En estos tiempos de la pandemia por la enfermedad COVID-19, muchos países han iniciado el proceso de reapertura de escuelas, iglesias y negocios. Para limitar el riesgo de contagio, una de las medidas consiste en detectar personas potencialmente infectadas midiéndoles la temperatura de la arteria temporal (en la frente) antes de permitirles el acceso a clínicas, restaurantes, fábricas, oficinas, gimnasios, centros deportivos o transporte público. Supuestamente, el método permite detectar la fiebre y tomar decisiones, pero tiene graves limitaciones y conlleva el peligro de hacernos caer en una falsa sensación de seguridad. El editorial publicado en junio del 2020 en el volumen 8(1) de la revista Pensar en Movimiento (https://doi.org/10.15517/pensarmov.v18i1.42291) analiza rigurosamente esta situación. A continuación, quisiera resaltar los puntos principales.
La temperatura de la frente podría no ser representativa de la temperatura central. Los humanos regulamos nuestra temperatura corporal mediante una serie de respuestas coordinadas por el hipotálamo, con las cuales intentamos conservar o disipar el calor generado a distintas tasas, con el objetivo de mantener constante la temperatura central. Mientras tanto, la temperatura periférica, especialmente la de la piel, está más sujeta a cambios según las variaciones en las condiciones ambientales como la radiación, la velocidad del viento, así como a la temperatura y humedad del aire. Así, una persona que se ejercita en el calor puede tener una temperatura central alta de 38 °C o 39 °C, mientras que la temperatura de su piel está mucho más baja, por la evaporación del sudor. Otra persona en reposo al aire libre en un día soleado se verá expuesta al calor por radiación, con lo cual su temperatura cutánea se elevará antes de que la temperatura central comience a subir. Por lo tanto, usar la temperatura de la frente para decidir si una persona tiene fiebre o no podría no ser un método suficientemente riguroso.
La temperatura de la arteria temporal anterior, a un lado de la frente, es una medida sumamente práctica, de bajo costo y que conlleva un riesgo mínimo de contagio. Sin embargo, es solamente una aproximación de la temperatura corporal central o temperatura del núcleo corporal. Cada fabricante de los termómetros infrarrojos para temperatura de la frente utiliza su propio algoritmo secreto para predecir la temperatura corporal central a partir de la lectura obtenida en la frente. Algunas predicciones serán más acertadas que otras.
Además, existe un número importante de artículos publicados en revistas científicas que demuestran que la temperatura temporal (en la frente) no es válida como medida de la temperatura corporal. Cuando la medida se hace en un área cerrada y la persona está en reposo en un ambiente termoneutro, la validez es mejor, pero durante y después del ejercicio, o cuando la temperatura de la persona está aumentando, la medida no es válida.
Aunque todavía hay un poco de controversia sobre el tema, existe suficiente evidencia para decir que una persona en reposo en un ambiente térmicamente neutro tiene fiebre si su temperatura rectal es mayor a 37.8 °C. Para personas de 60 años o más, el punto de corte es ligeramente menor, 37.7 °C. Por eso, y para tener una sensibilidad suficientemente alta, generalmente se establece que la
persona tiene fiebre si su temperatura corporal es mayor a 38 °C. Como la temperatura rectal es muy difícil de medir, se recurre a otras alternativas.
Según los reportes hasta la fecha, no toda la gente infectada con COVID-19 presenta síntomas. Más aún, solamente entre 30 % y 80 % presentan fiebre (el síntoma más común). En un reporte de la ciudad de Nueva York, de 5 700 pacientes hospitalizados por tal enfermedad, únicamente el 30.7 % tenía fiebre al ser evaluados a su llegada al hospital. Este es un reto inherente a la infección por el virus SARS-CoV-2, por lo tanto, aun si tuviéramos una medida perfecta de la temperatura corporal, la sensibilidad de la prueba sería baja.
Lo anterior es lamentable, ya que el objetivo precisamente es tener una prueba de tamizaje que pueda aplicarse sencillamente y a bajo costo a una gran cantidad de personas, con la cual podamos seleccionar a aquellas que probablemente tienen COVID-19, para darles un seguimiento clínico más caro y cuidadoso, además de limitar el posible contagio que podrían generar. Pero las pruebas de tamizaje deben tener una sensibilidad (que el tamiz o colador logre atrapar a todas o casi todas las personas que presentan la condición de interés) y una especificidad (que el tamiz deje pasar a todas o casi todas las personas que no presentan la condición de interés) suficientemente altas. Este no pareciera ser el caso de la medición de la temperatura de la frente.
En resumen, los valores obtenidos de la temperatura temporal (en la frente) tienen limitaciones importantes como método de tamizaje para COVID-19: su validez es cuestionable; la predicción de la temperatura central a partir de la temperatura de la frente no está estandarizada ni respaldada de forma transparente; las mediciones se aplican de manera poco o nada rigurosa, sin atención a los protocolos establecidos para obtener una buena lectura; la prevalencia de la fiebre podría no ser suficientemente alta en las personas infectadas de COVID-19 para dar una buena sensibilidad a la prueba; la fiebre no es un síntoma suficientemente específico. Por último, se podrían tomar decisiones incómodas para algunas personas y potencialmente graves para toda la población, basadas en este método.
A falta de una mejor prueba, por ahora se puede intentar mejorar la validez de la que tenemos a mano seleccionando cuidadosamente los termómetros infrarrojos, capacitando al personal a cargo de hacer pruebas cotidianas en los distintos contextos, tomando la temperatura únicamente a personas en condiciones bien controladas y exigiendo a los fabricantes de dispositivos la transparencia en sus algoritmos de predicción.
Finalmente, al conocer las limitaciones de este método de tamizaje, nos debemos sacudir la falsa sensación de seguridad a la cual nos podría inducir. Al mismo tiempo que mejoramos la prueba, debemos seguir practicando rigurosamente todas las medidas preventivas que ya deberíamos conocer de memoria, como el distanciamiento social, el lavado de manos profundo y frecuente, la desinfección de superficies y evitar tocarnos la cara.
Ph. D. Luis Fernando Aragón-Vargas Editor principal, revista Pensar en Movimiento; director, Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, UCR
Dr. Alejandro Alvarado AlcázarFoto: Karla Richmond.
Por Alejandro Alvarado Alcázar, docente de la Escuela de Sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
Una reflexión sobre algunas alternativas para trasladar la acción colectiva a otros espacios posibles en la actual coyuntura del COVID-19
Hasta el momento, las medidas sanitarias de distanciamiento físico y las restricciones a la circulación de personas sostenidas en Costa Rica para contener el contagio de la COVID-19 se han mostrado eficientes y eficaces. Gracias a estas medidas, se ha conseguido frenar el incremento intenso en los casos y reducir la cantidad de personas en riesgo de morir debido a la enfermedad.
No obstante, en materia social y económica estas mismas medidas han tenido impactos profundos sobre una mayoría de la población, particularmente entre la trabajadora. Para muchas de las personas que contaban con un empleo formal, las restricciones se han traducido en la pérdida total o parcial de sus puestos y en la consiguiente desmejora de sus ingresos. Por el contrario, para las personas que se encontraban insertas en el sector informal de la economía, el golpe ha resultado incluso más intenso, perdiendo prácticamente sus condiciones mínimas de reproducción.
Pese a que el gobierno ha introducido medidas como el bono PROTEGER en un intento de combatir los efectos perniciosos que la crisis ha tenido sobre los hogares, desde diferentes sectores (Martínez 2020 04 21) se ha reiterado la insuficiencia de estas medidas y la urgencia de políticas que participen a todos los sectores según sus posibilidades, particularmente económicas. Pero también han surgido las posturas de sectores que miran en la crisis un espacio de posibilidad para concretar su proyecto político-económico de recorte de lo público (Mora et al. 2020 03 19).
En este escenario, la acción colectiva se torna una herramienta fundamental para construir salidas a la crisis que supongan poner a la gente primero. Históricamente, la calle ha sido el espacio central para el ejercicio de la acción colectiva, sobre todo para aquellos sectores que no tienen lugar en la institucionalidad y que deben recurrir a otros mecanismos para hacerse escuchar. No obstante, las medidas de distanciamiento físico prácticamente han cancelado, en el corto plazo, las posibilidades de recurrir a las calles, lo cual plantea el reto de reimaginar la acción colectiva en tiempos de distanciamiento físico.
Desde luego ensayar ideas en estas circunstancias es un ejercicio complejo, pero para pensar la acción colectiva durante el confinamiento, se puede recurrir a las mismas experiencias que los movimientos sociales han desarrollado durante las últimas décadas.
En este sentido, una primera idea pasaría por la acción colectiva on-line, es decir, el recurso a métodos de acción que hagan uso de Internet. Sobre esto, los movimientos sociales tienen una importante experiencia, pues las manifestaciones on-line forman parte de sus repertorios desde hace décadas. Estas también ofrecen la posibilidad de coordinar acciones que en otros países se han colocado en el debate como las huelgas de pagos (Della Porta 2020 05 02).
Segundo, la construcción de formas de solidaridad situadas en torno a las comunidades. América Latina tiene una larga trayectoria en este campo, incluyendo las ollas populares y otras prácticas de apoyo mutuo gestadas precisamente en tiempos de crisis.
Tercero, la conformación de espacios de articulación progresistas que sumen la participación de los diferentes sectores, desde los sindicatos hasta las organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, ecologistas, feministas, etc. junto a partidos y otros espacios políticos. Una articulación de este tipo podría generar propuestas que disputen la hegemonía política de las élites que hasta el momento mantienen bajo su control la orientación de las principales políticas en materia económica. Pero también podrían constituirse como espacios de solidaridad con aquellos sectores que debido a sus condiciones están sufriendo mayormente el impacto de la crisis.
Por supuesto, ninguna de estas propuestas es excluyente; por el contrario, pueden encontrar su mayor potencial en sus articulaciones posibles en la medida en que permitan imaginar formas de acción colectiva que consideren los ritmos de la crisis misma y las posibilidades con las que cuenten los movimientos sociales para su desarrollo.
Finalmente, en medio de los clamores generales por un retorno a la “normalidad”, la consigna surgida en las protestas populares de 2019 en Chile encuentra mayor sentido que nunca: “no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema”.
Esto supone plantearse que cualquier “normalidad” futura posible será una disputa por la defensa de lo público y lo común y contra las desigualdades por encima de los intereses privados; una normalidad que ponga a la gente, particularmente a los sectores más marginados, primero y que defienda un sentido común en función de los intereses de las mayorías.
Crisis como la presente generan espacios para el cambio social, pero el signo de dichos cambios será precisamente lo que estará en disputa en el futuro cercano.
Alejandro Alvarado Alcázar Docente de la Escuela de Sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Por Alejandro Amador Zamora, economista e investigador en el Prosic-UCR
No sería nada raro que muchas empresas del sector privado, posterior a la emergencia, continúen aplicando esta modalidad que genera ahorros y eficiencia en el contexto de una economía nacional deprimida
Alejandro Amador Zamora, investigador en el Prosic-UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.
Debido a la emergencia sanitaria que enfrenta Costa Rica y el mundo debido al COVID19, las autoridades han hecho énfasis en promover el teletrabajo tanto en el sector público como en el privado en todos los puestos que puedan ser realizados desde esta modalidad para promover el aislamiento social y contener el avance del virus.
Parte de la facilidad de efectuar teletrabajo en el contexto de la emergencia nacional se debe a que el mismo no es algo nuevo para nuestro sector empresarial. Según un sondeo realizado a empresas nacionales asociadas a diversas cámaras del sector productivo nacional, realizado para el Informe 2019 del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR (Prosic), un 42% de las empresas participantes señalaron realizar teletrabajo. Del total de empresas que señalaron realizar teletrabajo, 2 de cada 5 tenían al menos dos años de utilizar esta novedosa modalidad.
En el contexto de la emergencia nacional, el mayor beneficio del teletrabajo es la forma en la que este promueve el aislamiento social y el control del virus. Sin embargo, también existen numerosos beneficios para las empresas en tiempos de mayor normalidad, principalmente los más reconocidos por los empresarios en el sondeo son el ahorro de recursos para el negocio y la satisfacción del trabajador.
Otros beneficios que vale la pena considerar son una mayor productividad y menor rotación de personal. La primera puede deberse a que, al teletrabajar, el colaborador tenga menos fuentes de distracción que las que experimenta en su lugar de trabajo y la segunda indudablemente está relacionada a la mayor satisfacción del trabajador; una menor rotación de personal es beneficiosa para la empresa, pues hay una menor pérdida de capital humano que además puede promover que el empresario invierta más en sus colaboradores. En general los resultados respecto a beneficios percibidos por el teletrabajo se muestran en la Figura 1, tomada del Capítulo 5 del Informe 2019 de Prosic.
Figura 1 Beneficios percibidos por el Teletrabajo Sondeo 2019
Fuente: Tomada del Informe Prosic 2019, pg 231 (Amador, 2019).
También existen retos que deben ser enfrentados para la implementación del teletrabajo. Entre las dificultades existentes están los problemas de conectividad, la poca claridad en el reglamento laboral, las limitaciones tecnologías ente otros. Tal vez uno de los aspectos más interesantes es lo que se muestra en la Figura 2, la cual muestra la evolución de las preocupaciones de los empresarios en torno al teletrabajo para los sondeos realizados por Prosic del 2017 al 2019.
En la figura, se muestra una caída en la preocupación de los empresarios por la capacidad técnica de los empleados, la productividad, las limitaciones tecnológicas y los problemas de conectividad. Es decir, parece que conforme avanza el tiempo, mejora la tecnología y aumenta la experiencia de las empresas aplicando teletrabajo, los problemas técnicos del teletrabajo parecen irse resolviendo.
En contraste, la poca claridad en el reglamento laboral muestra una tendencia opuesta, aumentando en el tiempo. Parece que conforme el problema técnico se resuelve, las complejidades legales del teletrabajo se convierten gradualmente en la mayor preocupación del empleador.
Figura 2 Problemas percibidos en la aplicación del teletrabajo 2017 – 2019
Fuente: Tomada del Informe Prosic 2019, pg 232 (Amador, 2019).
De igual manera, la amplia utilización del teletrabajo tanto por el sector público como el privado en el marco de la crisis de salud mundial dejará importantes lecciones sobre esta modalidad. Casa Presidencial informaba el pasado 18 de marzo que, para esa fecha, más de 14 000 funcionarios públicos de 56 instituciones se encontraban utilizando la modalidad de trabajo remoto. No sería nada raro que muchas empresas del sector privado, posterior a la emergencia, continúen aplicando esta modalidad que genera ahorros y eficiencia en el contexto de una economía nacional deprimida en la que mejoras en eficiencia y reducción de costos serán claves para la sobrevivencia de muchos negocios.
Alejandro Amador Zamora Economista e investigador en Prosic-UCR Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Por Dr. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador, experto en relaciones laborales en la Facultad de Derecho, UCR
Una invitación a rearticular la institucionalidad pública y los movimientos sociales desde las necesidades locales
Dr. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador en la Facultad de Derecho, UCR.Foto: Karla Richmond.
Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos. En muchos países se retomaron discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados. En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.
Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente. El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil. Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.
Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo. Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado. Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor. Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.
Por ello, debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad. Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local. Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes. Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto. Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.
De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir. Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.
Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país. Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.
Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital. Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.
¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?
Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país. Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable. Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.
La élite política y económica
Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor. Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.
A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero. Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.
UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas. De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan. No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIÉN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).
Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza.
Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso). Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público. Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés). Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical. El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo. Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.
Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público. Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC. No obstante, esos días quedaron atrás. El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo. Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.
Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público. El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo publico, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales. Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”.
Por eso, es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 % o 75 % a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire. Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100 % de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.
«Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado. Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor. Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020».
Dr. Mauricio Castro Méndez
Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas. Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.
De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.
Una reconstrucción de país, a partir de nuevas o renovadas claridades
No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria. Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.
Lo dramático de la situación global permite hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc. Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.
Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal. En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores. Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.
La situación es critica para miles de personas. Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.
¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.
Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura.
Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público. Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.
Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades. Pero esto no alcanza. Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades. Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes. La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento. O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.
Dr. Mauricio Castro Méndez Docente e investigador, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Por Dr. Carlos Rubio Torres, Profesor de literatura infantil Escuela de Formación Docente, UCR
Recomendaciones para el desarrollo de la creatividad, la criticidad y favorecer las capacidades de imaginación y fantaseo
Dr. Carlos Rubio Torres.Foto: Karla Richmond.
Permanecemos estos días en casa y cuidamos, con recelo, la salud integral de la familia. Algunas personas adultas se preguntan cómo entretienen a menores y cómo les propician un adecuado entretenimiento; debe considerarse que, durante estos días de cuarentena, tenemos la posibilidad de estrechar lazos fraternales con la ayuda del arte y sus múltiples expresiones creadoras.
La lectura de cuentos y poemas brinda oportunidades para el desarrollo de la creatividad, la criticidad y favorece, de manera importante, las capacidades de imaginación y fantaseo. Por ese motivo, recomiendo:
Si usted no tiene libros de cuentos y poesías en su hogar, no se preocupe. Recurra a la memoria y recuerde relatos, leyendas, poemas, adivinanzas, trabalenguas o rimas que haya escuchado durante su infancia o juventud. Las personas menores disfrutan, en inmensa medida, no solo del argumento de la historia pues siguen la intensidad que usted le dé a la aventura o la forma en que asume el papel de protagonista.
Internet ofrece una amplia variedad de cuentos y poemas para la niñez. Busque las páginas de su predilección y descubra bibliotecas de acceso gratuito. Allí se aprecian, también, ilustraciones que facilitan la apreciación artística como los sitios electrónicos de la Revista de la Fundación Cuatrogatos, “Busca Palabra” o Bebés y más. Aunque existen algunos audiolibros en internet recuerde que lo más adecuado es que usted lea, con su propia voz, a las personas menores. Nada sustituye la calidez de la palabra en familia.
Trate de hacer una lectura en la que hayan inflexiones en la voz, diferentes entonaciones y caracterizaciones de los personajes. Ayúdese con la expresividad de su rostro y con los movimientos de su mano. “Un cuento se narra con todo el cuerpo” y usted puede a atrapar a la atención con una historia narrada o un poema recitado con emotividad y emoción.
Busque un sitio confortable en el hogar, un área en las que se disminuyan las posibilidades de distracción. No importa si es el dormitorio, la sala, la cocina o el patio… lo relevante es que todos los miembros participantes se sientan a gusto.
Apague teléfonos celulares, televisores y otros aparatos que rompan el momento mágico de la lectura. Son unos instantes para la recreación, la alegría y la evasión. Recuerde que el sonido los aparatos electrónicos interrumpen ese momento mágico de comunión entre quienes narran y escuchan el cuento o la poesía.
No relacione lectura de textos literarios con tareas escolares, permita que sea un momento para el descanso y el solaz. No abrume a los niños y las niñas con preguntas de comprensión lectora y deje que el texto literario perdure como un recuerdo de fraternidad y gozo. Para hacer deberes educativos existen otros períodos del día.
Si la persona menor se duerme antes de que usted termine el cuento o la poesía, no importa, el sueño será una prolongación del disfrute ya iniciado. La literatura es un acto de ficción y el dormir, al igual que el texto literario, invita a construir significados. Leer y soñar son verbos que tienen mucho en común.
Y si acaso desea realizar algunas actividades creativas con las personas menores, cuando acabe la lectura, recomiendo:
Imaginen otros finales para el cuento o el poema. Pueden escribir sus textos a mano, en la computadora o el celular y dibujarles sus respectivas ilustraciones. Sería grato tomar fotos de esas ilustraciones, para compartirlas, por medio de WhatsApp, con familiares que se encuentran en otras casas. Las personas menores sienten, así, reconocimiento y orgullo.
Realicen vestuario de papel periódico o papel de estraza (conocido como “Kraft”), que puedan colocarse sobre su ropa, y representen así a personajes del cuento o la poesía que leyeron. Una las diferentes piezas del vestuario con cinta engomada o cinta “scotch”. Es posible decorar el vestuario con lápices de colores, crayones, marcadores o pinturas acrílicas. Las personas adultas también pueden disfrazarse y pasar momentos divertidos.
Representen un fragmento del cuento o unos versos del poema como si fuera una historieta o novela gráfica. Es válido hacerlo a mano con lápices de colores o sacar provecho de plataformas tecnológicas como www.pixton.com .Lo importante es que esa actividad se perciba como un momento para el goce y el disfrute familiar
Pueden recrear fragmentos de la historia o el poema con títeres de dedo hechos con papeles, cartulinas y lápices de colores. Solo se requiere de recursos como papelería reciclada, pegamento y tijeras. Lo importante es sacar el máximo provecho de lo que se guarda dentro de la casa y que no haya necesidad de salir de ella para comprar materiales con la finalidad de cumplir, durante la cuarentena, con las recomendaciones dadas por las autoridades de Salud Pública.
Lo más importante es disfrutar el momento de la lectura y no asociarlo con tareas posteriores. La literatura es un universo que permite construir, crear, soñar y proponer alternativas de solución a situaciones de conflicto. Esperemos que, durante estos días, las personas menores encuentren, en la palabra oral y escrita, esos momentos de paz y sosiego tan anhelados por el mundo.
Ilustración de Marco Chamorro en el IV Catálogo Iberoamericano de Ilustración de Publicaciones Infantiles y Juveniles, México, 2013.
Dr. Carlos Rubio Torres Profesor de literatura infantil Escuela de Formación Docente, UCR Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
«El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo», Antoine de Saint-Exupéry
Por el Dr. Gustavo Adolfo Soto Valverde, director de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica
Dr. Gustavo Adolfo Soto Valverde, director de la Escuela de Estudios Generales de la UCR.Foto: Karla Richmond.
Cuando finalizaba la II Guerra Mundial, la humanidad, aterrada, contempló la perversidad de la que puede ser capaz el ser humano: azorada destapó los horrores de los campos de concentración y dijo, en un clamor prácticamente unánime, ¡eso, nunca más!…
El 10 de diciembre de 1948 en París, por una mayoría aplastante y sin un solo voto en contra, con unas escasas excepciones –las de siempre– los políticos del mundo ratificaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, colocando en el primero de sus artículos la más profunda y radical sentencia que puede abrigar a la humanidad entera: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Si la Oda a la alegría del poeta Schiller fue inmortalizada por Beethoven en su Novena Sinfonía, la sentencia ya dos veces milenaria del amaos unos a otros como yo os he amado, de Jesús de Nazareth, fue puesta nuevamente sobre el tapete del mundo contemporáneo en este primer artículo de la Declaración: la idea es que entendamos, ojalá de una vez por todas, que el valor de la solidaridad es el valor humano por antonomasia y que sin él, simplemente, no hay futuro.
Los tiempos que corren, atizados por los vientos del coronavirus, ponen nuevamente a la humanidad en una encrucijada: ¡o nos unimos, o nos hundimos!, como reza el conocido refrán popular.
Todas las voces autorizadas del mundo, en todos los espacios sociales, nos urgen solidaridad. Sin ella, no saldrá la humanidad adelante en esta experiencia, que aunque dolorosa y de un altísimo costo humano, pues una sola vida que se pierda ya es una tragedia, ha de sacar de lo más íntimo de nosotros la fuerza para que, codo con codo, tejamos el nuevo entramado social del mundo allende egoísmos particulares cerrados, ya sean económicos, políticos, sociales o religiosos, y podamos, a partir de esta enseñanza, otear un mañana mejor, porque, como decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Que pasemos, entonces, a formar filas entre estos últimos.
Dr. Gustavo Adolfo Soto Valverde
Director Escuela de Estudios Generales Universidad de Costa Rica
Por: Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la UCR
Breve puesta en perspectiva de la demanda
Hace poco menos de un mes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Palestina procedió a presentar formalmente una demanda contra Estados Unidos debido al traslado de la embajada norteamericana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén: véase comunicado de prensa en francés y en inglés con fecha del 28 de setiembre del 2018.
Es la primera demanda que presenta Palestina como Estado ante la CIJ, en respuesta a una acción de Estados Unidos considerada por muchos observadores internacionales como una verdadera «línea roja» que ningún presidente de Estados Unidos se había atrevido a cruzar antes del actual ocupante de la Casa Blanca, por más presiones y solicitudes recibidas por parte de Israel.
A la fecha, Palestina mantiene relaciones oficiales de Estado a Estado con 137 Estados, siendo Colombia el último en haber reconocido a Palestina como Estado, el 3 de agosto del 2018. Recientemente el jefe de la diplomacia española declaró que España estudia la manera de liderar un proceso en el seno de la Unión Europea (UE) sobre el reconocimiento de Palestina como Estado (véase nota de prensa de ABC del 21/09/2018).
El reconocimiento de Palestina como Estado: algunas precisiones
Como es sabido, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia reconocen a Palestina como Estado, al igual que los Estados miembros de la UE.
El único Estado de la UE que sí ha reconocido a Palestina como Estado es Suecia, en octubre del 2014 (véase comunicado oficial); los únicos Estados en América Latina que aún no reconocen a Palestina como Estado son México y Panamá. Nótese, en el caso de México (que desde 1988 acoge en su capital a una “Delegación Especial de Palestina” y estableció una “Oficina de Representación de México” en Ramallah), que esta posición podría cambiar en los próximos meses.
En el caso específico de Costa Rica, cabe recordar que el reconocimiento de Palestina como Estado realizado en febrero del 2008 fue justificado de tal manera que posteriormente a este, la mayoría de los Estados de América Latina procedieron a responder al llamado hecho por Costa Rica, reconociendo también a Palestina como Estado: fue el caso de Venezuela (abril del 2009), seguida por República Dominicana (julio del 2009), Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), Perú y Chile (enero del 2011), Argentina (febrero del 2011), Uruguay (marzo del 2011), El Salvador y Honduras (agosto del 2011) y Guatemala (abril del 2013), sumándose a los reconocimientos previos hechos por Cuba y Nicaragua (en 1988). Se trata de una iniciativa de la diplomacia costarricense durante la administración (2006-2010), pocamente divulgada y analizada en cuanto a sus innegables efectos en la región latinoamericana.
Lo que Palestina le pide a la CIJ ordenar
En su demanda presentada a los jueces de la CIJ en La Haya (véase texto completo), Palestina solicita que se ordene a Estados Unidos que:
«51. By the present Application, the State of Palestine therefore requests the Court to declare that the relocation, to the Holy City of Jerusalem, of the United States embassy in Israel is in breach of the Vienna Convention on Diplomatic Relations
52. The State of Palestine further requests the Court to order the United States of America to withdraw the diplomatic mission from the Holy City of Jerusalem and to conform to the international obligations flowing from the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
53. In addition, the State of Palestine asks the Court to order the United States of America to take all necessary steps to comply with its obligations, to refrain from taking any future measures that would violate its obligations and to provide assurances and guarantees of non-repetition of its unlawful conduct«.
Tal y como se puede apreciar, se trata de una petición que busca obligar a Estados Unidos a actuar de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena de 1961 y a tomar medidas para evitar conductas similares en el futuro.
La base de competencia de la CIJ presentada
Es muy posible que Estados Unidos alegue que Palestina no es un Estado, no es miembro pleno de Naciones Unidas y que la CIJ debe declararse por lo tanto incompetente para conocer el fondo del asunto. Dificultarle a Palestina el pleno reconocimiento de su calidad de Estado y su membresía plena en Naciones Unidas constituye una constante de la política exterior israelí y norteamericana, con el fin de limitarle sustancialmente el acceso a mecanismos al que puede acudir cualquier Estado en sus controversias contra otro Estado. En esta estrategia, han podido contar con el apoyo de Canadá, de la UE así como de Panamá que mantienen su posición de no reconocer a Palestina. En el 2014, los servicios del Congreso de Estados Unidos publicaron un informe sobre las posibilidades que ofrece el marco normativo de Naciones Unidas para Palestina, en el que leemos que:
«As one of the five permanent members of the Security Council, the United States can play a key role in determining membership in the United Nations. It has a more limited role in determining membership in U.N. specialized agencies. A decision to admit a new member in these bodies is generally made by the entire membership, where each member—including the United States— has one vote» (Nota 1).
En el caso preciso de la reciente demanda interpuesta por Palestina, intentar esquivar a toda costa la competencia de la CIJ será prioritario para Estados Unidos, dado que en la etapa sobre el fondo, Palestina tendrá a su disposición varias resoluciones del mismo Consejo de Seguridad que apoyan su reclamo: siendo resoluciones que no fueron objeto de ningún veto por parte de Estados Unidos, resultaría sumamente original el buscar oponerse ahora a su contenido por parte del Departamento de Estado norteamericano.
La batería de argumentos norteamericanos se centrará muy probablemente en intentar demonstrar a los jueces que la base de competencia usada por Palestina es débil: esta última será brevemente expuesta en las líneas que siguen de manera a entender mejor los alcances de esta iniciativa de Palestina.
La base de competencia utilizada por Palestina es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que suscribió y ratificó en abril del 2014 (véase estado oficial de ratificación), así como un Protocolo adicional a esta convención de 1961: se trata de un instrumento adicional, al que accedió Palestina en marzo del 2018, del que es parte Estados Unidos y que Israel no ha ratificado (véase estado oficial de ratificación). Este instrumento internacional permite a los Estados Partes recurrir a la CIJ en caso de controversias sobre la implementación y/o interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Siempre atentos a cualquier iniciativa de Palestina, la accesión de Palestina a este protocolo fue objeto de una nota diplomática de Estados Unidos en mayo del 2018 (véase texto), en la que Estados Unidos señala que:
«The Government of the United States of America does not believe the ‘State of Palestine’ qualifies as a sovereign State and does not recognize it as such. Accession to the Optional Protocol is limited to sovereign States which may become Parties to the Vienna Convention on Diplomatic Relations».
Palestina respondíó de igual forma un mes después a la nota norteamericana, recordando el voto obtenido en el 2012 sobre su Estatuto de «Estado no Miembro Observador» en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (vease texto completo) y en la que precisa a Estados Unidos que:
«As a State Party to the Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning the Compulsory Settlement of Disputes, of 18 April 1961, which entered into force 21 April 2018 [for the State of Palestine], the State of Palestine will exercise its rights and honor its obligations with respect to all States Parties. The State of Palestine trusts that its rights and obligations will be equally respected by its fellow States Parties».
La reacción iracunda de Estados Unidos
Es de notar que a pocos días de presentada la demanda de Palestina en La Haya, Estados Unidos anunció que denunciaría el Protocolo adicional a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (véase nota de prensa del 3/10/2018). Un anuncio calificado por analistas en los Estados Unidos como «… unnecessary and potentially counterproductive for the Trump administration» (véase el artículo de John B. Bellinger titulado «Thoughts on the ICJ’s Decision in Iran v United States and the Trump Administration’s Treaty Withdrawals», del 5 de octubre del 2018, disponible aquí).
En efecto, a diferencia de lo que deja entender el titular de este artículo de USAToday, la denuncia de un tratado internacional no surte efectos jurídicos de manera inmediata, por lo que no se afecta mayormente la base escogida por Palestina para presentar su demanda. El máximo asesor en seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, posiblemente no sea muy versado en temas legales.
Más bien, al declarar públicamente que denunciará este valioso instrumento multilateral, Estados Unidos da la sensación de sentirse extremadamente incómodo con la respuesta a dar a la iniciativa palestina. Una acusiosa jurista como la profesora Alina Miron externó al respecto que:
«One may wonder instead why the United States have not made this move earlier. After all, Palestine did warn them, through a verbal note of 4 July 2018, of the dispute on the VCDR. And on the same day, Palestine deposited with the Secretary General a declaration recognizing the jurisdiction of the Court under the Optional Protocol (both texts are available as annexes to Palestine’s Application). Maybe no one in Washington considered that Palestine’s notifications should be taken seriously. Be that as it may, the Application was made on time and the consensual basis of jurisdiction will be difficult to challenge» (Nota 2).
Un error de apreciación por parte de algún (a) alto (a) funcionario (a) del aparato diplomático de Estados Unidos en Nueva York debería de dar pie para alguna renuncia en los próximos días, evidenciándose aún más cuán incómoda ha resultado esta demanda planteada por Palestina ante el juez internacional. Es probable que, en aras de disimular el malestar dentro del Departamento de Estado, la renuncia se explique oficialmente por otros motivos.
El pasado 12 de octubre, Estados Unidos dio a conocer los términos exactos en los que notificó su decisión al depositario de este tratado, el Secretario General de Naciones Unidas (véase nota nuestra al respecto): los términos usados inducen a creer (erróneamente) que esta notificación surte efectos jurídicos de manera inmediata. La jurisprudencia internacional es extremadamente clara en cuanto al tiempo que debe de transcurrir antes de que la terminación de un tratado surta efectos jurídicos, por lo que la maniobra norteamericana poco afecta la base de competencia usada por Palestina.
Manifestación de solidaridad con Palestina ante las exacciones del ejército de Israël contra la población civil palestina en Gaza, 2009. San José, Costa Rica, 09/12/09 (véase video).
Algunos detalles con relación a la accesión de Palestina a otros instrumentos internacionales
El intercambio de notas entre Estados Unidos y Palestina en el que el primero cuestiona el estatuto de Estado al segundo no se verificó cuando Palestina accedió en el 2014 al Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966, del que es también parte Estados Unidos (véase estado de ratificación y declaraciones emitidas): con lo cual puede persistir la duda de si Palestina sí es considerada como un Estado para unos tratados y no para otros por parte del Departamento de Estado. De cara a un litigio en el que se discutirá el alcance de una objeción como la de Estados Unidos, esta (y posiblemente otras) inconsistencia(s) podría(n) surtir efectos desde el punto de vista jurídico: la objeción que tenga un Estado con respecto a una determinada situación puede surtir efectos en derecho internacional público, siempre y cuando su autor haya sido consistente y persistente.
Con relación a otro tratado internacional clásico como lo es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, al que accedió Palestina en abril del 2014, al no ser parte Estados Unidos de este instrumento (como tampoco Israel), no hubo ningún intercambio de notas diplomáticas similar al antes referido (véase estado oficial de ratificaciones).
En lo atinente a un tratado más reciente y particularmente temido por Israel y por Estados Unidos, el Estatuto de Roma adoptado en 1998 (que crea la Corte Penal Internacional o CPI), Palestina logró obtener el estatuto de «Estado Observador» en diciembre del 2014 (véase nota nuestra titulada «Palestina: estatuto de Estado observador acordado por Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI)» editada en el sitio de DIPúblico). Posteriormente, Palestina accedió a este instrumento como Estado Parte en enero del 2015 (véase comunicado oficial de la CPI). En este caso, la ausencia de Estados Unidos y de Israel entre los Estados Partes descarta la necesidad, para Estados Unidos, de proceder a algún intercambio de notas similar con la Secretaría General de Naciones Unidas y Palestina (véase estado oficial de ratificaciones). Nótese que el único Estado Parte a la CPI que consideró útil objetar la calidad de Estado a Palestina fue Canadá (véase texto de su comunicación).
Con respecto a la CPI, recientemente un alto funcionario de Estados Unidos profirió amenazas contra sus integrantes y su personal, posiblemente en razón de las investigaciones que ha abierto la CPI con relación a las operaciones militares israelíes en Palestina (véase nuestra nota titulada «La Corte Penal Internacional (CPI) toma nota de amenazas hechas por Estados Unidos», publicada en el sitio de Monitor de Oriente).
De algunos ejercicios previos en Naciones Unidas sobre el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén
Como se recordará, la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel dada a conocer al iniciar el mes de diciembre del 2017 fue objeto de una resolución del Consejo de Seguridad el 18 de diciembre del 2017: el texto recibió el voto a favor de los 14 integrantes del máximo órgano de Naciones Undas, oponiéndose únicamente Estados Unidos. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto», publicada en el sitio de DIPúblico, en la que nos permitimos plantear algunas preguntas:
«Jurídicamente, Estados Unidos vetó una resolución que instaba a respetar lo dispuesto por el mismo Consejo de Seguridad: estamos a todas luces ante una situación raramente vista en Nueva York.¿Vetó Estados Unidos la autoridad del mismo Consejo de Seguridad? ¿O el respeto a la legalidad internacional? Esta actitud inédita que se materializó con el recurso al veto constituye sin lugar a dudas una verdadera bofetada al ordenamiento jurídico internacional».
Posteriormente, el mismo texto fue objeto de una votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre del 2017 (véase nuestra nota titulada «Análisis del contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital», publicada en el mismo sitio antes referido).
Estas acciones en estos dos órganos de Naciones Unidas evidenciaron el profundo aislamiento de Estados Unidos (y de Israel), logrando ambos obtener únicamente a un reducido grupo de Estados para votar en contra del texto en el seno de la Asamblea General.
Pese al repudio generalizado a su decisión, Estados Unidos procedió a inaugurar formalmente su embajada en la Ciudad Santa en el mes de mayo del 2018, así como dos Estados de América Latina: Guatemala y Paraguay. El 15 de mayo del 2018, una nueva reunión del Consejo de Seguridad – que se limitó esta vez a un intercambio de posiciones – confirmó la situación de aislamiento de la delegación de Estados Unidos (véase al respecto nuestra nota titulada «The transfer of the US Embassy to Jerusalem: the need of responses from international community»).
Un reciente traslado de embajada desde Jerusalén hacia Tel Aviv
Al iniciar el mes de setiembre del 2018, Paraguay optó por retirar a su embajada de Jerusalén y trasladarla a Tel Aviv, decisión que había tomado en sentido inversa pocos meses antes sin ninguna explicación (véase nuestra nota titulada «La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva» publicada en el sitio de Debate Global). Al restablecer su embajada en Tel Aviv, Paraguay deja únicamente al embajador de Guatemala para hacerle compañía a su homólogo norteamericano en la Ciudad Santa.
A modo de conclusión
La demanda interpuesta este 28 de setiembre del 2018 por Palestina contra Estados Unidos viene a intentar obtener de la justicia internacional un respaldo ante la actitud de la administración del Presidente Trump con relación a Oriente Medio: una manera de intentar frenar al actual ocupante de la Casa Blanca, el cual se ha enfocado desde que asumió su cargo en enero del 2017, en satisfacer cada una de las pretensiones de Israel, aunque ello signifique desafiar abiertamente la legalidad internacional y el consenso por más de 70 años sobre el estatuto particular de Jerusalén.
La CIJ deberá ahora decidir si da trámite a esta demanda, convocando como es lo usual, a ambas partes para acordar un cronograma; o si opta por otra opción, la cual merecerá la atención de muchos en Palestina y en el resto del mundo.
Notas
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Nota 1: véase BLANCHFIELD L. , BROWNE M.A., Membership in the United Nations and Its Specialized Agencies, Congressional Research Service, Washington DC, june 2014, (p.12). Informe disponible (texte completo) en este enlace.
Nota 2: véase MIRON A., «Palestine’s Application the ICJ, neither Groundless nor Hopeless. A Reply to Marko Milanovic», EJIL-Talk, October 2018. Artículo disponible en este enlace.
Otros artículos sobre esta temática (breve selección):
BOEGLIN N., «Le nouveau statut de membre de la Palestine aux Nations Unies : une perspective latinoaméricaine», Le Monde du Droit, edición del 3/01/2013, disponible aquí.
BOEGLIN N., «Asamblea General de Naciones Unidas aprueba izar bandera de Palestina», Ius360, edición del 28/09/2015, disponible aquí.
HUGUES D., «Did the Trump Administration’s Jerusalem Declaration Violate International Law?», Opinio Juris, edición del 5/03/2018, disponible aquí.
MILANOVIC M., «Palestine Sues the United States in the ICJ re Jerusalem Embassy», EJIL-Talk, edición del 30/09/2018, disponible aquí
MIRON A., «Palestine’s Application the ICJ, neither Groundless nor Hopeless. A Reply to Marko Milanovic», EJIL-Talk, edición del 8/10/2018, disponible aquí.
SALMON J., «La qualité d´Etat de la Palestine», Revue Belge de Droit Intenational / RBDI (2012), disponible (texto completo del artículo) aquí.
