El Colectivo Derecho a la Protesta Social pedimos su solidaridad y hacemos un llamado urgente a la acción, ante la situación que enfrentan 4 personas estudiantes en el Juzgado Penal de Flagrancia acusadas y acusados por la Fiscalía por el delito de Obstrucción a la Vía Pública.
Consideramos que se trata de un juicio político porque estas personas no cometieron delito alguno, los-as 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del pasado 21 de noviembre de 2019 en el cruce de Santiaguito de San Ramón en Occidente, donde protestaban en el marco de la aprobación del presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.
Se manifestaban en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares.
Fueron detenidos y luego demandados por la Fuerza Pública y puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de los esfuerzos de su Defensa, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.
Las personas estudiantes han insistido en que no incurrieron en ningún delito, en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.
La Fuerza Pública actuó en contra los-as estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución, cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica.
Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
En este momento, diversas organizaciones sociales, denunciamos que estamos frente a un juicio político que claramente busca criminalizar el legítimo derecho a la protesta de estas personas al acusarlas penalmente. Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo hacia la población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las represalias.
Por tanto exigimos a la Fiscalía General de la República revise la acusación contra las 4 personas acusadas por la misma pues no se verificó que las personas manifestantes acusados estuvieron cometiendo ningún acto violento contra la Policía.
Por esto un grupo de personas nos trasladaremos desde San José a San Ramón para realizar un Pasacalles por la ciudad de San Ramón, saliendo de la Sede de Occidente de la UCR a las 6 p.m., para luego unirnos al plantón frente a los Tribunales de Justicia de San Ramón a las 7 p.m. convocado por la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente.
Al mismo tiempo hacemos un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos que en este momento existen de criminalización de la protesta social en Costa Rica enviando cartas y pronunciamientos a:
Lic. Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público. Fiscal General de la República.
Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr
Fax: 2256-3503.
Con copia a:
Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la República.
Correo electrónico: despachopresidente@presidencia.go.cr
Fax: 2253-9078.
Felly Salas Hernández, directora de despacho: emilio.robles@presidencia.go.cr
Allan Solís Fonseca, asistente personal: allan.solis@presidencia.go.cr
Con copia a:
PhD. Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes
Correo electrónico: despachodhr@dhr.go.cr
Fax: 4000-8700
Con copia a:
Relator Edison Lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA
Correo electrónico: cidhexpresion@oas.org
Por favor copiar sus cartas a criminalizacionprotestasocial@gmail.com para tener registro de sus muestras de solidaridad.
El Colectivo Derecho a la Protesta Social comparte el siguiente comunicado estudiantil:
Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y
Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente
COMUNICADO DE PRENSA
Estudiantes criminalizados por manifestarse tendrán que ir a juicio el 30 de diciembre de 2019.
San Ramón, Alajuela (viernes 20 de diciembre, 2019). – Los 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el lunes 30 de diciembre a las 7 de la noche en los Tribunales de San Ramón.
El pasado jueves 19 de diciembre en la noche, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón.
La Fiscalía presentó su acusación y los estudiantes presentaron su defensa. Después de escuchar a ambas partes, el juez resolvió que los estudiantes deben ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública y ese día presentarán sus testigos, declaraciones y argumentos de defensa.
Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan todo el apoyo del movimiento social porque este juicio es un precedente para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.
Asimismo, en el marco de esta acción de defensa, el miércoles 18 de diciembre los 4 estudiantes interpusieron una acción de inconstitucionalidad que impugna el artículo 256 bis del Código Penal, que califica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías públicas. Esperamos que siente un precedente importante en cuanto al derecho a manifestarse y el derecho a la libertad de expresión para todas las personas de este país.
Los 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del pasado 21 de noviembre en el cruce de Santiaguito de San Ramón, donde protestaban por la aprobación de un presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.
Fueron demandados por la Fuerza Pública y puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de sus esfuerzos, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.
Los estudiantes han insistido en que incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.
Ese mismo 21 de noviembre fueron detenidos 7 estudiantes frente a la Facultad de Derecho de la UCR en San José por manifestarse con las mismas causas.
Desde el movimiento estudiantil de Occidente, denunciamos el accionar de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública durante los hechos de represión y detención arbitraria de las y los estudiantes.
Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales, representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
Exigimos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, los medios de comunicación y a la sociedad civil de este país, que se detenga la criminalización de la protesta social y que no se dejen manipular. Nuestra causa es por la defensa de los derechos humanos, la autonomía universitaria y el presupuesto de la educación superior para los sectores populares, que somos los que hemos terminado pisoteados y amedrentados por estas políticas que se nos imponen.
Más información:
Lic. Edgardo Araya Sibaja
(+506) 87049502
Información enviada a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.
