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Etiqueta: violencia política

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera

Marcos Chinchilla Montes

Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.

Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.

De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.

El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.

Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.

Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.

Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.

En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.

Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.

Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.

Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.

Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.

Del fuego inquisitorial a las bombas “divinas”: La barbarie vuelve a hablar en nombre de Dios

Martín Rodríguez Espinoza

La Inquisición del siglo XIII no fue solo un exceso religioso del pasado; fue un sistema de poder que se arrogó el derecho de decidir quién era humano y quién no, quién merecía vivir y quién debía ser castigado, en nombre de una supuesta verdad divina. La herejía no era pensar distinto, sino desafiar al poder. Y ese es el hilo que conecta aquellos tiempos oscuros con lo que hoy vuelve a emerger en pleno siglo XXI.

Cuando sectores fascistas sionistas y figuras como Donald Trump se presentan como los “elegidos de Dios”, no estamos ante una simple metáfora religiosa. Estamos frente a una lógica inquisitorial moderna, la idea de que existe un pueblo superior, moralmente autorizado, con derecho a imponer su voluntad por la fuerza, bombardear países, exterminar pueblos, destruir sociedades enteras y silenciar toda disidencia, porque, según ellos, Dios está de su lado.

En la Inquisición medieval, la cruz legitimaba la hoguera. Hoy, el discurso del “pueblo elegido”, de la “guerra justa”, legitima genocidios, ocupaciones, bloqueos, sanciones criminales y guerras sin fin. Antes se perseguía al hereje; al que pensaba, al que disentía contra “la corona”, hoy se persigue al que resiste, al que denuncia, al que no se somete. Cambian los métodos, no la lógica.

Entonces se torturaban, se quemaban libros y cuerpos. Hoy se destruyen países enteros, se borran pueblos de los mapas y se criminaliza la protesta global. Entonces la Inquisición decía hablar en nombre de Dios; hoy los nuevos inquisidores hablan en nombre de Dios, de la democracia, la seguridad nacional o la voluntad divina, mientras ejercen una violencia sin límites ni permiso. En Costa Rica, los nuevos fascistas aplauden eso.

Lo más peligroso no es solo la violencia material, sino la normalización de la idea de que hay vidas que no valen, pueblos que sobran y derechos humanos que pueden suspenderse cuando el poder así lo decide. Esa es, exactamente, la herencia más oscura de la Inquisición, convertir la deshumanización en norma y el exterminio en deber moral.

Condenar esta realidad no es una postura ideológica opcional, es una obligación ética, los comunistas lo tenemos muy claro. Porque cada vez que se acepta que alguien puede hacer “lo que le venga en gana” en nombre de Dios, de la patria o del orden, la humanidad retrocede siglos. Y hoy, el mundo vuelve a asomarse peligrosamente a los tiempos más oscuros de su historia. Ya lo vivimos en la II Guerra Mundial contra el fascismo también, y los fascistas de hoy, de EEUU, Israel, América Latina y Europa, no lo perdonan.

Ya lo vemos, sobre los cuerpos de niños, mujeres y hombres palestinos, en la tierra anegada con la sangre y las vidas de millones de palestinos, hoy planean condominios, empresas, clubes de lujo, y quien quiera participar debe pagar $1.000 millones, o hacer como hizo el criminal de Milei de Argentina, entregar su propio país y su propio pueblo como forma de pago.

El trabajo iniciado con Hitler en Alemania, que fue derrotado por los heroicos pueblos de la Unión Soviética, hoy lo retoman los fascistas sobrevivientes en el mundo. Pero ¿saben qué?, igualmente serán derrotados tarde o temprano.

Socialismo o barbarie.

Crecen las muestras de solidaridad hacia Stella Chinchilla en redes y organizaciones sociales

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos

La comunicadora y activista socioambiental Stella Chinchilla ha recibido en las últimas horas una amplia ola de respaldo público en redes sociales y plataformas digitales, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra que diversos colectivos califican como un intento de criminalización del activismo.

Organizaciones sociales cierran filas

Uno de los pronunciamientos más difundidos proviene de SURCOS Digital, que publicó un comunicado firmado por múltiples organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. El texto señala que el señalamiento contra Chinchilla constituye “un acto de violencia simbólica y política contra una mujer activista que ha dedicado años a la defensa del ambiente y la democracia”.

Por su parte, el colectivo Bloque Verde advirtió que el caso refleja “una peligrosa tendencia a perseguir voces críticas mediante estrategias de intimidación”. Ambas declaraciones han circulado ampliamente en Facebook y X, generando cadenas de apoyo, debates públicos y llamados a reforzar la vigilancia ciudadana.

Diversas organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas también se sumaron al respaldo, denunciando que las acciones contra Chinchilla constituyen violencia política y un intento de amedrentar a una mujer defensora de derechos humanos. Estos grupos reiteraron su compromiso de acompañarla y de mantener la vigilancia ante cualquier forma de hostigamiento.

Apoyo ciudadano en redes sociales

En su propio perfil de Facebook, Chinchilla ha agradecido la solidaridad recibida y ha insistido en que su caso no es aislado. En una de sus publicaciones, citada por medios nacionales, afirmó: “Gracias a todas las personas que me han escrito. No estoy sola y no nos van a callar”.

Usuarios de redes sociales han respondido con mensajes de respaldo, denunciando lo que consideran una campaña de desprestigio. Entre los comentarios más recurrentes destacan llamados a “no soltar a Stella” y a defender la libertad de expresión frente a prácticas de vigilancia estatal.

Diversos medios digitales han dado seguimiento al caso y han destacado la magnitud del apoyo recibido. La Teja reportó que Chinchilla ha utilizado sus redes para explicar su situación y que cuenta con una “amplia red de apoyo” que la respalda públicamente. AM Prensa, por su parte, subrayó que sus declaraciones han sido clave para denunciar lo que ella considera un montaje político en su contra.

Organizaciones exigen acción urgente de la Defensoría

En paralelo a las muestras de solidaridad, un amplio bloque de organizaciones sociales, colectivos feministas y personas defensoras de derechos humanos presentó una solicitud formal de acción urgente ante la Defensoría de los Habitantes. El documento advierte que el caso de Chinchilla evidencia la ausencia de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Las organizaciones señalan que lo ocurrido con Chinchilla se inscribe en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la estigmatización y un clima de hostigamiento que, según denuncian, incluye agresiones provenientes de agentes estatales o estimuladas por el discurso gubernamental. La carta recuerda que desde 2017 se han presentado solicitudes formales para crear un mecanismo de protección y un protocolo especializado de investigación, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas.

El pronunciamiento también cita recomendaciones internacionales, como las observaciones del Comité CEDAW sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, y los estándares reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, que obligan a los Estados a prevenir, proteger e investigar agresiones contra personas defensoras.

En este marco, las organizaciones solicitan a la Defensoría intervenir de inmediato en el caso de Chinchilla, impulsar la creación del mecanismo nacional de protección y promover un protocolo especial de investigación con enfoque de género. Advierten que la inacción estatal no solo incrementa los riesgos, sino que debilita la democracia en un contexto político preelectoral.

Un patrón claro: defensa del activismo y denuncia de persecución

Las publicaciones analizadas muestran coincidencias en varios puntos: rechazo a la criminalización del activismo socioambiental; señalamientos de misoginia y violencia política contra una mujer comunicadora; críticas a prácticas de vigilancia atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado; y llamados a mantener la solidaridad y la presión pública.

La conversación digital continúa creciendo, y distintos sectores sociales insisten en que el caso de Stella Chinchilla debe ser observado con atención para evitar precedentes que afecten la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Un cierre marcado por el hostigamiento

La denuncia coincidió con la aparición de una campaña de recolección de firmas que, en cuestión de horas, sumó cientos de adhesiones antes de ser bloqueada por Google, un hecho que sus seguidores interpretan como parte del clima de hostigamiento que rodea el caso.

¿Amenaza contra el presidente?

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

El director de la DIS convoca a la prensa cuando hace esa denuncia ante el OIJ, contrario a los protocolos de este y otros países en donde un hecho de esa magnitud se maneja con protocolos estrictos y la población se entera después de que los organismos de investigación han hecho su trabajo y en la mayoría de los casos ya hay detenidos.

Se imputa a una comunicadora que ha difundido videos incómodos en muchos gobiernos y poco después de que publicara un video donde participó la candidata oficialista; se ve claramente cuando al final la prensa la busca para entrevistarla y una persona la toma del brazo y lo impide.

Coincide con la llegada de un presidente de un país vecino en donde no existen las garantías individuales, se construyó una mega cárcel en donde igual ingresan criminales que simplemente sospechosos quienes pueden permanecer años sin juicio alguno y que participa del lucrativo negocio del turismo carcelario. El mensaje de mano dura es obvio a tres semanas de las elecciones.

Aquí el oficialismo ya ha hablado de suspender garantías individuales en zonas conflictivas del país. ¿El próximo 1º de febrero encontraremos en las escuelas, en vez de jóvenes guías a policías o peor aún se suspenderán las elecciones por temas de seguridad?

¡Costa Rica despierta!

Solidaridad con Stella Chinchilla

Costa Rica, 13 de enero de 2026. Desde los colectivos, movimientos sociales y organizaciones aquí firmantes, alzamos la voz con profunda preocupación ante el señalamiento público y la exposición mediática que hoy enfrenta nuestra querida compañera, comunicadora y activista Stella Chinchilla. Lo que se intenta instalar en la opinión pública no es únicamente una acusación sin sustento probado: es un mensaje de amedrentamiento dirigido a quienes se atreven a incomodar al poder.

Stella es una mujer comprometida que ha puesto su voz, su tiempo y su cuerpo al servicio de causas colectivas: la defensa de la vida, del ambiente, de los territorios y de las comunidades históricamente ignoradas. Su trabajo como comunicadora nace desde el afecto, la cercanía y la convicción ética de qué informar y acompañar también es una forma de cuidar. Pretender vincularla con un delito gravísimo, sin indicios ni elementos verificables, constituye un acto de violencia política y simbólica que no podemos ni debemos normalizar.

Los supuestos “indicios” y los insumos de la denuncia que han sido filtrados públicamente no corresponden a un plan ni siquiera mínimamente creíble. Por el contrario, presentan rasgos burdos, prefabricados y carentes de rigor, y que carecen de lógica y seriedad. Resulta poco creíble que, en una época de tecnologías avanzadas y capacidades técnicas reales, se pretenda sostener una acusación de esta naturaleza a partir de audios y mensajes de WhatsApp. Subestimar de ese modo la inteligencia social resulta inaceptable.

Por otro lado, la actuación de cuerpos como la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la DIS ha sido reiteradamente cuestionada en contextos de conflicto socioambiental. En numerosas comunidades del país se ha documentado su presencia para el seguimiento de personas y colectivos considerados “incómodos”, mediante prácticas de vigilancia abiertas o poco transparentes. En ese sentido, no sorprende que esta denuncia surja en un contexto electoral y previo a la visita del presidente Nayib Bukele, en un intento por instalar la narrativa de que el encarcelamiento y la mano dura constituyen la solución a problemas estructurales como el narcotráfico y la violencia.

Este hecho no ocurre en el vacío. Forma parte de un patrón cada vez más evidente de hostigamiento, estigmatización y persecución contra personas defensoras ambientales y sociales en Costa Rica, muchas de ellas señaladas, amenazadas o judicializadas por enfrentar intereses económicos y decisiones gubernamentales que ponen en riesgo bienes comunes. El mensaje es claro y profundamente peligroso: se puede montar cualquier denuncia sin mayor sustento y dañar gravemente la imagen pública de quienes se organizan, cuestionan o se oponen al poder.

Además, no es casual que hayan escogido a Stella Chinchilla como nuevo blanco de sus ataques. Su selección revela un componente profundamente misógino y patriarcal, coherente con un clima político que ha normalizado el ataque a las mujeres que piensan, cuestionan y se organizan. Atacarla a ella no es solo intentar silenciar su trabajo, sino amenazar de forma ejemplarizante a comunicadores independientes, activistas y ecologistas, y debilitar de paso a la oposición política y a la democracia costarricense.

Stella encarna el perfil que el autoritarismo prefiere atacar: mujer, madre soltera, luchadora, crítica y pensante. Golpearla a ella es intentar sembrar miedo en muchas otras; por eso nuestra respuesta debe ser colectiva, firme y sin concesiones.

Denunciamos que este clima ha sido alimentado por discursos y prácticas provenientes del propio poder político, que presentan a activistas y voces críticas como enemigas, obstaculizadoras o amenazas, debilitando la legitimidad de la defensa socioambiental y erosionando las bases democráticas del país.

Solicitamos a los medios de comunicación mayor rigor, responsabilidad y ética profesional, para que no se presten a este montaje, mantengan un enfoque balanceado y no pierdan de vista que esta acusación se inscribe en un patrón más amplio de acoso, descalificación y violencia contra periodistas, comunicadores y medios críticos.

Exigimos a las autoridades judiciales y políticas que se abstengan de utilizar el aparato institucional y mediático como herramientas de persecución y disciplinamiento social. Asimismo, demandamos el cierre definitivo de la policía política, ya sea en su versión DIS o UEI.

Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a las organizaciones nacionales e internacionales y a los organismos de derechos humanos a mantenerse alertas frente a esta escalada de criminalización del activismo.

Nuestra solidaridad con Stella. La abrazamos con el cariño que se le da a quien cuida, acompaña y quien no ha dejado de creer en la fuerza de lo común incluso en los momentos más duros. No está sola. Defender el ambiente, la vida y los derechos humanos no es un crimen. Criminalizar a quienes lo hacen sí lo es.

Bloqueverde

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Red de Coordinación en Biodiversidad

COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR

Frente Eco Cipreses

Tejiendo el discurso del odio

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Quien ocupa la Presidencia de la República es el ciudadano número uno. Como lo llamaban los latinos, se trata de un primus inter parís, alguien que ocupa temporalmente la magistratura más relevante en el ordenamiento republicano. Alguien que goza del privilegio de ocupar esa alta posición, gracias a la confianza que le ha depositado la mayoría de sus conciudadanos. Por este mismo motivo, es alguien a quien hay que exigir la máxima diligencia y prudencia en todas sus actuaciones, debe rendirnos cuentas y enfrentar las consecuencias de sus errores y conductas indebidas.     Llama la atención que cuando el Presidente en ejercicio quiere descalificar a alguno de sus críticos, opositores u otros personajes de relevancia nacional con los que busca confrontación, finge no acordarse de sus nombres, pretendiendo con ello evidenciar una supuesta irrelevancia o insignificancia, frente a su mayestática figura. Lo ha hecho con rectores universitarios, diputados –y sobre todo con diputadas- de la Asamblea Legislativa, líderes gremiales o deportivos y, recientemente, hasta con el Arzobispo de San José.

         Esta manera de emitir un mensaje se realiza desde una prepotencia que, en el personaje aludido, parece inevitable. Es así como ataca y se defiende; es así como cree impactar –y a lo mejor lo logra- en el auditorio que le presta atención. Pero lo cierto es que este recurso a reducir a la mínima expresión al adversario, es parte de la trama con que se teje el discurso del odio. Se pretende deshumanizar, reducir al “otro” u “otra” a la categoría de insecto. Se destroza con ello no sólo un valor elemental de convivencia, sino que de paso se hace añicos el principio constitucional de igualdad en una democracia. Desde el punto de vista estrictamente lógico, se cae en la falacia de la irrelevancia: cualquier cosa que usted diga carece de importancia porque usted no es nadie, es un ser irrelevante. El Presidente, mediante este mecanismo espurio, argumenta sólo en apariencia y evade contestar el contenido de las críticas.

         A estas alturas no debe caber gran duda de que el clima de violencia generalizada que impera en plazas y carreteras; en el aumento de la violencia contra las mujeres expresada sobre todo en los femicidios; las amenazas de bombas o incursiones armadas a centros universitarios públicos; y los ataques personales –ya concretados- a funcionarios de cierto rango, son producto de ese discurso de odio proferido desde la más alta magistratura. Hablo en serio cuando digo que la instigación, como concepto técnico jurídico-penal, puede dar para responsabilizar de hechos delictivos cometidos por termocéfalos que han entendido, perfectamente bien, cuáles son las instrucciones a acatar.  Aquí lo dejo para saber si, teniendo que establecer responsabilidades penales por lo que está sucediendo, habrá fiscales y jueces capaces de innovar en un campo que lo exige, dada la nueva dinámica social en el mundo de la comunicación de masas y las posverdades.

¿Qué nos dicen las encuestas de octubre?

Marco Vinicio Fournier Facio

Marco Vinicio Fournier

Durante el mes de octubre, tres casas encuestadoras recogieron información política: CIEP con una muestra de 1333 entrevistas, IDESPO con 901 y Demoscopía con 1200. Las dos primeras realizaron una encuesta telefónica, mientras que la tercera efectuó una encuesta en el campo, casa por casa.

Las tres encuestas tienden a coincidir en los resultados generales sobre la intención de voto, aunque la encuesta de Demoscopía presenta las mayores diferencias.

En términos generales, se identifica una mayoría de los votantes todavía indecisos con respecto a por quién votar para la presidencia; mientras que, entre las personas decididas, existe una clara preferencia por Laura Fernández, seguida principalmente, aunque con porcentajes bastante más bajos, por Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles.

Ahora bien, he observado varios análisis sobre los resultados en donde se afirma que ningún candidato obtendría el 40% si las elecciones hubieran sido en octubre. Pero, esta afirmación no es del todo exacta, pues las 3 encuestas reportan los porcentajes de preferencia en el voto incluyendo a las personas indecisas como parte del denominador.

Hay que tener claro que, llegado el momento de la elección en febrero, no habrá ninguna persona indecisa, todas las personas habrán tomado su decisión final de votar o no y entre aquellas que sí voten habrá una decisión final precisa, aunque sea votando nulo o en blanco. Siendo así, para estimar cuál habría sido el resultado de la elección si la votación hubiera sido en octubre, se debe calcular la intención de voto solo entre las personas decididas en ese momento, en cuyo caso, Laura Fernández habría obtenido más del 50% de los votos según las 3 encuestas, por lo que habría ganado en primera ronda, si esta hubiera sido en octubre.

Por supuesto, la mayoría de la población que se encuentra indecisa podría variar sustancialmente ese resultado, llegado el momento de la votación en febrero. De hecho, en las últimas elecciones el proceso de toma de decisión ha sido lento y muy complejo para una proporción muy importante de la población. Específicamente, para la elección de 2018 el CIEP realizó un interesante estudio longitudinal, en donde entrevistó a las mismas personas mes a mes, de octubre a febrero, y demostró claramente el difícil proceso de toma de decisión y los problemas de las personas electoras para definir su escogencia. Es por esto por lo que resulta muy importante analizar con mayor detalle a las personas que en octubre estaban indecisas. Pero, este análisis no debe partir de una aplicación mecánica de lo acontecido en elecciones anteriores. La presente contienda tiene características muy particulares que exigen un análisis más puntual sobre la coyuntura actual.

Entre las principales características que definen la situación actual, debe contemplarse de manera especial el crecimiento de un sector autoritario en apoyo del presidente y la beligerancia directa y sistemática de éste y de parte de su equipo en sus presentaciones, en los medios y en las redes, todo esto contrario a lo que establece nuestra legislación vigente. Pero, es necesario también reconocer la existencia de crecientes niveles de desigualdad social, deterioro del sistema educativo, deslegitimación del sistema político y desgaste de la confianza en las instituciones. Cada una de estas dimensiones viene mostrando indicadores negativos en lo que va del presente siglo. Una consecuencia muy importante de este proceso de deterioro es la acumulación de miedo, desesperanza, estrés, resentimiento y frustración que redunda en un enojo que se generaliza y que refuerza a su vez la deslegitimación y la violencia. Todo lo anterior redunda en mayor individualismo, menor respeto por las leyes, por el sistema de valores y las normas culturales y por los principios políticos de la democracia, facilitando que una proporción creciente de la población busque seguridad y refugio en una figura autoritaria o se entregue a una resignación absoluta que lleva al aislamiento y la depresión social. Por último, como parte muy importante de la coyuntura actual, debe contemplarse el impacto de las redes sociales y el manejo tan efectivo que ha logrado el gobierno actual en la administración de contenidos y de los algoritmos de las principales aplicaciones.

En lo que respecta al sector autoritario, por su misma naturaleza tiende a ser, entre otras cosas, dogmático, perseverante y aferrado a posiciones extremas y violentas, por lo que es esperable que no haya sufrido un proceso de toma de decisión difícil, ha hecho desde un inicio un paso transitivo para adherirse a Laura Fernández. De este modo, alrededor de una cuarta parte de los votantes ya se definieron por ella y difícilmente cambiarán su escogencia, se trata de un núcleo muy duro cuya base se mantendrá estable hasta febrero.

En el otro extremo está el sector de población tan decepcionado con los últimos gobiernos que no tendrá mucho interés en asistir a las urnas. En lo que va del siglo, elección tras elección el porcentaje de abstencionismo ha ido en aumento. La única excepción fue en 2010, en donde esta proporción bajó un poco. Siendo así, es esperable que el abstencionismo siga creciendo en un sector de población frustrado y desencantado que no quiere saber nada de la política. Las 3 encuestas muestran porcentajes relativamente bajos de este sector, por lo que es esperable que una proporción de las personas que se encontraban indecisas en octubre terminen no asistiendo a las urnas. Lo más posible es que el porcentaje de abstencionismo se acerque a la mitad de la población de electores.

Tanto la encuesta del CIEP como la del IDESPO muestra características específicas para las personas indecisas. En general, se evidencia una mayor proporción de mujeres, con edades bajas, nivel educativo moderado y condición socioeconómica media. A partir de otros estudios recientes, observamos que el sector autoritario se concentra entre los hombres, residentes en zonas rurales o en las provincias costeras, con edades superiores y nivel educativo bajo. Por lo tanto, sería esperable que solo una baja proporción de las personas indecisas terminen dando el apoyo a Laura Fernández. Pero, al mismo tiempo, debe contemplarse la calificación alta que recibe la gestión de Chaves en las tres encuestas. A excepción del núcleo duro del autoritarismo, no es esperable una transitividad del voto, pero si habría que prever que una proporción importante de las personas con una opinión positiva de la gestión terminen votando por el continuismo.

Por otra parte, las personas que se abstienen son en mayor proporción hombres y con edades bajas o superiores. De este modo, podría esperarse una proporción más alta de personas indecisas que terminen absteniéndose. Resulta también muy importante aquí mencionar el estudio del CIEP postelectoral de 2022, en donde las personas abstencionistas o con baja disposición a abstenerse en futuras elecciones tienden también a mostrar actitudes negativas hacia el autoritarismo y hacia la gestión de Chaves, por lo que cabría prever que, si llegaran a votar, difícilmente lo harían por Laura Fernández. Pero al momento del estudio de IDESPO, cuatro quintas partes de las personas indecisas mostraban indiferencia con respecto al proceso electoral.

En resumen, los datos analizados permiten prever que en las próximas semanas el apoyo a la candidata del PPSO crezca más lentamente, y por el contrario se incremente la adhesión a los principales partidos de oposición, aunque también es previsible que aumente el abstencionismo.

Ante tal panorama, los principales partidos de oposición se enfrentan a la difícil tarea de captar la atención de las personas indecisas y sobre todo de las abstencionistas para revertir la tendencia medida en octubre. Frente al impacto de las redes sociales, es imprescindible desarrollar un esfuerzo especial para entrar en contacto directo con la población y permitir un diálogo horizontal y abierto, en donde las personas puedan analizar la situación actual, las diferentes opciones políticas frente a la elección de febrero y las amenazas actuales a nuestra democracia.

Por último, quisiera subrayar la evidente preocupación de las personas entrevistadas en las tres encuestas con respecto a la inseguridad, preocupación que día a día se ve reforzada por las múltiples y constantes situaciones de violencia que la población vive. Tanto el miedo, como el enojo y la decepción son caldos de cultivo para manifestaciones de ira y para situaciones de enfrentamiento social. Durante la campaña política es corriente observar una exacerbación de las emociones por lo que preocupa seriamente la posible escalada de violencia que puede generarse en los próximos meses, abiertamente estimulada cada miércoles en las conferencias de prensa y todos los días en los contenidos especialmente programados de las redes sociales. La personalidad autoritaria es por definición agresiva e intolerante, por lo que deberá ser responsabilidad del resto de la población el evitar las situaciones de enfrentamiento violento, manteniendo siempre una actitud de diálogo y respeto mutuo y de evitación y rechazo de las provocaciones, los insultos y el irrespeto. Debemos estar muy conscientes de que la violencia engendra violencia y, en las condiciones actuales del país, una escalada de enfrentamientos agresivos podría ser catastrófica.

¿Las encuestas de opinión representan el sentir ciudadano?

Juan Huaylupo[1]

Las preocupaciones por las previsiones políticas sobre el futuro gubernamental a través de las encuestas de opinión revelan diversas consideraciones, no siempre explicitadas, algunas de cuales es necesario reflexionar.

  1. Primeramente, habría que decir que es prematura esta preocupación ciudadana, dado que las encuestas de opinión son el resultado de una especulación cuantitativa sobre la cual se desconoce o se oculta su representación cuantitativa de la población electoral, de la forma como ha sido estimada la población a ser entrevistada, del método o métodos usados, de las personas que han sido entrevistadas y en qué espacios se efectuaron las entrevistas de recolección de datos. Asimismo, se desconoce la o las características, que restringen o posibilitan las entrevistas de opinión, o cuáles fueron las preguntas que se hicieron y la codificación de las respuestas para inferir o conocer la opinión de las personas consultadas. Si, esta información es importante para conocer la pertinencia de los resultados obtenidos, los cuales tampoco serán probables, determinantes ni absolutos.
  2. Las expresiones grotescas y petulantes del presidente de la República, así como su manifiesta ignorancia y falsificación de hechos que regularmente hace en público, busca representar el creciente descontento por el deterioro de las políticas públicas del gobierno que, siendo intencionalmente culpable, paradójicamente responsabiliza a la institucionalidad pública y a la división de poderes del Estado. De este modo, el culpable, culpabiliza, así como el victimario se victimiza, y los oponentes son insultados y difamados. Así, se confunde y engaña con la enfermiza agresividad y repudio contra el pueblo, su cultura e historia. La violencia en todas sus formas es el fin de la igualdad jurídica y la democracia.
  3. La contratación de los medios, de los troles y encuestadores, así como el empleo de estúpidos u oligofrénicos argumentos de pseudos opositores, para favorecer publicitariamente a determinadas acciones gubernamentales y candidatos, son modos como expresan el desprecio a los electores que imaginan ser ignorantes y objetos del acontecer político, sin pensamiento, experiencia ni decisión propia, los cuales pueden ser controlados y dominados a su antojo.
  4. El contexto mediático y social e incluso internacional han convertido a la violencia como una normalidad cotidiana, donde el razonamiento, la moral, la normatividad cultural, las leyes que amparan derechos sociales, la ley de leyes o la Constitución de la República, se convierten en letras muertas, que son irrespetados por los poderes, del Estado y de los conglomerados económicos, con la complicidad de los entes que deben fiscalizar el cumplimiento de las leyes y la constitucionalidad. Este gobierno, es un agudo destructor del Estado Social de Derecho de nuestra sociedad, siendo su conductor, un cavernario fascista que solo admite su imposición y los salvajes gritos.
  5. Asimismo, la intencionada especulación cuantitativa que pretende hacer creer que la manipulación numérica, puede predecir los eventos futuros. Ello no es otra cosa que el fomento de la ignorancia, desde el siglo XVI, con el mecanicismo tautológico de la matemática y hoy, con las matemáticas financieras privatizan los recursos públicos, las riquezas de pueblos y de la ciudadanía nacional y global. Nos engañan con números con el uso de las técnicas cuantitativas, sin oposición y con la corrupta complicidad de pseudos científicos en la regresividad cognoscitiva contemporánea. Ninguna técnica cuantitativa posee la capacidad de comprender ni explicar alguna realidad, menos aún tener la posibilidad de predecir el futuro.
  6. La pretensión de las encuestas de opinión sobre el voto no es saber las orientaciones políticas de las personas, el propósito es condicionar la preferencia del voto ciudadano en favor de quien paga por la manipulación de los resultados. En una sociedad que pondera el triunfo, el éxito, los negociantes de los números infieren que los votos favorecerán al supuesto ganador de las encuestas de opinión. Esas prácticas y sus ingenuos creyentes ignoran que los costarricenses, tienen en su voto el medio, el arma, para condenar a ineptas y corruptas autoridades y sus partidos políticos. Quienes consideran que nuestros ciudadanos pueden ser controlados con falsedades y como desconocedores de las fechorías y violaciones gubernamentales y sus organizaciones, muestran fehacientemente su ignorancia de las peculiaridades históricas y culturales del ser costarricense.

[1] Catedrático. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

El catecismo chavista en pocas líneas

Gerardo Hernández Naranjo

1. Nosotros somos los buenos, todos los demás son malos.

2. Yo no fui, fue teté: la corrupción, la inseguridad, el desempleo y todos los problemas que nos aquejan son culpa de la #AsambleaLegislativa, de la #Contraloría, del #PoderJudicial, etc. etc. que no nos dejan gobernar

3. Justifiquemos nuestros errores, nunca reconocerlos, aunque existan audios, videos, documentos y hasta expedientes completos como pruebas.

4. Digamos sin cesar que el pasado es malo y todos los gobernantes anteriores son los responsables de todo lo malo que tiene el país. Que el presente es difícil porque no nos dejan gobernar. Y que el futuro será un paraíso si seguimos gobernando.

5. Todo el que se nos oponga es malo, cómplice de las élites gobernantes del pasado y que quieren recuperar el poder.

6. Nosotros no manipulamos, no mentimos, no ocultamos información; hablamos con la verdad y le abrimos los ojos al pueblo.

7. Nuestra propia corrupción está justificada por la de otros en el pasado. No pagamos favores, apoyamos a los empresarios “comprometidos con el cambio”.

8. Las instituciones son buenas si están de nuestro lado y nos dan la razón. Si no, son corruptas, manipuladas por los Arias o similares.

9. La prensa que nos critica es canalla, solo la que nos piropea (prensa vasalla) es buena.

10. Mientan …mientan… y mientan que los ticos son muy básicos. Repitan…repitan y repitan lo que digan #Pilar y #Chaves.

11. A nuestros seguidores: griten…maldigan…desafíen la legalidad…inventen conspiraciones…culpen…ofendan…infundan miedo…amenacen…descalifiquen, etc. etc., como lo hace nuestro líder, contra toda persona que piense diferente o que critique al gobierno.

12. Nuestro líder supremo es un redentor, un mesías, un salvador…el mejor gobernante de la historia.

13. Cuando sea necesario, hablemos de la vías violentas, incluso de las armas, para defender al supremo líder.

14. Hablen de Dios y en su nombre, vayan a misa o a los cultos, aunque no crean ni practiquen principios religiosos.

15. Digamos que tenemos las mejores propuestas, aunque no nos da la gana mostrarlas ni discutirlas.

16. Juremos respetar la Constitución, las Leyes, La División de Poderes… pero si nos señalan faltas gritemos que están conspirando contra el #Gobierno y quieren hacer un golpe de Estado.

17. EL #TSE es bueno y ejemplar si ganamos las elecciones. Pero si nos recuerda límites legales es porque quiere amordazarnos e impedir que continuemos gobernando. Si perdemos las elecciones, hay que decir que hubo fraude.

18. Digamos que todas las obras públicas inauguradas han sido gracias a este gobierno, los anteriores no tienen nada que ver salvo porque las habían retrasado.

19. Practiquemos la violencia política y los discursos de odio contra personas adversarias, sobre todo contra mujeres y población LGBTQI+. Pero digamos que eso es hablar con claridad y sinceridad.

20. Digamos que nos gusta la democracia y la defendemos, aunque en realidad nos encantaría una dictadura como las que se perfilan o ya existen en otros países cercanos.

21. Los #Alcaldes y #Alcaldesas que antes eran corruptas y de los partidos malos, cuando se nos unen pasan a ser héroes y símbolos de esperanza.

22. A nuestros influencers, creadores de contenido y trolls: si se salen los quemamos, como en la mafia.

Agreguen las que consideren oportunas en los comentarios.

Y, sobre todo, reflexionemos: ¿vamos a permitir que se impongan estas narrativas?

Partido Vanguardia Popular denuncia abuso y arbitrariedad del gobierno

Partido Vanguardia Popular– PVP
Fundado el 16 de junio de 1931

El Partido Vanguardia Popular, denuncia el abuso y la arbitrariedad del gobierno autoritario del señor Rodrigo Chaves, que, bajo un subterfugio ilegal, que no aplica, y bajo un expediente de más de 200 folios, arguye falazmente un proceso de destitución contra la legítima representante de las y los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es claro y así se desprende que el órgano director del procedimiento administrativo, se inventó un despido del cual no le asiste ninguna potestad legal.

Con más de 200 mil votos del movimiento sindical, Martha Rodríguez González, fue nombrada como representante legítima de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, juramentada el 11 de enero de 2021.

En dos oportunidades este gobierno, el cual se caracteriza por la visión de misoginia, el matonismo, la mofa, autoritarismo y la descalificación, del actual mandatario, ha atacado y perseguido, sin fundamento legal la posición política y de control sobre el papel que debe jugar la CAJA y, lo más importante, es que esta compañera ha sido abanderada de la defensa de nuestra emblemática institución del Seguro Social.

En el mes de diciembre del año 2022, irrespetando la autonomía de la CC.SS., en un acto de violencia extrema, el gobierno se arrogó el derecho ilegítimo de suspender a cinco miembros legalmente nombrados por las instancias correspondientes ante la Junta Directiva.

La persecución, la violencia política, el acoso y la violencia contra Martha Rodríguez, ha llevado visos de todo tipo. Buscaron callarla a como diese lugar. Por cuando un matón gobierna y ha perdido sus ideas, el único recurso que le queda es violentar políticamente a sus adversarios y, si son mujeres, el acoso político se hace aún más evidente.

Excluirla de las deliberaciones, cercarla psicológicamente, de los anteriores miembros, solo sobrevivió la entereza moral y política de la compañera Rodríguez, los demás doblaron su cerviz, para que dolorosamente el gobierno les diera su espaldarazo.

Hemos visto, dichosamente que, el movimiento sindical ha hecho pública su posición a favor de la compañera Rodríguez y a la vez, denunciando la arbitrariedad del gobierno “chavernícola”, que una vez más irrespeta la institucionalidad.

Pero, finalmente, qué es lo que este gobierno le cobra a la representante de la clase obrera costarricense. Digámoslo de manera muy sencilla. Primero, la denuncia sostenida contra privilegios que contravienen los principios institucionales de la Caja, la denuncia de encubrimientos e irregularidades que se hicieron públicas, la denuncia de desmontar la narrativa gubernamental que la Caja está quebrada. En ese marco, Martha fue la voz disidente para denunciar, como se desmantelaba el portafolio de proyectos y lo que la prensa conoció como el Caso Barrenador. También su voz a clamado para que el gobierno asuma la responsabilidad de pagar los cuatro billones de deuda que tiene con la CC.SS. En ese mismo orden, las denuncias sobre los sobreprecios y los brutales recortes a la salud, han sido parte de sus banderas de lucha. Pero no solo su denuncia y transparencia y control político se ha quedado ahí. Martha ha sido también un baluarte en la defensa de construir y mejorar la infraestructura de los hospitales.

Nuestra historia política está estructuralmente ligada al origen de la Caja Costarricense, de igual forma al PVP le asiste moralmente la defensa de la clase trabajadora, principalmente de los sindicatos clasistas y dígase de una vez por todas, Martha llegó con el aval de las centrales sindicales más importantes de este país y por eso su nombramiento debe respetarse.

Repudiamos nacional e internacionalmente esta arbitrariedad contra nuestra democracia y la institucionalidad. No a la violencia política, exigimos respeto la autonomía institucional y reclamamos la restitución de la compañera Rodríguez González ante el órgano de la Junta Directiva, al cual accedió por el voto del movimiento sindical confederado de este país y democráticamente electa.