Ir al contenido principal

Autor: Hector Ferlini Salazar

Venezuela convertida en teatro para una obra nueva, de un viejo libreto: geopolítica antes que democracia, Washington, Trump y la utilidad de Maduro

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Yo y muchos latinoamericanos de verdad (el burro por delante), pasamos por todas las etapas del duelo, por la nueva afrenta a la soberanía de una república latinoamericana. En la noche lo discutía con un buen amigo, que me terminó acomodando mis ideas y pensamientos, por eso ¡gracias Jiddu!

Lo que acaba de ocurrir en Venezuela no parece un episodio aislado ni un arrebato tropical. Huele a libreto, a ensayo general de una obra donde los actores principales ya saben cómo termina la función, mientras el público —nosotros— vuelve a salir del teatro con la sensación de que pasó “algo grande”, pero sin entender realmente qué.

Cuando uno junta las piezas, la pregunta deja de ser si fue un show, y pasa a ser: ¿para quién fue el show?

El “dictador narco” armado hasta los dientes y que no disparó un tiro. La narrativa oficial occidental sobre Maduro es ya un cliché: “dictador narco, violento, sostenido por el Tren de Aragua, con el ejército mejor armado de la región, respaldado por la inteligencia rusa y la tecnología china, protegido por las mejores baterías antiaéreas del mundo”.

Si uno se traga completo ese relato, debería esperar que cualquier amenaza externa termine en:

– cierre del espacio aéreo,

– cadenas nacionales histéricas,

– movilización militar real,

– y una escalada al borde de la guerra.

Pero lo que vimos fue otra cosa: cero disparos, cero confrontación real, Maduro apareciendo relajado, casi burlón, con frases en inglés para la audiencia internacional, como si acabara de salir de un late night show, no de un intento desestabilizador serio.

Esa disonancia es importante: o la amenaza nunca fue tan grave como se nos vendió, o la respuesta fue deliberadamente moderada porque ya había acuerdos previos. En ambos escenarios, la idea del “dictador impredecible” pierde fuerza. Lo que aparece, más bien, es un régimen que sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin incomodar a los verdaderos poderes con los que negocia.

Otro dato que no encaja con la narrativa épica de la confrontación total: las figuras clave del régimen permanecen intactas. La vicepresidenta, ya es una pieza central en los puentes con Washington, no es tocada.

Pero, sobre todo, Diosdado Cabello, verdadero poder militar y operador interno, sigue donde mismo, sin ruido, sin sanciones nuevas de alto impacto, sin intentos serios por aislarlo.

Si la prioridad real fuera “derrocar la dictadura” o “desarticular un narcoestado”, uno esperaría acciones directas sobre quienes sostienen el aparato de poder. Pero no. Lo que vemos es una especie de respeto tácito por la estructura básica del régimen.

Esto se parece menos a una cruzada por la democracia y más a una administración de equilibrios: que el régimen se mantenga suficiente para garantizar control territorial, contención migratoria y flujo estable de petróleo; pero lo bastante presionado como para seguir sentado en la mesa de negociación.

Aquí entra Estados Unidos en escena. El detalle importante no es si aparece Trump, Biden o cualquier otro. Es que, para Washington, Venezuela no es ante todo un drama democrático: es una pieza geopolítica.

Venezuela sirve como: primero, una válvula de ajuste energético por el petróleo disponible cuando conviene, presionable con sanciones cuando es útil.

Además, es un muro migratorio indirecto: un régimen que controla su población, aunque sea a costa de represión, puede ser un aliado incómodo pero funcional.

Ficha en la mesa con Rusia, China e Irán: Caracas es un recordatorio permanente de que, si estos actores se acercan demasiado, Washington todavía tiene herramientas para subir o bajar la temperatura.

En ese contexto, un show de tensión controlada con Maduro es útil para todos los que juegan “arriba”:

A Trump le permite alimentar su ego y su discurso de fuerza, de “poner en su lugar” a los enemigos de Estados Unidos.

A los demócratas les permite mostrarse duros sin comprometerse con una intervención real ni un cambio que podría desestabilizar la región. Siguen pensando en las elecciones de medio período de noviembre.

A Maduro le permite reafirmar su rol de “enemigo funcional”: imprescindible para justificar sanciones, negociaciones y presencia geopolítica, pero nunca lo bastante peligroso como para obligar a Washington a ir hasta el final.

El silencio sobre Epstein y otros silencios útiles:

Mientras tanto, algo llama la atención: el tema Venezuela ocupa titulares, paneles, discursos inflamados… mientras otros asuntos se desvanecen del foco mediático. El caso Epstein es el ejemplo más obvio: una trama que toca a élites financieras, políticas y mediáticas de alto nivel, y que de pronto desaparece o queda encapsulada en piezas aisladas, sin consecuencias proporcionales.

No es conspiración barata decir que la agenda pública es limitada. Solo caben pocos grandes temas a la vez. Y cuando uno de esos espacios se llena con “crisis en Venezuela”, automáticamente se desplaza el resto. Lo importante no es afirmar que “Venezuela se inventa para tapar Epstein”, sino entender que el sistema mediático es perfecto para administrar prioridades: amplificar lo que conviene, silenciar lo que incomoda.

En ese sentido, la sobreactuación en torno a Maduro cumple una función clara: organiza la conversación mundial en torno a un conflicto manejable, con villanos identificables y relatos fáciles de digerir, lejos de escándalos que cuestionan estructuras enteras de poder en Occidente.

Los grandes ausentes: ¿Y la oposición?

Mientras se negocia entre bastidores, la oposición democrática venezolana queda fuera de cuadro. María Corina Machado y el supuesto presidente legítimo apenas aparecen como notas al pie. No son actores centrales del libreto; son utilería.

Esto es brutal, pero necesario de decir: Para buena parte de las potencias, la oposición democrática es un recurso retórico, no un socio estratégico.

Sirve para justificar sanciones, para llenarse la boca con la palabra “democracia” y para apuntalar discursos de campaña. Pero cuando llegan las decisiones duras —¿Quién controla el territorio? ¿Quién garantiza que el petróleo fluya? ¿Quién mantiene el orden interno? — las potencias no miran a los demócratas, miran al régimen.

Por eso la sensación de ninguneo: porque es real. La lucha democrática venezolana existe, resiste, sufre, pero no es quien define el tablero. El régimen, con todos sus crímenes, sigue siendo el interlocutor útil.

Al final, la escena se repite:

Se construye un relato de confrontación total… Se amplifica el miedo, el drama, la urgencia…. Se habla de dictaduras, narcos, terror, guerra inminente…

Y cuando se baja el volumen, lo que queda es exactamente lo mismo: el régimen en el poder, los verdaderos jefes intocados, las potencias jugando a dos bandas, y la ciudadanía —dentro y fuera de Venezuela— reducida a espectadora.

La pregunta ya no es si “esto fue solo un show”.

La pregunta es: ¿cuántas veces más vamos a aceptar la entrada al teatro sin exigir ver el contrato de los actores?

Porque mientras sigamos consumiendo el conflicto como espectáculo, seguirán escribiendo libretos donde el costo lo pagan los pueblos y la ganancia se la reparten los mismos de siempre. Y ahí sí, una vez más, nos habrán vuelto a tomar por pollos.

La crisis en Venezuela exige una salida democrática, civil y conforme al derecho internacional

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

IDDECO

Desde IDDECO Internacional y sus sedes regionales, observamos con profunda preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela derivados del bombardeo de su territorio y la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de los Estados Unidos. Este hecho, de carácter extraordinario, no solo impacta el escenario político venezolano, sino que plantea interrogantes de alto calado sobre el respeto a la soberanía de Estado, los límites del uso de la fuerza y la vigencia del orden jurídico internacional.

Si bien durante años se ha documentado el deterioro democrático, la ausencia de elecciones libres, la falta de respeto a los derechos humanos y la erosión institucional en Venezuela, reiteramos que la remoción de un gobierno por medios militares externos no constituye, por sí misma, una transición democrática ni garantiza la restitución del Estado de derecho. Por el contrario, configura un contexto de profunda inestabilidad política y de elevados riesgos para los derechos humanos, que debe ser abordado con responsabilidad, apego a la legalidad y una visión de largo plazo. Sienta un precedente que pone en peligro el sistema de relaciones internacionales instaurado por la Carta de Naciones Unidas, cada vez más cuestionada, y permite la justificación de acciones similares en otras partes del planeta.

Desde esta perspectiva, IDDECO Internacional considera indispensable reencauzar la discusión hacia una salida política, civil y constitucional, que permita evitar la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de crisis. Entendemos que el sistema democrático es el más adecuado para el mejor funcionamiento de una sociedad. La separación de poderes, con un legislativo elegido en sufragio universal con control y garantía de la limpieza del proceso electoral, con un ejecutivo que actúa de acuerdo con el marco legal y un poder judicial independiente que supervisa la acción ejecutiva. Eso no ha sido posible en Venezuela y su recuperación debe depender únicamente de la voluntad del pueblo venezolano expresada libremente.

Paralelamente, advertimos que el uso de la fuerza militar extranjera en territorio venezolano tensiona principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. La estabilidad regional y global no puede sostenerse sobre decisiones unilaterales que debilitan los marcos multilaterales construidos precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

La captura de un jefe de Estado, sin autorización del Consejo de Seguridad, no puede leerse como un hecho aislado. Introduce una lógica de excepcionalidad permanente que debilita las normas diseñadas precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

El respeto a la soberanía, a los tratados internacionales y a los mecanismos multilaterales no es un obstáculo para la defensa de la democracia y los derechos humanos; por el contrario, constituye su principal garantía de coherencia, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

Cuando el derecho se subordina a la oportunidad política, lo que se resiente no es solo un país concreto, sino el sistema de garantías que protege a todos los Estados, especialmente a aquellos con menor capacidad de influencia.

Consideramos, que el impacto de esta operación debe analizarse en clave regional. América Latina, con una historia marcada por intervenciones externas, se enfrenta al riesgo de que se normalice el uso de la fuerza como instrumento de gestión de crisis políticas, con efectos previsibles sobre la confianza entre Estados, la estabilidad institucional y la calidad democrática. Por lo que hacemos un llamado a los Estados a que se exija el respeto a los Tratados, Acuerdos y marcos del Derecho Internacional que vigilan el cumplimiento de garantías y con ello el resguardo de la democracia de la Región.

Desde IDDECO subrayamos que la defensa de la democracia y de los derechos humanos no puede desligarse del respeto al derecho internacional, sin vaciar de contenido a ambos. La fortaleza de esos valores depende, en última instancia, de que se apliquen de forma coherente y no selectiva.

Concluimos señalando la necesidad de reafirmar el papel de las Naciones Unidas y del multilateralismo como espacios centrales para la gestión de conflictos y la rendición de cuentas, en un momento en el que el equilibrio entre poder y derecho vuelve a situarse en el centro del debate internacional.

IDDECO Internacional
Compromiso con la Integridad

Pensar en tiempos de la inteligencia artificial: una preocupación humanista

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

José Rafael Quesada / pressenza

Vivimos una época paradójica y compleja. Nunca antes la humanidad había tenido tanto acceso a información, herramientas de análisis y tecnología avanzada como hoy; sin embargo, asistimos a una disminución preocupante del pensamiento crítico, de la reflexión profunda y de la capacidad de escucha. Se lee menos, se estudia menos, se dialoga menos y se reacciona más. En este contexto reducido, la inteligencia artificial y la llamada “singularidad tecnológica” aparecen como una promesa ambigua: pueden ampliar la conciencia humana o, por el contrario, adormecerla.

El riesgo no reside únicamente en la tecnología, sino en la actitud que adoptamos frente a ella. El “scroll infinito”, la sucesión incesante de estímulos, noticias, videos y opiniones erosiona silenciosamente nuestra capacidad de concentración y de elaboración propia del pensamiento. El tiempo que antes destinábamos a reflexionar hoy se diluye en una corriente continua de consumo pasivo.

Como advertía Isaac Asimov, “el verdadero peligro no es que las computadoras empiecen a pensar como los hombres, sino que los hombres empiecen a pensar como computadoras”. Una frase escrita décadas antes del auge de la IA, pero inquietantemente actual.

La dificultad de pensar(se)

A este fenómeno se suma un elemento más profundo e incómodo: la dificultad personal para ejercer la autocrítica. Pensar críticamente no solo implica cuestionar el mundo exterior, sino también aceptar la incomodidad de revisar nuestras propias ideas, escuchar objeciones y reconocer límites.

Vivimos una expansión de la opinión sin reflexión, una acriticidad activa en la que el pensamiento se vuelve identitario y defensivo. La inteligencia artificial, en este contexto, puede convertirse en una prótesis peligrosa si sustituye —en lugar de potenciar— el esfuerzo humano de pensar.

Arthur C. Clarke lo expresó con lucidez al afirmar: “Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. El problema surge cuando aceptamos esa “magia” sin comprensión, sin preguntas y sin conciencia de sus efectos sobre nuestra forma de pensar.

Tecnología, conocimiento y conciencia

La ciencia ficción ha sido, en realidad, una gran escuela de pensamiento crítico. No por anticipar tecnologías, sino por obligarnos a pensar en sus consecuencias humanas, culturales y éticas.

En ese sentido, la obra de Liu Cixin aporta una perspectiva fundamental desde otra tradición cultural e histórica. En El problema de los tres cuerpos y el resto de la trilogía, el autor introduce una idea clave: la fragilidad de la civilización.

Como señala Liu Cixin: “En el universo, la supervivencia de una civilización depende de su capacidad para comprender su propia fragilidad”. Esta frase desplaza el foco desde el poder tecnológico hacia la conciencia histórica y colectiva.

La nueva desigualdad: quienes pueden pensar y quienes no

Junto con la caída de las grandes ideologías del siglo XX, asistimos al aumento de desigualdades tradicionales y al surgimiento de una nueva brecha silenciosa: la desigualdad cognitiva. Ya no se trata solo de ingresos o acceso a tecnología, sino de acceso al pensamiento.

Hay personas que nacen en contextos donde el tiempo para pensar, estudiar y reflexionar existe; y otras que nacen en condiciones donde la supervivencia inmediata impide el desarrollo del pensamiento crítico. Esta nueva desigualdad separa a quienes pueden comprender el mundo de quienes solo lo padecen.

Asimov advertía algo esencial para este punto: “La autoeducación es, creo firmemente, la única forma de educación que existe”. Cuando las condiciones sociales niegan esa posibilidad, la desigualdad se vuelve estructural y profunda.

El deber humanista en esta época

En este escenario, definirse como humanista no es una postura moral abstracta, sino una responsabilidad histórica. Ser humanista hoy implica trabajar activamente para democratizar el acceso al pensamiento crítico, defender el derecho a comprender, a preguntar y a disentir.

Implica también crear prácticas concretas —educativas, culturales, comunitarias y tecnológicas— que devuelvan a las personas la capacidad de pensar por sí mismas. La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa si se utiliza para ampliar la conciencia humana y no para reemplazarla.

El verdadero desafío no es estar “a la altura” de la inteligencia artificial, sino estar a la altura de lo humano. Porque el futuro no se jugará únicamente en la velocidad de las máquinas, sino en la profundidad de nuestra conciencia, nuestra capacidad de autocrítica y nuestra voluntad de no renunciar al pensamiento.

Publicado en https://www.pressenza.com/es/2026/01/pensar-en-tiempos-de-la-inteligencia-artificial-una-preocupacion-humanista/ y compartido con SURCOS por el autor.

Laura Fernández promete gobernar Costa Rica de rodillas

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Martín Rodríguez Espinoza

En el mundo real, no en el discurso vacío, las palabras derecho internacional, democracia, libertad y respeto a la soberanía han sido pisoteadas una y otra vez por los Estados Unidos, el Estado terrorista #1 del mundo. No como accidente, sino como método. Invasiones, bombardeos, golpes de Estado, bloqueos y asesinatos han marcado su historia como imperio, exactamente igual que todos los imperios que lo precedieron. El más reciente, el secuestro de un presidente, el de Venezuela. Ante esa realidad, los pueblos del mundo solo enfrentan dos caminos posibles: la dignidad o la sumisión.

En ese contexto, resulta profundamente preocupante, y ofensivo para la memoria histórica de Costa Rica, escuchar a aspirantes a la presidencia ofrecer, sin pudor, una política exterior basada en la obediencia y la entrega. La posición de Laura Fernández, quien plantea “estrechar la cooperación” con agencias como el FBI, la DEA y el gobierno de EEUU, no es una propuesta soberana ni valiente, es una declaración de subordinación. Y no se trata de que tenga que romper relaciones con los yanquis, ni ningún país del mundo. Es asumir, de antemano, que Costa Rica no puede, o no debe, decidir por sí misma, que su seguridad y su futuro deben quedar en manos de una potencia extranjera con un largo prontuario de intervención y violencia.

Este discurso no es nuevo. Es el viejo lenguaje de los gobernantes temerosos, incapaces de plantarse con dignidad frente al poder imperial. Gobernantes que prefieren agradar a Washington, aunque eso implique poner en riesgo la soberanía, la institucionalidad y los derechos de su propio pueblo. Cambian los nombres, cambian los partidos, pero la lógica servil es la misma.

Y por eso la comparación histórica es inevitable. Costa Rica no nació ni se sostuvo de rodillas.

Hubo un tiempo en que este país tuvo dirigentes que entendieron que la patria no se negocia. Juan Rafael Mora Porras, Juanito Mora, enfrentó al imperio de su época con coraje, defendiendo la soberanía centroamericana frente al intento de convertirnos en esclavos, sin pedir permiso ni agachar la cabeza. Esa actitud firme y patriótica es la que debería guiar a cualquier persona que aspire a gobernar este país.

Hoy, sin embargo, se nos quiere convencer de que la sumisión es “realismo”, de que obedecer es “cooperación”, de que entregar soberanía es “responsabilidad”. No lo es. Es cobardía política. Es renunciar a la dignidad nacional antes siquiera de llegar al poder.

Costa Rica merece algo mejor que candidatos dispuestos a administrar la obediencia. Merece liderazgo con memoria histórica, con valentía y con respeto por la soberanía. Porque cuando un país pierde su dignidad, lo pierde todo. Y esa es una lección que no deberíamos permitirnos olvidar.

Pero también es una amenaza, clara y contundente. El objetivo no es atacar y perseguir las bandas de delincuentes y narcos, se trata de poner bajo la bota a todo aquel que no acepte, con la misma sumisión, lo que ellos quieran hacer.

Tal como lo hacían en la época del imperio romano, los Prefectos eran los Gobernadores designados directamente por el emperador, con funciones administrativas, judiciales y militares. Ese es el papel que le espera a Costa Rica con Laura Fernández y cualquier otro aspirante a la silla presidencial que anteponga los intereses de EEUU sobre los de su propia patria.

6 de enero 2026

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

Con la música por dentro

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Es una fresca tarde de julio en Caracas. Corre un viento calmo, una suave brisa que nos abraza y arrulla. Todo en el Barrio San Agustín es una aceitada maquinaria de color, olor y sabores.

Todo mezclado, diría Nicolás Guillén, quien también diría “Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río” …es inevitable leer estas letras del Son Número Seis y al mismo tiempo garabatear algunos pasos en el pavimento.

Es inevitable no hacerlo al entrar a uno de los lugares más icónicos del Barrio San Agustín del Sur, en Caracas: El Rincón del Pichón. En todas sus paredes se destila historia de la salsa latinoamericana más dura y clásica. Todo ese sitio es una poesía que lleva la música por dentro.

Pero es que todo San Agustín es eso: resistencia, pulsión, color. Un espacio urbano absolutamente coloreado con los más hermosos tatuajes en sus paredes. En uno de esos murales se lee “la pelea es bailando” y entonces entiendo el concepto de resistencia muy ligado a los sonidos y ritmos caribeños de esta Latinoamérica ancha y diversa que somos.

En tiempos en que hemos sido lastimados como región por este “ nuevo reacomodo” de las fuerzas hegemónicas que creen posible entrar a un país, violar su soberanía y ejecutar  «acciones exitosamente quirúrgicas” al precio de una lista que ya suma 50 personas fallecidas, vuelvo a recordar ese lugar de sonidos claros y resistentes; recuerdo el calor de ese barcito histórico en el que nació el grupo Madera, emblema del folclor afro venezolano, las voces de Leonardo Ruiz ( Venezuela), Carlos Aldazábal ( Argentina) y Giselle Lucía Navarro ( Cuba) que junto con la mía llenaron de palabras ese barrio y todas sus marcas de colores. Eran los tiempos del XIX Festival Mundial de Poesía de Venezuela “lugar de permanencia” …y vaya si permanece en el corazón.

Retengo esas memorias a esta hora.

Me devuelvo al mural “la pelea es bailando” y no puedo evitar pensar en toda esa región que somos y que debemos defender desde nuestras trincheras todas. Alguna vez Chavela Vargas dijo “que el fin del mundo nos pille bailando” …yo digo que la resistencia nos encuentre “con la música por dentro”.

Nuestra cercanía humana y espiritual con la Iglesia y el querido pueblo de Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestamos nuestra cercanía humana y espiritual con el querido pueblo venezolano y sus pastores, en los momentos de incertidumbre y dolor que enfrentan.

Motivados por el tiempo de Navidad que vivimos, deseamos que, aún en medio de la preocupación, no decaiga entre ustedes la esperanza, por el contrario, oramos para que se afiance la fe en el Señor y los conforte en estos momentos de dificultad.

Unimos nuestra voz a la del Papa León XIV, recordando que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando juntos para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” (Ángelus 04-01-26).

A todos los hermanos venezolanos que conviven entre nosotros, nuestro cariño y solidaridad. Caminamos juntos, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Como Iglesia de puertas abiertas son siempre bienvenidos al encuentro, la escucha y la celebración fraterna.

Invitamos a todas las comunidades parroquiales, grupos apostólicos, movimientos y demás realidades eclesiales, a unirnos en oración por el noble y hermano pueblo de Venezuela, implorando a Dios, fuente la verdadera paz, les conceda serenidad, sabiduría y fortaleza.

Pedimos la intercesión de la Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, cuya canonización acabamos de vivir como Iglesia Universal.

Juntos en la plegaria, hacemos nuestros sus sufrimientos implorando para que, superada toda violencia y división, se abran nuevos caminos de paz, justicia, y dignidad para todos.

Con afecto fraterno y nuestra bendición,

Obispos de Costa Rica.

Radiografía de una democracia en tensión

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Advierto que lo que aquí se expone quizá no encuentre eco en todos los lectores. No pretende reafirmar trincheras ni favorecer a ningún actor. Busca, más bien, ofrecer una lectura crítica y serena del clima democrático que atravesamos… y ese propósito, en sí mismo, ya es un desafío.

En la antesala de las elecciones, la conversación pública suele girar en torno a encuestas y debates. Las cifras cumplen una función legítima: registran el pulso de un electorado volátil, de partidos frágiles y lealtades cambiantes. Son fotografías del instante: útiles, pero insuficientes. Más allá de los datos que recogen las encuestas, lo que se necesita es una radiografía: un examen profundo que ilumine los órganos, los silencios, las ausencias y los contrapesos que laten —o se debilitan— bajo la superficie de la democracia, antes de que se produzca el acto de votar.

Costa Rica no enfrenta hoy un quiebre democrático ni la anulación abierta de sus reglas. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene legitimidad, el Poder Judicial conserva autonomía, y la Asamblea Legislativa continúa siendo un espacio de control. La institucionalidad resiste, y ese sigue siendo nuestro activo más valioso.

Sin embargo, hay un fenómeno que las encuestas no registran: la erosión lenta pero persistente de este vínculo entre ciudadanía e instituciones. El riesgo real no es una ruptura abierta del orden constitucional, sino la debilitación de los equilibrios que sostienen la democracia. Cuando los contrapesos, los frenos institucionales y los mecanismos de control pierden su peso simbólico y moral, las instituciones pueden seguir funcionando, pero dejan de percibirse como garantías y pasan a verse como obstáculos, vaciadas de sentido.

Este deterioro no se explica únicamente por el discurso del poder; se ve también alimentado por la acumulación de desaciertos institucionales: la inacción ante problemas, la falta de explicación de decisiones y la ausencia de respuesta ante demandas ciudadanas. Con el tiempo, estos vacíos erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el vínculo entre ciudadanía y democracia.

En este contexto, el Poder Ejecutivo influye en el clima democrático, no solo por sus decisiones, sino también por el estilo y la consistencia de su comunicación. El Poder Judicial, en ocasiones, ha confundido independencia con silencio: aunque sus decisiones sean acertadas, la falta de explicación reduce la confianza ciudadana. De manera semejante, la Asamblea Legislativa enfrenta el riesgo de ejercer control político sin un relato que conecte su trabajo con la ciudadanía.

La prensa sigue siendo un actor visible, pero su protagonismo también revela un problema: cuando la deliberación política ocurre casi exclusivamente en los medios, es porque otros espacios de diálogo se han retraído. Las redes sociales, además, premian la simplificación, la emoción y el enfrentamiento. En ese contexto, los silencios institucionales pesan el doble: cuando no hablan, otros interpretan su rol por ellos, y esas versiones se difunden como verdades emocionales. Al mismo tiempo, los medios, en general, enfrentan un desafío de credibilidad, lo que debilita los espacios de información confiable y reduce la posibilidad de un debate público serio.

La radiografía muestra, también, un repliegue de otros contrapesos sociales: universidades, colegios profesionales, cámaras y organizaciones civiles. Su ausencia reduce el espacio público a una relación directa entre poder y ciudadanía, sin mediaciones legítimas.

En ese marco más amplio debe leerse también la creciente desafección hacia la clase política y dirigente. El aumento del abstencionismo no es solo una decisión individual ni un gesto de apatía; es la expresión acumulada de la distancia entre representación y ciudadanía. Cuando amplios sectores dejan de sentirse interpelados por el sistema político, la abstención se convierte en una forma silenciosa de retirada. No impugna el proceso electoral, pero revela una erosión más profunda: la pérdida de sentido de pertenencia a un proyecto democrático compartido.

Las elecciones pueden ser formalmente correctas y, aun así, estar precedidas por un desgaste del tejido democrático. Las encuestas seguirán mostrando el movimiento del proceso; la radiografía, en cambio, revela lo que ocurre en el fondo. Ignorarla no es un simple descuido: es aceptar que el voto se convierta en un trámite vacío, despojado de densidad cívica.

La democracia no se fortalece el día de la elección; se sostiene mucho antes, en la participación cotidiana que cultivamos, especialmente en las nuevas generaciones, y en la confianza que logramos preservar.

En cuatro domingos se definirá el depósito de la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país. ¡Hay que salir a votar!

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En cuatro domingos estaremos tomando la primera decisión sobre el futuro gobierno de Costa Rica. El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo el plebiscito nacional político, el referéndum nacional político, el acto supremo de la democracia electoral del país, el día del sufragio NO obligado, que se da en conciencia, de los ciudadanos, del pueblo electoral costarricense, de decidir a cuál de los 20 candidatos presidenciales y a sus partidos se le entregará el rumbo del país.

Ese día se realiza un depósito de confianza pública que se le da al ganador, en caso de que supere el 40% de los votos válidamente emitidos, en su favor, ese primer domingo de febrero, para dirigir el Poder Ejecutivo, para que nombre su equipo de gobierno, a los ministros, e inicien su labor política, de conformidad a lo que ha ofrecido en esta campaña electoral.

Es un acto de confianza y de delegación de la voluntad popular, lo que llamamos la representación política. Quien resulte ganador es el depositario de esa confianza popular, que lo obliga a actuar, en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siendo su representante, y modernamente también gobierna con el pueblo, si asume la tarea de consultarlo popularmente, por la vía de los plebiscitos y referéndum, lo que no han acostumbrado los gobernantes desde que se instituyeron estas formas de consulta ciudadana.

La voluntad popular es el acto por el cual los ciudadanos depositan su confianza en la gestión de gobierno, en una persona, que en nombre de todos, ejerce el gobierno y el mando del país. Este concepto se desarrolló políticamente hace casi 300 años, evolucionando de distintas formas. Este acto de representación política es una manifestación de que el gobernante debe ser armónico con el pueblo que lo eligió.

Con concepto de representación política y delegación de la voluntad, se eliminó la idea que los gobernantes eran nombrados por Dios, y por ello, además, había que obedecerles. Al contrario, quien debe obediencia al pueblo es el gobernante quien en ejercicio de su cargo no puede gobernar ni legislar contra el pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede instituirse como dictador, tirano, déspota, sátrapa o ejercer el gobierno autoritariamente, violando derechos y libertades de los ciudadanos. Si así sucediera, el pueblo que lo eligió tiene un derecho natural a la rebelión política para sustituirlo, cambiarlo, y de esa forma establecer nuevamente la confianza pública de la representación popular. En cierta forma, cada procesos electoral, es la manera de ejercer ese control político ciudadano para continuar con el partido de gobierno por otro período, y evaluar de esa manera al gobernante o presidente que termina su mandato.

Jurídicamente el acto de la representación política se asocia al del mandatario, que es la persona a la cual se le da un poder de accionar, de actual, al cual debe sujetarse, y del cual no puede salirse. Si el Mandatario se sale o rompe el compromiso de ese mandato, los Mandantes, los que le dieron el mandado, que electoralmente es el pueblo electoral, pueden quitarle su compromiso, pueden destituirle de la obligación que le depositaron para nombrar otro Mandatario que represente correctamente la voluntad de los Mandantes, en este caso de los electores, para que se restablezca la relación armónica que debe existir entre gobernante y gobernados.

El derecho de destitución del Mandatario, del Gobernante, se estableció en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y en la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1793, durante los días de la Revolución Francesa.

En la Constitución Política de 1844 de Costa Rica este derecho a la Rebelión Política así se reconoció. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se había publicado en Costa Rica a inicios de ese año, lo que debe haber influido en esa disposición constitucional.

En la legislación costarricense no existe para el presidente la posibilidad de destituirlo por la vía de la Consulta Ciudadana del Referéndum o del Plebiscito, como sí existe para destituir las autoridades municipales o cantonales, como son los alcaldes. No existe, hasta hoy, el derecho de revocatoria de mandato del presidente, durante el ejercicio de su presidencia.

Sin embargo, en la tradición electoral del país, que ha sido bastante regular desde 1847, con períodos de gobierno de cuatro años en términos generales, cada proceso electoral para decidir quién gobernará por los siguientes cuatro años, se convierte en la práctica también en una consulta ciudadana, de si el mandatario, el jefe de Estado, antes del 1848, el presidente desde 1848, o el Gobernante en general, puede continuar gobernando por otro período de gobierno.

En el siglo XIX se permitía la elección consecutiva del gobernante. En el siglo XX se limitó y desde 1949 se prohibió la reelección consecutiva del gobernante, del presidente, pudiendo hacerlo si deja pasar un período de ocho años. Así, en el siglo XIX, de manera consecutiva se reeligieron Juan Mora Fernández, desde1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1849 hasta 1859, cuando le dieron el golpe de Estado, Rafael Iglesias Castro, desde 1894 hasta 1902. Desde 1902 hasta hoy no ha habido reelección consecutiva del gobernante.

Los diputados durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX podían reelegirse continuamente y buenos diputados así lo hicieron. Por ejemplo, desde 1934 hasta 1948 fue reelecto consecutivamente como diputado Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, así llamado desde 1943.

Jefes de Estado y presidentes se han reelecto, dejando pasar períodos presidenciales. En el Siglo XX así lo hicieron Cleto González Víquez presidente en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936.

Desde 1949 hasta hoy solamente dos presidentes han podido reelegirse alternativamente, José Figueres Ferrer, 1953-1958 y 1970-1974 y Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 y 2006-2010. Otros presidentes lo intentaron sin éxito.

Desde 1890 existen los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos, definiéndose así que solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, presidente, diputados y autoridades municipales o cantonales. Los vicepresidentes son de elección popular junto con el presidente desde 1949. Antes de 1948, eran llamados Designados a la Presidencia y eran nombrados por el Poder Legislativo, por el Congreso.

Bajo el régimen de partidos políticos hemos tenido la experiencia histórica de que los partidos pueden reelegirse consecutivamente en el Poder Ejecutivo varias veces, aun cuando no reelijan de manera continua al presidente. Así, desde la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional se ha reelecto consecutivamente en dos períodos consecutivos de gobierno, con diferente presidente, en 1970-1974 y 1974-1978, cuando fueron electos José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Luego volvieron a repetir el gobierno consecutivo en 1982-1986 y 1986-1990, con Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Finalmente, repitieron en el 2006-2010 y 2010-2014, con Oscar Arias Sánchez y Laura chinchilla Miranda. Igual lo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 y 2002-2006, con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco de la Espriella. Del mismo modo se repitió, muy sorpresivamente este fenómeno con un nuevo partido, nacido en el 2002, Acción Ciudadana, que Gobernó en el 2014-2018 y se reeligió en 2018-2022, con los presidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Ninguno de los partidos que ha gobernado lo ha hecho tres veces consecutivas.

En este siglo, desde el 2002, en la práctica del proceso electoral, se introdujo la elección de segundo grado, la elección de la segunda vuelta electoral, cuando en la primera no se logra el 40% de los votos para ganar. En este caso, se pasa a una segunda ronda electoral que se realiza el primer domingo de abril siguiente a las elecciones, con solo dos candidatos, los que han obtenido el mayor número de votos o mayor rango porcentual de votación el primer domingo de febrero. Así, hemos tenido segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022. Esto pareciera o indica que la segunda ronda electoral se quedó para los procesos electorales que vienen. Ha sido la norma de los procesos electorales a partir del 2014 y puede ser la del próximo resultado del 1 de febrero del 2026. Esto no es para sorprenderse. Puede darse como no darse la segunda ronda, si alguno de los partidos y candidatos sacan o no el 40% de votos, por el cual se está luchando intensamente en estos días y será una lucha intensa durante las cuatro semanas que faltan para votar. La mayor parte de los partidos apuestas sus esfuerzos a quedar de finalistas de la primera vuelta. Solo el Partido Pueblo Soberano sostiene su campaña electoral con confianza de que ganará la primera ronda electoral. Esta confianza le hace falta a los otros partido, independientemente si hay o no segunda ronda.

El voto que define resultados es el llamado voto válidamente emitido. Es voto positivo, a favor, de cualquiera de los 20 partidos que están inscritos con sus candidatos presidenciales. Esos son los votos que sirven para declarar presidente o candidato ganador, o sirven para definir de los 20 candidatos cuales son los dos que pasan a la elección de abril. La elección del primer domingo de abril no se define por porcentuales. Allí gana el que más votos tenga. Es lo lógico para garantizar resultado electoral.

Los votos nulos que se realizan por los votantes son aquellos que por alguna razón no permiten determinar con certeza cual fue la voluntad del votante, y los miembros de la Mesa Electoral así los anulan.

Los votos en blanco que se realizan en la Mesa Electoral son aquellos que los votantes devuelven sin expresar su voluntad, dejando en blanco toda la fórmula de votación.

Los votos nulos y blancos, emitidos en las mesas electorales, no se consideran “votos válidamente emitidos” para definir el resultado de la elección. No se cuentan, no tiene valor alguno. Tiene valor CERO (0), no suman nada positivo ni negativo. Reducen en la práctica a los electores que toman la decisión final.

Por eso es importante el voto consciente del elector, del que llega a emitir su voto por alguno de candidatos o los partidos políticos que están participando en las elecciones, porque con su voto se elige, se produce el resultado.

También hay un número de personas que no acude a las urnas a votar. Todos estos, junto con los que tampoco votan en la Mesa Electoral, constituyen el grupo llamado ABSTENCIONISTA. Es un número de ciudadanos que siempre ha existido en los procesos electorales. En las elecciones de la segunda mitad del siglo XX constituyeron un promedio del 18 % de los electores. A partir de la elección de 1998 empezó a subir alcanzando cifras superiores al 30% de votantes en las elecciones, lo que ha preocupado en los últimos procesos electorales, y quizá eso haya ayudado a la convocatoria de las segundas rondas electorales que se han hecho.

La persona, el votante, al no ejercer su derecho al sufragio, de hecho, delega su decisión en los que sí votan, que producen un resultado electoral a favor de alguno de los candidatos. El no votante, de manera consciente o no, confía el voto que se produce por los que sí van a votar. De hecho, los no votantes, los abstencionistas, terminan “votando” con su abstencionismo y silencio electoral en urnas, por el candidato ganador, que producen los que sí llegaron a votar. Así, los abstencionistas terminan “votando” por el ganador, les guste o no quien sea, se lamenten o no del ejercicio de su gobierno.

La elecciones nacionales fragmentan la votación por el presidente y sus vicepresidentes y en la de los diputados. La votación presidencial se la lleva en su totalidad un solo partido político. El Consejo de gobierno o el Gabinete presidencia no se integra proporcionalmente a los votos recibidos por los partidos con sus candidatos a presidente. Al presidente electo se le da la confianza de que escoja libremente a los ministros que le acompañaran en su gestión de gobierno.

La elección de diputados tiene su importancia. Para el partido ganador presidencial por si llega a elegir una mayoría de diputados, ojalá superior de los 29, porque le permite tomar decisiones mayoritarias básicas en la Asamblea Legislativa, en su proceso de aprobación de Leyes. Si la mayoría fuera de 38 o 43 diputados, que con las mayorías calificadas del proceso de aprobación de leyes y otras responsabilidades que podría tomar la Asamblea Legislativa, al Poder ejecutivo le daría un poder político extremo, al punto que el Presidente, con su fracción legislativa tendría capacidad de ejercer un gobierno con características autoritarias de mandato, porque ejercería un control prácticamente pleno de nombramiento de todas las autoridades públicas del país, especialmente de los Poderes de Estado y de los mecanismos de control público constitucionalmente establecidos.

La experiencia histórica señala que pocas veces desde 1953 un partido político ha tenido mayoría parlamentaria superior a 29 diputados, y solamente una vez, en 1982, tuvo 33 diputados de los 57.

En la práctica política los electores parten su voto. Pueden votar un candidato presidencial, pero a la vez votan por candidatos a diputados de otros partidos políticos, para que ellos en la práctica ejerzan un control político parlamentario sobre el presidente y su Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, los últimos 3 gobiernos, dos del Partidos Acción Ciudadana y el del actual presidente Rodrigo Chaves que no han logrado elegir más de 12 diputados, constituyéndose en minorías parlamentarias. En el caso del actual gobierno con la peor gestión de relación política con los Poderes de Estado, incluso la Asamblea Legislativa.

La partición del voto, en las condiciones y momento histórico que estamos viviendo, sigue siendo válida. Pero, la unidad de votantes alrededor del candidato o candidatos opositores que tienen, en la perspectiva, la mayor posibilidad de ganar o de quedar clasificados para una segunda ronda, es también válida. Lo que no es válido en este momento es pensar en abstenerse de votar. Quien así lo haga que le quede claro que su no voto es favor del que gana, sea quien sea.

En 4 domingos definiremos la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país por los próximos cuatro años.

Que el año nuevo nos dé la suficiente confianza de que podemos mejorar el país, de que podemos recupera el terreno y los caminos perdidos, de que podemos evitar que nos lleven al despeñadero del autoritarismo, de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.

¡Hay que salir a votar!

Compartido con SURCOS por el autor.

Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en una mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy han habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.