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Etiqueta: xenofobia

La xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

 

La crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa). Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.

Sobre el contexto muy peculiar en el que se dió esta marcha, se recomienda la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.

La sombra de la intolerancia y el papel del Estado

Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).

En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad«. Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.

Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).

Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.

Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.

Las conductas sociales repudiables (y repudiadas) no sancionadas

A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.

En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).

Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.

Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algun otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.

La xenofobia el racismo la discriminacion y la incitacion al odio en Costa Rica

Foto extraída de artículo de prensa titulado «Costa Rica: protestas contra migrantes nicaragüenses» (France 24).

 

Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.

El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia

El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.

Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión“.

ARTTCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.

De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).

De algunas advertencias pasadas hechas a Costa Rica

En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.

Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:

«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva«.

(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).

En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:

«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)«.

Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?

Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).

Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:

«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.

  1. Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales«.

(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio y que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).

En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:

«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial«.

(véase observaciones al informe del 2015 presentado por Costa Rica, el cual está disponible en este enlace).

En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:

«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).

  1. El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general N.º 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial«.

A modo de conclusión

Más allá de la muy limitada divulgación que se hacen en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.

Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016,

«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).

Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).

Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense«, el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio«.

Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).

 

Notas:

Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N., «Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa«, febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.

Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia”, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.

Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.

Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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Costa Rica y Nicaragua: Dos pueblos que comparten un mismo destino

 

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

(Acuerdo del Consejo Científico del CICDE, 22 de agosto de 2018)

 

1.Los hechos de violencia discursiva, simbólica y física acaecidos el pasado sábado 18 de agosto, y dirigidos contra población migrante de origen nicaragüense son absolutamente condenables y desde todo punto de vista injustificados. Producen extrema vergüenza, pero sobre todo son muy preocupantes en cuanto se inscriben en una tendencia hacia la polarización social y el fortalecimiento y proliferación de discursos de odio. Ya los vimos emerger, con inusitada virulencia, en la pasada campaña electoral, y se renuevan, de forma siniestra, en este tipo de expresiones que, más que xenofóbicas, son, como lo ha hecho ver Adela Cortina, de aporofobia, o sea, de miedo irracional, rechazo y violencia contra las personas pobres. Porque, como es evidente, se ataca a la persona migrante pobre, sobre todo si es de origen nicaragüense, no al potentado o la estrella de cine que enajena propiedades y activos en Costa Rica, ni al turista adinerado que alimenta con sus dólares, las espernibles redes de la prostitución infantil o la droga.

2.Las personas migrantes brindan un aporte muy significativo a la economía costarricense. Hallazgos derivados de trabajos de nuestros investigadores Gustavo Gatica López y Andrey Badilla Solano, nos permiten aportar los siguientes datos, sumamente reveladores:

a.Alrededor del 11,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica se origina en el trabajo de personas migrantes, lo cual es coincidente con datos que brinda la OCDE.

b.Un 29,27% de la población nicaragüense residente en Costa Rica es asegurada directa, por encima, incluso, del porcentaje correspondiente a la población costarricense.

c.El 69% de la población migrante cuenta con algún tipo de aseguramiento. Su aportación anual excede en más del doble el costo de los servicios que reciben (en 2008 aportaron 80 mil millones de colones y recibieron servicios por 37 mil millones, con un excedente positivo de 43 mil millones). Al ser una población mayoritariamente joven, contribuye positivamente al sostenimiento de nuestros sistemas de seguridad social, cada vez más presionados por el envejecimiento de la población costarricense.

3.Por lo tanto, es completamente falso que las personas migrantes sean una carga para la economía o los sistemas de seguridad social de Costa Rica.

4.Debemos asimismo recordar que hay población costarricense que ha migrado hacia otros países, en busca de nuevas oportunidades. Para el caso de Estados Unidos, principal receptor de migrantes costarricenses, los datos del Censo de Población del año 2011 mostraban que 126.000 costarricenses vivían en ese país. Hoy día muchos de estos y estas compatriotas sufren la violencia, el maltrato y el temor derivados de la agresiva política anti-migratoria de la administración de Donald Trump.

5.Es imprescindible tener presente que Costa Rica y Nicaragua comparten historia y vecindad geográfica. Nos unen lazos culturales, familiares, políticos y económicos. Puesto que nuestros destinos están inextricablemente vinculados, tenemos el deber de cultivar formas de convivencia pacíficas, respetuosas y colaborativas.

6.Lamentamos la crisis política que actualmente vive Nicaragua, y, en especial, todo el dolor y la zozobra que ello trae el pueblo humilde de ese hermano país. Condenamos enérgicamente la sistemática violencia contra los derechos humanos y contra la democracia ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sobre todo nos duelen profundamente las numerosas muertes, desapariciones y las muchas personas que han resultado heridas. Hacemos un llamado vehemente por la paz, el diálogo y la reconciliación.

7.Reconocemos que el descontento de la población costarricense con su actual situación económica está plenamente justificado. La carencia de empleos decentes; el estancamiento, a lo largo de muchos años, de los salarios; la pobreza jamás resuelta o los extremos insultantes de marginación y opulencia, así como la inseguridad frente al futuro, generan frustración, malestar y mucha veces furia. Pero nada de esto es atribuible a las personas migrantes, sino fruto malsano de una estrategia de desarrollo que, al cabo de casi 35 años de vigencia, acumula una serie de déficits escandalosos y se muestra claramente fallida, tanto en lo económico como en lo social.

8.La violencia contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas sexualmente diversas LGBTIQ y contra las personas migrantes, contradice y empaña la tradición democrática y de respeto a los derechos humanos de que presumimos en Costa Rica y que el mundo nos reconoce. Estas situaciones traen justificado desprestigio internacional, pero, sobre todo, nos obligan a interpelarnos sobre el país que tenemos y el futuro al que aspiramos. Nada de esto es antojadizo ni fruto de la casualidad: algo no camina bien –por el contrario: algo camina muy mal– en nuestra economía, nuestras relaciones sociales y nuestra cultura, para que estas manifestaciones de intolerancia, odio y violencia –que por momentos han adquirido tintes claramente fascistas– se expresen de manera tan estridente, muchas veces mezcladas, en un cóctel realmente tóxico, con discursos religiosos y con partidos políticos y proyectos electorales.

9.No basta con la condena enérgica y vehemente, como inexcusablemente debemos hacerlo. Si hay sinceridad en nuestras convicciones democráticas y republicanas y en nuestra opción por la paz, los derechos humanos, la solidaridad y la hermandad, obligatoriamente debemos entrar a reconsiderar, con sentido crítico –sin maquillajes ni anestesias–, pero también con afán propositivo y visión de futuro, las orientaciones y el rumbo por el que se encamina nuestro país.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

UNED

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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Pronunciamiento Junta Directiva Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Lunes 20 de agosto del 2018. Ante los lamentables incidentes y brotes de xenofobia de los cuales hemos sido testigos en los últimos días, la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica reafirma con fuerza su fe en el credo democrático y en la grandeza del pueblo costarricense y de todas las personas que habitan este gran país.

Quienes hemos sido custodios y herederos a lo largo de casi dos siglos de una democracia ejemplar, sabemos que sus cimientos están en una convivencia definida por el amor a la libertad, la solidaridad, la vocación de vivir en paz y el respeto a las instituciones. Ese es un camino del cual no debemos apartarnos ni un milímetro, porque son múltiples, recientes y cercanos los ejemplos en distintos rincones de América Latina y del Mundo, respecto de cómo la intolerancia y el odio conducen a las sociedades a largos años de dolor y división.

En la siguiente imagen podrá leer el pronunciamiento completo.

Pronunciamiento Junta Directiva Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

 

Enviado por Angélica Rodríguez Barrantes.

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La Universidad de Costa Rica se suma a la Marcha Nacional por la Paz y la Solidaridad

  • La actividad será el sábado 25 de agosto a las 10:00 a.m.

 

La Universidad de Costa Rica (UCR) se sumará a la Marcha Nacional por la Paz y la Solidaridad, convocada por un conjunto de instituciones, organizaciones, colectivos y personas, este sábado 25 de agosto a las 10:00 a. m.

Uno de los puntos de partida de la marcha será el pretil de la Sede Rodrigo Facio de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, así como el parque frente a la iglesia de Nuestra Señora de La Merced, en San José. El lugar de encuentro será la Plaza de la Democracia.

Invitamos a la comunidad universitaria a asistir, aquellos(as) funcionarios(as) que estén en labores el día sábado y que deseen participar, deberán coordinar el permiso con las jefaturas inmediatas para no afectar los servicios que brinda la institución. Los(as) docentes que tengan exámenes a su cargo coordinarán con la Vicerrectoría de Docencia los permisos correspondientes.

Como universidad solidaria y respetuosa de los derechos humanos, rechazamos y repudiamos cualquier manifestación de xenofobia. En días anteriores, hemos instado al país entero a recordar que Costa Rica es un maravilloso crisol de múltiples culturas y etnias, en el cual tienen acogida todos los pueblos del mundo. También exhortamos a todas las personas que habitan nuestro territorio a trabajar a favor de la convivencia respetuosa y pacífica.

La UCR está presente en la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos y la paz.

DESCARGAR CIRCULAR

 

Dr. Henning Jensen Pennington

Rector de la Universidad de Costa Rica

 

Crédito de imagen: Alexandra Bolaños (ODI-UCR).

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Gran Marcha Nacional por la Paz y la Solidaridad en Costa Rica

¡Digamos NO a la xenofobia!

 

Diferentes organizaciones sociales organizan para este sábado 25 de agosto a las 10 a.m. la Gran Marcha Nacional por la Paz y la Solidaridad en Costa Rica. Los puntos de salida serán el Pretil de la UCR en San Pedro y el Parque de la Merced para después llegar al mismo punto de encuentro en la Plaza de la Democracia.

 

Enviado por Diego Molina y Carlos Sandoval.

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Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA se pronuncia ante actos de violencia xenofóbica

Repudiamos enérgicamente los recientes actos de violencia xenofóbica protagonizados por un grupo de costarricenses.

Invitamos a todas las personas e instituciones a colaborar en el fortalecimiento de una cultura de paz, de hospitalidad y de justicia.

Nos comprometemos a defender el derecho humano a migrar.

Damos la bienvenida a las personas migrantes que han escogido a Costa Rica para iniciar esta nueva etapa de sus vidas.

Escuela Ecumenica de Ciencias de la Religion de la UNA se pronuncia ante actos de violencia xenofobica

 

Enviado por Alberto Rojas.

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No es xenofobia, es manipulación

No es xenofobia, es manipulación

Dany Villalobos V.

Otra versión para no ser móviles de la desinformación.
Ante el tema migratorio, los políticos nacionalistas pretenden:

1) Ocultar y proteger los grandes negocios de los extranjeros ricos en el país (lavado y tráfico de influencias), haciendo una campaña contra los extranjeros pobres por algunos delitos que han cometido ciertos nicaragüenses.
2) Empoderar a los grupos neonazis, que serían los abanderados para alentar una crisis social, apoyada por el descontento popular contra el oficialismo.
3) Esto provocaría una crisis política para dividir y golpear al Gobierno Central, separando a los progresistas y retornando a la derecha dura al negocio del poder.

No obviemos el crecimiento de la violencia civil de por medio que ello podría implicar, ya no solo en la redes sociales, por lo que el frágil argumento de la paz en Costa Rica podría terminar de gastarse.

No es secreto el desgaste y división que produjo la campaña política anterior. Hay sectores con fuerte resentimiento político que apuestan por continuar la línea de la violencia para golpear al oficialismo, cuya base tampoco ha sido cauta en retomar posturas de respeto, pepetuando esta riesgosa división. Es cómplice el oficialismo por su falta de visión política extra-electoral.

Sea crítico en ambas vías

Sea crítico con el Gobierno actual, pero no sea ingenuo con los grupos que utilizan esta plataforma cibernética para manipular y utilizar al pueblo para sus fines políticos. Sea crítico con sus fuentes de información, porque de entrada, darle cuerda a una página que basa su propaganda en mentiras, es dejarse engañar.

Si le interesa la política, apunte a temas que realmente van a afectar al país si el gobierno no atiende: la crisis por endeudamiento y evasión fiscal, los problemas ambientales eternamente irresueltos, la desigualdad creciente que produce múltiples problemas sociales y otros de su interés.

Practique una oposición informada y responsable. No se oriente por discursos violentos, rechácelos, denúncielos, la violencia nunca es inocente ni tema para bromear. Quienes la han sufrido no estarán felices de ver como crece la violencia, en este y aquel lado de la frontera.

Finalmente pregúntese: ¿Quiénes coordinan y lideran este movimiento? ¿Quiénes convocaron a las calles? ¿Quienes les piden compartir la información? ¿Cuáles son sus fines? Si no lo sabe busque respuestas, sería mejor por el bien del país que tanto dice querer.

Análisis enviado a SURCOS por el autor, publicado también en la página de Facebook ContraVersión.

El autor aporta dos imágenes para fundamentar su análisis. Puede acceder a ellas aquí:

Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Juan Carlos Cruz Barrientos

Lo ocurrido este sábado 18 con la manifestación xenofóbica es una escenificación de nacionalismo exacerbado, odio hacia la población nicaragüense y autoritarismo fascistoide largamente alimentado por sectores de la ultraderecha. Tres fenómenos que se alimentan de la irracionalidad por un lado, de la ignorancia por otro y que en común tienen un caldo de cultivo en las condiciones objetivas de vida de las víctimas del modelo económico neoliberal: desempleados, trabajadores informales y asalariados mal pagados…

Estas personas enfilan sus frustraciones hacia quienes ven como la amenaza externa a los migrantes pobres de un país con el que largamente se mantiene una relación conflictiva: la clase trabajadora nicaragüense. Sin embargo son fenómenos que deben abordarse por separado ya que la manipulación ideológica de chovinismo, el odio hacia el migrante pobre y las exhortaciones a la mano dura, son armas que tarde o temprano devienen en gobiernos autoritarios filo-fascistas que lejos de resolver los problemas estructurales, los agravan.

No podemos dar pie a ningún argumento que legitime el uso de la simbología de unidad patriótica, como es la selección nacional de fútbol, ni la supuesta relación entre migración y creciente criminalidad, para aniquilar nicaragüenses como lo pretendían los manifestantes del sábado. El supremacismo costarricense en cualquiera de sus manifestaciones, es un invento ideológico de la derecha para ocultar lo que en común tenemos todos los pueblos centroamericanos que es la creciente desigualdad social entre ricos y pobres.

Los migrantes nicaragüenses no son responsables del desempleo en Costa Rica. La causa del desempleo es el estancamiento de nuestra economía que dejó de crecer desde hace años y en eso nada tienen que ver los migrantes. Los migrantes nicaragüenses tampoco son responsables de la sobredemanda de servicios médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social porque se trata de una migración joven que hace poco uso de los mismos. Los problemas en la calidad de atención que brinda la Caja hay que buscarlos en las malas decisiones y en la corrupción de la alta gerencia y algunos cuantos médicos inescrupulosos.

Tampoco es cierto que exista una relación estadística entre el aumento de la criminalidad y la migración nicaragüense. Dicho aumento es fruto de la actividad de las bandas de narcotraficantes y ahí tampoco tiene que ver el grueso de los migrantes nicaragüenses.

En todo caso los hechos del sábado 18 favorecen a Ortega para descalificar a los que huyen de la tiranía y de paso alimentar el desprecio hacia el pueblo costarricense. No es descartable esperar de Ortega otras sorpresas fronterizas, como autoagresiones, para desviar la atención y alimentar el sempiterno recurso del conflicto entre ambas naciones al estilo de Isla Calero.

Frente a los chistes y comentarios xenófobos, frente a la desinformación y las mentiras, frente a los llamados patrioteros, no podemos permanecer indiferentes. Una escalada del odio contra nuestros hermanos de la clase trabajadora nicaragüense tampoco resolverá los problemas estructurales que nosotros los ticos no hemos podido resolver, sólo fortalecerá a los políticos oportunistas que se valen del malestar y la frustración social para llevar agua al molino del fascismo.

Organizaciones sociales de América del Norte rechazan aceleración de negociaciones del TLCAN 2.0

  • Las organizaciones sociales de América del Norte rechazan la actual aceleración de las negociaciones del TLCAN 2.0 buscando un acuerdo «en principio»
  • Negociar bajo una presión intensa nunca es recomendable. Pedimos la suspensión inmediata de estas conversaciones para que se reinicien una vez que todos los legisladores recién elegidos ocupen sus puestos

 

El clima político y económico bajo el cual Canadá, México y Estados Unidos iniciaron el proceso de renegociación del TLCAN en 2017 se ha deteriorado aún más en 2018. Estados Unidos amenaza los aranceles para el 1 de junio y la Casa Blanca acosa a través de tweets, mientras se están armando guardias nacionales. enviados a la frontera de EE. UU. con México, etc. Estas fuertes tácticas empleadas por la administración Trump ahora han culminado en un intento de forzar un Acuerdo “en principio”, donde, según nos dicen, se llegó a algún tipo de acuerdo sobre una algunos de los elementos más difíciles y contenciosos del TLCAN, pero los textos permanecen en secreto.

Nosotros, las organizaciones sociales abajo firmantes de los tres países de América del Norte, hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que publiquen inmediatamente los textos del puñado de Capítulos acordados y suspendan las renegociaciones del TLCAN hasta que se restablezca un clima de respeto mutuo y un ambiente para el debate abierto y público puede realizarse en los tres países.

Rechazamos por completo las ideas xenófobas y racistas que han acompañado a las renegociaciones actuales del TLCAN. Rechazamos la idea asombrosamente mala de un muro entre México y los Estados Unidos, así como la idea ridícula de que el gobierno mexicano podría ser forzado a pagar por ello. Rechazamos las constantes amenazas, insultos y chantajes utilizados por la Casa Blanca contra México y Canadá.

Tal ‘Acuerdo en Principio’ es una maniobra poco entendible y poco utilizada en los acuerdos comerciales. ¿Cuáles serían las ramificaciones legales de tal ‘Acuerdo en Principio’? Por ejemplo: ¿incluiría acuerdos generales sobre áreas importantes sin ninguna noción previa de cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de cualquier acuerdo concreto ya alcanzado? ¿Las negociaciones continuarían, pero serían más reservadas que nunca?

Los tres gobiernos deberían dar un paso atrás respecto de la necesidad a menudo declarada de que las renegociaciones del TLCAN se completen antes de las elecciones mexicanas de julio y / o las elecciones intermedias de los Estados Unidos en noviembre. En cambio, nuestros tres gobiernos deberían tomarse el tiempo para armar un plan de acción sólido para construir un acuerdo comercial justo y equitativo que asegure que en cada país todos los sectores de la sociedad serán los beneficiarios.

Como lo vemos, la renegociación del TLCAN podría presentar una oportunidad para un debate público serio sobre muchas de las disposiciones perjudiciales en ese acuerdo comercial, como poner un plazo de término de la solución de controversias inversionista-estado que se encuentra en el Capítulo 11, que da a las corporaciones la capacidad de demandar a los gobiernos por leyes de interés público en tribunales privados que no rinden cuentas, al tiempo que establece que las ganancias corporativas podrían reducirse. Difícilmente podemos creer que tanto Canadá como México, los dos países más demandados bajo el Capítulo 11 del TLCAN (donde Estados Unidos aún no ha perdido un caso), sean los defensores más entusiastas de mantener tales disposiciones favorables a los inversores. Los sistemas judiciales nacionales en cada uno de los tres países deberían ser los jueces principales de las demandas de los inversores. Las empresas podrían incluso contratar pólizas de seguro para cubrir cualquier gasto imprevisto fuera del país.

Al mismo tiempo, continuamos oponiéndonos al proceso de negociación ultra secreto del TLCAN que podría resultar en algunos de los peores aspectos de la Alianza Transpacífica (TPP) y otros acuerdos comerciales que están codificados en un TLCAN 2.0. Muchos de nosotros hemos dado la voz de alarma y presentado serias demandas a través de numerosas declaraciones públicas como: la Declaración Trinacional de mayo de 2017 que ha sido actualizada en 2018, primero por una lista detallada de demandas de los sectores sociales mexicanos, y luego por una carta respaldada por más de 1,000 grupos de la sociedad civil de una amplia gama de sectores en los Estados Unidos.

Los canadienses también han pedido transparencia a los negociadores de su gobierno con poco éxito. El gobierno canadiense también se ha mostrado reacio a publicar los resultados de una consulta pública sobre el TLCAN que habían encargado en 2017. El 11 de abril de 2018, la organización OpenMedia informó que el gobierno canadiense había recibido 46,400 presentaciones públicas. Ottawa le pidió a Open Media que si querían ver los resultados de esas presentaciones de consulta presentara una solicitud de acceso a la información (ATI). En respuesta a una ATI presentada por Bloomberg News el 17 de abril de 2018 el gobierno canadiense le entrego una muestra de solo 200 cartas de consulta y correos electrónicos, o sea menos del 0,50% de todas las presentaciones recibidas por Ottawa. El gobierno canadiense necesita publicar todos los hallazgos de la consulta y explicar cómo eso se ha reflejado en sus posiciones de negociación.

El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha estado “tuiteando” recientemente para obtener un acuerdo político acelerado sobre NAFTA 2: 0 que se finalizará en cuestión de semanas. Los informes noticiosos indican que después de nueve meses de renegociaciones solo un puñado de ‘capítulos’ de un futuro NAFTA 2: 0 han sido ‘cerrados’ (lo que significa que las negociaciones se han completado), mientras que una multitud de otros capítulos avanza lentamente, si es que lo hace. Si de hecho se han completado algunos capítulos, pedimos a los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense que publiquen estos capítulos ‘cerrados’ para que la gente en los tres países pueda juzgar qué se está logrando con estas conversaciones (qué se gana-qué se pierde).

El gobierno de Peña Nieto tiene las calificaciones de aprobación pública más bajas de la historia reciente y, debido a eso, desde una perspectiva mexicana, no se puede confiar en que actúe en el mejor interés de México. El Ministro de Relaciones Exteriores de México y su Secretario de Comercio parecen estar continuamente en Washington para apaciguar al presidente Trump después de cada uno de sus tweets, pero con un juego final de tratar de complacerlo para salvar un tratado que ha beneficiado principalmente a un pequeño grupo de magnates corporativos.

Paradójicamente, la única área en la que el gobierno de México ha mantenido una posición firme es en negarse a siquiera discutir el asunto necesario y urgente de un aumento salarial en México como parte de un TLCAN 2: 0. Esta justa demanda proveniente de la mayoría de los actores sociales mexicanos también es apoyada en Canadá y los EE. UU. Recientemente, el gobierno de México parece haber suavizado su posición sobre esta cuestión frente a la fuerte presión sindical trinacional y debido a una carta firmada por 94 legisladores estadounidenses piden al principal negociador de su país que garantice que los derechos laborales se fortalezcan y se protejan en cualquier nuevo acuerdo del TLCAN.

Frente a esta presión considerable, México ha propuesto que los aumentos salariales se limiten al sector automotriz globalizado. Esto sería un avance positivo, aunque extremadamente limitado dado que esos empleos representan solo el 0,77% del empleo total en México, y de hecho mantendría el dogma obsoleto de que una posición competitiva se basa necesariamente en mantener los salarios bajos y empobrecer a los trabajadores.

Los sectores agrícolas en los tres países han sufrido durante casi 25 años el TLCAN. Rechazamos las demandas de mano dura y las amenazas de represalia al programa de administración de suministros de Canadá que ahora están saliendo de Washington, y pedimos al Gobierno de Canadá que se mantenga firme en negar cualquier concesión en esta área. Los agricultores estadounidenses y las comunidades rurales están sufriendo por precios históricamente bajos de muchos productos básicos, incluidos productos lácteos, pero la respuesta no está en destruir el exitoso programa de Canadá que garantiza que los agricultores obtengan precios justos por su producción y al mismo tiempo suministren alimentos sanos sin hormonas de crecimiento y la aplicación excesiva de antibióticos en rebaños lecheros. Hacemos un llamado a la implementación de medidas para proteger los derechos de los consumidores a saber dónde y cómo se producen sus alimentos. También hacemos un llamado a los negociadores mexicanos para que adopten una posición firme y reviertan la práctica seguida desde el inicio del TLCAN de inundación de productos agrícolas subsidiados de los Estados Unidos en el mercado mexicano, que ha tenido consecuencias tan devastadoras en el México rural.

A pesar de las declaraciones propagandísticas provenientes de los tres gobiernos, todos los indicios apuntan a importantes concesiones hechas a las empresas transnacionales que serán muy negativas para nuestros países. Por ejemplo, la prolongación de la protección de patentes para medicamentos y la profundización de otros aspectos de la propiedad intelectual serán un ataque contra nuestra salud y nuestra privacidad y nuestros derechos digitales, todo en nombre del aumento de las ganancias corporativas.

La biodiversidad corre el riesgo de verse comprometida y se hacen concesiones sobre las reglas de origen, en respuesta a las demandas de Trump. Por el contrario, los continuos esfuerzos por “desregular” tendrán un impacto negativo en los derechos humanos fundamentales así como en el medio ambiente, aunque se han realizado pocos esfuerzos para revisar la fallida estrategia militarista sobre el narcotráfico, ni se ha impulsado un control efectivo del cruce de armas las fronteras de los Estados Unidos a México, así como a Canadá, y que han causado tantas muertes en ambos países.

El futuro de la existencia humana depende de que se preste atención inmediata a revertir el cambio climático. Recomendamos encarecidamente leer el reciente estudio trinacional titulado NAFTA 2.0: ¿Para las personas o para los contaminadores? * Los autores de este documento explican cómo el acuerdo actual del TLCAN vincula a los tres países con un futuro de combustibles fósiles y cómo las renegociaciones actuales podrían empeorar los problemas ya evidentes. También dejan en claro que el TLCAN fue escrito para apoyar a los contaminadores corporativos y no a las comunidades afectadas por el cambio climático.

Por años, el movimiento trinacional para el comercio justo y la inversión ha planteado numerosas críticas basadas en la evidencia sobre las formas en que el TLCAN ha contribuido a la desigualdad económica y social, la degradación ambiental y el empeoramiento de los sistemas agrícolas y de alimentos. Estas observaciones siempre han estado acompañadas de propuestas alternativas para lograr relaciones económicas justas y sostenibles entre nuestros países. Reconocemos plenamente que los ganadores y perdedores del TLCAN nunca han sido países en su conjunto, sino más bien sectores dentro de cada país. Los trabajadores, agricultores y consumidores en los tres países han perdido bajo las reglas del TLCAN diseñadas para facilitar el libre flujo de bienes y capitales a través de las fronteras, mientras que las grandes corporaciones transnacionales han ganado un control cada vez mayor sobre nuestras economías.

Pedimos a los gobiernos que expliquen el alcance de este llamado acuerdo “en principio”. El proceso de intensificación de estas conversaciones del TLC representa una presión adicional que conduce a un nivel aún mayor de secretismo, y no es un buen augurio para las personas de cada país. Representa el temor de que el público votante exprese sus deseos a través de las urnas, una voz en gran medida silenciada por el secreto que rige estas conversaciones comerciales.

Rechazamos el acuerdo ‘en principio’ como no más que un ejercicio cínico de relaciones públicas que enmascara la intención real detrás de estas negociaciones secretas. Hacemos un llamado a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para que suspendan las negociaciones hasta que haya un ambiente más hospitalario y, mientras tanto, publiquen los textos acordados y comiencen un proceso consultivo auténtico con los legisladores y la sociedad civil de todos tres países. Cada país debería hacer un balance y volver a enfocarse en lograr un acuerdo de comercio justo e inversión basado en un modelo de cooperación de tres países que asegure el desarrollo sostenible y aborde las desigualdades dentro de cada uno de nuestros países y entre los tres países de América del Norte.

Organizaciones firmantes

  • Common Frontiers (coalition. Fronteras Comunes Canada)
  • Council of Canadians 
(Consejo de los Canadienses)
  • Council of Canadians – Northumberland Chapter Trade Group (Capitulo Northumberland del Consejo de los Canadienses)
  • Canadian Union of Postal Workers (el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales)
  • Global Exchange 
(Intercambio Global, EEUU)
  • Institute for Agriculture and Trade Policy 
(Instituto para las Politicas Agricolas y de Comercio, EEUU)
  • Institute for Policy Studies 
(Instituto de Estudios Politicos, EEUU)
  • México Mejor Sin TLCs (Coalición Multisectorial)
  • National Farmers Union (Canada, Sindicato Nacional de Agricultores)
  • OpenMedia 
(Organización para preservar Derechos Digitales)

 

De la Categoría: Declaraciones

 

Imagen tomada de https://movimientos.org

Enviado por Nicolas Boeglin.

Fuente original http://www.rmalc.org/declaracion-trinacional/

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Universidades se pronuncian contra «xenofobia» de Trump

Así título el diario mexicano La Jornada la nota en la cual da cuenta del pronunciamiento de las rectoras y los rectores de América Latina y del Caribe, en relación con las políticas del presidente de Estados Unidos de América. Otros medios que dieron resonancia a la voz de quienes lideran las casas de enseñanza superior son Pulso, diario de San Luis; y Primera Hora, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Así informó La Jornada: Los rectores y rectoras de las universidades latinoamericanas y del Caribe se pronunciaron este viernes en contra de la xenofobia y la segregación que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la construcción de un muro en la frontera con México.

Reunidos en la VII Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), los representantes de las universidades más importantes de la región rechazaron en un manifiesto «la política de segregación del gobierno norteamericano» y se solidarizaron con el pueblo de México.

Demandaron una acción enérgica de los gobiernos y sociedades latinoamericanas y del Caribe a defender la libertad de tránsito en un mundo sin barreras y sin discriminación.

«Los muros como la militarización de las fronteras van en contra de la convivencia civilizada de los pueblos americanos«, sostuvieron en un mensaje difundido al concluir los trabajos de la UDUAL que se celebraron desde el jueves en la Antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

«Nuestra región forma parte de la comunidad y la cultura de toda América incluidos los Estados Unidos: los flujos de migración han creado históricamente la diversidad cultural de aquella sociedad, fortaleciendo su crecimiento económico y generando una ciudadanía multicultural. Negar esta historia, con muros y militares, no la suprime«, dice el texto firmado por el presidente de la UDUAL y rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

La UDUAL agrupa a 200 universidades en 22 países de América Latina, entre las que están instituciones como la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad de La Habana, Cuba, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Venezuela.

«Nuestras universidades, como casas de cultura y conocimiento, se hacen solidarias con el pueblo de México que ha hecho de la vecindad un valor de integración cultural«.

 

Foto de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/06/universidades-se-pronuncian-contra-xenofobia-de-trump-9875.html

Información compartida con SURCOS por Henning Jensen Pennington, rector de la UCR y presidente de la UDUAL.

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