Un país que cambió, una Iglesia que debe escuchar…
Glenm Gómez Álvarez, Pbro.
Costa Rica ha entrado, casi sin advertirlo, en una etapa en la que lo local empieza a tener alcance nacional, y lo nacional se vive con una cercanía antes impensable.
En el cantón de Garabito, por ejemplo, ha surgido una discusión que habría parecido improbable hace algunos años: la posibilidad de regular —e incluso legalizar— ciertas actividades hoy situadas en los márgenes de la legalidad, como respuesta a la violencia, la informalidad y la búsqueda de nuevos recursos para la inversión social. Lo relevante no es solo el contenido del debate, sino el hecho de que algunos territorios están comenzando a redefinir, desde sus propias urgencias, sus formas de supervivencia social, en una relación cada vez más compleja con el Estado, cuyas capacidades de respuesta no siempre logran acompañar la velocidad ni la densidad de estos cambios.
En ese desplazamiento progresivo entre lo local y lo nacional, entre lo institucional y lo territorial, se inscribe también la realidad que enfrenta hoy la Iglesia Católica en estas mismas regiones: no como actor externo, sino como presencia que comparte el mismo tejido social, con sus tensiones, sus vacíos y sus búsquedas de sentido.
En ese territorio —que forma parte de la Diócesis de Puntarenas— la Iglesia ha hecho público esta semana el nombramiento de su nuevo obispo. El acontecimiento, que en otro contexto se leería casi exclusivamente desde su dimensión eclesial, aparece ahora situado en un escenario más amplio y más áspero: desigualdad persistente, conflictos sociales, fragmentación del tejido comunitario y una creciente dificultad para nombrar lo que está ocurriendo sin simplificarlo. Y en ese mapa, Garabito no es una excepción, sino una expresión visible de esas tensiones.
Hay lugares —Crucitas es uno de ellos— donde el mapa administrativo se vuelve insuficiente para explicar lo que ocurre en el terreno, bajo la jurisdicción de la Diócesis de Ciudad Quesada. Allí, las fronteras parecen más porosas que en los documentos: lo que se define en el papel como ordenado, en la práctica se desborda.
La zona ocupa espacio en la agenda pública por la persistencia de la minería ilegal en la frontera norte. Operativos policiales, destrucción de campamentos, decomiso de maquinaria y la apertura constante de nuevos frentes de extracción describen un territorio marcado por una tensión permanente entre intervención estatal y reconfiguración constante del delito. No es un conflicto nuevo, pero sí cada vez más complejo. En ese escenario, donde la institucionalidad aparece sobre todo bajo la forma de operativos, decomisos y alertas ambientales, el acompañamiento humano a las comunidades afectadas rara vez forma parte del relato público. Y en ese mismo plano de visibilidad desigual, no ha trascendido a nivel nacional —al menos en la cobertura mediática reciente— una presencia destacada o sostenida de la Iglesia, del obispo diocesano, de la pastoral social o de estructuras eclesiales organizadas en torno a la crisis.
La Diócesis de Cartago, por ejemplo, ha estado experimentando episodios recientes de violencia particularmente graves en su territorio. Sin embargo, en medio de la intensidad de estos hechos, no siempre resulta claro —al menos en el espacio público— cómo se articula la palabra pastoral, ni desde qué instancias concretas se pronuncia la Iglesia en relación con estas realidades. En ese contexto de ruido social y mediático, la figura del obispo, de las estructuras pastorales o de la acción eclesial en general no aparece con nitidez en el relato público. Más que una ausencia verificable, lo que se percibe es una dificultad para identificar con claridad los cauces a través de los cuales la Iglesia acompaña, interpreta o se involucra en situaciones que afectan profundamente a las comunidades.
En paralelo, el debate público se ha visto atravesado por voces de sectores religiosos cristianos no católicos, algunas de ellas particularmente estridentes, que han elevado el tono de la crítica hacia instituciones del Estado, incluyendo al propio Tribunal Supremo de Elecciones. El contraste no pasa desapercibido: mientras unas voces se amplifican en el espacio mediático, otras —históricamente asociadas a la mediación social y a la defensa institucional— parecen moverse con mayor reserva o menor visibilidad.
No se trata necesariamente de ausencia. Tal vez se trate, más bien, de una percepción: la de una distancia creciente entre ciertas realidades concretas del país y la capacidad de la Iglesia Católica para hacerse presente en ellas de manera reconocible.
Y es ahí donde el momento adquiere densidad propia. El nombramiento del nuevo obispo de Puntarenas no debe aparecer solo como un relevo administrativo. Se inscribe, más bien, en un escenario que pide algo más difícil de definir: presencia sostenida, palabra que no se agote en el comunicado y una forma de acompañamiento que no llegue tarde.