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Etiqueta: Zona Marítimo Terrestre

Marbella: un llamado urgente para recuperar la zona pública costera

26 de enero 2023 | Dany Villalobos, geógrafo de FECON

  • Las instituciones deben garantizar la integridad de la Zona Pública de Marbella

  • La zona pública se ha reducido en un 60% respecto a la delimitación original.

  • Se debe reponer la pérdida para que las comunidades administren el área pública.

Presentación del problema

Costa Rica debe enfrentar este 2023 un gran desafío. Es el tema costero, que por vacíos y defectos en la administración pública, hemos ido perdiendo poco a poco los costarricenses como patrimonio público, especialmente en los sectores que están tomados por negocios inmobiliarios.

La costa de Santa Cruz de Guanacaste presenta varios casos, como playas Pinilla, Avellanas y Marbella. La costa de Guanacaste se ha convertido en el foco de la ambición de los gavilanes inmobiliarios, que son personajes que han venido a la provincia a comprar tierra barata para enriquecerse vendiendo lotes muy caros, principalmente a extranjeros ricos.

En este pequeño artículo presentaré el problema costero actual mediante el caso de Marbella. El día 12 de enero de 2023 estuve de gira en las playas del lugar para tomar algunos datos de GPS dentro de la zona pública actual y en la línea perceptible del litoral. Después de procesar la información y realizar cartografía, puedo hacer visible lo que parece claro estando en las playas de Marbella: la zona pública está desapareciendo.

Día de gira, levantando registros de GPS en la Playa Coco de Marbella.

La Zona Pública (ZP) es la franja de 50 metros que corresponden a uso totalmente público a partir de la línea de pleamar (marea alta), según el artículo 10 de la ley de Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977. Su reducción progresiva compromete aún más a los ocupantes actuales de la Zona Restringida. La gente de Marbella ha visto con recelo los desarrollos en frente de la playa y consideran que empresarios extranjeros han estado invadiendo la zona pública desde que empezaron a desarrollar sus negocios en el frente de la playa.

Esquema de la Zona Marítimo-Terrestre. Elaborado por FECON.

El restaurante Tiki-Hut y otras propiedades frente al mar están en manos de extranjeros que llegaron a Marbella hace pocos años con la idea de hacer negocios fáciles y jugosos con la tierra. Albasud ha denunciado con detalle los nombres y formas de operar de estos empresarios, que denominé anteriormente “gavilanes inmobiliarios”, por el amplio catálogo de irregularidades con las que mueven sus negocios.

FECON ha apoyado a vecinos de Marbella en denunciar casos como la construcción de un puente sin permisos en un cauce de manglar entre Frijolar y Playa Coco. También, se pidió a la Municipalidad de Santa Cruz comprobar si las construcciones frente a la playa tienen permisos municipales o si invadían la Zona Pública, por su cercanía al mar. Las respuestas nunca llegaron aun cuando la Sala Constitucional ordenó respuesta. Claramente la Municipalidad de Santa Cruz no tiene interés en intervenir el problema, lo que ha indignado y desalentado la lucha de la comunidad por defender sus playas.

La apuesta de FECON

Ante la falta de respuesta institucional, FECON ha buscado apoyo para poder visitar las zonas del litoral de Santa Cruz donde existen este tipo de problemas. Gracias al apoyo de Environmental Network for Central America (ENCA), se podrán realizar varias giras para documentar y cartografiar las zonas en conflicto.

Es claro que las comunidades guanacastecas requieren el respaldo de profesionales y organizaciones ambientales del país, siendo las playas patrimonio público. Los indicios nos llevan a cuestionar la información existente sobre la realidad actual en los 200 metros de la Zona Marítimo-Terrestre.

¿Por qué ha ido desapareciendo la franja de Zona Pública?

Voy a mencionar sólo dos factores que considero las causas principales en el caso de Marbella. El primero es un factor histórico-ambiental: el cambio en la línea de las pleamares en el exterior de la franja. El segundo, el factor privatización operando por la libre en la zona restringida, al interior. Mientras el mar presiona desde afuera, los negocios de los ocupantes privados amenazan el límite original desde adentro y la franja pública termina por reducirse a los niveles que mostraremos en cartografía.

El cambio en el nivel del mar y la erosión costera

Sobre el cambio de la línea de pleamares, es perceptible observando la geomorfología del litoral. En algunos puntos es clara la incursión del mar tierra adentro, llegando hasta la calle que coincide con el límite final de la zona pública, lo que quiere decir que el mar ha hecho desaparecer los 50 metros de Zona Pública en estos puntos, como se muestra en las siguientes imágenes satelitales:

Imagen 1. Se observa cómo la línea del litoral ya se acerca al límite original de los 50 m de zona pública.
Imagen 1. Un punto de GPS indica que la marea llega a la calle, y la franja pública se ha reducido a la mitad.

¿Cuánta es el área pública perdida?

Según la información geográfica procesada después de la visita al lugar el 12 de enero de 2023, en las playas de Marbella la Zona Pública original ha desaparecido en un 56%. Específicamente en la Playa Coco, el cambio ha hecho perder el 62% de la Zona Pública, lo que plantea la necesidad de abrir un debate público sobre la recuperación de esta franja patrimonial establecida por Ley.

Mapa 1. Cambios en el área de Zona Pública. En azul se observa el área de zona pública original que se encontraría ahora por debajo del nivel de las pleamares. En verde lo que aún queda de esa zona pública por encima del nivel del mar, y en amarillo los 50 m de zona pública si se ajusta al nivel de las pleamares actuales.

Se requeriría que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) determine con exactitud la posición actual de la línea de pleamares durante el 2023, para oficializar un cambio necesario. Los vecinos de Marbella pueden observar diariamente cómo el agua sube hasta la calle que da acceso al restaurante Tiki Hut, dejando claro, especialmente en el sector de Playa Coco, que la Zona Pública restante en la actualidad se limita al ancho de la calle con unos 10 o 20 metros de arena y palmeras donde aún no llegan las mareas altas.

Nivel del mar observado el 25 de enero a las 5:00 pm, hora cercana a pleamar, en el sector del puente. Se observa cómo el mar toca la calle. Foto: Vecinos de Marbella.

Necesidad de actualizar el área de zona pública

Después de los 50 m de zona pública, hay una segunda franja de 150 m de Zona Restringida que también es patrimonio público y está bajo el manejo municipal. Con Planes Reguladores de ordenamiento se pueden dar concesiones en esta segunda zona. Pero en el sector de Marbella no hay Plan Regulador. Por tanto, no hay concesiones.

Pero sí se ha llevado adelante un manejo prácticamente por la libre de la Zona Restringida por parte de sus ocupantes. Se sabe que los ocupantes actuales de esta zona no son habitantes históricos de Marbella (no tuvieron posesión antes de 1977). Significa que no tendrían derechos adquiridos sobre esta parte del patrimonio público. Sus cercas colindan ahora con la calle que se extiende por el frente de las playas Frijolar y Coco.

Desconozco si en términos jurídicos hay interpretaciones que impidan actualizar la línea de pleamar y reubicar la zona pública como patrimonio público del Estado a donde corresponderían hoy los 50 m de Ley. Según la estimación que realicé, entre el mojón #178 del IGN y el punto norte de la línea digital (2010) de Playa Coco, el área de zona pública se ha reducido más de la mitad, hasta quedar sólo un 40% del área establecida originalmente.

Para recuperar los 50 metros de zona pública a lo largo de los 1000 metros de frente de playa muestreada, se requeriría correr la línea de mojones hacia el interior, restableciendo más de 30.000 m de zona pública que se han perdido. En términos económicos, el Estado se evitaría perder tierras públicas que tendrían un valor de mercado cercano a 1.500 millones de colones (a razón de ₡50.000/m2), y que en este momento están en manos de ocupantes sin concesión.

Conclusiones

Parece ser que hay información técnica desactualizada acerca del nivel real de las mareas altas en Marbella, entonces los procesos legales abiertos en esta franja se vuelven inciertos, pues habrá quien considere que la Zona Pública no está siendo invadida, cuando la realidad ambiental de la costa dice otra cosa.

Las deficiencias de la administración pública generan una especie de parálisis, impidiendo resolver la situación. Hemos denunciado constantemente trabajos de construcción ilegales a través del sistema de denuncia pública SITADA sin respuesta alguna. Los ocupantes del frente de la playa están desarrollando sus propiedades por la libre sin mediar concesión ni permisos de ley para transformar la costa de Marbella.

Relleno en zona marítimo terrestre para parqueo del restaurante Tiki Hut. Esta actividad aparentemente no tendría permisos, violándose una vez más lo establecido por Ley dentro de ZMT.

Desde mi punto de vista, este no debería ser un problema tan difícil de resolver si el Instituto Geográfico Nacional actualiza la información técnica sobre el nivel de las pleamares y la verdadera franja de Zona Marítimo-Terrestre actual según los términos de Ley. Recordemos que los mojones se pusieron en su lugar hace varias décadas y hoy se puede observar, mediante las tecnologías de información geográficas, que ya no representan el espacio de 50 metros dispuesto por la Ley respectiva.

Siendo honestos con la Ley, sencillamente debe existir un esquema territorial que empieza con 50 metros de zona pública a partir de la marea alta, continuada por una franja de 150 m de área bajo estricto manejo público. Estos datos no deberían responder a una fotografía inmutable de 1977. La Zona Marítimo-Terrestre es patrimonio público, por tanto, cualquier pérdida representa una afectación al Estado y al interés público.

Perfil de la Zona Pública. Se puede ver la transformación permanente y desregulada en la propiedad de Jeff Allen, cuya cerca se encuentra a una distancia menor a 25 metros del mar, por lo que estaría dentro de la Zona Pública según la pleamar actual.

Como patrimonio público, La Zona Marítimo-Terrestre debería manejarse con fines de bienestar público donde primero estén las comunidades que han habitado históricamente esta zona, bajo un esquema de gestión económica local. Bien podrían las asociaciones locales de Marbella gestionar una gobernanza sostenible de esta franja, como sucede en otras comunidades del país.

En lugar de eso, hoy tenemos procesos de apropiamiento por parte de extranjeros, que se aprovechan de los vacíos y hasta irrespetan la legislación nacional, por ejemplo, cuando deciden a su modo cómo manejar (sin mostrar permisos) la Zona Marítimo-Terrestre: corriendo los mojones, construyendo, rellenando terrenos para parqueos, construyendo puentes o poniendo luces en la zona pública, cuando la Ley 6043 dice lo siguiente:

Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.

En el caso Marbella, vale decir que sin Plan Regulador no habría derechos adquiridos por parte de los ocupantes actuales de la Zona Marítimo Terrestre. Por tanto, no debería haber paso a reclamos por ceder un área que siempre la ha pertenecido al Estado.

No es justo que los costarricenses nos quedemos sin zonas públicas y los extranjeros que sólo quieren enriquecerse con especulación inmobiliaria, exploten a su antojo nuestras costas y playas, que son patrimonio público, beneficiados en el silencio de las instituciones.

Nuestra posición es, que en manos de la comunidad marbellana, la Zona Pública podría convertirse más bien en un área de manejo sostenible y responsable, que traiga beneficios económicos a los habitantes de este pueblo guanacasteco, capacitando a las comunidades locales para gestionar sosteniblemente el turismo costero y dejar la omni-dependencia de la inversión extranjera que busca lucrar a cualquier costo.

Esta es la apuesta que vamos a hacer en FECON, haciendo un llamado a las comunidades y al país a levantarse para recuperar la Zona Marítimo-Terrestre en Marbella, a enfrentar la usurpación inmobiliaria en todos los litorales del país. Si no defendemos ahora este patrimonio que es de todos, quizá mañana no tengamos nada que defender.

Carta a el Niño Jesús de comunidades en zona marítimo terrestre

Anhaco

Querido Jesús, en estos días que conmemoramos tu nacimiento queremos pedirte, con Fe y Esperanza, que llenes de Sabiduría, Buena Voluntad y Solidaridad a las DIPUTADAS y los DIPUTADOS del Congreso de Costa Rica para que aprueben la Ley de Protección al Derecho de Titulación de los Ocupantes en 150 metros de zona marítimo terrestre, proyecto 22.796 que está en lista del plenario.

Tu viviste entre pescadores y conoces las muchas vicisitudes de ese oficio, que les forma un carácter fuerte, tenaz y de confianza en Ti. Conoces de las amenazas y los tiempos de tormenta que hemos vivido las familias costeras ante la codicia por nuestras parcelas. Ayúdanos Señor Jesús.

Por años las gentes del mar hemos resistido a las artimañas de intereses económicos por nuestra tierra, pero Tú sabes Señor Jesús, que no todas las personas lo han logrado y que, ante la brutalidad de los desalojos, demoliciones y el despojo de los elementales Derechos Humanos Universales, algunas personas se han suicidado y otras han caído en la locura.

No es justo Señor.

Acuérdate en especial del sufrimiento de Doña Virginia de Montezuma y de Bubba de Puerto Viejo, que enfermaron hasta morir, cuando les anunciaron el desalojo de la casa que les vio nacer a ellas y a sus hijos. Como ellas, son miles de personas que vivimos ese drama de perder vivienda y fuente de ingresos.

Ayúdanos Señor Jesús.

Son 57 diputados y diputadas, algunos distorsionan nuestra realidad con mitos e interpretaciones erróneas en relación a la zona marítimo terrestre ¿Cómo le hacemos Señor?

Danos una manita Señor Jesús, para que sus mentes se abran y logren un análisis integral de nuestra situación y en especial que nuestros diputados reconozcan que la titulación es la solución adecuada y justa para conservar todo lo que hemos construido en esta tierra que amamos y a la que hemos llegado bajo tu amparo.

Ayúdales a entender que los tecnicismos no deben socavar derechos fundamentales los cuales deben interpretarse en la forma más amplia y extensiva en todo lo que favorezca la libertad y restrictivamente en todo lo que la limite. Al igual que por el principio “pro homine” el derecho debe interpretarse y aplicarse de la manera que más favorezca al ser humano

Fortalece la conciencia social y el compromiso de representación de esas 57 personas que tienen en sus manos, con su voto, otorgarnos el derecho al título de propiedad del que depende nuestra vida y todo eso que hemos construido en nuestras comunidades, aquí junto al mar.

Te lo suplicamos Señor.

Firma: 50mil familias de las comunidades costeras de Costa Rica que hemos delegado la potestad de legislar a favor de nuestros derechos.

anhacocostarrica@gmail.com Celular 8881 8283

FB: Anhaco ZMT Titulación Ambiente Desarrollo

Tertulias nocturnas en el corredor con el abuelo

Bernardo Archer Moore

Es un sabor de la historia reciente para los amantes de la lectura.

La mayoría de nuestros abuelos, y en muchos casos bisabuelos, llegaron a Costa Rica en los albores del siglo anterior (1900), con una mano delante y la otra detrás.

Hicieron cualquier trabajo disponible para sobrevivir y pasaron su tiempo fuera de las horas de trabajo de la hacienda haciendo sus propias granjas.

Impulsados por su propósito, soportaron alegremente tales sacrificios y, a veces, dificultades. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede alguien ser feliz en circunstancias tan adversas?

Cada pequeño paso que dieron hacia su objetivo de brindar una mejor calidad de vida para sus futuras generaciones, trajo alegría a sus corazones y almas.

Fue así como en menos de cuatro décadas y, a pesar de no poder hablar el idioma español con fluidez, lograron forjar una base económica comunitaria autosuficiente, lo que captó la preocupación de los ciudadanos de clase alta, así como de los funcionarios del gobierno.

Que tomó cartas en el asunto de inmediato, al condicionar a la United Fruit Company, a «no emplear negros del Atlántico» en la nueva Concesión del Pacífico. Entidad que era el empleador más grande del país en ese momento.

Entonces, así fue como de repente se encontraron atrapados en un país extranjero, con las puertas del mayor empleador de mano de obra del país cerradas para los inmigrantes negros y sus hijos. (Decreto Ley No.13 de 1935).

Ese incidente marcó un hito para la relación racial en Costa Rica durante la siguiente mitad de siglo. Además de ser la primera evidencia documentada de políticas gubernamentales dirigidas a frenar la riqueza y el progreso de las familias negras en el Caribe.

Sin mucho alboroto las familias se dividieron, y mientras que los más adultos se quedaron para proteger sus tierras, los jóvenes más aventureros emigraron al sur para buscar empleo en el país vecino de Panamá, particularmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Ciudad de Panamá.

Por medio de un mensajeros personales o viajeros («ferrocarril subterráneo») los hijos, hijas, padres y hermanos mantuvieron una comunicación constante a través de las líneas fronterizas, durante las siguientes dos décadas (mediados de los años 30 a mediados de los 50); cuando algunos decidieron regresar a casa, mientras que otros se dirigieron a Estados Unidos.

Aquellos que regresaron a Costa Rica, se unieron a sus padres o parientes mayores para proteger y continuar desarrollando las propiedades de la familia; eso para evitar que la historia se repitiera.

Por su parte, quienes continuaron su migración a Estados Unidos nunca olvidaron a sus familiares en Costa Rica.

Aparte de apoyarlos económicamente con remesas periódicas de acuerdo a sus propias limitaciones, ayudaron a sus familiares y amigos a llegar también a EE.UU. donde había mayores oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida.

Creándose así la corriente migratoria de la década de 1960 desde la provincia de Limón hacia América del Norte; que se convirtió en el bombo popular del momento.

Por otro lado, a principios de los años 70, la riqueza y la prosperidad de las familias negras costarricenses estaba en un pico histórico, con la tenencia masiva de tierras, que no solo incluían hermosas propiedades frente al mar; sino, también cientos, si no miles de hectáreas de las tierras más fértiles y productivas del interior de la región caribeña, pero sin las familias para desarrollarlas debido al ya citado desarraigo.

Evidentemente, la «gran solución» de las autoridades gubernamentales de 1935 no cumplió sus propósitos; lo que los llevó a experimentar con un nuevo método en la década de 1970.

Lo que resultó en la confiscación masiva de sus tierras, paralela a una política de redireccionamiento de inversiones destinadas para la región, tanto privadas como públicas; así como las de empresas extranjeras.

Si bien no se emiten recibos por actos de racismo y corrupción, tenemos el triste recuerdo del caso documentado de la compañía JACK ROYAL PARKER ASSOCIATE, INC.

Empresa con sede en New Jersey, Estados Unidos, que en 1978 se interesó en establecer Parques Industriales y Zonas Francas en Limón, para albergar al menos 22 empresas industriales, lo que generaría un estimado de 4,500 nuevos empleos en aquel momento.

A pesar de los esfuerzos incansables de nuestro entonces Congresista Daniel Jackson Freedman y el apoyo de la Junta Directiva y Ejecutivos de Japdeva, este esfuerzo pionero de crear PARQUES INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS EN EL CARIBE se vio frustrado, solo para reaparecer con fuerza en el Valle Central una década después; específicamente en Alajuela y Heredia (Zona Franca BES en El Coyol de Alajuela y Ultrapark en El Barreal de Heredia). Ambos con autorización de funcionamiento a partir de 1990.

El alcance de dicha actividad económica hace 7 años superaba los 80.000 empleados.

Según un informe de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) titulado: «Balance de las Zonas Francas», «el empleo directo formal generado por las empresas en zona franca fue de 82.086 en el 2015». Con un «beneficio país neto de $3.179 millones».

Ahora, ¿te imaginas cómo se vería hoy el Cantón Central de Limón (Ciudad de Limón) y la costa del Caribe con una cuarta parte de esos empleos (20,000)?

Sin duda, habría alterado el continuo desarraigo de jóvenes limonenses hacia Estados Unidos y el valle central del país en busca de oportunidades laborales, con la consecuente división y debilitamiento de familias y comunidades; tal como les sucedió a nuestros antepasados cuatro décadas antes con la prohibición de trabajar con la United Fruit Company en las fincas del Pacífico, citada anteriormente.

Así las cosas, el fracaso del más reciente Proyecto “LIMÓN CIUDAD PUERTO”, liderado por el hermano del entonces Presidente de la República, debe verse en el contexto de una continuidad política institucionalizada, orientada al desarraigo y desintegración de las familias negras limonenses; aunque también afecta a familias no afrocostarricenses que ahora viven en el Caribe.

Bajo el mismo lente, debemos mirar y evaluar las políticas gubernamentales actuales respecto a las áreas de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), declaratorias de «Patrimonio Natural Estatal (PNE)» y Territorios Indígenas, que incluyen propiedades ancestrales de familias afrocostarricenses, y a quienes ellos hayan vendido por razones de necesidad y subsistencia.

Sin duda estamos en la encrucijada de una batalla centenaria, que solo unidos venceremos tal desafío de no caminar por el mismo camino de nuestros ancestros.

Publicado originalmente en https://www.facebook.com/296937617065353/posts/5071836032908797/?sfnsn=mo

FECON: sobre inversión de consorcio de Dubai en Papagayo

SURCOS comparte la siguiente información:

El One&Only Papagayo es un megaproyecto que pretende seguir cargando con más actividad humana al hermoso golfo de Papagayo. FECON no está a favor de este tipo de megaproyectos, porque consideramos que el turismo debe ser social y ambientalmente justo, distribuyendo los beneficios entre las comunidades y no concentrándolos en manos de grandes capitales extranjeros.

Desde nuestra perspectiva, no cumple con el perfil de un proyecto justo y ambientalmente sustentable. Es una inversión para un turismo de élite, excluyente, que no ofrece oportunidades reales a las comunidades locales. Más bien consideramos que ha sido ofrecido irresponsablemente a los inversionistas sin saber si tiene viabilidad en el contexto actual de la zona. 

FECON tiene muchos argumentos para no estar de acuerdo con este tipo de desarrollo excluyente que se implementa en Guanacaste. La experiencia de las comunidades locales con el megaturismo no ha sido buena. La pobreza se ha mantenido creciente al lado de las zonas hoteleras y la desigualdad ha aumentado. Por eso explicamos por qué este proyecto no solucionará los problemas de la zona.

La política de Estado respecto a la Zona Marítimo Terrestre está mal. Ha sido un desastre a nivel social y ambiental. Como resultado ya tenemos playas altamente contaminadas y ecológicamente amenazadas por el desarrollo desregulado y el desinterés institucional en garantizar un turismo verdaderamente en armónico con las características ecológicas del territorio en el que se instala.

El modelo de desarrollo en Dubai, de donde proviene la inversión propuesta, no es un ejemplo de manejo ambiental responsable, sino todo lo contrario. Aparte de bombos y platillos por la construcción de un mega-hotel, no se habla de un concepto de sostenibilidad (porque es imposible que lo tenga), sino de un hotel 7 estrellas, lo que tiene muchas implicaciones.  

Así como se habla de prácticas amigables con el ambiente, sabemos que muchos desarrollistas han llegado a Guanacaste con una visión desinteresada en los impactos ambientales de sus negocios. Muchas personas locales han denunciado la destrucción y depredación de los recursos costeros. A algunos inversionistas sólo les importa apoderarse de los bellos paisajes costeros a cualquier costo ambiental y este proyecto no será la excepción. 

Desarrolladores e instituciones fingen ceguera ante la afectación de los ciclos ecológicos de especies que dependen del equilibrio marino-costero o de la interconectividad de ecosistemas terrestres que arrasan los desarrollos inmobiliarios como este. El crecimiento inmobiliario, actualmente sin verdadero control, elimina a gran escala importantísimos remanentes de bosque seco (altamente vulnerable a desaparecer) en las áreas costeras. También se sabe que algunos desarrollos inmobiliarios han borrado y hasta extraído ilegalmente patrimonio arqueológico de los sitios donde operan, ante la ausencia institucional.

En Guanacaste el megaturismo ha significado la destrucción del tejido social de las comunidades y el desplazamiento de las personas locales de los espacios de más valor paisajístico y recreativo. Hay una marcada exclusión económica de los pueblos en beneficio del turismo y este proyecto no va a ser la excepción. 

Proyectos de este tipo han profundizado el abandono institucional de las poblaciones costeras originales, que finalmente quedan a merced de lo que hacen o dejan de hacer los inversores privados. Las decisiones públicas quedan sometidas a los intereses privados. Hay que conversar con la gente de las comunidades para saber todo esto que está pasando hoy en muchos lugares.

Agua privatizada

Los desarrollos de Papagayo ya son ejemplo de insostenibilidad en el consumo de agua. Con megaproyectos como el One&Only se continúa concentrando en pocas manos los limitados recursos hídricos de Guanacaste. Los acuíferos son vulnerables y en estos complejos turísticos se consume el agua a gran escala. 

Los pueblos de Guanacaste no juegan al golf ni se bañan en piscinas, pero una cancha de golf, piscinas y la carga turística diaria de hasta mil personas en este complejo turístico podrían consumir perfectamente la misma agua que necesita toda la población actual del distrito de Nacascolo, donde se pretende construir.

Recordamos que por sostener altos flujos de turismo en esta zona, sin los estudios técnicos y científicos previos, ya se han desgastado y salinizado acuíferos como el de Playa Panamá. Y con este proyecto de One&Only, hasta ahora no ha habido información pública sobre los fundamentos técnicos que garanticen la viabilidad del megaproyecto, solo el anuncio de la inversión. Recordemos que algo parecido pasó con Crucitas y El Diquis, anunciados como panaceas sin tener los estudios que respaldan su viabilidad ambiental.

Hoy hay pueblos guanacastecos que padecen por la carencia de agua potable y servicios de calidad. Su derecho humano está siendo violado. Mientras que hoteles y condominios privados toman control de las ASADAS y se auto-otorgan permisos para servirse de las fuentes de agua vulnerables de la zona sin estudios que respalden.  Los inversores extranjeros se enriquecen en este momento con el control ilegal y la concentración inmoral del agua de los guanacastecos.

Con todo esto que sabemos por la cercanía de FECON con organizaciones locales guanacastecas, concluimos que, más que concesiones, en la costa de Guanacaste se establecen enclaves que privatizan la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica sin importarles gran cosa el futuro de las comunidades locales. 

Para los extranjeros, si el agua se acaba pueden irse, no sin antes haber multiplicado sus riquezas a través del turismo de lujo. Pero los pueblos no tendrán la misma opción cuando estén sin agua y sigan en condición de pobreza, porque el megaturismo no ha resuelto este problema crónico en la provincia.

Negociaciones antidemocráticas

El negocio del megaturismo ha demostrado moverse a través de negociaciones poco transparentes entre desarrolladores, municipalidades y demás instituciones. Eso desencadena los conflictos con las comunidades que son excluidas de los planes de desarrollo, porque al final sólo se negocia en altos niveles y se le vende a la gente el trillado discurso de los empleos. 

Los Gobiernos sólo ofrecen megaturismo y no tienen otras opciones económicas para las comunidades ni tienen ideas de los intereses reales de la gente. Nos preguntamos ¿Habrán consultado a alguien de las comunidades impactadas directa o indirectamente? De seguro no, pero sabemos que será un buen negocio para la industria de la construcción. 

Al final los pueblos guanacastecos son despojados del acceso público a las playas cuando proyectos privados de alta gama se instalan. El hotel 7 estrellas toma su zona y controla su parte de playa para que sus clientes no tengan molestias fuera del control de sus guardas. Es el mismo turismo privatizador que vemos hoy en Guanacaste y con el que no podemos estar de acuerdo.

No podemos estar de acuerdo con la política antidemocráctica del gobierno de ir por el mundo ofreciendo a grandes capitales extranjeros venir a invertir en megaproyectos en nuestro país, sin dar a conocer las condiciones y fundamentos para hacer este tipo de negociación. Eso lo hacen porque no tienen planes reales de desarrollo inclusivo y equitativo para las comunidades guanacastecas. Sólo aumentarán la desigualdad y eso está en contra de nuestros valores como organización.

Lo último y no menos importante, es decir que necesitamos escuchar lo que piensan y ven cada día muchas comunidades que están silenciadas y afectadas por la imposición del megaturismo, que amenaza con arrebatarnos muchas otras playas de Guanacaste, que por principio deberían ser de libre acceso para la recreación sana de todos los costarricenses. 

FECON está comprometido en dar la lucha con los pueblos costeros por un futuro seguro, económicamente justo, donde se respeten todos los derechos y el Estado garantice bienestar real. One&Only Papagayo, reiteramos, no es una solución a ningún problema de los que enfrenta Guanacaste, solo continúa la ruta de la privatización. 

Rutas de recuperación justa – Boletín N° 4. Recuperación de la zona marítimo terrestre

Recuperación de la zona marítimo terrestre

Dentro del Patrimonio Natural del Estado se encuentran las zonas costeras. Técnicamente conocida como Zona Marítimo Terrestre (ZMT), es una franja de 200 metros definida a partir de la línea de marea alta. Los primeros 50 m desde el mar son Zona Pública y los restantes 150 m como Zona Restringida. 

En este boletín se encontrará información sobre la situación actual de la Zona Marítima Terrestre, que se encuentra bajo alta presión por los intereses comerciales de todo tipo, que pretenden capitalizar el paisaje, la ubicación estratégica y los recursos en esta franja de dominio público.

El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en junio sobre el tema energético con las presentaciones de Ethel Araya de la Asociación Cívica Nosara, Luis Monge de Ríos Vivos y FECON, además de Arturo Silva, representante de la agencia de investigación AlbaSud.

Se adjunta boletín, tanto en su versión en español como en inglés.

Piden archivar expediente #22553 que afectaría a habitantes de las costas

Nosotros, los habitantes costeros de Costa Rica estaríamos en un gran problema si se aprobara la ley con el expediente# 22553. Si así fuera el caso, estaríamos amenazados por el desalojo ya que modifica la actual ley 6043 de la zona marítimo terrestre eliminando los artículos 8 y 69 de dicha ley.

Además, nos pondría a competir con los grandes inversionistas porque las municipalidades tendrían la potestad de entregar nuestras tierras al mejor postor en concurso público. Lo que en realidad necesitamos es el título de propiedad en la zona restringida para que la reactivación se haga efectiva.

Por favor apóyenos enviando esta petición a los diputados de la Asamblea Legislativa como ya lo hemos hecho muchos habitantes costeros, inclusive negándoles el voto a los partidos de los diputados proponentes de esta nefasta ley. 

En el enlace adjunto puede firmar la petición: https://www.change.org/p/comision-gobierno-asamblea-go-cr-archivar-expediente-22553

 

Compartido con SURCOS por Victoria Quirós.

Otra denuncia pública por usurpación de Zona Marítimo Terrestre

  • Esta vez en Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste

SURCOS comparte la siguiente información:

Teresita Matarrita realizó una denuncia pública ya que particulares colocaron cercas de alambre y madera, adoquines y siembran árboles de mango en calle pública. Lo que solicita la denunciante es que se abra la calle que conectaba con esta playa, misma que existió durante muchos años y que por falta de seguimiento no se tomaron medidas para evitar la situación que hoy se señala.

Matarrita hace un llamado a los costarricenses para que tomen en cuenta que esta situación no pasa solo en Guanacaste y tomar acciones para que esta situación no continúe, pues estos espacios pertenecen a todas las personas, además que la zona marítima debe respetarse, más allá de los “chorizos” que se dan frente a los ojos de las personas. 

Además, expone que los ciudadanos no denuncian estas situaciones y que en realidad se debería, ya que estos espacios son de todas las personas. También crítica a la Municipalidad de Santa Cruz, pues la gestión ha sido ineficiente en estos temas de apropiación y privatización de la zona marítima guanacasteca. 

La pregunta que se derivan de esto es:

¿Será archivada otra denuncia en la Municipalidad de Santa Cruz por 20 años más?

La invitación es para que denuncie, apoye, se manifieste y haga valer sus derechos. No permita que nos roben la Zona Marítima Terrestre.

¡LAS PLAYAS SON LIBRES, NO SEAMOS PENDEJOS!

Le invitamos a ver el video de la denuncia pública de Teresita Matarrita:

https://www.facebook.com/watch/?v=518049259307254&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

Siga más noticias en las redes de: 5w Video Noticias

 

Enviado a SURCOS por Dany Villalobos.

Recuperación de la Zona Marítimo Terrestre

La Federación Ecologista FECON y las Comunidades Ecologistas la Ceiba invitan al segundo encuentro de Rutas de recuperación justa – Diálogos virtuales, con el tema de análisis: “Recuperación de la Zona Marítimo Terrestre”.

Día: viernes 11 de junio de 2021

Hora: de 4:30 pm a 6:00 pm.

Se contará con la participación de:

  • Arturo Silva | ALBASUD
  • Ethel Araya | Asoc. Cívica Nosara
  • Luis Monge | Ríos Vivos – FECON

Unirse a la reunión Zoom – https://zoom.us/j/94116012686

Para mayor información al número 8420-9643

FECON demanda sanear Zona Marítimo Terrestre en Marbella de Santa Cruz

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) ha solicitado a la Municipalidad de Santa Cruz que proceda a sanear la situación en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del sector de Marbella, dentro del distrito de Cuajiniquil.

La semana pasada se presentaron una serie de demandas ante los órganos municipales, para que se lleven a cargo las acciones correspondientes para corregir varias ilegalidades que se dan en esta zona costera, las cuales fueron identificadas por organizaciones comunales de Marbella.

Las demandas presentadas por FECON son las siguientes:

1) Anular un Acuerdo Municipal aprobado sin fundamento técnico-ambiental en diciembre del 2019, que autorizó la instalación de un alumbrado eléctrico que estaría afectando el ciclo de reproducción de las tortugas en esta zona, de forma que sea eliminada esta instalación.

2) Investigar extralimitaciones en el uso de los permisos de construcción otorgados a un bar-restaurante que ha establecido infraestructuras ilegales usurpando la ZMT.

3) Demolición de una casa de madera dentro de la ZMT, que fue construida en el área sin contar con la licencia ambiental como lo establece la Ley de Construcciones.

4) La demolición de un puente construido sin licencia ambiental, permisos de obra en cauce por Dirección de Aguas en playa del Coco de Marbella.

5) Además se solicitó información al Área Conservación Tempisque (ACT) sobre una denuncia por tala dentro del manglar de playa del Coco, que presentó la propia ACT, con el fin de sumar a FECON como parte denunciante.

La ZMT debe ser manejada con criterios de ordenamiento.

Lo que la comunidad de Marbella pone en evidencia es la falta de criterios legales y ambientales para administrar la ZMT por parte de la Municipalidad en Santa Cruz. La violación sistemática y continua de la normativa por parte de quienes construyen irregularmente y la inacción por parte de la Municipalidad y el MINAE no es un mal menor.

Las demandas señalan posibles daños irreversibles sobre el ambiente costero y en el ecosistema de manglar. La carencia de estudios científicos previos para las obras contradice los principios de la Administración Pública en los que se debe basar el trabajo de la Municipalidad y que generan incertidumbre respecto a los impactos futuros, por lo que se apela a la eliminación de las obras como establece la legislación.