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Etiqueta: violencia

Alerta: no indígenas agreden a recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö

  • Recuperadores y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö son agredidos físicamente por turba de 20 personas no indígenas

Jueves 08 de octubre 2020. Al ser las 5 a.m. los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en Yuwi Senaglö -terreno recuperado desde el 28 de septiembre- fueron atacados por una turba de 20 personas no indígenas. En ese momento, la presencia policial era de apenas 3 efectivos.

Entre las personas identificadas en la turba se encuentran: Beto Hidalgo, Yeudy Garro Vargas -menor edad-, “Gato” Vargas -hermano mayor de Miguel Vargas-, Antonio López y Alejandro Badilla Salazar. Este último -Badilla Salazar- es el peón de Miguel Vargas que se encontraba en la lechería cuando fue recuperado el terreno y al que la Fuerza Pública decomisa 2 armas de fuego.

Efraín Fernández, recuperador cabécar y Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá, es uno de los principales afectados. Beto Hidalgo le provocó una herida en su cabeza. Al ser las 6:30 a.m. Efraín aún no ha recibido atención médica. También se reportan otros golpes a recuperadores con piedras y otros objetos.

Tras el ataque, la turba ingresó a la casa de Miguel Vargas y ahí se mantiene atrincherada. Situación que genera tensión y una alerta temprana ante la posible escalada del conflicto.

Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones REALES en los desalojos de personas no indígenas en nuestros Territorios.

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur

 

Información tomada de la página de Facebook de Coordinadora de Lucha Sur Sur. Compartida con SURCOS por Uriel Roja.

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.

Protesta debe conducir a un proyecto viable de nueva sociedad

Gerardo Morales García

La protesta de la calle en estos momentos tiene, al parecer, como máximo objetivo bloquear las principales carreteras del país y medir fuerzas con la policía, que intenta desbloquear los puntos críticos.

El enfrentamiento con la policía ya deja un saldo bastante abultado de heridos y detenidos. Además de una buena cantidad de daños materiales a vehículos particulares y del Estado. Y la violencia crece conforme pasan los días y no se ve ninguna opción de diálogo y entendimiento.

El COVID-19 ha pasado a un segundo plano. No importa ya el contagio ni las alertas. Los fallecimientos siguen aumentando, pero eso ya no es el punto central de reflexión.

Hay algo preocupante en esta coyuntura. La lucha inmediata es contra el Ejecutivo, y en particular contra la figura del Presidente. No es contra un sistema económico determinado ni siquiera contra un modelo de desarrollo ni su sistema político. O al menos no explícitamente en tanto el adversario no son las cámaras empresariales, el capital, ni tampoco quienes evaden y eluden impuestos. Esos ven los acontecimientos desde sus casas y mansiones. Sin mayores sobresaltos.

Tampoco el objetivo es el rediseño del Estado o la estructura jurídica del Estado o puntos críticos de la democracia como sistema político. La consigna genérica es “no más impuestos” con la consiguiente ambigüedad de un discurso que puede ser defendido también por los responsables históricos de la desigualdad económica y social del país. No más impuestos piden también quienes deberían contribuir más con la economía nacional, quienes pagan salarios bajos y tributan lo mínimo. Los mismos que adeudan grandes sumas a la seguridad social y que ven, repito, los acontecimientos desde sus casas, porque el problema pareciera no ser con ellos.

Con esto quiero enfatizar que la agenda de la protesta y la estrategia puede repetir lo mismo de siempre: hay violencia creciente, daños al patrimonio del Estado, heridos, detenidos y hasta muertos. Pero no se pasa de ahí. El sistema que genera desigualdad sigue igual, los salarios siguen hacia la baja, la calidad de vida se deteriora y la pobreza se mantiene o crece con la pérdida de empleos.

Es decir, se protesta pero no se profundiza en un proyecto viable de nueva sociedad, de nuevos tipos de convivencia social, de nuevas reglas del juego. Eso no interesa porque a la larga la política de corto plazo, la reivindicación inmediata, no da para pensar en algo mucho más fuerte y viable.

En lo particular me duele que de pronto un movimiento contestatario se convierta en un callejón sin salida, en un movimiento ritual que no logra trascender su propio impulso. Y que el objetivo central sea la violencia per se y no algo que convoque realmente a un cambio radical del sistema. Presumo que nuestras revoluciones serán siempre conservadoras, donde el oportunismo y la consigna de corto plazo terminan generando más frustración en los sectores vulnerables, que nunca se benefician realmente con nuestras revueltas de bloqueos y quema de patrullas de la fuerza pública, fuerza pública a la cual le exigimos, en otros momentos, que nos cuide del crimen organizado y de la delincuencia.

Se que mi visión no es la ortodoxa de los revolucionarios profesionales, de los líderes que prometen el cambio con petardos y bulla pero que al final no logran conjuntar los intereses de la ciudadanía como en otros tiempos si lo pudo hacer un Manuel Mora con su capacidad organizativa y negociadora.

Como no me siento representado plenamente ni por el gobierno ni por los líderes que han asumido la estrategia del bloqueo y la quema de patrullas, no me queda más que esperar a que las partes se sienten realmente a negociar una salida que nos ayude a todos a respirar dignamente en algún momento. Y que más temprano que tarde podamos soñar realmente con un nuevo proyecto de sociedad. Un proyecto donde no se tenga que recurrir a préstamos de usura o a la reducción del Estado social.

Se qué hay muchos intereses en juego, desde los electorales hasta el simple revanchismo camuflado. Y que ya uno está bastante curtido como para no caer en el pecado de ingenuidad.

Y como todavía puedo pensar libremente, sin directrices de nadie, me tomo el derecho de expresar mi opinión en esta hora realmente difícil, con varias pandemias en desarrollo.

Rel UITA: Carta a presidente sobre desestimación y archivo del caso sobre asesinato de Sergio Rojas

Carta de Rel UITA al Presidente de Costa Rica

Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines.
Rel-UITA

Señor Presidente de la República de Costa Rica
Carlos Alvarado Quesada
Casa Presidencial
San José

Ref.: Desestimación y archivo caso asesinato Sergio Rojas

Señor Presidente:

Nos hemos enterado que este 24 de septiembre, el Ministerio Público decidió ordenar la desestimación y archivo fiscal del caso del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a informaciones que han circulado recientemente, la Fiscalía habría tomado esta tan discutible decisión debido a la imposibilidad de identificar a los autores del crimen tras juzgar que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar testigos” le imposibilitaban llevar a cabo la investigación.

Comprenderá usted que tales argumentaciones son inaceptables bajo cualquier punto de vista, máxime cuando el líder indígena asesinado gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, que le ordenaba al Estado y a usted personalmente en tanto autoridad más relevante del país garantizar su integridad física y su vida.

Pese a esas disposiciones, Rojas fue ultimado a mansalva de 15 disparos el 18 de marzo del año pasado, y ello en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre.

En ese contexto de agresiones permanentes, que su gobierno tampoco ha sabido frenar, era muy probable que Sergio Rojas fuera tomado como blanco y el Estado debía haber extremado las medidas necesarias para salvaguardar su vida.

Nos preocupa sobremanera que, 19 meses después del atroz asesinato, no sólo no ha habido ningún avance en la línea de investigación, sino que los órganos encargados de impartir justicia pretendan archivar el caso, cubriéndolo con un manto de impunidad.

Las organizaciones de las cuales Rojas era miembro denuncian la inacción del Estado ante la impunidad de la cual gozan los terratenientes que, a menudo, usurpan y se apoderan violentamente de los territorios indígenas.

Asimismo, exigen que se apliquen los convenios internacionales ratificados por Costa Rica y las leyes nacionales que regulan y garantizan los derechos territoriales de los pueblos originarios.

Continuar postergando el reordenamiento y saneamiento de los territorios indígenas y permitiendo que la represión y los crímenes contra los pueblos originarios queden impunes, deja a las poblaciones que están en procesos de recuperación, aún más expuestas a más violencia y ataques mortales.

El 25 de septiembre, un día después de la decisión de la Fiscalía de archivar el caso del asesinato de Sergio Rojas, Naciones Unidas instó a las autoridades de Costa Rica a continuar las investigaciones, “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia”.

Asimismo, exigimos que se lleven a cabo acciones para “erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas”, garantizándoles también el derecho a la posesión de sus tierras.

Señor presidente, la Rel UITA, y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 países, hace suyos esos reclamos de elemental justicia, tanto con Rojas y otros dirigentes sociales asesinados y agredidos en su país como con las poblaciones indígenas que ven constantemente pisoteados sus derechos ante la pasividad de quienes tienen el deben de protegerlas.

Sepa que en esa lucha seguiremos estando.

Atentamente,

Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA

Montevideo, 6 de octubre de 2020.

Sobre violencias

José Luis Callaci

El único violento aquí es este gobierno que con sus actitudes autoritarias y anti democráticas aplica políticas neoliberales que afectan gravemente a la gran mayoría de los costarricenses, violentando con ello la tradición política costarricense; y esa práctica democrática que hizo emblemático a este país. La respuesta en las calles ante la negación sistemática al diálogo es legítima.

No tiene este pueblo paciente otra forma de expresarse para ser escuchado. Conozco a José Miguel Corrales. Desde nuestra juventud compartimos luchas y sé muy bien cuáles son sus atributos de hombre de bien, con fuertes convicciones y firmes valores éticos y morales y me disgusta sobremanera no solo la negación de este gobierno de escuchar su opinión y sus propuestas sino la forma altanera, prepotente, descalificadora, burlona y hasta insultante con que se le viene tratando.

Que sigan escuchando solo a esa parte que ha hecho la agenda mientras se conservan vergonzosos y delictivos privilegios, se permiten evasiones, contrabandos y sumisiones a organismos financieros internacionales y a quienes los respaldan, y otras fechorías y este pueblo va a estallar. Si es que ya no lo está haciendo. La gente está en la calle no porque sigue a uno u otro dirigente sino porque está hastiada de esta especie de cofradía de corruptos que se ha hecho del poder total en este país. A las cosas por su nombre.

Costa Rica: llamamos al cese de violencia e impunidad contra personas defensoras de pueblos indígenas

  • En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
  • Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.

San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.

Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.

En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.

Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.

En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.

Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.

Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.

De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.

Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.

Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.

Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.

Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.

Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!


Lista de organizaciones que apoyan la declaración

  1. Agora Association, Turkey
    2. AIDA Americas
    3. Arraigo ONG, Costa Rica
    4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
    5. Asociación Paz y Esperanza, Perú
    6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
    7. Center for International Environmental Law (CIEL)
    8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
    9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
    10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
    11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
    12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
    13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
    14. Corporación La Caleta, Chile
    15. Culture Hack Labs
    16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
    17. Environmental Defender Law Center (EDLC)
    18. Environmental Justice Foundation (EJF)
    19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
    20. Forest Peoples Programme (FPP)
    21. Front Line Defenders (FLD)
    22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
    23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa
    24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
    25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
    26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
    27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
    28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
    29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
    30. Legal Resources Centre
    31. Londres 38, Chile
    32. National Alliance of People’s Movements of India
    33. New Wind Association, Finland
    34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
    35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
    36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
    37. Open Briefing
    38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
    39. Project HEARD
    40. Protection International Mesoamérica
    41. Public Association “Dignity”
    42. Rainforest Fund
    43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
    44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
    45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
    46. Success Capital

* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

Suicidio y femicidio: ¿cuál mata más?

Dr. Humberto Aguilar Arroyo
Sociólogo.
Docente, Investigador. UNED

La muerte se origina en el nacer. Es un principio universal contra el cual no podemos luchar. La muerte puede ser retrasada, la enfermedad tratada pero el fin es seguro.

No obstante, la forma de morir si es de índole social, por tanto, podemos maniobrarla.

Por ejemplo, las muertes causadas por la imprudencia en accidentes de transito, recreativo o laboral. También aquellas que ocurren en los enfrentamientos militares de un Estado contra otro, o por conflictos civiles o contra el crimen a lo interno de una Nación.

Otras formas de morir también pueden ser prevenidas, como son la muerte por contaminación ambiental que así las cosas; a largo plazo provocara un genocidio mundial, o por la carencia de alimentos y disposición de medicamentos.

Finalmente se encuentra la muerte causada a mediano y largo plazo por los estilos de vida insalubres como son la ingestión de “comida chatarra”, consumo de sustancias toxicas legales e ilegales, etc.

En suma, si podemos prevenir para no exponernos a condiciones que tengan por resultado una muerte temprana, pero no podemos prevenir la muerte. Podemos elegir conscientemente la forma de morir si somos conscientes de las formas de vivir.

Esta pequeña introducción la considero importante para contextualizar el tema del suicidio-femicidio.

La sociedad costarricense ha sido convulsionada por la frecuente recurrencia de muertes perpetrados contra mujeres.

Nadie merece morir en manos ajenas. Mi vida me pertenece y es un derecho del cual soy responsable. Esa condición es lo que me configura como persona libre.

A continuación, vamos a contextualizar sociológicamente el femicidio y su vinculación con el suicidio femenino.

El femicidio como parte del crimen, entendido como la acción que sega una vida sin su consentimiento, se ha incrementado en la ultima década. ¿A que factores obedece? ¿Como podemos sociológicamente explicarlo?

El homicidio y el femicidio así como su otra cara de la moneda: el suicidio, forman parte del escenario de la violencia estructural que vive la sociedad posmoderna, en la cual desde luego se encuentra Costa Rica.

En la sociedad tradicional de fines del siglo XIX y que culturalmente se prolongo en el caso de las naciones del tercer mundo hasta mediados del siglo XX, el perfil de las relaciones sociales, la interacción y socialización entendida como la creación y puesta de valores, creencias y tradiciones fueron totalmente trastocadas por la emergencia de la nueva sociedad de la información y el conocimiento.

El homicidio desde muy temprana la vida humana ha acompañado la vida social. Recordemos el fratricidio perpetrado por Caín contra Abel.

Sin embargo, estadísticamente es durante finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, en que se ha incrementado en todo el orbe mundial.

¿Es solo la “maldad” intrínseca en la naturaleza humana la causa principal del homicidio y del femicidio; como lo planteaba el pensador clásico Thomas Hobbes? Si es así, podríamos deducir que como los femicidios en su mayor parte los cometen los varones, entonces los hombres son mas “malos” que las mujeres, y que la mujer es una victima pasiva y neutral del varón agresor.

Interesante escenario que se contrapone con el habitus creado en nuestra cosmovisión. Veamos.

Según la religión judeo-cristiana, Dios (valga aclarar que sin que se haya explicado racionalmente, en la consciencia del creyente se crea una figura masculina, en el calificativo de Padre) el cual creo a Adán (primer hombre) a su imagen y semejanza y de segundo y a partir de él (costilla) a la mujer. Con lo cual se hace entender la dependencia biológica existencial de la mujer con respecto al hombre.

Por otra parte, la mujer fue creada para complementar la vida de Adán, pues se “sentía solo” en el Paraíso (véase pasaje en el libro del Génesis al respecto).

La mujer sin vida intencionalmente propia, “comete” el gran error y se hace artífice de introducir el “pecado original” que nos deshereda de la vida eterna.

En resumidas cuentas, la mujer es la “pecadora” que hace caer en pecado al “santo” Adán. Y con ello condena a toda la humanidad, tremendo karma sobre los hombros femeninos.

Esta visión teológica patriarcal y machista, ha contribuido a configurar una imagen concebida de lo que es, debe y debería ser la mujer en sus roles personales y de interacción social; condenándola históricamente a sufrir el escarnio de la insensatez e ignorancia de los varones según las prescripciones culturales de cada periodo histórico.

Hace muy pocos siglos la mujer no era considerada como persona.

En la Edad Media, miles de mujeres fueron condenas a la hoguera, la horca o decapitas al encontrarlas culpables de hechicería o herejías por parte de la Santa Inquisición.

El 8 de marzo de 1857 una multitudinaria manifestación publica de obreras y obreros pertenecientes a una fábrica textilera de Nueva York, fue brutalmente reprimida por la policía, cobrando la vida de más de 120 mujeres. fueron asesinadas por la policía de Nueva York,

El 25 de marzo de 1911, en la fábrica textil Triangle Shirwaist en esta misma ciudad; 123 mujeres y 23 hombres son encerrados y calcinados por los empresarios en complicidad con la policía. En su mayoría eran migrantes judío e italiano.

Su pecado: reclamar la disminución de la jornada laboral que en ese entonces podía llegar hasta las 18 horas diarias, sin derechos a ninguna compensación social y medica.

Durante la primera y segunda Guerra Mundial, miles de mujeres fueron violadas y masacradas por los distintos ejércitos sin importar el bando militar.

Similar escenario dantesco represento la conquista española contra las mujeres de los pueblos originarios de América.

En nuestro país, la mujer no existía como persona jurídica, pues es hasta la década de 1950 en el que adquiere el derecho de votar, por tanto, a tener una identificación como ciudadana.

Con esta corta y apretada remembranza, lo que queda en evidencia es que el femicidio ampliado no es nada nuevo y que ha obedecido a factores de dominación, explotación y control de parte de hombres si bien de “carne y hueso”, pero determinados en y por una institucionalidad religiosa, cultural, militar, económica y política hegemónica.

Desde luego que el femicidio lo cometen hombres, pero estos se encuentran sociológicamente contextualizados.

El concepto de patriarcado, machismo y sus antónimos matriarcado, feminismo, son etiquetas que poco aportan en el esclarecimiento de la problemática, si estos no se articulan y vinculan con los procesos macroeconómicos sociales y culturales.

Indicamos que el crimen dentro del cual contemplamos el homicidio, femicidio y suicidio pertenecen y son formas expresivas de la violencia social estructural, la cual la entendemos como las condiciones distintas y múltiples de negación de la vida mediante actos legalmente legítimos o no. Es decir, como una condición de explotación de humanos por humanos determinados en y por una clase social.

Estamos acostumbrados y acostumbradas, a esperar ver datos y números cuando escuchamos o leemos el concepto de violencia.

Pero poco pensamos en la dimensión no cuantitativa de la violencia.

Para darnos una idea de la condición o perfil de esa violencia social estructural, la vamos a ejemplificar con las siguientes características que subyacen en términos generales en las relaciones de interacción social a nivel cotidiano en casi todos los niveles de convivencia en nuestra sociedad:

Pragmática, utilitarista, finalista, autoritaria y conservadora, chovinista, populista. Mítica mas que racional. Voyerista, cargada de morbo. Prejuiciosa, con violencia pasiva agresiva. Cargada de egolatría, hedonismo, narcisista, homofóbica, xenofóbica, individualista.

La lista de calificativos podría ser mas extensa, desde luego, pero su propósito es ubicar el acto del femicidio dentro de este contexto de conducta social manifiesta y/o latente, que considero el “caldo” de cultivo de todo acto criminal.

En otros términos, el femicidio no terminara con la desaparición del patriarcado y el machismo, esto es una cortina de humo o mensaje ideológico que la clase dominante ha querido con toda intensión política establecer para ocultar la verdadera esencia y origen del femicidio.

En resumidas cuentas, el crimen y su correlativo legal, el delito, es un problema de clase.

Enseguida vamos a ocuparnos de responder la pregunta que ha dado origen al articulo, en términos empíricos: ¿Quién mata más: el femicidio o el suicidio femenino?

Para ello vamos a tomar las estadísticas del Poder Judicial encontradas en los Anuarios Estadísticos del O.I.J. correspondientes a los últimos 4 años a efecto de realizar un análisis comparativo.

Veamos la siguiente tabla:

COSTA RICA: Femicidios, Suicidios, homicidios femeninos

Periodo: 2016-2019

                   

      2016

      2017        

 

      2018

      2019

 

Categoría

 

Abs

 

  %

 

Abs

 

 %

 

 

Abs

 

 %

 

Abs

 

 %

Suicidios

 52

 44

 64

 52

 

 73

 53

 56

 53

Homicidio

No Femicidio+

 

39

 

33

 

30

 

25

 

 

39

 

28

 

33

 

31

Femicidios

 11*

 15**

 22

11*

17**

 23

 

18*

8**

 19

9*

7**

 15

TOTAL

117

100

122

100

 

138

100

105

100

Fuente. Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos Policiales. Dirección de Planificación. Poder Judicial.

En los últimos 4 años la mortandad femenina por causas violentas (exceptuándose el homicidio culposo) cobró la vida de un total de 482 mujeres, de las cuales 245 fueron por suicidio, representando el 50%.

Las muertes calificadas como femicidios, sumo un total de 96 mujeres, representando el 20% de la mortandad en el cuatrienio.

Por su parte, los decesos tipificados como “homicidios no femicidios” sumo un total de 141, representando cerca del 30% del total de muertes de mujeres durante el periodo.

Como puede observarse, solo es durante el año 2016 que el numero de suicidios es menor al numero de homicidios en mujeres-incluyendo al femicidio.

Durante todo el cuatrienio, los suicidios superan en números relativos al femicidio.

Tal diferencia, en términos porcentuales, puede ser estimada en más de un 63%.

Para concluir, llama poderosamente la atención, que el suicidio femenino con la supremacía que tiene sobre las otras categorías de muertes violentas; hasta hoy no haya suscitado respuestas organizadas por parte de la sociedad civil, como si lo ha provocado las muertes calificadas como femicidios.

Dejo las posibles conclusiones a quienes tomarán el tiempo para analizar el presente articulo, el cual desde ya agradezco y espero contribuya en alguna medida.

Notas

*Se refiere al criterio establecido por la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer (relación consanguínea y/o ámbito de convivencia intrafamiliar o intima).

**Se refiere al criterio establecido por la Convención Internacional de Belem Do Pará. (-femicidio ampliado- como violencia contra la mujer basado en el genero).

+ Esta cifra incluye decesos con informes pendientes para ser tipificados como femicidios.

FRENAPI: NO al desalojo ilegitimo en finca Kono Ju, en territorio de Chiná Kichá

Comunicado de FRENAPI:

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 18 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
¡No más discriminación ni olvido, no más etnocidio!

Este 18 de setiembre de 2020 se cumplieron 18 meses del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación, reiteramos que, a la fecha, no hay “informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados y avances de la investigación sobre este asesinato. Las familias, las comunidades en Salitre y resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Organismos Internacionales, junto a muchas personas fuera y dentro del país, exigimos, la reparación de los daños ocasionados por estos hechos violentos y continuamos esperando justicia pronta y efectiva.

La violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas continua en aumento, en este 2020 y en el marco de la actual emergencia nacional producto de la pandemia por Covid- 19, se han juntando muchos hechos, de acciones repetidas y violentas tanto de particulares como del Estado/ Gobierno, Jueces y Fiscales, Funcionarios Municipales y de Instituciones Autónomas; actos de agresiones, verbales y físicas, compañeros/as macheteados/as, baleadas/os, amenazados de muerte, rociados/as de herbicida; quema de viviendas y cultivos, detenciones ilegales, amenazas de quitar menores (separando familias),en las Fincas Recuperadas, e incluso un hecho culminante de violencia, el asesinato del compañero, Brorán de Térraba Jerry Rivera, el 24 de febrero pasado.

Actualmente y de nuevo, el cuestionado Juez Agrario de Buenos Aires de Puntarenas Jean Carlo Céspedes (quien incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), viola las Resoluciones Judiciales, ordena «Medida Cautelar de Desalojo, voto 288 – F – 2020 ”, ratificada por el Tribunal Agrario, para las y los hermanos/as Cabécares de la Finca Recuperada Kono Ju del Territorio de China Kichá, ubicado en el Cantón (Municipio) de Pérez Zeledón al Sur oeste del país; dejando al empresario josefino, poseedor ilegitimo de la finca recuperada dentro del Territorio y sacando a las familias Cabécares, que por Ley no procede.

Esta acción, muestra la ignorancia a las Leyes Indígenas, Convenios de DDHH, y de otras Resoluciones Judiciales; («ignorancia» premeditada y maliciosa) por parte de estos operadores (as) de Justicia y la actitud del Estado Costarricense en una escalada de violencia «sistémica y sistemática» contra los Pueblos Indígenas.

Denunciamos la política estatal etnocida, el racismo de Estado en sus poderes judicial/Legislativo/Ejecutivo, por actuar parcializado a favor del interés de poseedores irregulares e ilegales en territorios indígenas posicionándose a favor de un fallo judicial grave y peligroso que implica un retroceso a los DDHH de los Pueblos Indígenas.

El Gobierno tiene la posibilidad de impedir el desalojo y aplicar acciones alternativas e “instrumentos” válidos para impedir ese ilegal e ilegítimo Desalojo Judicial del 28 de setiembre próximo:

  1. Puede usar la Ley Indígena, la cual es clara y la fortalecen resoluciones judiciales, estableciendo que los Territorios Indígenas, son exclusivos de las Comunidades indígenas y si algún NO indígena tiene y demuestra posesión de Buena Fe o «propiedad inscrita en el Registro el Estado/ Gobierno”, debe comprobando la legalidad de esa posesión o propiedad, iniciar negociaciones para indemnizar al NO indígena, nunca desalojar del Territorio a las y los indígenas, pues son los auténticos propietarios de las tierras.
  2. Usar la Ley de Manejo de Conflictos que establece que en cualquier tiempo las partes en un Conflicto o contienda incluso judicial, pueden negociar y llegar a Acuerdos Extra-Judiciales.
  3. El Decreto de Desalojos (utilizado por la Administración anterior del Presidente Luis Guillermo Solís y por la Vice Ministra Ana Gabriel Zúñiga que en lo que interesa, establece la obligatoriedad de una Resolución de la Comisión Interinstitucional para el conocimiento y manejo de Desalojos; en esa Comisión están los Ministerios de Seguridad, Vivienda, Salud, Presidencia, de la Mujer (el INAMU), el IMAS, el PANI, la CONAPAM, el INDER etc.; con el fin de atender la realidad (consecuencias) sociales, de salud- económicas y culturales que genera un acto de desalojo como este para las mujeres, niñez, mayores /as, personas en estado especial del territorio. Esa Comisión debe emitir un acuerdo y directrices específicos, para que opere el “desalojo”.
  4. La declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (Asamblea General de la ONU 2012).

Reiteramos que, según legislación nacional e internacional, los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, de uso exclusivo de los Pueblos Indígenas que las habitan. Características y derechos que se derivan de instrumentos como la Ley Indígena N° 6172, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la misma Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Alertamos que el Gobierno PAC de la Alianza Nacional (de todos los grupos de poder y Partidos), del Presidente Carlos Alvarado, y su Gabinete, ha manejado un doble discurso en la agenda indígena pues manifiestan trabajar por el saneamiento territorial, sin embargo, los desalojos a no indígenas poseedores ilegítimos en otros territorios, han quedado paralizados producto de la pandemia y en este caso no se detiene este desalojo indígena, proveniente de una Resolución Judicial ilegitima.

El saneamiento territorial de invasores y usurpadores de las tierras es fundamental para que haya justicia por un derecho ancestral, abriendo una puerta a un proceso de movilización y levantamiento indígena nacional impensable que traerá peores situaciones y consecuencias que las ya vividas, de esta forma responsabilizamos al Estado/Gobierno y en especial al Poder Judicial de la escalada de violencia y un posible derramamiento de sangre que pueda resultar, ya que los/as hermanos /as de Kono Ju, han comunicado que los sacarán “muertos”, pero que no se dejarán, y un apoyo directo para los finqueros terratenientes y sus matones este 28 de setiembre como mensaje contundente que el Estado de Costa Rica, manda no solo en este territorio, sino a nivel nacional en todos los procesos de recuperaciones territoriales que se encuentran activos.

Los pueblos indígenas NO VAMOS A PERMITIR MÁS AGRESIONES NI MÁS ARREBATO DE NUESTRA TIERRA TERRITORIO.

¡SERGIO VIVE en esta lucha a muerte por la Vida de nuestros pueblos!

Estamos en unión con KONO JU, no nos detendrá nada, ni jueces vinculados a los usurpadores, ni Gobiernos ni Municipalidad negligente y complaciente con las injusticias y la impunidad en contra nuestra.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todas y todos! ¡Si tocan una Recuperación Tocan a Todas!

Ver infografía al final del texto.

INFORME PRELIMINAR 18a MISIÓN
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMÍA INDÍGENA

LA 18a. MISIÓN DEL ODHAIN hace entrega del siguiente Informe Preliminar a las autoridades oficiales y a la opinión pública, terminadas sus visitas al territorio Térraba, pueblo Borán, en Buenos Aires de Puntarenas (sur del país) y al territorio Maleku, en Guatuso de Alajuela (norte del país). La visita al sur se realizó los días 24, 25 y 26 de agosto del 2020 y la visita al norte se realizó el 26, 27 y 28 de agosto del 2020. La visita al sur fue compuesta por Ana Nicté Ana Nicté Castillo Delgado, por el Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR); Sussy González, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC); y Víctor Madrigal Sánchez, por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional. La visita al norte fue integrada por Suy Wong Ugalde, por el Centro Amigos para la Paz (CAP); Linford Patterson Regato, por la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos; y Luis Eduardo Delgado Hernández, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC-CR).

La Misión se realizó a Solicitud del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y de familias recuperantes, ante el surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio que vienen a aumentar la tensión y que eventualmente podrían desembocar en hechos lamentables de pérdida de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

En esta oportunidad, la 18ava. Misión ODHAIN cumplió su objetivo mediante dos visitas a regiones diferentes con dos equipos de observadores en las que se hizo contacto con dos territorios indígenas en situación de conflicto y con diversas personas y autoridades relacionadas directa o indirectamente con 8 fincas recuperadas de presuntos usurpadores no indígenas en los que se han dado hechos violentos como amenazas de muerte y otros atropellos a los derechos humanos.

La 18ava. Misión logró registrar y documentar testimonios de agresiones físicas, amenazas de muerte, daños a la naturaleza mediante incendios provocados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras de ambos territorios. El informe final de la Misión contendrá detalles de la observación, así como conclusiones y recomendaciones.

Se recibieron testimonios en los que se acusa al Estado costarricense por su inacción, indolencia y descuido en la aplicación del Derecho Indígena en los territorios visitados de Térraba y Maleku. Las personas recuperantes Maleku justificaron su decisión de tomar sus tierras ancestrales indicando: “Estamos cansados de esperar a que el Estado cumpla la ley” (Comunicado de prensa). Se entrevistaron autoridades locales de los cantones de Buenos Aires y Guatuso, así como personas que sostienen las fincas recuperadas y poseedores no-indígenas que mantienen actividades comerciales en ambos Territorios.

En Térraba, a pesar de las Medidas Cautelares de la CIDH, a inicios del presente año se vivió un repunte de violencia que culminó con el asesinato del líder brörán Jerry Rivera, al cumplirse el año de otro asesinato, el de Sergio Rojas Ortíz, bribri, miembro de la coordinación y cofundador del FRENAPI.

Los conflictos por tierra se dan en el contexto de tres actores: los pueblos indígenas, los finqueros y el Estado y sus instituciones. Los pueblos originarios recurren a la legitimidad de su posesión ancestral primera en el tiempo, respaldada por la Ley Indígena 6172, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU del 2007 y demás legislación nacional e internacional. Los finqueros aseguran tener derechos de posesión adquiridos por la antigüedad de su llegada al territorio y que por eso les asiste el derecho de ser poseedores de buena fe. El Estado regula la aplicación de la ley y le corresponde velar por el estado de derecho sobre los principios de igualdad y no discriminación.

El escenario resultante es de territorios indígenas invadidos por no indígenas, y pueblos indígenas en lucha por recuperar sus territorios que -en su intento- son violentados en sus derechos ante un Estado que tiene un papel pasivo y que mantiene una deuda histórica con los derechos humanos de los primeros pobladores de Costa Rica.

La 18ava. Misión constata un ambiente de racismo, hostilidad e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras. En el Territorio Térraba existe presencia de una patrulla policial casi permanente lo que ha ayudado a disuadir provisionalmente la violencia. Por su parte, en Territorio Maleku se pudo constatar patrullaje constante de parte de la Fuerza Pública, lo que no impidió que se dieran algunos hechos antes y durante la visita de la 18a Misión del Observatorio.

Además, el ODHAIN, en su 18a Misión, hace constancia de conocer (post Misión) la situación de “Medida Cautelar de Desalojo” por parte del cuestionado juez agrario de Buenos Aires de Puntarenas, Jean Carlo Céspedes quien (incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), en contra de las y los compañeros recuperantes Cabécares del territorio de China Kichá (Tierra de Tepezcuintles) en la finca Kono Ju. Esto, pese a que existen medidas para desalojar a finqueros poseedores ilegítimos en otros territorios. Esta vez, se verán afectados los indígenas recuperantes y en el marco de una emergencia nacional como lo es la pandemia producto del virus Covid- 19, con el posible desalojo de este 28 de setiembre de 2020.

La Misión ODHAIN hace un llamado al diálogo de las partes involucradas, a la paz y a la no violencia. Urgimos al Estado costarricense a aplicar Ley indígena sin dilaciones, a acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en los conflictos señalados.

Por último, el ODHAIN hace una alerta al Estado y sus instituciones para prevenir de forma oportuna la violencia antes de que tengamos que lamentar situaciones dolorosas.

El Estado – gobierno del bicentenario, está a tiempo para contener y disuadir la violencia que se mantiene en los territorios de lo contrario los conflictos irán en aumento, así como la desconfianza en la función del Estado de ser garante de los derechos humanos.

Estamos convencidos de que la prevención es la solución y de que la justicia es el camino de una PAZ EFECTIVA.

San José, 18 de setiembre de 2020.
18ª. Misión ODHAIN.
Equipo Norte
Equipo Sur

Le invitamos a ver la infografía compartida por FRENAPI:

UCR pide a medios ser responsables con información sobre violencia contra las mujeres

Alejandra Amador Salazar, Periodista, UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) le solicitó, vehementemente, a los medios de comunicación institucionales y nacionales recordar la responsabilidad comunicativa con la que deben dirigir todas sus investigaciones y reportajes, de modo que no revictimicen ni culpabilicen a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y al mismo tiempo, los instó para que se comprometan con la igualdad y dejen de reproducir discursos machistas, misóginos y degradantes.

Este llamado lo hizo mediante un Pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, en la sesión ordinaria de este martes 8 de setiembre, el cual surgió como iniciativa de las mujeres que forman parte del Órgano Colegiado, Dra. Teresita Cordero Cordero, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, M.Sc. Patricia Quesada Villalonos y la Bach. Valeria Rodríguez Quesada.

La preocupación de la UCR surge a raíz del reportaje El crimen de la habitación número 3, del programa Siete días, transmitido por Canal 7, el lunes 31 de agosto, sobre el femicidio de la doctora María Luisa Cedeño Quesada. En dicho reportaje aparecen únicamente declaraciones de los abogados defensores de los sospechosos detenidos, dado que el Ministerio Público tiene imposibilidad para brindar información por la etapa en la que se encuentra el proceso.

El Consejo Universitario, considera que convertir la violencia contra la mujer en un espectáculo mediático tiene dos escenarios contradictorios: por una parte, incentiva el morbo en la mirada de las personas testigos de la violencia, mirada cada día más ávida de espectacularidad y en la cual la humanidad de las mujeres se pierde entre el ruido y las imágenes; y, al mismo tiempo, genera parálisis e impotencia frente a hechos percibidos de tal magnitud para los cuales no se encuentra una posible salida.

Esta casa de estudios superiores reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana y salud pública, y que la sociedad no puede permanecer indiferente, pues es una transgresión directa a los derechos humanos impulsada por discursos de odio y la perpetuación de estereotipos y roles de género discriminatorios.

Con este pronunciamiento, la UCR también manifestó su apoyo a la acción tomada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica para abrir una investigación sobre el reportaje mencionado, pues reconoce la importancia que tiene el manejo ético de la información y la necesidad de evitar prácticas que atenten contra la dignidad de las personas de manera recurrente.

En este sentido, el Consejo Universitario se mostró preocupado no solo porque la intensificación de la violencia mediática recae principalmente en los cuerpos de las mujeres, sino por el manejo que se ha hecho de las muertes violentas en razón de su género, lo que ha conducido a su revictimización y las de sus familias, al responsabilizar a las mujeres por los actos cometidos en su contra.

Llamado a las universidades

Consciente de que los medios de comunicación brindan criterios que permean la manera en que construimos y enmarcamos la realidad, la UCR también hizo un llamado a las instituciones académicas públicas y privadas, que imparten las carreras de Periodismo y afines, para que fortalezcan la formación ética de sus estudiantiles, pues resulta difícil pensar que puedan haber cambios culturales y educativos en materia de género si no se sientan las bases para la educación de los y las profesionales de la comunicación.

Esta no es la primera vez que la UCR manifiesta su preocupación por el tratamiento mediático que se le da a la violencia contra las mujeres en el país. (Foto: Pilar Rojas).