Ir al contenido principal

Etiqueta: violencia

¿Fascismo en Argentina?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Luis Callaci

Los extremos a lo que está llegando parte de la oposición en Argentina al colocar bolsas mortuorias frente a la Casa Presidencial con nombres de autoridades de Gobierno y personalidades constituye una muestra más de la pésima interpretación de lo que es la práctica democrática.

Es un grave error tomar ese lamentable hecho como un simple, aunque indignante acto de “libre expresión” y no una clara incitación al odio y la violencia. Algo no solo censurado sino sujeto a acciones punitivas en las democracias más desarrolladas del mundo.

Vivir en democracia implica derechos y deberes dentro de una estricta observancia de las reglas de convivencia pacífica y civilizada que le son propias y la caracteriza. Reglas que se inscriben en disposiciones y normas nacionales e internacionales de las cuales el país es signatario.

Tolerar estas ignominiosas conductas es sumamente reprochable, al menos en una democracia.

¿Cuánto tiempo más hará falta para que se entienda que la democracia no es solo ir a escoger a los gobernantes cada cierto tiempo sino mucho más, mucho más que eso?

Es algo que se vive y practica en cada momento, día a día. ¿Se tendrá claro que ese Nunca Más significa no solo el repetirlo todo el tiempo sino impedir, con todo lo que la democracia proporciona, la incubación de un nuevo “huevo de la serpiente”? … Tan bien descrita en una de las obras cinematográficas del famoso director sueco Ingmar Bergman.

Solidaridad con la lucha de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Isabel Ducca D.

Abordar el tema de los territorios indígenas es asumir una red de conflictos muy compleja que lleva necesariamente a toda la historia de nuestro país. Sin embargo, para conmemorar los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, vamos a plantear algunas respuestas básicas a lo que, probablemente, son los cuestionamientos principales que surgen desde la desinformación de que somos víctimas, aún sin saberlo en muchos casos.

¿Por qué los matan?

Jehry Rivera, al igual que Sergio Rojas, fue un líder comunitario Bröran del territorio de Térraba, recuperador de un terreno que había sido de sus antepasados y había sido usurpado por personas no indígenas. Fue asesinado el 24 de febrero de 2020, exactamente a escasas tres semanas en que se cumplía un año del asesinato de Sergio Rojas, quien había sido víctima de quince dispararos en su propia casa el 18 de marzo de 2019.

Ambos asesinatos pudieron haber sido evitados si el Estado costarricense cumpliera con sus compromisos con los pueblos indígenas. En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado costarricense adoptar medidas cautelares para garantizar la seguridad de pueblos indígenas como los Bribri por encontrarse «en riesgo debido a las acciones para recuperar sus tierras». No hubo tal protección, pese a que, en ambos casos, se habían interpuesto denuncias, petición de medidas cautelares o alertas tempranas.

El Estado es cómplice y “comparte derechos de autor” con los criminales. Quienes andan sueltos y siguen amenazando a la población indígena. De hecho, el asesinato de Jehry Rivera al año de la muerte de Sergio Rojas fue un triunfo y celebración de la impunidad con que se vanaglorian los usurpadores de los territorios indígenas.

¿Cuál es el antecedente inmediato a la recuperación de tierras?

La recuperación de tierras fue el laberinto al que lanzó el mismo Estado costarricense a la población indígena como única forma de hacer valer sus derechos, alzar la voz por su dignidad pisoteada una y otra vez, así como lograr una presencia para romper la invisibilización a la que es sometida constantemente.

En el año 2010, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un grupo de 26 personas indígenas de distintos pueblos había tomado pacíficamente la Asamblea Legislativa para pedir que los y las diputadas votaran la Ley de Autonomía Indígena. La respuesta del “representante del pueblo” que, en ese momento, fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, pagado por todos los costarricenses, fue sacarlos como si fueran perros del recinto legislativo en la madrugada del 10 de agosto. Ese “insigne” imitador de algún conquistador español fue Gerardo Villanueva.

Pablo Sibar Sibar, Coordinador de FRENAPI, lo recuerda:

“Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.

Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.

Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se ha extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas”.[i]

¿Son ilegales las recuperaciones de tierra por parte de los pueblos indígenas?

Toda la legislación nacional e internacional protege a la población indígena. Nicolás Boeglin lo aclaró:

«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».[ii]

No hay interpretaciones posibles a esas leyes, son claras en cuanto a la autonomía y posesión de los territorios se refiere. El problema es de otra índole.

¿Estará dispuesto el Estado y el gobierno de Carlos Alvarado a romper con una herencia racista y colonial en las celebraciones del Bicentenario?

Desde Confluencia Solidaria queremos brindar nuestro apoyo a la lucha por la justicia y autonomía para los pueblos indígenas.

Recordaremos a Sergio Rojas y a Jehry Rivera este miércoles 24 de febrero a las 6 p. m.

Usted puede unirse a este homenaje en Facebook Live de Surcos digital.

[i] Puede leer el texto completo en: Sibar, P. (2020, agosto 10). Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. En: Surcos digital https://surcosdigital.com/una-decada-de-que-nos-sacaron-arrastrados-de-la-asamblea-legislativa/

[ii] Puede leer el texto completo en: Boeglin, N. (2020, agosto 21). A 10 años del desalojo de líderes indígenas por parte del Congreso costarricense. En: Universidad de Costa Rica https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/08/21/voz-experta-a-10-anos-del-desalojo-de-lideres-indigenas-por-parte-del-congreso-costarricense.html#:~:text=El%20pasado%209%20de%20agosto%2C%20se%20conmemoraron%20los%2010%20a%C3%B1os,Asamblea%20Legislativa%20la%20tarde%20anterior.

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

Volver al mito ¿y a la comunidad?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No es posible aún dimensionar si ese regresar progresivamente a la presencialidad en la educación costarricense forme parte de una necesaria excepcionalidad, que ya poco se sostiene entre tanta desigualdad, violencia, exclusión y descrédito de su sistema político.

El mito fundante de una sociedad igualitaria, “igualitica” (Sojo, 2011) que sustituye soldados por maestros, ejércitos por estudiantes, armas por lápices, volvió a ser reestablecido con urgencia pero también con fines instrumentales bien definidos.

La forma mediante la cual el sistema educativo costarricense tanto público como privado (tan desiguales entre ellos) fue levantado de la raíz de su propio confinamiento para regresar a la “normalidad”, motiva algunas reflexiones sobre ese regreso, ese volver a una experiencia colectiva que daba muestras de deterioro, de distanciamiento sociocultural aun antes de la pandemia.

Durante este disruptivo 2020 aprendimos a tonificar la distancia, modular las gotas de saliva, casi que a pronunciarlas en un nuevo alfabeto dibujado por el miedo, pero no pudimos entender como sociedad que los desarreglos que mostramos a lo largo de los meses y que hicieron aumentar exponencialmente los casos positivos venían de adentro y no de los cuerpos extraños que tanto señalaron aquellos para quienes la otredad sigue siendo un misterio.

Cuando en Costa Rica los casos positivos empezaron a tener expresión pobre y excluida, los discursos y las prácticas elevaron a concilio militar el blindaje de las fronteras. Había que contener a toda costa ese cuerpo extraño, mantenerlo fuera de nuestra casa para que permaneciera protegida, higiénica, saludable, blanca.

En medio de estas elucubraciones de una excepcionalidad desgastada, los medios de comunicación hegemónicos costarricenses, la institucionalidad y la sociedad en general se percataron sorprendidas que los 900 millones de dólares anuales que le genera la piña a Costa Rica se deben en mucho a la explotación intensiva de una fuerza de trabajo migrante proveniente de Nicaragua.

También se percataron con asombro primerizo que en la capital existían dispositivos de sobrevivencia llamados cuarterías donde si, vivían personas migrantes y si, también eran mayoritariamente nicaragüenses.

Este año que se fue ha sido el año de la graduación para las discriminaciones, dada la racializacion de la pandemia: clase, nacionalidad y espacialidad se conjugaron como argumentos para desplegar una peligrosa maquinaria de rechazo que aún hoy continúa moviendo sus engranajes. Mientras se escriben estas reflexiones se da a conocer qué un grupo de turistas franceses que arribaron a Costa Rica fueron diagnosticados positivamente con el virus. Para ellos la ecuación clave, nacionalidad y espacialidad no fue aplicada ni en medios ni en redes sociales.

En este contexto, el regreso progresivo a la presencialidad en escuelas y colegios no sólo ha mostrado la profunda desigualdad entre el sistema público y privado en sus condiciones materiales. También ha encendido las luces de precaución ante un funcionamiento simbólico de la educación costarricense. Una vez más, como tantas veces, este sector se vuelve a accionar como un sobrio aparato ideológico desde el cual despunta nuevamente esa construcción de sentido colectivo, tan conveniente para los intereses hegemónicos.

Sobre este rol del sistema educativo costarricense se sugieren algunas interrogantes.

¿Podrá este poderoso aparato ideológico restituir desde el campo de lo pedagogico, el gran vacío creado en el afecto social por la idea profunda de que el distanciamiento físico es en realidad la conformación de un distanciamiento social que siempre se ha construido alrededor de ciertas poblaciones migrantes?

¿Cómo volver a la socialización y la convivencia sin el rubor de la sospecha?

¿Será posible un nuevo pacto sociocultural que deje atrás las décadas de temor y exclusión que fueron construyendo un otro social hasta el día de hoy?

Si era tan urgente mostrar normalidad con el regreso a la presencialidad, es aún más necesario que ese poderoso aparato ideológico trabaje en una pronta refundación sociocultural con sus estudiantes, en la que el afecto y el reconocimiento sean materias obligadas en los procesos didácticos y sociales durante y en la postpandemia.

 

Foto: https://eurosocial.eu

EL SILENCIO NO ES INOCENTE

Escrito en . Publicado en Derechos.

León Triba

A Keyla Patricia Martínez R.,
una víctima más ASESINADA, por un sistema que controla un energúmeno
narcotraficante.

A tí, compañera, porque en tu noble
sonrisa, cautivas la música de las mujeres
ultrajadas, violadas, asesinadas.

Serás simiente de nuevo tipo,
en ese suelo fértil que crece
la poesía en forma de yerba permanente
y resiste la piel hasta el cansancio
que tiene la libertad.

Un ejercicio de luz
en la rutina del filo
de un narcoestado,
un Estado Nacional fallido
cercano a las faldas del averno.

Si se camina después
de un falso e injustificado
toque de queda,
harán que sangren los brazos,
se doblen las piernas
y la ternura de una suave piel
se mancille en lo oscuro
de esas sombras terribles
que proyectan los militares.

Los aullidos de los perros
forman esa rutinaria memoria
de los testigos de excepción,
como las esquirlas intimidatorias
para ajustar la palidez de las rocas
en el mudo silencio
de la complicidad abominable.

Cruzaba diariamente
aquellas calles conocidas
buscando, a veces,
el beneficio de las dudas,
o el asomo de una palabra
para iluminar el denso aire
que cuaja tanta lágrima derramada.

Se desdibujaron sus ropas interiores,
su sonrisa, su garganta
y colgaron su propio abrigo
en los límites de su garganta
para silenciarla, violarla, asesinarla.

Tengo hoy una lengua como metralla,
el clamor de las yemas de mis dedos
para maldecir hasta el cansancio
su asesinato,
pero en mis letras
también otorgo mi verdad
para darle al sacrificio
de tus jóvenes manantiales
la solidaridad
que se cultiva en la patria de Honduras.

Sabemos que en las sucias paredes
crece el absurdo de la noticia.
No es posible cubrir de espejos la luna,
cuando la verdad brota
en miles de tintas verdaderas.

Militares asesinos,
embriagados en el éxtasis de la estupidez,
podrán colgar una, cien, mil mentiras
para encallar la suciedad de sus actos,
pero los absurdos de la ignominia
dibujarán una vez más
su rostros monstruosos,
seres inhumanos inservibles,
pero eficaces en el ejercicio de la maldad.

Hoy, la voz de Keyla, es luz
es luz en el mundo,
para seguir construyendo
la marcha de la liberación de tu pueblo.

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

No es con violencia con que se debe afrontar la crisis de migración de nuestros países

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento público de iglesias y organizaciones basadas en la fe

No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto.»
Éxodo 23:9

Urgen respuestas humanitarias en Centroamérica y Estados Unidos…

Guatemala, 21 de enero de 2021. Con dolor e indignación, las distintas iglesias y organizaciones basadas en la fe de distintas espiritualidades, hemos visto la forma atroz con que la fuerza pública guatemalteca ha reprimido a miles de migrantes, mayoritariamente de origen hondureño, devolviéndolos a golpes a la dramática realidad de la que huyen, en medio de una crisis de salud que nos afecta a Guatemala y el mundo. Ante el llanto, la impotencia y la frustración de tantas y tantos que cada vez se quedan con menos opciones de vida en sus países de origen, expresamos:

1)  Nuestra solidaridad con quienes, forzados por la necesidad y la desesperación frente a la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia, se ven obligados a migrar, incluso llevándose lo más preciado o quizá lo único que tienen, sus hijos e hijas, para recorrer a pie, miles de kilómetros, buscando llegar a Estados Unidos de Norte América.

2) Expresarnos nuestro rechazo y nuestra oposición al abuso de la fuerza pública en los países de tránsito que, con el argumento de resguardar su soberanía, violan flagrantemente los derechos humanos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños, obviando todos los mecanismos, protocolos, leyes y convenios nacionales e internacionales en cuanto a protección de derechos. Duele que el gobierno guatemalteco sea parte de esa respuesta militarizada que golpea y violenta a migrantes.

3) Nos sumamos a las voces que demandan a los gobiernos de México y Centroamérica asumir su   responsabilidad para la emisión de políticas públicas que combatan las causas que originan la migración, exacerbadas por la desigualdad social, la corrupción y la impunidad.

4) En el marco del cambio de gobierno en los Estados Unidos de Norte América, hacemos un llamado al binomio Presidencial Biden-Harris, así como a la Cámara de Representantes y al Senado de dicho país, para Impulsar políticas migratorias más humanas que rompan con el sello xenofóbico que marcó su antecesor, así como el fortalecimiento del acompañamiento a los países centroamericanos en su esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad, que la alianza criminal ha avanzado, devastando los recursos públicos a través de negocios ilícitos entre la clase política corrupta y sectores empresariales, militares, incluso vinculados al narcotráfico.

5) Nuestro reconocimiento a la loable labor de la Pastoral de Movilidad Humana, de las Casas del Migrante, de los albergues y de todas las iglesias, instituciones y personas que han extendido su mano solidaria, socorriendo a quienes se han visto forzados a salir de su país. En esta línea expresarnos nuestra preocupación y rechazo a los actos de hostigamiento a la Ca. del Migrante «Sin Fronteras» ubicada en Tecún Umán, Guatemala, por parte de la Policía Nacional Civil y el ejército guatemalteco ocurrida el 19 de enero recién pasado.

6) Nuestro llamado y respaldo a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala para el acompañamiento a las personas en situación de migración, así como a las entidades que les socorren, verificando y velando por el respeto de sus derechos, así corno accionando en contra de los vejámenes que han sido cometidos.

7) Nuestro reiterado llamado al pueblo de Guatemala y de los países de tránsito, para no caer en la trampa y culpar a las y los migrantes de las situaciones de robo, delincuencia, desempleo, y ahora del repunte de contagios de covid-19, pues estas problemáticas se derivan de la cuestionable capacidad gubernamental e institucional para atender y buscar soluciones prontas y eficientes. Nuestros hermanos y hermanas migrantes no necesitan golpes y estigmatización, necesitan nuestra empatía y solidaridad.

Amerindia Guatemala
Asociación Civil Verdad y Vida
Comisión Arquidiocesana de Comunidades Eclesiales de Base de Guatemala,
CEB’s-GUATEMALA
Comunidad Cristiana Menonita Shalom
Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala
Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala, CONFREGUA
Coordinadora de Institutos Seculares de Guatemala
Iglesia Luterana ILUGUA
Iglesia Episcopal de Guatemala, obispo Silvestre Romero
Institución Teresiana
JPIC Familia Franciscana
Núcleo de Mujeres y Teología
Movimiento Monseñor Gerardi
Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ)
Servicios Ecuménicos de Formación en C.A. (SEFCA)
Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América (SOMI MIGA)
Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado

Cuando la ilusión de progresismo no alcanza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña, (Sociólogo y escritor costarricense)

Muchas cosas faltaron en el acto de investidura de Joe Biden como el Presidente estadounidense #46 de la historia. Muchas. Otras irrumpieron en escena como mensaje directo y frontal: el discurso absolutamente doméstico y comprensible del presidente entrante, la referencia continua en la imagen televisiva a las banderas de Estados Unidos instaladas en la plaza del Capitolio, como símbolo de una audiencia que aplaudía, reverenciaba y hacía silencio al compás de las intervenciones en el estrado, el guiño de Jennifer lopez a la comunidad hispana con su brevísima frase en español clamando justicia.

La parafernalia del cambio tenía que ser contundente, rápida, apelando todavía a los efectos producidos por una aceitada industria cultural y su uso pragmático del espectáculo para transformarlo convirtiéndolo en el más significativo acto político y simbólico: el acto de credibilidad basado en el rigor de la música y el estruendo de los juegos artificiales.

El mismo día en que Biden se sentaba en la silla presidencial, emitía un conjunto de órdenes ejecutivas de impacto en materia migratoria: detener la construcción del muro fronterizo con México, iniciar un proceso de regularización y ciudadanización de más de 10 millones de personas indocumentadas durante los próximos 8 años, suspender la orden ejecutiva emitida durante la Administracion Trump en la que se endurecía la política migratoria al considerar prácticamente deportable toda persona indocumentada, reactivar la implementación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) suspendido en la Administración anterior y eliminar el programa «Permanecer en México», que enviaba a ese país a toda persona solicitante de refugio.

Estas primeras ordenanzas se respaldaron en promesas de campaña en las que palabras más, palabras menos, el presidente demócrata se comprometía a desmontar toda la maquinaria de odio y discriminación hacia las personas migrantes instalada por Trump y sus correligionarios, cuyas cifras de comunidad alcanzan hoy la nada despreciable cantidad de 75 millones de seguidores en toda la unión americana, si se contabiliza el caudal electoral alcanzado en noviembre anterior.

Pese a la inmediatez de las órdenes ejecutivas emanadas en las primeras horas de mandato de la fórmula Biden-Harris, una política migratoria más amplia, conceptualizada ya como “integral, progresista y de avanzada” aguarda en espera de ser anunciada en los próximos días. Sin embargo, de nuevo la discusión política se anticipará a la razón humanitaria y la postergación de lo realmente necesario será una realidad.

Sobre Centroamérica, entre tanto, se ha establecido apoyar las causas estructurales de la migración e instalar centros de procesamiento en sus países para gestionar las solicitudes de refugio. Para la primera acción se presupuestaron 4.000.000 millones de dólares destinados a paliar las razones “subyacentes” mediante las cuales la gente sigue saliendo en colectivo y forzadamente de sus países.

Sin embargo, entre las tareas proyectadas se cruzan todavía enfoques basados en el esquema securitario que predominó en los últimos años. Si bien el anuncio de detener el muro fronterizo puede parecer un alivio, lo cierto es que todavía resta un segmento considerable de construcción encargada por Trump y sus aliados internos. El muro fronterizo en lo que toca a lo dispuesto por los contratos previos, no se termina hasta que se termine, a pesar de las disposiciones demócratas sobre el tema.  Se ha dicho además que Biden apelará (de nuevo) a la tecnología como recurso para la protección de la frontera con México y agilizar así los controles migratorios. Otra forma de continuar un muro, esta vez desde el vallado electrónico.

La disuasión y el control seguirán siendo verticales, con una participación mucho más protagónica de México y Guatemala en el control de las movilidades humanas, como se ha comprobado en las coyunturas recientes. Aún más, la propuesta de regularización para las más de 10 millones de personas indocumentadas indica que serán contempladas aquellas que llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021, con lo cual se le asesta un golpe a aquellas personas centroamericanas que todavía transitan en colectivo y vía terrestre la región, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, cualquier determinación medianamente distante a las emprendidas por la Administración de Donald Trump aparecerá como “progresista o integral”. La externalización de la frontera y las acciones de control y disuasión no son dimensiones transables para una industria que mueve millones de dólares anuales para resguardarse de sus “enemigos externos” incluídas las personas migrantes centroamericanas, el terrorismo y el narcotráfico.

El viernes 22 de enero el río Suchiate ubicado en la frontera entre México y Guatemala fue escenario una vez más de acciones de represión y disolución de grupos que han continuado su caminar pese a la violencia con que han sido abordados en su tránsito. Es decir, las personas continuarán saliendo de sus países si no se atacan las condiciones históricas de los proyectos de dominación de las élites centroamericanas, se elimina su tono racista, colonial y clasista y se construyen sociedades horizontales e inclusivas. Mucho de ese estado presente en los países centroamericanos ha tenido invariable e históricamente el sello del Departamento de Estado.

Al tiempo de la redacción y edición final de estas reflexiones, se anuncia el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se presume que muchos de ellos son de origen centroamericano.  La maquinaria de la industria migratoria criminal y castigadora de las personas que se movilizan sigue su camino y no se detiene esperando que los vientos de cambio se terminen de instalar en la Casa Blanca.

Está por verse si la promesa de progresismo en materia de política migratoria en Estados Unidos cumple con el cometido de adecentar la atención hacia las personas centroamericanas que seguirán caminando, forzadas por las condiciones históricas y presentes en sus países de origen. De lo contrario, como tantos proyectos progresistas que se han visto pasar incluso en los mismos países centroamericanos, se convertirá en un fraude absoluto.

 

Foto: https://wradio.com.mx

Declaración de la Asociación Americana de Juristas tras el intento de golpe en los EE.UU.

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

La AAJ repudia los actos de violencia del 6 de enero en Washington DC, que resultaron en la muerte de cinco personas, lo cual pudiera repetirse durante o antes del acto de toma de posesión del presidente electo Joseph Biden. La insurrección ejecutada en el Capitolio fue impulsada por Trump esa mañana, mintiendo sobre un presunto fraude electoral. Una turba ultraderechista, fascista, antisemita y neonazi, y de supremacistas blancos, irrumpió y ocupó el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y varios edificios del Capitolio estatal en un intento de interrumpir el proceso de certificación de las elecciones, encontrar, agredir, o inclusive secuestrar y asesinar a legisladores y legisladoras, aparentemente con la complicidad de efectivos de las fuerzas del orden y colaboración de legisladores como Ted Cruz y muchos otros. Así lo reflejan los medios de prensa. Incluso se documentó que algunos agentes de policía abrieron barricadas para dejar pasar a las turbas y se retrataron en “selfies”. Además, se informó que el Departamento de Defensa no dio aprobación para la entrada de guardias nacionales de otros estados hasta horas después. Resulta significativo que un buen número de los insurrectos fueron integrantes de las fuerzas armadas de los EE. UU.

La AAJ considera que los hechos acaecidos confirman una tentativa de golpe de estado con el objetivo de anular los resultados de las elecciones, certificados por el Colegio Electoral. El fracaso de la tentativa posibilitó la decisión de la Cámara de Representantes del 13 de enero, promoviendo un segundo proceso de destitución de Trump por incitación, y no pueden descartarse nuevos intentos.

Hay que analizar seriamente el comportamiento y complicidad de las fuerzas del orden al tratarse de manifestantes supremacistas y compararlo cuando se trata de manifestantes negros, latinos, progresistas, LGBTQ, naciones originarias, mujeres, y de quienes luchan contra la discriminación y el racismo.

Un ejemplo, es el del pasado mayo y posteriormente: la policía de Washington DC actuó con fuerza excesiva y detenciones masivas de miembros de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) y grupos en solidaridad, por protestar contra el racismo y la violencia policial a raíz del asesinato de George Floyd. Así mismo fue el comportamiento de las fuerzas policiales en eventos similares en todo el país.

Otro ejemplo es la respuesta policial a la violencia de la supremacía blanca en Charlottesville, VA en 2017, cuando operativos de extrema derecha y fascistas se congregaron con antorchas, símbolos del nazismo, para revertir la decisión de remover los monumentos racistas. La policía, en otra demostración de racismo, tuvo una actitud complaciente hacia los supremacistas, que tomaron represalias e irrumpieron en medio de una contra protesta anti racista, hiriendo a decenas y matando a la joven Heather Heyer.

Por tanto,

La AAJ llama a una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente de los hechos, sancionar a los responsables y garantizar su no repetición tomando las medidas necesarias para desmantelar toda forma de racismo institucional y estructural.

16 de enero de 2021

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Compartido con SURCOS por Walter Antillón.

Familias sobreviviendo el femicidio

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte:

San José, 11 de enero 2021

Ante los groseros, desalmados e inhumanos comentarios y expresiones de diferentes personas en redes sociales y medios, el Grupo de Familias Sobreviviendo el Femicidio desea expresar su absoluta solidaridad y empatía con la familia de Alisson Bonilla Vásquez. Estas expresiones mezquinas de odio irracional y mofa no son nuevas y todos nosotros las hemos recibido y las seguimos recibiendo. Por esto declaramos:

Exigimos a los medios de comunicación un papel más activo de filtro a las expresiones injustificadas de odio y rencor. Propias de gente desalmada. Los medios tienen una responsabilidad de educar y direccionar el tono y el fondo de las discusiones que genera y que favorece en sus foros de opinión.

Imploramos a los dueños de los medios y sus juntas directivas a reconocer el problema del enfoque mediático en torno a los casos de femicidio. No queremos que nuestras hijas y madres sean un producto comercial, que sirva para vender o posicionar medios.

Pedimos a los anunciantes que tengan una actitud crítica y reflexiva con respecto en que medios y canales van a poner su inversión publicitaria. Lamentablemente al ser un problema de espectacularización y comercialización del femicidio y la violencia contra mujeres y niñas, los dineros de los anunciantes son premio a estas conductas y enfoques. Creemos que es hora de que los anunciantes asuman su responsabilidad en este discurso de odio y misoginia.

Consideramos que la pérdida irreparable y evitable de nuestras madres e hijas en una sociedad sana y solidaria, debería de generar empatía y llamados a la justicia y reparación de las familias que han pasado por este amargo evento. Nosotros como grupo procederemos a buscar las vías legales y administrativas para impedir que la memoria de nuestras víctimas sea mancillada y que algunos energúmenos proyecten su odio abyecto contra nosotros.

Finalizamos agradeciendo la solidaridad, la empatía, el amor y el cariño que recibimos de la gran mayoría de la población. Gracias a ustedes, nuestra lucha por justicia continúa firme y fuerte.

No más femicidios. No más impunidad. Nunca olvidar.