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Etiqueta: violencia sexual

¡Movimiento No Más Acoso CR!

Nosotras, las mujeres y personas en su diversidad y colectivos disidentes, nacemos de la disputa por nuestros espacios, por colectivizar la alegría y las resistencias para alcanzar nuestros derechos, pero, sobre todo, porque desde la autonomía tenemos el derecho de posicionarnos políticamente desde los feminismos.

Desde No más Acoso CR consideramos pertinente posicionarnos políticamente porque lo personal es político. Es por eso que en este contexto electoral nos posicionamos a favor de las mujeres, los cuerpos feminizados y personas del colectivo LGTBIQ+, pero además todas aquellas poblaciones históricamente excluidas y vulnerabilizadas como las personas adultas mayores, personas de pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes, personas con diversidad funcional y menores de edad.

Por lo tanto, pese a que nacemos en un contexto electoral, donde ninguna oferta electoral se ha acercado de manera responsable a nuestras demandas, donde la exclusión de los partidos de turno y quienes aspiran también, no ha dejado de ser desde la instrumentalización de las necesidades de la ciudadanía, sobre en todo en territorios rurales y periféricos.

Nostrxs hemos alzado la voz desde el arte y nuestras particularidades, por eso es así que nace nuestro preámbulo político el #8M desde la pieza artística de orquesta coral feminista con la canción «En Costa Rica No Estamos Dormidas», donde denunciamos y exigimos atención a las desigualdades prexistentes que seguimos enfrentando las mujeres en su diversidad, pero con mayor énfasis la preocupación de lo que representan los liderazgos masculinos en la política con antecedentes de violencia por acoso sexual.

Esta posición, de cara a la segunda ronda electoral representa el rechazo total a la candidatura de Rodrigo Chaves, del Partido Social Democrático, por sus antecedentes de hostigamiento sexual laborando para el Banco Mundial. Para nosotrxs como personas feministas que, desde el artivismo, el activismo feminista y nuestras plataformas ViajerasCR, Tilaransunshine, hemos convenido en la activación e incidencia política con participaciones diversas, que representan en su mayoría el sentimiento de mujeres fuera de la GAM, es profundamente inaceptable que Rodrigo Chaves este ostentando a puestos de poder político, esto solo cultiva profundizar la cultura de violación que se perpetua desde el acoso sexual.

Ante la crisis de la democracia representativa que se vive en Costa Rica, y la inexistencia de una candidatura presidencial que represente nuestros intereses, aclaramos que desde No Más Acoso CR, no somos un colectivo a favor del partido político Liberación Nacional, conocemos las fallas y faltas de dicho partido y estamos conscientes y respetamos la opinión pública sobre el mismo, no obstante; resaltamos a Laura Arguedas Mejía, como la figura del partido liberacionista con la que de existir un eventual gobierno negociaremos en aras a promover una agenda por los derechos humanos, sin olvidar que también podemos participar desde la resistencia y una oposición responsable. Su figura es importante, puesto que representa el punto de encuentro entre esa fuerza política y las posturas críticas que seguiremos ejerciendo hasta que nuestros derechos y necesidades sean atendidas. En el entendido máximo, que desde lo simbólico y la política representativa, la Sra., Laura Arguedas representaría a la primera mujer vicepresidenta de la comunidad LGTBQ+,

Hacemos un llamado a entender el momento político que estamos transitando como país desde las voces de las mujeres y juventudes, la democracia se construye cada día y con acciones mucho más profundas que ejercer el voto cada 4 años.

Que los esfuerzos que se hagan en este contexto perduren y puedan dar paso a procesos de transformación social en done la cultura de la violación no premie a las personas que ejercen violencia sexual con puestos de poder político.

Por ello, hoy más que nunca defendemos la agenda por los derechos humanos en un contexto electoral incierto en done el mismo candidato Rodrigo Chaves ha defendido una postura en contra de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda que es contemplada en cada arista dentro plan nacional de desarrollo, y que consecuente con los esfuerzos internacionales y de cooperación internacional para financiar las brechas de desarrollo, los OD son importantes y altamente relevantes en la consecución de los derechos humanos para todas, todos y todxs.

No, debemos olvidar que nos encontramos en un contexto global de crisis climática, en un país altamente vulnerable al cambio climático, de crisis de la salud, de la democracia y la economía con mayor afectación a las mujeres y poblaciones históricamente excluidas.

¡Sumemos nuestras voces contra el acoso sexual contra la política tradicional y machista!

¡Sumemos unidad entre nosotras las mujeres que desde nuestros posicionamientos e incidencia seguiremos haciendo historia por todas, toes, quienes no están y quienes vendrán!

 

Comunicado público compartido con SURCOS por No más Acoso CR.

Imagen: UCR

Los crímenes cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar

Luis Paulino Vargas Solís. Economista CICDE-UNED

“El amor que no se atreve a decir su nombre”
Oscar Wilde

Un hombre joven, de 35 años de edad. Se le describe como humilde, bueno y trabajador. Migrante nicaragüense, pero según repiten diversas versiones de personas que le conocen, es también un muchacho gay. Fue torturado de la manera más atroz, no solo apaleado y arrastrado por el suelo, sino rociado de gasolina y quemado. Pero, según aseguran, también sexualmente ultrajado, o sea, violado. La cuestión alcanza niveles de crueldad que sobrepasa todo lo imaginable ¿Es un crimen xenofóbico o un crimen homofóbico? Posiblemente ambos, aunque los versiones que circulan enfatizan claramente lo segundo, y si se confirma la violación ello sería indicio de que en efecto así es.

Esto me hace recordar la historia de otro hombre joven, empleado en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. Aconteció hace algo más de 2 años. Fue asesinado brutalmente a puñaladas en un motelillo de no muy buen aspecto en Barranca de Puntarenas, y los dos sujetos que lo hicieron se dieron el lujo de filmarlo con su celular y luego difundirlo en las redes ¿Podría haber una manera más obscena de manifestar desprecio por la vida de un ser humano que hacer tal cosa?

O la de aquel otro, que, vapuleado en su propia casa, fue amordazado y amarrado de pies y manos (las propias cámaras de seguridad instaladas en su vivienda así lo registran), llevado encerrado en la cajuela de su propio auto y forzado a dar las claves de sus cuentas bancarias, las cuales fueron saqueadas. Finalmente fue asesinado. Su cuerpo, inerte, fue lanzado por sus asesinos a un río, y solo apareció después de diez días, en una represa hidroeléctrica.

Este último caso, corresponde a un patrón bastante usual: el hombre que “vive solo”, y del que se sabe que es gay. Aprovechándose de esas circunstancias, algún tipo busca ganarse su confianza y, por esa vía, tener acceso a su vivienda. Y luego ocurre lo que ocurre, a veces, no siempre, con la implicación de algún o algunos cómplices.

Una historia reciente que escuche en un noticiero televisivo, reitera ese mismo procedimiento: dos “hombres solos” asesinados de forma similar: un tipo, ojalá bien parecido, “se gana su confianza”, logra que lo admita en su casa, luego le administra una droga para anestesiarlos y robarle. Solo que, en esos dos casos, se les fue la mano (quizá deliberadamente), hasta provocarles la muerte.

Este tipo de historias son muy, muy viejas. Las he visto repetirse incontables veces. No me sería difícil hacer un largo recuento de conocidos, incluso amigos, que, a lo largo de los años, fueron asesinados en circunstancias más o menos similares a las descritas, y, a menudo, con rasgos de crueldad y ensañamiento muy parecidos. Pero también son numerosos los casos de aquellos que pasaron por lo que, sin afanes retóricos, podrían ser consideradas “experiencias cercanas a la muerte”. Por ejemplo: verse rodeado, en situación de total indefensión, por una jauría de sujetos deseosos no simplemente de robarle lo que tuviera a mano, pero, sobre todo, de humillarlo y maltratarlo atrozmente, de una forma tal que, bastaría un gramo más de exaltación y adrenalina, para culminar el asesinato.

Este tipo de crímenes, inspirados por motivos de odio, son mucho más frecuentes de lo que se quiere creer. Invariablemente quedan cubiertos por manto de invisibilidad y negación. Ni las leyes, ni la policía, ni los medios los reconocer. Nuestra cultura los niega, maquillándolos de eufemismos. En general, nadie se muestra dispuesto a reconocer la verdadera naturaleza de la fuerza que los motiva.

Son los crímenes cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/01/crimenes-cuyonombre-nadie-se-atreve.html?m=1

Protesta contra medidas señaladas en Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas

El pasado domingo 23 de enero del 2022, diversas organizaciones, colectivas y personas marcharon en repudio a la “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, publicada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asimismo, para levantar la voz en contra de los recientes hechos de violencia hacia las mujeres sucedidos en la zona del Caribe Sur, donde dos turistas fueron abusadas sexualmente.

En dichas guías se proponían medidas revictimizantes, en las cuales se sugería a las turistas que cuando viajen solas deben cuidar su vestimenta, no caminar solas en la noche, entre otras. Ante esto, diversas organizaciones y personas salieron a las calles a exigir justicia por las víctimas, además de exigir al Gobierno medidas reales ante dicha problemática de violencia. 

Una de las marchas dio inicio en la fuente de la Hispanidad, y culminó en el Paseo Colón; ésta fue convocada por la colectiva feminista HANDMAIDSCR. Gran cantidad de mujeres, organizaciones y demás personas se hicieron presentes. Ese mismo día, en Sámara otra colectiva organizó una marcha por la playa, bajo la consigna “la culpa no era mía ni dónde estaba ni como vestía”.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Prevenir y atender la violencia sexual es una responsabilidad del Estado, no de las mujeres

EXIGIMOS AUMENTAR INVERSIÓN EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEDICADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

  1. La violencia sexual contra mujeres y niñas es grave, endémica y peligrosamente naturalizada en nuestra sociedad. El backslash patriarcal se ensaña con nuestros cuerpos para cobrarnos cada avance, cada conquista, que arrancamos con las uñas de nuestras luchas históricas, queriendo arrastrarnos al pasado de sometimiento, control y cautiverio. Pero nuestras conquistas son irreversibles. El camino de la igualdad es el único posible para que Costa Rica pueda avanzar en democracia y desarrollo humano, social y económico. Sin las mujeres, el futuro no existe. No permitiremos ningún retroceso en nuestros derechos.

  2. La violencia machista no es ni nunca puede ser responsabilidad de las mujeres. Es obligación del Estado y responsabilidad de la sociedad responder con la debida diligencia y contundencia frente a cualquier acto de violencia y actuar sobre las causas estructurales que la perpetúan. Particularmente sobre la cultura machista que se reproduce de manera cotidiana. Erradicar la violencia machista es responsabilidad de las instituciones, la empresa privada, los medios de comunicación, las comunidades, las organizaciones sociales, todos y cada uno de nosotros y nosotras.

  3. En el caso de la llamada Guía para operadores turísticos es evidente que todas las entidades involucradas cometieron un grave error que debe corregirse de inmediato, tal y como ha reconocido la Presidencia de la República. Más allá de ello, entendemos que esta es una entre otras acciones que el Estado ha propuesto para combatir la violencia sexual, específicamente en las zonas turísticas. El plan existente para combatir la violencia sexual en las zonas turísticas debe retomarse, reforzarse y ejecutarse con enfoque de derechos humanos, feminista y con perspectiva de género, de manera urgente en todas las regiones identificadas de alto riesgo que demandan, con razón, mayor celeridad y urgencia.

  4. Manifestamos nuestro apoyo y sororidad con las organizaciones de mujeres de las costas y de todos los territorios que valientemente mantienen viva esta lucha, dedicando a ello sus energías y tiempos.

  5. Repudiamos la instrumentalización electoral que ha tenido lugar a partir de este incidente por parte de partidos políticos y medios de comunicación. Tratar de acarrear agua a los molinos electorales con el dolor de las mujeres no solo es perverso, sino también letal.

La única referencia electoral que aceptamos es aquella donde nos digan con claridad los señores y señoras candidatas a la presidencia y diputaciones: ¿cuál es el compromiso con la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones hacia las mujeres y las niñas? ¿cuánto presupuesto más van a dedicar para atender esta problemática? ¿Cuántas nuevas plazas están dispuestos a aprobar para fortalecer servicios específicos? ¿Cuántas nuevas delegaciones policiales se comprometen a abrir en zonas turísticas? ¿Cuánto dinero están dispuestos a invertir para financiar programas de prevención y fomento de nuevas masculinidades con niños y jóvenes?

  1. Repudiamos igualmente el ataque generalizado, indiscriminado y destructivo contra el Instituto Nacional de las Mujeres. El INAMU ha sido y sigue siendo el principal instrumento con que contamos las mujeres para defender y adelantar nuestros derechos. Es el único espacio institucional gratuito, permanente y especializado, donde las mujeres podemos acudir para que nos acompañen y representen frente a las diferentes formas de violencia machista que a diario sufrimos. ¡Exigimos que se respete su rol rector en materia de igualdad y equidad de género!
    Al INAMU y a las demás instituciones les exigimos reconocer y enmendar sus errores. Pero al mismo tiempo nos manifestamos clara y contundentemente en su defensa. El INAMU es de las mujeres y para las mujeres y, aunque señalemos sus fallos, nunca haremos coro de quienes quisieran ver al INAMU destruido, cerrado o convertido en un ministerio de la familia. Erradicar la violencia contra las mujeres requiere inversión. No podemos perder el foco estructural. Es necesario ir más allá de la coyuntura para atacar los problemas desde la raíz.

  2. Los programas y servicios de atención y prevención de la violencia contra mujeres y niñas están desfinanciados. Desde hace muchos años la demanda de servicios sobrepasó la capacidad de una institucionalidad cuyos presupuestos y recursos humanos no ha crecido al ritmo necesario para brindar una cobertura nacional de atención. Mucho menos ha crecido la inversión en prevención primaria y secundaria o en recursos para que las mujeres puedan efectivamente construir vidas libres de la violencia: vivienda, generación de ingresos, etc.

Como ha señalado la prensa nacional: la falta de presupuesto socava programas de apoyo a víctimas…

La enorme desventaja que reconocen jerarcas de las dos instituciones (INAMU-PANI) es la falta de fondos para financiar estos programas en medio del preocupante aumento en la cantidad y complejidad de los casos. Pasa lo mismo con su limitada capacidad para ampliar la cobertura de protección a quienes están en alto riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia. (La Nación, 16/01/22, p. 5).


Con base en lo señalado, requerimos:

 A las señoras y señores diputados de la actual legislatura

Promover y aprobar una ley que exima al Instituto Nacional de las Mujeres de la aplicación de la regla fiscal y se etiqueten los presupuestos institucionales destinados de manera específica a fortalecer servicios de atención y prevención primaria de la violencia contra las mujeres, incluyendo la creación de nuevas plazas.

Redactar y aprobar una ley para declarar como esenciales y que se eximan de la aplicación de la regla fiscal los servicios y programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas de la CCSS, Ministerio de Seguridad Pública, PANI, IMAS, entre otros.

Al Instituto Nacional de las Mujeres:

Promover un protocolo especifico de actuaciones en casos de violencia sexual contra mujeres y niñas para los operadores institucionales en zonas turísticas y ejecutar un plan de intervención urgente en las regiones identificadas como de alto riesgo.

Priorizar la continuidad de los servicios, programas y compromisos institucionales en el marco de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, garantizando su adecuado financiamiento.

Apoyar con recursos las actividades de las organizaciones autónomas de mujeres en los territorios.

 Al Poder Judicial y Ministerio Público:

Constituir un equipo de respuesta inmediata, nacional (no territorial), adjunto a la Fiscalía General de la República e integrado por agentes del OIJ, fiscales y fiscalas y equipo psicosocial especializado, destinado de manera exclusiva a la investigación y persecución de delitos sexuales contra mujeres y niñas de alto riesgo para garantizar efectivo y diligente acceso a la justicia.

Garantizar la puesta en práctica del Protocolo de las 72 horas en todos los hospitales nacionales y regionales de la CCSS, así como en clínicas o EBAIS de zonas turísticas.

 Al Ministerio de Seguridad Pública:

Sancionar de manera efectiva a los funcionarios denunciados por conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres víctimas de violencia sexual y realizar una investigación independiente de los hechos.

Duplicar el recurso humano del Programa Preventivo de Violencia Doméstica y contra las Mujeres destacando oficiales de este programa en las zonas de alto riesgo de violencia sexual.


EXIGIMOS LA ACCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL

 

Compartido con SURCOS por Red Feminista contra el Maltrato hacia las Mujeres Costa Rica.

NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Comunicado de Mujeres por Costa Rica:

Lamentamos profundamente los recientes hechos de violencia sexual contra mujeres en Nosara, Guanacaste y Puerto Viejo del cantón de Talamanca. En este último, desde hace mucho, el colectivo Mujeres Unidas por Talamanca ha venido denunciando reiterada y valientemente estos actos abominables y emprendido acciones solidarias para proteger a las mujeres trabajadoras locales y turistas.

El aumento de la violencia sexual contra las mujeres en comunidades que viven del turismo sigue amenazante. Tenemos claridad que no solo se trata de más seguridad policial. El país requiere que revisemos nuestras políticas de desarrollo turístico. La seguridad, los programas educativos, la acción comunitaria, comercial y hotelera necesitan articularse con las instituciones municipales y estatales competentes para cerrar filas y abordar integralmente este flagelo.

Es necesario instaurar una cultura de respeto, denuncia y respuesta inmediata. El problema no es la imagen del país o la pérdida de turistas, es la violencia, esa es la que debemos enfrentar con todas las herramientas posibles.

Las mujeres trabajadoras y el COVID-19

La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.

En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.

En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.

En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.

Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.

El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.

Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.

Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.

El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.

Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.

En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:

  • Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
  • Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
  • Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
  • Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
  • Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
  • Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
  • Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
  • Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

La violencia sexual y medioambiental tienen la misma raíz: el patriarcado

Raquel Bolaños (*)

Violencia desde el puño y letra del ex mandatario cuando firmó la conveniencia nacional para el proyecto Crucitas y la derogación de la moratoria a la minería. El poder le permitió a Arias beneficiar los intereses de la empresa minera Infinito Gold, y recibir una donación de $250 000 para la Fundación Arias para la paz.

Y es que la paz vive en el silencio de las víctimas que callan los abusos sexuales en el propio seno familiar, y es que el 25% de nuestras niñas son depredadas, y solo un 20% de las víctimas se atreven a denunciar. La sociedad normaliza el abuso en los cuerpos de las mujeres, y de la misma forma es “natural” el “desarrollo” a costas de la ecología con leyes que permiten la destrucción de los ecosistemas. Las instituciones del estado son incapaces de resguardar las condiciones mínimas para la vida y el medio ambiente. Mientras tanto el país es promocionado como un destino verde y país del pura vida, con estadísticas de 40 femicidios al año.

La desfachatez del ex presidente al poner las manos sobre los senos de una periodista tiene un elemento en común con el abuso de poder para favorecer la minería a cielo abierto: en ninguno de los casos hay consentimiento! El patriarca se cree dueño de los cuerpos de las mujeres y piensa que el país es una finca de la que puede disponer.

Las comunidades que se enfrentan a luchas ambientales denuncian la ausencia de espacios de participación ciudadana y se enfrentan a un calvario burocrático, observando cómo las empresas consiguen uno a uno los permisos a pesar de la oposición comunitaria (como está sucediendo con la hidroeléctrica San Rafael)

Violencia con la vida, los negocios multimillonarios del premio nobel acaparan las aguas del río Tempisque, y pretenden obtener más con el proyecto Agua para Guanacaste, que nos costará 425 millones de dólares de deuda a beneficio del agro negocio. El gobierno actual, siguiendo la misma dinámica está impulsando reactivar la pesca de arrastre, eliminar la moratoria contra la minería, facilitar los trámites para proyectos (sin necesidad de viabilidad ambiental), permitir la entrada de residuos tóxicos, desregularizar la entrada de pesticidas, todas estas leyes regresivas y violentas.

Analizando la acusación de de violencia sexual contra Arias cabe reconocer que la denunciante es hija de políticos, doctora, directora de una ONG y contaba con herramientas que le permitieron reaccionar al abuso. Me pregunto si todas tenemos acceso a estrategias para defendernos de la violencia sistemática contra nuestros cuerpos e integridad, y si todas las comunidades poseen herramientas y capacidades organizativas para defender los recursos naturales ante la expansión piñera, o la construcción de hidroeléctricas.

El sistema seguirá normalizando las conductas depredadoras, poniendo la responsabilidad en las víctimas, qué ropa vestían, a qué hora caminaban en la calle, y ¿por qué no se defendieron y tardaron tantos años en denunciar?

Y ¿por qué se oponen al progreso? – le preguntan a una comunidad en pie de lucha para defender un río-

(*) Raquel Bolaños es artista plástica e integrante del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

 

Enviado por FECON.

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UCR capacitó a sus oficiales para atender casos de violencia sexual

  • En el espacio se abordaron técnicas desde una perspectiva sensible, de derechos humanos y atención de crisis

UCR capacito a sus oficiales para atender casos de violencia sexual
Trece funcionarios y funcionarias concluyeron de forma exitosa la capacitación sobre el abordaje, en materia de seguridad, de la violencia sexual en el campus universitario. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Trece oficiales del Departamento de Seguridad y Tránsito de la Universidad de Costa Rica (UCR) se convirtieron en el primer grupo en capacitarse para dar una adecuada atención a eventuales situaciones de violencia sexual en el campus universitario.

Los funcionarios y funcionarias participaron durante un mes en un espacio de formación impartido por las psicólogas Silvia Meza y Paola Brenes, del Equipo Interdisciplinario contra el Hostigamiento Sexual del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM).

La iniciativa surgió como parte de las acciones que implementó la Institución a raíz de los cinco casos de violencia sexual contra estudiantes ocurridos el año anterior, tres de los cuales tuvieron lugar en el campus universitario y dos en su periferia.

Según el Vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya, los acontecimientos tomaron a la institución de forma “desprevenida” y evidenciaron la existencia de un vacío frente a hechos que “no habíamos pensado que nos podían pasar a nosotros”

El jerarca agregó que se tomaron medidas inmediatas como la iluminación de lugares oscuros, el refuerzo de personal de vigilancia y la compra de más cámaras de seguridad, pero además, se reconoció la necesidad de contar con un protocolo y personal preparado para atender este tipo de situaciones.

La directora del CIEM, Montserrat Sagot, enfatizó la importancia de que ante casos de violencia sexual se cuente un equipo de personas capacitadas para dar una respuesta sensible y adecuada, que ayude a la víctima a empezar a procesar lo que está pasando.

“Una persona que ha sufrido un ataque sexual o un ataque violento no puede ser recibida en primera instancia solamente con preguntas técnicas para saber qué fue lo que pasó o lo que vio, evidentemente, se requiere que tenga en un primer momento gente que pueda acompañarla y recibirla de buena manera”, enfatizó Sagot.

La académica señaló además que la excelencia que caracteriza a la docencia y a la investigación de la Universidad, también debe reflejarse en la creación de espacios seguros y en el tipo de respuesta que se brinda a las diversas situaciones.

Por su parte, la representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Adilia Solís, reconoció la importancia de que la UCR sume esfuerzos para construir una sociedad y un país libre de violencia.

UCR capacito a sus oficiales para atender casos de violencia sexual2
La entrega de los certificados estuvo a cargo del jefe de la Sección de Seguridad y Tránsito, Jesús Brenes; la representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Adilia Solís; la directora del CIEM, Montserrat Sagot, y el vicerrector de Administración, Carlos Araya. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La Institución crea un equipo especializado

El proceso de capacitación de los oficiales abordó diversas técnicas para atender situaciones de violencia sexual desde una perspectiva sensible, de derechos humanos y que toma en cuenta las herramientas de la intervención en crisis.

“Con esa primera capacitación ya contamos con una unidad especializada para atender situaciones de violencia sexual e iniciaremos un mecanismo de seguimiento para capacitar cada dos meses y supervisar casos”, explicó la capacitadora Paola Brenes.

El Jefe de la Sección de Seguridad y Tránsito, Jesús Brenes, señaló la importancia de profesionalizar al cuerpo de seguridad de la Institución, no solo en adiestramiento de la técnica policial, sino también, desde la perspectiva social.

“Espero que no tengan que poner en práctica lo aprendido, pero si se nos presentara el caso, sabemos que ya tenemos el personal capacitado para atender estas situaciones, dar las primeras respuestas y luego dejar en manos de profesionales el seguimiento”, enfatizó el funcionario.

El oficial de la unidad de investigaciones Cristian Rojas Jiménez cuenta con 12 años de laborar en la Universidad y participó del proceso de capacitación, el cual catalogó como “muy importante no solo para mi experiencia como funcionario, sino como persona y profesional”

“Se me hizo ver que más allá de atender un caso de violencia contra una mujer miembro de la comunidad, es importante atender con sensibilidad a la víctima”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el oficial de seguridad Juan Antonio Rojas Rojas reconoció estar satisfecho por la oportunidad de ampliar su rango de acción y, de esta forma, dar un mejor servicio en su labor cotidiana, la que calificó como “atípica a otras instituciones”.

“Aquí pasa de todo, desde dar información a atender un incendio, perros mordiendo a usuarios, mapaches que se meten a un aula, asaltos o lo que pasó el año pasado, eso nos trae lamentablemente aquí”, expresó Rojas, quien ya suma 26 años de trabajar en la institución.

 

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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