Por Memo Acuña, (Sociólogo y escritor costarricense)

Muchas cosas faltaron en el acto de investidura de Joe Biden como el Presidente estadounidense #46 de la historia. Muchas. Otras irrumpieron en escena como mensaje directo y frontal: el discurso absolutamente doméstico y comprensible del presidente entrante, la referencia continua en la imagen televisiva a las banderas de Estados Unidos instaladas en la plaza del Capitolio, como símbolo de una audiencia que aplaudía, reverenciaba y hacía silencio al compás de las intervenciones en el estrado, el guiño de Jennifer lopez a la comunidad hispana con su brevísima frase en español clamando justicia.

La parafernalia del cambio tenía que ser contundente, rápida, apelando todavía a los efectos producidos por una aceitada industria cultural y su uso pragmático del espectáculo para transformarlo convirtiéndolo en el más significativo acto político y simbólico: el acto de credibilidad basado en el rigor de la música y el estruendo de los juegos artificiales.

El mismo día en que Biden se sentaba en la silla presidencial, emitía un conjunto de órdenes ejecutivas de impacto en materia migratoria: detener la construcción del muro fronterizo con México, iniciar un proceso de regularización y ciudadanización de más de 10 millones de personas indocumentadas durante los próximos 8 años, suspender la orden ejecutiva emitida durante la Administracion Trump en la que se endurecía la política migratoria al considerar prácticamente deportable toda persona indocumentada, reactivar la implementación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) suspendido en la Administración anterior y eliminar el programa «Permanecer en México», que enviaba a ese país a toda persona solicitante de refugio.

Estas primeras ordenanzas se respaldaron en promesas de campaña en las que palabras más, palabras menos, el presidente demócrata se comprometía a desmontar toda la maquinaria de odio y discriminación hacia las personas migrantes instalada por Trump y sus correligionarios, cuyas cifras de comunidad alcanzan hoy la nada despreciable cantidad de 75 millones de seguidores en toda la unión americana, si se contabiliza el caudal electoral alcanzado en noviembre anterior.

Pese a la inmediatez de las órdenes ejecutivas emanadas en las primeras horas de mandato de la fórmula Biden-Harris, una política migratoria más amplia, conceptualizada ya como “integral, progresista y de avanzada” aguarda en espera de ser anunciada en los próximos días. Sin embargo, de nuevo la discusión política se anticipará a la razón humanitaria y la postergación de lo realmente necesario será una realidad.

Sobre Centroamérica, entre tanto, se ha establecido apoyar las causas estructurales de la migración e instalar centros de procesamiento en sus países para gestionar las solicitudes de refugio. Para la primera acción se presupuestaron 4.000.000 millones de dólares destinados a paliar las razones “subyacentes” mediante las cuales la gente sigue saliendo en colectivo y forzadamente de sus países.

Sin embargo, entre las tareas proyectadas se cruzan todavía enfoques basados en el esquema securitario que predominó en los últimos años. Si bien el anuncio de detener el muro fronterizo puede parecer un alivio, lo cierto es que todavía resta un segmento considerable de construcción encargada por Trump y sus aliados internos. El muro fronterizo en lo que toca a lo dispuesto por los contratos previos, no se termina hasta que se termine, a pesar de las disposiciones demócratas sobre el tema.  Se ha dicho además que Biden apelará (de nuevo) a la tecnología como recurso para la protección de la frontera con México y agilizar así los controles migratorios. Otra forma de continuar un muro, esta vez desde el vallado electrónico.

La disuasión y el control seguirán siendo verticales, con una participación mucho más protagónica de México y Guatemala en el control de las movilidades humanas, como se ha comprobado en las coyunturas recientes. Aún más, la propuesta de regularización para las más de 10 millones de personas indocumentadas indica que serán contempladas aquellas que llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021, con lo cual se le asesta un golpe a aquellas personas centroamericanas que todavía transitan en colectivo y vía terrestre la región, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, cualquier determinación medianamente distante a las emprendidas por la Administración de Donald Trump aparecerá como “progresista o integral”. La externalización de la frontera y las acciones de control y disuasión no son dimensiones transables para una industria que mueve millones de dólares anuales para resguardarse de sus “enemigos externos” incluídas las personas migrantes centroamericanas, el terrorismo y el narcotráfico.

El viernes 22 de enero el río Suchiate ubicado en la frontera entre México y Guatemala fue escenario una vez más de acciones de represión y disolución de grupos que han continuado su caminar pese a la violencia con que han sido abordados en su tránsito. Es decir, las personas continuarán saliendo de sus países si no se atacan las condiciones históricas de los proyectos de dominación de las élites centroamericanas, se elimina su tono racista, colonial y clasista y se construyen sociedades horizontales e inclusivas. Mucho de ese estado presente en los países centroamericanos ha tenido invariable e históricamente el sello del Departamento de Estado.

Al tiempo de la redacción y edición final de estas reflexiones, se anuncia el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se presume que muchos de ellos son de origen centroamericano.  La maquinaria de la industria migratoria criminal y castigadora de las personas que se movilizan sigue su camino y no se detiene esperando que los vientos de cambio se terminen de instalar en la Casa Blanca.

Está por verse si la promesa de progresismo en materia de política migratoria en Estados Unidos cumple con el cometido de adecentar la atención hacia las personas centroamericanas que seguirán caminando, forzadas por las condiciones históricas y presentes en sus países de origen. De lo contrario, como tantos proyectos progresistas que se han visto pasar incluso en los mismos países centroamericanos, se convertirá en un fraude absoluto.

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