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Etiqueta: Yenén Mejías San Lee

Desafíos y perspectivas de la inversión social pública en Costa Rica

Yenén Mejías San Lee
Investigador Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Yenén Mejías San Lee.

El deterioro de la Inversión social pública (ISP) en el país nuevamente ha vuelto a ser centro de atención en diversos sectores de la ciudadanía, en esta ocasión el detonante fue la presentación del presupuesto ordinario y extraordinario para 2025 ante la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24535, donde se refuerza la tendencia a los recortes en la ISP durante los últimos años. La propuesta para 2025 tiene una reducción de 1,9% con respecto al año anterior, y sobresalen nuevamente los recortes en educación cuya tendencia decreciente se ha sostenido desde 2017 a la fecha, año en el que se invirtió un 7,4% con respecto al PIB (cercano al tan anhelado 8% del PIB según lo establece la constitución política de nuestro país) y de aprobarse el presupuesto enviado por el ministerio de Hacienda se reduciría a 4,9% del PIB en 2025, profundizando la tendencia de reducción de la ISP.

La reducción llega después de una década caracterizada por un aumento en dicha inversión, pero también por un déficit fiscal, cuya diferencia entre ingresos y gastos se atendió en gran medida con el crecimiento de la deuda pública, situación que condujo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con ella la implementación de la regla fiscal para controlar el gasto. Las consecuencias e impacto de estas limitaciones a la inversión social son complejas de cuantificar e incluso predecir el momento en el que sus mayores efectos lleguen a manifestarse en el país. Pero la preocupación es más que válida sobre todo al sumar problemas como el actual apagón educativo, la profunda polarización social, una crisis de seguridad y homicidios en conjunto con los ya conocidos problemas de pobreza que tiene el país, los problemas de desempleo y la desigualdad social y económica.

Dadas las circunstancias, es necesario repasar los posibles efectos que pueden generar estas políticas fiscales. Recordemos que la ISP es un conjunto de recursos públicos que se priorizan y destinan a diversos sectores de la economía como: educación, salud, protección social, vivienda y cultura, Su objetivo primordial es mejorar el capital humano de la sociedad en el largo plazo, razón por la cual se considera una inversión, pues se espera que estas políticas influyan positivamente en el bienestar y productividad de sus habitantes bajo un enfoque de distribución equitativo y sostenible.

El enfoque de redistribución equitativo debe considerar aspectos como la eficacia y eficiencia de estas políticas, justamente en algunos de los informes del Estado de la Nación, se estudia cómo la inversión social pública en Costa Rica se distribuye entre los diferentes estratos de ingreso y su impacto en la reducción de desigualdades, llegando a la conclusión que la inversión social se distribuye equitativamente entre los quintiles de ingreso, aunque los hogares más pequeños, que se encuentran en el quintil más rico, reciben una mayor inversión per cápita debido a su tamaño reducido (Mata y Trejos, 2017, p. 52)*.

Los datos también permiten concluir que la inversión en educación es la más progresiva de todas las funciones sociales seguida de la inversión en salud, mientras que vivienda y territorio es más proporcional. La excepción es la función de protección social la cual se torna regresiva como resultado de que las pensiones contributivas pues casi la mitad de la ISP la absorbe el quintil más rico, a pesar de que esta función incluye los programas de apoyo a grupos vulnerables cuya política es de las más selectivas (Mata y Trejos, 2017, p. 52). En conclusión, se puede afirmar que la contracción de la inversión social traerá efectos negativos y más fuertemente en las poblaciones pobres y vulnerables que acceden y utilizan los programas y servicios sociales, como la salud y la educación pública, precisamente donde se observan importantes recortes.

En materia de sostenibilidad, la ISP se espera reditúen con una dinámica de círculos virtuosos donde el incremento de la inversión resulte en capital humano más robusto y este a su vez se traduzca en mayor productividad, que finalmente resulte en mejores ingresos permitiendo al círculo renovarse y continuar. Esta dinámica con certeza promovería el crecimiento económico y duplicaría las veces necesarias el PIB per cápita en menor tiempo y con ello avanzar en materia de desarrollo económico. El problema en nuestro país se resume en que los ingresos fiscales no cubren los gastos, es decir, tenemos un déficit fiscal, que durante años se ha atendido con el servicio de la deuda incrementándola hasta que la razón deuda/PIB superó el 60% desde el año 2020 y desde entonces se mantiene el escenario más restrictivo de crecimiento del gasto.

Para resolver este dilema, además del endeudamiento y contención del gasto público impulsada por la regla fiscal y los recortes a la ISP, se han sumado propuestas como la venta de activos del estado (venta BCR) así como la búsqueda de posibles maneras de restructurar la deuda.

Para lograr la sostenibilidad, hay que hacer la tarea de identificar un punto de equilibrio entre el incremento de sus ingresos (a través de reformas fiscales y una mayor eficiencia en la recaudación) y el control de la deuda pública. Por desgracia este es otro punto en contra, pues en lo que va de la administración actual, ni el gobierno ni la Asamblea han dado señal alguna, o muy poco interés por arrancar con este tema

La ISP en Costa Rica ha presentado una reducción constante durante los últimos años, lo que implica un riesgo para el crecimiento económico, así como empeorar la pobreza y la desigualdad en el país. Lamentablemente, su crecimiento se encuentra limitado por la situación fiscal del país y por un gobierno cuyo enfoque primordialmente es el control de gasto. Bajo estas condiciones se complica la posibilidad de impulsar las inversiones necesarias que se requieren en nuestro país para un desarrollo social y económico equitativo y sostenible, por lo menos en lo que queda del ciclo político.

*Mata, C., & Trejos, J. D. (2017). El gasto o inversión social pública continúan su expansión en el 2016 pese al desequilibrio fiscal. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

Incertidumbres de la Ley Jaguar: reflexiones sobre el desarrollo de Costa Rica

Yenén Mejías San Lee

Hace un mes, el poder ejecutivo presentó a la corriente legislativa el proyecto 24364, “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. Aunque el proyecto aún no se ha votado en el plenario, las consultas de constitucionalidad y las dudas que genera siguen vigentes. Aprovechando la pausa legislativa y en espera de una resolución de la Sala IV, comparto estas reflexiones en la discusión pública desde mi posición como economista.

Según la exposición de motivos, el proyecto de Ley Jaguar busca impulsar el desarrollo de Costa Rica mediante reformas para agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura clave, como Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón. Las reformas se plantean en tres capítulos: el primero pretende fortalecer la fiscalización de la hacienda pública, el segundo optimiza la gestión contractual del sector público, permitiendo la compra y arrendamiento de inmuebles con mayor flexibilidad, y el tercero facilita la ejecución de alianzas estratégicas por JAPDEVA.

Las críticas principales al proyecto se centran en el incremento de la discrecionalidad en la acción pública, lo que podría permitir que el gobierno actúe con demasiada libertad, especialmente en los contratos públicos. Esto es preocupante considerando los escándalos de corrupción relativamente recientes, como el caso “Cochinilla”, que involucró a funcionarios públicos y privados bajo una supervisión inadecuada.

Desde la perspectiva económica, la preocupación sobre la «Ley Jaguar» puede entenderse a través del concepto de “riesgo moral”. Aumentar la discrecionalidad en la acción pública, como propone la ley, puede llevar a decisiones arriesgadas o ineficientes, ya que no estarían sujetas a una supervisión estricta. Esto es similar al clásico ejemplo del mercado de seguros, donde la cobertura puede llevar a comportamientos más arriesgados, afectando a la aseguradora.

El caso «Cochinilla» es un claro ejemplo de riesgo moral, pues los agentes que participaban en las licitaciones coludieron mediante prácticas oligopólicas, y confiados en lo permisivo del sistema, actuaron causando perjuicio al interés público. Curiosamente, fue la Contraloría General de la República quien detectó e informó entre 2018 y 2020 sobre pagos irregulares y otros problemas administrativos a través de informes. Sin embargo, las medidas preventivas fueron insuficientes para detener la corrupción a gran escala, a pesar de los esfuerzos de la Contraloría. Invito a la persona lectora a investigar el caso de Petrobras en Brasil en 2014, un ejemplo internacional relevante para profundizar en esta temática, donde la corrupción y la falta de controles administrativos efectivos causaron problemas a una escala aún mayor.

Eliminar los controles preventivos de la Contraloría y otras barreras podría aumentar la posibilidad de que ocurran nuevos casos de riesgo moral, como los mencionados anteriormente. Estos casos podrían surgir tanto en el presente como en el futuro. En el presente, porque la propuesta de ley no incluye una solución que actúe como un legítimo contrapeso ante la reducción de los controles de la CGR, lo que generará dudas sobre las acciones del gobierno actual, sin importar cuánto afirmen que sus intenciones son las mejores. En el futuro, porque no hay forma de garantizar que los próximos gobernantes eviten cometer actos de corrupción.

Además, este aumento del riesgo plantea una interrogante desde la perspectiva del costo de oportunidad: ¿existe alguna prueba de que habrá una ganancia garantizada en la gobernanza al ejecutar proyectos a costa de restar competencias a la Contraloría? En los debates públicos, esto se repite como un resultado indiscutible, pero sin datos concretos y considerando la idiosincrasia costarricense, tengo mis dudas al respecto.

Desde el punto de vista económico, el impacto esperado en variables como el desempleo, desarrollo regional e inversión es necesario y deseable. Según datos de MIDEPLAN, la construcción de Ciudad Gobierno permitiría al Estado ahorrar $357.8 millones en alquileres, generar más de 3,044 empleos directos e indirectos durante su ejecución y 600 durante la construcción. El gobierno también ha dado cifras prometedoras sobre la inversión en la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, lo cual es vital para una provincia rezagada económicamente.

El pueblo de Costa Rica comprende la necesidad de avanzar y crecer económicamente. La discusión no es si queremos desarrollo, sino cómo lo queremos. La idiosincrasia costarricense valora la transparencia, participación ciudadana y la sostenibilidad en los procesos de desarrollo. Este proyecto de ley choca con un estilo de gobernanza que por décadas, ha preferido procedimientos rigurosos y controles preventivos para asegurar la integridad y eficacia en la gestión pública, aunque el costo sea un crecimiento más lento, es un crecimiento consistente; la historia y los datos respaldan este enfoque. En ese contexto, la propuesta de ley, al reducir los controles de la Contraloría General de la República, plantea serios interrogantes sobre la garantía de transparencia y la prevención de la corrupción. Por tanto, aunque el objetivo de impulsar el desarrollo económico es compartido, es crucial que los mecanismos de supervisión y control se mantengan robustos para asegurar que el progreso se logre de manera ética y sostenible.