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Etiqueta: universidades públicas

Video: No caigamos en discursos falsos. Defendamos las Universidades Públicas con la verdad

Carlos Araya, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica desmiente punto por punto las falsedades emitidas por el Presidente Rodrigo Chaves. En este video se menciona cómo la Universidad de Costa Rica dedica un porcentaje menor de su presupuesto en salarios en comparación a muchas otras instituciones públicas, así como también el aumento en becas, en inversión en infraestructura y el papel tan importante que juegan las universidades públicas en la investigación nacional. 

CONARE rechaza y desmiente declaraciones del Presidente de la República sobre financiamiento de la educación superior pública

3 de febrero del 2023. Ante las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la cual indicó que las universidades estatales no rinden cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que se ha recortado presupuesto destinado a las becas, a la investigación y a la infraestructura, entre otras argumentaciones.

El Consejo Nacional de Rectores rechaza y desmiente enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia y que están alejados de la realidad y de la gestión de las universidades estatales.

1. La educación universitaria pública para el año 2021, contaba con una población de más de 143.000 estudiantes. De la cual el 82% de los estudiantes matriculados de primer ingreso procedían de los colegios públicos y más del 64% de los graduados de las universidades estatales provenían de hogares donde los padres no tienen un título universitario.

2. Durante el año 2021, el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país.  Las universidades estatales han reforzado de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes.

3. Aumento en el acceso a la universidad estatal de jóvenes de hogares más pobres afirma el último informe del Estado de la Educación (2021). En una década, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años de hogares de quintil bajo de ingresos (quintil 1, quintil 2 y quintil 3) que accedió a la educación universitaria pública aumentó pasando de 8% en 2010 a 20,12% (2021) en el quintil 1, de 15,5% a 26,21% en el quintil 2 y de 21,7% a 32,47% en el quintil 3.

4. En Costa Rica son las Universidades Públicas las que más invierten en investigación científica, el desarrollo e innovación, más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas. Durante el 2021, se realizaron 2.240 proyectos de investigación, más de 2.000 publicaciones científicas y se invirtió 67.599 millones de colones en I+D.

5. Las universidades públicas son las únicas que realizan proyectos de Extensión y Acción Social para solventar las necesidades de poblaciones y sectores claves para el país. En el 2021 se desarrollaron 1.259 proyectos, ejemplo de ello es el proyecto “Costa Rica aprende con la U pública”. Esta modalidad organiza cursos virtuales gratuitos y su oferta ha sido de 152 cursos que han impacto alrededor de 5.000 personas.

6. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, por la naturaleza de sus servicios, requieren de un fuerte componente de talento humano, y esto lógicamente se refleja en sus presupuestos. Para el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas tomadas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.

7. El Consejo Nacional de Rectores trabaja en un régimen de empleo unificado para el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en las leyes, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política, el cual estará listo para el 2024.

8. Las universidades estatales cumplen con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Se somete a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, las universidades públicas han cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

9. El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

10. El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Es evidente que la posición del Poder Ejecutivo no tiene fundamento, los argumentos empleados son falsos y responden a un ataque que pretende debilitar y dañar la gestión de las universidades públicas, con la intención de intervenir en la educación universitaria estatal, como lo pretende hacer con el proyecto de ley 23.380, contrario a lo establecido constitucionalmente.

Desde las universidades públicas nos permitimos recordar que la mejor defensa de la ley y la institucionalidad, pasa por garantizar a la educación pública el presupuesto del 8% del PIB como un mínimo garantizando por la Constitución, esa es la mejor arma contra la politiquería, las noticias falsas, los discursos de corte populista y la polarización de la sociedad costarricense.

Pese al tono ofensivo de las palabras, emitidas en la conferencia de prensa, las universidades públicas seguirán esperando que el Poder Ejecutivo permita que se materialice la aspiración constitucional de que, en el marco de la autonomía, coordinemos para buscar potenciar el desarrollo nacional, como lo hemos hecho siempre.

Es por eso, que hacemos un llamado al Gobierno de la República al equilibrio, al respeto y a la observancia de la Constitución Política, a proporcionar información veraz que es la base para una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática y equitativa.

Coordinadora Popular de Occidente: A la gente trabajadora y a la sociedad costarricense

El año 2022 que llega a su fin en pocos días, ha sido el primero de post-pandemia; sin embargo, con la llegada al poder Ejecutivo del Señor Rodrigo Chaves, -luego de una generación fuera del país, como representante del Banco Mundial-, asume el gobierno de Costa Rica el 8 de Mayo y a partir de ese día se continua con el proceso para el desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, con dicha acción, la democracia costarricense empieza a ceder espacio al autoritarismo más que al diálogo o el consenso.

Datos:

“Ataque” a las Universidades Públicas, golpe al Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES); presión al ICE, para seguir socavando las principales fuentes de generación de riqueza; proyecto de cierre del Banco de Costa Rica, retirado temporalmente, para obtener la aprobación de los eurobonos ($5 mil millones), deuda para pagar deuda.

Lo más reciente, golpe a la CCSS, al destituir primero al presidente ejecutivo, Álvaro Ramos y ahora a la representación laboral y otros miembros, en total 5. Esto representa una violación a todas las normas y leyes de nuestro país, y precisamente destituye a representantes elegidos por una gran mayoría de la clase trabajadora, como es la compañera Marta Rodríguez, cuya postura en la directiva de la Caja ha sido la defensa de la institución para que siga siendo patrimonio de toda la población costarricense.

Llamamos a las y los trabajadores de la región de Occidente, del país y a la población en general, a manifestar su repudio y pedir la inmediata reinstalación de los sectores laborales en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Los 81 años de vida de la Caja demuestran su valioso aporte a la sociedad y su capacidad para dirigir la Seguridad Social de nuestra Patria.

¡Alto a la privatización de la Caja y otras instituciones!
¡Construyamos justicia social luchando por nuestros derechos!

Costa Rica dialogará sobre innovación en territorios y comunidades

En IV Congreso Nacional de Innovación

  • Actividad se realizará en sedes universitarias de las diferentes regiones del país.

  • Inicia el 01 de noviembre en la Región Brunca en Pérez Zeledón.

A lo largo del territorio nacional y durante todo el mes de noviembre se llevará a cabo el IV Congreso Nacional de Innovación organizado por las universidades públicas costarricenses. El Congreso es una oportunidad para generar espacios de diálogo y articulación entre los actores del sistema nacional de innovación y emprendimiento y para esta cuarta edición está enfocado a contribuir con el desarrollo de la innovación en las seis regiones del país.

De esta manera por primera vez durante sus cuatro ediciones, el Congreso se desarrollará de manera presencial en las regiones: Pacífico Central, Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe y Central. Los organizadores esperan que este Congreso se convierta en un espacio de análisis y discusión sobre las oportunidades de innovación de cada región de Costa Rica.

El IV Congreso tendrá conferencias, charlas y espacios de networking, que se realizarán en las sedes y recintos de las universidades estatales del país. En el sitio web del Congreso se podrá obtener información adicional de las diferentes actividades a realizar: https://www.congresoinnovacion.conare.ac.cr/

En cada encuentro, habrá un espacio dedicado a las “Charlas relámpago” en el que personas de diversos sectores, así como docentes, estudiantes y personal administrativo de las Universidades Públicas de Costa Rica podrán dar a conocer sus trabajos colaborativos y de articulación interinstitucional o intersectorial que hayan impactado positivamente a las regiones.

En el congreso pueden participar todas aquellas personas vinculadas con la academia, el gobierno, la sociedad civil y el sector productivo en pro del desarrollo nacional. Pueden ser personas estudiantes, docentes, investigadoras, líderes comunales, empresarias, representantes de cooperativas, personas emprendedoras o de organizaciones sociales, etc.

Para participar puede registrarse en el sitio: https://www.congresoinnovacion.conare.ac.cr/inscripciones

Este esfuerzo se lleva a cabo con el apoyo de las entidades patrocinadoras Coopelesca, Nutrisnacks, Wenox y los socios estratégicos: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ( MIDEPLAN), Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica (MTSS), Programa Nacional de Clústeres, Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Instituto Nacional de Aprendizaje y Cámara de Industrias de Costa Rica, el proyecto TECHNOLOGY TRANSFER INNOVATION SCHEMES IN LATIN AMERICA (TETRIS) y la Comisión Impulsa de CONARE

Fechas del Congreso en las regiones y las sedes son las siguientes:

01 de noviembre de 2022: Región

Brunca

En las instalaciones de la Sede

Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA) ubicada en el campus de Pérez Zeledón.

 

08 de noviembre de 2022: Región

Huetar Norte

En el Campus Tecnológico

Local San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ubicado en Santa

Clara de San Carlos.

09 de noviembre de 2022: Región Huetar Caribe

Sede del Caribe de la

Universidad de Costa Rica, ubicada en el Bº La Colina, Contiguo al Liceo

Nuevo de Limón.

15 de noviembre de 2022: Región Chorotega

En la Sede Regional de Guanacaste de la Universidad Técnica Nacional (UTN), ubicada en el recinto Corobicí, 200 mts noreste del

Liceo Miguel Araya de Cañas.

22 de noviembre de 2022: Región Pacífico Central

En las instalaciones de la Sede Universitaria Puntarenas de la Universidad Estatal a Distancia

(UNED), ubicadas contiguo a la Delegación Policial de Puntarenas,

Barrio El Cocal de Puntarenas.

29 de noviembre de 2022: Región

Central

En el Edificio Dr. Franklin Chang

Diaz, en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores.

“Esperamos que esta sea una oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la participación de las diferentes regiones con la productividad y el desarrollo del país, además pretendemos generar interés en proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida las diferentes regiones, respetando las particularidades de cada territorio”, aseguró la Lic Geannina Sojo, Directora de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación de la Universidad de Costa Rica e integrante de la Subcomisión NEXO Universidad-Sector Socio productivo que junto con los Órganos de Coordinación Universitarios Regionales (OCIR) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), organizan la actividad, apoyados por un grupo de socios estratégicos.

Con el lema “Dialoguemos sobre innovación para los territorios y las comunidades”, este año las universidades estatales reafirmaron su compromiso con el desarrollo de las regiones mediante el acuerdo adoptado por CONARE al declarar el 2022 el Año de las Universidades Públicas por los Territorios y las Comunidades, con la finalidad de fortalecer las acciones del quehacer universitario en las regiones del país y continuar atendiendo las demandas de las comunidades y del sector productivo.

Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos

Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica

Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.

El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.

Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.

En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.

A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.

Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.

No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.

Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.

El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo.  Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

En defensa de la autonomía universitaria

Por Dra. Yamileth González García, Exrectora de la UCR

Hoy, como en pocos momentos de nuestra historia, frente a los adversos y amenazantes vendavales autoritarios que corren en el país, las y los universitarios nos enfrentamos, otra vez, al reto de defender la autonomía y el financiamiento de las universidades públicas; una defensa de principios esenciales para el quehacer de las instituciones de educación superior, ya que se trata de los fundamentos que posibilitan un accionar libre de estas instituciones en beneficio de la sociedad costarricense sobre principios que han estado por décadas consignados en la Constitución Política y que han sido reiterados por diversos fallos de la Sala Constitucional y que hoy, como otras veces, “algunos” pretenden ignorar.

Lo señaló con claridad el Voto 1313-93 de la Sala Constitucional: “(…) la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese su gran cometido». La universidad debe ser independiente, como lo subrayó el jurista Luis Baudrit Carrillo, 2011; tiene que estar libre de acciones que busquen debilitarla en el cumplimiento de su deber, o que pretendan quebrar su rol imprescindible en pro del bienestar nacional.

Y es que cuando los gobiernos autoritarios se sienten amenazados por el pensamiento crítico que se genera en las  universidades, lo primero que hacen es atacarlas, como parece que está sucediendo en este momento en el país. Todas y todos los universitarios y la comunidad nacional hemos visto la fuerte y orquestada agresión que han recibido las Universidades Públicas desde el momento mismo en que se intenta debilitarlas financieramente, con la reducción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y con afirmaciones falaces que lo único que evidencian es un total desconocimiento del quehacer y el aporte que estas instituciones le dan al país.

Hoy, el Poder Ejecutivo presenta una propuesta que contraviene ese principio fundamental de la educación superior pública, atentando y desconociendo torpemente ese fundamento constitucional. Así, pretenden desconocer la esencia de esa noción, que como lo indica el  voto citado de la Sala Constitucional “(…) la autonomía consagrada a las universidades en el  artículo 84) constitucional, ha sido clasificada como especial, completa, y por ella distinta de los entes descentralizados de nuestro ordenamiento jurídico regulados por los artículos 188 y 190 de la Carta Política, lo que significa que las Universidades del Estado, aún cuando pertenecen a este, están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía y que cuentan con todas las facultades y poderes para llevar a cabo los fines constitucionalmente encomendados”. Además, como lo escribió Iván Salas, 2010, ex asesor de la rectoría y hoy Juez Contencioso Administrativo, la Asamblea Legislativa no puede legislar en relación con “(…) temas relacionados con la organización o auto estructuración universitaria, tales como sus propios planes, presupuestos, programas, estructura de su propio gobierno conforme a su normativa interna, sobre su potestad reglamentaria mediante la cual pueden repartir sus competencias dentro del ámbito interno y desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que presten y decidir libremente sobre su personal”.

Es importante aclarar que cuando hablamos de autonomía y de su importancia para el trabajo de las universidades públicas, no se trata solo de un valor para estas instituciones,  sino de lo que significa, particularmente, para la sociedad costarricense, contar con universidades que trabajen en forma independiente y sin presiones de ninguna naturaleza por el bienestar de la nación y su desarrollo integral. Un significado, el de autonomía, que como señala Axel Didriksson, 2006, está ligado “a la construcción de un mundo mejor, a la idea de un proyecto cultural nacional”.

No puede la universidad trabajar sin autonomía, para cumplir su misión de hacerlo desde la libertad de pensamiento y acción, con la injerencia política de los Gobiernos de turno, sin que eso no signifique una disminución de los beneficios que recibe la sociedad.

Por ello, las universidades públicas tienen que demandar, al Poder Ejecutivo y al Legislativo y, a todo aquel que, de modo directo o indirecto, pretenda interferir en sus funciones, en su gobierno, en su organización y en su patrimonio, respeto por su quehacer.

Las universidades tienen muy claro, contrario a lo que tergiversan algunos interesados, que la autonomía, no es un cheque en blanco; por el contrario, están sometidas a todos los controles, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República, de los mismos organismos de control internos y de toda la legislación pertinente y desde luego al juicio de la sociedad a la que se debe.

Siempre las universidades han cumplido con la rendición de cuentas, pues, como se señaló desde la Asamblea Constituyente de 1949, la noción de autonomía universitaria implica “libertad pero con responsabilidad”, lo dijo Luis Dobles Segreda: “por autónoma que sea la Universidad, deberá decir, al igual que todas las instituciones del país, cuánto gasta y en qué lo gasta”.

No es este el problema en discusión, sino el del respeto que el Gobierno debe tener para con las instituciones de educación superior y para la Constitución Política misma. Por tanto, ante una violación de los principios constitucionales en un país de derecho, exigimos que se respeten la autonomía y la independencia universitarias.

 

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen, UCR.

CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas

Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno.

El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) está garantizado en la Constitución Política:

  • En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
  • En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
  • En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.

El FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).

El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Adicionalmente, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.

Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES.

Nuestras universidades reiteran su compromiso con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Sometemos a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación.

Hacemos un llamado de alerta a las comunidades universitarias y a la propia comunidad nacional para manifestarnos en defensa del Estado Social de Derecho.

Confiamos plenamente que la Asamblea Legislativa actuará conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes.

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Los retos de las universidades públicas latinoamericanas

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Las universidades públicas son instituciones esenciales del estado social de derecho en nuestra América Latina. Las universidades han jugado y juegan papeles fundamentales en la región, como vías de movilidad social generadoras de oportunidades, centros productores de nuevo conocimiento y promotoras de desarrollo inclusivo y democrático mediante múltiples vínculos con la sociedad. Además, constituyen centros de reflexión crítica permanente, aportando a los debates sobre el devenir de nuestros pueblos y atisbando nuevas avenidas solidarias por las que transiten nuestras comunidades.

Pese a su importancia y significado, las universidades públicas de América Latina sufren un acoso sin precedentes por parte de los sectores políticos y económicos hegemónicos, acoso que se refleja en una creciente reducción de sus presupuestos, en el cuestionamiento de su carácter público y en los continuos embates contra su autonomía. La reciente negociación de los presupuestos de las universidades públicas en Costa Rica es un claro reflejo de estas tendencias, al violentarse preceptos constitucionales básicos, en el contexto de una política abiertamente hostil por parte de autoridades de gobierno.

El escenario actual de las universidades públicas latinoamericanas plantea enormes retos para estas instituciones. Por un lado, se requiere defender y fortalecer la autonomía y el carácter público de las mismas, renovando los principios de excelencia académica y procura del bien común como ejes centrales. Por otra parte, las universidades deben efectuar las transformaciones que los tiempos demandan, para depurar su funcionamiento, incrementar su trabajo académico y social y atender las urgentes necesidades de los más amplios sectores sociales de nuestros países.

Esta tesitura debe servir para desarrollar procesos de análisis y reflexión crítica y autocrítica en el seno de las universidades y mediante diálogos permanentes con diversos sectores de la sociedad. La revista UNIVERSIDADES, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), ha publicado un número especial sobre el futuro de las universidades públicas en la región. En dicha publicación se incluye el artículo que se adjunta, que ofrece reflexiones sobre estos temas, centrados en la experiencia de Costa Rica.

El número completo en el que se publica esta contribución está accesible en el siguiente enlace: http://udualerreu.org/index.php/universidades

Nota editorial.
SURCOS comparte además el documento en formato PDF:

Importancia del Proyecto Siwá Pákö

Desde el 2008, la Comisión Interinstitucional Siwá Pákö, integrada por la UNA-UCR-UNED y el MEP, imparten el Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II ciclos, con Énfasis en Lengua y Cultura Cabécar, único plan que forma personas educadoras para atender a los más de 60 centros educativos con que cuenta la región del Chirripó, pertenecientes a la Dirección Regional de Educación de Turrialba. 

Todas estas personas estudiantes cuentan con beca total como apoyo esencial para culminar con éxito el proceso de formación.

Este proyecto se plantea con el fin de contribuir, desde la educación universitaria pública costarricense, a la formación de personal docente que cumpla con los perfiles étnicos, culturales, académicos y profesionales idóneos para laborar en las comunidades indígenas de Chirripó Duchí.

La idea es que este proyecto se pueda replicar en otras comunidades indígenas, con el fin de que el modelo educativo sea más inclusivo y respetuoso de los procesos de aprendizaje de las poblaciones indígenas.

Invertir en la U Pública es invertir en Costa Rica y su gente…

¡Apoyémosla!

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.