Freddy Pacheco León

Cuando el Departamento de Servicios Técnicos, de la Asamblea Legislativa, comunique al Directorio su dictamen acerca de los CUATRO proyectos incluidos en el «proyecto Jaguar», se habría de hacer las consultas a la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia. Consultas que, por legalidad y consideración a los señores magistrados, se tendrían que hacer por separado, para cada uno de los proyectos respectivos.

Para ello, la Sala debería contar con el plazo máximo dispuesto para el estudio y resolución de cada uno, pues jamás podría jugar, en un trámite tan trascendental, el concepto del «combo», pese a haber sido remitidos cual si fuese un solo componente de lo que se sometería a votación en el Plenario Legislativo.

Se trata de proyectos tan diversos, como el del uso por privados, de terrenos demaniales bajo la custodia de Japdeva, el de desfigurar la estructura y funciones, de la Contraloría General de la República, así como la flexibilización de la Ley de Contratación Pública, para liberarla de controles constitucionales.

Por supuesto, que lo mismo se aplicaría, para el TSE, quien también tiene el deber de tratar de determinar, previamente, la existencia de posibles roces con la Constitución Política, en algunos o en los cuatro proyectos, que le fueron presentados, con sabrosos ingredientes, cual  «tamalito» de temporada, para no hacer incurrir al pueblo, en un error, costoso, pero evitable.