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Etiqueta: violencia social

El caso Celso Gamboa y su relación con la situación socio-política de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

Por: Allen Cordero Ulate1

1 Sociólogo, integrante del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Ex director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

El 23 de junio del presente año Celso Gamboa Sánchez, fue detenido a solicitud de la DEA de Estados Unidos; Administración de Control de Drogas. Esta detención se ha convertido en el acontecimiento político más relevante del momento. De todo se ha dado con este caso: el pueblo ríe; el gobierno se sacude; los partidos políticos ya nada tienen que ver con Celso; la DEA sale como el gran ganador. En fin: es pertinente que hagamos un análisis de este escándalo para ver qué conclusiones podemos extraer.

El pueblo ríe

La producción de memes con el caso Celso Gamba es impresionante: algunos muestran fotos de Celso con variados personajes de la política nacional; otros instan a Celso a “soltar la sopa”, o sea, a delatar a otros responsables; otros se burlan de las 10 enfermedades reportadas por este personaje para pedir traslado a una cárcel de mucho menor seguridad; etc. Queda la duda de hasta qué punto Celso Gamboa, a pesar de lo apestado que lo muestra alguna prensa, es un referente para ciertos sectores de la sociedad desaminados por la política actual, pero que ven en esta figura un modelo a seguir, dado su aire triunfador, su éxito en la política tanto legal como la ilegal. En algunos países o regiones los capos de la droga son prácticamente héroes.

Causas y efectos del caso Celso Gamboa

Este sonado caso se puede relacionar con variados aspectos de la realidad nacional e internacional. Sin duda tiene que ver con la situación política nacional pues se inscribe en una disputa de élites socio-políticas. Algunas de estas causas relacionadas con las luchas entre grupos dominantes son muy oscuras. También, tiene que ver con la realidad social del país donde la criminalidad asociada con trasiego y consumo de drogas se encuentra en el punto más alto de la historia nacional. Igualmente, puede relacionarse con aspectos de la economía nacional, donde algunos sectores poderosos se orientan a la economía relacionada con drogas como vía de acumulación de capital. Se puede pensar que hay vasos comunicantes entre la economía legal y la economía ilegal. Este caso también tiene que ver, aunque parezca increíble, con las relaciones internacionales en primer lugar con Estados Unidos. Veamos algunos aspectos de estas situaciones.

Impactos políticos

Los impactos políticos que está teniendo el asunto de Celso Gamboa es muy profundo. No obstante, es difícil saber cuál será el desenlace. Con el tema de las drogas se da paso a una suerte de política oscura o empañada. No se sabe claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Así como hay una economía “legal” con conexiones oscuras con la economía “ilegal”. Asimismo, se puede pensar, funciona la política: con personajes legales, tales son los casos de las autoridades políticas que se relacionan con otros personajes opacos que trabajan en el oscuro mundo de los negocios de las drogas. Al final los escenarios políticos lucen turbios, sean legales o ilegales.

Algunos de los puntos de tensión política más significativos de la coyuntura actual son los siguientes:

  • Conflicto gobierno versus partidos políticos de oposición.

  • Conflicto gobierno versus otros poderes estales (judicial, legislativo, y Tribunal Supremo de Elecciones).

  • Conflicto gobierno versus prensa tradicional y alternativa.

Parece un conflicto desigual pues enfrenta a un presidente que se muestra junto a una mujer fuerte diputada; enfrentados contra el poder de múltiples actores visibles o invisibles que se escudan tras las instituciones, los partidos políticos tradicionales y también en la prensa. Pareciera un conflicto donde el presidente y su principal aliada tiene todas las de perder puesto que “todo el mundo” está contra él y ella. Pero no es tan así, por el no tan simple hecho de que este equipo, goza de una amplia popularidad, que si bien se ha desgastado producto de su accionar político, está lejos de haberse destruido. Antes bien, representa un inminente riesgo de continuidad.

¿Qué tiene que ver el caso de Celso Gamboa con toda esta situación? En que el gobierno y en particular, la figura del presidente está siendo una de las más señaladas con vínculos con el apestado de Celso Gamboa. En las redes, por ejemplo, están circulando videos de cuando el personaje devenido en desgracia se dirige a la casa del presidente en el exclusivo condominio Monterán. También están siendo acusados funcionarios muy cercanos al presidente: un ministro y un asesor. El presidente niega su relación con Celso Gamboa, pero le están lloviendo múltiples acusaciones.

¿Irá a venirse el gobierno abajo con el caso Celso Gamboa? Pudiera venirse abajo jurídicamente pero no políticamente. Al menos en este momento. O sea, no se puede descartar que al presidente se le levante su inmunidad y se le vea sometido a una batería de juicios, o bien, que salga huyendo del país poco antes de terminar su mandato o inmediatamente después de terminarlo. Es posible y hay muchos rumores el respecto. A ciencia cierta es difícil emitir un pronóstico político respecto a Rodrigo Chaves. Pero lo que hasta el momento aparece con un importante grado de solidez es que sigue conservando una importante popularidad en sectores populares, principalmente de los barrios más pobres de la ciudad y de las provincias dejadas de lado por el “desarrollo nacional”: Limón, Puntarenas y Guanacaste.

En esto último que hemos dicho, “dejados de lado por el ‘desarrollo nacional´” está una de las claves del éxito populista de derecha de Chaves. Es decir, Chaves sabe utilizar muy bien el desencanto de las clases populares más pobres con la política tradicional. Es un desencanto muy profundo que tiene que ver con el propio subdesarrollo capitalista que ha venido hundiendo en la miseria y la ausencia de oportunidades para estos sectores, todo esto profundizado por las políticas neoliberales. Obviamente, los partidos tradicionales, incluyendo a los partidos “progresistas”, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), son corresponsables de la aplicación de estas políticas. También las instituciones adscritas al poder legislativo, y electoral son corresponsables de estas situaciones adversas. Chaves, hábilmente ha venido canalizando este descontento e incluso intentando dar golpes institucionales, cosa insólita, contra el poder judicial y otros poderes. La debilidad política de Chaves es que no ha logrado que el apoyo que aparece en las encuestas se traduzca en apoyo callejero.

Las políticas de Chaves son derechistas porque al mismo tiempo que se lanza contra grupos privilegiados, aplica las mismas políticas neoliberales, como es priorizar el pago de la deuda interna y externa, de manera simultánea que ahoga instituciones y políticas como la CCSS, el gasto social, en temas como educación y vivienda. Además, se apoya en prejuicios muy arraigados en sectores populares, como la homofobia, la defensa a secas de la vida, que en palabras llanas significa la oposición al aborto, la xenofobia, etc. Aparte de elementos subjetivos como es hablar en tono pachuco, violento, o en tono de guaro vaquero de cantina.

El alza en la criminalidad

El caso Celso Gamba también se conecta muy bien con el asunto del crecimiento de la criminalidad ya que tiene que ver con trasiego de drogas. Gran parte de las violencias está relacionado con asuntos de drogas.

El indicador más usado para medir la situación de criminalidad de un país es el de homicidios dolosos. Los últimos años muestran una fuerte tendencia al alza. Siendo el 2023 el año más violento de la historia con 905 homicidios. En el 2024, la cantidad de homicidios bajó muy levemente pues hubo 880 homicidios; 25 menos que el año anterior (Semanario Universidad, 6.01.2025). Pero, julio del 2024 fue el más violento de la historia nacional con 80 víctimas; un 17,5 más que en el 2023. (Semanario Universidad, 05.08.2024). Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/con-880-homicidios-2024-cerro-como-el-segundo-ano-mas-violento-de-la-historia/ y https://semanariouniversidad.com/pais/este-mes-de-julio-fue-el-mas-sangriento-en-la-historia-de-costa-rica/)

De acuerdo con algunos organismos especializados y también de lo que llega por fuente de la prensa y de los relatos, incluso vivenciales en nuestros barrios; buena parte de los homicidios se relacionan con temas de drogas. Así en un estudio, del Observatorio de la Violencia adscrito al Poder Judicial de Costa Rica, mostró que un 70% de los homicidios ocurridos en el 2024 tenían que ver con móviles de ajuste de cuentas o venganzas. El resto de los homicidios tenía que ver con discusiones o riñas (14%). El restante 16% se distribuía entre causas como la comisión de otro delito, la llamada “violencia doméstica” y otros. (Ver: https://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos)

En general, la vida social costarricense se ha hecho más violenta, principalmente relacionada con drogas como causa inmediata. Pero también por la realización de otros delitos o porque se utiliza la violencia para resolver diversidad de conflictos. Esta situación viene a afectar profundamente la calidad de vida de las personas que ven como un pasado con escasa violencia social se les escapa de las manos sin poder hacer prácticamente nada.

Otro indicador significativo de la violencia es la de género. En los dos primeros meses de 2025 se registraron 10 femicidios, o sea, la tercera parte de los ocurridos durante el 2024, año en que hubo 30 femicidios. (En: https://semanariouniversidad.com/pais/solo-dos-meses-del-2025-pais-alcanzo-una-tercera-parte-de-los-femicidios-del-ano-anterior/).

En un contexto como el de Costa Rica donde se supondría que los femicidios no existieran o tendieran a la baja, pues se supone que es un país avanzado en términos de relaciones de género, así como en términos de legislación; la situación es claramente adversa. Muchos de estos crímenes se revisten de formas de violencias extremas, donde las víctimas son sujetas de muertes muy dolorosas, alevosas, como descuartizamientos, entre otros.

Otro sector que no se debe olvidar cuando se hace un recuento de los efectos sociales de la criminalidad, definitivamente es la juventud. Una importante cantidad de víctimas viene de este sector. El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga así lo ha venido enfatizando. Este funcionario dio las siguientes cifras: “(es)…doloroso la cantidad de menores de edad que están falleciendo”, pues se están muriendo”. Se refiere a las víctimas del 2024. O sea, un 39,7% se trató de jóvenes entre los 12 y los 29 años. (Semanario Universidad, 06.01.2025).

Por su parte, el presente año, 2025, no pinta nada bien. De acuerdo con la OIJ, la cantidad de personas asesinadas hasta mayo del presente año ya superó la del 2024 la del 2023, para esta misma fecha, Esto significa que a mayo del 2025 se registraban 370 homicidios, siete más que el año anterior, en el cual ocurrieron 880 homicidios en total, el segundo peor registro en la historia, solo superado por el 2023.” (LN, 02.06.2025) En: https://www.nacion.com/sucesos/homicidios-en-costa-rica-en-el-2025-ya-superan-los/KWRZYFGGK5HIDFF5ZD3KKCT3CM/story/)

Economía del narco

De acuerdo con el “Informe Mundial sobre las Drogas 2025” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por las siglas en inglés); Costa Rica aparece entre las principales rutas marítimas para el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica.

Este informe se publicó el pasado 26 de junio. En el mismo se analiza el narcotráfico y el consumo de drogas en diferentes modalidades. Así, “…Costa Rica forma parte de una de las principales rutas del trasiego de cocaína proveniente de Ecuador, por aguas del pacífico. En tanto, en aguas caribeñas, la influencia es ejercida por los envíos desde Colombia.” Igual se indica que la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de estas rutas.

Todo esto en un contexto de economía internacional de la cocaína que muestra un crecimiento de la producción que sería envidiable para cualquier actividad económica. De acuerdo con el informe citado, la producción de cocaína a nivel mundial experimentó un crecimiento récord llegando en 2023 a 3738 toneladas, lo que significó un incremento de casi el 34% respecto al 2022. (CRHoy, 01.07.2025; En:https://crhoy.com/costa-rica-entre-las-principales-rutas-para-el-trafico-maritimo-de-cocaina-expone-informe-de-onu/). La razón de este crecimiento es por supuesto, el aumento exponencial del consumo en Estados y Europa. Además, es un mercado en expansión hacia países asiáticos y africanos. Se estima que actualmente hay unos 25 millones de consumidores en el mundo. En el caso costarricense también hay un mercado interno. Buena parte de la criminalidad nacional tiene que ver con mercado interno.

Las tasas de ganancia en este negocio parecen ser exorbitantes pues un kilo de cocaína en Costa Rica cuesta entre 4000 y 4500 dólares. En tanto que en Europa cuesta entre 30000 y 35000 dólares. O sea, unas 7,5 veces más. (El Observador, 18.06.2025).

Se han vuelto pan de cada día las noticias relacionadas con incautaciones de drogas. El gobierno dice que las incautaciones son históricas, mientras que las fuerzas críticas al gobierno denuncian que los decomisos han disminuido significativamente. Los cierto es que los cargamentos son impresionantes. Así, por ejemplo, una noticia reciente del 9 de junio 2025 informa de una incautación de 3500 paquetes de droga, esto es 3,5 toneladas. (La Nación, 09.06.2025). En: https://www.nacion.com/sucesos/cae-enorme-cargamento-de-cocaina-en-contenedores/OWET54SKLVCV7KNC4ARCQRSNME/story/). Por lo tanto, con un valor de entre 105 y 122,5 millones de dólares. En colones sería la gigantesca cifra de unos 5 mil millones, en caso de ser calculado al valor menor de 30 mil dólares el kilo.

No se tiene datos del valor de la droga realmente colocada en los mercados internacionales. Pero, los datos de las incautaciones pueden servir de indicativos para estimar los valores monetarios de lo que se está moviendo.

Volviendo al caso de Celso Gamboa, a quien la DEA lo tiene como el líder en Centroamérica del Clan del Golfo para Centroamérica, él estaría recibiendo entre 500 mil y 2 millones de dólares mensuales por sus servicios. (CRHoy, 03.07.2025) O sea, estamos al frente de un pez muy gordo. De acuerdo con la nota anterior Celso fue reclutado desde el 2019 por un grupo dedicado a este negocio. Aparentemente la DEA venía dándole seguimiento desde el 2020. Hasta que se culmina con la solicitud de extradición.

La DEA y el imperialismo

La Ley de Extradición, que permite la deportación de costarricenses por presuntos casos de narcotráfico y terrorismo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre del 2024. Contó con el voto afirmativo de 44 personas diputadas. No hubo ningún voto en contra. Las restantes 13 de diputaciones no votaron por oposición si no por ausencia. Incluso, el Frente Amplio, al que se le tiene por la oposición de izquierda, votó a favor de dicha ley por medio de las cuatro diputaciones que en ese momento estaban presentes en el plenario. De manera que así de fácil fue reformada la Constitución Política que expresamente en su artículo 32 prohibía la extradición de nacionales.

Solamente algunas voces aisladas denunciaron la Ley de Extradición diciendo que mediante esta reforma de la Constitución Política se le permitía a Estados Unidos ejercer plenas potestades sobre personas costarricenses para calificarlas de narcos o terroristas. Téngase en cuenta que Estados Unidos utiliza, especialmente el calificativo de “terroristas”, con amplia discrecionalidad. Por ejemplo, para Estados Unidos prácticamente por solamente simpatizar con la causa palestina se es terrorista.

Con la detención de Celso Gamboa ha quedado claro que eso era lo que buscaba Estados Unidos desde hace buen tiempo. Justamente el 4 de febrero del presente año, Marco Rubio en su visita a Costa Rica colocó como uno de sus principales puntos de agenda la “ayuda” de la DEA y el FBI para el combate del narcotráfico, hablando expresamente de involucrar estos organismos para trabajar conjuntamente a los equipos nacionales de seguridad. (El País, 04.02.2025). Cosa que, en lo que respecta al caso Celso Gamboa, ya venían haciendo desde el 2020.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha actuado en complacencia de Trump en esta y otras políticas. Este gobierno se manifiesta conforme su carácter completamente obediente a lo que le dicte Estados Unidos.

Si bien el imperialismo estadounidense se manifiesta muy cauteloso en sus relaciones internacionales, principalmente cuando se habla de China, en el caso de Centroamérica no ha tenido empacho en golpear la mesa obteniendo lo que quiera. Ha sido la tónica de casi todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, que ejecuta una política internacional oportunista pues si bien no rompe con Washington, al mismo tiempo profundiza sus relaciones con China y Rusia. Por su parte, en Panamá ha habido una huelga de personas profesoras y maestras que ha durado más de dos meses, y numerosas protestas a los largo y ancho del país, siendo uno de sus puntos el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Por tanto, en Panamá, las políticas de Trump están contribuyendo fuertemente a la crisis nacional. Panamá muestra el camino de la resistencia y la lucha social.

La Ley de Extradición es una muestra de cómo el imperialismo impone su voluntad política en un país semi colonial como lo es Costa Rica. Donde existe un gobierno completamente servil a lo que dicte el amo del norte.

¿Debería tener el movimiento obrero y popular un conjunto de políticas sobre temas como los de Celso Gamboa?

Claro que sí. Debería tener políticas para enfrentar este tipo de acontecimientos. No solamente para este caso si no para otros asuntos que se conectan con el tema del tráfico de drogas y la criminalidad. Hoy en día el caso Celso Gamba es el que articula la coyuntura política. No sabemos a esta altura si Celso será extraditado o no. Ni cuál será el desenlace de este caso. Pero de lo que si se puede estar seguro es que, en el marco de la economía y la política nacional e internacional, casos similares o conectados, tendrán lugar. Por tanto, es necesario formular políticas para enfrentar la situación.

Un nivel de política puede plantearse en el terreno de la comprensión o explicación del fenómeno. Debemos procurar dar herramientas analíticas críticas al pueblo. Deberíamos poder explicar cómo el narco se inscribe como un eje de acumulación de capital que es aprovechado por grupos dominantes muy poderosos. No podemos creer a los cárteles de las drogas y sus jefes. Los “Celso Gamboa” no deben ser un modelo a seguir. Entendemos que explicar también significa escuchar las voces de nuestros pueblos. Para explicar mejor debemos escuchar.

También en el campo más inmediato de la subsistencia de las personas jóvenes, que constituyen la carne de cañón de los cárteles y las pandillas, deberíamos explicar pacientemente que hacerse integrante de las pandillas que sirven al narco o la criminalidad no resuelve sus problemas de fondo. Más bien puede ser el camino expreso a muertes prematuras. El camino es luchar por empleo de calidad, educación y salud. En última instancia hay que luchar por cambiar la sociedad como un todo, a favor de las clases desposeídas. En mi caso pienso que el socialismo es la solución. Pero debemos dialogar con la juventud trabajadora y desempleada, así como otros sectores, para ver qué proponen y cómo se puede conseguir lo que proponen.

Igualmente, a nivel de las comunidades y los territorios el pueblo debería organizarse en Comités de Seguridad Popular, que trabajen en el campo preventivo de la delincuencia. Algunas tareas de estos comités necesariamente son de seguridad, pero otras tareas conectadas irían en el campo de la mejora de la calidad a nivel a nivel comunitario: centros para deporte y cultura, empleo, acceso a la educación entre otras reivindicaciones sentidas.

Pronunciamiento: Sobre la violencia social y su impacto en la salud mental – Colegio de Profesionales en Psicología

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.

Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.

Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.

Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.

Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.

Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:

  1. Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.

  2. Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.

  3. Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.

  4. Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.

  5. Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

La violencia en la dominación política

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar

En el presente son diversas las expresiones conceptuales que tratan de caracterizar la violencia en la dominación política, en el espacio nacional y global, las cuales se usan indistintamente de las formas que adoptan e independientemente de sus contextos, historia y modos como se ejecuta social o clasistamente en las sociedades. Si bien, los diferentes modos violencia, tienen aspectos en común, más allá del enfrentamiento, también debe agregarse que las diferentes formas de violencia no están restringidas a determinadas modalidades, varían según las circunstancias y los contendientes. Así, quienes interpretan la violencia por sus formas, no comparten similares conceptualizaciones ni caracterizaciones.

Reflexionar inicialmente sobre la violencia habría que afirmar que la violencia forma parte constitutiva de la existencia de los seres vivos, es una reacción ante el peligro contra su existencia, o por las condiciones que ponen en riesgo la situación y condición de vida generada por eventuales contendientes. Esto es, la violencia no tiene su origen en sí misma, es propiciada por factores externos, es una acción o reacción agresiva entre actores, donde la razón no constituye argumento para dialogar, diferir, persuadir, conceder o resolver el antagonismo entre los actores en disputa.

La violencia es el lenguaje de salvajes, donde la liquidación física o formal del adversario, es el medio para arrebatar o lograr lo deseado, independientemente de las posibles consecuencias propias y ajenas.

La violencia y sus formas están directamente relacionadas con el contexto donde transcurre y evoluciona, como también en relación con las capacidades organizacionales de las clases o grupos de interés enfrentados violentamente. De este modo, sofocar o erradicar las formas de violencia en la sociedad no son asuntos que se autodefinen, trascienden la belicosidad de los grupos antagonizados. De este modo, creer que existen grupos son intrínsicamente violentos, que deben ser erradicados o exterminados, es un absurdo argumento, que se emplean en medios racistas y genocidas, que se auto justifican, para configurar una violencia infinita entre grupos y pueblos. El exterminio de grupos étnicos, o la violencia social contra los pueblos son creaciones intencionales que ocultan propósitos irracionales e ilegítimos contra la humanidad.

En las formas del ejercicio indiscriminado de la violencia contra los subalternos y grupos que consideran inferiores o contra aquellos que se consideran transgresores del orden constituido, son actuaciones vinculadas con la naturaleza social del Estado, quien tiene el monopolio legitimo de la violencia y que posee todos los medios para regular, controlar e incluso promover, inmune e impunemente, la represión selectiva o generalizada en los contextos sociales del poder, el cual en muchos casos, ha sido una facultad usada para derrocar Estados que representaban el interés general de la sociedad, así como es aún, el medio para que poderes externos transgredan las facultades, derechos y liquiden gobiernos, como hoy son amenazados por la potencia militar, política y económica norteamericana.

El control de la disponibilidad, posesión y del uso de instrumentos de represión y muerte, en la actualidad son vitales y el último recurso para garantizar la dominación y el sometimiento de los pueblos, por ello están exclusivamente concentrados y centralizados en entes y personajes confiables y privilegiados para el mantenimiento absoluto del statuo quo.

No obstante, el Estado no es el único ni exclusivo poseedor de los instrumentos de represión y muerte, en una sociedad contradictoria en permanente antagonismo en las clases y entre clases sociales, en un contexto que no está al margen de la posesión y mercantilización de las armas ni de la actuación beligerante en el medio nacional o internacional. La violencia individualizada o colectiva, es una latente e impredecible posibilidad, con una regularidad que no tiene pausa, que se recrea y es promovida como inherente de la sociedad, para ser configurada como un enfrentamiento de todos contra todos, para que el poder quede incólume y tiranizado, convirtiendo a la violencia y sus actores en medios ideológicos y fácticos del miedo para la dominación. La violencia delincuencial internacional de los carteles de las drogas y otros, no están excluidos de esas tendencias, por el contrario, son parte del proceso porque nutren el mercado de los capitales que controlan las finanzas mundiales y contribuyen con el miedo social, al sacrificar y asesinar a miles de compradores, vendedores y competidores.

Los poderes del Estado como expresiones del poder de intereses de la clase global, en ámbitos de democracias aparentes, tienden en la actualidad a ser unificados, liquidando autonomías en su quehacer institucional para establecer corruptas y cínicas tiranías totalitarias que controlan caótica y delincuencialmente las sociedades, como ocurre en el Perú, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, así como se intenta en Ecuador, Bolivia, Costa Rica, entre otros. En este escenario los funcionarios estatales se convierten en los ejércitos civiles del totalitarismo, con el resguardo militar y policial. Un relativo cambio en el protagonismo de las fuerzas del poder estatal que cumplen funciones similares de protección de la institucionalidad clasista, con creciente explotación, corrupción e inequidad en la desigualdad societal. De este modo el Estado se convierte en un ente administrativo privilegiado del poder y de los capitales mundiales, que con leyes, decretos y mayorías parlamentarias, gobiernan e enriquecen contra la ciudadanía, pueblos y naciones.

Pronunciamiento: La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Ante la creciente ola de violencia que, en sus diversas manifestaciones, viene sufriendo la población costarricense, retomando la inquietud de una cantidad significativa de sus integrantes acerca del particular y al tenor de la responsabilidad y el compromiso ético de nuestro Colegio, la Junta Directiva del CPPCR, da a conocer públicamente las siguientes consideraciones y propuestas.

Partiendo de que:

  1. Todos los indicadores de violencia muestran una curva de crecimiento a lo largo de los últimos años, con un nivel de generalización que abarca prácticamente cualquiera de sus formas de manifestación.
  2. La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas.
  3. La violencia social se manifiesta de diversas formas, con diferentes actores y escenarios. Sin perjuicio de ello, esa violencia debe ser asumida de manera integral, tanto en sus consecuencias como en sus múltiples orígenes.
  4. Al tener diversas y complejas manifestaciones, resulta contraproducente y peligroso reducir estos grandes fenómenos a una visión “psicologista” de la realidad. Es decir, si bien algunas situaciones pueden y deben ser explicadas y afrontadas con individuos concretos, con sus propias vicisitudes y su “mundo interno”, ello no puede ser desprovisto de su contexto socio histórico que le da sentido. La explicación y abordaje de la violencia incluye una dimensión subjetiva, pero no se agota ahí, debe incluir las condiciones objetivas que la determinan y la explican. Por lo tanto, es imprescindible acudir a una perspectiva social más amplia, que involucra a otras disciplinas y saberes.
  5. La generalización de esta violencia necesita considerar el deterioro de la calidad de vida del grueso de la población. Desde la década de los noventa, todos los indicadores apuntan a un alarmante aumento de la brecha social y un sistemático deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Pasamos de ser un país con amplios sectores medios y baja inseguridad, a ocupar actualmente uno de los peores lugares en América Latina y entre los países de la OCDE. Factores íntimamente asociados a este creciente deterioro son el sistemático recorte de los programas sociales y la concentración de políticas dirigidas a favorecer a pequeños sectores orientados por el clientelismo político, así como el favorecimiento de crecientes procesos de corrupción.
  6. Es evidente que el sistema le ha fallado a amplios sectores de la población, por lo que es evidente un creciente cansancio en la gente, que lleva al resentimiento, al enojo, a la desesperanza y a su escalamiento al no ver resueltas sus necesidades más básicas y al sentirse engañados por la clase política del país. Estos sentimientos son un perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de una cultura de violencia.
  7. Al mismo tiempo, la decepción, el desencanto y el enojo favorecen a su vez alternativas políticas de tipo autoritario, aderezadas con el creciente y alarmante papel del narcotráfico en nuestros países, en los que montan su negocio y reclutan a personas, sobre todo jóvenes. Estas circunstancias han acelerado el proceso de normalización de la violencia y ayudan a legitimarla como forma de interacción social habitual.
  8. Dentro de esta dinámica de creciente violencia, se comprueba el redireccionamiento de las emociones negativas hacia grupos determinados que reciben con más énfasis la carga afectiva y los procesos de exclusión, dirigidos principalmente contra la niñez y la adolescencia, contra personas con discapacidades, contra personas migrantes, contra las mujeres, contra personas LGBTIQ+ y contra personas adultas mayores, entre otras. A este respecto, es sobrecogedora y en niveles de agresividad. Las acciones dirigidas a individuos particulares deben ser entendidas en ese contexto sociocultural más amplio.
  9. A todo lo anterior se abona la actual dinámica de las redes sociales, en las que fácilmente se acusa, se juzga y se sanciona a cualquiera, con derivaciones tan serias como, por ejemplo, el suicidio en personas adolescentes. Del mismo modo, debe contemplarse el aparato mercadológico cada vez más sofisticado y orientado a generar y reforzar patrones compulsivos de consumo, mediante el reforzamiento sistemático de hábitos, actitudes y comportamientos contrarios a una cultura de paz.

Dado lo anterior:

  1. Esta JD se compromete a fomentar, con carácter de urgencia, una amplia participación del conjunto de colegas en unas jornadas de reflexión que permitan, en un diálogo abierto, un análisis profundo de toda esta situación y en la construcción de las mejores alternativas de enfrentamiento. También se compromete a incorporar y gestionar las recomendaciones que se deriven de este proceso de análisis.
  2. Esta JD hace una excitativa general a sus integrantes para que, en sus actividades profesionales tomen como tarea urgente la reflexión y la toma de las medidas que sean posibles en aras de fomentar relaciones humanas más empáticas y solidarias. Esto como un imperativo ético y de responsabilidad de nuestro quehacer.
  3. Hacemos una alerta máxima ante la violencia de género, dadas las características y la dinámica de ensañamiento que está tomando. Las medidas por tomar tendrán que abarcar las de corto, mediano y largo plazo, ampliando o rectificando lo hecho hasta el momento.
  4. Instamos a la prensa y a la población que accede a las diferentes plataformas a tener el mayor cuidado en el momento de publicar y exponer escenas de agresiones, mutilaciones y asesinatos. La exposición a estos materiales puede conducir a exacerbar procesos de modelaje de ciertas conductas y a aumentar la sensación de inseguridad. Así mismo, exhortamos a las personas colegiadas que sean entrevistadas en medios, para que no repliquen visiones cortoplacistas, simplificadas o hiper individualistas de este doloroso y complejo fenómeno.
  5. Exhortamos a toda la población a que procure desarrollar una cultura de paz y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. El Colegio tiene a disposición el Centro Integral de Resolución de Conflictos (CIREC) que, a cargo de profesionales con capacitación y amplia experiencia, puede colaborar para ese propósito.
  6. En nuestro criterio, debe haber una mayor inversión en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad y los organismos de investigación. Por lo tanto, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado al gobierno para que modifique sus políticas sociales. También hacemos una clara advertencia acerca de las consecuencias al corto, mediano y largo plazo de no rectificar la línea que está imponiendo. De no modificarse la orientación actual, pronosticamos un empeoramiento de la situación en dimensiones y consecuencias insospechadas.

Comisión AD-Hoc para el abordaje de la Violencia Social en Costa Rica del CPPCR.

Fuente: https://psicologiacr.com/pronunciamiento-la-violencia-social-constituye-una-de-las-principales-condiciones-que-deterioran-la-salud-mental-y-el-bienestar-integral-de-las-personas/

Compartido con SURCOS por Marco Vinicio Fournier.

UCR: Costa Rica debe atender la violencia social desde una propuesta integral

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).

Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática

Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.

En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.

Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la  mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.

Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.

Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.

Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.

La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).

“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.

En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.

Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.

“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer  la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.

Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.

Para ver la exposición completa de la experta puede ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR

El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.

Colombia: Rechazan amenazas contra la vida de defensores y defensoras de DD.HH integrantes del Pacto Nacional Por la Salud y la Vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.

En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.

Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.

El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.

La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.

Por eso exigimos;

Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.

También solicitamos a:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.

Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.

Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,

– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública.
– Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ).
– Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.
– Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta.
– Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS).
– Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT).
– Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá.
– Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME).
– Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología.
– Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Alicia Milena Torres, profesora universitaria.
– Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia.
– Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia.
– Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria.
– Ana Marcela Bueno, docente universitaria.
– Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF).
– Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados.
– Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral.
– Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC).
– Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina.
– Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS).
– Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila.
– Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN).
– Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá.
– Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga.
– Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR).
– Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking.
– Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS).
– Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA)
– Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana.
– Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina
– Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional.
– Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina.
– Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur.
– Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida.
– Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE)
– César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut.
– Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social.
– Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL).
– Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria.
– Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador.
– Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia.
– Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE).
– Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia.
– Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia.
– Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC).
– Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona.
– Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia.
– Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
– Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
– Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Corporación Grupo Guillermo Ferguson.
– Cristina Ruiz, Argentina.
– David Cuéllar Gálvez, profesor universitario.
– Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH.
– Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga.
– Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia.
– Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva
– Diego I. Lucumí, profesor universitario.
– Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN).
– Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME).
– Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
– Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín.
– Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE).
– Elba Luz Martínez, docente universitaria.
– Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil.
– Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
– Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G).
– Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
– Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador.
– Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria.
– Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES).
– Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia.
– Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM).
– Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca.
– Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia.
– Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP).
– Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente.
– Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO).
– Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN)
– Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD).
– Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México.
– Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá.
– Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC).
– German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia
– Gilberto Ríos, Uruguay.
– Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC).
– Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia.
– Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
– Gloria Leal, profesora universitaria.
– Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Haydali Rodríguez, profesora universitaria.
– Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD).
– Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín.
– Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia.
– Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI).
– Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria.
– Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL.
– Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
– Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
– Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario.
– Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá.
– Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos.
– Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción.
– Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador
– José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios.
– José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana.
– José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB).
– José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
– Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL).
– Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana.
– Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina
– Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas.
– Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA).
– Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ).
– Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR).
– Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR).
– Katia Cesa, Brasil.
– Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores
– Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS).
– Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario.
– Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados.
– Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia.
– Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
– Luz Marina Suaza, profesora universitaria.
– Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina
– Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores.
– Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina.
– Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO).
– María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
– María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá.
– María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS).
– María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua.
– María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY).
– María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia.
– Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria.
– Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz.
– Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile.
– Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB).
– Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación.
– Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP).
– Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial.
– Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP).
– Maylen Rojas, doctora en epidemiología.
– Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería.
– Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud.
– Mesa Ecuménica por la paz (MEP).
– Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA).
– Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES).
– Miguel López, comunicador social.
– Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
– Sandra Milena Montoya, profesora universitaria.
– Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina.
– Miryam Rico, presidentes, ACCES.
– Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil.
– Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento.
– Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana
– Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia
– Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización.
– Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI).
– Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI)
– Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador.
– Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT).
– Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia.
– Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
– Nora Aller, odontóloga, Argentina.
– Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).
– Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito.
– Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología.
– Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela.
– Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD).
– Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC).
– Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora
– Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina.
– Patricia Uribe, profesora universitaria.
– Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional.
– Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia.
– Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Red Colombiana de Salud Perioperatoria.
– Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz)
– Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ.
– Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador.
– Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá.
– Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública.
– Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria.
– Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia.
– Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE).
– Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina.
– Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT).
– Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina.
– Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia.
– Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia.
– Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria.
– Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC).
– Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria
– Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección.
– Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina.
– Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia.
– Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá
– Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT)
– Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República.
– Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista.
– Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina
– Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC).
– William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).
– William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial.
– William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST).
– Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador.
– Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia.
– Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.

Encuentro Nacional rumbo al Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

DECLARACIÓN

La actual pandemia por el COVID–19, impuso sobre la sociedad, un confinamiento generalizado a nivel mundial sin precedentes. De esta forma, logró inmovilizar, aunque no completamente, a los diversos movimientos sociales anticapitalistas, de tal modo que cimbró sus lógicas organizativas y de resistencia política. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los gobiernos para favorecer a las corporaciones del capitalismo informático.

Es urgente que los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura, los académicos y los estudiantes, los movimientos sociales y populares, reinventemos y re-articulemos nuestras formas de lucha para defender la escuela pública, la cultura, la ciencia y la tecnología para poner en el centro el desarrollo humano y no el capital humano.

La pandemia paralizó los procesos educativos en el mundo. Más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes suspendieron de manera abrupta las actividades en las escuelas y las aulas. En el caso mexicano, donde la mitad de los hogares no cuentan con computadoras ni con conexión a internet, fueron excluidos tres de cada diez estudiantes de la estrategia de educación oficial, y los que sí lograron participar, fueron expuestos a una educación virtual precaria, excluyente, bancaria y sin un método de aprendizaje creativo ni crítico. Este escenario en el que la educación en la escuela se desplazó al hogar con tiempos rígidos y actividades que invaden sus dinámicas cotidianas, tensó una crisis emocional y afectiva entre los alumnos y sus familias. A partir de este escenario sociopolítico, se agudizó la desigualdad económica, cultural y digital, así como la violencia social y de género.

Concebimos la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología como bienes públicos y derechos humanos universales, por tal motivo nos pronunciamos por el pleno cumplimiento de la universalidad y gratuidad en su acceso y disfrute, para lo cual se requiere un incremento del presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

También nos pronunciamos por la eliminación de todas las políticas y programas del neoliberalismo, que han promovido la privatización y mercantilización de la educación, la ciencia y la cultura. En ese sentido, demandamos la eliminación del sistema híbrido, público-privado, porque prioriza las certificaciones y acreditaciones antes que la vida y el desarrollo pleno de la salud, del aprendizaje necesario y urgente, además de promover la estandarización de la educación; porque refuerza la visión gerencial y de la reproducción de las desigualdades, al estar basado en una noción de la calidad y de excelencia, desde una perspectiva economicista y tecnocrática.

Igualmente denunciamos el uso de la pandemia para reforzar la tendencia privatizadora de la ciencia y la cultura en la educación, por medio de plataformas virtuales comerciales y de contenidos sesgados por la visión corporativa de los dueños de los espacios digitales. El capitalismo de plataformas construye la desigualdad social en el acceso al conocimiento y la comunicación, produce un apartheid tecnológico, una clase de infopobres en la que los niños y jóvenes marginados, así como los trabajadores precarizados, no pueden resolver el problema del equipo y la conectividad.

EDUCACIÓN BÁSICA

En el caso de México se entregó la rectoría de la educación, inicialmente a Google para que 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes fueran el mercado cautivo de la transnacional de las tecnologías digitales; en una segunda fase de la educación remota se pactó con la oligarquía de las televisoras privadas y como consecuencia su rescate económico y moral, tras una caída constante de credibilidad por sus filas conservadoras durante cuarenta años de neoliberalismo.

En contraste, se impulsa un recorte brutal a la formación inicial y continua de los docentes. Contrariamente a los preceptos constitucionales y al Plan Nacional de Desarrollo, en los que se establece el reforzamiento de las escuelas formadoras de docentes y la revalorización del magisterio, el proyecto presupuestal de egresos de la federación para 2021 contempla un recorte de 95.3% a las escuelas normales y a la universidad pedagógica nacional; para el desarrollo profesional de los docentes en el servicio educativo se proyecta un recorte del 89% y para capacitación un 49%. Las corporaciones del capitalismo informático van por el desplazamiento del magisterio, por un amplio mercado de productos educativos digitales y por la eliminación de la escuela física y presencial.

Consideramos que los preceptos bajo los cuales se confeccionó la actual reforma educativa no lograron desarraigar las imposiciones del neoliberalismo y mantienen criterios empresariales en la política educativa nacional. Por ello, no aceptamos ningún tipo de educación o de política que limite el ingreso y la permanencia de los estudiantes al Sistema Educativo y reivindicamos la lucha por la democratización de nuestro país, de la educación pública y los sindicatos.

Los trabajadores de la educación mantenemos la exigencia de ser tomados en cuenta para la aportación de propuestas para la elaboración de contenidos, diseño de actividades escolares, estrategias de simplificación administrativa y todo lo que se relacione con el quehacer educativo. Sostenemos el principio de la comunicación y la convivencia humana como el medio para la difusión, el diálogo y la construcción de los saberes y los aprendizajes.

Nos reiteramos educadores populares, porque enseñamos aprendiendo entre maestros, alumnos y padres de familia, en las comunidades y en la ciudad, a partir de la realidad de la comunidad escolar y para beneficio de la población en general. De acuerdo con ello, seguimos proponiendo y reinventado formas de educación alternativa para llegar hasta los lugares más olvidados, porque promovemos la emancipación de las personas y sus comunidades a través de una educación que fomenta la colectividad, la solidaridad, la empatía, el respeto por el medio ambiente, el pensamiento crítico, la búsqueda del bien común, el amor y la ciudadanía patriótica.

EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

Reivindicamos un proyecto de educación superior basado en las organizaciones colectivas de los trabajadores académicos, administrativos y estudiantes, que promueva una sociedad igualitaria, una formación integral y humanista, con pleno respeto a los derechos de todas y todos; que desarrolle el pensamiento crítico y creativo por medio de pedagogías críticas y liberadoras, además de responder a las grandes necesidades nacionales.

Sostenemos que las instituciones de educación superior deben ser espacios de libre ejercicio de los derechos, por lo que deben funcionar de manera democrática y gozar de una autonomía sustantiva cuyo ejercicio se debe garantizar con un subsidio público suficiente, oportuno e incondicional de carácter transexenal, no menor a los porcentajes recomendados por los organismos multilaterales como la UNESCO o la propia ONU. La autonomía debe comprender la libertad de cátedra e investigación, el autogobierno, la libertad de pensamiento y de expresión y la armonía con los derechos colectivos laborales de asociación y negociación colectiva en el plano nacional.

Demandamos condiciones de trabajo dignas para los trabajadores académicos y administrativos; un programa amplio de recuperación salarial y la eliminación de los programas unilaterales de estímulos mediante su incorporación al salario pactado bilateralmente; además de un ambicioso programa de creación de plazas de tiempo completo y de estabilidad laboral, para eliminar la precariedad en que laboran miles de profesores.

Asimismo, demandamos el respeto a las organizaciones colectivas de los trabajadores universitarios y su incorporación en las grandes discusiones nacionales sobre el proyecto de educación superior que requiere el país y sobre las políticas que se impulsarán en el sector.

Exigimos a las cámaras de diputados y senadores, así como a la SEP, que los centros, escuelas o proyectos comunitarios de las Universidades Alternativas, sean reconocidos en la Ley General de Educación Superior, como lo son las universidades privadas y públicas. Esto es una medida necesaria para alcanzar la equidad e incrementar la cobertura del nivel educativo sobre todo en poblaciones pobres, aprovechando el saber, la organización social y la cultura autogestiva de los pueblos. Además, proporcionar a estos estudiantes becas, en igualdad de circunstancias que las Universidades Benito Juárez.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

La formación de vocaciones científicas y para la investigación inicia desde la educación básica. Fortalecer la educación desde sus cimientos con una visión de futuro y conciencia de clase de todas las áreas de las ciencias y tecnologías, es fundamental para el desarrollo integral del país.

La investigación científica requiere una formación con integridad, madurez intelectual y respeto por los principios éticos. Implica una formación sin discriminación por razones de raza, color, ascendencia, sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, origen étnico, origen social, posición económica o social de nacimiento o discapacidad. Además, que todos los ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades de educación y formación iniciales que califican para poder realizar carreras de investigación y desarrollo tecnológico, con acceso a los empleos no precarizados en la investigación científica.

Los programas de posgrado son formadores de científicos; sin embargo, tienen un alto índice de rechazo de aspirantes, lo que cancela la posibilidad de incrementar la planta de trabajadores científicos. Es indispensable incrementar los espacios para científicos en formación, teniendo programas de apoyo en el inicio y durante el desarrollo de su carrera; que cuenten con becas, movilidad y demás acciones afirmativas necesarias para suprimir la desigualdad de oportunidades, subsanar las desigualdades del pasado y los patrones de exclusión; fomentar en particular, que las mujeres y las personas de otros grupos con baja representación, tengan la posibilidad de realizar carreras científicas.

La formación científica debe promover las responsabilidades sociales del científico, y a su vez garantizar el acceso equitativo y libre a la literatura, los datos y los contenidos. Se necesita fortalecer la enseñanza de todas las ciencias; incluir elementos interdisciplinarios en los programas de estudios y en los cursos, considerando las dimensiones éticas de la ciencia y la investigación, así como la integridad intelectual, esto con el fin de que los científicos participen de los procesos colectivos de apropiación social del conocimiento, para contribuir efectivamente a la toma de decisiones públicas y la atención de problemas sociales prioritarios.

CULTURA

Los trabajadores del sector cultura, nos encontramos en un contexto muy particular con la creación de la Secretaría de Cultura Federal (SCF) que en el actual gobierno desarrolla una política cultural, que denota una continuidad de la instrumentada por los anteriores gobiernos neoliberales: 1) reducción del presupuesto para el sector y 2) la total apertura a la iniciativa privada, las denominadas industrias culturales, en áreas sustantivas del Estado, como son educación artística, investigación y protección del patrimonio cultural.

Concebimos la cultura como un campo indisoluble de la educación y como estrategia para el desarrollo integral de los ciudadanos; pero, hoy esta visión está amenazada por los preceptos de una “Ley General de Cultura y derechos culturales” que privilegia conceptos como: desarrollo cultural, fomento cultural, turismo cultural, gestión cultural, entre otros, que tienen como fin la disminución de la obligación del Estado de brindar a la población acceso a la educación y al disfrute del arte y la cultura.

México es un país rico en características culturales y fue ejemplo para el mundo en el fortalecimiento de instituciones dedicadas a ello, debido a su conformación pluricultural (multiétnica y plurilingüística); no obstante, los procesos económicos, políticos y sociales que actualmente tienen lugar en el mundo globalizado, ponen en riesgo el conjunto de valores culturales y educativos de nuestro país.

Ante este escenario, los trabajadores del sector cultura, junto a los demás sectores, necesitamos organizarnos colectiva y solidariamente en la defensa del patrimonio cultural, energético y natural; sobre todo porque debemos retomar la lucha histórica de todos aquellos ciudadanos, académicos, sindicalistas y demás luchadores sociales que nos antecedieron.

En el ámbito educativo, en relación a la enseñanza artística y la identidad cultural, con el objetivo de promover la organización del sector cultural a nivel internacional, solicitamos proponer en el próximo Congreso Mundial de Educación, la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura, en el que se pueda expresar el panorama internacional, para plantear posibles soluciones que permitan enfrentar de manera global los problemas educativos y laborales que atañen al sector cultural en el mundo.

Consideramos que estamos en un estado de emergencia, por lo que se debe formar un frente amplio para trabajar en la elaboración de un proyecto nacional de cultura, que contemple la creación de observatorios públicos de las políticas culturales en conjunto con las universidades nacionales y luchar que por ley el presupuesto para la cultura no sea menor a lo recomendado por la ONU, en contraparte de la política gubernamental de reducción que ahoga a este sector. Por último, debemos trabajar y luchar por la creación de un órgano consultivo que esté integrado por representantes de los trabajadores de la cultura.

En este contexto, el “Encuentro nacional, rumbo al I Congreso Mundial en defensa de la Escuela Pública y contra el neoliberalismo, DECLARA:

Que pugnamos por una verdadera educación impartida, financiada y asegurada por el Estado para toda la población; que sea pública, humana, emancipadora, crítica, universal, laica, multicultural, incluyente y respetuosa de la diversidad de género. Por tal motivo, rechazamos de manera enérgica los recortes presupuestales a educación, cultura, ciencia y tecnología.

Que convocamos a la unidad de los trabajadores de la educación, ciencia y cultura y a toda la clase trabajadora para defender los derechos sociales y humanos, que han sido vulnerados en este periodo de pandemia.

Qué hacemos patente nuestra exigencia para que se creen las condiciones de un regreso seguro a las actividades escolares, con la infraestructura y equipamiento mínimo para garantizar las medidas sanitarias y de una buena educación.

Que no permitiremos un regreso de esta emergencia sanitaria a la normalidad del explotador y el explotado, porque esta pandemia debe servir para dejar en claro la necesidad de reintegrar su verdadero valor al ser humano, escamoteado por el neoliberalismo y la proliferación del consumismo y la depredación.

¡En defensa de la educación, la ciencia y la cultura para todos y todas!

18 de septiembre de 2020