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Etiqueta: universidades públicas

Visiones de universidad pública

Por José María Gutiérrez

El año 2019 fue testigo de noticias, discusiones y análisis diversos alrededor del tema de las universidades públicas. Quizá como nunca antes estas instituciones de educación superior estuvieron en la palestra de la opinión pública, la agenda legislativa, los medios de comunicación y diversos sectores de nuestra sociedad. Ese protagonismo permitió que afloraran concepciones variadas y contrapuestas de lo que son, y deberían ser, las universidades públicas en Costa Rica. Por la importancia de estas instituciones, conviene analizar críticamente algunas ‘visiones’ de universidad que se manifestaron el año pasado y proponer otras alternativas de mayor amplitud.

Emerge en este escenario una primera visión, que se podría considerar más bien una ‘anti-visión’. Es la perspectiva de diversos sectores de la prensa y de la clase política, así como de ciertos entornos empresariales. Son quienes no aprecian la relevancia de las universidades públicas en la vida nacional y más bien procuran disminuir a toda costa su dimensión y su aporte. Empujan una agenda tendiente a reducir el presupuesto asignado a las universidades, cuestionan su papel en la vida del país y promueven una ‘minimización’ de las mismas.

En este contexto, se ha gestado una campaña mediática sin precedentes de desprestigio contra las universidades públicas. La educación superior, desde esta perspectiva, debe recibir cada vez menos apoyo del estado y reducir su injerencia en el acontecer nacional. Para esta ‘anti-visión’, el escenario ideal en la educación superior debería apuntar a la reducción de estas instituciones y el consecuente fortalecimiento de la educación superior privada.

Dentro de los sectores que valoran el aporte de las universidades públicas, existe una segunda visión, que se podría calificar de ‘profesionalizante’. Es la perspectiva que comparten quienes ven a estas instituciones básicamente como una fuente de formación de profesionales. Es decir, enfocan en la función docente el eje central del trabajo universitario, de manera casi excluyente.

Es cierto que, desde la fundación de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y de las demás universidades públicas a partir de la década de 1970, el aporte de amplios contingentes de profesionales ha constituido una misión esencial de estas instituciones y un aporte fundamental al país. Las universidades públicas continuarán siendo centros de formación profesional de alto nivel, y requieren depurar continuamente su oferta académica docente para adaptarse a la evolución de las disciplinas, la aparición de nuevas áreas de estudio y las necesidades del país.

Pero esta visión ‘profesionalizante’ se queda corta puesto que, desde el siglo XIX, sobre todo al calor de las reformas académicas impulsadas en las universidades alemanas y luego difundidas en otros países, la función de formación de profesionales se vio complementada por la de generación de conocimiento a través de la investigación. Fue así como surgió el concepto de ‘universidad de investigación’ (research university).

A partir de esos procesos, la investigación científica y tecnológica en todos los campos del conocimiento ha sido una marca indeleble de las universidades públicas y es uno de los principales aportes de estos centros de educación superior a la sociedad. No es casual que las universidades públicas de Costa Rica sean, sin duda, el principal reservorio de ciencia y tecnología del país. Entonces, a la misión ‘profesionalizante’, nuestras universidades le han agregado la de generación de conocimiento original, en todas las disciplinas, como una de sus funciones esenciales.

Esta característica se pierde de vista con frecuencia entre quienes cuestionan el papel y el desempeño de estas instituciones. Lo anterior se hace evidente cuando se efectúan análisis de la ‘eficiencia’ de las universidades en términos exclusivos de cuántos profesionales gradúan y cuál es el costo promedio por profesional graduado, omitiendo que buena parte del presupuesto universitario se dirige a labores de creación y generación de conocimiento, o sea a la investigación. Igualmente resulta paradójico que sectores políticos que repiten la retórica de que el país requiere un desarrollo basado en el conocimiento sean los que cuestionan la asignación de presupuestos a estas instituciones, afectando precisamente los principales nichos de ciencia y tecnología del país.

Además, las universidades públicas han agregado otra dimensión que se suma y complementa la formación de profesionales y la investigación. Se trata del establecimiento de vínculos estrechos con amplios sectores de la sociedad, a través de lo que se conoce como ‘acción social’ o ‘extensión’. En América Latina esta dimensión cobró una enorme vitalidad a partir de la Reforma de Córdoba, en 1918.

Mediante múltiples mecanismos y procesos, las universidades públicas establecen vasos comunicantes con sectores comunitarios, económicos, sociales, culturales e institucionales. Al hacerlo, comparten los saberes generados mediante la investigación y, a la vez, se nutren del conocimiento que emana de la práctica cotidiana en estos sectores, en una auténtica ‘ecología de saberes’. Las universidades han de estar bien sintonizadas con las necesidades variadas y en permanente evolución de la sociedad.

Se tiene, entonces, que la visión ‘profesionalizante’ debe enriquecerse con la generación de conocimiento y la proyección al entorno societario. Se va completando así una perspectiva mucho más rica y compleja de lo que es una universidad pública, lo que se podría llamar una visión ‘integral’.

Ahora bien, cuando se discute esa función de vínculo con la sociedad, emerge, por parte de sectores a lo externo y a lo interno de las universidades, una visión que se podría calificar de ‘económico-reduccionista’. Desde esta perspectiva, el aporte principal de las universidades al país se relacionaría, casi exclusivamente, con la transferencia de conocimiento y la prestación de servicios a determinados sectores del mundo económico productivo, vale decir a las empresas. Aparejado a esto, se promueve que la formación de profesionales se priorice en las carreras que tengan una alta demanda por parte de dicho universo empresarial.

Pareciera estar implícito, en esta visión, que el desarrollo nacional se circunscribe a la esfera económica y que otros ámbitos de la vida del país ocupan una posición subordinada. Se ha llegado a proponer incluso que la eficiencia en el desempeño de las universidades se mida con base en los aportes que las mismas hacen al sector económico-productivo, nada más, omitiendo de esa forma múltiples aportes adicionales que realizan estas instituciones a la sociedad. Llama la atención que esta perspectiva reduccionista sea acogida no solo por sectores políticos y económicos externos, sino también por grupos al interior de las universidades, incluyendo autoridades de algunas universidades.

Esta visión, que parte de un ‘sentido común’ imperante de lo que es el desarrollo, pierde de vista que, si bien el desempeño económico es esencial en la vida nacional y la universidad debe contribuir significativamente a su impulso, el bienestar colectivo y la calidad de vida son fenómenos multifactoriales que incluyen otros aspectos. En última instancia, se trata de crear condiciones en la sociedad que permitan que todas las personas desarrollen sus potencialidades humanas fundamentales. Esto va mucho más allá del crecimiento económico.

Las universidades públicas, en su relación con la sociedad, deben manejar un abanico de interacciones muy amplio. Además de lo económico, se requiere atender muchos otros aspectos de la vida en sociedad, y particularmente prestar atención a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, en procura de la construcción de una sociedad más justa, marcada por la equidad, el respeto a la diversidad y la racionalidad ambiental. Es necesario cambiar la visión estrechamente economicista del vínculo universidad-sociedad por uno de mayor amplitud y sensibilidad.

Esta visión económico-reduccionista con frecuencia se empata con otra de carácter ‘corporativista’ de las universidades públicas, la cual ha adquirido mucha fuerza en la educación superior del primer mundo. Se plantea que, cada vez más, el financiamiento de estas instituciones debe surgir de sus relaciones con el universo empresarial, en sustitución del financiamiento público.

Desde esta perspectiva, las universidades requieren priorizar ámbitos académicos que favorezcan esta interacción y, paralelamente, debilitar espacios universitarios alejados de esta lógica, como las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias básicas y las artes. Las consecuencias de esta tendencia han encendido las señales de alarma a nivel global, ya que se está distorsionando la integralidad universitaria al priorizar solo ciertas áreas del conocimiento y debilitar otras muy importantes. Mal haríamos en Costa Rica en caminar por estos senderos.

Hay otro tema que ha estado casi ausente en las discusiones recientes. Se refiere a la visión de que estas instituciones públicas tienen objetivos que van mucho más allá de temas coyunturales y planes de desarrollo vigentes. Esas necesidades inmediatas deben ser atendidas, pero las universidades aportan al país en un ámbito de mayor amplitud y de más largo aliento. Esto incluye la formación de profesionales que, además de ser técnicamente competentes, sean también personas con formación amplia y con la capacidad de pensar y actuar creativa y críticamente. Que cultiven la sensibilidad, la empatía y la solidaridad, que sean capaces de apreciar la injusticia y promover formas de convivencia más generosas y solidarias.

Aparejado con esto, las universidades públicas cumplen un papel fundamental, que a veces deja de apreciarse, y es el de pensar críticamente la realidad y proyectar luces hacia el futuro, apartando la mirada de las coyunturas del momento para alumbrar a la distancia y otear horizontes más plenos para todas y todos. Tener un ojo en la realidad inmediata, y aportar para que esta sea mejor, mientras el otro mira hacia adelante e imagina escenarios más íntegros, con base en el estudio de la realidad, el pensamiento crítico, la discusión permanente y la creatividad.

Una sociedad democrática necesita que las universidades asuman dicho papel. Esta faceta se alimenta de la libertad de cátedra y de investigación, de la existencia de espacios para el debate y la reflexión, para la discusión abierta y respetuosa de formas diferentes de pensar los temas de la sociedad. Dicha función se suma a las de formación de profesionales, generación de conocimiento y proyección a la sociedad, a partir de lo cual surge una visión ‘integral-humanista’ de universidad pública.

Conviene destacar que esa posibilidad la da, en gran medida, la autonomía universitaria, la cual, pese a estar claramente establecida en la Constitución Política y representar un valor esencial del ethos universitario, se encuentra en un terreno de franco cuestionamiento por algunos sectores. La superficialidad con que con frecuencia se visualiza el concepto de autonomía debe dar paso a una comprensión cabal de lo esencial de este precepto constitucional y filosófico. Sólo una institución que funcione con base en la autonomía es capaz de trascender modas coyunturales y presiones de grupos de interés y de poder, para aportar al país desde esta óptica más amplia.

Frente a las anti-visiones, y a las visiones profesionalizante, económico-reduccionista y corporativista, se requiere fortalecer estas perspectivas de corte ’integral-humanista’, que integren responsable y creativamente la docencia, la investigación y la acción social o extensión, que favorezcan el trabajo interdisciplinario y el respeto a todas las áreas del conocimiento, y que se relacionen de manera amplia, diversa y dialógica con la sociedad en la que se insertan estas instituciones.

Que las universidades públicas sean centros de pensamiento libre y de debate amplio, de visión a futuro, formadoras de profesionales competentes que sean a la vez personas críticas y socialmente comprometidas. Y que estos centros de educación superior tengan la capacidad de aportar a las necesidades del presente, pero también de proyectarse hacia el futuro, en asocio con amplios sectores sociales, para imaginar y promover senderos más generosos por donde transite nuestro país.

 

(*) José María Gutiérrez, Profesor emérito, Universidad de Costa Rica.

Publicado también en http://www.elpais.cr/2020/01/21/visiones-de-universidad-publica/

Enviado a SURCOS por el autor.

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UCR: Las universidades públicas declaran el 2020 como año de la salud mental

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) declaró el 2020 como «Año de las universidades públicas por la salud mental», pues comprende la importancia de que las universidades estatales —al ser instituciones humanistas y agentes de cambio social— planteen iniciativas que contribuyan a dar respuesta a las diferentes demandas de la salud mental.

El Conare y las universidades estatales articularán sus esfuerzos con el fin de promover la salud mental, prevenir el deterioro psicológico o emocional, desmitificar las enfermedades mentales y propiciar diferentes actividades nacionales e institucionales.

En este contexto, es de gran importancia la acción conjunta y sinérgica de las universidades públicas para generar estrategias transformadoras e integradoras. Esas propuestas deben contribuir a dar una mejor respuesta a las diversas demandas en materia de salud mental mediante el fortalecimiento de la investigación, la acción social y la docencia, así como de las estrategias de intervención recreativas, deportivas, artísticas y servicios de salud que contribuyen con el mejoramiento del bienestar de la comunidad universitaria.

Asimismo, esta declaratoria es un llamado a las comunidades universitarias a que busquen renovadas estrategias de articulación de quehaceres. Esos nuevos métodos deben permitir un mayor avance en el compromiso con la promoción de la salud mental en la comunidad universitaria y nacional, lo cual constituye un aporte al bienestar social, la promoción de la salud integral y la defensa de los derechos humanos.

La Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 define la salud mental como el “proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos: familiares, comunitarios, académicos, laborales y disfrutar de la vida en armonía con el ambiente”.

 

Consejo Nacional de Rectores

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Llaman a la acción ante proceso judicial a estudiantes en lucha

El Colectivo Derecho a la Protesta Social pedimos su solidaridad y hacemos un llamado urgente a la acción, ante la situación que enfrentan 4 personas estudiantes en el Juzgado Penal de Flagrancia acusadas y acusados por la Fiscalía por el delito de Obstrucción a la Vía Pública.

Consideramos que se trata de un juicio político porque estas personas no cometieron delito alguno, los-as 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del pasado 21 de noviembre de 2019 en el cruce de Santiaguito de San Ramón en Occidente, donde protestaban en el marco de la aprobación del presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.

Se manifestaban en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares.

Fueron detenidos y luego demandados por la Fuerza Pública y puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de los esfuerzos de su Defensa, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.

Las personas estudiantes han insistido en que no incurrieron en ningún delito, en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

La Fuerza Pública actuó en contra los-as estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución, cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica.

Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

En este momento, diversas organizaciones sociales, denunciamos que estamos frente a un juicio político que claramente busca criminalizar el legítimo derecho a la protesta de estas personas al acusarlas penalmente. Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo hacia la población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las represalias.

Por tanto exigimos a la Fiscalía General de la República revise la acusación contra las 4 personas acusadas por la misma pues no se verificó que las personas manifestantes acusados estuvieron cometiendo ningún acto violento contra la Policía.

Por esto un grupo de personas nos trasladaremos desde San José a San Ramón para realizar un Pasacalles por la ciudad de San Ramón, saliendo de la Sede de Occidente de la UCR a las 6 p.m., para luego unirnos al plantón frente a los Tribunales de Justicia de San Ramón a las 7 p.m. convocado por la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente.

Al mismo tiempo hacemos un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos que en este momento existen de criminalización de la protesta social en Costa Rica enviando cartas y pronunciamientos a:

Lic. Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público. Fiscal General de la República.

Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr

Fax: 2256-3503.

Con copia a:

Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la República.

Correo electrónico: despachopresidente@presidencia.go.cr

Fax: 2253-9078.

Felly Salas Hernández, directora de despacho: emilio.robles@presidencia.go.cr

Allan Solís Fonseca, asistente personal: allan.solis@presidencia.go.cr

Con copia a:

PhD. Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes

Correo electrónico: despachodhr@dhr.go.cr

Fax: 4000-8700

Con copia a:

Relator Edison Lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA

Correo electrónico: cidhexpresion@oas.org

Por favor copiar sus cartas a criminalizacionprotestasocial@gmail.com para tener registro de sus muestras de solidaridad.

El Colectivo Derecho a la Protesta Social comparte el siguiente comunicado estudiantil:

Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y

Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente

COMUNICADO DE PRENSA

Estudiantes criminalizados por manifestarse tendrán que ir a juicio el 30 de diciembre de 2019.

San Ramón, Alajuela (viernes 20 de diciembre, 2019). – Los 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el lunes 30 de diciembre a las 7 de la noche en los Tribunales de San Ramón.

El pasado jueves 19 de diciembre en la noche, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón.

La Fiscalía presentó su acusación y los estudiantes presentaron su defensa. Después de escuchar a ambas partes, el juez resolvió que los estudiantes deben ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública y ese día presentarán sus testigos, declaraciones y argumentos de defensa.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan todo el apoyo del movimiento social porque este juicio es un precedente para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Asimismo, en el marco de esta acción de defensa, el miércoles 18 de diciembre los 4 estudiantes interpusieron una acción de inconstitucionalidad que impugna el artículo 256 bis del Código Penal, que califica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías públicas. Esperamos que siente un precedente importante en cuanto al derecho a manifestarse y el derecho a la libertad de expresión para todas las personas de este país.

Los 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del pasado 21 de noviembre en el cruce de Santiaguito de San Ramón, donde protestaban por la aprobación de un presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.

Fueron demandados por la Fuerza Pública y puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de sus esfuerzos, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.

Los estudiantes han insistido en que incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Ese mismo 21 de noviembre fueron detenidos 7 estudiantes frente a la Facultad de Derecho de la UCR en San José por manifestarse con las mismas causas.

Desde el movimiento estudiantil de Occidente, denunciamos el accionar de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública durante los hechos de represión y detención arbitraria de las y los estudiantes.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales, representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

Exigimos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, los medios de comunicación y a la sociedad civil de este país, que se detenga la criminalización de la protesta social y que no se dejen manipular. Nuestra causa es por la defensa de los derechos humanos, la autonomía universitaria y el presupuesto de la educación superior para los sectores populares, que somos los que hemos terminado pisoteados y amedrentados por estas políticas que se nos imponen.

Más información:

Lic. Edgardo Araya Sibaja

(+506) 87049502

Información enviada a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.

Cerco mediático, censura y posverdad

Organización Política Carmen Lyra

Los últimos acontecimientos de violencia y represión efectuados por el gobierno de Carlos Alvarado contra estudiantes han sido justificados bajo falacias y calumnias, los grandes consorcios comunicacionales se encuentran en una alianza que está desinformando a la población y creando enemigos entre el pueblo, a continuación planteamos un análisis urgente.

Las malas negociaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Rectores, reflejadas en las convocatorias a paro y subsecuentes tomas de sedes y facultades de diferentes universidades públicas, son parte del iceberg que escondía el presupuesto nacional para el año 2020, el cual fue recientemente aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con todos los recortes presupuestarios amalgamados en la regla fiscal y en la visión de “eficientar” el Estado social de derecho.

La convulsión del movimiento estudiantil es producto de la resistencia a la arremetida contra la autonomía universitaria y su presupuesto, el cual ya no solo fue trastocado con un condicionamiento, sino además reducido. Cuando ya no hay constitución lo único que queda es la calle para exigir respeto.

A pesar de los hechos antes mencionados la prensa escrita, radial y virtual, construye de forma tradicional hechos paralelos, los ejemplos más históricos más recientes están en la Huelga contra el Combo fiscal, donde los medios masivos de desinformación construyeron enemigos y posverdades como fue el caso “ATENTADO” (sic) contra poliducto de RECOPE y las “reuniones” del quirófano, ambos hechos ampliamente desmentidos y hoy demostrado que fueron falacias intencionales para generar nociones tergiversadas de los hechos, y poder encontrar “culpables”. La prensa hoy sigue impune ante la mentira y el terrorismo mediático.

Lo que hoy presentan medios como Amelia Rueda, Teletica y La Nación sobre la represión ejecutada contra estudiantes universitarios de San Ramón, Heredia y San José en horas de la madrugada es exactamente el mismo mecanismo, están creando a partir de una “versión” no probada, de “hechos” no demostrados un supuesto atentado contra la vida de oficiales de policía ¿cuáles oficiales? ¿Hay videos? ¿Existen evidencias concretas?

Actualmente existen 11 personas, estudiantes universitarias, que están detenidas, sin embargo los medios únicamente recogen los argumentos de las fuerzas represivas del estado -la fuerza pública- y ni un solo argumento del sector estudiantil que fue reprimido, se presenta una verdad sin contraparte y como diría Isabel Ducca ¡No importa que todo se base en una suposición! La construcción mediática la convierte en verdad oficial. La verdad oficial no requiere investigación ni hechos que la comprueben, mucho menos la voz de los acusados.

Inclusive existen ya citatorios para juicios de flagrancia contra estudiantes, hoy a las 5 p.m, la justicia demuestra una eficiencia sin precedentes cuando de juzgar a activistas y protestas sociales se trata, esta práctica ha venido en escalada en los últimos años.

Llamamos a la movilización permanente y a la libertad de las personas detenidas.

¡Cuando nos quitan la Constitución, lo único que nos queda es la calle!

 

Enviado a SURCOS por Fernando Bermúdez.

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UCR, Voz experta: Límites y alcances del Acuerdo FEES-2020

Por Eval Antonio Araya Vega, filósofo, docente e investigador, Sede Regional de Occidente, UCR

El acuerdo tomado el 22 de octubre sobre el FEES es suficientemente claro y positivo pero, para comprender sus límites y alcances, es necesario interpretarlo desde principios lógicos, administrativos y jurídicos.

¿Qué garantiza?

R1/ El respeto a la independencia conferida a las universidades estatales por la Constitución Política, artículos 84 y 85. Confróntese: a) considerandos: 1, 6, 11 y 12; b) acuerdos: 1, 2, 5 y 6.

R2/ El financiamiento de las universidades según lo previsto en la Constitución Po- lítica, artículos 78 y 85. Confróntese: a) considerandos: 4, 5 y 9; b) acuerdos: 1, 2 y 4.

¿Qué corrige?

R1/ El accionar inconstitucional y unilateral de la hoy ex Ministra de Hacienda Rocio Aguilar, al pretender clasificar partidas del FEES cuando ello es potestad exclusiva del quehacer autónomo universitario. Confróntese: a) considerando 8; b) acuerdo 2.

R2/ El monto presupuestario que las universidades estatales, por muto proprio, d finieron en partidas equivalentes a gastos de capital, lo que quedará plasmado en las registros contables correspondientes. Confróntese: a) considerandos 9, 10; b) acuerdo 2.

¿Qué mejora?

R1/ La jurisprudencia para la posterior aplicación de los artículo 84 y 85 en lo que respecta a la ejecución del FEES, toda vez que se hace explícito que solo las propias universidades pueden clasificar sus partidas. Confróntese: acuerdo 1.

R2/ El nivel de representatividad democrática de la Comisión de Enlace negociado- ra del FEES, al incorporar a la representación estudiantil, según designación de los órganos institucionales correspondientes. Confróntese: a) considerando 3; b) acuerdo 3.

¿Qué lo limita?

R1/ La falta de una lectura correcta, basada en principios de gestión administrativa universitaria y recursos propios del razonamientos lógico y jurídico.

R2/ El oportunismo de algunos grupos “políticos” que promueven la división, la en procura de sus propios intereses no explicativos con transparencia suficiente.

¿Cuándo logrará eficacia plena?

R1/ Cuando el Plenario de la Asamblea Legislativa, con base en el mecanismo de aprobación correspondiente, apruebe el Presupuesto Nacional de la República respetando lo definido por CONARE y plasmado en el acuerdo. Confróntese: a) Considerandos 9 y 10; b) Acuerdo: 2.

R2/ Cuando en los años sucesivos se respete la autonomía universitaria sin vacilaciones y se concrete la negociación quinquenal del FEES. Confróntese: Acuerdos 1 y 4.

¿Por qué debemos estar alertas?

R1/ Porque el Plenario de la Asamblea Legislativa podría no aprobar lo ya acordado por la Comisión de Asuntos Hacendarios con respecto del FEES al momento de aprobar el Presupuesto General de la República 2020. Confróntese: Considerando 9.

R2/ Porque el contexto FEES está siendo utilizado por intereses políticos y partidarios que, desde siempre, han intentado debilitar en el mejor de los casos, y eliminar en el peor, la educación superior estatal costarricense, lo que demanda acciones estratégicas sostenidas en su defensa.

¿En qué contribuyó el acuerdo?

R1/ Con la renuncia de la ex Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, al quedar una vez más en evidencia, su proceder arbitrario e inconstitucional en pro de su proyecto económico.

R2/ En fortalecer la autonomía universitaria, el respeto para con la Constitución Po- lítica y, consecuentemente, para con el Estado Social de Derecho, al momento que se delimitó al Poder Ejecutivo y se lo indujo a manifestar compromiso explícito en este aspecto específico. Confróntese: acuerdos 5 y 6.

¿Qué corresponde ahora?

R1/ Promover en lo sucesivo y a lo interno de las comunidades universitarias una oportuna discusión interna sobre la distribución, justa y equitativa, de sus presupuestos, a fin de evitar los malestares evidenciados en esta coyuntura.

R2/ Unirnos las comunidades universitarias en un frente común para la defensa estratégica, orgánica y sostenida de las educación superior estatal costarricense.

 

Eval Antonio Araya Vega,

Filósofo, docente e investigador, Sede Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica.

Foto: Anel Kenjekeeva.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Estudiantes logran un acuerdo histórico para participar con los rectores universitarios en la negociación del FEES

  • Los representantes estudiantiles, por primera vez, participarán en la Comisión de Enlace del Consejo Nacional de Rectores

Durante la reunión en Casa Presidencial, las representaciones de las federaciones estudiantiles reafirmaron el rol fundamental del alumnado en los procesos de negociación y toma de decisiones. Foto: Anel Kenjekeeva.

La anulación del desvío de ₡35 000 millones para gasto de capital y el acuerdo de no crear ninguna nueva clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no fueron los únicos logros alcanzados tras la marcha multitudinaria convocada por el movimiento estudiantil el martes 22 de octubre.

A raíz de la convocatoria, los jóvenes también lograron un acuerdo histórico con el Consejo Nacional de Rectores (Conare): ser parte de la Comisión de Enlace, ente encargado de negociar el monto del FEES, en el cual no existía ninguna representación estudiantil.

“Lo ocurrido en los últimos días dio cabida a la importancia de la representación estudiantil en espacios para la toma de decisiones, tanto a lo interno como a lo externo de las universidades públicas. Por ejemplo, en la Comisión de Enlace. Es importante indicar que se han generado varias críticas a la forma en cómo se invierte el dinero en las universidades públicas. Por eso, nosotros como movimiento estudiantil nos comprometemos a ser críticos sobre la forma en cómo se invierten los recursos a nivel interno, en el marco de la autonomía, para crear una sociedad más democrática y justa”, manifestó Andrea Chacón Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

Con este nuevo acuerdo, se modificará el convenio que coordina la educación superior pública costarricense. Así, los representantes estudiantiles de las diversas universidades públicas podrán tener una voz, aún más activa, cuando se realicen las negociaciones.

El involucramiento de los estudiantes en la Comisión de Enlace es una decisión que responde a un propósito de décadas articulado por las representaciones estudiantiles. El Gobierno de la República ha expresado su concordancia con la respuesta emanada por Conare. También, se compromete a realizar las gestiones pertinentes para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas en el ejercicio de su independencia funcional en ejercicio del autogobierno y la autoadministración”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington.

Para que el acuerdo se concrete aún falta que el presidente de la República, Carlos Alvarado, emita el decreto ejecutivo destinado a modificar oficialmente la forma en cómo se integra la Comisión de Enlace. Dicho cambio entrará a regir una vez que sea ratificado por los consejos universitarios de las universidades públicas.

Acuerdos claves

Otra de las decisiones tomadas el 22 de octubre fue reclasificar los gastos considerados como corrientes para contabilizarlos como gastos de capital. Lo anterior permite que, a lo interno de las universidades, un total de ¢35 000 millones pasen de la línea de gasto de capital a la línea de gastos operativos, lo cual mejora el uso de los recursos.

De igual forma, se habló sobre la posibilidad de que el FEES se negocie de manera quinquenal —en la medida que la situación financiera del país lo permita, a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a la educación— y que las únicas clasificaciones permitidas serán aquellas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas. Esto en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), en el cual se incluye el componente de gasto de capital.

Los acuerdos establecidos permitirán que las universidades públicas realicen sus labores normales y puedan responder a los compromisos adquiridos con la población estudiantil. Entre ellos, proporcionar becas, contratar docentes, fortalecer la oferta de cursos, así como robustecer el funcionamiento de las sedes, recintos, docencia, acción social e investigación.

La marcha salió del pretil de la Sede Rodrigo Facio rumbo a Casa Presidencial. La movilización se denominó «Somos U públicas» y fue convocada por el movimiento estudiantil.

La manifestación se generó luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara el desvío de ¢70 000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a inversión de capital, lo cual imposibilitaba usar ese dinero en otros rubros como becas, investigaciones y proyectos de acción social.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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SEC solicita respeto a la autonomía universitaria

La Autonomía Universitaria que garantiza la Constitución Política es un límite claro para los Poderes de la República sobre hasta dónde pueden interferir con el accionar de dichas organizaciones.

Decirles a las universidades públicas cuánto deben gastar en cualquier rubro es traspasar los límites que el artículo 84 de la Constitución Política establece con claridad meridiana. De la misma manera, la Sala Constitucional ha reiterado que el régimen de autonomía de las universidades es diferente al de cualquier otra institución del Estado. Desconocer esta realidad en la discusión presupuestaria preocupa sobre todo por la calidad de la discusión que se da en el seno legislativo.

No queremos dejar pasar la actitud provocadora que inició con la imposición del Ministerio de Hacienda de un monto para gastos de capital; debe llamarnos a la reflexión sobre la conveniencia de que doña Rocío Aguilar continúe desatando tormentas políticas en un país que necesita mucha serenidad para enfrentar los retos económicos, sociales y políticos que se avecinan.

Por todo lo anterior, el SEC hace un llamado al Presidente de la República y; a los y las 57 diputadas para que se respete la autonomía universitaria de forma completa; que se dejen de lado los prejuicios ideológicos que hay sobre dichas universidades y, que en adelante, si se quiere hablar del rol de las universidades públicas, se haga en un contexto de política nacional de desarrollo basada en la educación, la investigación y el desarrollo de conocimiento.

 

Imagen ilustrativa.

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La defensa de la educación superior pública es una responsabilidad del conjunto del movimiento popular

En estos momentos el movimiento estudiantil universitario a la cabeza y la comunidad universitaria en su conjunto en la UCR y en la UNA, desarrollan tomas de rectoría, de facultades y sedes regionales como expresión del descontento con la política del gobierno del PAC que busca el desmantelamiento de la educación superior pública, al recortar al FEES ¢70.000 millones de su presupuesto para obligarles a que se oriente exclusivamente en inversión de infraestructura, lo que significa impactar fuertemente el financiamiento de la docencia, la investigación, la acción social, la regionalización y las becas estudiantiles.

El gobierno de Alvarado con su agenda de desmantelamiento del Estado Social, expresada en la aprobación del paquete fiscal, de los derechos laborales y las libertades de expresión y manifestación, viene ahora por medio de la ministra de Hacienda a promover el desequilibrio financiero de las universidades públicas con una arbitraria decisión de modificación unilateral del FEES que además violenta la autonomía universitaria.

Desde el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) respaldamos la convocatoria a movilización de las universidades públicas en defensa de la educación superior pública y en defensa de la autonomía universitaria y al paro activo convocado por las universidades para el día 30 de octubre.

Condenamos enérgicamente a los gobiernos neoliberales de la triada PAC, PLN y PUSC por sus políticas neoliberales de acuerdo con la agenda de los organismos financieros internacionales de claro contenido antipopular.

Llamarnos a todos los sectores sociales a salir a defender el derecho a la educación superior para la juventud costarricense y la defensa de la autonomía universitaria.

Exigimos la renuncia inmediata de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar por ser el poder real de este gobierno neoliberal y principal vocera de los entes financieros internacionales que están destruyendo nuestro país y desmantelando nuestro Estado.

San José, 21 de octubre de 2019

BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL COSTARRICENSE BUSSCO

Imagen ilustrativa.

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Escuela de Ciencias Sociales del ITCR se suma a la defensa de la educación superior pública

El Concejo de Escuela de Ciencias Sociales, en Sesión Extraordinaria n° 24-2019 celebrada el 21 de octubre de 2019, artículo 3:

CONSIDERANDO QUE:

  1. “Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal Costarricenses constituyen, desde su fundación, un elemento insustituible en la búsqueda permanente del desarrollo nacional, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en el mantenimiento del equilibrio ambiental y la reducción de la huella ecológica, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la potenciación de la participación colectiva, en la igualdad de oportunidades sin diferencias, entre otras, de género, etnia, religión, extracción social, preferencia sexual, necesidades especiales y formas de aprender, en el respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la cultura de paz, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, en la protección de la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad y justicia social.
  2. Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica garantizan la autonomía universitaria, el autogobierno y el financiamiento de las universidades públicas.
  3. El Poder Ejecutivo en la persona de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, tomó la decisión unilateral de reasignar, primero, ¢ 70.000 millones y luego la Asamblea Legislativa ¢ 35.000 millones del FEES 2020, en el rubro de “transferencias de capital”, lo cual constituye una medida autoritaria que atenta directamente contra la inversión en Educación Superior Pública de Costa Rica. Esta decisión se da a pesar de que el CONARE había aceptado asignar estos ¢ 70.000 millones, pero tomándolos del presupuesto general de las universidades y no del FEES.
  4. La reasignación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tendrán perjuicios directos en las universidades públicas, como la posible reducción de becas y servicios estudiantiles, límites de matrícula, eliminación y restricción de proyectos de investigación, acción y extensión social, disminución de contratación de profesores (as), entre otras restricciones ya indicadas por las Rectorías de las Universidades, todas las cuales ponen en condición de emergencia a las universidades públicas e impedirán el fortalecimiento de la Educación Superior Pública.
  5. El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, asumieron, una vez más, acciones contra la inversión en educación superior, en consonancia y cumplimiento de una política económica de austeridad y restricción que atenta contra el Estado social costarricense, incluidas la cultura, la salud y la seguridad social en general. Esas medidas incluyen, entre otras, la aplicación de la Regla fiscal, la imposición de un impuesto del 2% a las compras de las universidades estatales (a pesar de que no se ha definido un mecanismo para su devolución a las universidades) y la inclusión del INA y la Red de Cuido, en el 8% del PIB destinado a la educación pública”.

SE ACUERDA:

  1. “Hacer un llamado a la defensa del modelo de universidad pública costarricense, de su papel fundamental en la promoción del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
  2. Rechazar la decisión unilateral del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de reasignar cualquier monto del FEES 2020, por contravenir lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica.
  3. Asumir el compromiso de reforzar la campaña de comunicación sobre el aporte de las universidades públicas a la sociedad costarricense, como acción de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que recibimos del pueblo de Costa Rica.
  4. Participar activamente en la marcha del martes 22 de octubre del 2019, convocada inicialmente por los y las estudiantes de la UNA y la UCR, y ahora acuerpada de forma unánime por las 5 universidades públicas, en defensa del Estado y la inversión social, la educación pública superior garantizada en la Constitución Política de Costa Rica y la defensa de la autonomía universitaria.
  5. Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional.” ACUERDO FIRME.

 

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MEDSE apoya al movimiento estudiantil universitario

Comunicado oficial

MEDSE – Movimiento Estudiantil De Secundaria

Luego de la consulta a sus bases, el MEDSE dispone:

1- Condenamos el ataque a la autonomía universitaria y al financiamiento de la educación superior por parte del ministerio de hacienda y su depositaria Rocío Aguilar.

2- Apoyamos el movimiento estudiantil universitario en busca de la protección de la educación superior pública y la igualdad de oportunidades para los estudiantes de todo el territorio nacional.

3- MEDSE condena la represión ejercida en contra de los estudiantes de la Universidad Nacional e insta a todos los sectores estudiantiles a unir esfuerzos para lograr objetivos comunes.

4- Las acciones a tomar se estarán coordinando con los representantes regionales en las próximas horas.

5- MEDSE llama a la unión nacional en contra del totalitarismo y las políticas regresivas que provocan empobrecimiento, violencia y la debacle de nuestra economía.

MEDSE, la voz de los estudiantes.

 

Compartido con SURCOS por Kenneth Sánchez Marín.

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