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Etiqueta: violencia sexual

Contra la violencia sexual: un llamado a la responsabilidad pública

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Pronunciamiento público SEPROJOVEN y CASA RUAH

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier discurso que relativice, normalice o justifique la violencia sexual, especialmente cuando involucra a personas menores de edad.

Las recientes declaraciones emitidas por una persona aspirante a un cargo de elección popular, en las que se presenta como “normal” una relación entre una adolescente de 15 años y un hombre adulto de 35 años, resultan alarmantes y contrarias a los principios de protección integral de la niñez y la adolescencia, reconocidos tanto en la legislación costarricense como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este tipo de afirmaciones desconocen las evidentes desigualdades de poder que existen por razones de edad, género y posición social, así como los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las personas menores de edad en estas circunstancias. Presentar estos vínculos como aceptables no solo invisibiliza la violencia, sino que debilita los mecanismos de protección, desacredita la palabra de las víctimas y reproduce patrones históricos de abuso y dominación.

Las declaraciones realizadas desde espacios de representación pública no son neutras ni privadas. Tienen consecuencias reales ya que influyen en la forma en que la sociedad percibe la violencia y pueden legitimar prácticas que atentan contra la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello, quienes aspiran a ocupar cargos públicos tienen una responsabilidad ética mayor en la manera en que se refieren a estos temas.

La violencia sexual contra personas menores de edad no puede reducirse a opiniones personales ni tratarse como casos aislados. Se trata de una problemática social estructural, vinculada a desigualdades históricas que colocan a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad frente a personas adultas. Minimizar estas realidades contribuye a normalizar el daño y a mantener el silencio alrededor de situaciones que requieren protección y acción inmediata.

Recordamos que la protección de la niñez y la adolescencia es un asunto de interés público y una obligación indeclinable del Estado y de toda la sociedad. No puede quedar sujeta a criterios morales individuales ni a interpretaciones que desconozcan

el enfoque de derechos, la evidencia técnica y los estándares internacionales de protección. La integridad y el bienestar de las personas menores de edad constituyen un límite ético y jurídico que no admite relativizaciones.

Reiteramos nuestro compromiso con la prevención y erradicación de toda forma de violencia sexual, así como con la construcción de entornos seguros que garanticen protección efectiva, atención oportuna y acceso a la justicia. Defender los derechos de la niñez y la adolescencia no es una postura ideológica; es una responsabilidad colectiva y una condición básica para una sociedad democrática y justa.

Como organización, hacemos un llamado a las autoridades, a los actores políticos y a la ciudadanía a asumir una postura clara, informada y coherente con los derechos humanos. La dignidad de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad incuestionable en cualquier discurso o proyecto político.

31 de enero de 2026, Costa Rica

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados exige responsabilidad ética frente a la violencia sexual contra personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.

Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.

Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.

Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.

Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.

Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.

El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.

Personas sobrevivientes de violencia sexual llaman a votar con ética y responsabilidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Pronunciamiento de personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia de cara a las elecciones 2026

Costa Rica, enero 2026

Desde el Movimiento de Valientes de Costa Rica, iniciativa conformada por personas sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y/o adolescencia, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña.

Villalobos, abogado de profesión, fue defensor legal de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 a 35 años de prisión por abuso sexual, violación calificada y tentativa de violación contra una persona menor de edad. Resulta especialmente grave que el candidato haya afirmado públicamente que la víctima de 14 años “no era una niña” y que existía una supuesta “relación normal” entre el agresor y la persona menor de edad.

Estas afirmaciones desconocen una sentencia judicial firme y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, contradicen la legislación costarricense, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia. Por eso, el debate sobre su permanencia o renuncia a la candidatura no es un asunto personal ni partidario, sino una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica.

En el proceso judicial, los tribunales establecieron con claridad que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron los abusos y que el agresor utilizó su rol como pastor, la confianza de la familia y la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad para cometer los delitos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por la Sala Tercera de Casación Penal.

Este caso se suma a preocupaciones más amplias que, como personas sobrevivientes, tenemos frente a la posible continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves y actualmente representado por Laura Fernández y las candidaturas a diputaciones del Partido Pueblo Soberano.

El 5 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. En ella, organizaciones de la sociedad civil denunciaron retrocesos graves durante el actual gobierno, con impactos directos en poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. No se trata de hechos aislados, sino de patrones de debilitamiento institucional, regresión normativa y abandono de obligaciones estatales.

Bajo este gobierno se eliminó la educación integral para la sexualidad en el sistema educativo, se han promovido discursos regresivos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se han aplicado políticas de austeridad que han reducido la capacidad del Estado para prevenir la violencia, atender a las víctimas y garantizar justicia.

La educación sexual integral salva vidas. Permite que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y facilita la denuncia temprana. Su eliminación aumenta la vulnerabilidad de las personas menores de edad y contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. A esto se suma una drástica reducción de la inversión pública, que pasó del 21,2 % del PIB en 2022 al 9,3 % en 2025. Este recorte ha afectado directamente la protección social, la educación, la salud y la cultura, debilitando la garantía de derechos básicos.

Estos retrocesos evidencian un debilitamiento serio del Estado de derecho. Instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia han visto profundizada su inacción. Los recortes en políticas sociales y de protección a la niñez han aumentado la desprotección, la impunidad y el abandono de las personas sobrevivientes.

La eventual continuidad de este proyecto político, a través de la candidatura de Laura Fernández, amenaza con profundizar aún más este deterioro institucional. No se trata solo de una elección, sino del riesgo de consolidar un modelo de Estado que tolera discursos que relativizan la violencia sexual y que incumple de forma reiterada sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos.

Denunciamos también la exclusión histórica de niñas, niños y adolescentes indígenas de políticas públicas fundamentales, como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2036 presentada por el actual gobierno. Costa Rica necesita con urgencia un enfoque intercultural, equitativo y libre de discriminación.

Garantizar justicia para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual exige respuestas estructurales. La imprescriptibilidad total de estos delitos es una demanda basada en la desigualdad de poder, las barreras reales de acceso a la justicia y el deber reforzado del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias. Esta exigencia es aún más urgente en un contexto donde discursos políticos minimizan la gravedad de estos crímenes.

La defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere hoy una posición clara y firme, que rechace cualquier intento de justificar la violencia sexual y coloque la protección integral y la prevención en el centro de la acción pública.

Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía comprometida con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a votar con ética y con información. Salgamos a votar contra el continuismo y dejemos claro que no vamos a tolerar que un proyecto político que minimiza la violencia sexual y encubre a agresores se mantenga en el poder.

¡Venimos Valientes y NO nos vamos a callar!

Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

Caminata por la erradicación de la violencia sexual contra personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

El próximo sábado 9 de agosto, de 9:30 a.m. a 12:00 m.d., se realizará la 2ª Caminata por la Erradicación de la Violencia Sexual contra personas menores de edad. La actividad se enmarca en el Día de Solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia.

La caminata reúne a personas sobrevivientes, activistas, profesionales y organizaciones de la sociedad civil en un llamado colectivo a detener todas las formas de violencia que afectan a las infancias. Será un pasacalles lleno de música, arte, carteles y colores, pensado como un espacio seguro para personas de todas las edades.

El año pasado se formó parte de una movilización histórica junto a más de 500 organizaciones en América Latina y el Caribe. Este 9 de agosto se renueva el compromiso de alzar la voz por justicia, prevención y reparación para las personas sobrevivientes.

Fuente: Información compartida con SURCOS por Voces Nuestras
https://www.instagram.com/p/DMbDOJLxruv/?igsh=bTA2OWU3N3ZnOHVh
Le invitamos a visitar la página para más información.

Recorrido:

Invitación al foro: “Hacia una estrategia integral contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Movimiento de Valientes Costa Rica les invita a participar del foro “Hacia una estrategia integral contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes” el lunes 4 de agosto a las 3:00 p.m en el Salón de Jefes de Estado, presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.

La actividad se realizará en el marco del Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Infancia y/o Adolescencia, conmemorado en toda la región cada 09 de agosto.

El cupo es limitado y para participar es obligatorio llenar el formulario de inscripción https://surl.li/yfwpmp

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.

En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.

Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.

La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.

Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.

Suscriben,

Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585
María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213
Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858
Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237
Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133
Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415
Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362
Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001
Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192
Mauro Fernández Acuña
Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078
Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355
Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252
Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754
Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190
Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947
César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195
Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462
Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844
Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669
Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083
Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333
Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672
Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100
Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678
Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193
Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311
Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359
Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362
Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426
María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321
Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290
Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825
Cristina Salas, cédula 2-0388-0960
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075
Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677
Luz María Chacón León, 2-0336-0097
Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106
Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624
Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965
Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946
Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415
Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498
Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464
Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634
Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088
Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193
Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375
Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972
Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959
Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025
Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665
Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634
María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063
Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744
Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030
Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555
Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470
Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134
Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877
Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916
Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879
Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138
Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980
Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195
Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860
Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863
Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490
Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087
América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903
Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231
Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051
Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569
Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094

Escuela del crimen, para niños y adolescentes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Los cursos son intensivos, muy realistas, y los jovencitos pueden graduarse, en pocas semanas. Se ofrecen cotidianamente a distancia, por televisión, desde tempranito en la mañana, e incluso, frecuentemente, se interrumpen otros programas, para darles la lección en tiempo real.

Asimismo, por redes sociales se repiten insistentemente. Una ventaja, es que no requieren presupuesto, del 8% del PIB para la educación, ni profesores estudiosos, ni plantas físicas especializadas, por lo cual, las autoridades se sienten liberadas, pues no necesitan del aval financiero del presidente y su ministro de Hacienda. ¡Ah!, y, muy importante, son gratuitos, y se pueden matricular niños escolares y jóvenes colegiales, por igual, independientemente de la clase social. En eso, la modalidad es muy “democrática”, pues no requieren haber concluido sus estudios de secundaria.

Al indagar, nos encontramos que muchos de los asesinatos a sangre fría, de los tres diarios que, en promedio, se cometen en la Costa Rica de la «pura muerte«, son vistos, a cualquier hora, en las pantallas de televisión, que tenemos en la intimidad de nuestras casas, sin necesidad de tener contratos con las mediocres empresas cableras, que se nos ofrecen, hasta en la sopa.

Los mayores estarán de acuerdo con nosotros, que se mostraba menos violencia en las películas del oeste, en las series de la II Guerra Mundial o en Los Intocables, de Eliot Ness. Hoy, con el avance educativo, y sin necesidad de la inteligencia artificial, en las imágenes que nos recetan, solo falta el olor de la sangre, cuando matan cruelmente, a otros muchachos de edades parecidas, cual si fueran vaquillas de un rastro. Y, así de bueno es el servicio, para que no se pierda detalle alguno, y la lección sea bien aprendida, dichas imágenes se repiten, infinidad de veces, con estilo de narración deportiva, en los noticieros, por varios días, para solaz de los televidentes de todas las edades.

Pero, la verdad, es que el asunto merece algo más, que un comentario sarcástico, pues la situación es realmente preocupante, digna de ser tomada en cuenta, por las autoridades, y principalmente, por las mismas empresas televisivas nacionales, y, obviamente, por la ciudadanía en general.

Por su trascendencia, por ejemplo, se le presta atención por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para cuyos especialistas, la adolescencia, esa etapa de la vida comprendida entre los 10 y los 19 años, es vulnerable a tanta violencia visual. Habiéndose demostrado, que provoca en esos jovencitos, un comportamiento que, poco a poco, los torna inmunes al horror de la violencia, a la que, gradualmente, llegan a aceptar como una forma socialmente aceptable, de resolver problemas.

Y sucede así, entre otros, porque durante ese período de la vida, se produce una infinidad de cambios físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen, mayoritariamente, a su inserción positiva y productiva en la sociedad. Lo cual está muy bien, pero, también resulta, que un muy reducido grupo de ellos, adoptan conductas hostiles y violentas, que se manifiestan de varias formas preocupantes para sus familiares y la sociedad, donde, además, muchos de ellos, dolorosamente, también son blanco de violencia por parte de esa misma sociedad, o incluso de sus padres y otros adultos.

Niños y muchachos, predispuestos, a imitar la violencia con que son, literalmente, bombardeados, por la televisión. Jóvenes capaces de identificarse con ciertos tipos, sus “profesores mafiosos”, victimarios que se les muestran cual, si fueren héroes, que, además, conviven con ellos, en un país donde la cantidad de personas armadas, supera en mucho a las que ejercen algún tipo de autoridad policial.

Nos dicen los expertos, que estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas. Entre ellas, la violencia del medio (el barrio, la comunidad) en que viven y se desarrollan desde niños; la violencia doméstica familiar (psicológica, física, sexual o por negligencia) que sufren desde edades muy tempranas y, quizá la que más ha de preocuparnos ahora, la exposición a los medios de comunicación masiva como la televisión, que les ofrece como producto de consumo diario, las más variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, y contra terceros y sus propiedades, “justificada” ligeramente por las mismas autoridades, como “ajustes de cuentas”, así, fríamente, por lo que no merece, piensan, ni un minuto de preocupación. Es cosa de “ellos”, agregan equivocadamente, para salir del paso. Cuando, en verdad, es cosa de todos, de nosotros, de nuestros jóvenes, de la paz social a la que aspiramos, aún en medio, de tanta pobreza e incultura.

10.9.2024

Pronunciamiento conjunto de organizaciones de la sociedad civil y el Movimiento de Valientes de Latinoamérica

Escrito en . Publicado en Derechos.

#VenimosValientes Contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes en #CostaRica

Lunes 05 de agosto del 2024. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una crisis alarmante en toda América Latina. En Costa Rica, la situación es particularmente preocupante. Los casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes han incrementado significativamente y de forma constante en los últimos años. Según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, pasamos de 6078 denuncias por delitos sexuales contra personas menores de edad en el 2020, a 6703 en el 2023. Los delitos incluyen seducción de personas menores de edad por medios electrónicos, relaciones sexuales con menores de edad y abuso sexual a menores de edad. Además, en el 2022, de un total de 2044 casos por delitos sexuales contra la niñez y adolescencia que lograron ser llevados a Tribunales, sólo el 47% de los casos alcanzaron una sentencia condenatoria. Esta realidad no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas sobrevivientes, sino que también tiene un impacto duradero en su salud física y mental.

Nos encontramos en un momento crucial en el que debemos actuar con firmeza y determinación para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual. La falta de políticas eficaces y la deficiente implementación de las existentes, han permitido que esta problemática continúe creciendo. Es nuestra responsabilidad colectiva como sociedad y como Estado garantizar el bienestar, dignidad y la seguridad en la niñez y adolescencia. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, con el apoyo del Movimiento de Valientes de Latinoamérica emitimos este pronunciamiento con las siguientes demandas, denuncias públicas y exigencias:

  1. Declaratoria de Interés Público y Nacional del 9 de Agosto:

– Exigimos que el 9 de agosto, Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual Padecida en la Infancia y/o Adolescencia, sea declarado de interés público y nacional en Costa Rica. Este día debe servir para visibilizar la problemática, promover la reflexión y para impulsar acciones concretas que busquen erradicar la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes.

  1. Imprescriptibilidad de los Delitos de Violencia Sexual y Derecho al Tiempo:

– Las personas sobrevivientes deben tener el derecho de denunciar los delitos de violencia sexual en cualquier momento de sus vidas, sin que estos delitos prescriban. Dada la complejidad emocional y psicológica de la violencia sexual, muchas personas no pueden denunciar de inmediato. La imprescriptibilidad garantiza que el paso del tiempo no borre la posibilidad de obtener justicia.

  1. Prevención desde lo Local a lo Nacional:

– Hacemos un llamado urgente a los gobiernos locales para que emitan declaratorias que les posicionen como “Cantones libres de violencia sexual”, y que destinen recursos para crear espacios comunitarios de sensibilización y prevención, que involucren a infancias, adolescentes y sus familias.

  1. Acompañamiento Psicológico y Médico Integral:

– Consideramos que el Estado debe garantizar un abordaje integral de apoyo psicológico y médico a las personas sobrevivientes, asegurando un proceso de recuperación y reparación desde la empatía y el respeto. Para ello es urgente la articulación entre organizaciones públicas y de la sociedad civil para gestionar el acompañamiento integral necesario.

  1. Responsabilidad Institucional y Social:

– Denunciamos inacción y negligencias de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio Público, Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, en el cumplimiento de sus deberes de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Denunciamos también la tendencia del actual gobierno de recortar y condicionar los presupuestos destinados a la protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños, mujeres y adolescentes. Exigimos medidas inmediatas para fortalecer la institucionalidad pública que debería velar por el desarrollo pleno y digno de los planes de vida de todas las personas por igual.

  1. Comunicación sensible, empática y transformadora:

– Exigimos a los medios de comunicación masivos un abordaje respetuoso y empático de la violencia sexual contra menores, tratándola como el problema estructural que es. Es fundamental que los medios denuncien la responsabilidad del Estado, la cultura patriarcal y de los agresores, en lugar de revictimizar a las personas sobrevivientes. 

Además, desde los principios del derecho humano a la comunicación, y cómo organizaciones de la sociedad civil consideramos necesaria la redistribución del espectro radioeléctrico para que resuenen las voces de las y los sobrevivientes y organizaciones aliadas en los medios de comunicación. Solo mediante la representatividad democrática en los medios, la sociedad civil tendrá la posibilidad de abordar el tema con responsabilidad ética, compromiso social, veracidad y sensibilidad, promoviendo una narrativa que apoye la justicia y la reparación, y no perpetúe el dolor y la vulnerabilidad de quienes han sufrido estas atrocidades.

  1. Atención prioritaria a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes indígenas:

– El 9 de agosto, además de conmemorar el Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia, es también el Día de los Pueblos Originarios. Por ello, hoy también exigimos un compromiso real y una atención prioritaria del Estado en la protección de los derechos de la niñez indígena. 

En Costa Rica, los pueblos originarios han sido históricamente violentados debido al racismo sistemático. En estos territorios se encuentran los niveles más altos de pobreza, desigualdad, violencia sexual, embarazo infantil y adolescente, y discriminación, siendo las niñas y juventudes indígenas las más afectadas por la violación de sus derechos.

Este año, el Gobierno de Costa Rica excluyó a la población indígena menor de edad de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, lo que representa una flagrante violación de sus derechos y una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad en territorios indígenas, sus inquietudes y aspiraciones. Denunciamos que ésta omisión del gobierno incumple con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

  1. Lucha Contra la Complicidad Clerical y Patriarcal:

– Denunciamos la complicidad clerical y la reproducción del patriarcado en las instituciones religiosas como factores que perpetúan la violencia sexual. Requerimos acciones concretas para erradicar estas formas de complicidad y violencia estructural dentro de los espacios religiosos.

Hacemos un llamado urgente a la institucionalidad pública y a la sociedad civil para que se unan a éste movimiento de Valientes para erradicar la violencia sexual y construir un futuro seguro y digno para todas las niñas, niños y adolescentes.

¡Venimos Valientes! #VenimosValientes

FIRMAN:

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil:

Nataly Segura Molina – Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)

Daniela Salas Monge – Me Pasó en la UCR / FECOU

Génesis R. Cruz – Cofundadora del Movimiento de Valientes de Latinoamérica y Presidenta de Voces Nuestras

Lilliana León Zúñiga – Fundadora de la Asociación Voces Nuestras

Fresia Camacho Rojas – Fundadora de Asociación Voces Nuestras

Roger Chaves G – Voces Nuestras

Hana Figueroa – Asociación Niñas Sabias

Dahia – Maestra Certificada de Niñas Sabias

David Contreras Mora – Partido Frente Amplio

Efrain José – Bloquesocioculturalartisticocañero

Colectiva Feminista Las Guetas

Defensa de Niñas y Niños Internacional, Costa Rica.

Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade)

Colectiva Guanadefensoras

María Clareth Calderón Monge – Despacho Diputada Sofía Guillén

Paula Siles Iong – Detrás del Arcoiris

Jennifer Hernández Durán – Representante ante el consejo de Asociaciones estudiantiles de la carrera de Orientación en la UNA

Michelle Méndez – AsoDet

Erika Gutiérrez Solís – UNED

Tirza Mabeth Chinchilla Mora – Universidad Nacional de Costa Rica

Karen Marín Argüello – Alternativa (partido político estudiantil en la UCR)

Yariela Vanesa Jiménez Vargas – ASODET

Amanda Carvajal Umaña – Junta directiva de Trabajo Social

Leiver Julian Zambrano Guaca – Universidad de los Andes

Natalia Solís Rojas – Frente Nacional de Lucha

Olman Bolaños Vargas – DEI

Mariangel – Fundación Miguel Marin Valenciano

Chris Sanabria – Integra Partido Federativo UCR

Jona Leitón González – Integra

Ariana Solis Gonzalez – Partido Integra de la UCR

Artemisa Villalta Cortés – Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica

(FEUCR) Emma Leon – MePasóEnLaUNA

Cayshe Maroto Sánchez – Participo en el desarrollo, indígena Boruca 

Luana – Frente Feminista de la Juventud del Frente Amplio

Defensores/as de Derechos Humanos Independientes:

Heidy Valencia Espinoza

Graciela Mora Padilla

Andrea Cordero Vargas

Diana Calvo Monge

Milena Grillo

Josselyn Granados Villalobos

Daniela Brenes

Cristhiam Álvarez Rosales

Dalila Pérez Chavarría

Kristel Fabiola Valverde Jara

Instituciones en deuda con atención de población migrante bajo el enfoque de género

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Proyecto de investigación concluirá en junio de este año e incluirá un proceso formativo para que las instituciones puedan cerrar las brechas identificadas.

  • Razones para migrar por parte de nicaragüenses variaron luego de la crisis política y social de 2018.

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. “No tenía conocimiento de mis derechos por miedo… por no tener dinero, por no tener un trabajo, no podía ejercer ese derecho de solicitar la residencia, entonces aguanté… aguanté maltrato laboral el cual me trajo consecuencias porque tuve una pérdida y en esa pérdida sufrí depresión, no quería existir por tanto que yo había pasado, pero como siempre han sido mi fuerza mis hijos”.

Este relato es real. Refleja, en un solo párrafo, varias situaciones que una mujer nicaragüense sufrió desde que migró a Costa Rica: acoso laboral y falta de acceso a atención de salud clínica y psicológica.

Es la realidad también de muchas mujeres cuyas historias de vida se ocultan bajo el anonimato. El proyecto de investigación Representaciones sociales, migración nicaragüense, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica, a cargo de las académicas Sileny Mena, María Amalia Penabad y Fanella Giusti, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), hizo una aproximación a esta problemática humanitaria.

Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y ante la necesidad de visibilizar realidades sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, este proyecto, que se mantiene en ejecución, determina que las instituciones del Estado encargadas de velar por la atención de población migrante, no han introducido, en su mayoría, abordajes integrales bajo el enfoque de género.

“Hay de repente un enfoque de género muy general, pero no aplica a la población migrante en específico. Por ejemplo, se les atiende indistintamente de si se es hombre o mujer, pero hace falta abordar si es migrante, si es madre jefa de hogar, si posee alguna condición de discapacidad, por ejemplo”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

La otra cara de la moneda son las organizaciones no gubernamentales (oenegés). Este tipo de entidades sí tienen una atención más personalizada de la persona migrante y de su situación particular; sin embargo, les afecta la falta de recursos para poder operar y establecerse con institución de apoyo.

“Ocurre que en estos casos muchas personas que trabajan en oenegés son también migrantes y entienden muy bien la realidad de las personas que se acercan en búsqueda de algún servicio. Se puede decir que hay una sensibilidad diferente”, indicó la investigadora María Amalia Penabad.

La investigación consta de cuatro fases. La primera consistió una serie de entrevistas con población migrante, la segunda fue el trabajo con instituciones (del Estado, oenegés e internacionales) y la tercera fue la realización de una conferencia y una presentación que incluyó una serie de mesas de trabajo. Estas tres fases ya concluyeron y la cuarta está en ejecución.

Después del 2018

La base de esta investigación parte de la premisa de que “las mujeres ocupan una posición de mayor inferiorización y desventaja social respecto a la población masculina, ya que ellas no solo son discriminadas por su condición migratoria, sino por ser mujeres, poseer un cuerpo racializado y en la mayoría de los casos, su condición económica es precaria”, se lee en la presentación de resultados de la tercera fase.

Un dato de la Organización Internacional para las Migraciones, incluido en la presentación, indica que un 87% de las personas migrantes hacia Costa Rica lo hicieron porque aquí podrían satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, y de acuerdo con Sileny Mena y María Amalia Penabad, este dato hace referencia a la realidad antes del 2018, cuando se dio el estallido social y político en Nicaragua que dejó como saldo más de 350 personas fallecidas en protestas populares en contra del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Antes de que se diera este conflicto, la migración nicaragüense hacia el país estaba compuesta en su mayoría por hombres, en edad productiva. Pero después del 2018 el panorama cambió y comenzaron a llegar a Costa Rica tanto hombres como mujeres de muy diversos perfiles, desde profesionales, estudiantes, representantes de la comunidad LGTBI y es ahí donde cambia la dinámica y se acentúa más la violencia de género y la violencia política”, enfatizó Mena.

Una publicación del medio nicaragüense El Confidencial de diciembre anterior, reveló que solo en el 2023, 115 mil ciudadanos de esta nación emigraron por la situación política y económica que se vive. Estados Unidos y Costa Rica fueron sus principales destinos. Mientras tanto, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, de enero a octubre de 2023 se recibieron 25.451 peticiones de refugio por parte de nicaragüenses.

En este contexto, la investigación aborda los casos de las mujeres que han migrado a Costa Rica, donde se han enfrentado a situaciones que van desde la explotación laboral, las desigualdades salariales, la violencia sexual y reproductiva, recargo en las labores de cuido, renuncia a posibilidades de estudio y capacitación, para que sus esposos o hijos puedan acceder a ellas.

“Perdí un embarazo en mi trabajo, tuve una pérdida en el cual, la jefa no me quiso dar atención médica, no me dejó ir, eso para mí fue algo muy duro porque no se supera, por mi condición no hice valer mis derechos, no dejé el trabajo por miedo también a que mis hijas pasaran hambre”, relata otra de las mujeres migrantes que formó parte de la investigación.

Proceso formativo

Para las expertas del IEM, es algo novedoso que desde el Instituto se esté trabajando el tema de migración con perspectiva de género a partir de esta investigación. En este momento se encuentran diseñando la cuarta fase que consiste en la presentación de una propuesta formativa dirigida a las instituciones para que puedan fortalecer sus políticas de género en el abordaje y atención de la población migrante.

El cierre del proyecto está previsto para junio de este año, por lo que se espera que antes de ese mes puedan contar con el instrumento que propondrán a las instituciones identificadas. Desde las etapas anteriores, una mayoría de ellas manifestaron su anuencia a participar de este proceso formativo.

Temas como la sensibilización y la capacitación, el fortalecimiento en el vínculo intersectorial, el acompañamiento y el contar con estadísticas e indicadores de género son aspectos que se han contemplado como oportunidades de mejora para la labor que realizan estas instituciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica