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Etiqueta: violencia

Volver al futuro

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Es verano de 1987. Mis padres hacen esfuerzos para que conecte con la vida universitaria. Cumpliendo los mandatos de Don Arnoldo, me lanzan a la aventura de dejarme algo para el futuro. Y me llevan al encuentro de un enorme Joaquín Gutiérrez en un curso libre de ese verano, sobre literatura costarricense. Años más tarde, la obra de Gutiérrez sería encriptada en un necesario debate acerca del racismo en la narrativa doméstica. Me pregunto si es la obra o el autor. Entonces me lleno de perplejidad y cuestiono.

Ese verano, el primer día de clases en mi vida universitaria, iría a mi encuentro con la vida. Colmado de nervios, dudas y preguntas. Para acallarme en mis incertidumbres, entré a un café que por entonces dominaba la escena sanpedrana, revestido de un nombre de historieta latinoamericana, que aún hoy resuena en mi inconsciente. Un café y un arreglado serían mis armas para combatir la angustia de esa tarde.

Y entonces entro a mi primera clase de universidad, con el infortunio de toparme con alguien que decía ser docente, de arte, de teatro. Nunca olvidaré la vulgaridad de su pedagogía. Nunca estaría más claro para mí decirme a mí mismo que si sería docente alguna vez en la vida, no repetiría las imbecilidades de aquel mal profesor universitario.

Y fui y soy docente y sigo aprendiendo.

Todas estas cosas las pienso en el presente mientras recibo, ahora como vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, estudiantes de primer ingreso el día de apertura del primer ciclo lectivo de 2024.

Desfilan ante mis ojos proyectos de vida que recién comienzan. Pienso en el contexto de un mundo post pandemia, acechado por los reacomodos de las hegemonías militares a nivel global. Pienso en el cardumen de las violencias, la imposición de los conservadurismos, el destino de los apátridas, la hora de la ingobernabilidad en una Costa Rica que no reconozco.

Pienso en todo eso mientras una joven proveniente de Río Frío de Sarapiqui, comunidad ubicada al norte del país, se nos acerca y nos pregunta a la decana Marta Sánchez y a mí persona, por el número de aula que le corresponde y porqué hace tanto frío una mañana de febrero.

Es la puerta al futuro la que se divisa para ella.

Entonces me apresuro a desdibujar el continente de dudas, para llegar a un puerto seguro. Una tarde de marzo de 1987 me incliné a la pregunta. Y aún hoy sigo esperando la respuesta.

La educación pública es un bien histórico, que hay que salir a defender sí o sí. Las armas de la integración social están allí, en esa joven de Río Frío o en el muchacho que se acercó tímidamente a preguntar por su futuro en la carrera de Comercio Internacional: ¿dónde está?, preguntó.

Pienso, por un momento, en esas cuatro clases de verano de 1987 que me desafiaron como persona y me delinearon el camino.

“Para adelante”, le dijimos. “El futuro está adelante”.

UCR: Costarricenses perciben que menores de edad están expuestos a violencia psicológica y sexual

Escrito en . Publicado en Derechos.

Esta décimo tercera edición de la Encuesta Actualidades de la Universidad de Costa Rica incluyó una muestra probabilística de 631 personas mayores de edad, usuarias de telefonía celular, y abordó ocho temas relacionados a la actualidad nacional, entre ellos el de violencia infantil (foto Archivo OCI, UCR).

Encuesta Actualidades 2023 exploró la percepción de los ticos sobre los tipos de violencia infantil que consideran altamente probables que ocurran a niñas y niños

Más de la mitad de la población costarricense considera que los dos tipos de violencia, que son altamente probables que les ocurran a las niñas y los niños en el país son la violencia psicológica y la sexual.

Así lo reveló la Encuesta Actualidades 2023, realizada por estudiantes de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, mediante la cual se exploró la percepción de las personas sobre la probabilidad de que las niñas y niños experimenten distintas formas de violencia, como lo son: el abandono y negligencia por parte de una persona adulta, violencia física, violencia psicológica, y violencia sexual.

Los resultados de este estudio determinaron que, las formas de violencia infantil que los ticos consideraron más probables que ocurran, fueron la violencia psicológica o emocional y la violencia sexual, con un porcentaje del 53,7% de la población encuestada para ambas formas de abuso.

Además, un 47.3% de los costarricenses considera altamente probable que los menores de edad sufran violencia física, y un 43.3 abandono o negligencia por parte de la persona encargada.

En cuanto a las consecuencias de la violencia infantil, el 74,3% de las personas considera que el estrés y la ansiedad son la repercusión más probable que sufrirán los menores de edad que experimenten cualquier tipo de violencia en sus hogares. Mientras que un 69% considera que la consecuencia más probable es el uso de drogas y la tenencia de armas.

Lamentablemente, estas percepciones coinciden, con la realidad nacional, ya que el país atraviesa una problemática social en donde, cada año, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en conjunto con el 9-1-1 recibe miles de denuncias sobre situaciones que violentan los derechos de las personas de edad.

Por ejemplo, en el 2022 el PANI atendió 81.644 situaciones violatorias a los derechos de las personas de edad. De ellas un total de 3 418 están relacionadas a abuso sexual; 11 667 a violencia física; 7 192 a violencia psicológica; 17 065 por negligencia en materia de salud, y 2227 por casos de negligencia por personas menores de edad solos en casa. 

En ese mismo periodo el PANI atendió un total de 2533 casos por situaciones violatorias relacionadas con conflictos vecinales, un total de 15 995 casos relacionados a conflictos familiares, un total de 5746 denuncias por menores que estuvieron expuestos a drogas, 201 casos por explotación y un total de 4904 por consumo de drogas.  

Por otra parte, el Hospital Nacional de Niños, confirmó que 254 menores fueron referidos al PANI, en el año 2022, luego de que los análisis médicos determinaran que sufrieron violencia física o sexual, mientras que para el año 2023 esa cifra aumentó a 315 menores.

En cuanto a la problemática de la violencia infantil, la Mag. Laura Rivera Alfaro, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) manifestó que la desigualdad social que atraviesa el país contribuye que este fenómeno se fortalezca.

“Esta es una cuestión de realidad que tiene que ver con las formas en las que la sociedad en este momento se está estabilizando en términos de condiciones socioeconómicas, vivimos en un país en donde alrededor del 40% de las personas menores de edad están en condición de pobreza y hay desigualdad social. Entonces, ya ahí hay una forma de violencia establecida que es la carencia y la falta de oportunidades que tienen estas personas para resolver sus derechos básicos, y esa es una violencia que como sociedad perpetuamos, que no es solamente intrafamiliar. Sabemos que hay violencia infantil en todos los niveles socioeconómicos, pero es en los entornos familiares más desfavorecidos en donde es más probable que se violente el derecho a la educación, o que las personas menores de edad estén más expuestos a otras situaciones de violencia física, sexual o psicológica” explicó Rivera.    

En su opinión, la pandemia también pudo haber influido en que se diera un subregistro en las estadísticas nacionales sobre los casos de violencia infantil en los últimos años, debido a que los centros educativos (uno de los principales lugares donde se detectan las situaciones de violencia) al estar en modalidad virtual probablemente no pudieron determinar ni denunciar algunas situaciones que violentaron los derechos de las personas menores de edad.   

Con respecto al tema de la violencia psicológica, la experta de la UCR afirmó, que en los últimos meses se han venido legitimando discursos en contra de la población menor de edad, por parte de algunos jerarcas, en donde se hace referencia a una generación de cristal. Desde su perspectiva este tipo de mensajes contribuyen a que se desvaloricen las emociones de las personas adolescentes y en cierta forma esto influye en que se normalice el abuso psicológico y emocional.

Ticos no confían en la labor del Patronato Nacional de la Infancia

Por otra parte, la encuesta también determinó que el nivel de confianza de los costarricenses con respecto a la labor que ejerce el PANI para atender la violencia hacia los menores de edad en Costa Rica es bajo.

En general, los resultados demuestran que el 32,9% de las personas encuestadas no confían en el PANI, el 40,4% confía poco, el 20,1% confía algo y solo el 6,5% confía mucho.

Sobre esta percepción, Rivera comentó que es importante vislumbrar que, con las políticas de reducción del gasto público, también ha disminuido la inversión del país en programas y acciones para resguardar los derechos de las personas menores de edad.

“Claramente el debilitamiento que se ha venido dando en el PANI y en otras instituciones que están orientadas a garantizar este tipo de derechos pasa también una factura en la confianza que la población tiene, porque en efecto su labor se ve más limitada porque se recortan fondos o presupuestos para los servicios, y sin duda hay instituciones como el PANI que tienen muchos años de tener carencia de personas profesionales para cumplir con los procesos de trabajo que tienen que desarrollar.  Por ejemplo, el PANI debería de ir un poco más allá y educar e impulsar acciones para que se generen entornos protectores, donde la violencia psicológica o física se limite, pero eso es una labor que en este momento está casi que, excluida de las posibilidades de la institución, porque no hay profesionales, no hay presupuesto y hay que priorizar” explicó Rivera.

En su opinión, las instituciones y organizaciones a cargo del resguardo de derechos fundamentales deben seguir resistiendo y buscando otras formas de incidencia política, mediante la cual logren conseguir los recursos necesarios para seguir amparando a estas poblaciones vulnerabilizadas.

Encuesta de Actualidades 2023

Tatiana Carmona Rizo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

A partir de Pablo Escobar el narcotráfico se convirtió en opción de poder en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Miguel Sobrado

El libro América Latina, publicado en 2003 y reimpreso en 2004 y 2006 en México y Costa Rica, previo al desastre del presente, propuso soluciones.

El poder excluyente, que sobre de las mayorías indígenas y afrodescendientes ejercieron las oligarquías latinoamericanas desde la independencia, apoyadas en el centralismo clientelista, se ha resquebrajado y se ha venido derrumbando progresivamente, desde que apareció la industria del narcotráfico.

Para tener espacios de participación en la economía desde un gobierno, heredado de la colonia, era preciso que los oligarcas participaran de la “corte” donde se definían y ratificaban los privilegios y monopolios que permitían el enriquecimiento y el control político.

La aparición del narcotráfico como industria de desarrollo con recursos superiores a los del sistema patrimonialista, rompió los esquemas tradicionales y abrió nuevos espacios para incorporar, con ventaja a los excluidos, tomando primero los poderes locales y comprando, desde ahí, posteriormente influencias en el aparato institucional.

Los acontecimientos en varios estados de México virtualmente tomados hoy por el terror de los narcos y el reciente auge de violencia armada en Ecuador, donde estos se han lanzado a la lucha por el poder, confirman el poder de esta amenaza para la institucionalidad latinoamericana. Con necesidades insatisfechas, debido a la falta de acceso a las oportunidades que tienen los excluidos, frente a la demanda del conocimiento y la tecnología. Al mismo tiempo que los narcos disponen de recursos cada vez más abundantes para competir con el clientelismo, para instalarse cada vez en más comunidades y estados de la región.

Las políticas asumidas por Bukele en El Salvador para controlar la expansión de las maras asociadas al narcotráfico y recuperar, así, el poder y el orden público, se han basado en medidas represivas extremas, que han dado resultados en lo inmediato frente al caos y derrumbe de la institucionalidad en ese país. Está por ver si logra la misma eficiencia con las medidas de prevención necesarias para erradicar el mal en el mediano plazo.

El libro América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, de Juan José Rojas y el autor de este artículo, mencionado en este artículo, y que se encuentra libre en Internet, no solo anunció el peligro que significaba el narcotráfico para la institucionalidad, sino que propuso soluciones probadas, sobre las causas.

Ahora, que cunde el pánico en el continente por las posiciones que ha tomado el narco en las comunidades y su ofensiva en algunos casos sobre el poder, es preciso retomar, no solo el diagnóstico, sino las soluciones probadas preventivas propuestas por los autores en consulta con las comunidades y aprendiendo de sus experiencias.

La violencia no se soluciona solo con la represión, sino que es preciso actuar sobre las causas que dejan a los excluidos sin opciones ni esperanza y los arrojan en manos del narcotráfico. Una educación actualizada y de calidad, con amplia cobertura, es un factor clave en el mediano plazo, pero la capacitación organizacional y técnica es estratégica en el corto plazo y mediano plazo para articular las comunidades activamente alrededor de las transformaciones requeridas por el sistema.

Considerando el bajo nivel de escolaridad de la población económicamente activa donde incluso en países como Costa Rica más de la mitad no alcanza el nivel de bachillerato. La capacitación organizacional “autónoma” de las comunidades, grupos asociativos y emprendedores adquiere una relevancia estratégica. Es necesario no confundir la organización autónoma con el esquema clientelista de “organizaciones” montadas por políticos diseñado para manipular a los sectores populares. La organización autónoma como se expresa en el libro cimenta la vida social económica y ciudadana.

Conviene empezar a sacar el libro de los anaqueles y de los archivos electrónicos, ya que, a pesar de haber pasado más de 20 años de su primera publicación, mantienen su actualidad. Hay que sacarla del ámbito académico y proyectarla a las organizaciones políticas de comunidades. Donde con su práctica, no solo con la retórica, genere, como lo ha demostrado, ingresos, empleo, pero  ante todo ciudadanía autónoma. Demostrando así el potencial de acabar con la exclusión y la manipulación y crear condiciones para una auténtica vida donde florezca la democracia.

Compartido con SURCOS por el autor.

Pérdida de respeto a la autoridad policial agravaría crisis social

Escrito en . Publicado en Derechos.

UNA Comunica. 23 de enero del 2024. A plena luz del día, y a vista y paciencia de las personas que transitaban por el lugar, dos sujetos armados acabaron con la vida de un policía en Limón, quien gozaba de su día libre. Esto ocurrió el jueves pasado.

Este suceso se suma a una serie de acontecimientos donde la seguridad de los cuerpos policiales se ha visto comprometida. En Linda Vista de La Unión, dos personas con armas de grueso calibre amenazaron a agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 26 de diciembre anterior.

Lo que queda en evidencia, es el irrespeto que grupos de delincuencia organizada están teniendo sobre la autoridad de los cuerpos policiales. Para el sociólogo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), Guillermo Acuña, esta es la antesala de una crisis social que eleva a otro nivel la inseguridad que atraviesa el país.

“Este es uno de los primeros indicios de que estamos viviendo un periodo de transformación -en la lógica en que fue conformado el Estado costarricense a lo largo de las décadas-, que ahora están marcando un principio hacia nuevos procesos, que no se sabe cómo van a terminar, pero que en otras latitudes han sido la antesala de una guerra frontal entre el Estado y las estructuras criminales”, reflexionó Acuña.

Con él coincide el sociólogo Abelardo Morales, para quien el país está entrando en una fase peligrosa. “Estamos en una etapa de la violencia muy diferente a la de años atrás, donde hay una inestabilidad provocada por la violencia delictiva y donde el crimen organizado se ha insertado en la vida social costarricense”, apuntó.

En 22 días que lleva el año, 47 personas han sido víctimas de la violencia que se vive en las calles.

Filtración peligrosa

Morales señala que el acontecimiento derivado del irrespeto a la autoridad por parte del crimen organizado es una evidencia de la filtración de estos grupos en el tejido social costarricense, y terminan siendo el resultado del debilitamiento de la institucionalidad y de la poca respuesta que se pueda ofrecer a las oportunidades de educación, salud, ascenso y bienestar al que toda persona aspira.

“Estamos entregando las estructuras sociales y económicas al crimen, y ese es el cambio fundamental en la situación de inseguridad y violencia que se vive hoy con respecto a décadas atrás. Ya hay lugares en Costa Rica, como en otros países, donde un grupo criminal goza de más apoyo y credibilidad que un partido político o una organización social, porque provee medios de vida, seguridad y protección a una barriada”, comentó el sociólogo de la UNA.

Videos que han circulado en los últimos días, muestran al aparente líder de un grupo criminal apodado “Lucifer”, siendo aplaudido y vitoreado por jóvenes de una comunidad mientras viajaba en un vehículo. Esta persona, al parecer, fue una de las víctimas del atentado cuádruple del sábado anterior en Purral de Goicoechea. Este es un claro ejemplo de lo que menciona el experto Abelardo Morales.

Desde un análisis sociológico, Guillermo Acuña señala que existe un “sentimiento de desazón colectivo”, cuando miembros de las fuerzas de seguridad de una nación se ven vulneradas y superadas por parte de los grupos delincuenciales.

El riesgo en la percepción de que las personas que velan por el orden y la seguridad de los ciudadanos se vea vulnerada puede conllevar a otro tipo de riesgos. “La gente podría estar ante el escenario de tomar la justicia por sus propias manos y eso lo hemos visto en otros lugares en respuesta a una sensación en que la autoridad no responde, llega tarde o no llega del todo”, manifestó Acuña.

Desde su perspectiva, en la situación de los cuerpos policiales se aplica la frase de “tigre suelto versus burro amarrado”, en el sentido de que las estructuras criminales han tecnificado sus procesos, cuentan con equipo, logística y organización, mientras que la institucionalidad policial se ve afectada por la falta de condiciones laborales mínimas. “Estamos en total indefensión”, señaló.

Causas

Existen dos factores que, a criterio del sociólogo Abelardo Morales, inciden en la situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Uno de ellos está vinculado al hecho de que la educación ha dejado de ser una oportunidad de ascenso e integración social. De acuerdo con el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, la tasa de desempleo juvenil cerró el segundo semestre de 2023 en 27,40% la cual es hasta 2,85 veces superior a la tasa de desempleo nacional.

El otro factor que señala el experto es el desencanto de la población por el funcionamiento de la institucionalidad. “Hay un resentimiento sobre el actuar de las autoridades donde se percibe que no castigan, que el sistema judicial no funciona y que se puede prescindir de la ley”.

Para Guillermo Acuña, lo que ocurre es producto de un funcionamiento del Estado que “no está para muchos sectores de la población” y que esos espacios han venido a ser ocupados por poderes fácticos o no políticos. “Para operar, estas lógicas no políticas se apropian de la gestión y administración territorial y de ciertos recursos. Cuando encuentran alguna posibilidad de que haya algún tipo de bloqueo, es cuando acuden a la violencia para alcanzar sus objetivos”.

Este cúmulo de circunstancias hacen que el país haya perdido la “excepcionalidad” de la que ha gozado durante décadas, de un país de paz y seguridad. “Estamos en un punto de no retorno, que nos muestra que el proyecto de construcción social que cimentamos en la década de los cuarenta llegó a su fin, que ya se agotó y que estamos entrando en una nueva fase, menos excepcional”, manifestó Acuña.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen: UCR.

Los caminos de América Latina. En política, no es lo mismo conquistar que gobernar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Los caminos de la política, no son hoy como pensaban quienes han llegado a gobernar, o lo hacen en la actualidad.

Por Fernando Ayala

Los caminos de la vida
No son lo que yo pensaba
No son lo que yo creía
No son lo que imaginaba

La letra de la canción Los Caminos de la Vida, del compositor y músico colombiano, Omar Geles, se escucha desde el año 1993 en que fue lanzada, en muchos países de América Latina. En el caso de Chile, acompaña muchas de las fiestas de fin de año, especialmente después de la media noche, por su melodía y letra melancólica que contribuye a evocar el tiempo ido, o a los balances personales de vida. Si la aplicamos a la política, describe grandes verdades, tanto para la izquierda como para la derecha. Hoy yacen en la basura los dos proyectos refundacionales de Constitución presentados en los últimos cuatro años a los chilenos, ambos rechazados categóricamente por la ciudadanía, que no aceptó la imposición de modelos de sociedad excluyentes, que no contemplaba las aspiraciones y valores de una parte importante del país.

Lo que hoy día parece obvio para todos, no lo fue para quienes redactaron los proyectos constitucionales, que no quisieron escuchar las voces que advirtieron el carácter maximalista de ambas propuestas. Fueron cuatro años de tiempo perdido, de desgaste y acusaciones recíprocas que provocaron, finalmente, una suerte de fatiga constitucional, donde los partidos políticos y el propio gobierno han dado por cerrado el debate, por lo menos hasta el término del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2026. Los Caminos de la Política, en este caso, no han sido los que soñó él y su generación que asumieron el gobierno en 2022, convencidos de que pondrían fin al modelo ultraliberal impuesto por la dictadura militar chilena, junto con el reemplazo de la vieja guardia de políticos a los cuales denostaron, arrogándose incluso mejores valores morales.

Sin embargo, los viejos políticos hicieron posible una larga transición inconclusa aún, pero que dio estabilidad política y crecimiento económico. Por el lado de la derecha más dura, que escribió la segunda propuesta de Constitución, primaron los conceptos hegemónicos más conservadores en términos económicos y valóricos, hábilmente redactados para hacerlos pasar de manera casi desapercibida a la ciudadanía. Fue el rechazo inmediato de personalidades como la expresidenta Michelle Bachelet, quien, junto a otros políticos, dio la batalla para desenmascarar el proyecto reaccionario apoyado unánimemente por toda la derecha chilena, sin excepción. Los Caminos de la Vida se encargaron rápidamente de mostrar a la novel generación gobernante que la realidad no se cambia «como creían», sino que además de la voluntad se necesita fuerza política. La derecha chilena, acostumbrada a imponer sus ideas, se encontró con que la Constitución que «soñaron», no pasó la prueba de un país que cada vez exige más derechos sociales, mayor respeto e igualdad a las mujeres.

Cada país de la región enfrenta realidades diferentes, pero con problemas comunes como son el narcotráfico que cruza todos los países sudamericanos, la violencia que se ha apoderado de las principales ciudades, la pobreza suburbana y la concentración de la riqueza, que produce sociedades cada vez más desiguales.

Argentina está iniciando una experiencia inédita luego de la alternancia entre peronismo y el gobierno del expresidente Mauricio Macri, sucedido por un peronista que parecía más moderado, Alberto Fernández, y que terminó entregando la banda presidencial a un extremista ultraliberal de derecha, como lo es el actual presidente Javier Milei. Recibe el país con una economía con alrededor de 150% de inflación anual, una pobreza que llega al 40% de la población y un aparato estatal sobrepoblado de funcionarios, que suma un déficit fiscal de alrededor del 1,6% del PIB para el año 2023. ¿Qué podrá hacer Milei, cuyo símbolo en su campaña electoral fue una motosierra? Ha prometido cortar el gasto público a «la casta», reduciendo puestos de trabajo, ministerios, fondos de cultura y aplicando las recetas neoliberales de Chile, introducidas durante la dictadura militar de Pinochet de la cuales quedan varias vigentes. Los Caminos de la Vida ya demostraron que el peronismo no era bueno ni malo, sino que era «incorregible», como decía Jorge Luis Borges. Ahora veremos cómo lo hará Milei para gobernar la cada vez más difícil e ingobernable Argentina.

En el caso de Perú, desde su regreso a la normalidad democrática, en 1980, han pasado por la presidencia 13 jefes de Estado, lo que les da un promedio de 3,3 años de duración, ello debido a diversas causas o crisis institucionales. Desde el año 2000 a la fecha, los diez presidentes que vencieron democráticamente las elecciones, todos han tenido problemas con la justicia por temas relativos a la corrupción, y solo en los últimos cuatro años, Perú ha tenido seis presidentes, con reiteradas crisis con el Congreso.

El exmandatario Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, fue recientemente liberado, pese a los reclamos de organismos internacionales. El popular expresidente Alan García prefirió suicidarse antes que comparecer ante un tribunal; Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos y está en espera de juicio; Pedro Pablo Kuczynski renunció a los dos años de mandato por acusaciones de corrupción y sobornos. El último mandatario electo, Pedro Castillo, quien asumió en 2021, alcanzó a gobernar algo más de un año con un programa muy cercano a la extrema izquierda, donde pretendió cerrar el Congreso, gobernar por decretos hasta llamar a una Asamblea Constituyente. Fue destituido y encarcelado, quedando en el cargo la actual presidenta, Dina Boluarte, primera mujer en la historia en ocupar la primera magistratura. Otra vez Los Caminos de la Vida se encargaron de mostrar a Castillo que las cosas no eran como creía.

Podríamos seguir con lo que ocurre en otros países con plena democracia de la región, como Colombia o Brasil, donde los presidentes están encontrando resistencia a la implementación de reformas profundas en algunos casos. Otros, como en Ecuador, donde se esperaba el regreso de los seguidores del expresidente Rafael Correa, cuya candidata perdió las elecciones. Bolivia, con el exmandatario Evo Morales, en guerra civil con su propio partido, y donde la Corte Suprema rechazó su apelación al «derecho humano» a ser reelegido eternamente. El drama patético de Nicaragua, bajo el cogobierno de Ortega y su mujer, o el régimen semidemocrático de Venezuela, donde el gobierno levanta reivindicaciones territoriales, amenazando la paz en América del Sur, para inflamar el patriotismo como parte de la campaña para una nueva reelección del actual mandatario, Nicolás Maduro, en 2025, quien desde 2013 gobierna al pueblo venezolano.

En definitiva, podemos afirmar que Los Caminos de la Vida, o de la política, no son hoy como pensaban, no son como soñaban ni son como imaginaban, quienes han llegado a gobernar, o lo hacen en la actualidad.

Fuente: https://www.meer.com/es/77843-los-caminos-de-america-latina

Disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad es una meta que podemos lograr

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la criminalidad y por ende el de la seguridad acamparon la atención en el 2023. Se contabilizaron 907 crímenes lo que es una suma que causa por una parte tristeza al ver cómo se matan incluso entre jóvenes y por otro lado crea mayor inseguridad y temor. Debemos tener presente que el desarrollo sostenible que tanto queremos no se puede lograr sin seguridad y viviendo con miedo.

Fueron muchas veces las que escuchamos noticias de que en centros educativos se tuvieron que interrumpir lecciones por causa de la violencia. Precisamente donde más se debe trabajar para para cambiar los entornos y que los niños y jóvenes puedan acudir a clases sin temor a las acciones violentas.

Es mucho lo que hay por hacer, pero lo primero es asumir la responsabilidad de hacerlo. No podemos exonerarnos de esa responsabilidad indicando que les corresponde a otros. En el caso del gobierno local la Alcaldía tiene que asumir ese liderazgo.

Hay que gestionar una acción interinstitucional para que cada esfuerzo que se desarrolle sea pensando en el ciudadano y su calidad de vida. Desde la iluminación de parques y plazas y barrios en general, hasta la generación de actividades que establezcan la recuperación de los sitios públicos.

Desde luego que la policía es importante pero no necesariamente es la que puede resolver el problema. Si bien el número de efectivos policiales puede ayudar con su presencia, lo más importante es tener la claridad de su acción preventiva y la coordinación con los otros cuerpos policiales.

Además, es imprescindible la coordinación con la empresa privada y la sociedad civil. Los padres de familia, los hogares y las comunidades apoyados todos con estrategias de cultura, deporte y en especial con la creación real de fuentes de empleo, ayudarán a disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad.

Este año 2024 la situación de criminalidad debe cambiar para dar mayor seguridad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No puede ser que, en el caso de Alajuela, con tantísimos recursos económicos y de infraestructura estemos ubicados en el QUINTO LUGAR de criminalidad entre los 15 cantones más violentos. ES URGENTE CAMBIAR Y ESO ESTÁ EN SUS MANOS EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO.

Es urgente una desescalada a la xenofobia en el país

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Terminamos este 2023 conociendo los resultados de un estudio a todas luces preocupante. Promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y llevado a cabo entre agosto y octubre, revela tres datos de peso que requieren ser abordados urgentemente.

El primero: 8 de cada 10 jóvenes costarricenses consultados ha estado en una situación en la que ha presenciado chistes o comentarios xenofóbicos. Este dato expresa la normalización de una conducta discriminatoria en la que el temor y en particular el rechazo y el odio al extranjero son el principal sentimiento construido.

En otras oportunidades hemos comentado que la xenofobia no es un hecho monolítico. Más bien sucede dependiendo de situaciones como crisis económicas, coyunturas políticas, conflictos entre países vecinos. Pero su instalación de forma permanente sí que debe alertar en una sociedad que ha dejado hace tiempo de convivir y ha puesto la violencia como su principal motor de búsqueda en las relaciones sociales.

El segundo dato es aún más preocupante. Cerca del 70% de personas jóvenes consultadas dijeron haber recibido bromas o comentarios negativos con respecto a su país de origen. Ya se ha planteado cómo el humor es un recurso de violencia que tiende a ser más intenso aún que la violencia misma. El chiste, la broma xenofóbica esconden una forma de discriminación que, bajo el argumento de la risa, naturaliza peligrosamente esas actitudes. El humor puede ser peligroso si no se aborda con respeto y cuidado.

El tercer dato a destacar enciende todas las alertas: es en los centros educativos y los espacios laborales donde más ocurren actos de xenofobia y discriminación. La vida cotidiana está impregnada entonces de estos hechos violentos. Este aspecto debiera conducir justamente a trabajar campañas y estrategias de sensibilización orientadas a conocer las causas y los impactos de los procesos migratorios en el país.

Es urgente desescalar estos procesos discriminatorios. En otros escenarios, los discursos de odio han antecedido a las prácticas violentas en contra de los otros y las otras. Debemos prevenir a toda costa que esto suceda en nuestro país. Estamos a tiempo.

El contrato que no fue

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La viralización de dos hechos violentos en los últimos días en Costa Rica confirma el emplazamiento de una nueva forma de interacción en la que los golpes y la ausencia de diálogo prevalecen como organizadores de lo social.

Más que los hechos en sí, sorprende la normalización, la naturalización y hasta el humor en uno de ellos. Me refiero al hecho ocurrido en un restaurante de comidas rápidas, en el que una numerosa cantidad de personas, todos hombres, se lían en una batalla campal no tanto por obtener su hamburguesa y sus papas, sino por demostrar cuál de ellos (parafraseando a Joan Manuel Serrat) “la tiene más grande”.

“Resulta bochornoso verles fanfarronear”, dice uno de sus estribillos. Pero más bochornoso resulta que como sociedad no podamos entrar al fondo del asunto y preferimos entonces acudir al humor como una forma de invisibilizar, no ver el hecho como expresión del deterioro paulatino de las pautas de convivencia colectiva.

El otro hecho nos muestra a otro hombre haciendo gala del poder que le confiere un arma en plena vía pública. Ese espacio (la calle) se ha convertido (lo hemos convertido) en un campo minado de competencia e individualismo. En particular en épocas de mucha afluencia vehicular, la norma del más fuerte impera.

Es frecuente ver el irrespeto a las largas filas. Usted seguro ha sido testigo o testiga y víctima a la vez, de la forma como algún avezado conductor se salta filas interminables producidas por un semáforo, para quedar de primero al cambio. En realidad, no es avezada la palabra: irrespeto, bravuconada y falta de sentido común para convivir con las normas básicas de cortesía en carretera. De la convivencia pasamos a la competencia.

No es de extrañar esta actitud en la Costa Rica de la postpandemia. Si desde la figura central que nos gobierna se envían mensajes con estilo autoritario, irrespetuoso y hasta vulgar, el modelaje está siendo bien introyectado por amplios sectores de la población.

Hubo una vez un contrato social posible que hemos borrado a pasos agigantados en los últimos años. Ya no fue. No será. Y no pareciera emerger algo medianamente cercano de esta sanguasa de proyecto de país en que nos hemos convertido.