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Etiqueta: violencia contra las mujeres

«Calladita No es más bonita»… podcast de la Defensoría

El hostigamiento sexual en el empleo

La Defensoría de los Habitantes lanzó un nuevo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, el cual se crea desde la convicción que el silencio no puede seguir siendo cómplice de la violencia contra la mujer.

En esta nueva edición se aborda la temática del hostigamiento sexual en el empleo y entornos seguros, con la participación de las expertas Lilliana Castro López e Ivania Solano Jiménez, funcionarias de la Dirección de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.

El sector público arrancó el 2026 con 33 denuncias por hostigamiento sexual en enero, lo que equivale a un reporte cada 24 horas, lo que enciende las alertas a nivel institucional para acelerar las acciones en materia de prevención y atención de esta manifestación de violencia, donde la mayoría de las denunciantes son mujeres.

El nuevo capítulo está disponible en:

Youtube: https://youtu.be/HeSBBhJY7xs

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3peXEm4wZa1DOog8DkB4bd?si=Gao8dQ-yTpGeG7g0qB41MQ

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

El Podcast contará con la participación de mujeres sobrevivientes de violencia, familiares de víctimas de femicidio, así como mujeres expertas y técnicas en la materia, quienes aportarán no sólo sus conocimientos, sino también sus testimonios, experiencias y propuestas para la prevención y erradicación de este flagelo.

Cuando la ética pública deja de importar: señales preocupantes para la democracia costarricense

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida democrática reciente. La creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el desgaste de los partidos tradicionales, la inseguridad, el deterioro económico y el cansancio social han creado un clima político marcado por el desencanto y la polarización. En ese contexto, las recientes decisiones tomadas en torno al caso del exdiputado Fabricio Alvarado no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica o partidaria. Lo ocurrido revela algo más profundo y quizá más preocupante: una transformación cultural en la manera en que la sociedad costarricense comprende la ética pública, la responsabilidad política y la propia democracia.

El archivo de la eventual sanción ética contra el exdiputado ha sido defendido por algunos sectores bajo argumentos procedimentales: que la Asamblea Legislativa perdió competencia al dejar el denunciado su condición de diputado, o que corresponde exclusivamente a los tribunales conocer el caso. Sin embargo, reducir el debate únicamente a la dimensión penal o procesal resulta insuficiente. Las democracias no funcionan solo mediante sanciones judiciales. También descansan sobre responsabilidades éticas, mensajes simbólicos y estándares mínimos de conducta pública.

Precisamente por ello, el problema no radica únicamente en si existía o no competencia jurídica para continuar el procedimiento legislativo. El verdadero problema es el mensaje político y cultural que se transmite a una sociedad profundamente afectada por la violencia y el hostigamiento contra las mujeres. Costa Rica no discute este tema en abstracto: lo hace en medio de una realidad donde miles de mujeres enfrentan acoso, violencia psicológica, agresiones sexuales y múltiples formas de silenciamiento cotidiano.

La contradicción se vuelve aún más significativa cuando se recuerda que la propia presidenta de la República manifestó públicamente haber sido víctima de conductas de hostigamiento por parte del mismo actor político involucrado en este caso. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, resulta legítimo preguntarse qué tipo de señal institucional se transmite cuando un gobierno que afirma representar una ruptura ética con “la vieja política” termina impulsando —o al menos permitiendo— decisiones percibidas por amplios sectores como mecanismos de protección o impunidad.

No se trata aquí de afirmar culpabilidades penales anticipadas ni de desconocer el principio de inocencia, indispensable en cualquier Estado democrático de derecho. Se trata de reconocer que las instituciones también educan simbólicamente. Sus acciones, silencios y omisiones construyen mensajes sociales. Y cuando una denuncia de esta naturaleza termina subordinada a cálculos políticos, pactos coyunturales o disputas partidarias, el efecto pedagógico puede ser profundamente dañino.

Más preocupante aún es la reacción de una parte importante de la ciudadanía frente a estos hechos. Muchos comentarios públicos no negaron necesariamente la gravedad del hostigamiento sexual; simplemente lo relativizaron frente a otras prioridades: “hay cosas más importantes”, “eso le corresponde a los tribunales”, “la Asamblea no debe perder tiempo en eso”. Esa respuesta revela una transformación cultural inquietante: la progresiva pérdida de relevancia de la ética pública dentro de la vida democrática.

La situación adquiere todavía mayor complejidad si se observa que el actual oficialismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa de pureza moral y regeneración ética del país. El discurso contra “la corrupción”, “los chorizos” y “la casta política” ha sido central en su identidad pública. Sin embargo, las contradicciones acumuladas entre discurso y práctica comienzan a generar una peligrosa erosión de credibilidad. Y esto no afecta únicamente a un gobierno o a un partido: afecta la confianza misma en la posibilidad de una política democrática coherente.

El problema de fondo quizás no sea solamente que existan contradicciones —las ha habido históricamente en múltiples fuerzas políticas—, sino que una parte creciente de la sociedad parece haber comenzado a normalizarlas. Ese fenómeno merece una reflexión seria. Porque cuando las democracias entran en escenarios de fatiga institucional, precariedad económica y polarización permanente, la ciudadanía puede empezar a tolerar prácticas que anteriormente habrían generado mayores costos políticos o éticos.

En ese contexto, la política deja de evaluarse por su coherencia moral y comienza a valorarse principalmente por su capacidad de confrontación, eficacia inmediata o identificación emocional. El riesgo es evidente: el deterioro gradual de la cultura democrática y la consolidación de un clima social donde todo parece justificable si favorece al propio grupo político.

Por eso este debate trasciende a una figura específica o a una coyuntura legislativa. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que Costa Rica desea construir. Una democracia saludable no se sostiene únicamente con elecciones periódicas ni con crecimiento económico. Requiere ciudadanía crítica, instituciones confiables, educación humanística, deliberación pública y una ética mínima compartida capaz de reconocer que ciertos temas —como la violencia contra las mujeres— no pueden relativizarse según conveniencias políticas.

Aun así, no todo está perdido. El hecho mismo de que estas discusiones sigan generando indignación, debate público y reflexión crítica demuestra que la sociedad costarricense todavía conserva reservas democráticas importantes. Quizá el desafío más urgente no sea únicamente cambiar gobiernos o partidos, sino reconstruir una cultura política capaz de reconciliar democracia, ética pública y ciudadanía crítica en tiempos de desencanto.

Porque el mayor peligro para una democracia no es únicamente la corrupción o la contradicción política. El verdadero peligro aparece cuando la sociedad deja de percibirlas como problemáticas.

De Hitler a Rodrigo Chaves… así se desató el fascismo… con actos como el realizado contra la Jueza de la República

Vladimir de la Cruz

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, las tropas de asalto nazi, las SA, instigadas por el gobernante, el Führer Hitler, y por las autoridades alemanas, actuaron contra ciudadanos judíos violentamente, en lo que se consideró el mayor linchamiento multitudinario, o masacre como también llamaron a esos actos, contra los judíos, violencia que se manifestó en el ataque físico, la agresión física personal, contra mujeres, hombres, ancianos, niños, en el asesinato, en la destrucción de los bienes de los judíos, y contra todo lo significara semitismo.

Las autoridades del gobierno no actuaron tratando de evitar esos ataques. Se complacieron con esos actos, los justificaron con sus criterios de superioridad racial, étnica, nacional. Instigaron, promovieron con sus discursos de odio, de racismo, de persecución, de exclusión, de intolerancia.

El más importante instigador de esos crímenes fue el mismo Hitler, primero Canciller, en 1933, luego presidente, en 1934, y después unificó ambos cargos, para convertirse en el caudillo, en el líder del movimiento nazi, en el Führer, como se le conocía desde 1933.

Las actuaciones, como las de esas noches, independientemente de si algunas fueron espontáneas o premeditadas por grupos de alemanes, de grupos de personas, o por actos individuales de fanatizados por el Führer, fueron el salto que dio impulso a la represión y a la eliminación de los contrarios, de los judíos, y de todo aquello que objetara o se opusiera al gobierno fascista, al asesinato y al intento de asesinato de judíos. El resto lo conocemos.

En Costa Rica, lamentablemente, actuamos como testigos, la mayor parte de la población de manera pasiva, y una buena parte, incluidos intelectuales, con terror y temor reverencial, del deterioro que ha venido provocando y causando, intencionada, alevosa y criminalmente contra el sistema democrático, el presidente Rodrigo Chaves.

Igual que en la Alemania nazi, Chaves ha instigado, y sigue alentando cada vez que puede actos contra las instituciones del Estado, contra la Asamblea Legislativa, contra la Contraloría General de la República, contra la Sala IV, donde, incluso, un profesor universitario de la dirigencia de ese piquete, instó a quemar el edificio y a sus magistrados; contra personajes públicos, magistrados, diputados, gestores de opinión, que incluso los han exhibido en vallas públicas como si fueran delincuentes, tratando de generar contra ellos reacciones negativas y hasta eliminatorias. En sus diatribas ya ha incorporado, siguiendo a Trump, un discurso político trasnochado contra los comunistas y socialistas de todo el continente.

Sus ataques a la institucionalidad pública, a las instituciones republicanas y democráticas del Estado de Derecho; a la independencia de los Poderes Públicos, a los organismos e instituciones públicas del control democrático político del quehacer de los gobernantes y las autoridades públicas; de ataque a los partidos políticos, a los políticos, a la Política como un escenario de expresión de la Democracia; a los comunicadores y gestores de opinión pública, y los medios de comunicación, que no se someten al gobierno y al actual gobernante de turno.

La feroz crítica de Hitler contra el gobierno y el Estado, aprovechándose de las malas condiciones socio económicas del pueblo, le permitió crear las condiciones para destacar en las elecciones de 1928 y aumentar su auge en 1930, y ganar las de 1932.

Hitler debilitó la República de Weimar, que surgió en 1919, como resultado de la I Guerra Mundial. Hitler no tenía programa político, tenía carisma que atraía a diversos grupos sociales, unificándolos en su diversidad política, en sus intereses laborales y cristiano religiosos, atrayendo incluso a abstencionistas electorales de esos años. Los partidos conservadores tradicionales perdieron el apoyo de la población, quienes terminaron votando y apoyando a Hitler.

En enero de 1933 empezaron los nazis a realizar celebraciones con antorchas, celebrando su “revolución nacional”, así intentaron quemar el edifico del Parlamento Reichstag. En Costa Rica, solo eso le falta al gobierno y a sus fanáticas huestes irracionales.

La situación de Alemania en ese despertar, desarrollo y auge del nazismo me recuerda constantemente, cómo en Costa Rica estamos en paralelo a 1933, incubando al Hitler de Costa Rica, que embrionariamente, empezó a gestarse en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Desde entonces, se ha ido desarrollando, en términos generales, de la siguiente forma:

Primero, tuvimos un candidato que se lució en las elecciones de 2022 con un desplante que atrajo a esos sectores sociales, marginales, desclasados, pobres, que levantó banderas de decencia nacional contra la corrupción galopante e histórica conocida, que aglutinó provocando un abstencionismo y una baja confianza a quienes le adversaban política y electoralmente.

Luego, el resultado de la elección primaria lo pudo revertir a un primer lugar, en la segunda ronda electoral, imponiéndose como candidato ganador, y presidente de la República, 2022-2026.

Segundo, mediante una acción de publicidad, de gobierno, ha sabido mantener, una imagen poderosa, personal, matona, peleadora de calle, de gritón a todo galillo, contra quienes adversa o exhibe pintándolos como sinvergüenzas, pillos y maleantes públicos o privados, desnaturalizando o mintiendo sobre sus atestados personales, ofendiendo en su dignidad personal y hasta burlándose de sus condiciones físicas, que ha permitido que hasta en la Asamblea Legislativa diputados lo imiten y traten de igualarse con él, criticando ciudadanos y hasta a los mismos diputados, que son agredidos de esa forma.

Pero ya han empezado a actuar, en el escenario público, con violencia, sin respeto alguno. El lenguaje del Presidente Chaves, soez, vulgar, pachuco, de borracho necio que no controla sus palabras, de personaje inculto, de escasos valores de comportamiento social y protocolario, de exhibidor machista desenfrenado, de irrespetuoso de la cordura nacional, imponiendo el miedo, el terror reverencial por la fortaleza institucional que dirige y maneja, por las acciones vengativas que desde la institucionalidad pública realiza y puede influir, que aplica contra sus adversarios de cualquier género que sean, se ha ido imponiendo.

Su tribuna pública de todos los miércoles, sin respuesta opositora, le permitió desarrollarse como una fuerza electoral, como un movimiento político que le dio forma con la figura del jaguar, pero todavía no ha logrado plasmarse en partido político, realmente organizado. Pero, le permitió empujar su candidata presidencial con éxito electoral, como no sucedía desde hace varias décadas, con su apoyo a la candidata y una mayoría legislativa que le da cierta fuerza política, si la sabe usar.

Tercero, impulsando una mentalidad de gobierno autoritarista, de actuaciones despóticas y arbitrarias, con el deseo de gobernar sin controles institucionales, lo que ha asumido a su recién electa presidenta, interesada en mantener en alto al Jaguar mayor, con posibilidades de que vuelva a la Presidencia lo más pronto que institucionalmente se pueda.

En ese afán, ambos, presidente saliente y presidenta entrante, han levantado estandartes planteando las posibilidades de gobernar bajo los efectos de un Estado de excepción, sin controles legislativos, constitucionales ni administrativos, y sin garantías individuales, o suspendiéndolas regionalmente, para de esa forma acostumbrar a la población, poco a poco, por regiones.

Este estado de violencia ha desbordado en estos últimos días, con el ataque criminal que sufrió una alta Jueza de la Republica.

Ambos, Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se han complacido con el ataque criminal, con el intento de asesinato, con la agresión física, con el ataque de un perro bravo que le lanzaron a la Magistrada, Jueza de la Ejecución de la Pena, en Heredia el viernes pasado.

El agresor, de un comportamiento reiterado de ataques y amenazas a esa funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los mandatos de los discursos y peroratas de los miércoles, y de ocasión presidencial, actuó, contra esta funcionaria, de pleno derecho, sintiéndose amparado por el presidente, por la presidenta electa, y por Instituto Nacional de la Mujer, que no se ha pronunciado en nada sobre esos hechos. Casi nadie, política, institucional y socialmente, de manera pública se ha manifestado críticamente y en contra de ese acto criminal.

Lo sucedido no fue un pleito de barrio, de vecinos, de residencial o de condominio, como lo han querido presentar los defensores del atacante, de quien intentó matar, asesinar, a la funcionaria judicial.

Fue un acto criminal resultado de la instigación oficial que ha venido haciendo el presidente Rodrigo Chaves desde hace tiempo contra funcionarios y funcionarias como ella, enervando los sentimientos de las gentes contra funcionarios de la institucionalidad pública, judicial, legislativa y electoral. En este caso, todo originado en un fallo, en julio del año pasado, de esta jueza que el presidente y su ministro Gerald Campos, cuestionaron, con nombre y apellidos, en uno de esos programas de los miércoles, exhibida también en fotos públicas. También la volvieron a cuestionar y criticar en setiembre pasado, de igual manera.

El agresor ha mantenido constantes manifestaciones, que están grabadas, contra la persona, contra la integridad física y las condiciones morales de la funcionaria judicial, contra la Jueza, contra una Mujer. Además, pasa insultándola, agrediéndola, como acostumbra oralmente el presidente cuando se refiere a algunas personalidades políticas que no son de su agrado.

El agresor realizó una tentativa de homicidio, con alevosía y ensañamiento que había venido preparando, hasta con el perro que le lanzó a la jueza, que tirada en el suelo, además la agarró a patadas, la arrastró provocándole heridas graves en su rostro, que le pueden quedar grabadas de por vida, con el daño moral que eso le puede causar.

También, se le puede añadir en su intención la tentativa de femicidio, que no deviene, en este caso, por una relación de familia, ni matrimonial, sino por la regulación que nacionalmente se ha venido haciendo de manera especial contra los crímenes que se realizan con alevosía, ensañamiento y saña contra mujeres.

No se puede descartar en el tratamiento de esta acción delictiva al instigador principal de esta intención homicida contra la Jueza de la República. Debe tenerse a Rodrigo Chaves Robles como un coimputado.

Al detenido por estos actos debe caerle el mayor peso posible del castigo legal, o de los castigos penales que le puedan corresponder, de manera que sean ejemplarizantes, para quienes pretendan actuar, como impulsa el presidente Chaves con sus diatribas, a la actuación de los ciudadanos.

Los actos realizados contra la jueza no son para sancionarlos con medidas administrativas, municipales, o medidas no penales.

La prisión preventiva que se le ha fijado al agresor y presunto homicida está acorde con los hechos públicamente conocidos y relatados por la prensa.

Tengamos clara una cosa de este ataque a la Jueza. El atacante envió finamente, subliminalmente, un mensaje a todos los funcionarios públicos de lo que les puede pasar, por el ejercicio de los cargos, si no satisfacen al mandatario, al jaguar depredador de la institucionalidad pública.

El mensaje, si se quiere fue más directo para los Jueces, para los Altos Jueces de la República, y especialmente contra los Magistrados, muchos de ellos sujetos de reelección en sus cargos, en el próximo gobierno del Jaguar, que se continúa con el gobierno de Laura Fernández, que tiene suficientes diputados para dificultar sus reelecciones.

Ante estos actos, y estas amenazas subliminales, hay que defender a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial y a sus integrantes.

Hay que pedirle a los Magistrados que no se dejen intimidar ni amenazar por ataques como el que ha sufrido la Ciudadana, la Mujer y Jueza de la República, por uno de esos jaguares.

Si esto no se detiene, nos igualamos a aquellos días del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, cuando las tropas de asalto nazi ascendían de manera definitiva.

Hay que impedir que en Costa Rica esto sea posible. Recordemos al pastor Martin Niemöller y al poeta Bertold Brecht, con el poema “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”, en sus dos versiones, que dice:

«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.»

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”

“¡9 años cambiando el rollo!”: MUSADE relanza campaña nacional por los derechos de las mujeres en su 40 aniversario

En el marco de su 40 aniversario, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) realizará el lanzamiento oficial de la campaña “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres”, una iniciativa que acumula 9 años de trabajo continuo (desde 2018) en la prevención de la violencia contra las mujeres y en la transformación de patrones socioculturales que la perpetúan.

Esta campaña no es un esfuerzo reciente: es el resultado de casi una década de sensibilización, formación, acompañamiento comunitario e incidencia, que hoy se fortalece y amplía como parte de la conmemoración de los 40 años de trayectoria de MUSADE. La actividad de lanzamiento se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo, a las 10:00 a.m., en modalidad bimodal, marcando el inicio de una agenda de acciones durante todo el año, orientadas a movilizar a la ciudadanía y a posicionar la urgencia de construir una sociedad libre de violencia.

La campaña hace un llamado directo a la población a cuestionar las creencias, actitudes y prácticas que normalizan la violencia, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la dignidad. Asimismo, invita a hombres, mujeres, juventudes e instituciones a asumir un rol activo en la prevención de la violencia.

“Son 9 años insistiendo en lo mismo: la violencia no es normal, no es privada y no es aceptable. Hoy, en nuestro 40 aniversario, reafirmamos ese llamado con más fuerza: cambiar el ‘rollo’ es una responsabilidad colectiva”, señaló la organización. A lo largo del año, la campaña incluirá actividades comunitarias, procesos formativos, acciones culturales, espacios de diálogo y una estrategia de comunicación que buscará amplificar voces, visibilizar realidades y promover cambios concretos en la vida cotidiana.

MUSADE invita a instituciones públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a sumarse a esta iniciativa, que apuesta por una transformación profunda y sostenida hacia una cultura de paz y equidad.

Marcha por femicidios, derecho a decidir y solidaridad internacional

● 126 femicidios durante presente administración, con una crueldad sin precedentes

● La institucionalidad costarricense enfrenta debilitamiento del INAMU, la CCSS, y la educación pública

● Las organizaciones apelan a verdad, justicia, autonomía y dignidad

25 de noviembre de 2025, San José, Costa Rica. Con motivo del 25 de noviembre en que se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se convocaron movilizaciones en San José, Liberia, Atenas, San Ramón, Cartago, y Limón, que se estima alcanzarán una cifra histórica de asistencia. Las colectivas feministas, organizaciones sociales y aliadas caminarán juntas para honrar a las víctimas de femicidio, en solidaridad con todas las mujeres y niñas que viven violencia y con ello denunciar el grave retroceso de derechos durante el actual gobierno

Las consignas elegidas para la marcha del 2025 son:

  1. Marchamos porque esta administración acumula 126 femicidios y se niega a declarar emergencia nacional.

  2. Marchamos por el aborto legal y el derecho a decidir.

  3. Marchamos en solidaridad con las mujeres y el pueblo palestino, exigiendo que Costa Rica rompa relaciones con Israel y rechace el TLC.

La activista Sylvia Mesa, aclaró que “considerando que en el 2025 ha habido 64 muertes violentas intencionadas, algunas en proceso de revisión si fueron femicidios, puede concluirse que cada 5 días hay una muerte violenta de una mujer”.

Por su parte Xavier Sánchez de Familias sobreviviendo al Femicidio adujo que: “Las cifras muestran la magnitud del problema, pero detrás de cada número había una mujer con familia, sueños y afectos, que nos fue arrebatada de la forma más terrible”.

En años anteriores han marchado por la Avenida Central hasta 10 mil feministas. La organización invita a todas las mujeres, familias, agrupaciones y aliadas a sumarse a esta jornada histórica. “Presentamos nuestro manifiesto nacional, que recoge las luchas y urgencias de mujeres, personas queer y no binaries de múltiples territorios y trabajadoras” explicó Paola Zeledón, representante de la organización.

Cada organización se aglutina por un tema en común y tendrán representaciones artísticas, vocerías e insignias que comprenden el decálogo de alertas:

  1. Atención al aumento de femicidios y la falta de respuesta estatal, así como el retroceso a la Ley 10263, que afecta a familias sobrevivientes de femicidio.

  2. La ineficacia de los Puntos Violeta y el desmantelamiento de la institucionalidad que debe protegernos.

  3. La violencia contra niñas, niños y adolescentes, y un Estado incapaz de garantizar su seguridad, así como la impunidad ante el acoso y el abuso sexual.

  4. El aumento de la violencia doméstica, desapariciones de adolescentes y ataques contra mujeres en la política.

  5. Los derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

  6. Las luchas de las mujeres indígenas, lesbianas, bisexuales, trans, afrodescendientes, costeras, campesinas, obreras, cuidadoras, trabajadoras y empobrecidas, afectadas por violencia, despojo y precariedad.

  7. Las denuncias por condiciones indignas en los centros penales.

  8. La solidaridad con las mujeres de Nicaragua.

  9. La memoria de la Masacre de Alajuelita, aún sin justicia.

  10. La cosificación de cuerpos, humanos y no humanos.


Acerca de: Las colectivas feministas costarricenses se originaron hace más de 100 años y han marchado contra la violencia desde hace más de 35 años y se organizan con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer desde 1991. La movilización en ambas fechas se realiza para exponer ante la opinión pública preocupaciones y realizar demandas. La organización agrupa a organizaciones, colectivas y personas de todo el país, quienes mediante asambleas y comisiones se toman acuerdos y se ejecutan acciones.

Manifiesto Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Costa Rica, 25 de noviembre de 2025**

Marchamos hoy con dolor por el aumento del número y de la crueldad de los femicidios en nuestro país. En lo que va de este gobierno llevamos contabilizados 126 femicidios. Las cifras muestran la magnitud del problema, pero detrás de cada número había una mujer con familia, sueños y afectos, que nos fue arrebatada de la forma más terrible.

Con cada femicidio perdemos una parte de nuestro derecho a vivir libres de violencia. Hemos exigido reiteradamente que se declare emergencia nacional para detener los femicidios, y esta administración se ha negado una y otra vez, mientras dilapida más de 500 millones de colones en los llamados Puntos Violeta. Denunciamos la ineficacia y opacidad de esta estrategia, como modelo que privatiza servicios públicos, carece de resultados comprobables, deteriora la calidad de la atención de las mujeres y aumenta la ruta crítica que deben recorrer para encontrar ayuda. Exigimos acciones inmediatas y los recursos necesarios para implementar los programas públicos especializados y cumplir los compromisos internacionales asumidos bajo la Convención Belém do Pará.

Rechazamos el texto sustitutivo del proyecto de ley “Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio” (Ley 10263), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Este texto representa un grave retroceso en los derechos de las familias sobrevivientes, debilitando los mecanismos de reparación, acompañamiento y justicia conquistados tras años de lucha. Nos sumamos al llamado del Grupo de Familias Sobrevivientes al Femicidio, que exige ser escuchado antes de la votación en plenario de esta reforma. Las reformas propuestas vacían el espíritu de la ley y reducen el alcance de la reparación integral, dejando sin protección a hijas, hijos y familiares de las víctimas. Exigimos a las diputadas y diputados detener cualquier modificación regresiva y garantizar un proceso participativo y con enfoque de derechos humanos.

Denunciamos el incumplimiento por parte del Estado costarricense de sus obligaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos como forma violenta de controlar nuestros cuerpos. La presentación, por parte del Poder Ejecutivo, de un proyecto para aumentar las penas del delito de aborto, la derogación de la ya restrictiva norma técnica del aborto terapéutico mediante un decreto que pretende pasar por encima de la ley e incumple lo establecido en el Código Penal, que permite dicho procedimiento para evitar un peligro para la vida o la salud, limitándolo ahora a los casos en que la persona se encuentre al borde de la muerte. Recordamos los casos de Ana y Aurora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes hasta el día de hoy no han obtenido justicia, así como los de todas las demás mujeres y personas con capacidad de gestar que actualmente enfrentan la misma situación.

Exigimos la implementación plena de programas de educación sexual científica, laica y con enfoque de género en todos los niveles educativos, así como la despenalización y legalización del aborto con acceso seguro y gratuito. Estas son obligaciones derivadas de las recomendaciones del Comité CEDAW, del Examen Periódico Universal y de la Convención de Belém do Pará. Defender la educación sexual integral y el derecho a decidir es defender la vida, la autonomía y la dignidad.

La violencia contra la niñez y adolescencia en Costa Rica se ha convertido en una emergencia nacional. En 2024 se registraron más de 125 mil casos de maltrato infantil, y la CCSS atendió cerca de 12 mil menores por abuso sexual, un aumento del 50 % respecto a 2022. Este tipo de agresión ya es la segunda causa de violencia en menores atendidos en el Hospital Nacional de Niños, lo que refleja la gravedad y extensión del problema.

Detrás de estas cifras hay niñas, niños y niñes, muchos de entre uno y nueve años, víctimas de un sistema que no logra protegerles. Las instituciones están desbordadas, la respuesta del Estado ha sido insuficiente a causa del desfinanciamiento de programas sociales y de la misma CCSS y la impunidad sigue siendo la norma. Urge actuar con firmeza y empatía: basta de silencio, basta de violencia. Cada niña, niño o niñe merece crecer con seguridad, amor y justicia.

Denunciamos que entre 2022 y 2025, los casos de violencia doméstica o intrafamiliar aumentaron un 107 %, afectando a mujeres, niñas, adolescentes, personas mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad por orientación sexual, identidad de género, discapacidad o condición de salud. Asimismo, se han incrementado las desapariciones de mujeres, principalmente adolescentes entre 14 y 17 años, muchas huyendo de dinámicas de violencia intrafamiliar y expuestas luego a relaciones impropias o a la muerte.

En el ámbito político, el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina reporta que, a septiembre de 2025, la violencia digital contra las mujeres en política se concentra en ataques a la reputación (42 %), burlas a la edad o apariencia (31 %) y deslegitimación de propuestas (22 %), evidenciando un entorno desigual que restringe la participación de las mujeres.

Apoyamos la demanda de las compañeras que ejercen el trabajo sexual por el reconocimiento pleno de sus derechos laborales. A pesar de que la CCSS reconoció oficialmente en 2023 su labor mediante un código propio, aún falta el reconocimiento legal y laboral integral. Exigimos legislación que garantice una regulación justa, digna y respetuosa del trabajo sexual, asegurando derechos laborales, sociales y humanos.

Las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 42 años en Costa Rica, en un contexto donde son objeto de discursos de odio. Son estigmatizadas por el comercio sexual, pero no se les ofrecen opciones de educación ni empleo, lo que las lleva a la pobreza, la injusticia, la exclusión y la muerte. La doble moral, intolerancia en nombre de la religión y conservadurismo ponen en riesgo a las poblaciones históricamente excluidas. No son privilegios, son Derechos Humanos, no son caprichos, son deseos de superación y desarrollo, no es ideología, es inclusión. ¡Las mujeres trans siempre han estado, están y estarán, porque existen, resisten y seguirán su lucha!!!!

Expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia y el despojo que enfrentan los pueblos indígenas, especialmente en los Territorios Ancestrales recuperados del Sur-Sur. Denunciamos la falta de protección estatal hacia las personas defensoras y exigimos el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado costarricense. Reconocemos el papel fundamental de las mujeres indígenas como guardianas de la Madre Tierra, defensoras de los ríos, las semillas criollas y la vida comunitaria. Exigimos garantías efectivas de seguridad, restitución de los Territorios Ancestrales y políticas interculturales con enfoque de género. La defensa de los territorios es la defensa de la vida.

Las mujeres afro han cargado generaciones de silencios impuestos y violencias normalizadas, enfrentan desigualdades históricas, abandono estatal y mayores amenazas a su seguridad. El sistema racista y patriarcal, discrimina la piel que habitan, cuestiona su autoridad, esconde e intenta blanquear su existencia, sexualiza su presencia y minimiza su dolor histórico. Las mujeres afro se niegan a una resistencia silenciosa y a sostener estructuras que las violentan. El feminismo será interseccional y será antirracista o no será. Porque existir como mujer afro en Costa Rica ya es un acto de resistencia y exigen vivir con dignidad de su herencia y raíces, con voz propia y sin miedo, ocupando todos los espacios que por derecho les pertenecen, porque la mujer costarricense también tiene rostro de mujer negra.

También denunciamos la destrucción de instituciones públicas como el INAMU, llevada a cabo por una administración incompetente, que debilita las acciones y programas para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como el ataque a la autonomía de la CCSS, la cual representantes del neoliberalismo nos quieren arrebatar, y su desmantelamiento a través de crisis provocadas contra el personal médico, contra el sistema de pensiones, el acoso a la líder sindical Martha Rodríguez y la deuda del Estado que va en aumento año tras año. La salud de las mujeres no le importa a este gobierno, que viola uno de sus derechos fundamentales. ¡Páguenle a la Caja! Sumamos el deterioro del MEP, donde en lugar de atender las condiciones básicas de los centros educativos, el Estado aprueba medidas que permiten el control de los cuerpos de adolescencias e infancias —regulando vestimenta, cabello y expresión corporal— y elimina los protocolos de prevención de la violencia hacia estudiantes LGBTIQ+, reforzando el castigo moralizante hacia quienes se salen de la norma.

Las mujeres de Costa Rica están en su mayoría (58 % en 2024 según el INEC) sin empleo, principalmente por responsabilidades en el hogar. Exigimos una política de empleo para las mujeres y un verdadero sistema de servicios públicos de cuidados, para que las mujeres podamos tener independencia económica. Las mujeres obreras, en el sector industrial y agrícola, viven condiciones laborales abusivas, salarios y tarifas insuficientes, accidentes laborales frecuentes sin reporte ni atención en el INS, acoso y violaciones, despidos y persecución sindical. Todo con impunidad para la patronal que se enriquece de esto. Exigimos el pleno respeto de los derechos laborales de las mujeres.

Desde el feminismo antiespecista contemplamos que el mismo acuerdo social que nos reduce a objetos de consumo es el que cosifica a los animales. Se nos vende como placer o servicio a través de la explotación sexual interminable. La carne se trata con erotismo y el cuerpo como carne, invisibilizando nuestro dolor con la cotidianidad de estas violencias. Los animales sienten y merecen la misma vida autónoma que queremos para nosotras. ¡Ya no más jaulas!

En Costa Rica, la impunidad alcanza los niveles más altos del poder. A pesar de que desde colectivos feministas e instituciones académicas se han respaldado denuncias por acoso y abuso sexual contra figuras políticas y funcionarios públicos, estas siguen sin justicia. Los casos se frenan por inmunidades o influencias que los silencian. El sistema protege a los poderosos y revictimiza a las denunciantes. Urge romper el pacto de silencio y exigir transparencia y cero tolerancia a la violencia sexual en todos los ámbitos. Nadie debería estar por encima de la ley.

En este 25 de noviembre, la Familia Penitenciaria Unida alza la voz ante las violaciones a los derechos humanos y la manipulación de información que busca estigmatizar a las familias penitenciarias. Denunciamos la desigualdad en el Centro Vilma Curling, donde las mujeres solo reciben visita cada 15 días y no cuentan con condiciones dignas, así como la situación de las personas en los espacios de alta contención, donde se vulneran derechos básicos. Rechazamos la idea de que la llamada Mega Cárcel o las políticas punitivas sean una solución a los distintos tipos de violencia; por el contrario, profundizan las desigualdades y el sufrimiento humano. Exigimos respeto, verdad y dignidad para todas las personas privadas de libertad y sus familias.

En Nicaragua, al menos 707 mujeres han sido víctimas de femicidio durante los últimos 8 años; miles de niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual; la violencia física y psicológica está presente en los hogares y también en el estado. 12 mujeres continúan encarceladas injustamente y 9 están en condición de desaparecidas. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su intento de ocultar la realidad ha prohibido cualquier tipo de acción colectiva para apoyar a las víctimas, exigir justicia y denunciar la impunidad que reina en el país.

Recordamos, honramos y demandamos justicia para las víctimas de la Masacre de Alajuelita perpetrada en 1986: Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años; sus hijas María Gabriela, de 16, María Auxiliadora, de 11 y Carla Virginia Salas Zamora, de 9, y sus sobrinas Alejandra, Carla María y María Eugenia Sandí Zamora, de 13, 11 y 4 años. Los dos juicios contra los sospechosos fueron anulados por errores procesales. No se exploraron diversas alternativas investigativas que apuntaban hacia otros sospechosos. La crueldad e impunidad del crimen señala al Estado costarricense como incapaz de la debida diligencia investigativa y de conducir el juicio. Ni olvidamos ni perdonamos.

Nos solidarizamos con las mujeres y el pueblo palestino, víctimas de un genocidio. Defender a Palestina es defender los derechos humanos y la vida de todas las mujeres. Exigimos que Costa Rica rompa relaciones diplomáticas con Israel, no firme el TLC y se apoye el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la existencia misma ¡No más genocidio! ¡Palestina libre!

Finalmente, denunciamos el avance del autoritarismo y las prácticas antidemocráticas del actual gobierno, que amenaza derechos fundamentales, persigue liderazgos sindicales y manipula la información pública para deslegitimar la protesta social.

Hoy, 25 de noviembre, las mujeres de Costa Rica y del mundo alzamos la voz contra todas las violencias.
Exigimos verdad, justicia y dignidad.
¡Ni una menos! ¡Vivas, libres y sin miedo nos queremos!

Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

Memoria de mujeres que no se rindieron ante la violencia

Observatorio de Bienes Comunes

En este 25 de noviembre queremos compartirte esta entrevista llena de rebeldía y dignidad.

Conversamos con Enid Cruz, trabajadora social, activista feminista y directora de MUSADE, una organización que ha marcado la defensa de los derechos de las mujeres en San Ramón y Costa Rica.

¿Por qué vale la pena verla?

* 🌿 Conocés cómo nació MUSADE en los años 80, en medio de crisis y cambios sociales profundos.

* ✊ Escuchás la memoria de mujeres que no se rindieron ante la violencia.

* 🔥 Te conecta con la fuerza del movimiento feminista y su impacto real en la vida cotidiana.

* 💬 Es una conversación cargada de historia, dignidad y esperanza.

👉 Mire el video completo aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/caminar-juntas-los-trayectos-de-musade/

Seis candidaturas firmaron el Compromiso Ético y Político contra la Violencia hacia las Mujeres

Este martes se realizó la firma presencial del Compromiso Ético y Político contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciativa convocada por organizaciones especializadas en derechos humanos y equidad de género. El documento —difundido días atrás— establece una serie de compromisos mínimos para que quienes aspiran a gobernar el país se comprometan públicamente a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, así como a fortalecer las instituciones encargadas de garantizar su protección.

Seis aspirantes a la Presidencia acudieron a firmar el compromiso tras ser invitadas, reafirmando su adhesión a los principios planteados y asumiendo la responsabilidad ética y política que implica su eventual ejercicio de gobierno.

Personas firmantes (orden alfabético por nombre):

  1. Álvaro Ramos – Partido Liberación Nacional

  2. Ana Virginia Calzada – Partido Centro Democrático y Social

  3. Ariel Robles – Partido Frente Amplio

  4. Claudia Dobles – Partido Agenda Ciudadana

  5. Claudio Alpízar – Partido Esperanza Nacional

  6. Juan Carlos Hidalgo – Partido Unidad Social Cristiana

El compromiso insta a las candidaturas a reconocer la violencia contra las mujeres como una problemática de Estado, promover políticas públicas basadas en evidencia, garantizar presupuestos adecuados, fortalecer la ruta institucional de atención y asegurar mecanismos de prevención en todos los ámbitos, incluido el político y electoral.

Las organizaciones convocantes señalaron que esperan que más candidaturas se sumen en los próximos días, pues este pacto busca ser un acuerdo amplio que refleje la responsabilidad colectiva del país frente a la erradicación de la violencia de género.

Las estudiantes del Colegio de Señoritas leyeron y entregaron a las candidaturas presentes un comunicado de la juventud.

Convocan a firmar Compromiso Ético y Político contra la violencia hacia las mujeres

Diversas organizaciones sociales convocan a la firma del Compromiso Ético y Político con todas las mujeres que habitan nuestro territorio, un acto público que se realizará el martes 25 de noviembre a las 9:45 a.m. en la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP). Esta actividad se enmarca en las acciones del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y busca reafirmar el compromiso de múltiples colectivos con la erradicación de todas las formas de violencia que afectan la vida de niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores.

De acuerdo con la convocatoria, en dicha actividad presentaremos un documento con acciones prioritarias que las mujeres proponemos para erradicar la violencia de género, ante las candidaturas presidenciales, esperando su compromiso ético y político con las mujeres de Costa Rica.

Según la información oficial del evento—recibida junto al afiche—la jornada tiene como propósito sumar voces individuales y colectivas en defensa de los derechos de las mujeres, y promover responsabilidades éticas y políticas que fortalezcan la igualdad y la vida libre de violencias. La invitación está abierta a todas las personas y organizaciones que deseen respaldar este compromiso desde sus territorios, espacios comunitarios, laborales, académicos o institucionales.

La actividad contará con la participación y la organización conjunta de plataformas de mujeres, redes feministas, espacios de diálogo social y movimientos que han acompañado históricamente la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica.

Para inscribirse, se habilitó el siguiente formulario:
👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvERHjDfbW7F4HqXFpemhmcnu_9N_vwj9xXaMmZVF0pgkxhA/viewform