La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Municipalidad de Talamanca exigiendo un informe actualizado sobre el cumplimiento del oficio ALMT-37-2022, relacionado con irregularidades en la zona marítimo-terrestre y afectaciones a un humedal.
En el documento AEL-00186-2025, con fecha del 24 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, se dirigió al alcalde Rugeli Morales Rodríguez solicitando detalles sobre las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el asesor legal municipal en julio de 2022.
Según la misiva, el oficio ALMT-37-2022 ordenaba suspender permisos de construcción en el plano L-840924-2003, clausurar una remodelación en la zona marítimo terrestre y supervisar la remoción de materiales depositados sobre un humedal.
«La protección de los humedales y la zona marítimo terrestre constituye una obligación ineludible del Estado costarricense, y la Municipalidad de Talamanca, como ente responsable de la administración local, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan estos ecosistemas», señala el documento.
La solicitud específica incluye cuatro puntos fundamentales:
Un informe actualizado de las actuaciones municipales en cumplimiento de las tareas de supervisión asignadas.
Una valoración sobre el estado actual de la remodelación dentro del plano mencionado.
Un informe técnico y legal sobre las razones por las que no se ha procedido a la demolición de estructuras en contravención.
Copias de las resoluciones administrativas relacionadas con la clausura y remoción de materiales.
El representante de la Asociación solicitó que el informe sea remitido en un plazo no mayor a diez días hábiles. La solicitud fue compartida con diversas autoridades, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental, la Secretaría Ramsar, el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Imagen con fines ilustrativos. Los humedales sufren constantemente por los proyectos inmobiliarios.
El colectivo Agenda Viva y el despacho del diputado Ariel Robles invitan al Foro Hablemos Sobre Sillas y Mesas: Proyecto de Ley 23.148, el cual, busca ampliar las concesiones de la zona marítimo-terrestre (ZMT).
La actividad se realizará este lunes 21 de abril a las 6:00 pm en el Salón de Jefes de Estado de la Asamblea Legislativa.
Puede registrarse en el formulario para ser parte de la actividad presencial, también habrá transmisión por el canal de YouTube de la Asamblea Legislativa.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.
La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.
Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.
El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.
La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.
En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:
La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.
La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.
Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.
La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.
SURCOS comparte el reporte que nos llega desde Guanacaste:
Municipio de Santa Cruz esta mañana del 4 de abril
Se están reparando carreteras, pero también se están retirando plantas, árboles y tierra dentro de la zona de 50 metros de Playa Frijolar y Playa Blanco de Marbella, Guanacaste.
Además, se retiró un árbol y este búho (foto) tuvo que ser rescatado mientras se tomaban fotos de la destrucción de la Zona Marítimo-Terrestre.
Quizás el búho esté enviando un mensaje a todos los costarricenses hoy: que las municipalidades dejen de trabajar dentro de la ZMT sin estudios de impacto ambiental.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología, mediante oficio AEL-0091-2025 con fecha del 16 de marzo de 2025, ha reiterado una solicitud al alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, para obtener un listado completo de todas las personas físicas y jurídicas que ocupan la franja de 50 metros de la zona pública del litoral del cantón.
El presidente de la asociación, Marco Levy Virgo, aclaró en su comunicación que no está interesado en el censo preliminar de vendedores ambulantes que le fue proporcionado como respuesta a una solicitud anterior, sino en un registro detallado de todos los ocupantes formales e informales de esta zona marítimo-terrestre.
Este requerimiento tiene como antecedente una solicitud previa realizada mediante el oficio AEL-00320-2024 del 25 de diciembre de 2024, donde se pedía información sobre los ocupantes físicos y jurídicos ubicados dentro de los 50 metros de la zona marítimo-terrestre del cantón.
En respuesta a esa primera solicitud, la Administración Tributaria de la Municipalidad de Talamanca remitió un censo preliminar que incluye únicamente un listado de 41 personas dedicadas principalmente a ventas ambulantes y artesanía, según documento firmado por la Licda. Yorleny Menocal Morales, Administradora Tributaria.
En el nuevo oficio, Levy Virgo señala específicamente que su interés es obtener información para fines de investigación, excluyendo a los vendedores ambulantes ya registrados en el censo preliminar.
El documento fue remitido con copia a diversas instituciones públicas, incluyendo la Contraloría General de la República, la Fiscalía Ambiental, el Área Rectora de Salud, la Auditoría Interna Municipal, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y la Subdelegación del OIJ Bribri.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Concejo Municipal del Cantón le han asignado la tarea imposible de “remover a todos los ocupantes en los 50 metros del área costera, sin excepción».
El primero, mediante la implementación de un Plan Regulador Costero a la medida del Plan nacional de desarrollo turístico Costero del ICT.
Obviamente, para “limpiar” el área de personas en situación de pobreza y de aquellos con recursos económicos limitados, con el evidente objetivo de facilitar un desarrollo turístico de alta gama en los 150 metros a concesionables, una vez que entre en vigor el Plan Regulador Costero (PRC).
Elogiados por el presidente por el inexistente “Proyecto de Plan Regulador Cantonal”, los regidores de la administración anterior aprobaron rápidamente un acuerdo que ordenaba al alcalde municipal “remover” a todos los ocupantes en un área de 50 metros de la ZMT. Este acuerdo fue adoptado en la Sesión Extraordinaria del 29 de febrero de 2024, a sólo 67 días del final de su mandato.
Cosa que puso al alcalde contra “la espada y la pared”. Si no cumple con el acuerdo del Concejo corre el riesgo de ser destituido de su cargo por falta grave. además, civilmente responsable por los daños causados.
Si lo cumple, condena al Municipio a la ruina financiera por las indemnizaciones correspondientes a los ocupantes del área pública (50 metros) legalmente poseídos por particulares, previo a la entrada en vigencia la Ley 6043 de 1977 sobre ZMT. Y de ellos hay muchos.
La situación del Concejo Municipal de turno es crítica, ya que el alcalde y el personal municipal enfrentan el riesgo de perder sus empleos debido a una eventual quiebra técnica del ayuntamiento por pago de indemnizaciones.
Como si eso no fuera suficiente, un abogado ha presentado un Recurso de Amparo por el incumplimiento de un acuerdo del Concejo, buscando que la Sala Constitucional ordene al alcalde cumplir con dicho acuerdo en un plazo determinado.
Ante un panorama tan sombrío para nuestra comunidad en su conjunto, ACUDHECA les ha lanzado este «salvavidas», por así decirlo, y esperamos que la humildad prevalezca sobre la petulancia que los ha caracterizado en el pasado.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.
En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.
Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.
Prácticas conocidas para cometer delitos
Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.
Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.
Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.
Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.
La importancia de denunciar
Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.
Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.
El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.
Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria
A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.
Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.
Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.
Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica
Aspecto Clave
Descripción
Definición
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad
La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones
Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones
Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial
Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias
Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.
Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025
En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.
La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.
La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.
La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.
Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.
Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Invitan: Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA), Proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía UCR, y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social UCR.
