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Etiqueta: violencia

Taller “Caminos de no violencia: experiencias de esperanza desde Servicio de Paz y Justicia Costa Rica – 30 años”

Este 14 de diciembre a las 4:00 pm se realizará el último taller ciclo 2020 del Centro Nacional de Promotoras/es de DDHH y No Violencia Activa (Cenapronova): Experiencias de Lucha No Violentas Activas en el Marco de la Conmemoración de los 30 años del SERPAJ-CR.

El evento virtual contará con relatos testimoniales de 5 mujeres en sus experiencias de lucha y resistencia No Violenta en Costa Rica.

Lunes 14 de diciembre del 2020

Hora: 4pm-6pm

Por Jitsi meet 

Enlace: https://meet.jit.si/Ciclo2020Serpaj-CR

 

Artículo: “Pedagogía de la violencia y resistencias de las mujeres. El cuerpo como territorio en disputa”

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) recién publicó su anuario número 11. Entre los artículos destaca “Pedagogía de la violencia y resistencias de las mujeres. El cuerpo como territorio en disputa” de la psicóloga e investigadora feminista, Mariana Alpízar Guerrero.

El artículo es una propuesta teórica y conceptual para comprender los mecanismos en que opera la violencia como pedagogía que, no sólo reprime, sino también moldea los cuerpos y les enseña cómo ser.

La autora presenta una sistematización de las resistencias macropolíticas y micropolíticas que han utilizado históricamente las mujeres “y parte de la idea de que donde existe violencia siempre ha existido también la resistencia, siendo esta última una herramienta indispensable que han usado las mujeres para apalabrar su dolor, asumir su capacidad de agenciamiento e ir recuperando su cuerpo que ha sido un territorio histórico en disputa”, expone el artículo.

SURCOS le invita a leer el artículo aquí

 

Compartido con SURCOS por Mariana Alpízar Guerrero.

Documento: “Mujeres indígenas y del campo en Costa Rica: múltiples pandemias y violencias en tiempos de la COVID-19”

La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “Mujeres indígenas y del campo en Costa Rica: múltiples pandemias y violencias en tiempos de la COVID-19” de la cientista social Allison Quintanilla Hernández y la activista ecofeminista, Rebeca Arguedas-Ramírez.

El documento invita a reflexionar alrededor de la siguiente pregunta: en tiempos de crisis por la COVID-19, ¿existen otras pandemias que están enfrentando las mujeres?

“Esta reflexión, situada en Costa Rica, explora lo estructural y global desde lo local, con la convicción de que la transformación social ecológica será, en el tanto incorpore claves diversas y desde las regiones, sectores y personas más oprimidas”, presenta el documento.

El documento amplía acerca de las luchas, debates y propuestas de los feminismos del sur y los ecofeminismos.

Asimismo, expone “¿Por qué nos deben interesar de manera particular las violencias que enfrentan las vidas de las mujeres indígenas y del campo? Son ellas quienes están en la primera línea de resistencia, respuesta y solución ante este y otros problemas sistémicos y en general, ante la crisis civilizatoria que atravesamos. La contradicción es muy visible cuando quienes tienen llaves maestras para la transformación social y ecológica que el mundo necesita y son las primeras en estar en peligro”.

SURCOS invita a consultar el documento a continuación:

Con los Guarimberos en Cuba: No se Dialoga, se les Combate y Neutraliza

Lic. José A. Amesty R.

Justo en el contexto, en que se desarrollaba en la barriada habanera de San Isidro, una supuesta huelga de hambre, por una decena de personas, algunas con vínculos probados con agencias y representantes de Washington, el Departamento de Estado Norteamericano, anunció que destinará hasta un millón de dólares para programas (un millón por cada proyecto) que estén vinculados con “los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales en Cuba”.

Más específicamente, dinero ilícito e impúdico, para agresión e injerencia en asuntos internos de Cuba, para subversión que justifiquen políticas norteamericanas como las del bloqueo, y a la campaña mentirosa contra la situación de los Derechos Humanos en la isla. Se anuncia que luego de los hechos en San Isidro, aun se sigue fomentando el caos y la violencia en Cuba.

Promoviendo igualmente, su agenda injerencista en naciones latinoamericanas como Nicaragua y Venezuela entre otros, de acuerdo con numerosas denuncias realizadas por esos Gobiernos. Desde el triunfo de la Revolución cubana, Washington financia a grupos subversivos, como el denominado “Movimiento San Isidro”, con el fin de que impulsen acciones desestabilizadoras dentro de Cuba.

¿Qué es la Intentona Golpista Suave/Blanda (malinche) de San Isidro?

  1. Expertos y analistas alertan que Cuba, es diana en estos momentos de una guerra mediática, desarrollada principalmente en las redes sociales y como parte del conocido “golpe blando”. Así se le denomina al mecanismo de intervención extranjera indirecta, creado por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, para el cambio de sistema social en países con algún objetivo estratégico para Estados Unidos. Aunque el manual de golpes blandos, habla de una guerra basada en la protesta pacífica, los hechos siempre terminan en escenarios violentos.
  2. La farsa de San Isidro, de pésima factura, ha sido el intento de Estados Unidos para echar a andar un golpe de Estado blando en Cuba. No se puede ver de otra manera. ¿Qué pasó allí entonces?

Inicialmente digamos que, el “Movimiento San Isidro” (conocido también por su sigla MSI) es un movimiento artístico y social de corte político cubano, creado por un grupo de artistas e intelectuales que forman parte de la denominada disidencia cubana, la oposición al Partido Comunista de Cuba, con sede en La Habana, la capital cubana, combinan sus actividades de activismo político con intervenciones artísticas.

Luego añadamos que, el Movimiento Golpista, agitó la vida política de Cuba en las últimas semanas de noviembre 2020 e inicios de diciembre, con su desafío al Gobierno de La Habana. Este grupo de artistas, creado en el 2018, inició una huelga de hambre, para pedir la liberación del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por desacato. La aplicación de la justicia a Denis Solís sirvió como pretexto a los golpistas. El grupo exigió dos cuestiones: la primera, la liberación de Denis Solís González, presentado como un joven artista censurado, quien según alegaban estaba desaparecido después de ser detenido por la Policía.

El segundo pretexto que inventaron, para ganar popularidad con su provocación, es la eliminación de las tiendas en MLC, (La apertura de la red de tiendas en MLC, se hizo con el propósito de dar respuesta a la demanda solvente de un segmento del mercado, y así captar las divisas que salían del país y reorientarlas hacia el desarrollo de la economía), medida necesaria para enfrentar el recrudecimiento del cerco económico implantado por la administración de Donald Trump, y  agravado por la crisis generada por la COVID-19.

Para ello se acantonaron durante poco más de siete días, en un local de la Habana Vieja, ubicado en Damas 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto. El devenir de la semana en la que se desarrolló esta puesta en escena demostró de qué se trataba el espectáculo.

La protesta fue interrumpida el 26 de noviembre, cuando un grupo de agentes gubernamentales entró en el edificio donde estaban los huelguistas, los detuvo y los trasladó a un hospital, por romper el protocolo contra el covid-19.

  1. Hay un elemento nuevo, en el contexto de este alzamiento, y es el papel de las nuevas tecnologías, es preocupante que estos “movimientos”, sean apoyados por poderosas armas tecnológicas a través de la CIA: internet, teléfonos (algunos satelitales), como señala el escritor venezolano, Luis Brito García: “sus cañones son los medios de comunicación de masas; sus proyectiles, las ideologías”. Son estructuras de comunicaciones, y acceso a internet en los países o regiones objetivo de la agresión. Su esencia es subordinar los hechos, a las habilidades emocionales del manipulador, a su capacidad de actuar, de dramatizar la mentira.

A su vez, el Estado cubano debe atender la proliferación de pequeños blog, medios y espacios de comunicación, que se prestan a los Golpes de Estado.

  1. Detrás de este nuevo show anticubano, se encuentra el gobierno de Donald Trump y la extrema derecha cubano americana, quienes estimulan, apoyan y financian estas acciones para que conduzcan a la inestabilidad política en Cuba.

Plataformas vinculadas a la subversión y la contrarrevolución, que continúan convocando a sectores de la sociedad cubana, en particular artistas, a mantener las presiones sobre las autoridades cubanas y no se desmovilicen, aseguran que este es el momento de salir a las calles.

A estos esfuerzos, han sumado a los centros de subversión político ideológico, a instituciones y ONG, involucradas en el entramado subversivo norteamericano, y a sectores de la derecha latinoamericana y europea, de conocidas posiciones anticubanas, en función de aprovechar estos incidentes, para reforzar las campañas en materia de Derechos Humanos y respaldar a los promotores de estos sucesos, con el propósito que persistan en sus acciones.

A toda esta parafernalia negativa, el presidente de la Republica Socialista de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, puntualizó: el Gobierno tiene espacio de diálogo, pero si es para “lo que sea por el socialismo y para todo lo que sea por la Revolución”.

Haciendo un extenso resumen, señalamos:

  • El llamado “movimiento San Isidro”, es un instrumento más de la estrategia norteamericana, para subvertir el orden interior en Cuba.
  • La provocación que montaron, con esta farsa de San isidro, ha sido un nuevo intento de EEUU, para echar a andar un Golpe de Estado blando/suave en Cuba.
  • No se trata de un hecho inédito, tiene antecedentes en otras acciones similares, organizadas, financiadas y ejecutadas por EEUU y la extrema derecha cubano americana, en su afán de destruir la Revolución Cubana.
  • El show montado sigue el mismo patrón de otras provocaciones anteriores, como la ridícula y falsa huelga de hambre, que protagonizó la contrarrevolucionaria Martha Beatriz Roque Cabello, la cual fue sorprendida cuando le suministraban alimentos, incluidos aguacates, por lo que pasó a ser conocida como la “Huelga del Aguacate”.
  • Los integrantes del grupúsculo de San Isidro son seudoartistas, sin obras reconocidas, de baja catadura moral, utilizando el falso ropaje de opositores, para acceder a financiamiento procedente de EEUU, y ganar credenciales para la salida del país.
  • En los reality shows que acostumbran realizar, se pueden apreciar la degradación existencial y cultural, cometiendo acciones humillantes contra menores de edad, manipulándolos para espectáculos groseros y provocadores.
  • Su cabecilla Luis Manuel Otero Alcántara, tiene amplio historial de provocaciones contra las autoridades cubanas, incluido el ultraje a la bandera cubana. Recibió en todo momento el apoyo de Mara Tekach, cuando fungía como encargada de negocios en la embajada de EEUU en la Habana-Cuba, y en la actualidad coordinadora de asuntos cubanos en el Departamento de Estado gringo.
  • Tanto Otero Alcántara, como el resto de los integrantes del grupúsculo golpista, profesan admiración por Donald Trump y todos los demás que han impulsado el recrudecimiento genocida del bloqueo en contra del pueblo cubano.
  • Estos elementos marginales, son utilizados como parte de las estrategias norteamericanas, del golpe blando/suave, con la pretensión de promover el caos, alimentar la narrativa de la violencia y la represión, para de inmediato propagarla a través, de una financiada y bien articulada red de medios al servicio de los intereses de EEUU.
  • Como indicamos, el pretexto para montar la farsa San Isidro, fue la sanción por desacato al integrante del grupúsculo y rapero desconocido, Denis Solís González, quien ofendió y amenazó a una autoridad policial en el ejercicio de sus funciones. Si llegara a insultar de la manera cómo lo hizo, a un policía norteamericano en EEUU, lo más probable es que hubiera terminado asfixiado por una rodilla en su cuello, o muerto a balazos. El video filmado por el propio Solís González, es más que suficiente para probar de manera fehaciente, el delito de desacato y demostrar la mentira de quienes intentan presentarlo como un preso de conciencia. Por el delito de desacato, se le sancionó a ocho meses de privación de libertad, sin llegar a aplicársele la máxima pena de un año. No presentó el recurso de apelación contra la sanción. El afirma en el video, que su presidente es Donald Trump, negando su propia identidad cubana. En otro video que circula en las redes sociales, Solís González reconoció tener vínculos con una persona que ha sido financiado para llevar a cabo actos violentos contra Cuba, como lo es Jorge Luis Fernandez Figueras, acusado por la justicia cubana por pertenecer a un grupo terrorista, radicado en Miami, quien le prometió a Solís González, el envío de 200 dólares, si cumplía sus instrucciones. Ello muestra claramente que estamos ante un mercenario.
  • No podía faltar el impresentable de Almagro y la desprestigiada OEA, quien se pronunció en apoyo a esta maniobra desestabilizadora y golpista.
  • Cuba ha denunciado a grupos y personas radicadas en territorio estadounidense, conectados con elementos terroristas en Cuba, que promueven abiertamente, la realización de actos de sabotaje, violencia y desacato a la ley.
  • El gobierno de Donald Trump y sus organismos de seguridad conocen y toleran el ofrecimiento de pagos en las redes sociales por realizar acciones terroristas contra Cuba.

Finalmente, hacemos un llamado a la Solidaridad Latinoamericana para dar a conocer, apoyar y exponer, la arremetida gringa contra Cuba solidaria, en estos momentos aciagos, donde además, está asediada por la pandemia del Covid-19.

 

Imagen tomada de: https://kaosenlared.net/

Tribunal de Conciencia dará consejos para una cobertura respetuosa de las noticias sobre femicidios

Un grupo de organizaciones de mujeres, con apoyo de las oficinas de género de las universidades estatales y la Fundación Justicia y Género, han organizado el primer Tribunal de Conciencia sobre el tratamiento de los medios de comunicación en los casos de femicidios.

Los Tribunales de Conciencia son eventos abiertos y públicos que convocan a personas claves de la justicia y de otros ámbitos, con el fin de generar un análisis y discusión respetuoso sobre un hecho que violente algún derecho humano específico, genere un reconocimiento de reparación simbólica, tanto individual como colectivo para que no vuelva a repetirse.

La influencia del Tribunal alcanza las áreas política, jurídica, académica y cultural, ya que este tiene una vocación educativa y sensibilizadora, principalmente hacia sectores menos conscientes de la violación de derechos.

En este caso, este tribunal de conciencia abordará la responsabilidad de los medios de comunicación en el reforzamiento de la violencia estructural contra las mujeres.

El desarrollo del Tribunal de Conciencia se realizará los días 8 y 9 de diciembre, de manera virtual a través del fanpage de la Fundación Justicia y Género, en un horario de 10 a.m. a 12 md.

Esta iniciativa forma parte de las actividades de sensibilización de los 16 Días de Activismo contra la violencia de Género, campaña internacional que arrancó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos.

El tribunal estará integrado por connotadas figuras especialistas en derecho y en periodismo que fungen como juezas, jueces, fiscalía y observadores.

Se trata de la abogada y experta en género, Alda Facio; los abogados especialistas en derechos humanos, Rodrigo Jiménez de Costa Rica, y Christian Paula de Ecuador; las periodistas Yanancy Noguera, Hulda Miranda y Thaís Aguilar, así como la experta internacional en género, Sara Sharrat; este grupo de especialistas fungirá como juezas y jueces, mientras que la abogada y especialista en derechos de mujeres, Roxana Arroyo, hará de fiscala y la escritora y premio Magón 2012, Yadira Calvo será la observadora de las acciones del Tribunal.

Datos dolorosos

De acuerdo con datos de la Fiscalía Adjunta de Género y la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial y del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, recabados por la periodista Hassel Fallas en su análisis La Data Cuenta, entre octubre del 2019 y el 26 de octubre de este año han sido asesinadas 26 mujeres a manos de sus parejas, exparejas, parientes, conocidos o atacantes sexuales.

Empero, hay 41 casos de muertes violentas de mujeres que se están investigando para determinar si se pueden catalogar como femicidios o no.

Muchos de los casos de este año fueron abordados por los medios de comunicación costarricenses y, lamentablemente, algunos de forma imprudente, poco compasiva, revictimizante e inapropiada en términos de derechos de imagen y memoria de las mujeres asesinadas.

Tal ha sido el impacto del desafortunado tratamiento noticioso de los femicidios que proyectos como el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Universidad Nacional y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, realizó y presentaron el 25 de noviembre pasado, un protocolo de prensa para el abordaje y tratamiento informativo de la violencia de género contra las mujeres y sectores vulnerables.

Por ello, este Tribunal de Conciencia procura concientizar sobre la importancia educativa y ética que tienen los medios de comunicación en los derechos de las mujeres, su responsabilidad en la erradicación de los patrones socioculturales que fomentan el sexismo y la violencia, y analizar el papel que juegan los medios con respecto al sufrimiento de las víctimas y sus familiares por la forma de presentar los femicidios.

Cabe recordar una observación que hiciera la antropóloga y escritora mexicana, Marcela Lagarde, quien señalaba que nuestras sociedades “son muy tolerantes a la violencia contra las mujeres o a cualquier forma de cosificación contra ellas”.

Las conclusiones del Tribunal serán una colaboración para las personas profesionales en comunicación y los medios, para que mejoren sus enfoques y abordajes informativos con respecto a estos temas.

Además, la organización de esta iniciativa constituye un homenaje para honrar la memoria de las víctimas de femicidio y una forma de reparación y apoyo para las familias de ellas, que tanto dolor y sufrimiento llevan sobre sus espaldas.

Comunicado de prensa compartido a SURCOS por Efraín Cavallini Acuña, presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Presentan libro: “30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”

  • Conversatorio sobre contextos latinoamericanos de violencia contra personas defensoras de la naturaleza

San José, Costa Rica.- Este próximo lunes 7 de diciembre, a las 5:00 pm, se presentará el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Esta realidad no tiene nada que ver con la imagen idílica de las postales turísticas, de país verde y de paz con la que se vende a Costa Rica en el exterior.

La presentación del libro será un conversatorio ––que se transmitirá vía redes sociales–– entre destacadas activistas de toda la región Latinoamérica, como lo son Karin Nancen (Uruguay), presidenta de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional; Silvia Riveiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC); Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de Acción Ecológica; y Tatiana Roa (Colombia), de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia.

Nuestro país es parte de la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde 2012. Casos como el de Jairo Mora (2013), Sergio Rojas (2019) o Yehry Rivera (2020) son parte de estas lamentables estadísticas.

Según el prólogo del libro, este “es un esfuerzo por sistematizar una fracción de la criminalización pues se ha construido a partir de las mismas fuentes y voces de personas defensoras”. Además, “es un ejercicio de memoria histórica en construcción y que necesariamente debe seguir alimentándose y sobre todo aclarándose y tratando de lograr justicia y acabar con la impunidad ante la mayoría de casos”.

Los autores aseguran que “es importante señalar que sí hay destacados logros ambientales en nuestro país y existen también externalidades y costos humanos sobre cada uno de estos avances. En ese sentido, este panorama de criminalización tiene un peso importante a la hora de hablar de éxitos, indicadores y políticas ambientales.”

La criminalización se puede definir “como un proceso de acciones y estrategias realizadas por instancias estatales y privadas, que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y la desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales”. Se puede manifestar como formas sutiles de prejuicios, hasta elaborados dispositivos mediáticos y político-jurídicos, conformando un ciclo de violencia socio ambiental.

El libro sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas y fue compilado por la periodista Fabiola Pomareda. Es una publicación de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19

Conferencia internacional

SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.

La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.

Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.

A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.

De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.

La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.

Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.

En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.

La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.

Aquí puede ver la transmisión.

Conversatorios Aprendamos Juntas: Semana contra la Violencia hacia las Mujeres

En el marco de la Semana contra la Violencia hacia las Mujeres se realizarán a partir del 23 y hasta el 27 de noviembre una serie de conversatorios acerca del trabajo doméstico no remunerado, activismo en organizaciones feministas, políticas para la igualdad y la equidad de género en los cantones, experiencias en organizaciones feministas, atención de la violencia contra la mujer y femicidio en Costa Rica.

Los conversatorios virtuales se transmiten a través del Facebook Más allá de la Cortina

 

Información compartida con SURCOS por Ivannia Lazzaro.

UCR repudia orden de desalojo contra población indígena

Zaida Siles Rojas, Periodista

El Consejo Universitario hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a levantar la voz en defensa de los pueblos indígenas. (Fotos: www.surcosdigital.com)

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) repudia la orden de desalojo que emitió recientemente el Tribunal Agrario de San José contra varias familias indígenas cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, en la zona sur del país.

Las tierras estaban ocupadas por personas ajenas a la comunidad y fueron recuperadas hace más de un año por esas familias.

El Órgano Colegiado le reiteró al Gobierno de la República su deber de garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones.

Además, le exigió al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública tomar las medidas necesarias para que la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas.

El acuerdo del Consejo Universitario contiene también una solicitud al Ministerio Público para que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.

Para el Órgano Colegiado, “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.

Miembros del Consejo expresaron que, por más de 40 años, el Estado costarricense ha sido negligente en su obligación legal de garantizar la territorialidad indígena, de acuerdo con la Ley N.° 6172, de noviembre de 1977, tras el incumplimiento de las promesas de solución que han realizado las últimas administraciones y la inexistencia de una política pública eficiente en la materia.

En reiteradas ocasiones, el Consejo Universitario se ha pronunciado sobre la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como a los homicidios de líderes indígenas y al papel que debe asumir el Estado costarricense, de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

Este último acuerdo fue aprobado en la sesión N.º 6439, con base en una propuesta presentada por los miembros Valeria Rodríguez Quesada, Madeline Howard Mora, Teresita Cordero Cordero y Carlos Méndez Soto, la cual toma en consideración la solicitud que al respecto presentaron las escuelas de Antropología y Sociología.

Información del Consejo Universitario UCR.