Facultad de Educación tomada por el movimiento estudiantil. Foto: Karla Richmond.
Diferentes edificios y sedes de la Universidad de Costa Rica han sido cerrados por movimientos estudiantiles que accionan una lucha en defensa de la educación superior pública. Los movimientos iniciaron en la Sede del Pacífico, donde desde horas de la mañana del 16 de octubre los estudiantes cerraron las instalaciones y solicitaron plazas docentes. El movimiento se expandió y reveló un contexto grave de violación a la autonomía universitaria.
Durante la marcha del día 22 de octubre la consigna y la solicitud es: respeto de la autonomía universitaria y de la Constitución Política, además se pide una reclasificación presupuestaria de los ¢70 0000 millones del FEES.
La rectoría de la UCR ha dado permiso durante todo el día 22 de octubre a la comunidad universitaria para participar de la marcha. El día 23 de octubre se continuará con las jornadas de reflexión en la institución.
Invitación a la actividad informativa del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.
Antes de este medio día del 21 de octubre del 2019, el rector Henning Jensen se refiere a la cláusula quinta del acuerdo del FEES, donde se definen los ¢70 000 millones para gasto de capital de parte de las universidades, en el Consejo Ampliado de Rectoría que convocó Directores de Sedes, Escuelas y Programas de Posgrado, Decanos, Vicerrectoras y Jefaturas Administrativas. VEA transmisión en directo del Semanario Universidad.
Durante esta semana las distintas asociaciones estudiantiles organizan conversatorios, encuentros y diálogos espontáneos a fin de promover la reflexión sobre el desvío del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año 2020.
Manta en arquitectura en la que se lee «convocamos a la toma pacífica del edificio, construyamos espacios de resistencia».
Estado de los edificios
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Isabel Avendaño Flores invita al cuerpo docente a realizar docencia presencial mediante aulas abiertas o bien hacer docencia virtual para informar y sensibilizar a las familias de estudiantes y personas trabajadoras de la Universidad, comunidades y empresas sobre las consecuencias de lo propuesto por el Ministerio de Hacienda.
El edificio de Ciencias Sociales permanece cerrado, pero los estudiantes organizan actividades en el aire libre a partir de las 10:00 a. m. y se prevé a las 2:00 p. m. se realice la asamblea general del movimiento estudiantil.
Los estudiantes de Artes convocan a asamblea de seguimiento a las 12:00 p. m. en la plazoleta de Educación. En esta actividad se informará lo que se ha trabajado desde el movimiento estudiantil como Frente Autónomo Interuniversitario.
La Facultad de Ciencias Económicas tendrá a las 10:00 a. m y a las 2:00 p. m. el conversatorio “Económicas en lucha por el FEES” y además convoca a una “carteleada” de 1:30 p. m. a 4:00 p. m. con el fin de crear material para la marcha del día 22 de octubre.
Pasacalles de los estudiantes de Artes Dramáticas en la Sede Rodrigo Facio, el 21 de octubre de 2019.
Este día 21 a partir de las 8:00 a. m. el Recinto de Golfito se está organizando para movilizar un grupo de unas 120 personas que asistirán a la marcha de este martes. Desde el viernes los estudiantes alistan pancartas, rótulos y mantas, así como los refrigerios para los que viajarán a San José. Las acciones se están realizando en coordinación entre al Asociación de Estudiantes y la administración del recinto.
Por su parte en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias todos los edificios permanecen abiertos y se están impartiendo clases con normalidad. Los miembros del consejo estudiantil y de las asociaciones de estudiantes de esta Facultad estarán pasando por las aulas para establecer diálogos y espacios de reflexión con el estudiantado.
La Facultad de Derecho permanece cerrada. El decanato advirtió que las clases serán virtuales o reprogramadas. A partir de las 6:00 p. m. se abrirá el Auditorio Alberto Brenes Córdoba y se llevará a cabo una vigilia a la cual se invita a la población estudiantil y al personal docente y administrativo.
02:00 p. m. Faculad de Letras, Sede Rodrigo Facio. 21 de octubre 2019.
Los días martes y miércoles, el auditorio estará a disposición para llevar a cabo jornadas de reflexión sobre la autonomía universitaria y la actual coyuntura que vive la educación superior pública en Costa Rica.
La Facultad de Educación por medio de su decana Guiselle Garbanzo anunció que el edificio permanece cerrado y que se permanece en diálogo constante con los estudiantes. Ella insta a continuar con la defensa de la educación superior pública.
Edificio de arquitectura vestido de negro. 21 de octubre, 2019.
A las 9:30 a.m. está convocada la asamblea general estudiantil de Letras, donde participarán miembros de las asociaciones de estudiantes de las Escuelas de Filología, Lingüística y Literatura, de Filosofía, y de Lenguas Modernas, quienes se reunirán para planificar acciones para la marcha y para construir un posicionamiento político ante la coyuntura actual. La reunión será realizada en el Vestíbulo de Los espejos.
A las 2 p.m. se realizará el consejo asesor de la Facultad de Letras con la participación de miembros de las Asociaciones de estudiantes y de otras personas de esta unidad académica, el tema a tratar es sobre datos reales de la situación del presupuesto de FEES. La reunión será realizada en la Sala Joaquín Gutiérrez. Además la Asociación de Estudiantes de Filología invita a la ‘Carteleada en Letras’, a realizarse entre las 12:30 p. m. a 4:00 p. m., donde se elaborarán carteles y pancartas para llevar a la marcha del 22 de octubre 2019. El edificio permanece cerrado.
11:00 a. m. 21 de octubre. Asamblea de estudiantes en la sede de Occidente UCR. Foto tomada de Toma del Movimiento Estudiantil CR
La Asociación de Estudiantes de Filosofía invita a las personas de la comunidad universitaria a llevar alimentos, ollas y medicinas, a su oficina, en el edificio de la Facultad de Letras, segunda ala, segundo piso. Esto con el fin de suministrárselos a estudiantes de edificios que están tomados, con motivo de las manifestaciones previas a la marcha del 22 de octubre 2019.
El Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin-UCR) permanece sin ofrecer servicio debido a que están cerrados los edificios de Estudios Generales incluyendo el edificio de aulas.
Durante la marcha del día 22 de octubre la consigna y la solicitud es: respeto de la autonomía universitaria y de la Constitución Política, además se pide la reclasificación presupuestaria de los ¢70 0000 millones del FEES.
Cuando una universidad pública decide invertir en infraestructura, toma el costo total de la obra y lo presupuesta, si no concluye la obra en un año, como suele suceder debido a la compleja tramitología, se coloca en el superávit, aparte del presupuesto ordinario, el que financia las becas, la investigación y los salarios día a día.
El FEES es el 80 % del presupuesto de la UCR y el restante 20 % es generado por la propia universidad y no se puede invertir en gastos corrientes.
De esos recursos reservados para obras, es que las universidades se comprometieron con el gobierno a invertir 70 mil millones de colones en infraestructura el próximo año.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda clasificó 70 mil millones del FEES para que sólo se pudiera invertir en infraestructura, a pesar de que las universidades ya tenían otro dinero – incluso una suma mayor – destinado para eso.
Con esta decisión las universidades tienen más dinero del planificado para invertir en edificios y mucho menos para las becas, la investigación, los salarios y el funcionamiento cotidiano. Eso impacta tanto que podría haber un cierre técnico por falta de fondos.
Además, esa decisión es arbitraria e inconstitucional, porque la Constitución Política le da potestad a las universidades de decidir cómo administrar sus fondos, es decir, ni el Ministerio de Hacienda ni la Asamblea Legislativa pueden condicionar el presupuesto del FEES.
El Consejo de Mayores Bröran del pueblo indígena de Terraba externa su solidaridad y apoyo a la comunidad estudiantil que se manifiestan por la defensa de la educación pública costarricense.
Las Universidades Públicas promueven los derechos de la población costarricense a una educación libre y gratuita. Como Pueblos Originarios somos garantes del trabajo que durante décadas las diferentes universidades UNA, UCR, UNED y el TEC han aportado a nuestros pueblos, los diferentes programas de acción social, investigación, educación, voluntariado y principalmente de lingüística han sido y son parte fundamental en los procesos de lucha por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Son las poblaciones indígenas las más afectadas a la hora de poder acceder a la educación superior pública por diferentes motivos, geográficos, económicos, culturales y hasta políticos, sin embargo en los últimos años las universidades bajo diferentes programas y mecanismos han logrado la inserción de gran población de estudiantes indígenas en sus diferentes sedes. Aún más muchos hermanos y hermanas indígenas son parte de los programas de educación e investigación aportando sus saberes como profesionales a estas universidades.
Nos manifestamos en contra de las políticas estatales que utilizan formas violentas para limitar el derecho a la educación pública y gratuita. Así mismo aplaudimos el levantamiento de los estudiantes por la defensa de sus derechos y externamos nuestra disposición para acuerpar una lucha legítima si así lo necesiten.
Las autoridades garantizaron el respeto absoluto a los artículos 84 y 85 de la Constitución Política
Mesa de negociación este 22 de octubre de 2019. Foto: Johnny Núñez de la Oficina de Comunicación de la UNA. Foto: Anel Kenjekeeva.
Tras seis horas de negociación, las autoridades universitarias y del Gobierno lograron un acuerdo para responder a las demandas de los universitarios. El principal de los puntos de acuerdo es que el Ejecutivo reconocerá la clasificación de partidas del Fondo de Especial para la Educación Superior (FEES) realizada por las universidades, con lo que ellas recuperan su poder de autogobierno y podrán hacer uso del total de los recursos universitarios presupuestados para el 2020.
Lo anterior permite a las universidades reclasificar a lo interno los recursos destinados por Hacienda a inversión de capital y usarlos para su gasto operativo.
En la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto de la República seguirá su curso de forma normal, sin que ese debate afecte los presupuestos universitarios, según lo expresó el ministro de la Presidencia Víctor Morales.
El rector de la Universidad de Costa Rica y representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Henning Jensen P. fue enfático además en aclarar a la comunidad universitaria que este acuerdo logra que se respeten los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, con lo que se logra resguardar la autonomía universitaria.
Además, el decreto firmado por el Ejecutivo permite que se incluya en las siguientes negociaciones del FEES a las representaciones del movimiento estudiantil, con lo que la Comisión de Enlace incluirá en adelante a estos nuevos miembros.
Adicionalmente, el documento explicita la voluntad de los firmantes de volver a la negociación quinquenal del FEES. Al respecto la ministra de Educación Guiselle Cruz aseguró que volver a este modelo de negociación del FEES es saludable para el ejercicio de universidades públicas y de los beneficios que aportan al país y así está en la Constitución Política.
Por parte del movimiento estudiantil, la actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Andrea Chacón, reconoció el valor de la protesta social iniciada por movimientos independientes de estudiantes, con quienes mantendrán un proceso de diálogo para lograr negociar la reapertura de edificios.
Finalizada la negociación la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, hace un llamado a la comunidad universitaria a reanudar las actividades normalmente, a partir del 23 de octubre. Pueden mantenerse, las actividades programadas de análisis y reflexión sobre la defensa del FEES, la realidad universitaria y el contexto nacional.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, anuncia los acuerdos entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo. Foto: Anel Kenjekeeva.
Costa Rica atraviesa por un momento crítico, debido a la aplicación y promoción -por parte del Gobierno y algunas fracciones legislativas- de políticas de austeridad y recortes presupuestarios que tienden a desmantelar el estado social de derecho y que agudizan las condiciones de precariedad laboral y de desigualdad económica.
En el último año, esa tendencia se ha materializado en la implementación de una reforma fiscal que impone su peso en un impuesto por naturaleza regresivo, el IVA, mientras continúa favoreciendo a empresarios y grandes capitales nacionales y transnacionales con exoneraciones y portillos para eludir impuestos. Además, en contradicción con la propia historia del partido de Gobierno, la actual administración ha sido vocera y promotora de una campaña de desprestigio de los y las funcionarias públicas, la cual encuentra en la reforma de ley del empleo público una puerta a una mayor precarización de los y las trabajadoras del sector público. Aunado a lo anterior, el gobierno y sus aliados en el legislativo han promovido políticas y proyectos que buscan criminalizar la protesta social.
Dentro de ese marco general, que incluye también ataques a las instituciones públicas y, en particular, a la educación superior, se ha dado a conocer la decisión del Ministerio de Hacienda, de redireccionar el uso de 70 mil millones de colones del FEES exclusivamente para inversiones en infraestructura, según un acuerdo firmado por CONARE.
En relación con esta decisión, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) considera que:
Esa decisión del gobierno es violatoria de la autonomía universitaria establecida en la Constitución Política del Estado
Ese redireccionamiento es lesivo para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas y para el cumplimiento de sus funciones sustantivas
La firma de este acuerdo por parte de los Rectores del FEES atenta contra las mismas universidades que ellos representan y se supone deben defender
En razón de esas consideraciones, el Instituto de Investigaciones Sociales acuerda:
Exigir al Gobierno y al Poder Legislativo el respeto pleno a la autonomía universitaria
Demandar que el Ejecutivo y la Asamblea legislativa cumplan con la asignación del FEES sin condicionamientos lesivos a la autonomía y al normal funcionamiento de las universidades públicas
Apoyar las acciones tomadas por el movimiento estudiantil de la UCR y otras universidades públicas con el fin de presionar al Gobierno y al Legislativo
Repudiar la represión contra las y los estudiantes de la Universidad Nacional, así como el ingreso de la fuerza pública al recinto universitario, violatorio de la autonomía universitaria
Exigir a las autoridades universitarias (CONARE) que aclaren los términos de las negociaciones realizadas con el Gobierno en relación con el FEES, así como que asuman su responsabilidad en la situación actual y en su débil defensa de las universidades.
Demandar a las autoridades universitarias que actúen con prontitud en la defensa clara y sin ambigüedades de la educación pública, la autonomía universitaria y el bienestar del estudiantado y las y los trabajadores
Proponer una discusión interna en las universidades públicas en relación con la distribución de los fondos del FEES, con especial consideración a la situación de las Sedes y Recintos, de los y las docentes interinos y del personal subcontratado
Convocar a todo el personal académico y administrativo, así como a la población estudiantil de las universidades públicas, para que se movilice en defensa de la autonomía universitaria y el presupuesto universitario
Exigir que se conforme una comisión institucional que negocie con el gobierno y la Asamblea legislativa, en la que tengan representación democráticamente electa los y las estudiantes, académicos, administrativos y autoridades.
Nos sumamos a la defensa del presupuesto de las Universidades Públicas de acuerdo con el respeto constitucional y con los acuerdos democráticos negociados, conscientes del importante papel que tienen en la formación de profesionales, la investigación y el apoyo a las comunidades, impulsando el bienestar de la sociedad y desarrollando las capacidades en los jóvenes para que aporten al desarrollo nacional. Además el 98% de los profesionales y técnicos en ciencias agrícolas son formados por la educación pública en nuestro país.
¡Por Universidades Públicas robustas, comprometidas con el desarrollo del país en equidad y justicia social y en armonía con la naturaleza!
El lunes 14 de octubre de 2019 el Ministerio de Hacienda redireccionó 70 000 millones de colones del presupuesto general universitario a solamente infraestructura y equipamiento.
La UCR está construida en 3 pilares: acción social, docencia e investigación que se verán afectados.
Acorde con la decisión del Ministerio de Hacienda, el rubro de Becas será de los más afectados.
Desde la Asociación de Estudiantes de Sociología les invitamos a sumarse a las distintas acciones que se convoquen.
Comunicado del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica
La coyuntura pone sobre la mesa “redirección”, “restricciones” “desvíos”, “disminuciones”, “cambios de partidas” y demás maniobras realizadas por el gobierno. En su conjunto suman una evidente estrategia de estrangulamiento, recorte y desfinanciamiento hacia las Universidades Públicas y otros sectores.
La redirección de los 70 mil millones hacia la partida de inversión en infraestructura, realizada en último momento antes de que el presupuesto del FEES entre a la Asamblea Legislativa, institución que ha creado una persecución contra las Universidades Públicas, materializa las intenciones ya conocidas por paralizar la educación pública.
La redirección o restricción es un recorte
Además, Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda y el gobierno, no sólo cercan el derecho al acceso a la educación pública superior con esta medida, sino también son los responsables de recortar las garantías sociales costarricenses, atacando a distintos sectores con la aprobación del Combo Fiscal, la aprobación del IVA, el proyecto de ley que amenaza el derecho a la huelga, la ley de empleo público que modifica las jornadas laborales, los recortes al sector salud, la desregulación a la protección ambiental, entre otros.
Este recorte del FEES que afecta becas, matrículas, empleos, sedes, también está dirigido a desfinanciar la Acción Social, principal espacio que realiza la función vital de articulación con los sectores que especialmente se están viendo agraviados por las medidas neoliberales del gobierno.
¿Cuántos recortes hacen falta para desmantelar totalmente la educación pública?
Este recorte a la Educación Superior es inaceptable, pero da cuenta de un condicionamiento que de ser aceptado, estaría naturalizando que las Universidades Públicas abandonen este modelo de educación superior y pierdan su autonomía financiera y que esos recursos tan valiosos se usen en partidas absurdas.
¿Y si fuera que este recorte se termina de materializar, podría haber infraestructura sin gente? ¿Para qué? Los 70 mil millones servirían para construir un montón de edificios que nadie habitaría, sin estudiantes, docentes y administrativos para darle uso.
En el pasado se apelaba a la necesidad de un préstamo al Banco Mundial para la construcción de infraestructura, ¿por qué este “redireccionamiento” no se hizo en ese momento y así no tener que quedar condicionados a las negociaciones nefastas del Banco Mundial?
Asimismo, el odio a los empleados públicos y estudiantado es tanto, que el discurso de defender y cuidar las finanzas y la regla fiscal, se desvanece al evidenciar que prefieren que se construyan edificios, a que haya estudiantes y docentes construyendo educación pública.
Acciones por la Educación Pública
Durante el 2018 el Programa Kioscos se mantuvo en huelga contra el Combo Fiscal y participamos de múltiples acciones para defender también los derechos de las comunidades con las que trabajamos.
Proponemos que la lucha por la defensa de este derecho básico que es la educación, no se reduzca a la marcha de un día, y proponemos pensar en estrategias para denunciar y revertir el giro ultra neoliberal del actual gobierno.
Apelamos a la creatividad y la rebeldía de nuestra juventud, organizando con creatividad acciones contra la pacificación del movimiento estudiantil y del personal docente y administrativo de las Universidades Públicas y de otros sectores que también están siendo directamente atacados con estas medidas presupuestarias.
Llamamos a reactivar las caravanas artísticas, la alegría de la organización y tantos diversos saberes para la necesaria labor de informar, sensibilizar y movilizar.
Invitamos a organizarnos con la población joven, colegiales, movimientos sociales y todas las personas que les atañe defender la educación pública y la cultura, buscando nuevas formas de demostrar el descontento.
Cambio en transferencia presupuestaria afectaría gravemente el funcionamiento de las universidades estatales
El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, 70 mil millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento solamente, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.
El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de 39 900 millones de colones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende 29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de 47 mil millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más.”
Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por el monto señalado, pero a partir de la totalidad de sus recursos, no únicamente del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda en el presupuesto para el 2020. En el caso de la UCR, el FEES asciende al 80% de su presupuesto anual por lo que trasladar 39 900 millones a gastos de capital traería graves implicaciones.
Los presupuestos de las universidades estatales ya han sido aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a 90 000 millones para el 2020, según datos de CONARE.
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.
Imagen ilustrativa.
Andrea Marín Castro
ODI, UCR
Información de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.