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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

¿Qué le depara al mundo? La Cumbre del G7 y sus resultados

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Mesa Redonda con Sergio Marin Cornavaca

En el programa del periodista Sergio Marín con el invitado Vladimir de la Cruz, quien es historiador, para conversar sobre las tensiones en la guerra Rusia-Ucrania. Y es que, ya que Rusia no participó de dicha cumbre, su aliado político China no participó por lo que boicoteó dicha convocatoria. 

Según la opinión del historiador, la cumbre fue un espacio donde se reafirmaron las alianzas con Ucrania pero, no implicó ningún tipo de efecto práctico inmediato considerando que si no están las fuerzas beligerantes como Rusia, no se puede alcanzar la paz. Además que, sin que las posturas de los países en conflicto sean expuestas no se puede hablar de un acuerdo entre partes. 

De la Cruz implica que en los Estados Unidos está la posibilidad de que se den estallidos de bombas con el fin de mostrarle a la población norteamericana el impacto del escenario de una posible III Guerra Mundial. 

El invitado recuerda que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una fuerza política y discursiva, además una organización militar defensivo y agresivo que es una amenaza más en el conflicto ya que alrededor de Rusia hay 36 bases militares de la OTAN. 

En la discusión se menciona que la guerra es un negocio que lucra con el despojo y la expulsión territorial con el fin de darle espacio a las empresas constructoras e inversionistas para edificar sobre espacios desolados. 

Por otra parte, se resume lo dado en la Cumbre G7 en donde participaron diversos líderes como Kamala Harris y el Papa Francisco, y donde varios países hicieron explícita su alianza con Ucrania ante el conflicto que viven. 

Finalmente, se toca el tema del uso de Inteligencia Artificial y su uso gubernamental para monitorear y rastrear el comportamiento humano, recopilar datos de las personas e incluso tomar decisiones. Además se habla de que la cumbre fue un espacio para internacionalizar el conflicto Ucrania-Rusa pero, no hubo uso de la vía diplomática para llegar a soluciones y acuerdos sobre el conflicto de Gaza-Israel. No hubo mucha mención sobre este conflicto porque varios países europeos mantienen relaciones de intercambio con Israel.  

Se invita a observar el programa con más detalle y profundidad mediante el siguiente enlace:

El discurso comunista del presidente Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En el análisis comunista clásico, sobre la base del Manifiesto Comunista, publicado en 1848, la sociedad contemporánea es el resultado de una evolución histórica, generada por un proceso de lucha de clases fundamentales, cuyo resultado hizo sistemas políticos caracterizados por el dominio de una de esas clases sobre la otra. Así se dieron el sistema esclavista, donde las clases fundamentales eran los esclavistas y los esclavos, el sistema feudal, donde las clases fundamentales eran la de los señores feudales y los campesinos, bajo la forma de siervos y vasallos, a su servicio, y el sistema capitalista, cuyas clases fundamentales son la burguesía y el proletariado, la clase obrera.

Federico Engels, corredactor del Manifiesto decía que la idea central, que inspira todo el Manifiesto, es que el régimen económico de la producción y la estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y que, por tanto, toda la historia de la sociedad -una vez disuelto el primitivo régimen de comunidad del suelo- es una historia de luchas de clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y oprimida -el proletariado- no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime -de la burguesía- sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases; esta idea cardinal fue fruto personal y exclusivo de Marx.

Engels en las ediciones del Manifiesto hasta su muerte, a finales del siglo XIX, valoró el desarrollo del capitalismo en esa segunda mitad de esa centuria, sin alterar el contenido de lo dicho en 1848. Según él, el asalto al poder por la clase obrera señaló que La Comuna de París había demostrado, principalmente, que “la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque, poniéndola en marcha para sus propios fines”.

El Manifiesto Comunista se proponía por misión proclamar la desaparición inminente e inevitable de la propiedad burguesa en su estado actual. No se analizó en el Manifiesto la situación de Rusia y Estados Unidos en ese siglo. En Rusia, decía Engels, coincidiendo con el orden capitalista en febril desarrollo y la propiedad burguesa del suelo que empezaba a formarse, más de la mitad de la tierra era propiedad común de los campesinos. La liberación del campesinado por el Zar no resolvió el problema por las cargas tributarias que les impuso, que los llevó a mantenerse bajo el sometimiento que tenía, que les era más beneficioso. En los días de la Revolución, en octubre de 1917, Lenin, entendiendo esta situación planteó como uno de sus tres primeros decretos, el de la Tierra, para asegurar como aliado al campesinado.

El Manifiesto Comunista en su momento, 1847, no se llamó Manifiesto Socialista, como bien decía Engels, porque el concepto de “socialista” abarcaba dos categorías de personas. Unas, las que abrazaban diversos sistemas utópicos, y entre ellas destacaban los owenistas en Inglaterra, y en Francia los fourieristas, que poco a poco habían ido quedando reducidos a dos sectas agonizantes. En la otra, los charlatanes sociales de toda laya, que aspiraban a remediar las injusticias de la sociedad con sus potingues mágicos y con toda serie de remiendos, sin tocar en lo más mínimo, al capital ni a la ganancia. Frente a esto había gentes ajenas al movimiento obrero, que iban a buscar apoyo para sus teorías a las clases “cultas”, y el sector obrero que, convencido de la insuficiencia y superficialidad de las meras conmociones políticas, reclamaba una radical transformación de la sociedad, que se apellidaba comunista.

Para Marx y Engels, la revolución era en todas partes obra de las clases trabajadoras: fueron los obreros quienes levantaron las barricadas y dieron sus vidas luchando por la causa, aunque solamente los obreros de París, después de derribar el Gobierno, tenían la firme y decidida intención de derribar con él a todo el régimen burgués.

En esta línea de pensamiento, la burguesía existe revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. La época de la burguesía, decía Engels, se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. “Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado, y, al fin, el hombre se ve constreñido, por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás.”

En 1848 Marx y Engels afirmaron que “la necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a otra del planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es problema vital para todas las naciones civilizadas; por industrias que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no sólo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya no bastan a satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, sino que reclaman para su satisfacción los productos de tierras remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba así mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con la producción material, acontece también con la del espíritu.”

Continúa el Manifiesto: “La burguesía obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. La burguesía somete el campo al imperio de la ciudad. Crea ciudades enormes, intensifica la población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina y arranca a una parte considerable de la gente del campo al cretinismo de la vida rural. Y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, somete los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Occidente. La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país. Aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que conducir, por fuerza lógica, a un régimen de centralización política. Territorios antes independientes, apenas aliados, con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refunden en una nación única, bajo un Gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera.”

Seguía el Manifiesto: “Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, con la constitución política y social a ella adecuada, en la que se revelaba ya la hegemonía económica y política de la clase burguesa. Pues bien: ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectáculo semejante. Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró.”

En esta dimensión analizan Marx y Engels que “la historia de la industria y del comercio es la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de producción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía, con crisis periódicas de producción y comerciales, que ponen en peligro a la misma sociedad… Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible: la epidemia de la superproducción.”

Agregaba El Manifiesto, “el trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que sólo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Por eso, los gastos que supone un obrero se reducen, sobre poco más o menos, al mínimo de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza. Y ya se sabe que el precio de una mercancía, y como una de tantas el trabajo, equivale a su coste de producción. Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero. Más aún: cuanto más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también éste, bien porque se alargue la jornada, bien porque se intensifique el rendimiento exigido, se acelere la marcha de las máquinas, etc.”

Señalaba El Manifiesto: “Todas las clases que le precedieron y conquistaron el Poder procuraron consolidar las posiciones adquiridas sometiendo a la sociedad entera a su régimen de adquisición. Los proletarios sólo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción aboliendo el régimen adquisitivo a que se hallan sujetos, y con él todo el régimen de apropiación de la sociedad. Los proletarios no tienen nada propio que asegurar, sino destruir todos los aseguramientos y seguridades privadas de los demás.

Hasta ahora, todos los movimientos sociales habían sido movimientos desatados por una minoría o en interés de una minoría. El movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa. El proletariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse, incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los cimientos hasta el remate, todo ese edificio que forma la sociedad oficial. Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacional. Es lógico que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas con su propia burguesía… en que esta guerra civil desencadena una revolución abierta y franca, y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, echa las bases de su poder”.

Concluyen en el Manifiesto que “hasta hoy, toda sociedad descansó, como hemos visto, en el antagonismo entre las clases oprimidas y las opresoras. Mas para poder oprimir a una clase es menester asegurarle, por lo menos, las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se extinguiría, y con ella su esclavizamiento. El siervo de la gleba se vio exaltado a miembro del municipio sin salir de la servidumbre, como el villano convertido en burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. La situación del obrero moderno es muy distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae y empeora por debajo del nivel de su propia clase. El obrero se depaupera, y el pauperismo se desarrolla en proporciones mucho mayores que la población y la riqueza. He ahí una prueba palmaria de la incapacidad de la burguesía para seguir gobernando la sociedad e imponiendo a ésta por norma las condiciones de su vida como clase. Es incapaz de gobernar, porque es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia ni aun dentro de su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo en que no tiene más remedio que mantenerles, cuando son ellos quienes debieran mantenerla a ella. La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase; la vida de la burguesía se ha hecho incompatible con la sociedad. La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado.”

El discurso del Presidente Rodrigo Chaves, denunciando que todos los gobiernos y partidos políticos que ejercieron el poder constituyeron una “dictadura perfecta”, una dictadura de quienes ejercieron el poder y el gobierno desde el Poder Ejecutivo, y sus instituciones, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, desde donde organizaron el asalto a las finanzas públicas, al erario nacional, donde establecieron la corrupción, y mecanismo que montaron con inteligencia para gobernar para ellos, solo para ellos, haciéndole creer a la gente, a los electores y ciudadanos que gobernaban en su nombre y por ellos. Dijo el presidente Chaves que aprovechando esas circunstancias y poder nombraron magistrados y otros puestos, “haciendo los mismos cambalaches”.

El presidente Chaves desnudó la naturaleza política del régimen democrático burgués oligárquico que existe en Costa Rica. El presidente no dijo que la democracia nacional fuera imperfecta, dijo que era la dictadura perfecta de los grupos que la habían controlado desde el poder, desde el gobierno, desde las instituciones públicas. El presidente Chaves no negó el origen democrático de los gobiernos, tan solo señaló que aprovechándose de mecanismos democráticos los que llegaron a gobernar lo hicieron imponiéndose como dictadores sobre el pueblo, en su nombre como si los representaran cuando solo estaban en el poder para representar sus propios intereses y riquezas. Chaves no violentó el equilibrio de poderes, tan solo señaló en su análisis que esos poderes públicos estaban interconectados en y dominio por quienes ejercían el control político con capacidad de nombramientos de los integrantes de esos otros poderes o instancias públicas. De allí concluyó que los gobiernos de los partidos Unidad, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son los que han ejercido el gobierno constituyeron el engranaje de la dictadura institucional perfecta. En este sentido, por su orden en el ejercicio de la Presidencia desde 1948, José Figueres, Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich, José Joaquín Trejos Fernández, José Figueres, Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, son según el presidente Rodrigo Chaves, los dictadores de esa “dictadura perfecta”, que ha tenido Costa Rica.

El presidente Chaves no se considera en esa línea sucesoria de dictadores, por cuanto es el que denuncia la naturaleza dictatorial y tiránica de sus anteriores gobernantes, y porque se siente el tarzán de esa jungla, con su jaguar al lado, en capacidad de acabar con esa urdimbre dictatorial.

Lo que el presidente Chaves ha dejado claro con su ataque, a los que él considera dictadores del pasado inmediato costarricense, es que él está en contra de esos gobiernos, de esos partidos que gobernaron, de las formas como esos presidentes y gobernantes lo hicieron porque él representa otra forma de gobernar, que supuestamente esos dictadores con sus ramificaciones en el Estado, no lo dejan gobernar y, porque él quiere imponerse como un nuevo prototipo de dictador gobernante.

Chaves siente que él representa un nuevo grupo político, económico, empresarial financiero, como efectivamente lo es, que quiere asirse con el poder en todos los mandos, para gobernar a su antojo, sin controles, de forma gerencialmente autoritaria, en nombre de los jaguares que le acompañan como masa acrítica, analfabeta políticamente, que consideran que con él, con Chaves, nada tienen que perder y con más posibilidades de ganar, porque el presidente Chaves les vende humo, confianza y fe de que todo lo que hace es por la gente del Purral…y por los jóvenes ninis, que ni trabajan ni estudian, que están siendo reclutados para las luchas entre las organizaciones criminales…

Chaves no convoca al proletariado ni a la clase trabajadora a su favor en esta lucha contra los gobernantes y partidos de la dictadura perfecta. Habla y expresa la lucha que existe entre sectores oligárquicos y de poder del pasado con nuevos sectores oligárquicos que quieren adueñarse del poder en esta época, en este momento. Su lucha de clases es una lucha en el interior de los grupos oligárquico burgueses nacionales. Su enfoque teórico comunista, que le sirve para ese ataque, es ese.

Lo que no se están dando cuenta, quienes así piensan, es que si esa población pobre, movilizada en buses, con comida y cierta paga básica, para acompañar las giras presidenciales, y esos jóvenes llegasen a tener conciencia de su propia situación, y de quienes los tienen allí, y así, en esa condición de pobreza y miseria, bien podrían usar esas armas contra sus explotadores sociales, económicos y políticos… Así es la Historia.

El discurso en su forma comunista, de lucha intra oligárquica puede escapársele de la boca y de las manos al presidente Chaves. Él forma parte de todo lo que dice criticar.

Compartido con SURCOS por el autor.

Las elecciones europeas y las futuras relaciones con latinoamérica

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En el canal de Youtube de “La Mesa Redonda con Sergio Marin Cornavaca” se realizó un conversatorio con el historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz, esto con respecto a las elecciones europeas y las futuras relaciones con Latinoamérica.

En el conversatorio, se discutió sobre estas elecciones, sus resultados, sus ganadores y cómo esta dinámica influye en las relaciones diplomáticas con Latinoamérica, esto debido a que 27 países miembros de la Unión Europea fueron a elecciones para escoger 720 asientos en el parlamento europeo, 15 más de los 705 que había en el parlamento anterior. Con esto, cada país ha repartido de forma proporcional estos puestos con respecto a su número poblacional, tomando en cuenta también su aporte económico al parlamento.

Los resultados observados en estas elecciones señalaron un desplome ligero de liberales, a favor del centro derecha y la extrema derecha en Europa, donde se observaron movimientos políticos que pueden influir estratégica e ideológicamente en los intereses de Europa y por lo tanto, en los intereses de Latinoamérica.

Los intereses de ambos bandos se pueden ver beneficiados o perjudicados tomando en cuenta cuáles países negocian sus intereses, esto relacionando sus características liberales o bien conservadoras. No obstante, para observar el profundo análisis realizado por el historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz, se recomienda observar el conversatorio con atención.

Para visualizar este conversatorio, ingresar al siguiente enlace:

El agua y la electricidad se deben fortalecer en manos del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional surgió como resultado de los sucesos de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, que llevaron al líder político militar de esos eventos militares, José Figueres Ferrer, a presidir el gobierno del período 1948-1949, que surgió de esos enfrentamientos bélicos.

Figueres había impulsado el movimiento armado, bajo la conducción del Ejército de Liberación Nacional, que organizó y preparó con ese fin, para asegurar el triunfo electoral de Otilio Ulate Blanco, frente a Rafael Ángel Calderón Guardia, que le fue arrebatado por el Congreso de la República, al haber anulado la elección presidencial de febrero de 1948, al conocer el resultado de esas elecciones, con base en el mismo informe que le dio el Tribunal Nacional Electoral, como le era obligado al Congreso, para su aval.

Los combates de esos días hicieron que militarmente se impusiera el movimiento revolucionario encabezado por Figueres, reconocido a partir de ese momento no solo como el líder militar sino también como el líder político en que se fue convirtiendo

Para evitar la Batalla de San José, que se preveía muy sangrienta para los bandos que estaban en lucha, como el gran enfrentamiento que se esperaba, estando Figueres en Cartago, dominando en la práctica todo el país, se impuso la racionalidad de buscar un acuerdo político que así lo evitara. Esto se logró con las conversaciones realizadas en Ochomogo, que suspendieron las acciones militares, entre José Figueres y Manuel Mora Valverde, en ese momento, el secretario general del Partido Vanguardia Popular, comunista, y Jefe político militar de la principal fuerza de apoyo al gobierno de Teodoro Picado, que luchaba con el gobierno por mantener el acuerdo de anulación de las elecciones de Otilio Ulate.

José Figueres y Manuel Mora, se hicieron acompañar por Benjamín Núñez y Carlos Luis Fallas, que resultaron testigos finales de esa conversación, con el compromiso de José Figueres y de Benjamín Núñez de entregar un documento resultado de esa conversación. Dicho documento se presentó a las autoridades del Partido Comunista o Vanguardia Popular, del gobierno y a representantes del cuerpo diplomático, que se había reunido en la Embajada de México, para avalar el fin del conflicto militar, reconociendo el triunfo de Figueres y consecuentemente la victoria electoral de Otilio Ulate que debería recibir el gobierno el 8 de mayo de 1948.

A partir de esos días de finales de abril, Teodoro Picado, el presidente de la República, y Rafael Ángel Calderón Guardia, el candidato derrotado, habían salido del país, quedando a cargo del gobierno Santos León Herrera, Designado a la Presidencia, que fue llamado por Teodoro Picado para sustituirlo hasta el 8 de mayo.

El primero de mayo de 1948 Figueres se impuso sobre Otilio Ulate garantizándole que él le entregaría el gobierno, en un plazo de dos años, una vez que él lo asumiera el ocho de mayo. Otilio Ulate no pudo evitar esa decisión establecida en el llamado Pacto. Figueres-Ulate.

El 8 de mayo, Santos León Herrera le entregó el poder a José Figueres, que al mediodía se había instalado al frente del Gobierno, proclamando la Fundación de la Segunda República, con un grupo de ministros que se reunieron bajo la forma de una Junta de Gobierno, con dominio de todo el aparato político institucional del Estado, de la República y de la sociedad costarricense.

Sus casi dos años de gobierno, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, fueron muy importantes para la institucionalidad y el desarrollo político nacional, que emergió de las políticas que se impulsaron por parte de la Junta de Gobierno, entre ellas la sustitución de todas las autoridades políticas nacionales, a nivel cantonal, la integración de una nueva Corte Suprema de Justicia, la convocatoria y elección de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Constitución Política, la nulidad de las elecciones legislativas de febrero de 1948 y la integración de una nueva Asamblea Legislativa, a finales de 1949, para acompañar al gobierno de Otilio Ulate. Junto a esto, Figueres impulsó una serie de grandes medidas institucionales, que han marcado desde entonces el desarrollo político institucional y democrático del país.

Una de esas medidas o políticas fue la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, al que le encomendó el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos, con la responsabilidad fundamental, del Instituto ante los costarricenses, para encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.

El ICE debía, en su gestión y desarrollo, dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza eléctrica en la Nación, cuando ella exista, y procurar que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo de nuevas industrias, el uso de la electricidad en las regiones rurales y su mayor consumo doméstico. Para ello empezaron a desarrollarse proyectos hidroeléctricos que han asegurado esa electricidad y el progreso material de las distintas regiones del país, resultado de la política que la Junta de Gobierno estableció de asegurar la construcción de nuevas plantas de energía hidroeléctrica y de redes de distribución de la misma, dentro de los límites de las inversiones económicamente justificables.

Así surgió el ICE para promover el desarrollo industrial y la mayor producción nacional haciendo posible el uso preferencial de la energía eléctrica como fuente de fuerza motriz y de calefacción, ayudando por medio de asesoramiento y de la investigación tecnológica, al mejor conocimiento y explotación de las fuentes de riqueza del país.

Al ICE se le encargó, por la Junta de Gobierno, el procurar la utilización racional de los recursos naturales y terminar con la explotación destructiva y desperdiciada de los mismos. En especial, tratar de promover el uso doméstico de la electricidad para calefacción en sustitución de los combustibles obtenidos de los bosques nacionales y de combustibles importados, e impulsar el uso de la madera como materia prima industrial.

Asimismo, conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los ríos y corrientes de agua, tarea en que deberían ayudar al entonces llamado Servicio Nacional de Electricidad y los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, por medio de un programa de cooperación mutua.

La Junta de Gobierno señaló la necesidad de ayudar a la habilitación de tierras para la agricultura por medio del riego y la regulación de los ríos, cuando esto fuera económicamente factible al desarrollar en forma integral los sitios que se usaren para producir energía eléctrica.

Igualmente, el ICE debía hacer de sus procedimientos técnicos, administrativos y financieros, modelos de eficiencia que no sólo garantizaran el buen funcionamiento del Instituto, sino que pudieran servir de norma a otras actividades de los costarricenses; así como, procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo cual tendría de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido.

Para su extraordinaria labor, la Junta de Gobierno le dio al ICE personería jurídica y la más completa autonomía, a fin de que estuviera en la mejor posición para llenar sus objetivos. A cambio de esa autonomía, el Estado demandaría que el Instituto, y todos los que formaren parte de él, respondieran con absoluta responsabilidad a la realización plena de los objetivos expresados en esta ley.

Como Institución se le dio una duración de noventa y nueve años, de los cuales han trascurrido setenta y cinco.

Como institución autónoma, el Instituto ejercería su gestión administrativa y técnica con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, guiándose exclusivamente por las decisiones de su Consejo Directivo, el cual actuaría conforme a su criterio y con apego a las leyes y reglamentos pertinentes y a los principios de la técnica, y sería responsable de su gestión en forma total e ineludible. Igualmente, tendría capacidad para entrar en contratos de todo orden lícito; para comprar, vender y arrendar bienes muebles e inmuebles, valores y empresas dentro de los propósitos de su creación; para emprestar, financiar e hipotecar; y para toda otra forma de gestión comercial y legal que fuera necesaria para el desempeño de su cometido, dentro de las normas corrientes de contratación que su situación financiera le permitiera, sin incurrir en riesgos indebidos para la estabilidad de la institución.

A los miembros de la Junta Directiva del ICE, la Junta de Gobierno, les dio entera independencia del Poder Ejecutivo, siendo los únicos responsables de su gestión ante la ley, inamovibles durante el período de su cargo, establecido en ese momento de ocho años, salvo el caso de declararse contra ellos alguna responsabilidad legal.

En el caso de solicitudes de concesión para aprovechamientos hidráulicos mayores de quinientos caballos de fuerza, el Instituto podía ejercer un derecho de prioridad, previa demostración al Servicio Nacional de Electricidad para proceder a desarrollar el sitio de que se tratare, por los siguientes cinco años.

En 1951, el grupo político emergente con la guerra civil fundó el partido político llamado Liberación Nacional, que desde 1953 empezó a participar en elecciones con éxito. De los 18 gobiernos que ha habido desde ese año, ha tenido nueve bajo sus riendas, de los cuales, en sus primeros cuatro, veló por el desarrollo institucional que surgió de las políticas de la Junta de Gobierno. En los siguientes mantuvo una posición de indiferencia y complacencia con las políticas privatizadoras que se impulsaban internacional y nacionalmente, y de silencio cómplice con las entreguistas de los recursos naturales.

Del gobierno de Mario Echandi apenas se rescata, en ese entramado, el fortalecimiento que le dio al SNAA, y a la protección del agua, y del recurso hídrico, que le mereció un monumento, en la pista General José María Cañas, rumbo a Alajuela, monumento que han eliminado, probablemente como parte de esa estrategia de debilitar los símbolos protectores del agua y la electricidad nacional, frente a los interesados en apropiarse de esas riquezas naturales nacionales.

Con el ICE, y el desarrollo eléctrico en todo el país, con sus trochas instalando postes y llevando electricidad, se abrieron las puertas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, para evitar la fuga campo-ciudad; de llevar educación y salud a la población rural del país. El ICE se convirtió en el motor y eje principal del desarrollo nacional, lo que le da un valor estratégico en la generación de riqueza.

Esta situación ha hecho que sobre el ICE caigan los grupos interesados en su privatización, en la tercerización de sus servicios, en romper el control monopólico que tiene en el sector, en apropiarse de la riqueza económica que genera. Intentos en esta dirección se han hecho abiertamente desde el año 2000 cuando se dieron las luchas contra el llamado Combo del ICE, un conjunto de leyes orientadas en ese sentido. Allí se afirmó la defensa de la institución eléctrica.

Desde entonces, no han dejado de revolotear las aves de mal agüero con la intención de apropiárselo. Abierta o solapadamente se mueven y vuelan a su alrededor, como animales depredadores y aves carroñeras. Por cierto, el jaguar es un típico animal depredador.

Actualmente, en la corriente legislativa se encuentra un proyecto de ley orientado en esta dirección de debilitar al ICE para fragmentarlo y vender lo que se pueda de él, para quitarlo del patrimonio que nos fue heredado, al pueblo y la nación costarricense, por la Junta de Gobierno en 1949.

Parte del diseño estratégico de esta venta es hacer sentir a la población, que el ICE está mal administrado, que no alcanza a llenar las necesidades nacionales ni de la población, que no satisface la demanda eléctrica. En esta dirección, de manera perversa, se han provocado intencionalmente apagones, se bajó el caudal de aguas de las represas, se vendió electricidad a países centroamericanos afectando las reservas de agua nacionales con esa oscura intención, que no se pudo materializar en toda su extensión por las lluvias que la naturaleza nos ha obsequiado, evidenciando, y paralizando a la vez, las tendencias antinacionales y antipatrióticas de los agentes vendedores del ICE y de quienes promueven el proyecto de ley que debilita la institución más importante y estratégica del Estado para el desarrollo y la economía nacional. Con esas acciones pretenden engañar a los ciudadanos de que, siendo el ICE incapaz de atender su ámbito de acción, es necesario privatizarlo para que sea el sector privado nacional o extranjero el que pueda resolver la atención de la demanda y las necesidades eléctricas del país, lo que no es cierto.

Por el alcance de la proyección institucional del ICE, en toda la geografía nacional, los trabajadores del ICE hoy, como ayer, en las luchas del Combo, deben contribuir a alertar sobre este desafío que enfrenta la institución. Si el ICE se privatiza y sale de la órbita del Estado, el país avanzará a mayores índices de pobreza, de extrema pobreza, de mayor encarecimiento del costo de vida y mayor reducción del poder adquisitivo de los salarios e ingresos de las personas, que ya están en el quinto año de congelamiento, sin que los costos de los servicios en paralelo se congelen.

El hermano siamés del ICE, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, opera con igual perversidad. Hay dentro de esa institución políticas de hacer ver las dificultades de atención de los recursos hídricos, con igual interés de indisponer a la población con el SNAA para su posible privatización.

La cañería en la ciudad de San José se inauguró en 1865. La fuente traída para ese propósito está al frente de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, de la Universidad de Costa Rica, recordándonos el esfuerzo que desde hace 159 años nuestros presidentes de entonces hicieron por mejorar la calidad de vida de los costarricenses, impulsando una infraestructura institucional, que fue desarrollándose por los cantones para garantizar agua pura, potable en todo el territorio nacional, para todos los habitantes de nuestro país.

Costa Rica está considerada como una de las naciones de mayor riqueza hídrica de todo el continente americano, con una capacidad de poco más de 113.1 km3 anuales de agua, de los cuales 73 km3 corresponden a la escorrentía superficial, y alrededor de 40 km3 a la recarga natural de acuíferos; con 34 cuencas hidrográficas, formando parte de las principales cinco cuencas hidráulicas más importantes del mundo, con un consumo de agua del 63% que proviene de nacientes, un 23% de pozos y un 10% de quebradas, siendo el 93% del agua total utilizada en las actividades del país, proveniente de aguas superficiales. Esa condición permite satisfacer las necesidades básicas de las personas, favorecer los altos índices de salud y longevidad que hay en Costa Rica y estimular la producción de alimentos, tanto como la de energía eléctrica.

Recordemos, igualmente, que, a finales de la década de 1870, y a principios de la década de 1880, ya se iniciaba en el país la explotación eléctrica, resultado de lo cual se inauguró la iluminación pública en 1884, siendo la ciudad de San José, la tercera ciudad “iluminada”, con unos cuantos faroles de la época, del mundo, después de Paris y New York. En 1896 ya se vendía electricidad para el sector privado. El Teatro Nacional al inaugurarse en 1897 ya tenía electricidad incluida.

Desde principios del siglo XX, a partir de 1900, los cantones en sus nacimientos y desarrollos fueron previendo las instalaciones de electricidad y de agua. En manos privadas, hasta la guerra civil de 1948, estos elementos básicos para la población, electricidad y agua no alcanzaban a cubrir el 10% de la población ni del país. En manos del Estado, hoy hay electricidad en todo el territorio nacional y el agua potable se puede beber en cualquier parte del país.

Todo esto es lo que hay que salvar frente a los jaguares depredadores del Estado nacional, de la institucionalidad pública, que quieren vender y deshacerse del ICE y del SNAA.

Los trabajadores, y los sindicatos de estas instituciones, tienen una tarea y un compromiso importante con el resto de los ciudadanos y trabajadores, de protegerles estas sagradas fuentes de vida, de los jaguares depredadores que también hay en la Asamblea Legislativa trabajando afanosamente, por liquidarlas y sacarlas del ámbito del Estado costarricense.

Los costarricenses también debemos estar alertas frente a estos atentados criminales de despojarnos de estas riqueza nacionales e institucionales, del agua y la electricidad.

No se deben privatizar. Se deben fortalecer institucionalmente permaneciendo en manos del Estado.

El Caballo de Troya del Referéndum, ¿más que una fábula?

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Vladimir de la Cruz

Más allá de si el Caballo de Troya respondió a la realidad histórica de la antigua Grecia, que recuerda el relato de la estrategia desarrollada por los Aqueos para introducirse en la ciudad fortificada de Troya; es la figura mítica, legendaria, que se sigue usando para indicar la forma en que alguien o un grupo, pretende sorprender a otro en combate, o a una sociedad, para sorpresivamente dominarla, o destruirla.

Se le considera al Caballo de Troya un medio de combate, una máquina de guerra. Otros, la consideran un engaño destructivo presentado de manera agradable, de graves consecuencias; una técnica estratégica de negociación y militar basada en la mentira.

En la literatura clásica griega la guerra de Troya duró nueve años. Odiseo planeó la idea del caballo de madera, donde se metería un contingente de guerreros, encargado de sorprender a los habitantes de Troya mientras dormían, una vez introducido dicho caballo en su ciudad fortificada.

La causa de la guerra de Troya fue el secuestro por parte de Paris, de Helena, esposa del rey de Esparta, la mujer “más bella del mundo” así considerada entonces.

Pues bien, nuestra Helena, es la democracia costarricense. El gobernante recién llegado es Rodrigo, quien considera que Helena, equiparable a la democracia nacional, fue secuestrada y violada reiteradas veces, por grupos corruptos que gobernaron el país antes que él; por lo que él, como caballero andante medieval, quiere liberar a la sociedad, al país, de esas malas prácticas gubernativas del pasado.

Como guerrero noble que se cree, ha declarado sus batallas, sus guerras, sus broncas, y ha salido de la guarida de jaguares que le rodean, como el mejor de los caballeros, buscando el amor de su Helena, la democracia, y la aprobación de su pueblo, por quien clama que no le dejan gobernar en su favor.

Rodrigo, el jaguar alfa, inhabil por su incapacidad para gobernar, idea formas de facilitar su ejercicio gubernativo. Ataca a las instituciones políticas de la administración, acusándolas de que no le permiten gobernar; a los grupos opositores y críticos de su mala gestión, a los medios de prensa que exhiben constantemente sus falencias o errores, a las instituciones jurídicas que le traban su forma de querer gobernar sin controles administrativos y de realizar negocios públicos de manera directa, sin previos controles sujetos a la legalidad que se debe seguir.

El discurso de batalla del jaguar Rodrigo ha durado dos años, especialmente contra la Asamblea Legislativa, encargada de hacer las leyes y contra la Contraloría General de la República, encargada de vigilar la hacienda pública, en sus negocios y trámites presupuestarios, dispuesto a acabarlas en los próximos doce meses, plazo en que debe funcionar la campaña electoral que gire alrededor de la convocatoria y ejecución del Referéndum, si se le aprueba, y de la campaña electoral nacional que le sigue hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2026.

Con menos de 10 diputados, sobre 57 del cuerpo legislativo, no tiene casi ninguna posibilidad, por sus ataques constantes a los legisladores, de realizar alianzas o acuerdos para la aprobación de sus proyectos de ley. Por ello, se ha inventado, a última hora, la idea de su Caballo de Troya, que ha adquirido la forma de la convocatoria de un Referéndum, hablándole a sus súbditos, que en tanto los diputados no le sirven para aprobar proyectos de ley, lo haga el pueblo directamente, mediante la instancia del Referéndum.

En este sentido ha enviado a la Asamblea Legislativa un llamado proyecto de “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. Como en toda fábula hay animales, en ésta, un jaguar, que se arropa de Poder Ejecutivo, acuerpado por un recién refundado partido político llamado “Aquí Costa Rica Manda”, ya se ofreció para recoger las casi 200.000 firmas que necesita para imponer, por esta vía el resultado del Referéndum. En esta dirección se han colocado vallas publicitarias preguntando dónde hay que firmar y llamando a firmar este Proyecto de Ley, y generar antes de que se apruebe el Referéndum, un ambiente político electoral y partidario a favor de los jaguares de Zapote, y las organizaciones electorales que impulsan.

La convocatoria del Referéndum se ha canalizado en dos vías. La de la recogida de firmas, solicitada por el esposo de la diputada Pilar Cisneros, principal figura y vocera parlamentaria del gobierno del jaguar, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y por la presentación de un Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa, procurando apoyo de 29 diputados, y para el trámite legislativo correspondiente, en caso de que no sea recibido para su trámite de formación de la ley, mediante convocatoria de Referéndum, por parte de los parlamentarios.

Así, la Ley Jaguar, que se ha enviado a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones, para sus respectivos trámites, es un documento que propone cambios o reformas a cuatro leyes de la República.

La primera solicitud son reformas a los artículos 4, 11, 12, 17, 22, 38 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N°7428 de 04 de noviembre de 1994 y sus reformas.

La segunda es la reforma al artículo 9 de la Ley de Control Interno, Ley No. 8292 de 4 de setiembre de 2002 y sus reformas.

La tercera es la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N°9986 27 de mayo de 2021 y sus reformas.

La cuarta es la de reformar al artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica), Ley N°3091 de 18 de febrero de 1963 y sus reformas.

De conformidad a la técnica legislativa, y sus trámites parlamentarios, son cuatro propuestas de reformas, a incisos o artículos de cuatro leyes en particular, presentadas en un solo documento. ESTE ES EL ENGAÑO, ESTE ES EL CABALLO DE TROYA, para la convocatoria del Referéndum, haciendo ver que es un ÚNICO documento, con un conjunto de reformas. La realidad es que se deben convocar CUATRO referéndums para someter a su aprobación o rechazo por cada una de estas propuestas.

A nivel legislativo, del recibo de la propuesta enviada por el jaguar de Zapote y su Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, la jaguar, o la jaguara, Laura Fernández, debe entenderse que son cuatro proyectos de ley individuales, que así deben tramitarse, desagregando el documento presentado para el estudio técnico de cada proyecto y para determinar correctamente su estudio en la Comisión Legislativa que verdaderamente le corresponda. No vaya a suceder lo que ocurrió con la Ley 4-3 que la estudió una comisión legislativa, que por su naturaleza no le correspondía, lo que contribuyó a su nulidad por la Sala Constitucional.

Es claro que los proyectos de ley sometidos a su trámite deben enviarse a comisiones especializadas. NO a cualquier comisión parlamentaria solo para facilitar su inicial aprobación, y atender, en comisión, las consultas obligadas y consultivas de cada caso de reformas legales que se propone.

El Tribunal Supremo de Elecciones, en el supuesto que haya recibido la solicitud del Referéndum sobre el mismo documento, rubricado por los jaguares mencionados de Zapote, debe proceder de la misma manera, verificando además, si un particular, como el periodista Edgar Espinoza, esposo de la jaguara legislativa Cisneros, exaltado por el presidente como “ciudadano distinguido”, está autorizado para solicitar, a nombre del Presidente y de la Ministra, ese trámite de Referéndum ciudadano, por la recolecta de firmas, o si solo actuó como mensajero, llevando el documento de la guarida de jaguares de Zapote a la sede del TSE.

Si lo hizo a título personal, habría que determinar si es otro proyecto de convocatoria de Referéndum, el del esposo de la jaguara parlamentaria, a diferencia del convocado oficialmente en la Asamblea Legislativa por los jerarcas del Poder Ejecutivo. Es parte de la estrategia del Caballo de Troya que se está usando para engañar al pueblo, a los ciudadanos, a los electores.

La idea de la doble petición de Referéndum, además de la amenaza y presión hacia los diputados, es que si no se puede por una vía, se intente por la otra.

En cuanto a la estructura de esta fábula política de los jaguares de Zapote me recuerda la fábula del asno disfrazado de león, en este caso de jaguar. Narra la fábula que un asno se vistió con una piel de león, en este caso jaguar, que encontró en el camino. Al verlo los animales se asustaban y huían hacia la espesura del bosque, provocando gran miedo en toda la región. Así, el asno era respetado, muy temido, orgulloso, vanidoso y se paseaba con vigor y fuerza por toda la selva.

La esencia de las propuestas, entre otras, del Jaguar de Zapote, ante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, es debilitar la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, quitar su función de revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que sean ejecutados y que su control se haga después de que se concreten; es quitarle a la Contraloría la facultad de suspender un contrato cuando detecta irregularidades o ilegalidades y que eso se haga solo bajo órdenes judiciales; es darle al Poder Ejecutivo la facultad de contratar sin concursos públicos con contrataciones a dedo, y facilitar la inclusión de bienes inmuebles del Estado sin licitaciones públicas.

La Contraloría General de la República es una institución surgida en la Constitución Política de 1949, aprobada por el Poder Constituyente Originario, el que redactó la Constitución. De acuerdo a la teoría y doctrina del Derecho Constitucional, por vía de reformas constitucionales, no se pueden hacer modificaciones a la Constitución que vayan en detrimento, en rebajo, disminución, supresión, en debilitamiento, en nulidad de normas de control para el ejercicio y funcionamiento de instituciones como la Contraloría General de la República, que los constituyentes establecieron; ni tampoco procede traspasárselas o atribuírselas a otros órganos públicos, porque son funciones propias, indelegables y exclusivas de quien las tiene, la Contraloría General de la República, como son propias las funciones de los Poderes Públicos. La organización política y económica del país tampoco puede ser cercenada por la vía de una reforma constitucional como la que pretende el Poder Ejecutivo, puesto que se alteran funciones de la Contraloría General de la República que tiene de vigilancia en este campo. La competencia de la Contraloría no puede ser alterada por una reforma constitucional de carácter negativo, reduccionista o eliminatoria de sus controles obligados. El rango de la funcionalidad constitucional de esta institución es equivalente al de los Derechos, Libertades y los Derechos Humanos, de las personas y ciudadanos, que solo pueden modificarse positivamente, para enriquecerlos y fortalecerlos. De esa manera, funciones de control NO se pueden eliminar, para debilitar las fortalezas de la Contraloría General de la República.

La propuesta que hace el Poder Ejecutivo sobre JAPDEVA choca con la Constitución Política, puesto que en esa propuesta se facilita la formación de un monopolio.

La propuesta de la guarida de jaguares, suponiendo que tiene apoyo de todo el Gabinete, solo quiere desmantelar las competencias y funciones de la Contraloría General de la República. Es abrir los portillos para una administración de “manos libres” en todo negocio público, sin transparencia alguna. El ente contralor, con sus funciones, procura garantizar que en los procesos administrativos se ejerzan y ejecuten con el mayor apego a los procedimientos y reglas, de conformidad con la Constitución Política, las Leyes de la República, los principios de legalidad, ética y transparencia.

En el proyecto de ley no hay nada que justifique una visión de desarrollo de Costa Rica.

La forma cómo están presentadas las dos acciones, ante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, para convocar el Referéndum, están mal planteadas y posiblemente sean rechazadas en ambas instancias, no por oposición por sí al Poder Ejecutivo, sino porque no corresponden las formas y trámites para su correcta aprobación. Fue tan solo una maniobra para intentar convocar el referéndum.

La misma solicitud hecha al Tribunal Supremo de Elecciones, por su trámite puede orientar que este Poder del Estado consulte, previamente, a la Sala Constitucional sobre su pertinencia o a Servicios Técnicos Parlamentarios, sobre el procedimiento legislativo que se le dará a la propuesta hecha, antes de decidir si avala la convocatoria al Referéndum.

El Caballo de Troya del Gobierno se orienta a provocar la discusión que se ha desatado en torno a la viabilidad del Referéndum, por una parte, y por otra, a preparar el ambiente hacia el debate electoral de la campaña nacional presidencial y legislativa del 2026.

Para el gobierno esto ya empezó, tomó la iniciativa. El Referéndum es su mejor pretexto. Ya está en el debate político y proyectado electoralmente hacia el 2026. El Partido “Aquí Costa Rica Manda” ya se ofreció públicamente a mediar para la recolección de firmas. Nadie se lo puede impedir ni a ese partido ni a ningún otro. Lleva esa ventaja. Gane o pierda en la recolección de firmas, sea porque se anule la convocatoria del Referéndum por procedimiento de convocatoria en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Asamblea Legislativa, o en la Sala Constitucional, el gobierno levantará la bandera de que se lo impidieron, que le anularon a los costarricenses su posibilidad de pronunciarse, decidir por sí mismos y actuar de manera directa, quedándoles el único camino de las elecciones del 2026, para lo cual no solo se requiere ganar las elecciones presidenciales, sino obtener una mayoría parlamentaria, para darle continuidad al actual gobierno en los planes y políticas, que según su cantaleta favorita no le han dejado realizar a favor del pueblo, que dice representar. Esta es su ventaja por ahora, sin realizar el Referéndum.

Los movimientos sociales deberían estudiar y actuar si es del caso, para impulsar, en caso de la convocatoria legislativa, que se amplíe el Referéndum con Proyectos de Ley orientados a aprobar Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, necesarios para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos, trabajadores nacionales y extranjeros en Costa Rica, que el país aún no ha aprobado, y otras disposiciones atinentes a la protección de los Derechos Laborales, Sociales y Humanos, que por esta vía se puedan someter a su aprobación, para mejorar la calidad y expectativa de vida de los costarricenses.

A la par de esta gestión, ya introdujeron de nuevo en la corriente legislativa el proyecto de ley de las Jornadas esclavistas de las 12 horas diarias. Ha pasado casi inadvertido por la convocatoria importante del Referéndum que actúa con esa función de Caballo de Troya, de gran distractor de otros temas nacionales, políticos y legislativos, para actuar a la sombra de la ciudadanía desde otras trincheras.

La jornada de las 12 horas, el gobierno había anunciado que la metería a Referéndum. Por ahora la sacó del Referéndum y la metió de manera ordinaria en el trámite legislativo. Es otro frente de combate. El Caballo de Troya del Referéndum por un lado y las jornadas de 12 horas por otro.

NO HAY QUE DESCUIDAR LOS FLANCOS. A nivel legislativo ya habían logrado un alto consenso con esta ley de las 12 horas. Este proyecto legislativo es como si hubieran soltado simultáneamente otro Caballo de Troya en el Parlamento, con la complicidad de quienes tienen que cuidar esa fortaleza legislativa.

Si se va al Referéndum que sea por una buena realidad, no por una fábula…por una mentira, por un engaño perversamente orientado.

Que el caballito de madera del gobierno no sirva para engañar al pueblo.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

A la Historia…Por Media Calle, con Vladimir de la Cruz

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En este video comentarista que realiza el historiador Vladimir de la Cruz, son señaladas algunas decisiones tomadas por el gabinete del actual presidente de Costa Rica que proceden de estrategias internacionales como la propuesta de una mega cárcel, tal como sucedió en El Salvador con las medidas rígidas de Nayib Bukele. 

En el video, de la Cruz también realiza un recuento histórico del fraude electoral en Costa Rica en donde estuvieron involucrados Otilio Ulate y José Figueres Ferrer, y que como resultado tuvo el anulamiento de la elección de Ulate como consecuencia queda Figueres en el poder y desarrolla una narrativa de “Segunda República”. 

De acuerdo con el historiador, la disputa por el poder de la presidencia implicó la instauración de ideologías políticas diversas y el fortalecimiento de algunas agrupaciones que respaldaban a José Figueres Ferrer, quién tenía experiencia militar y fundó el partido socialdemócrata Liberación Nacional. Una vez en el poder, Figueres dirigió el país por dos años a través de la Junta Fundadora de la Segunda República (1948-1949) que trajo consigo novedades por las medidas que impulsó y las instituciones que se fundaron. 

Dentro de las reformas constitucionales que proceden de la nueva Constitución Política del país (1948) se encuentra la prohibición de elección consecutiva de quien ocupe la presidencia pero, así como lo señala de la Cruz, esta reforma poseía vacíos de legalidad los cuáles fueron aprovechados por Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) para forzar la modificación de la constitución y eliminar la prohibición de reelección presidencial, primero por medio de la Asamblea Legislativa y segundo, por medio de un recurso ante la Sala Constitucional. 

A propósito de las prohibiciones constitucionales, se pusieron en duda muchas otras leyes que estudiaban el poder y los derechos de las personas en cargo presidencial,  y por ello se reestablece el artículo artículo original de 1949 que supone que es posible una reelección presidencial después de 8 años del periodo de gobierno, este artículo es el que actualmente tenemos viable en la constitución. 

De modo que de la Cruz vincula la historia electoral del país con los dilemas políticos de hoy en día que parten de la propuesta de Rodrigo Chaves de llevar a la ciudadanía a un referéndum con el objetivo de hacer cambios constitucionales. Al mismo tiempo, el historiador pone en evidencia los recursos sociales y políticos que tiene Chaves para mantenerse como una fuerza política importante en el país. 

A partir de lo anterior, instamos a observar el video y reflexionar sobre lo dicho por el historiador Vladimir de la Cruz.

Para ver el video del conversatorio, ingrese en este enlace.

 

Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Reformista, el Revolucionario, el Benemérito de la Patria, el Hombre y Jefe de la Iglesia de su tiempo, ante el 72 aniversario de su fallecimiento

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Vladimir de la Cruz

Mañana, 8 de junio, Mons. Víctor Manuel Sanabria Martínez, quien se desempeñó como el II Arzobispo de San José, durante los años 1940-1952, se cumple el 72 aniversario de su fallecimiento, a la edad de 54 años. Con este motivo la Iglesia Católica, especialmente la Diócesis de Cartago, esta semana ha conmemorado el fallecimiento de Monseñor Sanabria con actividades. El miércoles pasado, en el Auditorio del Centro Pastoral Monseñor Sanabria, hubo un conversatorio con historiadores cartagineses y hoy viernes con actividades religiosas en el Templo parroquial, con un desfile a las 10 a.m. que se hará hacia la Ermita donde yacen los restos de Monseñor Sanabria. El conversatorio giró destacando su figura de religioso, pero también del Gran Arzobispo que fue cuando el país necesitó un guía espiritual acompañando el acuerdo político de la Reforma Social de 1943 impulsada por el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y el partido Comunista dirigido por Manuel Mora Valverde, estos tres grandes costarricenses declarados Beneméritos de la Patria.

Fue el Obispo que le tocó enfrentar los años convulsos de la II Guerra Mundial, 1939-1945, del inicio violento de la llamada Guerra Fría, a partir de 1945; de los gobiernos reformistas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, del Lic. Teodoro Picado, 1944-1948, de los sucesos de las elecciones presidenciales de Otilio Ulate Blanco, anuladas en febrero de 1948 lo que dio origen a la Guerra Civil de marzo-abril, de 1948, al Gobierno de Facto fundador de la llamada Segunda República, encabezado por José Figueres, 1948-1949, y de los primeros años del gobierno de Otilio Ulate Blanco-1949-1952, cuando falleció.

Su carrera eclesiástica fue notable y exitosa. Inició sus estudios sacerdotales en 1915, que lo llevaron al subdiaconado en 1919, siendo escogido en ese momento por el Obispo, Mons. Juan Gaspar Stork para enviarlo a estudiar Derecho Canónico a Roma, Italia, donde se graduó con un Doctorado en Derecho Canónico y en 1921, fue ordenado sacerdote. También, durante su estancia en Italia, estudió Filosofía, en la Academia Santo Tomás.

En su retorno a Costa Rica inició su labor pastoral en la Parroquia de Cartago, en 1922, como Coadjutor de la Parroquia y profesor de religión del Colegio San Luis Gonzaga. Fue párroco de San Ignacio de Acosta en 1923 y Capellán del Colegio de Sion en 1925. Desde 1924 había sido incorporado al gobierno de la Arquidiócesis de San José, bajo el Obispado de Mons. Otón Castro Jiménez, del cual fue su Secretario. En 1926 fue nombrado Vicario General y Canónigo Teologal.

Al fallecer el primer Obispo de Alajuela, en 1937, Mons. Antonio del Carmen Monestel, el Papa Pío XI, le nombró su sucesor, a partir del 12 de marzo de 1938, siendo Obispo de Alajuela hasta el 7 de marzo de 1940, cuando Pío XII, lo nombró como el Segundo Arzobispo de San José, a partir de esta fecha, asumiendo sus arzobispado unos días antes de que el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumiera la Presidencia de la República, el 8 de mayo de 1940.

Durante estas dos décadas, desde su ordenación sacerdotal hasta la asunción al arzobispado nacional, le tocó vivir cambios históricos importantes, como fueron el triunfo de la Revolución Rusa, en 1917, el fin de la I Guerra Mundial, el surgimiento de la Unión Soviética, en 1922, los procesos revolucionarios que en Europa, al calor de lo que sucedía en Rusia, intentaron desarrollar procesos políticos insurreccionales semejantes. El surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, el nacimiento y muerte de la Liga de las Naciones, 1919-1939, el surgimiento del fascismo en Italia, desde inicios de la década de 1920 y del nacionalsocialismo en Alemania, desde inicios de la década de 1930, y durante esta década de los sucesos de la Segunda República Española, 1931-1939, fracturada con la guerra civil española desde 1936-1939, con su derrota y el ascenso al poder dictatorial de Francisco Franco a partir de 1939, aliado de Hitler y de Mussolini, en los eventos de la II Guerra Mundial, así como el nacimiento y primeros pasos de las Naciones Unidas, 1945-1952.

En el campo de la Iglesia Católica hubo respuestas a los movimientos sociales y las luchas sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas, de finales del siglo XIX y principios de siglo XX, que se expresaron en la Encíclica Rerum Novarum, 1891, cuando todavía no había triunfado ninguna revolución socialista o comunista y, a los nuevos eventos que arrancan con la Revolución Rusa, cuando se impulsa el Código Social de Malinas, publicado en 1927, que el Cardenal Desiré Joseph Mercier, divulgaba y debatía desde 1921 en sus fundamentos, antes de su publicación, que Monseñor Sanabria apreció desde sus orígenes, como también influyó este Código en el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que en esos días estudiaba en la Universidad Católica de Lovaina, y esta tradición social cristiana, y en la Universidad Libre de Bruselas. Igualmente fue la promulgación de la Encíclica Quadragesimo Anno, de 1931, que fue la respuesta eclesiástica a la existencia de la URSS y del desarrollo de los partidos comunistas, al calor de la III Internacional, que impulsó Lenin.

En lo interno, en Costa Rica, le tocó nacer y vivir la última etapa de la llamada República Liberal, que había surgido en 1870, con el General y Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, la cual se prolongaba hasta 1940; al impacto de las Reformas Liberales de la década de 1880, República ya cuestionada por una nueva intelectualidad que surgía a partir de 1890, y por el surgimiento de movimientos obreros, sociales y políticos en el país, destacando las organizaciones sindicales, el movimiento socialista del Dr. Aniceto Montero, 1919-1923, identificado con la Revolución Rusa y con Lenin, el Partido Reformista, en 1923, identificado con los principios social cristianos de la Rerum Novarum, y el partido comunista de Costa Rica, en 1931, también identificado con la Revolución Rusa.

Los efectos de las reformas liberales habían sido, entre otros aspectos, la separación de la Iglesia del Estado en materia educativa y otras restricciones que se impusieron a la Iglesia.

En ese contexto Monseñor Sanabria se identificó, hasta iniciado el gobierno del Dr. Calderón Guardia, con las tesis conservadoras y anticomunistas de la Iglesia Católica, y las tesis conservadoras y similares del gobierno de León Cortés Castro, 1936-1940. Para él, ser comunista era casi un estado pecaminoso.

El Partido Comunista había tenido un desarrollo importante, en la década de 1930, con la huelga bananera de 1934, de otras luchas similares y el desarrollo de su influencia en el sector agrario del Valle Central, que lo llevó a convertirse en la segunda fuerza política y electoral para las elecciones de 1940.

El partido Republicano y el gobierno de León Cortés habían negociado el apoyo de la Iglesia a su candidato electoral, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a condición de la derogatoria de las leyes liberales lo que el presidente electo, inmediatamente cumplió, en esos primeros meses de gobierno de 1940.

Frente a la alianza del gobierno con la Iglesia, con motivo de la derogatoria de las leyes liberales, se intentó una coalición de dichas fuerzas, encabezadas por el expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno, que convocó a masones, liberales independientes, a los comunistas y a los seguidores del Dr. Francisco Vargas Vargas, del Partido Confraternidad Guanacasteca, alianza que no pudo concretarse, presentándose a las elecciones de 1939-1940, el partido Republicano Nacional, con el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista que participaba por medio del Bloque de Obreros y Campesinos y el Dr. Francisco Vargas Vargas, del Partido Confraternidad Guanacasteca, ganando el Dr. Calderón Guardia con un 84.5% de votación siguiéndole los comunistas con un 9.8%, y con un 5.7% el Dr. Vargas Vargas.

Los discursos e intervenciones públicas del Obispo Sanabria, en esos días, se enmarcaban fuertemente contra el Partido Comunista, contra su naturaleza política y filosófica, pintándolo como un partido ajeno a la historia y la tradición nacional.

Efraín Jiménez Guerrero y Manuel Mora, ambos comunistas, y Rafael Ángel Calderón habían sido electos, simultáneamente, como diputados al Congreso de la República en 1934, manteniéndose electos continuamente en 1938, período que les permitió desarrollar una amistad política y personal profunda, fortalecida a partir de 1943 con la alianza que llegan a establecer.

El Surgimiento de la II Guerra Mundial, a partir de 1939 impactó violentamente la economía nacional, especialmente en sus exportaciones agrícolas, provocando una crisis aguda en la economía nacional.

Las luchas sociales se habían intensificado. El Partido Comunista controlaba el movimiento sindical urbano y agrario. La Unión General de Trabajadores, surgida en 1928, que fue la base social del nacimiento del Partido Comunista, fue disuelta por este partido en 1938, en la Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, para dirigir mejor sus acciones sindicales y de lucha. Durante esos años, hasta 1942, hubo movilizaciones populares impulsadas por el Partido Comunista para enfrentar la crisis de la guerra.

El ataque de los japoneses, aliados de Hitler, a las bases militares de Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái, provocó que el gobierno de Calderón Guardia en diciembre de 1941, solidarizándose con Estados Unidos, le declarara la guerra al Eje nazi fascista, rompiendo relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, tomando medidas severas de control de estas poblaciones en el país, incluso con campos de concentración, lo que lo separa de las fuerzas políticas que se identificaban con León Cortés y sus intereses económicos.

Por su parte, los comunistas, a escala internacional, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1935, frente al avance del nazi fascismo en Europa, impulsaban la política de Frentes Populares, de coaliciones políticas en defensa de la democracia que era amenazada por el fascismo internacional. El intento de la coalición liberal contra Calderón Guardia en 1939 calzó en esa perspectiva.

La crisis agudizada, de ese momento, creó las condiciones para que se aliaran los comunistas y el gobierno de Calderón Guardia, con apoyo de la Iglesia Católica, encabezada por Monseñor Sanabria, bajo el impulso de lo que se ha conocido como la Reforma Social, la aprobación del Capítulo de Garantías Sociales que se llevó a la Constitución de 1871, en ese momento vigente, y la aprobación del Código de Trabajo de 1943.

Esos días, entre las preocupaciones de Monseñor Sanabria estaba el importante papel que tenía el Partido Comunista en los sectores sociales, obreros y campesinos, en sus organizaciones, y en cómo enfrentarlo, combatirlo o neutralizarlo. En esa dirección apuntó a formar dos sacerdotes, ambos hermanos, inteligentes y talentosos, para que estudiaran y se formaran en el campo de las ciencias sociales, la sociología, con la intención de desarrollar una organización sindical propia, de la Iglesia, y de influir en la organización agraria, con el impulso de cooperativas. Así, envió a Benjamín y a Santiago Núñez Vargas, para que se prepararan en el sindicalismo y el cooperativismo. Había que romper el monopolio sindical que tenían los comunistas.

La crisis política del gobierno y la cercanía con los comunistas le abría esa oportunidad de negociación, para dar apoyo a esa alianza. Se iniciaron las negociaciones.

El gobierno necesitaba estabilidad política y apoyo popular, que lo había perdido. En la inauguración del Estadio Nacional, el 31 de agosto de 1941, el presidente fue chiflado, en el juego entre los equipos Liga Deportiva Alajuelense y la Sociedad Gimnástica Española.

El Partido Comunista le ofrecía ese apoyo popular y parlamentario, que urgía al gobierno. La Iglesia condicionó su apoyo para participar con los comunistas. Lo primero, entre varias, cosas, que el partido comunista cambiara de nombre. Cambió de nombre: surgió Vanguardia Popular. Que el partido comunista no se opusiera a la formación de una nueva central sindical. Los comunistas en 1942 habían fusionado sus organizaciones laborales en el Comité Nacional Sindical de Enlace, que para 1943 se llamaba Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, que tenía dos representantes en la Junta Directiva de la CCSS, Rodolfo Guzmán y Enrique Benavides. Los comunistas no se opusieron a esa nueva central sindical, que dirigió el sacerdote Benjamín Núñez, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, CCTCR, y le cedieron el campo de Enrique Benavides en la CCSS, petición también de Sanabria. Igualmente, pedía Sanabria, que los comunistas reconocieran que las reformas sociales tenían inspiración social cristiana lo que también aceptaron.

Los comunistas no exigieron ni pidieron miembros en el Gabinete de Calderón Guardia. Pidieron la aceptación pública de parte de la Iglesia de que los católicos podían militar en su partido, lo que combatía Sanabria. Monseñor, inteligentemente, declaró públicamente que los católicos podían ingresar a la nueva organización, Vanguardia Popular, “sin cargo de conciencia alguna”; es decir sin que fuera pecado.

Electoralmente, este pacto por la Reforma Social se materializó en la coalición electoral, llamada Bloque de la Victoria, que llevó al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, para el período 1944-1948, dándole continuidad y fortaleza a la Reforma Social, cuyo origen electoral cuestionado por la oposición, condujo a un período de mucha agitación política y a los sucesos finales de su gobierno, con la nulidad de las elecciones de Otilio Ulate Blanco en 1948, justificando el levantamiento militar de José Figueres, en defensa de ese resultado electoral, a cuyo triunfo se le impuso a Otilio Ulate, quedándose dos años en el gobierno, denominado Junta Fundadora de la Segunda República, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando la Presidencia se le entregó a Otilio Ulate.

Durante estos años, 1943-1949, Monseñor Sanabria se mantuvo fiel a la alianza de 1943 con los comunistas y con los gobiernos de Calderón y Picado. La Junta hizo lo posible, presionando en Roma, para su destitución, lo que paró Otilio Ulate. En un momento, durante el gobierno de la Junta, Monseñor se le enfrentó con valor, manifestando que mientras él fuera “el Jefe de la Iglesia en Costa Rica, ella no estará al servicio de los poderosos sino al servicio de los pobres”, sabiendo colocarse a la altura de su tiempo.

 

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La posible reelección del presidente Rodrigo Chaves

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Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves Robles tiene todo el derecho a pensar que puede reelegirse en la Presidencia de la República. Solo tiene que saber que de acuerdo con la actual legislación constitucional solo puede hacerlo una vez que hayan transcurrido ocho años después de haber dejado la Presidencia de la República. Esto significa que hasta las elecciones nacionales del 2034 podría volver a ser candidato. No lo puede hacer, ni postularse en las elecciones del 2030.

En la Constitución Política original de 1949, el Artículo 132, en su inciso 1), se estableció que “no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años”.

La aprobación de este artículo fue una reacción contra la tradición anterior a 1948 que permitía la reelección presidencial dejando pasar un período presidencial. Así fue el intento del Lic. León Cortés de volver a ser presidente en 1944, cuando él dejó la presidencia en 1940, o el Dr. Calderón Guardia cuando quiso volver a la presidencia en 1948, habiéndola dejado en 1944.

José Figueres asumió de facto la presidencia de la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando se le impuso, como triunfador militar en los sucesos armados de marzo-abril de 1948, a Otilio Ulate, quien había sido electo presidente en 1948, presidencia que se le anuló, lo que provocó la insurrección militar para reconocerle la presidencia. Su breve gobierno, 1948-1949, no le impidió ser candidato a la presidencia en las elecciones de 1953, por cuanto él no había sido electo presidente por la vía electoral. Su gobierno de 1953-1958 fue su primera presidencia constitucional.

En 1969 se realizó una reforma constitucional, en el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que modificó este artículo 132, estableciendo el impedimento de la reelección presidencial, para cualquier persona que hubiera ejercido la presidencia, durante cualquier lapso.

La reforma se impulsó para evitar la reelección de presidentes socialdemócratas, lo cual no afectaba a Figueres, porque los efectos de esa reforma eran hacia el futuro, y no hacia quienes en el pasado hubieran sido presidentes de la República. Más se movieron las fuerzas políticas contra Figueres y contra Daniel Oduber Quirós, que había perdido la presidencia en las elecciones de 1966, pero se le visualizaba como un fuerte y posible candidato para los procesos electorales siguientes, como lo fue en 1974. Frente a la reforma que limitaba la presidencia se impuso en 1970, José Figueres, originando su segundo gobierno constitucional.

La reforma constitucional del 11 de julio de 1969 estableció el artículo 132 de la Constitución, en su inciso 1), de la siguiente manera: no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un período constitucional.

Con base en esa reforma constitucional, a partir de 1970 los presidentes de la República que fueron electos, como personas que no habían ejercido la presidencia anteriormente, se eligieron por una sola vez, sin intentarlo en una segunda ocasión. Así sucedió con Daniel Oduber, 1974-1978; Rodrigo Carazo, 1978-1982; Luis Alberto Monge, 1982-1986; Oscar Arias, 1986-1990; Rafael Angel Calderón Fournier, 1990-1994; José María Figueres, 1994-1998; Miguel Angel Rodríguez, 1998-2002, y Abel Pacheco 2002-2006.

La reforma constitucional de 1969 estableció un artículo transitorio que ex Presidentes de la República, hasta ese momento, solo podrían ser reelectos por una sola vez, con arreglo a las disposiciones del artículo 132 anteriores a esta reforma. De conformidad a esta disposición, de los expresidentes anteriores solo podían optar a la presidencia Rafael Angel Calderón Guardia, Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich, José Joaquín Trejos. De estos solo Mario Echandi, en 1982, intentó ser presidente.

El ambiente político hacia las elecciones del 2006, luego de la reelección de la Unidad Social Cristiana, del gobierno de Miguel Angel Rodríguez al de Abel Pacheco, 1998-2002 y 2002-2006, rompiendo la tradición de que solo el partido Liberación Nacional se reelegía, José Figueres – Daniel Oduber, 1970-1978; Luis Alberto Monge – Oscar Arias, 1982-1990, se impulsó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que recién se había creado, en 1989, para revisar la reforma constitucional que se había hecho en 1969, que impedía la reelección presidencial. Obviamente, se movían sectores políticos que consideraban que Oscar Arias era la mejor opción en el 2006 para levantar al partido Liberación Nacional y llevarlo nuevamente al Poder Ejecutivo. Su triunfo electoral fue apretado, por un margen de 19.000 votos, contra un exliberacionista, Otón Solís, que había creado un nuevo partido, Acción Ciudadana.

El fundamento de esta acción descansaba en dos aspectos. Uno, de procedimiento legislativo cuando se aprobó esa reforma, y otro, de derechos fundamentales, que no podían ser modificados negativamente por una reforma parcial de la Constitución, como se hizo en 1969.

La Sala Constitucional estableció que habían habido vicios de procedimiento parlamentario y constitucional que anulaban lo resuelto en esa reforma. Por el fondo, de los derechos fundamentales, fue más categórica. Se señaló, lo que bien corresponde a Derecho Constitucional, que derechos y libertades constitucionales establecidos por el Poder Constituyente Originario, la Asamblea Nacional Constituyente que redacta y aprueba una Constitución, no pueden ser modificados negativa ni restrictivamente por reformas constitucionales posteriores; y que el derecho de reforma constitucional, que tiene la Asamblea Legislativa, su Poder Constituyente Derivado, no puede violentar derechos originalmente establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente, solo actuando para mejorarlos, superarlos, ampliarlos, pero no para restringirlos o limitarlos.

Originalmente, la Asamblea Nacional Constituyente había establecido el derecho de reelección presidencial, de quienes ejercieran ese alto cargo público, derecho que no podía restringirse ni eliminarse por una reforma constitucional hecha por la Asamblea Legislativa.

Sobre esto ya se había dado una modificación constitucional importante relacionada con el Artículo 98 de la Constitución Política, que en su segundo párrafo, establecía restricciones de participación electoral ciudadana, que solo se aplicaba a comunistas o quienes habían pertenecido a ese partido antes de 1948, de acuerdo a listas que se tenían, para verificar los trámites de inscripción de partidos políticos, ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo originalmente aprobado en 1949, al calor de la guerra civil y de las restricciones y persecuciones que se establecieron contra el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, por el Decreto No. 105, de la Junta de Gobierno, señaló que se prohibía la formación o el funcionamiento de partidos políticos que por sus programas ideológicos, vinculaciones internacionales, medios de acción, tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, previo informe del Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo original funcionó, desde 1949 hasta 1969, poniendo fuera de la ley, y de la participación electoral, casi una docena de partidos que se consideraban de izquierda o caían en los extremos del Decreto No. 105 y el segundo párrafo del Artículo 98 constitucional.

A ello hay que agregar que existían listas de ciudadanos, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que eran objeto de impedirles su agrupación política. No se les impedía votar por otros partidos políticos. Se les impedía votar por partidos políticos propios, de votar por ellos mismos, ya que los calificaban en esos extremos de impedirles su participación electoral.

La reforma al artículo 98 constitucional se dio en medio de una lucha democrática, que empezó a finales de la década de 1960-1969. A ello se sumó la crisis de la economía nacional, especialmente con la producción de café y de azúcar, que condujo a que el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, 1966-1970, y el partido Liberación Nacional, se movieran para solicitarle a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista, Vanguardia Popular, actuara como agente comercial del Gobierno, ante los países socialistas para vender café y azúcar, de la cuota internacional que se había reducido para Costa Rica. Esto lo apoyó José Figueres que ya era candidato para las elecciones de 1970, del partido Liberación Nacional, y en su gobierno 1970-1974.

Los países socialistas, y la Unión Soviética, calzaban en esos nuevos mercados, no tradicionales, de mercados emergentes, como también se les ubicaba, para colocar esos productos.

Así, se le dio pasaporte oficial a Manuel Mora, que se hizo acompañar, en su patriótica misión, con Ricardo Quesada López Calleja y del empresario liberacionista Max Blanco Brunetti, quienes representaban los intereses cafetaleros y cañeros. La gestión de Manuel Mora le permitió presionar por la eliminación del segundo párrafo del Artículo 98, y luego, bajo el gobierno de José Figueres, 1970-1974, por el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países socialistas.

En el gobierno de Figueres se inició la reforma constitucional del artículo 98 que se aprobó en el gobierno de Daniel Oduber, 1974-1978. Con esta reforma la democracia nacional y electoral se amplió y fortaleció.

De esta manera, se modificó el artículo 98 que restringía derechos electorales, por la reforma del 4 de junio de 1975, permitiendo que los ciudadanos tuvieran el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. El 2 de julio de 1997 se amplió este artículo señalando que los partidos políticos expresaran el pluralismo político, concurrieran a la formación y manifestación de la voluntad popular y fueran instrumentos fundamentales para la participación política. La creación y el ejercicio de partidos políticos, de su actividad, por esa reforma, sería libre dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Puestas así las cosas, la reelección presidencial se volvió a discutir a principios de este siglo ante la Sala Constitucional.

El triunfo Miguel Angel Rodríguez, en 1998 y luego de Abel Pacheco, 2002, ambos de la Unidad Social Cristiana, supuso la posibilidad de reelección continua de este partido. Liberación Nacional se movió internamente llegando a la conclusión que su mejor candidato posible para la Presidencia era Oscar Arias.

Si a los comunistas y a las personas de izquierda se les reconoció y se les restableció su derecho electoral de organización partidaria, porque se ampliaba un derecho, era igualmente válida la nulidad que hizo la Sala Constitucional de la restricción que limitaba el derecho de los expresidentes a su posible reelección, en tanto restableció un derecho ciudadano declarado originalmente en 1949. La Sala Constitucional al anular la reforma de 1969, restableció el artículo original de 1949, que facultaba la posibilidad de reelección presidencial dejando pasar dos períodos presidenciales, es decir ocho años después de que se deja la presidencia.

Esta decisión de la Sala Constitucional se ha visto muy personalizada en la figura del expresidente Oscar Arias, tanto por grupos políticos de la derecha como de la izquierda, sin entender con claridad que lo que estaba de fondo eran derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que no podían restringirse, o que se podían crear y ampliar.

Para el momento actual, el presidente Rodrigo Chaves ha mostrado su interés de la reelección, para la campaña electoral del 2030, dejando pasar tan solo un período presidencial 2026-2030 y no dos períodos como está establecido en la Constitución Política.

Es claro que cualquier posición que el presidente Chaves tenga para hacer ver su posible candidatura en el 2023, es tan solo una postura de agitación política, de atención política, de mover el ambiente político a su alrededor, que lo sabe hacer bien.

Institucionalmente no hay posibilidad de realizar una reforma constitucional, en este momento, para restablecer la reelección inmediata o dejando pasar un período presidencial.

El presidente Chaves ha perdido su tiempo constitucional para realizar reformas a la Constitución. Ni siquiera podría hacerlo por la vía del Referéndum, aun convocándolo, porque no hay tiempo para aprobar en dos legislaturas posibles reformas constitucionales. Tal como está la situación el presidente Chaves solo tiene posibilidad de volverse a postular hasta las elecciones del 2034.

Confieso públicamente, como lo he dicho en diferentes escenarios y medios de comunicación, que soy partidario de la reelección inmediata, consecutiva, por lo menos de un período presidencial, para quien ejerza ese cargo. No le tengo miedo a la reelección presidencial. Pero no es la oportunidad inmediata del actual presidente. También soy partidario de que el mandato presidencial se alargue a seis años, como en México.

Lo curioso de los opositores a la reelección presidencial es que son partidarios de sus propias reelecciones consecutivas, inmediatas, o alternas, en puestos que tienen en juntas directivas de organizaciones sociales y empresariales, o en puestos académicos, y partidariamente políticos, que son susceptibles de reelección. En esto hay que ser consecuente.

La experiencia histórica de Costa Rica, antes de 1948, mostró el valor de la reelección política en muchas dimensiones. Solo en el campo legislativo, por citar un ejemplo, los diputados podían reelegirse continuamente. Manuel Mora Valverde fue electo diputado de manera consecutiva desde 1934 hasta 1948. Después, volvió a ser diputado en 1970.

En el caso del presidente Chaves hay que entender que para volver a ser candidato presidencial, en el 2034, se supone que debe mantenerse activo en política, una vez que deje la presidencia en el 2026. Que esa actividad pasa por la existencia de un partido político permanente, que todavía no lo tiene; y, que lo tenga como uno de sus dirigentes políticos.

Los otros escenarios que tiene el presidente Chaves, para mantenerse activo políticamente, descansan en dos posibilidades. Una, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, de la que ya se pronunció a favor, en lo cual también estoy de acuerdo, en donde él quisiera ser diputado, para lo que necesita un partido político que lo postule y que quede electo en esa Asamblea.

El estuvo tanteando esa posibilidad de convocatoria de la Asamblea nacional Constituyente. Reunió especialistas que no oyó y desestimó en su iniciativa. Ahora, que acaricia esa posibilidad, perdió su tiempo constitucional para convocarla. Por ahora, casi no es posible convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ya la Sala Constitucional se opuso a un referéndum, que el Tribunal Supremo de Elecciones había aprobado. No es, entonces, por la vía del Referéndum la posibilidad de la convocatoria del Poder Constituyente Original. Tendría que tener el Presidente Cháves una enorme capacidad negociadora con los diputados para lograr que la Asamblea Legislativa lo haga, capacidad que hasta ahora no ha demostrado.

La otra posibilidad es que un partido nuevo para las elecciones del 2026, con el apoyo del actual Presidente, que se identifique con él, y con la continuidad de sus políticas, triunfe y lo tome en cuenta en algún cargo político, que le dé resonancia, como un ministerio o algo así. Por ahora no lo tiene. No es imposible que esto suceda, que otro partido asuma el Poder Ejecutivo, que no sea de los tradicionales ni de los que participaron en la última contienda electoral, tratando de darle continuidad al actual gobierno. Improvisaciones políticas en esta época son posibles. El mismo presidente Chaves es una muestra de ello.

No hay que engañarse. El ambiente electoral no desestima esta posibilidad. Ante el anuncio del presidente de Chaves, de su interés por la reelección, la diputación constituyente y el Referéndum hay que prepararse.

 

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En 1948 se estableció que se podía anular la nacionalidad del naturalizado

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Vladimir de la Cruz

Hace casi exactamente 76 años, la Junta Fundadora de la Segunda República, el 20 de julio de 1948, en el Decreto Ley No. 106, discutió sobre la ciudadanía. La consideró “un derecho substancial que corresponde, de modo indiscutible, tanto a las personas nacidas en el territorio de la República de padres extranjeros como a los nacidos en el extranjero de padres costarricenses.”

Sobre este considerando señaló que la ciudadanía emanaba de esas circunstancias, por lo que “no debe tener otras limitaciones que la voluntad del interesado o de sus padres, en su minoridad, y las demás de carácter puramente formal que la ley establece”.

En ese sentido rectificó “el párrafo primero del artículo 9º de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la No. 207 de 26 de agosto de 1944, suprimiendo el impedimento que contempla en relación con la opción de la ciudadanía”, e introdujo al citado artículo 9º una reforma que le permitía al Poder Ejecutivo “previo examen de las condiciones personales del solicitante, conceder la carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las naciones con las que Costa Rica hubiere estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, siempre que los antecedentes, hábitos y procederes de quien la pidan, lo hagan digno, a juicio del Poder Ejecutivo, de ser costarricense.” Obvio era que, en 1944, la situación internacional en el marco de la II guerra Mundial, y la declaración de guerra que había establecido Costa Rica contra el imperio japonés, la Alemania Nazi y la Italia fascista, en diciembre de 1941, conducía a considerar la naturalización o adquisición de la ciudadanía costarricense para personas de países con los cuales estuviéramos en guerra o no hubiéramos firmado la paz.

Superado ese trance, con la victoria sobre el eje nazi fascista, en mayo de 1945, en Europa, y en setiembre, sobre el Japón imperial, ya en el marco inicial de la Guerra Fría, surgida desde esa finalización de la guerra en 1945, la Junta de Gobierno, sobre la consideración del artículo 9 de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la ley No. 207 de 26 de agosto de 1944, dispuso, en un solo artículo, por este Decreto No. 106, que el artículo 9 se leyera así:

“Artículo 9º. – No se concederá carta de naturalización a los ciudadanos súbditos de Nación con la que Costa Rica se halle en estado de guerra, ni los declarados judicialmente en otros países piratas, traficantes en esclavos, incendiarios, modernos falsos o falsificadores de billetes de banco u otros documentos de crédito público, ni a los asesinos, plagiarios o ladrones.

Es nula de pleno derecho la naturalización que fraudulentamente haya obtenido el extranjero en violación de la ley o de los reglamentos; y, en consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, un individuo naturalizado dio algún dato falso, o que fue condenado antes por un delito que merezca pena de presidio, o que se ha valido de su calidad de costarricense naturalizado con posterioridad a su obtención, para propagandas contrarias al orden público o social en el interior o exterior del país, el Poder Ejecutivo podrá revocar el acuerdo que le concedió la nacionalidad costarricense y declarar nula la respectiva carta. La revocatoria se hará en resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se publicará en La Gaceta oficial y se comunicará al Registro Cívico para su anotación. Estos preceptos regirán en cuanto a las opciones de nacionalidad.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el Poder Ejecutivo podrá conceder carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las Naciones con las que Costa Rica haya estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, si previo examen de las condiciones del solicitante, como antecedentes, vinculaciones, tiempo de permanencia en el país, hábitos y procederes, es digno de ser costarricense”.

Más claro no canta un gallo. La nacionalidad adquirida por nacionalización, por naturalización solicitada por un extranjero, ante la institucionalidad del Poder Ejecutivo, y del Estado de Derecho costarricense, podía ser revocada si caía en las causales señaladas. En esa época no existían las calificaciones de organizaciones criminales, de narcotráfico, de terroristas, que hoy existen, ni las condiciones de desarrollo de narco estados o estados fallidos por la presencia de este tipo de organizaciones, ni existían los carteles mafiosos internacionales como hoy se expresan. Ni tampoco sucedía la búsqueda de nacionalidades, a modo de escudos de protección, para líderes de esas organizaciones, mediando diversos ardides, entre ellos matrimonio con nacionales, como ocurre con casi 40 personas detectadas en el país que abusan de esta condición para no ser extraditadas a sus países originarios, o a terceros países, que los persiguen por participar en estas redes internacionales de criminalidad que afecta a esos países.

La nulidad de la naturalización así adquirida, mediante fraude o dolo, se podía realizar como un acto legítimo de todo derecho por el Poder Ejecutivo. En este sentido es que la Asamblea Legislativa podría modificar las disposiciones legales para anular la naturalización, o la carta de ciudadanía, de aquel extranjero, que caiga en esas categorías criminales y haya ocultado su participación o vínculo, para obtener la nacionalidad costarricense. Esta extradición solo afectaría a naturalizados, que perderían la nacionalidad costarricense, pues al quitarles la nacionalidad costarricense, quedan con la propia permitiría expulsarlos del país o extraditarlos, al país que los demande.

A los costarricenses de nacimiento no se les puede expulsar del territorio nacional ni se les puede extraditar, de acuerdo a nuestra Constitución Política.

Así, la discusión legislativa de extradición de mafiosos naturalizados y de posibles costarricenses que hubieren cometido delitos en otros países, por los que son requeridos, es claro que no está cubierta por la disposición constitucional del artículo 31 que señala expresamente que “nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”, si fueran razones políticas las que causan su solicitud de extradición. Pero, quedan a descubierto de la persecución de delitos comunes y de las nuevas formas delictivas de las organizaciones criminales, anulándoles la nacionalidad, lo cual sí procedería.

La extradición tal como se discute en la Asamblea Legislativa debería concentrarse en la extradición de extranjeros que adquirieron dolosa o fraudulentamente la nacionalidad o la naturalización, y si carecen de medios de vida que se puedan constatar, por lo menos, por la Caja Costarricense del Seguro Social o por la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda. Si así operan, que se les cancele o anule la nacionalidad costarricense.

La extradición en Costa Rica en su momento final es una decisión del Poder Judicial, de conformidad al conocimiento que se tenga del requerido para ser extraditado.

El Poder Ejecutivo podría anular la nacionalidad del naturalizado, si esa anulación o cancelación se justifica legalmente, que es lo que procede realizar, modificar la ley advirtiendo a los extranjeros que quieren optar por la nacionalidad costarricense de las causales que les puede anular esta nacionalidad.

Los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron la decisión de anular la naturalización adquirida, mediante fraude o dolo, fueron, aquel 20 de julio de 1948, José Figueres, Benjamín Odio Odio, Fernando Valverde Vega, Uladislao Gámez Solano, Bruce Masis Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, Gonzalo Facio Segreda, Alberto Martén Chavarría, Francisco José Orlich Bolmarcich, Raúl Blanco Cervantes y Edgar Cardona Quirós.

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Las próximas elecciones de los Estados Unidos y las de Costa Rica

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Vladimir de la Cruz

En Estados Unidos el ambiente electoral está que arde. El expresidente Trump contra el presidente Biden, son los ejes alrededor de cual giran los diferentes movimientos políticos, económicos, sociales, militares y electorales. A ello suman los inmigrantes que viven en Estados Unidos, las inmensas mayorías latinas y afrodescendientes, así como la situación de la clase trabajadora norteamericana, tradicionalmente muy ligada al Partido Demócrata, pero separada de ese partido desde la llegada de Trump a la presidencia.

El tema del empleo y el desempleo pesa en las decisiones electorales de la población estadounidense. Hoy también el tema de los gastos militares y el apoyo en este campo que brinda Estados Unidos a países en guerra, considerados sus aliados.

La situación económica en Estados Unidos pareciera brindar un mejor escenario a la postulación de Trump frente al presidente Biden. La parte frágil de Trump descansa en la amplitud de juicios y demandas que enfrenta, con la posibilidad de que su condición de expresidente le blinde de ciertos juicios o acusaciones que le allanen el camino a la presidencia. Por ahora, se ha ido imponiendo como el principal candidato dentro del Partido Republicano, según las formas como se escogen los candidatos presidenciales en ese país.

En el escenario del Partido Demócrata el presidente Biden se ha impuesto, de conformidad a la tradición electoral de darle oportunidad al presidente de su posible reelección.

Las edades de los dos candidatos, Trump y Biden, que giran en los 80 años, se han convertido parte de los elementos propagandísticos y de agitación electoral de ambas tiendas políticas. Más afecta a Biden por detalles de su compartimiento público donde sus años, un poco mayor que Trump, se le expresan más, lo que provoca la burla de Trump y de sus detractores. Aun así, no es causal negativa la edad. En cierta forma pesa con la edad la experiencia y madurez que se le atribuye a la cantidad de años.

Lo destacable de este proceso es que, en los Estados Unidos la alta edad, la mayoridad y la “ancianidad” no es un elemento que pesa negativamente para la escogencia y la disputa presidencial, como sucede en muchos otros países, entre ellos los latinoamericanos, y dentro de los llamados movimientos populistas que han surgido y se impulsan, que muchas veces atacan las viejas estructuras políticas y a viejos candidatos o “viejos” políticos, sean personas o partidos políticos, que usualmente califican también de tradicionales, cuando no con otros adjetivos más fuertes. No casualmente en Costa Rica los últimos presidentes han gravitado en edades bajas, y pareciera ser la tendencia hacia el proceso electoral nacional del 2026.

En la escogencia de las posibles candidaturas a la vicepresidencia de los Estados Unidos se han movido las tendencias hacia miembros del Congreso, el Senado y de las Gobernaciones.

La llamada ala izquierda del Partido Demócrata, todavía no se ha hecho sentir. El discurso de Bernie Sanders, de hace ocho, pareciera que se mantiene, aunque no esté izado. Su crítica al modelo neoliberal de esos días se concentraba en los siguientes elementos:

1.- que las personas, los ciudadanos y los trabajadores pagan más impuestos que los ricos,

2.- que el Estado concede exenciones tributarias generosas a las empresas elevando la carga tributaria a los asalariados. Trump mismo, había ofrecido rebajar la carga tributaria de las grandes empresas y de los ricos,

3.- que los impuestos son muy altos,

4.- que hay una reducción y encarecimiento de los servicios públicos,

5.- que han aumentado los costos de educación,

6.- que han aumentado los costos de salud,

7.- que se paga mucho en impuestos para mantener guerras lejanas, de allí también el planteamiento de Donald Trump de que sus aliados en bloques militares asumieran los costos reales de cada país, y que el peso de sus defensas no cayera sobre los Estados Unidos. Esta tesis la sigue manteniendo Trump, señalando incluso que los gastos de la OTAN los deben asumir principalmente los países miembros. En un momento llegó a afirmar, no hace mucho, que con él las guerras actuales se acabarían.

8.- que hay mucha hipocresía e impunidad, cuando no inmunidad, frente a estafadores bancarios,

9.- que se subvenciona a los barrios ricos, en detrimento o perjuicio de las grandes barriadas obreras y populares, en infraestructura, siendo la infraestructura de los barrios ricos muy buena, y muy mala la de las barriadas pobres,

10.- que los salarios mínimos están por debajo del costo de la vida,

11.- que los barrios ricos son seguros mientras los barrios pobres muy inseguros y violentos,

12.- que hay restricciones a la organización sindical,

13.- que hay una gran exclusión social, por falta de representación, en la toma de decisiones que afectan a la población en general y a los trabajadores en particular,

14.- que hay limitaciones al ejercicio de las libertades,

15.- que se hacen recortes importantes de financiación en inversiones públicas,

16.- que hay un incremento de desigualdades sociales y económicas,

17.- que hay incumplimiento de promesas electorales,

18.- que los grandes partidos prestan atención más a los grandes contribuyentes que a los millones de votantes,

19.- que se deteriora el descanso y la recreación de los trabajadores,

20.- que el Estado, como organización y sistema institucionalizado, está contra la mayoría de la gente y no a favor de la mayoría, como debería ser.

21.- la necesidad de reindustrializar los Estados Unidos, que era la clave del planteamiento de Donald Trump, de hacer regresar empresas a territorio norteamericano y de castigar tributariamente a las que quieran instalarse fuera de los Estados Unidos. Trump sigue manteniendo esto, con algunos matices.

22.- crear más puestos de trabajo y bien remunerados.

23.- ayudar a los desempleados y subempleados.

Muchos de los planteamientos aquí apenas señalados, se debatieron en los Estados Unidos, y son propios de los llamados movimientos populistas de derecha europeos. Reflejan la realidad de estos países y las nuestras, las de Latinoamérica y la de Costa Rica, lo que pueden seguir siendo caldo de cultivo para movimientos populistas en nuestros países si se hace un empleo demagógico de consignas y situaciones similares.

La campaña trumpista de los Estados Unidos, hace ocho años, alimentó esta posibilidad, exaltando sentimientos xenofóbicos, que los sigue atizando, situación que se ha agravado en Europa, y hay síntomas importantes en algunos países de América Latina.

Lo que suceda en Estados Unidos repercutirá directa e inevitablemente en el ambiente político nacional y latinoamericano. Estamos a cinco meses de que en se resuelva ese dilema, con las elecciones norteamericanas de noviembre.

En nuestro país pareciera que el debate girará entre el continuismo del actual Gobierno, para lo cual el presidente Chaves no tendrá limitaciones para expresar sus sentimientos y apoyos. Ya está en marcha, hacia ese proceso electoral, con ventaja sobre todos los demás partidos políticos nacionales.

Si el presidente Chaves antes del 2022 no era un líder ni un caudillo político, hoy en cierta forma ya tiene ese empaque, sólidamente consolidado con el apoyo que recibe en las encuestas, resultado de su discurso que lo identifica con las mayorías nacionales excluidas y pobres, a quien dirige sus discursos y arengas.

El espacio político del presidente Chaves está marcado por sus constantes giras al interior del país, que trata de acompañar con movilizaciones locales.

El presidente Chaves ha revalorado la categoría “pueblo”, con la cual él se identifica y habla en su nombre, señalando que está para defenderlo. Le ha arrebatado este concepto a las fuerzas políticas existentes, a los partidos políticos, a las fuerzas de izquierda en general, a las organizaciones y movimientos sociales como el sindicalismo, el cooperativismo, el solidarismo, el comunalismo, el municipalismo. En este último aspecto cuando el presidente Chaves viaja al interior del país se hace acompañar de gente movilizada de los cantones que visita, como ningún presidente anteriormente lo haya hecho. Sectorialmente todavía no llega. Lo demostró la protesta de los agricultores recientemente, que responde a otras causas, motivadas por las políticas económicas generales que se impulsan desde el Gobierno, a las protestas universitarias en defensa de su presupuesto y su autonomía, o las reacciones de los médicos, como se expresaron en sus paros y huelgas recientes. En estas últimas los partidos políticos estuvieron al margen. No fueron convocadas ni dirigidas por partidos políticos, lo que probablemente esos mismos movimientos hubieran rechazado. Tampoco fueron apoyadas públicamente por los partidos políticos. La vida política y partidaria nacional ha bajado tanto, y se ha devaluado ante la opinión pública, que los mismos partidos se abstienen de pronunciarse sobre temas nacionales o de identificación con sectores populares en sus protestas.

El rechazo a todo el pasado político y electoral que hace el presidente Chaves es válido desde su perspectiva. Con él, como se percibe, está naciendo una nueva dimensión política. Todavía no proclama su Tercera República, pero no sería extraño que lo hiciera, una nueva era, una nueva época, que inicia con su gobierno, es lo que tiene enfocado. La imagen que está forjando es la de un pater familia, resultado de su acción política estatal, por sus políticas confundiendo su vida del gobernante y su actuación política con la del ejercicio del poder, y con la propia obra de gobierno.

Los populistas en algunos países se presentan como reformistas o grandes reformadores del Estado. El presidente chaves no se presenta todavía como un reformista., aunque constantemente señala que hay que reformar la institucionalidad del Estado para logar su mayor eficiencia gubernativa y más agilidad institucionalidad, lo que en términos generales es válido.

Me parece que el presidente Chaves está marcando un parteaguas político nacional. A esto que hay que ponerle atención. Electoralmente probablemente presione para que en su contra se estimulen ciertas coaliciones electorales en el 2026, todavía muy imprecisas e inmaduras. Como líder político solo está descollando el presidente Chaves. En la Asamblea Legislativa no hay, al menos por ahora, uno solo, que pinte con aire presidencial. Y algunos que se pavonean en esa dirección al menos para mí solo tienen por ahora las ínfulas de esa posibilidad. Es el caso de los socialcristianos, que han dejado de ser cristianos y sociales, para disputar las banderas neoliberales y auto proponerse como una fuerza de centroderecha. O los liberales de Feinzaig que van en el furgón de cola del tren presidencial, lo mismo que los nuevos republicanos de Fabricio Alvarado. De los liberacionistas del Congreso pareciera que no va a salir ningún candidato presidencial. En su propio partido han empezado a tocar tambores electorales otras personas, no menos neoliberales que las que hay en el gobierno y en las tiendas parlamentarias. La muerte de Liberación Nacional está anunciada con su renuncia a sus posturas social democráticas del pasado y a las banderas reformistas que alguna vez tenían izadas. El Frente amplio, en este escenario todavía luce apagado.

Fuera de la Asamblea legislativa no hay tribunos de la plebe a la vista, ni partidos políticos que se sientan activos y con voz ante los problemas nacionales.

Miguel Ángel Rodríguez es el único que clama por una coalición política nacional, muy alejada de lo que fue la alianza política de 1943, de comunistas, cristianos y republicanos, que llevó a la coalición del Bloque de la Victoria para las elecciones de 1943-1944, para continuar afirmando las grandes Reformas Sociales y el Código de Trabajo.

¿Por qué no tratar de impulsar hoy una coalición nacional patriótica, bajo una gran bandera de proyectos sociales y políticos que recuperen la calidad de vida y mejoren la vida política e institucional nacional?

Compartido con SURCOS por el autor.