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Por Laura Raabe Cercone, curadora de artes visuales del Museo UCR

Exposición »Blanco, azul y rojo: 1821-2021» los compromisos y responsabilidades de los museos con la sociedad, con el pasado y con el futuro

En el 2021 se conmemoran dos siglos de la independencia de Centroamérica. Para celebrar este aniversario se desarrolló la exposición “Blanco, azul y rojo: 1821-2021”, proyecto realizado en conjunto por el Museo Nacional (MNCR) y la Universidad de Costa Rica (UCR). De esta última participaron el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (Ciicla), el Museo de la Universidad de Costa Rica (Museo UCR) y la Escuela de Estudios Generales.

Esta exposición brinda un recorrido por los 200 años de vida independiente en Costa Rica, mediante el abordaje de diferentes aspectos de la conformación del Estado y la adopción de conceptos asociados a la modernidad política. Además, la exposición tiene como objetivo mostrar diversas manifestaciones culturales sobre la independencia, es decir, cómo se ha celebrado y recordado esta efeméride en Costa Rica.

A propósito de esta exposición, es pertinente destacar el valor de los objetos en el marco del quehacer de los museos. En “Blanco, azul y rojo: 1821-2021” se muestran aproximadamente 70 objetos. En su gran mayoría estos pertenecen al Museo Nacional de Costa Rica, y en menor medida a otras colecciones de instituciones públicas, como la UCR, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS) y los Museos del Banco Central de Costa Rica (MBCCR). Esto solo es una muestra de la relevancia del papel de los museos como responsables de preservar el patrimonio de una sociedad y del desempeño de su función como mediadores entre el público y el patrimonio.

Pese a una función tan importante, constantemente, los museos deben enfrentarse a la idea bastante extendida de que se trata de lugares aburridos y rezagados en el tiempo, donde se almacenan cosas muy viejas. Es verdad que los museos con una orientación histórica albergan objetos muy antiguos, pero eso no los convierte en sitios aburridos. Por el contrario, se trata de espacios que procuran brindar experiencias que posibiliten el acceso a conocimientos y el encuentro con el patrimonio.

Los objetos son portadores de historia. Son en cierto sentido, un texto. Por supuesto, para leerlos se requieren las herramientas y saberes adecuados. Precisamente, entre sus diversas funciones, a los museos les corresponde leer los objetos bajo su custodia. Como es bien sabido, la columna vertebral de todo museo la constituyen sus colecciones, es decir, su patrimonio. A lo largo del tiempo, las instituciones museísticas han sido investidas de la autoridad para determinar la valía -o no- de los objetos que integran o llegarán a integrar su patrimonio. Se han definido criterios para establecer el valor y la trascendencia de determinados objetos. De esta manera, desde los museos se construyen lecturas de la cultura material de una sociedad.

Pero, no solo los objetos costosos y raros que se encuentran en los museos pueden ser el foco de atención para posibles lecturas, también pueden serlo los que habitan nuestra vida cotidiana, porque alrededor de nuestros objetos cotidianos se articulan recuerdos personales -por supuesto- pero también, procesos industriales, económicos y sociales. Se debe recordar que a lo largo de los dos últimos siglos se han modificado notablemente las perspectivas valorativas en torno a los objetos y la noción de patrimonio.

Por excelencia, es en el marco de las exposiciones que se despliega la interpretación de los objetos en procura de que estos sean más comprensibles para el público. Las exposiciones son los espacios en los que el museo desempeña la función de mediación entre el patrimonio y el público, es decir, su labor educativa. Actualmente, se discute muchísimo sobre las posibilidades de museos hipertecnológicos, donde los objetos permanezcan en un segundo plano ante las posibilidades de interacción tecnológica. También, se ha puesto en práctica el desarrollo de museos y exposiciones virtuales. Aunque este tipo de propuestas son interesantes -y desde luego válidas- suponen una transformación dramática con respecto a la razón de ser original de los museos, es decir, el albergar objetos y posibilitar el encuentro entre estos y los visitantes.

A mí, personalmente, me gusta más la idea tradicional de los museos, es decir, como los lugares donde se albergan objetos. Y no se trata solo de preferencias subjetivas, se trata del reconocimiento de ciertos compromisos y responsabilidades con la sociedad, con el pasado y con el futuro. Por supuesto que con la sociedad, porque los museos asumen el deber de conservar el patrimonio de esta, y por supuesto con el pasado, porque guardan la memoria de la sociedad. Pero, ¿por qué hablo de responsabilidad con el futuro?

Si asumimos la labor de conservar la memoria, lo hacemos siempre en función de las nociones y las necesidades del presente, pero también lo hacemos con miras al futuro. Por eso hablo de responsabilidad con el futuro; y de responsabilidad con las futuras interpretaciones que se puedan construir en torno al pasado, así como responsabilidad con las futuras generaciones. En ese sentido, debemos considerar que las perspectivas cambian a lo largo del tiempo. Puede ser que, hace cincuenta años se hayan considerado como interesantes y dignos de exposición únicamente determinados tipos de ítems que se encontraban en los museos. En la actualidad, le damos importancia a una mayor diversidad de elementos de la cultura material porque el propio concepto de cultura experimentó una transformación notable a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se puede decir que ahora procuramos asumir perspectivas no tan jerarquizadas de la cultura, como las que se construyeron en el pasado, muchas de las cuales tendieron a ser fuertemente elitistas.

En este sentido, en la exposición mencionada, el público podrá hacer un recorrido en el que convergen objetos muy disímiles, desde pinturas de caballete, caricaturas, tecnologías obsoletas y hasta elementos de consumo masivo como billetes de lotería. Es decir, se procuró implementar un abordaje ajeno a perspectivas elitistas del concepto de cultura y libre de jerarquizaciones con respecto a la cultura material.

Laura Raabe Cercone
Curadora de artes visuales del Museo UCR

Por: Alfonso Chacón Mata, profesor adjunto de la Escuela de Administración de Negocios y de la Facultad de Derecho

Análisis del proyecto de Ley de Empleo Público e implicaciones jurídico-operativas para la Universidad de Costa Rica

Las universidades estatales vienen padeciendo, desde tiempos muy recientes, un ataque sistemático a su organización y funcionamiento otorgado por la Carta Magna de 1949, y la consabida autonomía especializada se viene desdibujando a través de propuestas legislativas que buscan desconocer esta realidad y optar por una recentralización de sus funciones, sujeta a directrices y disposiciones vinculantes que cercenan su accionar.

La denominada “autonomía universitaria” no es una ficción y el proyecto de Ley de Empleo Público que se encuentra en la corriente legislativa (Expediente 21.336) responde a una lógica jerárquica del sector público, en la que no se discrimina las competencias dadas constitucionalmente a las propias universidades públicas, quienes poseen la más perfecta autonomía en las vertientes de organización, administración, financiera y conducción política. Lo cierto del caso es que el artículo segundo del proyecto de ley aduce que las universidades estarán afectas a las disposiciones del mismo proyecto. Ahora bien, ¿qué tipo de implicaciones y situaciones se suscitan con la intromisión del Poder Ejecutivo en su quehacer autonómico? Para tratar de desentrañar esa inquietud, el artículo sexto crea la Rectoría de Empleo Público y Creación del Sistema General de Empleo Público, compuesto por el Ministerio de Planificación Económica (Mideplan) como ente rector político y por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) como el órgano asesor técnico. A partir de la intromisión de las anteriores instancias en la dinámica habitual de las universidades estatales, nos servimos presentar una serie de postulados fácticos descritos en la ley y, que por sus implicaciones jurídicas, conviene desentrañar seguidamente:

1°- La DGSC emitirá, entre otras acciones a ser implementadas, los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño, así como el establecimiento de un sistema único y unificado de remuneración de la función pública de conformidad con esta ley y especifica el salario y los beneficios de todas las personas funcionarias públicas (art. 9). En consecuencia, los salarios y cómo valorar el desempeño para ciertos incentivos (p.e. anualidades) vienen dados por la DGSC y no por la propia universidad.

2°- En contrapartida, las dependencias de recursos humanos de las instituciones incluidas en el artículo 2 de la eventual ley -que incluiría a las universidades públicas- deben aplicar y ejecutar las disposiciones de alcance general en ámbitos tales como gestiones del empleo, rendimiento, compensación y relaciones laborales, que la DGSC remita a la respectiva institución (art. 10 inciso a). Estamos, ni más ni menos, ante directrices de aplicación y ejecución dadas por la DGSC en todos esos ámbitos de organización administrativa de las universidades públicas.

3°- Por su parte, si bien es cierto que se dispone que será responsabilidad de las entidades de gestión de recursos humanos elaborar y aplicar las pruebas para efectos de los procesos de reclutamiento y selección de personal, así como efectuar los concursos internos y externos por oposición y méritos, sí debe obligatoriamente cumplir siempre con los estándares que establezca la DGSC (art.10 b). Estamos ante un acto administrativo en el que la DGSC establece los estándares que se requieren para el puesto, que no es otra cosa más que los requisitos que serán utilizados en los diferentes concursos dentro del sector público, incluidas las mismas universidades.

4°- Siguiendo siempre con esta sujeción a directrices en materia de organización y administración de personal que se propone en este proyecto de ley, no menos desdeñable sería que toda dependencia pública en el marco de la elaboración de su propio reglamento autónomo de servicio o su equivalente, deba alinearlo de conformidad con los lineamientos y directrices que emita el ente rector del empleo público y de salud ocupacional (art. 11). Se hace sumamente lesivo, entonces, que la potestad de autogobernarse en su principal basamento funcionarial, queda supeditado al ente rector (Mideplan), que debe avalar tales reglamentaciones internas de las universidades.

5°- Y, si acaso quedara duda de los alcances de esta intromisión en materia de selección de personal de otras instancias ajenas a la universidad, tenemos que la misma ley, en el denominado Régimen General de Empleo Público, conforma las denominadas “familias de puestos”, siendo que las personas docentes y académicas de la educación técnica y superior se encuentran incluidas en una misma familia (art. 14 inciso e). Para efectos de reclutamiento y selección de las personas de nuevo ingreso se dice que la DGSC emitirá las respectivas disposiciones según la respectiva familia de puestos (art. 15). Se deja sin efecto, nuevamente, lo que ya la misma Sala Constitucional había esgrimido desde hace mucho tiempo, concretamente en la sentencia N° 1313-93 de las 13:54 horas del 26 de marzo de 1993, al decir que compete a las universidades “decidir libremente sobre su personal”.

6°- Siguiendo con este tópico de las “familias”, se hace alusión al ámbito de la metodología de valoración del trabajo y, en este sentido, el artículo 32 del proyecto de ley dispone que la DGSC definirá los factores de trabajo relevantes para cada familia laboral. Sin embargo, entre todas estas valoraciones nos llama poderosamente la atención la que estipula el inciso j) del citado artículo 32, referente a “La producción científica, técnica y académica vinculada con las funciones del puesto o el giro ordinario de la institución para la que se labora”. Debe entonces considerarse a la luz de lo dicho que, en el caso de los y las docentes universitarias, su trabajo y labor académica debe ser definida metodológicamente por la DGSC. ¿Cómo valorará esta instancia técnica del Poder Ejecutivo los estudios investigativos en campos como virología, medicina, física, genética, historia colonial, ciencias del movimiento humano, etc., sin tener los profesionales y competencias sobre tales tópicos?

7°- Y para continuar con las denominadas “familias laborales”, igualmente vamos a encontrarnos que la misma DGSC establecerá los distintos grados dentro de tales familias, que representarían los grupos de puesto con perfil similar. Por ello, la Dirección definirá el número de grados requeridos dentro de cada familia laboral, así como sus características, según lo preceptúa el artículo 33 de la iniciativa legal. ¿Y dónde queda la posibilidad de analizar y ejecutar la estructura de personal más conveniente según las necesidades universitarias? ¿Quién podría saber más acerca de las necesidades familiares que la propia familia misma?

8°- En materia salarial, se habla de un régimen salarial unificado para todo el servicio público, por lo que todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen basado en el denominado “salario global”. Si la misma ley propuesta establece que la DGSC y la Autoridad Presupuestaria (AP) del Ministerio de Hacienda definen los salarios de las altas jerarquías, incluyendo a rectores y rectoras de universidades públicas (artículo 38 inciso f), con mucho más razón pretende fijar “hacia abajo” todos los salarios universitarios como parte del sector público en general.

9°- Por último, esta iniciativa estaría menguando y, prácticamente, desapareciendo la capacidad y autonomía de negociación en materia de convenciones colectivas de trabajo. El artículo 43 del proyecto es tajante en la prohibición de variar o modificar salarios y no se permite la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales. Sin duda alguna, se incurre en una seria afrenta contra la libertad de negociación en el sector público y se está vaciando la garantía que ostentan los sindicatos para ejercer el derecho a la suscripción de convenciones colectivas a la luz de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, concretamente los Convenios 87 y 98. En este sentido, la ley no puede venir a desaparecer derechos humanos laborales fundamentales, como en la especie se está realizando de manera inapropiada.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, corresponde apelar al buen tino de la Sala Constitucional para que pueda deshacer esta suerte de Frankenstein jurídico, cuyas consecuencias nos hemos permitido esbozar someramente. Las universidades estatales y, en especial la Universidad de Costa Rica, deben seguir vigilando muy de cerca lo que acontece sobre este particular.

Alfonso Chacón Mata
Profesor adjunto de la Escuela de Administración de Negocios y de la Facultad de Derecho

Por Mario Solís Umaña, profesor de la Escuela de Filosofía, Universidad de Costa Rica

Filosofía de la ciencia y SARS-CoV-2

Los espacios que habitamos, nuestros cuartos, nuestras casas, pueden ser amplias y agradables o pueden no serlo. Si no lo fueran, resulta valioso intentar hacerlos agradables; hacer lo que está al alcance para “sentirnos como en casa” ahí donde habitamos. Nuestras vidas, como nuestros espacios, se han tenido que ajustar en pandemia a una cotidianidad con grados altos de “ensimismamiento”. Y como todo en la vida, es posible convertir la situación en una oportunidad para florecer humanamente o para desgastarnos y perdernos en la monotonía y el angustiante desencanto. Es evidente que apostamos a lo primero y no a lo segundo, pero ¿cómo lograrlo? Esta es la pregunta difícil, cuya respuesta no puede sino ser múltiple y variada; porque no existe una fórmula mágica y, si existiera, probablemente caeríamos igual en la monotonía y el consecuente malestar, al invocar precisamente una fórmula para lo múltiple, distinto, variado, irreducible.

Podemos, sin embargo, intentar ofrecer claves para la acción tendiente al florecimiento humano. Alternancia es la clave que más resultado me ha dado. Alternancia es el término que he utilizado en casa, con mis hijos, para hacer cortes en sus actividades diarias. “¿Cómo va con la alternancia?” “¡No olvide la alternancia!” digo a mi hija de 13 años y al pequeño de 8. Ellos entienden de inmediato y saben de qué se trata. Por ejemplo, cuando ven esas series (casi infinitas) de “animé” se dan cuenta de la necesidad de detenerse y realizar otra actividad, sea caminar, sea jugar con la mascota, sea leer y pintar (como necesidad “se impone”, con un poco de presión externa, pero también con reconocimiento interno). El día va bien cuando se ha logrado alternar tareas con satisfacción; no es un buen día cuando, casi por inercia, el tiempo se ha ido en la repetición de una única cosa, atomizada, cerrada, que nos envuelve y nos agota, aun cuando uno se encuentra atraído por tal acción.

Alternancia también viene a la mente con las tareas propias de la academia. Y no se trata de una cuestión misteriosa: en la universidad se nos recuerda, una y otra vez, que las personas estudiantes requieren pausas para lograr aprovechar nuestros cursos (no ir más allá de 50 minutos seguidos en una lección, con al menos 10 minutos de distensión entre una lección y otra) o que debemos preparar clases virtuales asincrónicas con el fin de vencer el cansancio que genera el tiempo exigido frente a una computadora. Lo misterioso, o quizás no tanto, es la facilidad con la que olvidamos la clave en cuestión, la alternancia.

En todo caso, existe un elemento más profundo en relación con la alternancia. Se trata de un ejercicio cognitivo-moral. En los esfuerzos por “redirigir la mirada”, cambiar deliberadamente de objeto de la percepción y del pensamiento (como cuando se dice “piense en otra cosa”, o cuando buscamos “distracción”) alimentamos capacidades humanas fundamentales y ponemos en marcha, al menos, dos valores cognitivo-morales.

En primer lugar, el valor de la precisión (accuracy en inglés, con su raíz latina curare, como lo explica Bernard Williams en Verdad y Veracidad, 2002). La precisión es, a la vez, una cuestión de percepción fina o aguda de las diferencias -y de cómo las diferencias (distinciones) nos hacen conocer en sentido pleno- y una práctica de “cuidado”, es decir, de “atención afectuosa” de aquello que nos importa, e importa mucho, y nos hace “sentirnos con y parte de”, es decir, nos constituye.

En segundo lugar, el valor de la tolerancia. Para el caso de la alternancia, “tolerancia” significa tanto una actitud de apertura a lo nuevo-distinto y con derecho propio (y no simplemente aceptación resignada), es decir, un reconocimiento de “lo otro” no reductible a “lo mismo”, cuanto un ejercicio que nos hace superar las dificultades que de pronto se nos vienen encima.

Precisamente sobre esto último, la alternancia parece ser una clave fundamental en estos tiempos de pandemia. Si prestamos atención, y atención alterna en todos los sentidos antes mencionados, nos percatamos de lo útil que resulta cambiar constantemente de actividad, generar aún de modo virtual una interacción intensa con “los otros”, con “lo otro”, al mismo tiempo que nos cuidamos y cuidamos a los demás.

Es cierto que la posibilidad de alternancia cotidiana puede ser un lujo, y muchas personas tendrían razón en sentirse ofendidas por esta clave para generar acciones tendientes al florecimiento humano. Pero prestar atención a dicha realidad, al salir de la nuestra, y al intentar entrar, aunque sea por medios con poca capacidad de transmitir “calor humano” (Zoom, por ejemplo) permitirá caer en cuenta de que nos queda una tarea común por ejecutar, con cuidado y precisión, a saber, la de movernos hacia otros lugares e intentar ocupar los lugares de los muchos (en palabras más sencillas, ponernos en los zapatos de las otras personas). Y se torna imperativo no ofenderse al ser reconocido y no ofender al intentar reconocer la importancia de la alternancia y sus muchas virtudes.

Mario Solís Umaña
Profesor de la Escuela de Filosofía, Universidad de Costa Rica

Por Ronny J. Viales Hurtado, Ronald Sáenz Leandro y Marco Garita Mondragón del Programa Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)

La Ciencia es una actividad social. Por esa razón, para comprender las demandas sociales de investigación científica y de producción de conocimiento, es necesario que haya una interacción entre todos los campos que lo producen: las Ciencias, las Humanidades, las Ingenierías y las Ciencias Sociales, lo que ayudará a una mejor aproximación al problema del desarrollo científico y tecnológico y coadyuvará en su gestión, al favorecer el diálogo entre Ciencia y Sociedad. Deberíamos tener la claridad para internalizar que los científicos y las científicas deben ser reconocidos como expertos, cuyo criterio puede orientar y generar pensamiento crítico sobre la gobernanza de la Ciencia, con la finalidad de construir políticas científicas, tecnológicas y de innovación en cuya formulación también deben participar los diversos sectores de la sociedad costarricense, sin perder de vista el contexto mundial.

Lo anterior, tal y como se ha planteado en otras latitudes, puede generar un novedoso contrato entre la Ciencia, los científicos y las científicas, las universidades, las industrias, las empresas, los gobiernos y, por otra parte, la Sociedad, los grupos de presión y el público, los ciudadanos y las ciudadanas. El obstáculo de fondo para lograr esta interacción tiene que ver con el hecho de que la Ciencia también es poder. En nuestro país, generalmente se ha perdido de vista el hecho de que el reformismo neoliberal impulsado después de la Crisis de 1980 había sido lento, en comparación con otras naciones latinoamericanas, sin embargo, este ha sido de amplio espectro, por lo que en su agenda también se ha incluido la transformación de la Ciencia.

En Costa Rica, un proceso de “endogenización tecnológica” permitió orientar esfuerzos tanto en las políticas de Estado de mediano y largo plazo, como en la articulación con sectores estratégicos vinculados a la producción, en busca de condiciones más favorables para la implantación de iniciativas de inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D+i). Es decir, esta agenda se encuentra presente al menos desde la reformulación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), a inicios de la década de 1990. En 2006 se creó la primera “Comisión Especial”, en la Asamblea Legislativa, para tratar el tema del desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero dependiente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y, si bien realizó un esfuerzo por convocar a algunos actores estratégicos del país, no convocó a la ciudadanía en general y priorizó la inclusión de actores científicos y empresariales. De ahí la visión “desde arriba” que se manejó sobre esta problemática en dicho órgano político.

Esta es una problemática harto tratada por el campo de los estudios sociales de la ciencia: es a partir de políticas sustentadas en la retórica de la innovación que se genera la formulación de políticas públicas, con importantes déficits democráticos, mientras que el proceso de diálogo entre los hacedores de políticas y la sociedad civil permanece poco claro. En este esquema, la preocupación por formular políticas de ciencia, tecnología e innovación que busquen paliar la profundización de las brechas sociales y la apropiación ciudadana de la innovación tecnológica, está obviamente fuera del plano central de la inminente creación de la Promotora Costarricense de Innovación, tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley con el que se sustituirá al CONICIT, perdiendo la oportunidad de democratizar y transformar la histórica relación ciencia-sociedad.

El contexto internacional, donde algunos organismos financieros y think tanks vinculados con la Ciencia y sobre todo con la Economía de la Innovación, ha ido marcando una tendencia que favorece el modelo lineal de innovación, que privilegia un elemento retórico y lineal, según el cual los procesos de innovación se sustentan en la investigación básica, que pasan luego a la investigación aplicada y al desarrollo experimental y finalmente se transforman en innovaciones que llegan al Mercado, como han planteado Pablo Kreimer y Juan Zabala.

A esto le agregan otro elemento retórico: las políticas científicas neoliberales en América Latina señalan la producción de conocimiento como insumo para la resolución de problemas sociales. Pero en ningún momento dejan claro ¿cuándo le preguntaron a la sociedad cuáles son sus problemas sociales? Esto debido a que en el reformismo neoliberal el mercado se constituye en el elemento que supuestamente cohesiona a la sociedad. Pero el modelo lineal de innovación se planteó en 1945 y existen muchas visiones críticas sobre este, así como visiones alternativas; y está claro que el mercado es una institución que tiene grandes limitaciones para resolver “problemas sociales” que, en buena parte, ha contribuido a crear.

No debemos perder de vista que el conocimiento no es creado en forma aislada, que el mercado no es el único ente que puede plantear demandas de conocimiento y que las empresas innovan en tanto se vinculan con competidores, proveedores, clientes y con una diversidad de instituciones, como ha dejado claro Eduardo Mallo. Es más, en los países latinoamericanos también innovan otros actores institucionales, fundamentalmente las universidades públicas. Tomemos como referencia todos los esfuerzos interinstitucionales (con un importante financiamiento público) que se han tomado para desarrollar tratamientos y vacunas contra el virus SARS-Cov-2, impulsando la investigación y la innovación de la biomedicina, como han argumentado Bhaven N. Sampat y Kenneth C. Shadlen en un reciente artículo.

Por esta razón, es importante tomar en cuenta que la Innovación es un proceso que vincula la Investigación y el Desarrollo (I+D+i), que debe transmitirse por medio de la educación y que estos pilares se deben potenciar por medio de políticas de Ciencia y Tecnología, según indica José Luis Mateo y que, agregaremos nosotros, estas políticas deben orientarse a generar inclusión social, así como cohesión social. Por lo tanto, la innovación es un proceso social, en el que deben intervenir actores y actoras diversos y no solamente las empresas que, en la historia de nuestro país, contrario a la experiencia estadounidense, no han invertido de manera fuerte en I+D+i.

Desde que se publicaron las primeras estadísticas sobre Ciencia y Tecnología en Costa Rica, en la década de 1970, se ha destacado el papel de liderazgo que han asumido las universidades públicas y las unidades de investigación del sector público en la inversión en I+D+i. En contraste, la iniciativa privada más bien ha sido baja: la inversión privada representó solo el 21,4 por ciento de la inversión nacional costarricense en I+D durante 2011, de acuerdo a datos del Estado de la Nación. Si las empresas se encargan de fomentar la innovación, con fondos públicos, reforzaríamos la línea de la corporativización de la ciencia en Costa Rica, como lo han estudiado Randall Blanco y Viviana Guerrero (ver la reciente publicación del libro: ¿Son públicas las políticas públicas? Las redes de poder en Costa Rica en la ciencia y la tecnología), entre otras personas investigadoras que han contribuido a estudiar la “otra cara” del discurso de innovación en el país.

Con base en un análisis pormenorizado del texto del proyecto, el Dr. José María Gutiérrez apuntó en este mismo foro de Voz Experta el carácter problemático de su posible ratificación en segundo debate, en el tanto la creación de la Promotora deja desatendidos una serie de debates en torno al régimen de representación pretendido y a la asunción acrítica del modelo lineal de innovación. Consideramos que la propuesta legislativa, ya aprobada, ignora abiertamente toda una tradición crítica formulada en América Latina desde los estudios CTS, que se puede rastrear desde la década de 1960, que evidencia en varias latitudes la repetición de esquemas moldeados por una visión tecnocrática que necesita una mayor discusión sobre temáticas como la participación de actores sociales y estratégicos; la gobernabilidad y la calidad de vida requerida, a partir de un enfoque que se tome en serio el acceso a las oportunidades, a los recursos y el impacto social de la investigación científica. Paradójicamente se está transformando la institucionalidad sobre ciencia y tecnología, desatendiendo las propias problemáticas que la ciencia ha señalado sobre el tema.

Es necesario promover nuevos espacios para la democratización de la innovación en la sociedad civil, no solo en Costa Rica, sino en toda la región centroamericana, la cual sigue presentando «déficits de implementación» de políticas científicas, cortoplacismo e inestabilidad de líneas de acuerdo con cambios de gobierno, entre otros problemas. Esos espacios deben de estar compuestos por actores diversos, que no se limiten únicamente a los actores académicos y empresariales.

Por lo anterior, la verificación de la implementación de las políticas científicas de cohesión e inclusión social debe avanzar a un siguiente nivel, que dé cuenta de los mecanismos de participación ejecutados en la materia, al tiempo que potencie la construcción de una cultura política de retroalimentación entre los diferentes sectores que componen la sociedad, más allá del predominio empresarial. Es ahí donde las universidades públicas del país deben avanzar como actoras fundamentales de la innovación, pero también de la I+D con su visión de poder contribuir con la cohesión social, que se ha venido debilitando en el contexto del reformismo neoliberal, donde la desigualdad creciente y la pobreza se están tratando de naturalizar, y donde el mercado se está convirtiendo en el principal regulador de la ciencia y la tecnología.

Ronny J. Viales Hurtado, Ronald Sáenz Leandro y Marco Garita Mondragón
Investigadores del Programa Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)

Por Óscar Mario Jiménez Alvarado

Seis hallazgos en torno a los canales sonoros y televisivos religiosos del país

El estudio de los medios de comunicación religiosos que se realizó fue de carácter exploratorio. Luego de hacer un análisis de su historia, sus características y su propiedad, la investigación logró llegar a seis hallazgos fundamentales. Primero, los medios de comunicación religiosos representan el 22 % de la radiodifusión sonora y televisiva abierta de Costa Rica. Es una cifra importante, pues supera en cantidad, por ejemplo, a las iniciativas mediáticas públicas o de carácter estatal, así como a las propuestas regionales de televisión comercial que transmiten en abierto.

Segundo, hay un escenario de disputa mediática entre medios católicos y evangélicos. Si bien es cierto, las iglesias evangélicas tienen más frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas, la Iglesia católica concentra más señales como actor particular. Esto le brinda una posición de ventaja y beneficio con respecto a las otras religiones analizadas, en tanto se trata de un solo actor jurídico y político administrando varias líneas editoriales de manera centralizada y coordinada.

Tercero, las dinámicas entre los medios religiosos y evangélicos son distintas. Mientras que el catolicismo mediático tiene una estructura mucho más rígida y vertical, de una clara jerarquía y línea editorial, las iniciativas mediáticas evangélicas actúan de una forma más libre, coordinadas en torno a una serie de principios generales, pero como iniciativas particulares, ligadas a iglesias específicas que no tienen una unidad administrativa única. Esto les permite tener más flexibilidad comercial, periodística y comunicativa, y les permite adaptarse mejor al entorno.

Cuarto, el escenario de los medios de comunicación religiosos se encuentra altamente concentrado, pues el 90 % de los medios son católicos o evangélicos. Esta concentración es un hecho negativo, pues se suma a otros tipos de concentración que ya existen en Costa Rica y que se han documentado, como la concentración mediática territorial, de propiedad y de diversidad que otros estudios han señalado.

Quinto, el estudio confirma que el crecimiento social del pentecostalismo en las adhesiones espirituales tiene su reflejo en el sistema mediático costarricense. Los medios identificados con esta denominación específica son mayoría dentro de las emisoras y televisoras evangélicas, lo cual demuestra que el crecimiento social y electoral también existe en el plano mediático.

Sexto, la relación entre medios de comunicación y religiones no es algo nuevo en el escenario costarricense. Existen vínculos entre emisoras radiofónicas y organizaciones religiosas desde mediados del siglo XX, las cuales se han ido fortaleciendo y han permitido crear un ecosistema mediático particular dentro del escenario general.

Óscar Mario Jiménez Alvarado
Politólogo y comunicador, UCR