmensamente no recibir este cartoncito en una ceremonia de falacias y burlas a lo que sustantivamente significa la Educación para mí, el no haberlo recibido de las manos de quienes, consciente y voluntariamente, se han encargado de desquebrajar y ridiculizar el Sistema de Educación Superior Pública, ni de quienes por su servilismo político, tratan a las y los estudiantes como cosas y números sin saberes ni sentires.

Me duele inmensamente los discursos que denigran los saberes y esfuerzos que desde las Ciencias Sociales hacemos por un mundo mejor. Me preocupa porque por discursos así, nuestras márgenes de acción se reducen y sobre todo, porque hay personas que les escuchan, les dan la razón y reproducen ideas tan violentas. Me da rabia porque son los «argumentos» vagos dados por diputadxs para reducirnos el FEES y una se da cuenta que, pucha, al chile son tremendos ignorantes quienes toman las decisiones legislativas sobre nuestras vidas. Y ahí sale a la luz la necesidad de que quienes profesan tanta ignorancia campantemente, no estén ahí.

La Educación es colectiva y debe ser pública porque queremos aprehender y transformar el mundo para hacerlo mejor, y no lucrativa porque es lucro para unos pocos y sacrificios de vida para muchísimas familias. En serio, el bocado del día a día de muchisisísimas familias se condiciona a los deseos de lucro de esos poquitos infames, sobre el deseo de estudiar para trabajar dignamente.

A mis colegas que lo han recibido, estoy segura de que no se los regalaron y soy testiga de su esfuerzo y amor por la Sociolocada.

¡Los demás agradecimientos ya fueron dados y llorados!

 

Compartido con SURCOS por Marcela Zamora-Cruz.

Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES

Yamileth González García*

  1. El Informe dictamen de mayoría, (Expediente 21.052) de la “Comisión Especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de Ley o Reformas en relación con la administración del FEES” (CE-FEES), de la Asamblea Legislativa es bastante deficiente, parte de premisas a las que no se les da comprobación con hechos y documentos fehacientes, por lo tanto, resultan poco cercanas a la “verdad”.
  2. Tiene muy débil sustento, dice estar realizado “… con base en la normativa vigente y en la información que trascendió en prensa, en las manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior” (CE-FEES), o sea que la parcialidad campea, es un estudio hecho sobre diversas opiniones, sin una necesaria base documental. No es una investigación como debería demandar una institución como la Asamblea Legislativa, la cual, después de un año de trabajo, consista simplemente en un cúmulo de audiencias descoordinadas.
  3. Además, como muestra de inconsistencia, por ejemplo, el Informe señala una “metodología” acordada por la Comisión, que consiste nada más que en fijar un horario, recibir audiencias y establecer tiempo de exposición, como ellos lo señalan: “La Comisión estableció como horario de sesión los días lunes de 9 a.m. a 11 a.m.; la dinámica de la investigación es la recepción de audiencias por sesión, además de realizar consultas a las diferentes instituciones y partes interesadas” (CE-FEES).
  4. Como un dato que revela la falta de seriedad el “estudio” centra su atención en probar lo que los diputados y diputadas dijeron antes de iniciarlo; no aporta nada nuevo a lo que mencionaron antes de hacer esta “investigación”.
  5. Es un “estudio” que le sirve de excusa a la comisión para ir más allá del encargo original (proponer proyectos o reformas en relación con la administración del FEES); no obstante, se excede en espacios académicos, más allá de lo que significa la administración de los recursos.
  6. Por otra parte, el Informe parece responder a los requerimientos que varios de los organismos internacionales vienen señalando, desde décadas atrás: la necesidad de que las universidades generen sus propios recursos, aumenten el costo de la matrícula, fortalezcan las carreras técnicas y los diplomados, que se le de freno a la autonomía universitaria, ya que la conciben como un obstáculo para someter las universidades a las decisiones políticas y económicas del Gobierno, etc…,etc., Así tenemos, por ejemplo:

         Es un estudio que violenta la autonomía universitaria, aunque dicen no querer hacerlo, cuando afirman que: “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cual este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior. (…) Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política…” (CE-FEES). El párrafo muestra una flagrante contradicción, ya que la Asamblea Legislativa, según el principio constitucional, no puede tener participación directa en el ordenamiento universitario sin afectar la autonomía. Sin embargo, en esa afirmación se puede leer una amenaza velada a las universidades, ellos son el primer poder de la República y aprueban los presupuestos.

         Una de las violaciones más profundas a la autonomía de las universidades, se da cuando el Informe señala que “Cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 185 de la Constitución Política o, el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero prima por sobre el de autonomía universitaria” (CE-FEES).

Esto es inadmisible, supondría un retroceso a una importante conquista que las universidades han conseguido con un alto costo y que implica la esencia misma de su misión y las protege frente a abusos de poder, permite el desarrollo del libre pensamiento y la creatividad; posibilita tener un gobierno propio sin intromisiones políticas, económicas o de cualquier otra índole … Sin un financiamiento adecuado, no hay autonomía. El acto de ejercer ese derecho pasa por conseguir, de parte del Estado, un financiamiento adecuado y sostenible, un fondo que haga posible actuar.

Hay que dejar claro, por otra parte, que la autonomía, no es un cheque en blanco a las universidades, implica responsabilidad y rendición de cuentas claras y transparentes y devolverle a la comunidad, resultados que contribuyan al desarrollo.

         También este Informe violenta la autonomía al pretender que las universidades públicas pasen a la CAJA ÚNICA DEL ESTADO: “A partir del informe de la Contraloría General de la República denominado “La caja única del Estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público”, se recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades, dados sus beneficios para el país, en el régimen de caja única. Lo señalado, a modo de introducción, en el cuerpo de este informe se ampliará a algunas de las propuestas concretas y recomendaciones como resultado de las reflexiones hechas al tenor del trabajo de esta Comisión especial. (CE-FEES).”

Esto, hasta ayer, no era inaceptable, ya que significa entrabamiento del funcionamiento administrativo; la Caja Única nunca ha sido eficiente y limitaría la independencia financiera de las universidades, instituciones que no son una oficina del Gobierno o del Estado, va contra la autonomía financiera, consignada constitucionalmente.

Es precisamente validando ese compromiso de responsabilidad y rendición de cuentas que la universidad debe ser transparente en el manejo de sus recursos y no puede permitirse dejar su administración a otras instancias; pues sino, como respondería ante los convenios de colaboración establecidos con colaboradores nacionales e internacionales de orden público y privado cuyos proyectos de investigación y cooperación en sectores de punta son efectivos en el mediano plazo y permiten consolidar plataformas y estructuras de cooperación entre la universidad, el sector público y el sector privado.

Recordemos que la ley de administración financiera y presupuestos públicos, así como el ordenamiento jurídico existente resguarda la hacienda pública mediante la presentación de presupuestos y planes operativos anuales, estipulados por la misma normativa que son sometidos a la Contraloría General de la República y los procesos de evaluación correspondientes. La autonomía garantiza el autogobierno en un espacio propio del sector público costarricense.

  1. El Informe contiene afirmaciones y propuestas que evidencian un enorme desconocimiento de la realidad universitaria, por ejemplo:

         La siguiente afirmación del Informe demanda reflexión “Costa Rica requiere fortalecer su sistema nacional de innovación a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico. En este objetivo, las universidades cumplen un rol central; por ejemplo, un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto. En un país con recursos limitados y en medio de un periodo de desaceleración económica como la que se experimenta, se debe plantear un debate crítico y reposado sobre cómo acercar las necesidades del sector productivo a las agendas universitarias, en especial las relacionadas con investigación. Por su trascendencia y alto valor (CE-FEES).”

Desde luego que es necesario fortalecer el sistema nacional de innovación, pero el Informe desconoce que las universidades y el sector productivo del país tienen lazos fuertes (que desde luego se deben fortalecer); que no se parte de cero, ya existe un valioso aporte y la coordinación entre estos sectores no es inexistente.

Aquí vale la pena recordar dos ejemplos: la industria agroalimentaria en Costa Rica no camina con éxito, sin el apoyo del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA). Junto al CITA se puede mencionar también al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que por medio de sus especialidades en ciencias del suelo, biotecnología y tecnología poscosecha, realiza análisis el suelo y foliares, de aguas fertilizantes con servicios en biotecnología. Por otra parte, el CIGRAS que es el ente nacional de análisis de calidad de todas las semillas y granos que ingresan al país…, En diversas ocasiones han recibido estos entes donaciones para fortalecer el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional del país. La Estación Experimental Fabio Baudrit, tiene una significativa reserva de germoplasma de diversos productos alimenticios, que pueden, sin duda, ser un alivio ante cualquier situación de inseguridad alimentaria y nutricional. La Fabio, como se le denomina más cercanamente, ha generado una serie de innovaciones como lo son las diversas variedades de frijol que se transfirieron al mercado nacional o más recientemente una nueva variedad de papaya, conocida como la papaya perfecta…

Y en Salud, que mejor ejemplo a citar, que el del Instituto Clodomiro Picado, centro de referencia mundial en la producción de sueros antiofídicos y que hoy se ha visto trabajar en la producción del plasma que ha venido a aliviar efectos del Covid-19. El ICP tiene vínculo con sectores externos a la UCR y es altamente respetado y conocido internacionalmente.

Estos son solo dos ejemplos, de los miles que se podrían comentar, de esa relación entre la universidad pública y la sociedad, buscando aportar al desarrollo nacional, buscando devolver el beneficio social de la educación universitaria.

         Se afirma que: “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. “El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía. Dentro de este contexto dicho valor público no solamente se genera en cuanto al impacto para los estudiantes, sino también sobre cualquier otra actividad realizada por parte de las universidades como la investigación, acción y extensión social entre otras.

El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio (CE-FEES).”

¿Cómo es eso de que deberían estar generando un valor público…? ¿no les es evidente el valor público de las universidades? ¿es que no han visto que, en medio de esta crisis los medios de comunicación refieren todos los días alguna incidencia positiva de las universidades?

         Cómo pueden decir que: “Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades” (CE-FEES).

Esas afirmaciones no tienen ningún respaldo técnico… son especulaciones. No es válido, afirmar que la mayoría del FEES se va en salario millonarios…ni es cierto que no se apoyó la población estudiantil en sedes (significativos esfuerzos van dirigidos a becas y residencias en las sedes o campus universitarios). Es ridículo que se diga que hay que crear valor público y generar vínculo con las comunidades, porque ese vínculo existe y es significativo. Habría sido aceptable que el Informe señalara la necesidad de fortalecer la relación, pero no descalificar a las universidades negándolo.

  1. Se señala que: “El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio.” Y que por eso consideran que “es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido” (CE-FEES. Y también que “es necesario que asuman lo más pronto posible, el reto de establecer una política de autofinanciamiento, que les permita fortalecer las fuentes de recursos para llevar adelante sus objetivos” (CE-FEES).

La afirmación de que los entes universitarios deben generar sus propios recursos, no se puede aceptar, con esa política se busca privatizar la universidad pública. Ya las universidades venden servicios y reciben donaciones significativas y está en sus intereses hacerlo cada día más; pero es inadmisible la insistencia en sustituir el FEES con recursos propios, eso es privatizar la educación superior pública. Entonces, ¿las universidades solo harán, aquello por lo que se paga y no lo que es importante para el país? ¿Entonces la actividad universitaria que no se paga no se haría?

Y está, además, el comentario de que el “… aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva…” refleja una concepción de universidad centrada en graduar estudiantes, y no le dan valor a las otras actividades sustantivas, que son, a la par de la docencia, la investigación y la acción (extensión) social. Estaríamos por lo tanto reduciendo las universidades a “enseñaderos” y limitando su impacto para el país.

  1. Señala el Informe que “LA OFERTA ACADÉMICA ESTÁ OBSOLETA Y DIVORCIADA DEL SECTOR PRODUCTIVO, LO QUE PRODUCE SOBRE OFERTA EN CIENCIAS SOCIALES Y UN ALTO DÉFICIT EN CARRERAS STEM”. Y que “Genera gran preocupación entre los miembros de esta Comisión, lo obsoleta y divorciada del sector productivo, que está la oferta académica, principalmente de la UCR, UNA y Universidad Estatal a Distancia (UNED), que las lleva a generar una sobre oferta en las áreas de ciencias sociales y un alto déficit en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) (CE-FEES)…

Insisto en que la afirmación de que, excepto el ITCR, las demás universidades están obsoletas en su oferta académica no es válida, sorprende, entonces, que según el estudio de empleabilidad más reciente en seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016, realizado en el 2019, en el CONARE la empleabilidad de las Universidades estatales es de 94,6% y el de la UCR, en específico es de 95,2%.

Recordemos también que, la respuesta de la UCR en área tecnológica ha sido congruente y coordinada con el desarrollo nacional. Así́ en el pasado como en el presente, vemos como luego de creado el Mercado Común Centroamericano y del surgimiento de instituciones como RECOPE y el ICE; la UCR diversifica sus programas: la Ingeniería Civil ve nacer la Ingeniería Eléctrica, la Mecánica, la Industrial, la Química y la Agrícola; que décadas más tarde abren posgrados en todas esas áreas y, posteriormente, establecen alianzas con empresas de alta tecnología que llevan a crear nuevas opciones curriculares. La Escuela de Ingeniería Eléctrica amplía la matrícula con nuevas promociones de estudiantes que se imparten parcialmente de forma desconcentrada en la Sede de Guanacaste (Liberia) y, en la Sede del Pacífico (Puntarenas); la de Ingeniería Mecánica lo hace en Tacares de Grecia; Ingeniería Industrial, por su parte, ha graduado a cientos de estudiantes en la Sede de Occidente, en San Ramón.

La expansión geográfica se complementa con otras opciones de estudio, como las maestrías de Comunicaciones Digitales, Sistemas de Mediana y Baja Tensión (que se han impartido en asocio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad y el sector privado y, la carrera de Computadoras y Redes que nace con el fin de apoyar a las empresas de alta tecnología con sus problemas de diseño y pruebas de circuitos cerrados… Nuevas opciones se generan como, por ejemplo, Autotrónica, Microelectrónica, Industria Alimentaria, Hotelería, Ingeniería Ambiental y de Salud…

El LANAMME es indiscutiblemente uno de los centros de investigación que más aportes le han generado al país. Sin el LANAMME, Costa Rica no podría avanzar, exitosamente, en el mejoramiento de las carreteras, desde luego que como Universidad somos instancia de diagnóstico, estudio, análisis y no de ejecución de obras.»

  1. Se insiste en el fortalecimiento de las carreras técnicas, pero eso siempre se ha hecho en las universidades y, si en este momento existe una demanda laboral hay que atenderla y fortalecerla; pero, desde luego no limitando o cerrando otros ámbitos. Si el mercado laboral demanda más técnicos, hay que atender la demanda, pero no cerrando ciencias sociales o artes… ¿Que haría la sociedad sin un pensamiento filosófico, sin escritores, artistas, historiadores, educadores…? El desarrollo es integral y a él caminamos desde diferentes perspectivas disciplinarias.

Además, esa distorsión la causan las universidades privadas que centran su oferta en carreras de bajo costo económico.

  1. “LA ENTREGA DE DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS: UNA FORMA DE DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS REGIONES”, pregona el Informe.

“El presidente de la Comisión consultó sobre el nuevo posible modelo de regionalización que podría establecerse para mejorar los indicadores en las regiones, a lo que se respondió que una forma de mejorar el acceso a la educación es impartir diplomados en las universidades públicas, que se encuentran en las regiones y eliminar la duplicidad de carreras entre las mismas universidades públicas, en aras de que se llenen todos los cupos, por ejemplo la carrera de educación que es una de las más demandadas, debería existir un acuerdo para que, por ejemplo, sea impartida por la UNA y así la UCR pueda impartir otras carreras. … Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto. (CE-FEES)”

Esa afirmación me genera dos comentarios:

El concepto de UNIVERSIDAD, entendida como ente de estudios superiores, está ligado a la formación de grado y posgrado, no a la formación preuniversitaria, como es el caso de los DIPLOMADOS… esa es función de los centros “parauniversitarios” o colegios universitarios, como se llaman. Vale la pena recordar, una valiosa experiencia que las universidades públicas tuvieron, en los años de 1990, con los Colegios Universitarios mediante un Convenio de Articulación ( 1997) que fue bastante exitoso y que permitía a los estudiantes, particularmente de las zonas rurales, iniciar estudios en nivel pre-universitario y luego pasar, si así lo querían, a la universidad, sin hacer examen de admisión y poder así, continuar su diplomado con un grado superior, pero esa experiencia se vino al traste, cuando la Asamblea Legislativa, transformó a la mayoría de esos centros en una universidad.

En el presente, las universidades pueden abrir diplomados y carreras cortas, (algunas lo tienen, como la UNED), PERO con cuidado, ya que el desafío es grande. Las universidades tienen una responsabilidad y compromiso con la sociedad y, esto no es solo un asunto de formación y de calidad, sino que, tiene que ver, también, en cómo se enfrenta esa nueva perspectiva de la formación universitaria que se abrió paso, sustentada en el crecimiento de una demanda y de una presión laboral, que articuladas a partir de un nuevo imaginario social, según el cual una titulación en educación superior puede ser sinónimo de carreras cortas y técnicas, pone en juego y en duda la auténtica naturaleza y razón de ser de la universidad, desaparece la perspectiva de la formación integral y humanista, la formación crítica, reflexiva y dialógica, indispensables para una formación de excelencia e impacto”.

  1. Hay otros temas complejos en el Informe, sobre la repartición del FEES y la recomendación que hacen para que recursos del presupuesto de la UCR y de la UNA se trasladen al ITCR que, las diputadas y los diputados, asumen como la universidad del futuro en Costa Rica.

Asumir la primera recomendación nos haría entrar en fuertes contradicciones, porque, para empezar, no se trata de “desvestir un santo para vestir a otro” y por otra, no es casual, ni antojadizo que unas universidades tengan más porcentaje que otras… Al crearse el Fondo Especial para la Educación Superior cada universidad entró con un presupuesto y las más grandes tenían su presupuesto, que desde un inicio era mayor. El problema es que se fueron creando nuevas universidades sin presupuesto e integrándolas al FEES. Caso contrario el de Universidad Técnica Nacional, que, con fuerte respaldo del Partido Liberación Nacional, la Asamblea le asigna sus propios recursos.

La alusión a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, es la única institución que ha hecho bien su trabajo y , por tanto puede ser considerada como la “Universidad del futuro”, ya que “… ha sido un ejemplo “de hacer mucho con poco”, lo que nos lleva a pensar, que, si contáramos con instrumentos de planificación y evaluaciones rigurosas, de las cuales dependería la distribución del FEES, como ha sugerido este informe, estamos convencidos de que el TEC tendría la posibilidad de acceder más recursos, por sus eficientes resultados…(CE-FEES)”, esta afirmación muestra, (pensándolo amablemente) el desconocimiento, con todo respeto y admiración por el ITCR, de las personas de la comisión especial; no se puede permitir ni pasar por alto esta afrenta para el resto de las instituciones de educación superior pública.

Las encuestas y estudios realizados nacional e internacionalmente, con organismos e instrumentos muy calificados le han dado a las universidades públicas una prestigiosa calificación no solo a nivel latinoamericano sino mundial. (Por ejemplo, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/01/11/el-81-de-los-costarricenses-considera-que-la-ucr-le-aporta- mucho-al-pais.html)

https://www.larepublica.net/noticia/tres-universidades-publicas-destacan-en-la-lista-de-las-mejores-del-mundo

  1. Es importante concluir señalando que las universidades pueden recibir todo tipo de observaciones y recomendaciones, sobre salarios, empleo, etc. Etc. sin que eso signifique violentar la autonomía. Sugerir, proponer, lo que no sería admisible es ordenar. De manera que la afirmación que se hace en el informe, (“…estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto… No puede ser de recibo.

* Ex Rectora UCR (Colectivo Mujeres por Costa Rica).

 

Imagen ilustrativa.

Algunas consideraciones a propósito del dictamen legislativo sobre el FEES

Luis Muñoz Varela[1]

Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha presentado en estos días un dictamen sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se ponen en cuestión la dotación de presupuestos por parte del Estado a las universidades públicas y las funciones sustantivas que estas instituciones desempeñan, así como la validez y los alcances de la autonomía universitaria.

Es pertinente hacer al respecto algunas observaciones puntuales en relación con aspectos que se indican en el documento de dictamen y que derivan en distorsiones o en aseveraciones sin fundamento acerca del quehacer académico y del desempeño de las universidades públicas.

El análisis que aquí se presenta, se coloca en negrita lo señalado en el documento y de seguido se elaboran y presentan los respectivos comentarios.

  1. “Los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión Especial Investigadora suscribimos el presente informe luego de realizar el análisis de la normativa vigente, la información que trascendió en prensa, manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior.”
  2. a) La normativa vigente en relación con las universidades públicas y su financiación es clara y se basa en la legalidad y legitimidad del Estado Social de Derecho y en la Constitución Política.
  3. b) La comisión interrogó a dirigentes de las federaciones de estudiantes y a rectores, representantes del CONARE y del Programa Estado de la Nación, así como a autoridades de gobierno. En ningún momento ha habido consulta a “la ciudadanía en general”, o al menos así no consta en el documento. A su vez, los medios de prensa citados en el documento tienen una línea editorial claramente hostil a las universidades públicas. En el trabajo de interrogación realizado por la comisión, además de ser densamente tendencioso y también agresivo, hay una sensible carencia de fuentes básicas de información, que den cuenta de manera veraz acerca del quehacer académico de las universidades públicas, de la forma en que hacen uso de los recursos que reciben del Estado por medio del FEES, de su gestión financiera e institucional, así como de todas las actividades académica y proyectos que estas instituciones llevan a cabo en docencia, investigación y acción social.
  4. Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cuál este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior.

El legislador constituyente consideró necesario y prudente establecer la autonomía universitaria dándole rango constitucional expreso, a fin de asegurar que las universidades públicas no se vieran expuestas al arbitrio circunstancial de las decisiones de los gobiernos de turno ni de otros poderes que podrían estar interesados en intervenir y afectar el desempeño de estas instituciones. Así, la universidad pública quedó establecida como una institución de Estado, no como una entidad dependiente del gobierno central ni de ningún otro poder del Estado. Así, por tanto, carece de toda validez y no se justifica la pretensión de la “Comisión” por tener “participación directa en el futuro” de la educación superior. Lo mismo el futuro como el presente de la educación superior pública es un asunto que, por disposición constitucional definida en la autonomía universitaria, le compete única y exclusivamente a las comunidades universitarias y a las autoridades académicas de las universidades públicas.

  1. Las universidades públicas no son parte del Plan Nacional de Desarrollo, esto provoca distorsiones y hace perder potencial a las políticas públicas y a los objetivos de desarrollo que establece el país.”

Las universidades públicas, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen no solo a fortalecer las políticas públicas, sino también a proponer políticas públicas que sean de beneficio para la mejora del bienestar de la sociedad costarricense en general. Por su propia naturaleza académica y por las actividades que desarrolla, la universidad pública no puede quedar atada a las regulaciones de los planes nacionales de desarrollo, que suelen ser cortoplacistas y que responden siempre a los intereses políticos de cada nuevo gobierno. Son múltiples los proyectos que, dentro de las funciones de investigación y de acción social, la universidad pública lleva a cabo en una gran diversidad de comunidades del país y en conjunto con variados sectores productivos, los cuales contribuyen de manera sustantiva al desarrollo nacional y, también, a dar sustentación concreta a los objetivos de un desarrolla nacional bajo una perspectiva de Proyecto País. Si la universidad pública quedara atada y encajonada en los planes nacionales de desarrollo, mucha de esta labor se vería limitada, restringida, liquidada.

  1. “[…] un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto.”

De múltiples maneras, tanto las instituciones del Estado como el “sector privado” se han beneficiado siempre de la labor que llevan a cabo y de los servicios que prestan las universidades públicas. Por su parte, “la mejora de la estructura productiva” pasa por definir y desarrollar políticas públicas que atiendan de manera integral a todos los distintos sectores productivos. No se trata únicamente de la estructura productiva vinculada a la inversión extranjera directa ni a la agroindustria a gran escala ni al sector industrial vinculado al mercado de la globalización corporativa.

La sociedad necesita que las universidades públicas, haciendo uso de la autonomía que les asiste, puedan realizar sus propios diagnósticos sobre las necesidades de formación profesional y de generación de conocimiento que el país requiere para promover e incentivar el fortalecimiento de la estructura productiva en todos sus diversos ámbitos de actividad. La universidad pública debe mantener su autonomía para discernir por sí misma cuáles son las necesidades de atención prioritaria y, en su lugar, buscar el desarrollo de las vinculaciones institucionales e interinstitucionales que corresponda.

Esta es una dinámica que las universidades públicas han desarrollado desde siempre. Son bien conocidas las coordinaciones de colaboración que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica han mantenido con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre muchas otras. Relaciones de apoyo y de colaboración que en una proporción elevada han ido en un solo sentido, es decir, sin que haya existido mayor reciprocidad por parte de las instituciones beneficiadas. Las funciones sustantivas de la universidad están al servicio de dichos apoyos y colaboraciones, todo lo cual se encuentra debidamente documentado

Todas las unidades académicas de la universidad han participado de estas relaciones de coordinación con las instituciones del Estado, con las comunidades, con asociaciones y colectivos del sector productivo. Son múltiples las acciones desplegadas por la universidad desde la investigación y la acción social para dar apoyo al sector productivo y mejorar la estructura productiva del país.

En el momento actual, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, esta disposición colaborativa de parte de las universidades públicas se expresa, entre otras acciones, por la relación establecida entre el Instituto Clodomiro Picado de la UCR y las autoridades del sistema nacional de salud, para hacer investigación y elaborar un medicamento que permita atender con eficacia a las personas que resultan enfermas por el contagio del virus. En medio de la pandemia y cuando la universidad se encuentra sin actividad presencial en sus instalaciones, la planta de investigación del Instituto Clodomiro Picado no para de trabajar en la búsqueda del medicamento que pueda servir para curar a las personas contagiadas.

  1. Por su trascendencia y alto valor estratégico para el progreso del país, hay que plantear la posibilidad de una diversificación de los destinos de los recursos públicos que financian la investigación. El monopolio de la inversión en investigación con fondos públicos y privados en las universidades públicas requiere análisis y debate.”

La investigación en las universidades públicas responde a una visión integral y estratégica del bienestar nacional en los diferentes ámbitos del conocimiento, no a requerimientos específicos de carácter sectorial. La investigación en la universidad, tal como ya se indicó en el punto anterior, ha sido diversa y ha estado al servicio de muy diversos sectores productivos e institucionales.

Desde su propio quehacer de investigación y también desde la acción social, la universidad pública aporta al país y a la sociedad costarricense en general, manteniendo su independencia y autonomía y abarcando todos los campos del conocimiento. Esto es de sustantiva importancia, a efecto de no descuidar ningún ámbito y que, a su vez, la investigación no se sectorialice ni se restrinja a las demandas, por ejemplo, de un determinado “sector privado”.

Tampoco sería conveniente que las universidades queden obligadas a buscar financiamiento privado para realizar investigación. Esto significaría la privatización de la investigación y su puesta al servicio de intereses específicos, corporativos, que muy poco o nada tienen que ver con la búsqueda del bienestar social colectivo. En la medida que esto ocurra, la universidad pierde su esencia y la investigación deja de servir como un elemento de “valor estratégico para el progreso del país”.

  1. “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

“El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía.”

Este título es inexplicable e inconcebible; una afirmación carente de toda veracidad. La sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, el sector privado y una gran variedad de organizaciones civiles se han beneficiado y se benefician constantemente del valor público que representa el quehacer académico de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y acción social. Es inaudito no reconocer los servicios que aporta la universidad en términos de valor público para la sociedad. No se puede decir, tal como se afirma en este titular, que las universidades públicas solo se dedican a hacer labor de enseñanza.

  1. […] por eso creemos que es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido.”

En este documento se hace énfasis en que las universidades públicas deben incrementar la matrícula y además diferenciar el valor de los aranceles, de manera que el estudiantado proveniente de familias adineradas pague más.

Reducir salarios a fin de trasladar mayor volumen de recursos a la investigación. En este aspecto, la comisión legislativa no se da por enterada de que para hacer investigación se necesita tener una formación académica sólida y que esta formación no se logra sino a través de toda una experiencia acumulada. Se requieren condiciones adecuadas para lograrlo, dentro de las cuales está contar con un salario decente que permita la adquisición de material bibliográfico, el acceso a fuentes de información en internet y otras. Por otra parte, en la medida que en la universidad pública la investigación es con mucha frecuencia parte del quehacer académico, que no se reduce éste exclusivamente a la docencia, plantear una ley de empleo público que vendría a precarizar las condiciones de trabajo en la universidad, esto no significaría otra cosa más que un serio y muy peligroso debilitamiento de la investigación.

  1. “[…] hay un sistema de educación universitaria que va creciendo, la expansión en general es positiva, pero los énfasis en que se están produciendo, graduando los estudiantes, no necesariamente son los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita.”

Argumento recurrente de las instituciones del gobierno central. Sin embargo, “los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita” no son necesariamente los que están planteados en los planes nacionales de desarrollo. En estos planes hay interferencias de sectores y de intereses políticos que, en general, las universidades siempre han buscado evitar para no caer en una distorsión ni restricción de sus enunciados misionales. La universidad pública es una institución de la sociedad y para la sociedad. El papel histórico jugado por ellas es, en este sentido, fundamental como contribución al desarrollo del país y a la búsqueda de bienestar para la sociedad en general.

La formación profesional en carreras técnicas, ingenierías y otras, es naturalmente muy importante. Sin embargo, “los énfasis” de la formación universitaria no pueden quedar circunscritos a este tipo de carreras. La sociedad necesita contar con profesionales en todos los campos del saber. En el actual contexto de la crisis sanitaria, pasa a quedar en evidencia la necesidad de que, por ejemplo, las instituciones de salud cuenten con la labor de análisis y de asesoría que pueden brindar los profesionales en psicología social, para que ayuden a las autoridades de salud a prevenir y controlar posibles desencadenamientos de patologías psicológicas a raíz del confinamiento y también de la angustia por la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, la incertidumbre que se proyecta hacia futuro y otros tantos factores que podrían estar generando tendencias de patologías psicológicas en la sociedad.

  1. “[…] también hay un actor relevante que es el Conesup, quien vela por el tema de las universidades privadas; entonces, ahí, tanto el Estado de la Nación como OCDE nos han dicho que hay que mejorar en materia de la gobernanza para garantizar una mejor rectoría, en la medida de lo posible, que garantice mayor coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas.

No se puede equiparar el sistema universitario público con el sistema privado. Se trata de dos regímenes totalmente distintos. A lo sumo, lo que sí se puede hacer es que se exija y cumpla una evaluación de la calidad académica especialmente en las universidades privadas. La sociedad necesita que se le garantice que lo que las personas paguen a una universidad privada por los servicios de enseñanza sea, en efecto, de calidad.

Después de tres décadas en que da inicio en Costa Rica el auge de las universidades privadas es sabido que hasta la fecha la gran mayoría de ellas no rinden cuentas sobre la calidad académica de las titulaciones que están vendiendo. Una gran mayoría de ellas tampoco dan información sobre sus planes de estudio.

La “coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas” es una demanda ilusoria. Deja de lado que las universidades privadas responden a sus propios intereses de mercado y que para ellas no existe ninguna fiscalización por parte del Estado en relación con lo que hacen.

Las universidades públicas, con base en la autonomía institucional que les asiste, responde con su oferta académica a las necesidades de formación profesional y técnica que la sociedad necesita. Actualiza sus planes de estudio y cuando es necesario crea nuevas carreras. Esa es la institución universitaria que la sociedad necesita; una institución que orienta a la sociedad y que promueve e impulsa el desarrollo del país con equilibrios intersectoriales, con inclusión de los diversos sectores sociales y productivos y con pertinencia de la formación que proporciona.

  1. Vinculación subordinada del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) con los planes nacionales de desarrollo:

Poderles contar como socios estratégicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública y no únicamente, posteriormente, durante la Agenda Nacional de Cooperación o, también, poderles hacer partícipes, de una manera más directa, en el plan estratégico nacional, que esta visión de largo plazo, al 2050.”

Las universidades no pueden ni deben plegarse ni asociarse con los planes nacionales de desarrollo. Esto necesariamente implicaría dejar de lado o minimizar su autonomía e independencia para realizar análisis crítico de las propuestas del desarrollo nacional. Por disposición constitucional, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, esta institución tiene a su cargo analizar propuestas de política pública y proyectos de ley y dar su criterio. Esta es una forma en que la universidad contribuye a mejorar la orientación estratégica que tales políticas pueden tener para un desarrollo económico equilibrado y para la mejora del bienestar común en la sociedad.

Desde hace bastantes años, las políticas públicas asociadas a los planes de desarrollo han sido claramente lesivas para sectores específicos de la sociedad, por ejemplo, el sector agricultor. Los planes nacionales de desarrollo, como políticas de Estado, requieren del juicio crítico de un actor que no forme parte del gobierno central ni que esté asociado a este de manera subordinada. Para eso están las universidades públicas.

Por supuesto, las universidades públicas pueden ser y siempre han sido colaboradoras cuando se trata de desarrollar acciones en COORDINACIÓN con las distintas instituciones del Estado. Siempre ha existido una relación de sinergia entre el PLANES del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los planes nacionales de desarrollo. En vez de establecer rigideces y camisas de fuerza, la lógica de una administración pública propositiva y fructífera debería plantearse en términos de diversidad de actores institucionales.

  1. El Ministerio de Planificación y Política Económica como rector del empleo público no pretende entrometerse, si cabe la palabra, dentro de las regulaciones internas y la manera de administrarse de las universidades, lo que pretende es establecer lineamientos generales que lleven hacia la unicidad, la coherencia, hacia la sostenibilidad y hacia la excelencia.”

Lo que aquí se dice es totalmente contradictorio. Es como decir: “te vamos a establecer un marco rígido del cual no te podrás mover en ningún sentido, pero tenés plena libertad para hacer lo que querrás ahí dentro”. Bien se sabe que, en buena lid, las políticas públicas constituyen parámetros de proyección cuya ejecución debe ser evaluada, corregida y mejorada según sean los resultados de la evaluación. Entre las políticas públicas y las políticas institucionales de las universidades, según ya se ha indicado, existen necesariamente confluencias y sinergias. Las universidades pueden muy bien representar marcos de referencia para la evaluación de las políticas públicas.

En la medida que se les obligara a subordinarse a los planes nacionales de desarrollo y a las políticas de las instituciones del Estado, las universidades pasarían a convertirse en no otra cosa que en dependencias de esas instituciones. Consecuentemente, con ello ya habrían perdido toda posibilidad de tomar sus propias decisiones en materia de su oferta académica, de la definición de la investigación y de la prestación de los servicios de la acción social.

  1. “[…] se pueda hacer un proceso de formulación conjunto porque las universidades también pueden aportar mucho con evidencia a tener mejores diseños de programas, de proyectos de inversión pública, pueden aportar a las fases de pre inversión, las fases de programación y pudiéramos hacer un único instrumento donde quizá en el largo plazo estén incorporados como responsables de algunos de los proyectos de inversión y los programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública.”

No es necesario que Mideplan esté en el CONARE para que las universidades presten el tipo de asesorías que aquí se mencionan. Es interesante que se reconozca la capacidad que tienen las universidades para el diseño de programas y proyectos de inversión pública, pero que con mayor énfasis aún se demande la incorporación de Mideplan al CONARE.

Por lo dicho anteriormente sobre la condición de agente de análisis crítico de las universidades públicas, estas instituciones no debieran operar dentro de un instrumento único. Por otra parte, a propósito del “largo plazo”, diversos centros e institutos de investigación de las universidades han elaborado propuestas de largo plazo para atender problemas prioritarios del país; sin embargo, en una gran mayoría de casos las autoridades de gobierno no las han tomado en cuenta. No es de recibo insinuar que las universidades públicas operan en el marco del corto plazo y que se olvidan de tener una visión estratégica, con proyección de futuro, del desarrollo nacional. Es todo lo contrario.

  1. Algo que quiero destacar es que, en este periodo de nuestra gestión, de 2010 a 2018, la población estudiantil en el Tecnológico aumentó un 36% de 2011 a 2018, en diferentes programas que tenemos. Y quiero resaltar que, atendiendo las solicitudes de varios sectores productivos, el aumento más grande se dio en la carrera de Producción Industrial, un 69%, y en la carrera de Ingeniería en Computación con un 54% de aumento de la matrícula de primer ingreso.”

Desde su origen, el TEC es una institución universitaria especializada en ingenierías y carreras técnicas. Es decir, es una institución sectorializada que atiende las demandas de formación de sectores vinculados a la tecnología, la construcción, la agroindustria, tecnologías del medio ambiente, computación e informática. Nadie podría objetar nada al respecto. Pero de decir que es la “universidad del futuro” porque imparte las carreras que más demanda el mercado laboral es decir una evidente falacia. Significa privilegiar un sector del mercado laboral y dejar por fuera a los demás. Si se está hablando de una preocupación por el desarrollo nacional, no se puede dejar al margen la formación en educación, salud, ciencias sociales, artes y otras muchas carreras más.

  1. “El TEC tiene una gama curricular de vital importancia para la atracción de inversiones, por lo que merece, sin duda, un mayor porcentaje del FEES, si el país quiere resolver a mediano y largo plazo el problema del desempleo.”

Está más que probado que la inversión extranjera directa no resuelve el problema del desempleo. Además, se trata de empresas de producción industrial o de maquilas que operan con privilegios fiscales y cuyo mercado laboral, por los niveles de organización tecnológica de sus procesos de producción, no constituyen fuentes de trabajo tan significativas según lo quiere hacer ver la Comisión.

Igual que muchas otras cosas que se afirman en el dictamen de la comisión, esta afirmación también es radicalmente falaz, tendenciosa y desconocedora del significado de la universidad pública y de los beneficios que ella aporta a la sociedad.

  1. La señora ministra tiene una alta cuota de responsabilidad y yo quiero, doña Giselle, que usted asuma un compromiso, no conmigo ni con doña Patricia, ni con los miembros de esa Comisión, sino con el país para detener estos borbollones de dinero que estamos destinando a salarios y que están condenando muy pronto a las universidades a desaparecer financieramente.”

Desconoce la evidencia que aporta este mismo documento, que al final presenta la lista de las personas que cuentan con los mayores salarios en las universidades públicas. Habría que decir cuántas personas en las universidades tienen un salario mayor a 4 millones de colones y qué proporción de la planta docente y administrativa representan esas personas. Este documento es solo un rosario de falsedades que se asumen como argumento para buscar la destrucción de las universidades públicas.

  1. En el caso en particular de lo que don Marcelo llama privilegios, usted estaría de acuerdo con la frase de don Marcelo que son los privilegios los que podrían acabar con la autonomía universitaria, específicamente ese tema.”

El término privilegios se convierte en una muletilla vacía que sirve como arma de destrucción masiva, a la vez que obvia los intereses de la sociedad por contar con la educación superior pública y con los servicios de investigación y de acción social que las universidades públicas proporcionan. El foco de ataque son la UCR y la UNA. Las otras universidades públicas “hacen mucho con poco” y, además, el ITCR ya fue declarado en el documento como “la universidad del futuro”.

  1. La OCDE, hoy habría reunión, pero no puedo estar en dos partes a la vez, la OCDE en el informe del año 2018 señala que las universidades estatales tienen pocos incentivos para responder a las necesidades del mercado laboral, potenciar los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y mejorar la representatividad en el acceso a la educación superior.”

El enfoque de mercado por encima de la visión integral de la formación profesional universitaria. Restringir la visión del quehacer formativo de la universidad a las carreras que respondan “a las necesidades del mercado laboral” significa no solo cercenar el cuerpo académico de la universidad, sino también direccionar la formación universitaria hacia carreras que responden a un determinado sector del mercado laboral; el sector precisamente vinculado a la economía de capitalismo corporativo transnacional y el que representan las empresas nacionales inscritas en la dinámica de la globalización neoliberal. En este sentido, cuando se habla de fortalecer la oferta de educación superior en las regiones, de lo que se está hablando es de algo muy difuso, en la medida en que de lo que se trata es de habilitar fuerza de trabajo técnica en las regiones para ser empleada por ese mercado laboral corporativo, pero no en recuperar ni potenciar las capacidades productivas locales para promover el desarrollo y el bienestar social local a partir de las propias particularidades productivas de las regiones.

  1. Un reclamo generalizado y evidenciado en esta Comisión es que las universidades se han enfocado en desarrollar únicamente el GAM, lo que ha desembocado en que únicamente las empresas de zonas francas que generan empleo de altísimo nivel estén interesadas únicamente en desarrollarse dentro del GAM.

Ahora entonces ya sí lo dijeron: de lo que se trata es de invertir en el fortalecimiento de la oferta de educación superior técnica en las regiones para habilitar fuerza de trabajo que permita desconcentrar de la zona urbana de la GAM a las empresas de zonas francas. Es lo dicho anteriormente: lo que interesa no es la educación superior en las regiones para estimular y dar soporte al desarrollo local, sino para habilitar fuerza de trabajo técnica para las empresas de inversión extranjera directa y también para las empresas nacionales vinculadas a la economía de la globalización neoliberal.

  1. “Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto.”

¿Con qué criterio académico y de planificación prospectiva las diputadas y los diputados le podrían decir a las universidades cuáles carreras impartir y cuáles no? Por tal razón, hay que eliminar o debilitar la autonomía universitaria en la Constitución para que sean las personas integrantes de una comisión legislativa quienes les indiquen a las universidades públicas cuáles carreras impartir y cuáles no.

  1. “Algo en lo que hemos coincidido los legisladores, y lo hemos venido confirmando a través de las diferentes audiencias, es la urgencia de cambiar los criterios de distribución del FEES, de manera que no respondan a un criterio costumbrista, sino más bien a criterios técnicos, que reconozcan el cumplimiento de indicadores efectivos y, además de ello, que puedan traducirse en metas y mediciones, de manera que se premie con mayor monto del FEES a las universidades que efectivamente están cumpliendo con sus proyectos y metas, las cuales deben traducirse en mayores cupos, investigaciones, infraestructura e inversión en las regiones.”

La Universidad que cumpla con los indicadores que los señores diputados determinen, esa universidad será “premiada” y, así, cada vez que se entreguen los fondos del FEES, la distribución podrá variar en función del cumplimiento de esos indicadores. Es decir, ya no se trata únicamente de condicionar la entrega de los recursos del FEES a la reducción de personal (administrativo, se ha dicho) y a la rebaja de los salarios en las universidades, sino también que los diputados se atribuyen la facultad de realizar la correspondiente distribución del presupuesto, de conformidad con sus decisiones políticas. Y es por eso entonces que se hace necesario subordinar la autonomía universitaria a las decisiones económicas en materia de aprobación de presupuestos nacionales para la educación superior pública.

  1. “Es importante para estos diputados y diputadas que en esa mesa de trabajo se puedan definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral, una perspectiva integral, sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto nacional de la República. Introducir en la discusión y aprobación de recursos a las universidades vía FEES, el tema de los recursos, producto del superávit que mantienen las universidades.”

De nuevo, uno de los aspectos medulares en que recalca este documento es la intervención, fiscalización y determinación política externa, efectuada de manera cruzada entre el poder ejecutivo y el legislativo, de la disposición y organización de los presupuestos por parte de las universidades. De esta manera, las rectorías de las universidades pasarían a ser no más que empleadas al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Y aún así afirman en este documento que lo que buscan es mejorar el desempeño de las universidades y no afectar los alcances de la autonomía universitaria.

  1. “La diputada Yorleny León ha sido enfática en que el Planes debe evaluarse por un tercero, y dicha propuesta fue acogida por esta Comisión, dado que es Conare quien lo realiza y, además, es quien lo evalúa; por ende, la evaluación no es realmente objetiva, pues es un “yo con yo” tal como lo ha dicho reiteradamente la señora León. Y su posición fue compartida por la Contraloría General de la República.”

Una vez más, interferencia política externa sobre las decisiones de política y de inversión de las universidades públicas. Tal como se puede ver a lo largo de todo el documento, la aprobación del FEES estaría supeditada a la intervención de las decisiones políticas externas en materia de desarrollo institucional, definición de programas de inversión, costo de los aranceles, oferta académica y gestión de la investigación.

  1. “El sistema de acreditación también golpea con más dureza a las regiones, es por ello vital que exista una forma más acelerada y barata de poder acreditar más carreras en zonas rurales, con el objetivo de bajar las brechas y esto es de suma importancia para realizar mejoras de fondo en la educación, porque tal como fue dicho por representantes de Sinaes:”

Esta indicación inentendible refleja muy bien el nulo o muy bajo nivel de comprensión que tienen las personas integrantes de la comisión acerca de lo que es una universidad pública. Imagina esta gente que las universidades son como una especie de planta industrial donde se fabrican profesionales y también paquetes de objetos tecnológicos.

[1] Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica.

Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES

10 de junio del 2020. El Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas después de conocer y analizar el informe de mayoría presentado por diputados que integran la Comisión Legislativa que estudió el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), manifestamos:

1) Universidades públicas y su contribución al país

Las universidades públicas son generadoras de conocimiento, centros de pensamiento crítico, formación integral y análisis de la realidad nacional. Las universidades estatales han desempeñado un papel vital en la consolidación del sistema democrático y la paz de nuestro país; gracias a su contribución al progreso social, económico, científico, cultural y ambiental de Costa Rica. Esto lo han hecho por medio de la generación del valor público producido por el sistema universitario estatal para el país, aportando profesionales de alto nivel, investigación científica y tecnológica, proyectos de extensión y acción social en diferentes comunidades, reforzando un modelo de país solidario, inclusivo y de bienestar para toda la ciudadanía.

Para ello, ha sido y es indispensable garantizar el adecuado financiamiento de la educación universitaria frente a intereses particulares económicos y políticos. Esta garantía ha sido elevada a rango constitucional por los artículos 78 y 85 de la Constitución Política.

La universidad pública forma profesionales en diferentes áreas de conocimiento: las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías, importantes para fortalecer el acervo cultural, artístico, intelectual, científico de nuestro país, sin menoscabo de ninguna disciplina del conocimiento, propiciando así una formación integral y humanística de nuestros profesionales.

El dictamen de mayoría presentado no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos.

Estamos convencidos de que las universidades estatales seguirán siendo fundamentales y necesarias para el futuro de Costa Rica. Cada una de las universidades estatales que conforman el sólido y consolidado sistema universitario público, seguirá cumpliendo su misión con la sociedad costarricense y continuarán trabajando en procura del desarrollo nacional.

2) Composición de CONARE

El CONARE fue creado por el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, como un ente de coordinación del sistema universitario público.

Es un órgano propio de las universidades públicas y cuya adhesión es voluntaria, por lo que incorporar a otras entidades fuera de su ámbito no corresponde ni a su naturaleza jurídica ni a su autonomía. CONARE es el órgano responsable de la coordinación y la articulación de la gestión del sistema universitario estatal, en respeto a la autonomía de cada uno de sus miembros.

3) La Comisión de Enlace articula la gestión universitaria con las políticas públicas

En el Convenio de Coordinación y en la Ley Nº6162 de 1974 se considera la existencia de la Comisión de Enlace, conformada actualmente por los cinco Rectores, un representante estudiantil y cinco Ministros de Estado (Educación, Presidencia, Hacienda, Planificación y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones). Corresponde a esta Comisión de Enlace discutir y comunicar las iniciativas pertinentes para la formulación del PLANES, considerando políticas públicas de desarrollo, definidas por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo. Le corresponde también negociar y definir el monto del FEES y una Agenda de Cooperación Gobierno – Universidades Públicas, que procura desarrollar proyectos conjuntos para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

La última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República.

4) Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES)

El quehacer de las Universidades Públicas se encuentra estrechamente articulado con el desarrollo nacional. CONARE analiza, considera e incorpora los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo vigente en la formulación del PLANES, tal y como se establece en el artículo 85 de la Constitución Política.

Esto fue confirmado por la jerarca de Planificación en audiencia ante esta comisión especial legislativa para estudiar el FEES, donde explicó que el Plan Nacional de Educación Superior de las universidades públicas (PLANES) se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional. Esto significa que el FEES, expresión presupuestaria del PLANES, contribuye con el cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales

En el marco de un proceso permanente de mejoramiento continuo, las universidades y el CONARE han incorporado un mayor número de indicadores estratégicos al PLANES, actualmente suman 114 indicadores con su respectiva ficha técnica, línea base y metas quinquenales anualizadas, Entre los que destacan: matrícula, graduación, becas, carreras acreditadas y regionalización.

5) FEES

La asignación del 8% del PIB para la educación, consignada en el artículo 78 de la Constitución Política, el cual la Sala Constitucional en diferentes años y sentencias (2010- la No. 11043, 2011-la No.15968, 2012-la No.06416, 2016-la No. 12803, 2019-la No.09724) ha ordenado cumplir a los poderes, Ejecutivo y Legislativo.

De este presupuesto total de educación las universidades estatales reciben menos de la quinta parte.

Este es un momento adecuado para reconocer que la evidencia científica debe ser uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Con los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de las universidades públicas, pero también de todos los aportes de las universidades públicas en la lucha contra el COVID-19, demostramos que poner en entredicho la inversión en la educación superior y en la investigación nos aleja del camino del desarrollo que anhelamos. No se debe limitar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ni mucho menos de la educación superior pública que permite contar con el capital humano para enfrentar las crisis sanitarias, económicas y ambientales.

La actual situación pandémica ha demostrado que los países que han invertido en educación y salud pública son los que mejor han enfrentado esta crisis y logran apuntalar el desarrollo económico con mayor equidad.

6) Calidad y excelencia académica

Previo análisis en el seno de la Comisión de Enlace en 1993, el CONARE creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el cual evalúa y acredita, mediante estándares internacionales, la calidad y la excelencia académica de las carreras y programas impartidos por las universidades tanto públicas como privadas. La objetividad e independencia del SINAES fue garantizada mediante la ley N°8256, promovida por el propio CONARE.

Las casas de educación superior pública cuentan con 144 carreras acreditadas, tanto por el Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior (SINAES) como otros órganos internacionales de acreditación, tal es el caso de las carreras de ingeniería de la UCR y el TEC que fueron acreditadas internacionalmente por la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingeniería (CEAB). Además, la Agencia Francesa de Acreditación otorgó la acreditación institucional al Instituto Tecnológico de Costa Rica y tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica han iniciado este proceso institucional.

Como parte de la gestión permanente de la calidad, las universidades estatales están comprometidas con la revisión, actualización y modernización permanente de la oferta académica, tanto de las denominadas STEAM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) como también las denominadas SSH por sus siglas en inglés, que comprenden las humanidades, las ciencias sociales, la educación, la cultura, las ciencias económicas, el arte, el ambiente, los idiomas y el deporte.

7) Ley No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Sin perjuicio de su propia autonomía e independencia constitucionales, temas que han sido sometidos a valoración del Poder Judicial, las universidades públicas han adoptado voluntariamente acciones necesarias para cumplir los fines de la Ley Nº 9635. Desde la formulación inicial de los presupuestos 2020, entregada a la Contraloría General de la República en setiembre del 2019, las universidades estatales y CONARE estructuraron sus presupuestos conforme con la regla fiscal.

En ejercicio de su potestad de autogobierno, en el año 2015 las universidades públicas realizaron un estudio actuarial a fin de determinar su sostenibilidad financiera. De este estudio han derivado estrictas medidas de contención del gasto y las denuncias planteadas por los Rectores ante el Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas existentes, con el objetivo de una renegociación de las mismas.

8) Regionalización

Por medio del PLANES, el CONARE promueve el desarrollo y el aumento de las inversiones destinadas a las regiones del país, así como acciones sistémicas de apoyo a las políticas institucionales de regionalización, destinando recursos humanos y presupuestarios adecuados para responder a las necesidades territoriales.

Como parte de la estrategia del fortalecimiento de la regionalización, las universidades estatales han realizado inversiones importantes, especialmente con la reciente ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Pública, financiado por el Banco Mundial, el cual ha reconocido públicamente en sus evaluaciones hechas al citado proyecto la eficiencia, la eficacia en la ejecución del mismo y el logro de los objetivos de este proyecto.

Como consolidación de este fortalecimiento, en el 2019 el CONARE creó los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional (OCIR) en las cinco regiones del país. Permitiendo mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario estatal en sus propias regiones, fortaleciendo las capacidades regionales en docencia, investigación, innovación, emprendimiento, extensión, acción social y vida estudiantil, así como el desarrollo local desde las comunidades, en coordinación con las instituciones del gobierno y del sector privado.

Para CONARE el tema de regionalización ha sido prioritario desde hace muchos años y muestra de ello es que ha destinado por más de una década, sustanciales recursos adicionales a los invertidos por cada universidad de manera específica. Por medio del Fondo del Sistema (FEES), desde el 2018 se han destinado por año más de 1000 millones de colones para que sean invertidos en las regiones.

9) El informe de mayoría emitido por la Comisión que estudió el FEES es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales y al CONARE, se distancia de la necesaria objetividad, del equilibrio deseable y requerido para un análisis serio y profundo de un tema trascendental como lo es el estado actual y las perspectivas futuras de la educación universitaria pública.

Por tal motivo, las universidades públicas y CONARE trabajan en documentos que permitan a la opinión pública realizar un análisis objetivo de las universidades estatales, apegado a la realidad, sustentado en números, datos e información veraz y comprobada.

CONARE y las universidades estatales reiteran su compromiso con el país y la ciudadanía por medio de la mejora continua, la transparencia, la calidad, en un ejercicio permanente de autocrítica.

Enviado por UNA Comunicación.

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FEUNA: “Innovar y reformar presupuesto para defenderlo”

“Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional hemos insistido en generar cambios estructurales para mejorar la inversión en lo estratégico”, afirmó Noel Cruz, presidente de esta agrupación estudiantil, quien es enfático en que los cambios que sugiere la comisión legislativa que analiza y estudia el FEES deben surgir a lo interno de las universidades, en ejercicio pleno de la autonomía.

El dirigente estudiantil explicó que desde la Feuna consideran fundamental que las universidades públicas, y la UNA en particular, generen acciones contundentes que garanticen la sostenibilidad financiera y la posibilidad de invertir en lo estratégico, incluyendo un plan de fortalecimiento del Fondo de Becas Estudiantiles, atención al modelo de regionalización, modernización de la oferta académica y atención de la condición de interinazgo del sector académico.

“La mejor manera de defender el presupuesto universitario es innovando y reformándolo”, subrayó.

En su criterio, esto es necesario para poder atender las necesidades actuales de nuestra sociedad costarricense frente a una crisis inminente.

La posición del presidente de la Feuna es compartida por Andrea Carazo y Darío Segura, ambos representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario de la UNA.

“Hemos sido contundentes en que el estado y las instituciones públicas exigen cambios que les permitan atender las necesidades actuales de la sociedad”, aseguró Carazo.

Además, recalcó que en el marco de la autonomía universitaria, la Feuna ha propuesto un ejercicio de autocrítica en la distribución del presupuesto universitario, para que se continúe atendiendo a los sectores más vulnerables a través de prioridades: las becas estudiantiles, regionalización, derechos humanos y calidad académica.

Por su parte, Darío Segura considera que la defensa del presupuesto universitario tiene que pasar por una revisión interna, haciendo los ajustes necesarios y correspondientes, específicamente en partidas salariales, con el fin de mejorar las condiciones y oportunidades que se le ofrecen al sector estudiantil.

Por una reforma a lo interno

Los líderes estudiantiles recordaron que desde 2018, la Feuna presentó una agenda de reforma y reestructuración universitaria a las autoridades (#LaUQueMerecemos), desde una perspectiva autocrítica de la gestión universitaria.

La propuesta se presentó con la intención de ser una federación propositiva ante los retos país que enfrenta nuestra sociedad, con la convicción de que la educación pública es necesaria para reducir las brechas de desigualdad.

Después de casi dos años, los representantes de la Feuna sostienen que aún no se han tomado medidas contundentes que atiendan la sostenibilidad financiera, una claridad sobre la innovación de la oferta académica y un modelo de regionalización.

“Esa ha sido la postura política que la Feuna ha promovido en todos los espacios, incluida la comisión legislativa que analiza y estudia el Fees”, reitera Noel Cruz, presidente de la agrupación estudiantil de la UNA.

No obstante, Cruz reiteró que los problemas señalados por la comisión legislativa deben de ser atendidos por las propias instituciones de educación superior, en el ejercicio de la autonomía universitaria.

“Consideramos peligrosas algunas declaraciones que han surgido de esta comisión, ya que pueden rozar con los principios constitucionales y la autonomía universitaria”, subrayó el presidente de la Feuna.

Insistió en que desde la agrupación estudiantil defenderán los principios resguardados por la Constitución Política; “rechazamos cualquier intento que violente los principios constitucionales y debilite la autonomía universitaria”.

Añadió que la actual crisis por la covid-19 ha dejado en evidencia el rol clave de las universidades públicas para nuestra sociedad, por lo cual, de este contexto las universidades deben salir fortalecidas, como una estrategia país para reducir la desigualdad. “Eso inicia por decisiones que permitan garantizar el uso de recursos a lo interno en las áreas estratégicas”, resaltó.

Cruz anunció que próximamente la Feuna propondrá otra serie de medidas a distintas autoridades, con la intención de concretar acciones sobre la línea de la sostenibilidad financiera y con esto dar señales a la sociedad costarricense que indiquen que las universidades y las instituciones públicas sí pueden emprender la ruta de reforma interna.

 

 Información enviada a SURCOS por la Oficina de Comunicación UNA.

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Construyendo confluencia desde la base social

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

La doble moral aplicada a los jubilados de las Universidades Públicas

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Se levanta una voz indignada desde la Asamblea Legislativa condenando el estudio hecho por el Instituto de Ciencias Sociales de la UCR, referente a los ingresos más altos en el sector privado, según se reportan en datos de la revista Forbes y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El estudio afirma que 3 costarricenses ganan por sus múltiples entradas lo que 2 millones de ticos perciben juntos. Dice el diputado que eso “fomenta el odio entre clases sociales”, y que el uso de informaciones malintencionadas, sesgadas y tendenciosas “es característico de las universidades públicas, que son aparato ideológico de la izquierda”.

Considerando las fuentes del estudio de la UCR, ¿estará el señor diputado acusando a la revista Forbes, internacionalmente reconocida y no precisamente por posturas anti empresariales, o al INEC, de sesgo malintencionado y tendencioso de la información, o de ser bastiones de izquierda, al hacer disponibles datos de las entradas de dichos empresarios?

 ¿Por qué no se oyó la voz del señor diputado durante la campaña feroz de descrédito y difamación por parte de políticos y la gran prensa del país contra los jubilados magisteriales, y que lleva ya años de verter, ahora sí, falsedades y verdades a medias en medios escritos, televisivos y radiofónicos?

Ahí sí se vale señalar públicamente a los jubilados, con nombre, apellidos y montos brutos de pensión. Sí se vale mentir descaradamente diciendo que no cotizamos para nuestras pensiones, o que no cotizamos lo suficiente, cuando llegamos a cotizar hasta seis veces más de lo que cotizaban los adscritos al IVM. Sí se vale ocultar la historia y “olvidarse” de que el Estado costarricense se apropió de nuestro fondo de pensiones BILLONARIO y lo desvió a gasto corriente. Sí se vale que el Estado se beneficie de su propio dolo cargando sobre nuestras jubilaciones gravamen tras gravamen aduciendo que son “de lujo”, cuando la verdad es que las pensiones de nuestro régimen son en su vasta mayoría inferiores al tope establecido por ley, y que las deducciones aplicadas también por ley de todas maneras amarran las más altas a ese tope. Sí se vale cuando el entonces superintendente de pensiones arengaba diciendo que con el nuevo gravamen a las pensiones “de lujo” se financiaban 10 000 subsidios para los viejitos pobres. ¿Será entonces que todo ello no fomenta el odio, y no aviva rencor contra los jubilados? ¿Que el odio solo se fomenta cuando se hacen públicas las entradas de los grandes capitales de este país?

Eso es, señor diputado, doble moral: denunciar la crítica contra unos y permitirla contra otros, lo que “viola el principio de imparcialidad, según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo”.

* Catedrático jubilado, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

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Pssst passt Milennials !!!…soy yo! El viejo encuarentenado!

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Aaahhh, hola, me alegra que me atendiera y no pasara indiferente a mi llamado, como se ha hecho costumbre. Estoy aquí, como todo costarricense responsable, pasando la cuarentena en mi oficinita de profesor pensionado, acompañado de mis libros y este chunche con el que le escribo, espero tenga un chancecito de leerlo en estos días de poco hacer.

Acabo de escuchar una canción muy linda que interpretó Juan Manuel Serrat, desde su casa en Barcelona, para todos los que como él respetamos la cuarentena; entonces recordé que él y yo por lo menos tenemos una cosa en común, somos modelo 1943, el de diciembre y yo de julio; pero ambos éramos igualmente dos güilas cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por eso pasamos nuestra niñez y juventud en  el mundo de la post guerra; él soportaba la dictadura de Franco y yo, a pesar de ser de familia mariachi, era posible sobrevivir el 48 con alguno que otro sobresalto, pero mi padre trabajaba en lo suyo y ya era bastante,

¿Pero por qué te traigo a cuento todo esto? Sencillamente porque nos tocó vivir una generación impresionante que, aquí en Costa Rica, jugamos trompo, bolitas de vidrio, fuimos a pozas, cafetales y mejengueamos en plazas de pueblo y La Sabana, que hasta finales de los 70 trató de seguir los pasos de la generación de nuestros padres, para  hacer una sociedad más justa y más libre y que aquí, desde 1940 se había creado Estado Social de Derecho, o el Estado Benefactor, como lo han llamado sus detractores liberales.

 Si, mis compañeros de escuela y colegio vimos cómo se desarrolló la Universidad de Costa Rica que luego con su “Lucem Aspicio” nos abrió el mundo del conocimiento a la que después se unieron el TEC, la UNA, la UNED; también crecimos con la Caja, el ICE, el INS, Código de Trabajo, INVU, obras de una generación que  creó una sociedad distinta, sino totalmente equitativa y sin pobreza, si más justa, menos egoísta, en la que la riqueza estaba menos desigualmente repartida, menos ególatra y más humana.

Nos gloriábamos que el hijo del pobre y del rico se encontraban en las aulas del colegio público y sino, en las de la Universidad; los enfermos sin importar su condición social recuperaban su salud en los hospitales de la Caja cuando antes era solo por caridad y de la Junta de Protección Social, pues el que tenía unos chuminos de más, alquilaba una habitación en la Pensión Echandi del San Juan; el ICE iluminaba y comunicaba el país para todos y en sus lomos condujo el progreso de Costa Rica; el CNP y sus estancos equilibraban la producción agrícola con el suministro nacional, y en las épocas de crisis ahí estaba para sostener al campesino y al obrero, y tantas y tantas cosas más, que nos trajeron paz y progreso; sentíamos orgullo de lo que éramos, conocíamos nuestro pasado con sus grandezas y pequeñeces, al punto que para sostener la incipiente industria allá por los años 60, acuñamos una frase: compre y use lo que Costa Rica produce!, eso era signo de calidad, trabajo duro pero honrado… y orgullo nacional.

Pero a finales de los años 70 algunos vivillos,  miembros fundamentalistas de una logia neoliberal que tenía como Gran Maestro a Milton Friedman y su templo en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago y sus “ Chicago Boys”, que adoraban a un nuevo dios: el mercado y a sus becerros de oro; en Costa Rica conquistaron los bolsillos, la ambición y un poco las limitadas entendederas de algunos de mi generación, que hicieron creer a la de tus padres y la de mis hijos, que todo  aquello era malo porque el Estado, es casi el moderno Leviatán.

Siguiendo las reglas que dictaba otro de sus santos de palo en aquel templo, Mr. Ronald Reagan, aceptaron como frase profética aquella que dijo en el discurso a La Nación de 1981: “…el gobierno no es la solución a nuestros problemas…el problema es el gobierno…”, por lo tanto, siguiendo esas nuevas reglas del juego diseñadas en el Consenso de Washington impusieron sus normas que, en síntesis, son: privatizar, desregular, disminuir el tamaño del Estado, cerrar instituciones y dar mano libre al sector privado, que crearía toda la riqueza para que después, una mano invisible, la haría correr por todos los estratos sociales llevando riqueza y felicidad…ah pecadito!.

Especialmente a partir de 1986 empezó el jolgorio, los bancos del Estado fueron dejados a la competencia de capitales extranjeros, quitaron poder a las instituciones, seguimos las reglas del FMI y el Banco Mundial que nos vigilaban y exigían no invertir pues una represa del ICE o una carretera era un gasto no una inversión!, urgían en reducir el gasto público y lo mejor era privatizar para pagar la deuda externa; les aprobamos tratados de “libre comercio” y muchas otras cosas.

Políticos como Oscar Arias nos prometieron que en veinte años seríamos un país del primer mundo. Pero faltaba la fresa con la copa del helado: el TLC o tratado de libre comercio de Centro América con Estados Unidos, que si no lo aprobábamos nos iríamos al averno, pues papá USA  nos iba a dar una fajeada y nos volvería la espalda…por el contrario, si le abríamos la puerta, hasta nos ofrecían cambiar la bicicleta por una moto y el viejo Hyundai por un reluciente Mercedes Benz; además, en el 2021 celebraríamos la Costa Rica del Bicentenario entre los países ricos del primer mundo, y eso lo cumplieron ya vamos para la OCDE, a la que vamos a pagar 1500 millones de colones al año para sentarnos a la par de Mr. Trump, aunque ocultemos los tugurios de Lomas y vayamos en vestido de etiqueta alquilado y calzoncillos de manta.

Muchos nos opusimos, no creíamos aquellos cantos de sirena, veíamos los resultados de los anteriores 20 años que habían sido un engaño y nos preguntábamos…ah carachos, ¿comoesques?

Aquellas advertencias nunca fueron escuchadas, entre el miedo infundido por un memorandum salido de las entrañas de la Presidencia de la República; el deseo incontenible de latrocinio del país por un pequeño, pero poderoso, grupo empresarial refugiado en los sindicatos patronales y La Nazi-On; la corrupción galopante patrocinada e impulsada por ellos mismos, la ambición, el egoísmo, la indiferencia del “qué me importa a mi” que nos metieron hasta el tuétano de los huesos gracias a medios de comunicación corruptos, y otras razones más, era imposible frenar aquel tsunami de ambición que terminaría ganando el plebiscito del 7 de  octubre del 2007 y  destruyendo nuestro país.

A eso debemos sumar que, a cambio de un estadio “regalado” para un pueblo incauto o domesticado, como dijo don Pepe, y regalos evidentes para la clase político-empresarial del país, le abrimos las puertas a la China de ese régimen tan extraño de ideología capitalista/comunista, que ya embobaba al mundo de la mediocridad intelectual y la mendicidad moral.  

Desde hace algún tiempo voces aquí y acullá lo venían diciendo: las ideas neoliberales y la globalización eran un fracaso o iban por ese camino, pero los oídos de los intereses de siempre no escucharon las advertencias de la sensatez. Cuando la desigualdad creada por  el sistema de libertad comercial y eliminación de controles hizo aguas en el 2008, salvo unos pocos privilegiados como los grandes banqueros, nadie quedó totalmente sin daño; algunos para lograrlo incrementaron los niveles y sistemas de corrupción. Echaron mano a cuanto truco tuvieron a disposición para evadir impuestos a granel, se valieron de los paraísos fiscales para ocultar sus dineros corruptos y culparon de las desgracias financieras del Estado a otros, para evitar que los culparan por el robo que a diario hacían al fisco.

El asunto empezó a ponerse más complejo cuando hace pocos meses, organismos internacionales denunciaron que el mundo había llegado a tal grado de desigualdad que el 1% de la población era el dueño del 99% de la riqueza en el mundo y como, mucho de eso, se debía a la creación de un polo mundial de producción en la China Comunista donde, aunque parezca mentira, se podía contar con millones de trabajadores que con bajos salarios y casi esclavos, sin sistemas básicos de protección, etc. lograban producir a costos inmensamente inferiores a los existentes en el mundo occidental capitalista. Por lo tanto, las ambiciosas  grandes corporaciones en casi todos los campos, instalaron sus huestes de producción en aquel país, desde sencillos elementos como las pieles de conejo para abrigos de invierno hasta lo más sofisticados de la industria de alta tecnología. Dicho en otras palabras: ¡pusieron los huevos en la misma canasta!

Pero el coronavirus, nos hizo caer de la cama y despertar no en un bello amanecer, sino en una terrible pesadilla. En dos semanas, todo el montaje hecho a base de  la creación egoísta de riqueza, cayó como un castillo de naipes. Ese virus desconocido y todavía de origen incierto, del que muchos dicen ya se conocía en China desde Octubre del año pasado, de pronto salió desde Wuhan para infestar el mundo en muy pocos días y paralizarlo por entero, al extremo que aparte de las dolorosas cifras de infectados y fallecidos que vemos aumentar todos los días, nos dejó a todos en casa y las más portentosas industrias y cadenas comerciales a nivel mundial cerradas, y las calles de Roma, París, Madrid, Washington, Nueva York, Buenos Aires o San José desiertas como símbolo real de un mundo clausurado, cosa que jamás lo hubiéramos imaginado hace pocas semanas

Con ello quedó demostrado algo muy viejo…los huevos no se pueden poner todos en la misma canasta, y ahora se considera que si no va a desaparecer la globalización, si se va resquebrajar y reaparecerán aspectos sobre la importancia y conveniencia de lo local.

Por otro lado, de pronto, parar nuestra diaria carrera en pos de la rutina ha permitido, aunque parezca mentira, que tengamos un reencuentro con la dignidad humana, en varios sentidos: la familia en primer término, la lectura, música, juegos, cocina y talvez lo más importante y no nos damos cuenta: el ocio!; si ese ocio creador que ya en la antigua Grecia se dedicaba a pensar en la ciencia, la política, el arte y su filosofía, que nos pone ante la realidad pura y simple del ser humano: vida o muerte, cómo vale la pena vivir la vida? Vivíamos sí, pero los lujos y bienes materiales nos dieron calidad de seres humanos, ¿o simplemente fuimos objetos de consumo para el enriquecimiento de unos pocos, muy pocos?; en esa situación empezamos a preguntarnos: ¿qué va a pasar después?

Esa pregunta tiene dos respuestas. Una para los conformistas y cobardes que no se atreven a ver para otro lado, será frustrante y degradante ver que las cosas nunca volverán a ser igual; que aquel 1% de ricos del mundo y el porcentaje que corresponda a cada país que concentró la riqueza, saldrá mucho menos rico, pero como siempre tendrá más que los que lo perdieron todo; pero si no entienden que deben empezar a repartir o redistribuir buena parte de lo que les queda y se quedarán todavía con mucho, terminarán por perderlo todo y de eso no se trata, tampoco. El verdadero empresario debe tomar el camino de producir, es lo que sabe hacer, pero ahora sin el egoísmo de antes, sabiendo compartir, pues esta cruda experiencia hace saltar a primer plano una palabra casi olvidada: ¡solidaridad!

La segunda pregunta se responde con optimismo; claro que se va a cambiar y muchas cosas van a pasar; pero para ello el primer cambio va en el pensamiento de cada uno de nosotros. La Historia de las Mentalidades nos enseña que las grandes trasformaciones se logran, cuando cambiamos nuestra visión del mundo y de las cosas, lo demás vendrá casi por añadidura.

Luego debemos revisar profundamente la estructura política de Costa Rica, en donde la democracia deber convertirse en realidad en una democracia participativa renovada, pero esto tiene un requisito fundamental y radical: la mediocracia existente debemos erradicarla ya del poder en todos los campos en dónde existe: político, económico, mediático, empresarial, sindical, etc.; combinar correcta y equilibradamente la relación entre el Estado, lo privado y la equidad, sobre todo sobre la base de la honradez generalizada y sin la manipulación mediática como se ha hecho hasta ahora.

 Se impone la necesidad de renovar, para ello debemos desarrollar de la investigación en todos los campos que permita, entre muchas cosas, desarrollar el conocimiento que nos interesa, no el que nos importan los sectores interesados. Así debemos cambiar muchos de los intereses directos para lograr la efectiva y real defensa del ambiente, cambios en la educación no para hacer una sociedad de borregos sino de seres humanos pensantes que sepan valorar nuestra herencia y el patrimonio nacional; la distribución efectiva de la riqueza en que el sistema tributario no tenga fugas como si se trata de una vieja cañería; la recuperación de la producción nacional en todos los campos y la lista sería extensa; pero déjeme terminar con un aspecto más: la ética y la moral, que con la autoridad necesaria, elimine la corrupción que ha carcomido la sociedad costarricense hasta sus cimientos, pues ha caído en manos del cinismo de los poderosos, como acertadamente lo calificó el pensador español Javier Benegas.

Ya me extendí demasiado, va a perdonar joven Milennials, sé que ustedes en la época del twitter o como se llame, solo permiten frases de reglón y medio pero, ydiai, cómo le hago? Mi deseo es que tomen conciencia que será usted y su generación, los que tomarán las riendas de ese cambio; la mía ya tiene muy arrugado el pellejo para estos trotes; la de sus padres, salvo honrosas excepciones, tienen el cerebro lavado por los neoliberales y como dice Naomy Kleim esta transformación EXIGE romper con todas las reglas ideológicas.  Para terminar, le quiero  recordar la frase de Milton Friedman en 1982, que utilizó como  caballo de batalla para imponer sus ideas y ahora se les devuelve como boomerang, sobre todo por si se encuentra un neoliberal recalcitrante que no quiera entender y que vea como el gran gurú se los había advertido:

  •  “Solo una crisis-real o percibida como tal- produce un verdadero cambio. Cuando ocurre una crisis, las acciones que se emprenden dependen de las ideas existentes en aquel momento…”

Estamos en la posibilidad de seguir montados en ideas obsoletas o mirar el futuro en forma diferente, puesto que vivimos una crisis real, muy real y dura, por lo que nuestra mente y espíritu deben estar abiertos a aceptar e iniciar ese cambio.

Hacia la descolonización de nuestras universidades públicas

Con el deber y derecho que nos da la Constitución Política de Costa Rica, los estatutos orgánicos universitarios, los derechos humanos, voto No. 131393 Sala Cuarta

Ma. Elena Fournier Solano

¿Para quién estamos trabajando en las universidades públicas?

Con el deber y derecho que nos da la Constitución Política de Costa Rica, los estatutos orgánicos universitarios, los derechos humanos, voto No. 131393 Sala Cuarta, comparto esta reflexión, basado en algunos hechos que se están dando en nuestras universidades en donde hay una clara tendencia, desde hace años, a favorecer el neoliberalismo, (recomiendo la lectura del artículo de opinión del Semanario UNIVERSIDAD, pág 26 del 27-11-2019: “Relaciones tóxicas”, Roberto Fragomeno), como también el artículo: “Continúa disputa por cambios en programas institucionales de acción social”, pág. 19, 5-2-2020.

Es urgente la defensa de más espacios como aulas, foros, seminarios, jornadas; medios de comunicación institucional como radio, televisión y periódicos para externar las opiniones contra el sistema neoliberal que nos está consumiendo, y poder entender cómo está afectando a Mesoamérica y a la autonomía universitaria.

Artículos científicos costarricenses como “Detección del promotor 35S mediante PCR tiempo-real: indicador de transgenicidad en alimentos y Gossypium sp.K.”, de Oviedo-Bolaños, J. García-González, S. Solano-González, C. Martínez-Debat, C. Sancho-Blanco y R. Umaña-Castro.Agronomía Mesoamericana (enero-abril 2020), muestran el compromiso que las universidades públicas deben asumir. Es claro en este artículo los daños que causan los transgénicos en nuestro medio y la importancia del etiquetado de los productos e ingredientes transgénicos.

Es importante también la defensa de la no privatización del agua, de las Áreas Silvestres Protegidas, la oposición a más combos fiscales para pagar deuda externa de proyectos de infraestructura para el Proyecto Mesoamérica y de que: «…los dolores que quedan son las libertades que faltan» (Dr. Boaventura).

Hay que continuar con la investigación, docencia, extensión e incidencia política, y hacerlo con presupuesto. No hay que permitir que intereses económicos externos a las universidades, como el Banco Mundial, sus agencias, transnacionales y cámaras empresariales nacionales, nos violenten la libertad de cátedra, libertad de expresión y autonomía universitaria (¡no solo se defiende el FEES!), ni la libertad de decidir qué tipo de país queremos. Necesitamos que nos permitan soñar y trabajar, sin recibir ningún tipo de amenaza, intimidación, amonestación verbal o presión sicológica para pensionarnos, para desistir de nuestros compromisos y sueños, hecho que podría llevar a las autoridades universitarios a la Sala Constitucional.

No alimentemos la codicia de un sistema infrahumano, con mandamientos perversos como los TLC, la OCDE, el Proyecto Mesoamericano, antes Plan Puebla Panamá, (muchos académicos, docentes, estudiantes, lo desconocen), los planes fiscales a favor de las transnacionales, entre otros. Es preciso una reflexión. No perpetuemos el modelo de desarrollo impuesto porque es infrahumano, lleno de codicia sin fin.

Iniciemos pronto un proceso de «descolonización», antes de que sea demasiado tarde y desaparezcan para siempre las universidades públicas y sean convertidas en universidades privadas.

Un hecho vergonzoso fue cuando no apoyamos las manifestaciones contra el Combo Fiscal, mientras las universidades públicas inauguraban suntuosos edificios con préstamos que el pueblo debe pagar.

Tenemos una grave amenaza: el miedo de externar nuestra opinión, el cual hay que enfrentar porque sino se convierte en una cárcel. M. Gandhi decía entre sus diez principios: …»no tener jamás miedo».

La siguiente es una lectura casi obligada para que iniciemos un proceso de información, sensibilización, concientización: “La función decolonizadora de la Universidad Pública latinoamericana», del Dr. Boaventura de Sousa Santos, 24-4-2018 , UCR, Centenario Reforma de Córdoba (1918-2018).

Cambio, resistencia, domesticación, conformismo, adaptación… ¿qué vamos a elegir?

Imagen ilustrativa.

Artículo publicado en Semanario Universidad: https://semanariouniversidad.com/opinion/hacia-la-descolonizacion-de-nuestras-universidades-publicas/

Publicado en SURCOS a solicitud de la autora.

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La verdad sobre presupuestos en educación

Doble Check analiza y desmenuza el titular de La Nación que afirma que el gasto en educación previsto para 2020 será el más alto de la historia.

Vea el video donde se analiza que en realidad será el presupuesto para educación más bajo en siete años.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.

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