Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD)

Considerando:

            Primero.- Desde el momento en que asumió el cargo de Presidente de la República, Rodrigo Chaves no ha dejado de atacar al Poder Judicial, con la clara intención de debilitar la institucionalidad republicana que juró defender.

            Segundo.- En su último acto de maledicencia a la institucionalidad y al Estado de derecho, Rodrigo Chaves atribuyó a tres jueces integrantes del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, el gravísimo hecho de haber negociado la pena que se impuso a un ciudadano condenado por el delito de tráfico de influencias.

            Tercero.- Si el Presidente sospechaba de la comisión del delito de prevaricato, en su condición de funcionario público tenía el deber ineludible de denunciarlo y aportar la prueba en que sustentaba su afirmación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código procesal penal. Caso de no denunciar, cometerá el delito de «incumplimiento de deberes» tipificado en el artículo 339 del Código Penal.

            Cuarto.- Resulta más que evidente que el Presidente no optó por denunciar la supuesta comisión de delito por parte de tres jueces de la República, por cuanto conoce —o al menos debería saberlo— que una de las funciones de todo juzgador es adecuar la pena al hecho acreditado, conforme a las evidencias reunidas a lo largo del proceso. Solo una persona irresponsable, malintencionada o ignorante de la labor judicial, se atrevería a cuestionar una decisión jurisdiccional, sin conocer los pormenores que rodean el expediente en concreto.  En el caso que nos ocupa, haciendo uso del lenguaje chabacano que le caracteriza, impropio de un estadista, en su alocución del día viernes 31 de marzo de 2023, Rodrigo Chaves optó por propalar un ¨chisme¨, profiriendo una clara ofensa al honor y el decoro de los jueces que intervinieron en el juzgamiento de aquel ciudadano, realizando una nueva e irrespetuosa intervención en asuntos que no corresponden a sus funciones, sino a otro Poder de la República.

            Quinto.-  Un Estado democrático debe ser respetuoso de la separación de poderes. En lo que interesa, al Poder Legislativo corresponde establecer cuáles hechos son susceptibles de ser considerados delito y cuál la pena a imponer en caso de comisión. Al Ejecutivo le corresponde la prevención del delito, esto es, brindar seguridad al ciudadano, evitando que los hechos delictivos se cometan. Al Poder Judicial corresponde juzgar a quienes se atribuye la comisión de los hechos delictivos, una vez que ha fracasado la labor de prevención que, corresponde como se dijo al Presidente y sus respectivos Ministros.

            Sexto.- Cada vez que se ha puesto en evidencia durante su mandato, el fracaso en las políticas de prevención del delito, traducidas en el incremento de la inseguridad ciudadana y la comisión de delitos, el Presidente de la República intenta eludir su responsabilidad, culpando al Poder Judicial. A los ciudadanos les interesa que no les roben, no les violen, no los maten, requieren sentirse seguros. Por supuesto que si el Ejecutivo fracasa en esa labor de su exclusiva competencia, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de juzgar a los responsables, pero no se vale atribuir la inseguridad a este último Poder de la República, pues no es esta su función. Tratar de eludir su responsabilidad «echándole la culpa a todos los demás» resulta irresponsable, irrespetuoso y carente de profesionalismo.

            Séptimo.- Urge al país que Rodrigo Chaves comience a gobernar y deje de atacar la estructura constitucional que juró cumplir, en vez de utilizar su pedantería para destruir el Estado de derecho.

Por tanto:

La Junta Directiva del SINDIJUD acuerda:

            1. Emplazar al Presidente de la República Rodrigo Chaves para que de manera directa y concreta aporte las pruebas que le permiten afirmar que en el caso por él aludido el día viernes 31 de marzo de 2023, los juzgadores «negociaron» con el encartado la pena impuesta.

            2. Caso contrario lo emplazamos a retractarse de su dicho, tal cual lo haría una persona de honor.

            3. Dada la inseguridad en la que se encuentra sumido el país en este momento y el incremento en los delitos, instamos al Presidente de la República a ocuparse con eficiencia de los asuntos que al Poder Ejecutivo corresponden. Evitar la comisión de delitos corresponde al Ejecutivo, no al Judicial.

            4. Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de manera expresa, sobre las repetidas e irrespetuosas injerencias del Presidente de la República en asuntos concretos de competencia del Poder Judicial.

            5. Se declara acuerdo firme.