Ir al contenido principal

Etiqueta: violencia simbólica

Educación crítica y formación democrática en Costa Rica: crisis educativa, complejidad y horizonte de futuro

Escrito en . Publicado en Educación.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de saber para qué educa? Mi tesis es simple: la crisis educativa costarricense no es solo una crisis pedagógica; es una crisis democrática. Lo voy a evidenciar con lo que a continuación les voy a compartir:

La educación costarricense atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Los informes del Estado de la Educación muestran un deterioro sostenido en los aprendizajes, una disminución de la inversión pública, crecientes desigualdades y dificultades para responder a los desafíos contemporáneos.

Sin embargo, reducir esta situación a un problema de financiamiento, gestión o rendimiento académico sería insuficiente. La crisis educativa costarricense plantea preguntas más profundas acerca de la relación entre educación, democracia, ciudadanía y proyecto de sociedad.

Durante buena parte del siglo XX, la educación pública ocupó un lugar central en la construcción del Estado social costarricense. No solo se concebía como un mecanismo de movilidad social, sino también como una institución encargada de formar ciudadanos para la vida democrática. Obras como *La educación, fragua de nuestra democracia* reflejan esa convicción histórica.

La pregunta que hoy emerge es si ese horizonte continúa vigente y, de no ser así, cuál lo ha sustituido.

La crisis educativa como fenómeno histórico

En este sentido, el deterioro educativo no puede comprenderse únicamente desde la coyuntura reciente. Desde la década de 1980, los programas de ajuste estructural, la reconfiguración del papel del Estado y la expansión de nuevas racionalidades económicas modificaron progresivamente las prioridades de las políticas públicas.

Desde esta perspectiva, autores como Pierre Bourdieu, Michael Apple y Henry Giroux permiten analizar la educación como un espacio atravesado por relaciones de poder, disputas culturales y mecanismos de reproducción social.

No obstante, limitar el análisis a la reproducción ideológica sería insuficiente. La educación también constituye un espacio de producción cultural, construcción democrática y transformación social.

Más allá de la reproducción: la pregunta por la formación humana

La crisis actual, entonces, no se manifiesta únicamente en indicadores educativos. También aparece en ámbitos profesionales concretos.

Las dificultades observadas en múltiples campos del ejercicio profesional, incluyendo el debate generado por los resultados recientes del examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas, obligan a preguntarnos por la calidad de los procesos formativos y por la relación entre los aprendizajes adquiridos y las competencias requeridas en contextos cada vez más complejos.

Esto permite formular una constatación inquietante.

Por una parte, la educación parece estar debilitando su función democrática al formar ciudadanos con menores herramientas para la deliberación crítica, la comprensión histórica y la participación informada.

Por otra, tampoco parece estar alcanzando plenamente los objetivos instrumentales que justifican muchas de las reformas impulsadas durante las últimas décadas.

La educación estaría fallando simultáneamente en la formación ciudadana y en la formación profesional.

La revolución tecnológica y la emergencia de una nueva cuestión educativa

La irrupción de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la denominada cuarta revolución industrial ha transformado profundamente las condiciones de producción, circulación y validación del conocimiento.

Paradójicamente, cuanto más abundante se vuelve la información, más importantes resultan capacidades tradicionalmente asociadas a la formación humanística:

  • pensamiento crítico;

  • comprensión contextual;

  • juicio ético;

  • creatividad;

  • comunicación;

  • trabajo colaborativo;

  • comprensión de la complejidad.

La pregunta educativa deja entonces de ser exclusivamente qué conocimientos transmitir y pasa a ser qué capacidades necesitan las personas para orientarse en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la sobreabundancia de información.

Edgar Morin y la educación para la complejidad

Las reflexiones de Edgar Morin resultan especialmente relevantes para comprender este escenario.

Los desafíos contemporáneos no pueden abordarse desde visiones fragmentadas del conocimiento. Problemas como la crisis ambiental, la transformación tecnológica, la desigualdad social o el debilitamiento democrático exigen formas de pensamiento capaces de articular dimensiones múltiples y reconocer la complejidad de los fenómenos humanos.

La educación aparece entonces como una práctica destinada no solo a transmitir información o desarrollar competencias laborales, sino a formar sujetos capaces de comprender el mundo que habitan y actuar responsablemente dentro de él.

La cuestión curricular como cuestión democrática

Toda propuesta educativa responde, explícita o implícitamente, a una pregunta fundamental:

¿Qué tipo de ser humano queremos formar?

Y detrás de esa pregunta existe otra aún más profunda:

¿Para qué tipo de sociedad?

Durante gran parte del siglo XX costarricense existió una relativa claridad respecto de estas interrogantes. La educación estaba vinculada a un proyecto nacional que articulaba ciudadanía, democracia, movilidad social y desarrollo.

En la actualidad, ese horizonte parece mucho más difuso.

Las discusiones sobre currículo, evaluación, tecnologías o competencias suelen desarrollarse sin una reflexión suficientemente profunda acerca del proyecto de sociedad que las orienta.

Sin embargo, la formación democrática exige algo más que la transmisión de conocimientos sobre instituciones políticas o derechos ciudadanos. Implica también desarrollar la capacidad de identificar críticamente las formas, muchas veces invisibles, mediante las cuales operan las relaciones de poder en la vida social.

Una experiencia vinculada a la organización de este mismo foro resulta ilustrativa. Diversas observaciones realizadas en redes sociales señalaron la ausencia de mujeres en la composición del panel. La observación es pertinente y merece ser tomada con seriedad. Lo relevante, sin embargo, no es únicamente la ausencia en sí misma, sino el hecho de que esta hubiera pasado inadvertida durante el proceso de organización, incluso entre personas comprometidas con los valores democráticos, los derechos humanos y la reflexión crítica.

Lejos de constituir una situación excepcional, este episodio confirma una de las principales tesis desarrolladas por Pierre Bourdieu (2000) acerca de la dominación masculina y los mecanismos de violencia simbólica: las estructuras sociales más eficaces son precisamente aquellas que logran naturalizarse hasta hacerse invisibles para quienes participan de ellas. El problema no radica necesariamente en decisiones conscientes de exclusión, sino en la forma en que determinados esquemas de percepción, reconocimiento y legitimación se incorporan a la vida cotidiana y terminan orientando nuestras prácticas sin que siempre seamos plenamente conscientes de ello.

Desde otra perspectiva, Sandra Harding (1991) sostiene que todo conocimiento se encuentra situado histórica y socialmente, y que la diversidad de experiencias amplía las posibilidades de comprensión de la realidad. En este sentido, la presencia de voces diversas no constituye únicamente una cuestión de representación, sino también una condición para enriquecer los procesos de deliberación y producción de conocimiento.

Del mismo modo, Iris Marion Young (1990) advirtió que muchas formas de exclusión no operan mediante actos explícitos de discriminación, sino a través de mecanismos estructurales que reproducen desigualdades aun cuando nadie tenga la intención consciente de producirlas.

Esta reflexión conduce además a una cuestión más amplia. La diversidad no se agota en la incorporación de una única categoría social. Una democracia plural está compuesta por múltiples experiencias históricas y culturales: mujeres, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, poblaciones migrantes, diversidades sexuales y de género, sectores rurales, juventudes, personas adultas mayores y muchos otros grupos que experimentan la realidad desde posiciones distintas.

Ningún panel académico, institución o espacio deliberativo puede representar plenamente la totalidad de esa diversidad. Como advertía Edgar Morin (1999), toda mirada sobre la realidad es necesariamente parcial, por lo que la conciencia de nuestros propios límites constituye una condición indispensable para el pensamiento complejo.

Precisamente por ello, la tarea democrática no consiste en alcanzar una representación perfecta e imposible, sino en desarrollar la conciencia crítica necesaria para reconocer las ausencias existentes y mantener abiertos los espacios para la incorporación de nuevas voces y perspectivas.

Precisamente por ello, la educación crítica no consiste únicamente en cuestionar las prácticas de los gobiernos, las instituciones o los grupos de poder. También implica examinar permanentemente nuestros propios presupuestos, sesgos y puntos ciegos. La capacidad de someter a crítica nuestras propias prácticas constituye una condición indispensable para la construcción de una cultura democrática genuina.

La crisis educativa podría ser entonces también una manifestación de una crisis más amplia: la dificultad para construir consensos democráticos sobre el futuro colectivo y para desarrollar las herramientas intelectuales que permitan reconocer críticamente las múltiples formas, visibles e invisibles, en que operan las relaciones de poder en nuestras sociedades.

La cuestión no es quién puede hablar en nombre de todos. La cuestión es cómo construir una cultura democrática donde nadie pueda asumir que ya ha escuchado a todos.

Reflexión final

Quizás el problema central no sea únicamente que la educación costarricense esté en crisis.

Quizás la cuestión más profunda sea que aún no hemos definido colectivamente qué tipo de personas necesitamos formar para enfrentar los desafíos éticos, tecnológicos, democráticos y culturales del siglo XXI.

La pregunta ya no es solamente cómo mejorar indicadores educativos, incorporar nuevas tecnologías o aumentar la competitividad económica.

La pregunta es si somos capaces de deliberar democráticamente acerca del horizonte humano que deseamos construir.

Porque toda educación presupone una determinada idea de ser humano y toda sociedad, aun cuando no lo reconozca explícitamente, educa siempre para algún futuro.

La cuestión es si ese futuro será resultado de una decisión colectiva consciente o de la simple acumulación de fuerzas económicas, tecnológicas y políticas que terminen decidiendo por nosotros.

Las reflexiones desarrolladas a lo largo de este encuentro permiten advertir un elemento común que atraviesa problemáticas aparentemente diversas. Las discusiones sobre dignidad humana y pluralismo, la utilización política de las creencias religiosas, la polarización social, el desgaste institucional o las tendencias autoritarias que emergen en distintos contextos latinoamericanos remiten, en última instancia, a una misma pregunta: ¿cómo formamos ciudadanos capaces de convivir democráticamente en sociedades crecientemente complejas y diversas?

Con frecuencia estos fenómenos son analizados únicamente desde la ciencia política, el derecho o la sociología. Sin embargo, también poseen una dimensión profundamente educativa. La manera en que las personas aprenden a relacionarse con quienes piensan diferente, a reconocer la legitimidad del disenso, a evaluar críticamente los discursos de poder, a comprender la importancia de las instituciones democráticas y a ejercer responsablemente sus libertades constituye, en gran medida, el resultado de procesos formativos que se desarrollan dentro y fuera de los sistemas educativos.

Quizás uno de los mayores desafíos contemporáneos consista precisamente en recuperar la dimensión democrática de la educación. No para convertir las aulas en espacios de adoctrinamiento ideológico, sino para fortalecer las capacidades intelectuales y éticas necesarias para la deliberación pública, el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad y la participación ciudadana informada.

Desde esta perspectiva, la crisis educativa costarricense no constituye un fenómeno aislado. Forma parte de una discusión más amplia acerca de la calidad de nuestra democracia, de la fortaleza de nuestra cultura cívica y de la capacidad colectiva para construir un proyecto común en medio de profundas diferencias sociales, culturales, religiosas y políticas.

La educación, en consecuencia, no puede ser entendida únicamente como preparación para el mercado laboral o como mecanismo de acumulación de competencias técnicas. También constituye uno de los principales espacios donde una sociedad aprende a ejercer la libertad, a gestionar sus conflictos y a construir democráticamente su futuro.

Laura Fernández o el rechazo de la política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Cuando el poder renuncia al diálogo

En una democracia, el lenguaje no es un adorno: es una herramienta de gobierno. La forma en que quienes detentan el poder hablan —a sus adversarios, a las instituciones, a la ciudadanía— revela cómo conciben la política y qué lugar conceden al diálogo. Cuando el discurso público se degrada, no se trata solo de un problema de estilo: estamos ante un problema político de fondo.

Las recientes intervenciones públicas de la hoy candidata oficialista Laura Fernández, alineadas con el tono inveteradamente confrontativo del presidente Rodrigo Chaves y su entorno, ilustran una tendencia preocupante: el rechazo de la política entendida como espacio de deliberación, mediación y reconocimiento del otro. En su lugar, se impone un lenguaje que descalifica, simplifica, en pocas palabras divide; como ha polarizado al pueblo costarricense.

El lenguaje como síntoma

La política democrática vive del desacuerdo, pero también del respeto. Discutir no es destruir; confrontar ideas no equivale a humillar personas. Sin embargo, cuando desde el poder se adopta un discurso que reduce al adversario a caricatura, obstáculo o enemigo, el conflicto deja de ser político y se convierte en enfrentamiento estéril.

El problema no es la firmeza ni la crítica dura. El problema es la renuncia explícita o implícita al diálogo como mecanismo legítimo de resolución de diferencias. Cuando el lenguaje oficial se vuelve agresivo, burlón o punitivo, se envía un mensaje claro: “no hay nada que conversar”, es lo que expresa Laura Fernández cada vez que renuncia a comparecer en un debate.

¿Realismo político o anti-política?

Quienes defienden este estilo suelen ampararse en el llamado “realismo político”. Se nos dice que el país necesita mano dura, decisiones rápidas y líderes que no “pierdan el tiempo” negociando. Pero esta interpretación del realismo es profundamente equivocada.

El realismo político clásico —de Maquiavelo a Max Weber— nunca propuso gobernar a gritos, ni despreciar las instituciones agrediendo a los otros poderes de la República. Por el contrario, entendía que el poder solo es efectivo si logra estabilidad, cooperación mínima y legitimidad social. Gobernar no es imponer permanentemente, sino hacer viable la convivencia en medio del conflicto.

Cuando el lenguaje del poder desprecia la negociación y ridiculiza el disenso, no estamos ante el realismo, sino ante la negación de la política: una forma de ejercer autoridad que debilita o socava los puentes necesarios para gobernar.

El costo democrático del desprecio

El rechazo de la política tiene consecuencias concretas. Un Ejecutivo que se comunica desde la confrontación permanente, o como la candidata Laura Fernández que finge menospreciar a sus adversarios, tan solo para ocultar sus temores o debilidades, tan solo consiguen:

• dificultar la relación con la Asamblea Legislativa

• tensionar al Poder Judicial y a los órganos autónomos

• erosionar la confianza ciudadana en las instituciones

• y, como ahora lo hace la candidata Laura Fernández, empobrecer el debate público.

Lejos de fortalecer al Estado, este estilo lo fragiliza. La descalificación sistemática puede generar aplausos momentáneos, pero bloquea acuerdos, paraliza reformas y profundiza la polarización; o sea, solo consiguen debilitar la institucionalidad democrática.

Como advirtió Hannah Arendt, la violencia —también la simbólica— aparece cuando el poder pierde capacidad de persuasión. No es una muestra de fortaleza, sino de empobrecimiento político.

Gobernar es hablar con quien no piensa igual

La política democrática no consiste en eliminar o borrar del mapa al adversario, sino en reconocerlo como parte del juego común. Dialogar no es ceder principios; es administrar el desacuerdo sin destruir el marco compartido.

Cuando una figura pública, desde una posición de autoridad, opta por el lenguaje de la incivilidad, renuncia a una de las funciones centrales del poder democrático: articular diferencias para producir decisiones legítimas.

Costa Rica ha construido históricamente su estabilidad no sobre la imposición, sino sobre la palabra, la institucionalidad y el respeto a las reglas. Abandonar ese legado en nombre de una supuesta eficacia es un error estratégico en cualquier democracia.

Conclusión

La democracia no se debilita solo cuando se agrede con palabras, sino también cuando se evita deliberadamente el intercambio de ideas. Rehuir los debates, escoger los espacios cómodos y renunciar a confrontar argumentos ante la ciudadanía no es una estrategia neutra: es una forma de empobrecer la política.

Gobernar —o, aspirar a gobernar— implica dar la cara, escuchar preguntas incómodas y someter las propias ideas al escrutinio público. Cuando el poder o, quienes lo buscan renuncian al diálogo abierto, no están protegiendo su liderazgo: lo único que consiguen con ello es reducir la política a un pobre monólogo.

Una democracia viva necesita voces distintas que se encuentren, se confronten y contradigan, en breve que se expliquen ante la ciudadanía. Evitar ese encuentro no es prudencia ni realismo. Es, simplemente, rechazar la política, someterse a la mediocridad.

Carta abierta a la institucionalidad universitaria: Hablemos de salud mental, la precarización laboral y la violencia simbólica

Escrito en . Publicado en Trabajo.

MSc. Luis Rojas Herra*

Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.

La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.

Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.

La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.

Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.

La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.

Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.

La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.

En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.

El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.

Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.

Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.

Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.

La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.

La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.

*Artista seropositivo e investigador académico.

Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.

1 Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.

FRENAPI: Sobre el uso inadecuado del término “malicia indígena” en campañas de ciberseguridad

Escrito en . Publicado en Cultura.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) manifiesta su rechazo contundente al uso del término “malicia indígena” en la reciente campaña de ciberseguridad, publicada bajo el título “La sabiduría costarricense al servicio de la ciberseguridad”.

Aunque la intención declarada sea educativa, esta campaña reproduce estereotipos coloniales que asocian lo indígena con la astucia, la desconfianza o la “trampa”, banalizando siglos de conocimientos, cosmovisión y sabiduría ancestral de nuestros pueblos. La frase “malicia indígena” no representa la identidad de los pueblos indígenas, sino que refuerza un prejuicio histórico que busca caricaturizar nuestra inteligencia y nuestra forma de relacionarnos con el mundo.

Nuestros saberes no son malicia: son conocimiento, intuición, resiliencia y respeto por la vida y la Madre Tierra. Reducirlos a un juego de palabras para explicar cómo “no dejarse engañar” en internet es una forma de violencia simbólica que invisibiliza nuestra dignidad, nuestra historia y nuestra contribución a la sociedad costarricense.

Desde el FRENAPI hacemos un llamado a las instituciones y medios de comunicación a evitar el racismo cotidiano disfrazado de humor o creatividad, y a reconocer que la identidad indígena no puede ni debe ser utilizada como recurso publicitario o educativo sin nuestro consentimiento y sin respeto pleno a nuestra historia y cultura.

Exigimos respeto, conciencia y rectificación inmediata del uso de este término. La sabiduría indígena no es “malicia”: es vida, memoria y resistencia viva en nuestros territorios.

Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI)
Por la defensa de la vida, la Tierra /Territorios y la autodeterminación de Los Pueblos Indígenas

Cuando la positividad se vuelve violencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez

Pocos van a entender esto, quizás dirán que estoy algo obsoleto para la época, pero es necesario decirlo: la cultura del positivismo emocional, el new age y el horizontalismo radical ha dado lugar a una nueva forma de cancelación. Una forma amable en apariencia, pero profundamente violenta en el fondo. Un nuevo orden simbólico que se presenta como espiritual, armónico e inclusivo, pero que en realidad cancela la diferencia, desactiva la crítica y niega lo trágico. Se trata, en definitiva, de una cultura fascista que no usa botas ni uniformes, sino sonrisas, frases motivacionales y cristales energéticos.

El positivismo emocional tan celebrado hoy en redes sociales y espacios de autoayuda por doquier exige una actitud permanente de optimismo, adaptación y gratitud. Se ha vuelto una especie de mandamiento secular: “si no puedes ser feliz, cállate”. La tristeza, el enojo o la crítica son tratados como fallas morales o energías tóxicas, más que como experiencias humanas legítimas. Así, el sufrimiento no se acompaña, se silencia y la soledad junto con la depresión comienzan a reinar. La melancolía no se nombra, se reprime. La crítica no se escucha, se descarta por “negativa”. En nombre de la luz, se instala una censura emocional.

El new age, por su parte, ha transformado la espiritualidad en una mercancía. Promueve una estética de lo etéreo y lo holístico, pero sin profundidad. Es una pseudo espiritualidad sin tradición, sin historia, sin comunidad real. Una espiritualidad a la carta que se adapta al mercado y al narcisismo de la autoayuda. Con frecuencia, se convierte en un instrumento de despolitización: todo problema social se reduce a una falta de “vibración” o “desalineación personal”. Se cancela así la historia, se ignora la injusticia estructural, se le da la espalda al otro. Y mientras tanto, se vende incienso.

El horizontalismo radical, en su afán por democratizar todos los ámbitos y relaciones, ha terminado por erosionar la autoridad legítima, el conocimiento experto y el sentido de responsabilidad. Bajo el lema de una igualdad mal entendida, se equipara lo inconmensurable: la evidencia con la mera opinión, la experiencia con el capricho. Es una dinámica profundamente nietzscheana, como advirtió el filósofo, no hay hechos, solo interpretaciones, pero llevada al extremo de que «todo vale».

El resultado es la parálisis: lo colectivo deviene inoperante, y lo comunitario se diluye en asambleas interminables donde priman la indecisión y el miedo a asumir posturas. Es la tiranía del consenso superficial, donde cualquier crítica a contradicciones estructurales o fallas éticas se tacha de autoritarismo o de resistirse al flujo colectivo. Este nuevo orden cultural que mezcla positivismo, misticismo comercial y horizontalismo mal digerido, ha creado su propia forma de cancelación autoritaria. No persigue con violencia física, sino con desaprobación pasiva-agresiva. No excluye con fuerza bruta, sino con la moralización de lo emocional. Se cancela al que no “vibra bonito”, al que no “cree en la energía”, al que piensa críticamente. Se le aísla, se le invalida, se le acusa de “negativo”, de “tóxico”, de “no trabajar en sí mismo”.

Así, el disenso no se enfrenta, se disuelve. El dolor no se acompaña, se niega. La complejidad no se piensa, se simplifica. Y todo esto se hace en nombre del amor, la armonía y la paz. Pero esa paz es falsa. Esa armonía es superficial. Y ese amor, muchas veces, no es más que un egoísmo disfrazado de virtud. Porque el verdadero amor no cancela, escucha. El verdadero bienestar no niega el conflicto, lo integra. Y la verdadera espiritualidad no esquiva el sufrimiento, lo abraza.

En tiempos donde todo se vuelve apariencia, lo más revolucionario es recuperar la profundidad. Volver a lo real, incluso si duele. Atreverse a sentir la oscuridad sin culparse. A disentir sin miedo. A pensar sin pedir permiso, a volver a tener esa capacidad de discernir, de cuestionar lo incuestionable y de atrevernos a nombrar lo que otros prefieren ocultar. La auténtica transgresión ya no es derribar estatuas, ni negar toda jerarquía, sino distinguir entre el poder arbitrario y la autoridad legítima.

En un mundo que confunde ruido con libertad y consignas con pensamiento, rebelarse es elegir la lucidez sobre la complacencia, incluso cuando eso implique nadar contra la corriente. Porque la oscuridad más peligrosa no es la que carece de luz, sino la que se disfraza de ella.

Defensoría incide en incorporación de criterios de no discriminación en propaganda comercial

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Oficina de Control de Propaganda atiende llamado

La Defensoría de los Habitantes gestionó en mayo del presente año ante la Oficina de Control de Propaganda, en el sentido de que, si bien dicha instancia fue creada inicialmente para atender los artículos 1° y 2° de la ley N° 5811, tratándose de propaganda comercial en defensa de la dignidad de la familia y de la imagen de la mujer en la sociedad costarricense, era necesario aplicar además, otros criterios para evitar la divulgación de publicidad discriminatoria, tratándose de la autorización o restricción de anuncios comerciales, lo anterior de conformidad con el marco de legalidad/de convencionalidad vigente en el país.

El día 21 de noviembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes recibió comunicación de la Oficina de Control de Propaganda que, en sesión 029-2024 del 19 de setiembre del 2024 en cumplimiento al artículo 4 del Reglamento de la Ley Número 5811 se efectuó una revisión y aprobación de los nuevos criterios de evaluación de publicidad comercial para cumplir con la Ley de Control de Propaganda, entre ellos:

  • Criterios relacionados con la discriminación
  • Criterios relacionados con la violencia.
  • Criterios relacionados con la sexualización y/o cosificación.
  • Criterios relacionados con estereotipos sociales y de género, asociados con la violencia simbólica.
  • Criterios relacionados con personas menores de edad.
  • Criterios relacionados con actividades para el consumo de personas mayores de edad.

Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.

El actuar de la Oficina de Control de Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía debe erradicar los estereotipos sociales, todo ello en el enfoque marco de la protección de los derechos humanos de todas las personas habitantes de este país en el ámbito de la publicidad comercial.

Siendo que desde la Defensoría de los Habitantes se reconoce el esfuerzo efectuado y se insta a la institucionalidad pública para su divulgación y respeto, y se hace un llamado al sector privado para su efectivo cumplimiento. Es necesaria la promoción de este tipo de acciones para una efectiva promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

La magia navideña: reflexionando sobre la violencia simbólica en narrativas infantiles

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

En medio de la celebración de la época navideña, San Ramón se viste de luces y fantasías, recreando escenarios tradicionales llenos de princesas y cuentos mágicos. Sin embargo, esta narrativa, aparentemente inocente, encierra una dimensión crítica que debemos abordar: la violencia simbólica que perpetúa roles de género estereotipados y puede normalizar dinámicas de abuso y desvalorización desde la infancia.

La violencia simbólica: una introducción

La violencia simbólica, según el sociólogo Pierre Bourdieu, se manifiesta a través de acciones, discursos y representaciones que refuerzan las desigualdades de poder entre hombres y mujeres. En este caso, los estereotipos de princesas, vinculados a la pasividad, la dependencia y la belleza como única virtud, perpetúan una estructura social que condiciona las expectativas y comportamientos de niñas y mujeres.

Desde temprana edad, las niñas son socializadas en roles que priorizan su apariencia y obediencia, mientras que los niños reciben mensajes que validan su autoridad y autonomía. Este mensaje, que parece inofensivo, puede abrir la puerta a la normalización de relaciones desiguales y abusos. Frases como «eres mi princesita, pero si lo cuentas te conviertes en sapo» son ejemplos claros de cómo esta narrativa puede usarse para encubrir abusos y generar silencio en las víctimas.

Normativa internacional y nacional que apoya la erradicación de la violencia simbólica

Costa Rica ha avanzado significativamente en la creación de marcos normativos para prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas, incluyendo la simbólica:

  1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): La CEDAW, ratificada por Costa Rica en 1984, insta a los Estados Parte a adoptar medidas para eliminar los estereotipos de género en todos los ámbitos, incluidas las representaciones culturales y educativas.
  2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará): Este instrumento subraya la obligación de los Estados de abordar la violencia simbólica como una forma de violencia psicológica y cultural.
  3. Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG): Este plan estratégico promueve la deconstrucción de estereotipos de género en la educación, la cultura y las políticas públicas, reconociendo que estos son una raíz estructural de la violencia de género.
  4. Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres: Establece mecanismos para prevenir y sancionar conductas que perpetúan el abuso y la desigualdad, incluyendo las expresiones culturales que refuercen roles tradicionales de género.

Responsabilidad social y cultural en la construcción de narrativas

Es crucial reflexionar sobre las representaciones culturales que promovemos en espacios públicos y celebraciones. Mientras la magia navideña debería ser una oportunidad para fortalecer valores de igualdad, justicia y respeto, recurrir a imágenes estereotipadas de princesas refuerza dinámicas problemáticas. En lugar de celebrar una narrativa pasiva y dependiente, ¿por qué no crear historias que empoderen a niñas y niños, enseñándoles sobre resiliencia, trabajo en equipo y autonomía?

Además, incluir espectáculos con show de comedia cuyos chistes perpetúan estigmas y desvalorizan a las mujeres contradice los principios de igualdad y respeto que Costa Rica, como firmante de tratados internacionales, se ha comprometido a promover.

Un llamado a la acción

Es necesario que las municipalidades, instituciones públicas y organizaciones culturales asuman la responsabilidad de garantizar que las actividades y representaciones que financian sean coherentes con un compromiso por la igualdad y la erradicación de la violencia simbólica. En su lugar, podrían promoverse actividades culturales que celebren la diversidad, rompan estereotipos de género y fomenten un mensaje positivo de equidad.

La magia navideña no necesita de princesas que atrapan a las niñas en roles limitantes, ni de chistes que desvalorizan a las mujeres. Lo que necesita son mensajes de esperanza, empoderamiento y respeto, para construir una sociedad donde cada niña y niño puedan soñar con ser quienes quieran ser, sin restricciones impuestas por narrativas anticuadas.

Este artículo busca invitar a una reflexión crítica sobre las decisiones culturales y sociales que tomamos como comunidad, y cómo podemos construir espacios libres de violencia simbólica, que fomenten una verdadera igualdad desde la infancia.

San Ramón, 3 de diciembre, 2024

Enid Cruz Ramírez, Coordinadora general de MUSADE

Chaves: además… misógino

Escrito en . Publicado en Derechos.

Frente Nacional de Lucha

Es preocupante el contexto nacional en que sólo en el 2024 se han duplicado los femicidios y casos de violencia contra las mujeres, producto de la falta de voluntad política, la agudización de la feminización de la pobreza y el debilitamiento de programas para prevenir y afrontar la violencia hacia las mujeres. Problemática que forma parte de una cultura patriarcal, capitalista, colonialista y racista donde la violencia simbólica y verbal junto a discursos de odio hacia las mujeres se han convertido en el “pan nuestro de cada día” gracias a un presidente que sobresale en sus reiteradas formas de arremeter contra la dignidad de las mujeres, deslegitimando toda iniciativa y movimiento que se impulsa para garantizar el respeto a los derechos humanos por una vida segura, libre de violencia; incluyendo a mujeres quienes, desde sus cargos políticos, ponen en duda su proceder.

Situación que tiene implicaciones mucho más profundas para la democracia y el desarrollo a nivel nacional, no solamente para las mujeres y otros grupos discriminados y estigmatizados, al ser parte de un fenómeno ético, sociopolítico y cultural de mayor complejidad. No debe sorprendernos si recordamos que fue elegido presidente de la República un individuo que en el 2019 el Banco Mundial sancionó por acosador sexual, según Resolución 649. Y paradójicamente dos días después, el entonces presidente Carlos Alvarado lo nombra ministro de Hacienda. 

La tendencia de Chaves dentro del populismo autoritario y políticas de estado misóginas va en sintonía con la lógica de poder de sujetos políticos como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y hoy Javier Gerardo Milei en Argentina, entre muchos; leales prototipos de la masculinidad hegemónica, en cuya actitud temeraria se autodenominan “héroes que combaten a los corruptos”, impulsando agresivamente proyectos y mecanismos de desmantelamiento y privatización de instituciones fruto de conquistas del pueblo, deslegitimando el movimiento social, comunal, sindical y popular. Así, garantiza un control social, político e ideológico contra aquellas mujeres que desafían el patriarcado y legitima los discursos que propician los femicidios, el abuso y la violencia en contra de las mujeres.

Chaves viola los Derechos Humanos de manera sistemática y hay incontables manifestaciones concretas en esta línea, sin embargo, su discurso es particularmente ponzoñoso cuando se refiere a las mujeres. Subrayamos solo algunas que datan del 2022: cuando el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) lamentó las declaraciones emitidas siendo candidato presidencial, donde afirma que prefiere que lo etiqueten de “cavernícola” antes de firmar un compromiso contra la violencia de género. En el 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres exigen el pleno respeto a sus derechos denunciando al presidente como gestor de un gobierno misógino y autoritario.

En ese mismo año, el 8 de junio en la Asamblea Legislativa, con 41 votos a favor y ocho en contra, se aprueba moción para instar a Chaves a no fomentar la violencia de género a nivel político. Un mes después la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, denuncia la violencia política de género ejercida contra ella y contra su hijo, mientras que, en noviembre, Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, continúa siendo víctima de persecución política por parte de él y la maquinaria estatal. A pesar de que durante el presente año, diputados y diputadas utilizan un lazo o pañoleta morado durante el Informe Presidencial de Labores, en protesta contra la violencia política hacia las mujeres, en marzo Chaves embiste con violencia política contra las legisladoras. Además, el reciente 7 de junio, en Zapote, sede de violencia de Estado contra las mujeres, manda a callar y obliga a desdecirse a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, con respecto al dictamen constitucional sobre la Ley Jaguar y el referéndum.

Tener un presidente misógino es un atroz ejemplo para la sociedad porque ostentando el puesto de más alta responsabilidad política, con sus actitudes y lenguajes atiza las violencias contra las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas y adultas mayores sin distinción alguna. Continuaremos denunciando las múltiples formas de violencia que se dan desde el gobierno costarricense contra las mujeres, paralelo a imponer proyectos y diferentes mecanismos para arrebatar al pueblo las conquistas que históricamente ha logrado. Así, reiteramos nuestra lucha en defensa de programas sociales, de la Caja Costarricense de Seguridad Social, del ICE, del agua, de la educación pública, de la justicia agraria, respeto al medio ambiente y al derecho de defender los pueblos indígenas sus territorios ancestrales; en síntesis, defendemos una vida con verdadera justicia social.

¿Vamos al estadio?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No más terminado el partido en Estelí en el que el equipo local venció por la mínima diferencia al Deportivo Saprissa flamante campeón vigente del fútbol costarricense, se desató en redes sociales un discurso sobre el ridiculo internacional y el drama que significó el resultado. 

Hablamos de un país que se asume potencia en el concierto del fútbol mundial, ubicado en la actualidad en el lejano puesto 46 del ranking elaborado por la transnacional empresarial FIFA.

Hablamos de un país futbolero en el que su ambiente se ha salpicado por recientes casos de racismo y discriminación.  Hablamos de un país tomado por la violencia producida por los poderes fácticos en colusión con ciertos poderes políticos que le han abierto un espacio para que gestionen el país a su antojo.

Desde este escenario se produjeron esos comentarios de drama y crisis nacional. No era posible que el Real Estelí de Nicaragua triunfara sobre Deportivo Saprissa de Costa Rica. Era inaudito. Inadmisible. La identidad nacional una vez más se había visto amenazada.

Lo que realmente debe llamar la atención, drama futbolero y nacionalista con tintes de superioridad social y cultural aparte, es lo producido en los últimos días en discursos vertidos en redes sociales. 

La comunidad nicaragüense radicada en Costa Rica (responsable en buena medida del 12% del Producto Interno Bruto) ha sido invitada a asistir al juego de vuelta a realizarse en el Estadio Ricardo Saprissa.

Imagen tomada de sitio Yashin Digital

Una rápida observación en comentarios en redes sociales a esta invitación nos vuelve a traer la racialización en los discursos, el tinte xenofóbico en algunos comentarios que relacionan comunidades donde vive una buena cantidad de población nicaragüense con pobreza, delincuencia e inseguridad y la supuesta superioridad biológica del costarricense en relación con la población nicaragüense.

Durante tres años la empresa de monitoreo de discursos COES a solicitud del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) ha llamado la atención acerca de la distribución de discursos de odio contra las poblaciones migrantes en redes sociales.

El humor pasivo agresivo, la broma que racializa, la referencia a espacio y migración, son referentes permanentes que deben llamar la atención. La violencia simbólica puede pasar a la agresividad física en cualquier momento.  

El llamado al respeto a la diferencia debe ser política pública declarada para lograr una sociedad mejor dispuesta a la convivencia. Por el momento la tarea está pendiente.