Ir al contenido principal

Etiqueta: violencia

Recital de poesía y cuento «Palabras contra la Violencia» – 25N

La Asociación Costarricense de Escritoras y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al recital  de poesía y cuento Palabras contra la Violencia  con la participación de las escritoras Shalaisha Barret, Kristy Barrantes, Leda García, Valeria Varas, Marianella Vargas, Carla Brunetti, Mariamalia Sotela, Lucía de Paula, Elena Monge. Modera Marta Rojas.

El recital se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La actividad, se celebrará en la Benemérita Biblioteca Nacional el jueves 20 de noviembre a las 4:00 p.m. y será transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Lanzamiento del documento “Una propuesta para pensar, analizar y trabajar la violencia que agobia nuestros días”

El Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y Violencia invita al lanzamiento de su más reciente documento de trabajo, titulado “Una propuesta para pensar, analizar y trabajar la violencia que agobia nuestros días”, el cual busca abrir un espacio de reflexión crítica y acción frente a las múltiples expresiones de violencia que afectan la vida cotidiana de las personas y comunidades en Costa Rica.

El documento parte del compromiso ético y profesional de la psicología con la transformación social, proponiendo herramientas conceptuales y metodológicas que permitan abordar la violencia desde una perspectiva integral. La propuesta incluye ejes para el análisis de la violencia estructural, simbólica, de género y comunitaria, con el fin de aportar insumos para la acción profesional, institucional y colectiva.

🗓 Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025
💻 Modalidad: Virtual (Zoom)
📲 El código QR del afiche permite acceder directamente al enlace de la reunión.

Organizaciones se pronuncian ante actos de intolerancia y violencia contra defensores ambientales en Puntarenas

El pasado 6 de noviembre, en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas, se difundió la imagen de una valla colocada en la Angostura, en la entrada del puerto, en la que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, ambos reconocidos por su labor en la defensa de la vida marina y el cumplimiento de la ley.

En dicha valla aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, en un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.

En respuesta a estos hechos, más de treinta cuatro organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se unieron en un pronunciamiento conjunto.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que ambientalistas han sostenido, con base en la legislación vigente, que la decisión de declarar especies de tiburones amenazadas como especies comerciales (mayo de 2017) fue contraria a la normativa nacional y, por tanto, ilegal. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al INCOPESCA y al MINAE cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la gestión de tiburones amenazados, así como detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental.

En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Costa Rica vive hoy una situación de creciente inseguridad y violencia, marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad.

En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país. La utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana.

En zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.

Recordamos que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.

Reconocemos que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas. Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia

Ante estos hechos de intolerancia y violencia, las organizaciones y personas firmantes manifestamos:

  • Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.
  • A los medios informativos y páginas locales, les hacemos un llamado a ejercer mayor responsabilidad, discernimiento y comprensión sobre lo que publican y a quién le dan voz. Es importante evitar el sensacionalismo, ya que al reproducir este tipo de mensajes sin análisis ni cuestionamiento se contribuye a perpetuar formas de violencia y desinformación.
  • Solicitamos a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales que intercedan ante el INCOPESCA, el MINAE y otros entes rectores, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos.
  • Responsabilizamos a los sectores que han promovido esta campaña de odio por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
  • El Estado de Costa Rica tiene la obligación de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia. Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión.
  • Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe en coherencia con todos los acuerdos, convenios y jurisprudencia que lo obligan a asumir un rol activo en la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de una participación ciudadana libre de represalias. Proteger a las personas defensoras del ambiente es esencial para la democracia y el desarrollo sostenible del país.
  • Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones del Estado a pronunciarse y solidarizarse con quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.

En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza.

Firmantes:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales
  • Costa Rica por los Océanos
  • Bloque Verde
  • Covirenas Caribe Sur
  • Buen Vivir – Costa Rica
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Comité Punta Pelencho
  • Asociación Civil Pro Natura
  • Defensores de la Casa Común
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Oilwatch
  • Fundación Promar
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • Mar y Comercio
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Cultura Kare
  • Red Biodiversida
  • Nido de Halcón
  • Fundación Green Heart
  • Fumicons
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne
  • Universite Beesley Revol
  • Huertos Urbanos de Costa Rica
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género
  • Costa Rica por el Océano
  • Asociación CREMA
  • Hogar Ecológico Ingeniería
  • Rewilding Portugal
  • Fundación El Arca de Noé
  • Covirena Cabo Blanco Ario
  • Ubiquity University
  • APREFLOFAS
  • Antigentrificación CR

Algunas declaraciones adicionales de organizaciones firmantes:

  • Covirenas Caribe Sur: “Repudiamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”.
  • Comité Punta Pelencho: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante estos actos de intolerancia, hostigamiento y violencia hacia quienes defienden el ambiente y los bienes naturales comunes. La labor de las personas defensoras de nuestra casa común es esencial en un Estado de Derecho, y merece respeto, protección y reconocimiento.”
  • Asociación Civil Pro Natura: “Rechazamos categóricamente el rótulo colocado por un sector pesquero puntarenense que declara ‘non gratos’ a dos defensores ambientales. Este acto constituye una forma de hostigamiento y estigmatización hacia quienes ejercen su legítimo derecho a proteger el ambiente y exigir transparencia en la gestión de los recursos naturales.”
  • Fundación Promar: “Además de evidenciar una total falta de tolerancia y respeto hacia personas y organizaciones que buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria humana, es una barbaridad que unas cuantas personas se arroguen el derecho de hablar por toda una comunidad porteña.”
  • Universidad Bíblica Latinoamericana: “Nos unimos a este pronunciamiento en contra de la violencia y la intolerancia hacia quienes defienden y protegen los territorios y la naturaleza.”
  • Asociación Proyecto Camino Verde: “Condenamos cualquier práctica intimidatoria y contraria al Estado de Derecho que ampara a quienes defienden nuestro patrimonio natural y base del desarrollo sostenible.”
  • Cultura Kare: “Un Estado que calla ante las amenazas a quienes defienden la vida y los bienes comunes se convierte en cómplice del despojo y de la destrucción de la esperanza colectiva.”
  • APREFLOFAS / Nido de Halcón: “No se debe permitir la intimidación de ninguna forma hacia ambientalistas o ecologistas. Defendemos a quienes no tienen voz; los representamos, y somos muchas y muchos. ¡Alto a la agresión contra el medio ambiente y quienes luchamos por la Madre Tierra! Nuestra voz es un grito de batalla por nuestros compañeros y hermanas, porque quien defiende la naturaleza es hermano en cualquier parte del mundo. Ellos no están solos ni solas.”
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género: “Rechazamos la persecución y las campañas de odio contra personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos.”
  • Hogar Ecológico Ingeniería: “Apoyamos siempre la protección de la biodiversidad, fuente de vida y subsistencia. No podemos comprometer los recursos naturales; respaldamos a quienes los defienden.”
  • Fundación El Arca de Noé: “A estas personas deberíamos apoyarlas y sostenerlas. La Tierra es nuestra única casa, y ellos la protegen. La codicia y el deseo de poder destruyen la belleza del planeta y condenan a las futuras generaciones. Nuestros verdaderos héroes son quienes defienden a la Pacha Mama. ¡Apoyémoslos!”

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Psicología y genocidio – el aporte de Robert Jay Lifton

El Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y Violencia invita a la presentación “Psicología y Genocidio: el aporte de Robert Jay Lifton”, a cargo del expositor Ignacio Dobles Oropeza.

La actividad es abierta al público interesado.

Poesía por Palestina: recital en solidaridad con la niñez gazatí

El próximo 9 de septiembre de 2025, a las 7:00 p.m., se realizará en El Lobo Mestizo el recital: Poesía por Palestina, un encuentro literario y cultural que busca alzar la voz en solidaridad con la niñez gazatí.

El espacio contará con la participación de destacadas y destacados poetas como María Montero, Arabella Salaverry, Laura Contreras, Mauricio Molina, Paola Valverde, Shirley Campbell, Marianela Sáenz, Dennis Ávila, Valeria Varas, Leo Madriz y Nidia González. Además, la actividad tendrá como invitada especial a Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica.

El recital es convocado por Palabras Viajeras, Carmen Lyra, Cartonera Tica y Lobo Mestizo, colectivos y espacios culturales que se unen para visibilizar la realidad de la niñez palestina, tejiendo puentes desde la poesía y la resistencia cultural.

Comisión de Investigación también renuncia tras negativa de Colegio de Psicología a denunciar genocidio en Gaza y rechazar TLC con Israel

El 28 de agosto, integrantes de la Comisión de Investigación del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica presentaron su renuncia irrevocable ante la Junta Directiva de la institución.

En la carta, explican que la decisión responde a la oposición de la Junta Directiva a un pronunciamiento elaborado por la Comisión de Violencia, en el que se denunciaba el genocidio que ocurre en Gaza y se rechazaba la iniciativa del Gobierno de firmar un tratado de libre comercio con Israel. La Junta insistió en la necesidad de mantener una supuesta neutralidad en el plano político, lo cual fue considerado inaceptable por las personas firmantes.

La Comisión de Investigación señaló que el silencio institucional no equivale a neutralidad, sino a complicidad pasiva, y que como profesionales de la psicología no podían acompañar esa posición. Subrayaron que la violencia debe entenderse en sus dimensiones políticas, sociales, culturales y económicas, y que una pretendida neutralidad contribuye al aumento de la violencia en el país y ante la situación en Gaza.

En su carta, agradecen la oportunidad de haber formado parte de la Comisión y reiteran su compromiso de continuar trabajando desde otros espacios académicos, sociales y profesionales a favor de la ética y los derechos humanos, de manera independiente al Colegio.

La renuncia fue suscrita por:

  • Rolando Pérez Sánchez (código 535)

  • David Torres Fernández (código 7545)

  • Benjamín Reyes Fernández (código 2955)

  • Vanessa Smith Castro (código 9975)

  • Siu Fong Acon (código 5978)

  • Marco Vinicio Fournier Facio (código 145)

Puede leer aquí la nota publicada este 28 de agosto acerca de la renuncia de la Comisión Ad-Hoc para el abordaje de la Violencia Social en Costa Rica.

Excepción, excepcionalidad, excepcionalismo…

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ha sido un fin de semana de terror en Costa Rica.

Como si la metáfora no fuera suficiente, la principal vía de comunicación que conecta el Aeropuerto Internacional con la ciudad capital, San José, sufrió un colapso producido por aguaceros intensos, rayería e inundaciones. La carretera se llenó de escombros de todo tipo.

La imagen, valga decirlo, asemeja en mucho a la de un país que ha sido entregado sin dilación a los poderes fácticos, que ahora sí hacen lo que les venga en gana. El país se llenó de escombros, se entrampó, se inundó todo de su propia agua profunda.

No solo los efectos del clima producidos por el hombre y sus modelos económicos extractivistas y lacerantes fue lo que tuvimos este fin de semana en esta Costa Rica, ya para nada excepcional.

En menos de 48 horas, seis asesinatos nos muestran la gravedad de lo que nos hemos convertido: el sicariato salió de las pantallas y de las narconovelas para convertirse en una realidad absoluta. Como tantas otras cosas que nos han ocurrido en el pasado reciente, llegó para quedarse.

Es claro.

El dejar hacer, dejar pasar en materia de seguridad tiene un propósito político: convencer a la ciudadanía de que el único camino posible para “detener” esta violencia, implica la construcción de una megacárcel al estilo salvadoreño. Todo ello bajo la operación de una oprobiosa industria que hace millones a costa de respuestas populistas como esta.

Esos escombros en que nos hemos convertido en materia de seguridad apuntan a la instalación de un régimen de excepción (al igual que en El Salvador) en el que, a cambio de restablecer la paz, todo lo demás y de forma irregular se justifica: las desapariciones, los juicios sumarios, las detenciones arbitrarias contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Estamos a un minuto para que esto ocurra en Costa Rica.

Para evitar esa debacle, el camino, la vía costarricense como ha sido llamado históricamente a ese pacto sociopolítico, debe ser recuperado. Si hay un elemento que ha dibujado ese cierto excepcionalismo, es la forma cómo hemos recuperado el rumbo cuando estamos a punto de perderlo.

Es ahora. Es ya.

Más de 900 periodistas en Latinoamérica han sido forzados al exilio, revela investigación internacional

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales de Chile y la organización no gubernamental Fundamedios, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, elaboraron el informe Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano.

El estudio revela que entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países. Además, advierte que el desplazamiento forzado por persecución, censura y amenazas se ha convertido en una grave alerta para la libertad de expresión y la democracia en la región.

Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92% de las salidas estimadas de periodistas, aunque también se identifican contextos hostiles en Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la criminalización del ejercicio periodístico o la violencia del crimen organizado vulneran a quienes trabajan en medios de comunicación.

Los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México, elegidos principalmente por las redes de apoyo disponibles y las posibilidades de regularización migratoria.

El informe destaca que la mayoría de los desplazamientos ocurren de forma abrupta y sin planificación, lo que profundiza situaciones de vulnerabilidad. Las personas desplazadas enfrentan precariedad económica, violencia, discriminación, problemas de salud física y mental, y dificultades para acceder a derechos básicos como salud, vivienda y empleo.

En muchos casos, las personas se ven obligadas a abandonar la práctica profesional, lo que produce vacíos y desiertos informativos que afectan directamente la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.

“Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora”, expresó Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo investigador desde Costa Rica.

Por su parte, Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en EE. UU., advirtió que “el periodismo se ha transformado en una actividad de alto riesgo, pues los y las periodistas ponen en juego su integridad física y su propia vida para ejercer un buen periodismo en Latinoamérica”.

Desde Chile, Alejandra Matus, directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales, subrayó: “El periodismo florece y fructifica en contextos de respeto a las normas democráticas y a uno de sus principios fundantes: la libertad de expresión. Cuando las y los periodistas son perseguidos y forzados al destierro, no solo se silencian sus voces, sino que se dañan los derechos de las comunidades a las que esos profesionales servían”.

FEUCR se pronuncia ante hechos de violencia en Guanacaste

Comunicado

Este 25 de julio en Guanacaste, nuestra delegación fue hostigada, rodeada y expulsada de un acto oficial, mientras el presidente de la República ridiculizaba nuestra presencia, generando rechazo hacia las personas estudiantes porque somos quienes alzamos la voz en contra de los recortes a la educación, salud y cultura que su gobierno hace, y tenemos voces críticas que en su marco autoritario no caben.

Estar en un espacio público, con orgullo universitario y en paz, no puede seguir siendo motivo de violencia. La diferencia no se reprime, se respeta. Esto no es solo un ataque al movimiento estudiantil, sino a la democracia misma.

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?