Legalización del tráfico de vida silvestre aceleraría su extinción
• Fracción de Liberal Progresista demuestra ineptitud y desconocimiento en materia de Vida Silvestre
• Costa Rica ya está sometida a una gran presión en materia de tráfico de especies silvestres, legalizarla sólo agravaría la crisis
(FECON, 11-08-2022) El proyecto de Ley N°23.376 presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP) no tiene ningún sustento técnico para justificar estas reformas tan profundas a la Ley de Vida Silvestre (LVS), pero además traería cambios peligrosos para la conservación y sustentabilidad de nuestro país. Lo más grave es la reforma al artículo 79 de la LVS, en el cuál el PLP quiere legaliza la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Esta reforma convertiría el país en una gran feria de animales y plantas silvestres, violentando así diversos convenios internacionales y además poniendo en alto riesgo nuestra biodivesidad por el mero hecho de alimentar el inmoral mercado global de especies en peligro de extinción.
Ya Costa Rica enfrenta una agresiva presión sobre la biodiversidad por causa del tráfico ilegal de animales, plantas e insectos. Según la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público en el 2019, hubo 156 denuncias por comercio, tráfico y trasiego de animales silvestres, mientras que en el 2020 aumentaron a 253 y en el 2021 a 364 denuncias. Esto demuestra una presión creciente sobre la biosiversidad de prácticas de extracción que con la legalización de la exportación de vida silvestre tendremos actores muy agresivos actuando en el país llevándose lo que se les antoje.
Sumado a lo anterior la liberalización de la importación de Vida Silvestre de otros países tendría graves consecuencias en materia de especies invasoras que afectarían a ecosistemas, a la salud pública y a la agricultura. A todas luces es más que irresponsable la propuesta de la agrupación de Eli Feinzaig.
Hay que recordar que la Vida Silvestre en Costa Rica es una Bien de Dominio Público. Como tal corresponde a la sociedad costarricense conservarla y protegerla y no debe ser tratada como una mercancía.
El PLP no sólo pretende legalizar el tráfico de especies protegidas e incluso en peligro de extinción, además desea allanar el camino para que criaderos de animales silvestres puedan funcionar con el único fin de vender (nacional o internacionalmente) los animales y plantas producto de la manipulación de la vida silvestre. Legalizar criaderos para la comercialización de especies en peligro llevaría más presión sobre estos animales y plantas ya que tendrían que ser extraídos constantemente de sus hábitat para alimentar la cadena de reproducción de individuos en cautiverio. Es decir, la reproducción en cautiverio para fines comerciales no es posible sin depredar los ecosistemas.
Llama la atención de que el preámbulo del proyecto de ley (donde explica la justificación de hacer esta reforma), sólo habla sobre la confección y aplicación del reglamento de la Ley, tarea que no es materia del Poder Legislativo o de una fracción de diputados, ya que dicha tarea es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el Reglamento de la Ley de Vida Silvestre se hizo con la colaboración de especialistas en la materia en 2017, en ella participaron académicos, investigadoras, representantes de ONG, especialistas de MINAE y SINAC. Este reglamento ha pasado por varios cuestionamientos en Sala Constitucional, recursos y acciones legales que fueron declarados sin lugar por los magistrados, quedando claro que son disposiciones apegadas a nuestro orden jurídico. Pero resulta muy particular que la justificación para reformar una ley de la república sea que al PLP no le gusta el reglamento, lo que evidencia la ineptitud de la bancada del Liberal Progresista.
La reforma a la Ley de Vida Silvestre es sin duda regresiva, como tal entra en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental y no pasaría por los filtros institucionales como la Contraloría General de la República o la Sala Constitucional. Aún así esta ley encontrará una férrea oposición de parte de la sociedad costarricense en su conjunto y particularmente de parte del movimiento ecologista.
