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Etiqueta: zona marítimo-terrestre

Posibles riesgos para derechos tribales y comunidades costeras en caso de recurso de amparo en Matina

Un recurso de amparo se tramita presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Matina y su alcalde Walter Céspedes (Exp. No. 25-020575-0007-CO). La solicitud busca obtener copia oficial del mapa del denominado pueblo tribal del cantón, así como información sobre las acciones municipales para garantizar el respeto a los derechos territoriales de la población afrocostarricense.

Este pueblo fue reconocido formalmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y cuenta con protección internacional bajo el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La gestión se desarrolla en un contexto en el que persisten denuncias y temores sobre la usurpación de tierras ancestrales afrodescendientes y presunto tráfico de influencias para apropiarse de esos territorios.

Posibles efectos de una eventual jurisprudencia

De llegar a emitirse una sentencia vinculante, esta podría derivar en la elaboración de un plano oficial del pueblo tribal que excluya los 200 metros de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), las áreas declaradas como Parques Nacionales y equivalentes (PNE) y los humedales protegidos.

Si bien una delimitación así representaría un precedente para la protección ambiental, también podría ser utilizada para acelerar la implementación de Planes Reguladores Costeros (PRC) en otros cantones, incluido Talamanca, con consecuencias graves para las comunidades costeras: desalojos y demoliciones en la franja pública de 50 metros de la ZMT, y concesionamiento de los 150 metros restantes sin reconocimiento efectivo de posesiones históricas y ancestrales.

Un delicado equilibrio

Este caso pone en evidencia la tensión entre la defensa de los derechos de pueblos tribales y la aplicación de normativas de ordenamiento territorial que podrían afectar la permanencia de comunidades históricas, como las del distrito de Cahuita.

Ante este panorama, Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA hace un llamado a un análisis prudente y consciente de que una resolución en favor del recurso podría atender varios asuntos de interés público, pero también generar efectos adversos sobre la continuidad histórica y cultural de las comunidades costeras afrodescendientes.

ANHACO presenta marco jurídico integral para la administración de la zona marítimo-terrestre

Guía para los Concejos Municipales Costeros de parte de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica en el marco jurídico integral para la administración de la zona marítimo-terrestre.

La Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica se dirige a los Concejos Municipales de Municipales de Cantones Costeros de Costa Rica, en el marco jurídico para el análisis integral para la administración sana de la zona marítimo-terrestre, que coadyuve al gobierno local en su obligación constitucional, de mejoramiento de la calidad de vida de los ocupantes.

El objetivo es colaborar con la visión integral de análisis, para la administración de la zona marítimo-terrestre y que desde el corazón del gobierno local, se propongan acciones que reafirmen el deber constitucional de los funcionarios del municipio, de procurar en todo momento, el bien común, promoviendo y respetando.

El documento aborda de manera integral los siguientes aspectos clave:

  1. Premisas Básicas: Principios de debido proceso, progresividad y no regresión de derechos humanos, confianza legítima y respeto a la normativa nacional e internacional.

  2. Excepciones y Jurisprudencia Relevante: Casos contemplados por la Ley No. 6043 y la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Corte IDH sobre derechos adquiridos y protección contra desalojos arbitrarios.

  3. Estándares Internacionales de Derechos Humanos: Obligaciones del Estado y municipalidades en desalojos, protección a la vivienda y derechos de los ocupantes.

  4. Principio de Confianza Legítima y Responsabilidad Estatal: Análisis de votos clave y la responsabilidad del Estado por omisión o funcionamiento defectuoso en la delimitación de la ZMT.

  5. Ley No. 10.489 (2024) y su Moratoria: Extensión de la suspensión de desalojos y demolición de obras en zonas especiales hasta 2027.

  6. Planificación y Autonomía Municipal: Rol de las municipalidades en el ordenamiento territorial, integración de planes reguladores y defensa de los derechos de las comunidades costeras históricas.

Le invitamos a revisar el documento completo adjunto, el cual contiene las bases jurídicas y recomendaciones para garantizar la seguridad jurídica de las comunidades costeras, la protección de sus derechos y el fortalecimiento de la autonomía municipal.

Distraer a los líderes con promesas y reuniones: una vieja estrategia de despojo

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 06 de julio del 2025

Mientras los representantes del Estado aceleran en silencio el desarraigo de nuestras comunidades costeras, mantienen a muchos líderes comunitarios distraídos en reuniones interminables con altos funcionarios, entretenidos entre promesas, diagnósticos y propuestas que rara vez se concretan.

Pero un día cualquiera, al despertar de ese espejismo, la realidad golpea sin aviso: la casa de un vecino, o quizás la suya, ha sido demolida por tratarse, según las autoridades, de una “ocupación precaria”.

Perder de vista que el verdadero objetivo del aparato estatal en la zona costera del Caribe Sur es apropiarse de los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) sin pagar un colón en indemnización, es caer en una trampa peligrosa.

Lo hacen aun cuando en esos mismos terrenos nacieron nuestros padres y abuelos, décadas antes de la existencia de la Ley 6043 de 1977, y mucho antes de leyes como la 9242, que ahora los califica como simples “poseedores precarios” del dominio público.

Ignorar esta realidad no es inocente: Es contribuir, por omisión o distracción, con los propósitos del despojo institucionalizado.

A quienes deben dedicar tiempo y lealtad estos líderes no es a los burócratas de traje y protocolo, sino a sus representados y vecinos.

Deberíamos de estar en sesión permanente con los miembros de nuestras propias familias, y vecinos, organizándonos con urgencia para enfrentar la avalancha que ya asoma en el horizonte.

Esperar a que la tormenta nos caiga encima para decidir qué hacer es, sin duda, el peor de los caminos.

Si no nos organizamos ahora, como dice el refrán: El último que salga, que apague la luz.

Reflexiones finales

Debemos recordar que nuestras tierras heredadas son más valiosas que cualquier celebración o espectáculo promovido por quienes buscan despojarnos.

Durante décadas enviamos señales equivocadas al Estado y a nuestras futuras generaciones: Actuamos como suplicantes en lugar de defensores de nuestros derechos. La prioridad debe ser la unidad familiar y comunitaria bajo el principio: todos para uno y uno para todos.

Nota:

Llamado a la acción comunitaria

La historia nos ha enseñado que la unidad comunitaria es nuestra mayor defensa frente a políticas que buscan despojarnos de nuestros territorios. Por ello, hacemos un llamado urgente a los vecinos, asociaciones y organizaciones del Caribe Sur a mantenerse en sesión permanente, organizando comités locales, participando activamente en reuniones comunitarias y fortaleciendo nuestros mecanismos de defensa colectiva.

La resistencia pacífica, la acción legal informada y la visibilidad internacional son herramientas que debemos utilizar con firmeza y determinación. El tiempo de la dispersión ha terminado. Nos corresponde defender el legado de nuestros antepasados con dignidad y unidad.

Contacto:

Asociación de Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA)

Correo electrónico: acudheca@gmail.com

Representación simbólica de líderes comunitarios en reuniones institucionales, mientras el despojo territorial avanza en silencio.

Foro abordará los riesgos de privatización en la Zona Marítimo-Terrestre -Voces y Política

Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.

El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.

La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.

El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.

La transmisión se realizará a las 5:00 p.m. por Radio Universidad 96.7 FM y también estará disponible en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr

UCR recomienda rechazar proyecto de ley que amenaza la zona marítimo-terrestre

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de su Consejo Universitario, recomienda no aprobar el proyecto de ley expediente N.° 23.148, titulado Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, debido a los múltiples riesgos sociales, ecológicos y jurídicos que implica para el patrimonio natural del país. Esta posición fue acordada en la sesión ordinaria N.° 6892 del Consejo Universitario, celebrada el pasado 22 de abril de 2025 (a partir del minuto 1:07:00).

Tras una consulta técnica a distintas instancias académicas —incluyendo la Escuela de Biología, la Escuela de Geografía y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)—, la UCR advierte que esta iniciativa legislativa plantea una apertura a actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la franja costera, sin los debidos resguardos técnicos, ambientales ni jurídicos.

Es importante que se abra un diálogo nacional sobre la impostergable necesidad de que nuestro país cuente con una ley moderna, innovadora e integral, basada en los principios de la gestión integrada de la zona costera para su desarrollo sostenible y que contemple los impactos sociales, económicos y ecológicos en todo el sistema socioecológico afectado por el cambio climático”, señala la posición institucional.

La Universidad subraya que la zona marítimo-terrestre es un espacio de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya integridad se ve amenazada por la propuesta legislativa, al permitir que las municipalidades otorguen permisos de uso en precario en dicha zona.

Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran:

  • Los tipos de organizaciones beneficiarias de los permisos propuestos, ya que podrían abrir portillos para actividades contrarias al interés público y perjudiciales para el patrimonio natural de estas zonas.

  • La necesidad de que las actividades permitidas sean claramente delimitadas, con base en criterios técnicos que consideren las características ecológicas y geomorfológicas de cada territorio. La UCR enfatiza que estas actividades deben priorizar el beneficio de las comunidades costeras, y no el lucro de grandes empresas hoteleras. Se citan como ejemplo las experiencias lideradas por mujeres y grupos comunales en turismo de bajo impacto, como la observación de aves en manglares o la educación ambiental.

  • La importancia de incluir criterios de gestión del riesgo, considerando las condiciones oceanográficas y climáticas que podrían afectar significativamente la zona pública en ambas costas.

  • La necesidad de contar con un estudio de capacidad de carga, que funcione como instrumento técnico para que las municipalidades puedan tomar decisiones informadas sobre la cantidad de permisos a otorgar.

  • Finalmente, la Universidad insiste en que las municipalidades deben contar con un Plan Regulador Costero aprobado antes de autorizar cualquier permiso, ya que, de lo contrario, no se dispondría de criterios técnicos suficientes para garantizar una planificación responsable.

Esta postura coincide con un manifiesto firmado por más de 70 organizaciones sociales, ambientales, comunales y académicas, que denuncian que el proyecto legalizaría la ocupación de un bien público en favor de intereses privados. El manifiesto advierte:

“La implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público”, lo cual contraviene el principio de acceso universal consagrado en la Constitución Política.

Ambas voces —la académica y la ciudadana— coinciden en que el desarrollo sustentable de las zonas costeras no puede basarse en decisiones unilaterales ni en criterios meramente economicistas, sino en procesos de planificación integral, con participación comunitaria y sólidos fundamentos científicos.

La Universidad de Costa Rica y las organizaciones firmantes llaman a la Asamblea Legislativa a reconsiderar el avance de este proyecto y a abrir un proceso de diálogo amplio, participativo e inclusivo, que permita construir una legislación costera moderna, justa y en armonía con el ambiente.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita informe sobre cumplimiento ambiental en Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Municipalidad de Talamanca exigiendo un informe actualizado sobre el cumplimiento del oficio ALMT-37-2022, relacionado con irregularidades en la zona marítimo-terrestre y afectaciones a un humedal.

En el documento AEL-00186-2025, con fecha del 24 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, se dirigió al alcalde Rugeli Morales Rodríguez solicitando detalles sobre las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el asesor legal municipal en julio de 2022.

Según la misiva, el oficio ALMT-37-2022 ordenaba suspender permisos de construcción en el plano L-840924-2003, clausurar una remodelación en la zona marítimo terrestre y supervisar la remoción de materiales depositados sobre un humedal.

«La protección de los humedales y la zona marítimo terrestre constituye una obligación ineludible del Estado costarricense, y la Municipalidad de Talamanca, como ente responsable de la administración local, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan estos ecosistemas», señala el documento.

La solicitud específica incluye cuatro puntos fundamentales:

  1. Un informe actualizado de las actuaciones municipales en cumplimiento de las tareas de supervisión asignadas.

  2. Una valoración sobre el estado actual de la remodelación dentro del plano mencionado.

  3. Un informe técnico y legal sobre las razones por las que no se ha procedido a la demolición de estructuras en contravención.

  4. Copias de las resoluciones administrativas relacionadas con la clausura y remoción de materiales.

El representante de la Asociación solicitó que el informe sea remitido en un plazo no mayor a diez días hábiles. La solicitud fue compartida con diversas autoridades, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental, la Secretaría Ramsar, el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Imagen con fines ilustrativos. Los humedales sufren constantemente por los proyectos inmobiliarios.

Hablemos sobre sillas y mesas en la zona marítimo-terrestre

El colectivo Agenda Viva y el despacho del diputado Ariel Robles invitan al Foro Hablemos Sobre Sillas y Mesas: Proyecto de Ley 23.148, el cual, busca ampliar las concesiones de la zona marítimo-terrestre (ZMT).

La actividad se realizará este lunes 21 de abril a las 6:00 pm en el Salón de Jefes de Estado de la Asamblea Legislativa.

Puede registrarse en el formulario para ser parte de la actividad presencial, también habrá transmisión por el canal de YouTube de la Asamblea Legislativa.

Registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3cV16snh1kxFbRP6XgRNyfT8Gk2PU6q2IfLJd3q52NgKHNg/viewform?usp=preview

Ciudadano de Limón solicita investigación al Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en MINAE

El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.

La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.

Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.

El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.

La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.

En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:

  1. La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.

  2. La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.

  3. Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.

La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.

SURCOS comparte los documentos de referencia:

Directriz No.09-2023-ACLAC
SINAC-ACTO-AL-055-2019
Comunicación de Acuerdos Corac Aclac (2)
2022 nov 11 ACUERDO COLAC

Retiran plantas, árboles y tierra dentro de la zona de 50 metros de Playa Frijolar y Playa Blanco de Marbella, Guanacaste

SURCOS comparte el reporte que nos llega desde Guanacaste:

Municipio de Santa Cruz esta mañana del 4 de abril

Se están reparando carreteras, pero también se están retirando plantas, árboles y tierra dentro de la zona de 50 metros de Playa Frijolar y Playa Blanco de Marbella, Guanacaste.

Además, se retiró un árbol y este búho (foto) tuvo que ser rescatado mientras se tomaban fotos de la destrucción de la Zona Marítimo-Terrestre.

Quizás el búho esté enviando un mensaje a todos los costarricenses hoy: que las municipalidades dejen de trabajar dentro de la ZMT sin estudios de impacto ambiental.

Asociación ecologista solicita lista exhaustiva de ocupantes en zona marítima de Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología, mediante oficio AEL-0091-2025 con fecha del 16 de marzo de 2025, ha reiterado una solicitud al alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, para obtener un listado completo de todas las personas físicas y jurídicas que ocupan la franja de 50 metros de la zona pública del litoral del cantón.

El presidente de la asociación, Marco Levy Virgo, aclaró en su comunicación que no está interesado en el censo preliminar de vendedores ambulantes que le fue proporcionado como respuesta a una solicitud anterior, sino en un registro detallado de todos los ocupantes formales e informales de esta zona marítimo-terrestre.

Este requerimiento tiene como antecedente una solicitud previa realizada mediante el oficio AEL-00320-2024 del 25 de diciembre de 2024, donde se pedía información sobre los ocupantes físicos y jurídicos ubicados dentro de los 50 metros de la zona marítimo-terrestre del cantón.

En respuesta a esa primera solicitud, la Administración Tributaria de la Municipalidad de Talamanca remitió un censo preliminar que incluye únicamente un listado de 41 personas dedicadas principalmente a ventas ambulantes y artesanía, según documento firmado por la Licda. Yorleny Menocal Morales, Administradora Tributaria.

En el nuevo oficio, Levy Virgo señala específicamente que su interés es obtener información para fines de investigación, excluyendo a los vendedores ambulantes ya registrados en el censo preliminar.

El documento fue remitido con copia a diversas instituciones públicas, incluyendo la Contraloría General de la República, la Fiscalía Ambiental, el Área Rectora de Salud, la Auditoría Interna Municipal, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y la Subdelegación del OIJ Bribri.