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Autor: Hector Ferlini Salazar

Un pecado capital de Laura Fernández y de todo el “chavismo”

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

En la religión católica existen los pecados capitales o graves y los veniales. Los evangélicos no lo entienden así, para ellos no hay pecados “pequeños” delante de Dios. No vamos a entrar en esta discusión teológica hoy. Sin embargo, vamos a hablar de una falta seria, entre muchas otras, de la candidata Laura Fernández en la política costarricense, avalada por su movimiento “chavista” y prohijada por los pastores con los que se reunió hace pocos días. Usamos el símil de un “pecado capital” cometido por el oficialismo, para que nos entiendan mejor todos los cristianos. Veamos.

¿Cuál fue el grave error en el que incurrió la candidata oficialista esta vez?

Vamos despacio; fueron varios los errores contra la Constitución de la República y el Código Electoral.

  1. El primero de ellos tiene que ver con un pacto que reveló el pastor Reynaldo Salazar del grupo político religioso “Foro Mi País” con Laura Fernández, que fue reconocido en la emisora “Stereo Visión Internacional”. Mientras Salazar hablaba del pacto, la candidata oficialista asentía con la cabeza, dando por buenas las palabras del religioso.
  2. El segundo se trata de haber reiterado el pacto por escrito en un panfleto que, un día después (15 de enero), el religioso solicitó a sus colegas pastores que lo distribuyesen entre sus feligreses durante una reunión celebrada en el “Templo Bíblico” de Tibás. La distribución del panfleto debía realizarse inmediatamente después de los oficios religiosos por parte de los pastores, quienes además debían indicarles a los feligreses de su respectiva congregación, que votaran por el oficialismo de la candidata Laura Fernández. Además, en esta reunión del 15 de enero, los pastores indicarían a los feligreses que al finalizar la reunión deberían dirigirse a las mesas a recoger los panfletos que distribuirían entre otros miembros “hermanos” de las iglesias evangélicas. La información señala expresamente que les añadieron a los pastores responsables que ello deberían hacerlo con el debido cuidado, “para que no se haga nada desde el altar ni en el culto, y que usted como pastor no se exponga…” Aquí cabe una preguntita que planteo de inmediato, ¿que no se exponga a qué o ante quién? Ya se les estaba sugiriendo actuar con sigilo y maña. ¿Por qué, si todo estaba bajo la luz del sol? (Cfr. L. Astorga y E. Oviedo. La Nación, 17 y 20 de enero 2026. Págs. 17 y 3 respectivamente)
  3. La Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de oficio abre una investigación sobre los hechos que hemos señalado. La investigación se inicia debido a la reunión sostenida entre el comando de campaña del PPSO (oficialismo) y los pastores religiosos evangélicos de “Foro Mi País”. Además, el Panfleto que sería distribuido (al parecer algo se distribuyó) con el nombre del PPSO se intitulaba: “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido del Pueblo Soberano?”
  4. En la reunión con los líderes religiosos estuvo presente de acuerdo con la información que reseñamos supra, Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia del PPSO y jefe de campaña de Fernández (Ibidem. 7.1.2026, pág. 7).
  1. Por su parte, Andréi Cambronero, jefe del despacho de la presidencia del TSE, explicó que el artículo 136 del Código Electoral expresamente prohíbe que se incluyan apelaciones de carácter religioso en la propaganda política. Esa sería una falta grave (“pecado capital” entre los católicos y falta grave entre los cristianos evangélicos). Una falta de esa naturaleza sería objeto de sanción por parte del Registro Electoral.
  2. Por otra parte, ya habíamos comentado sobre el “Pacto” que habían realizado los dirigentes del “Foro Mi País” con la candidata Fernández del PPSO. Hecho al que aludió Reynaldo Salazar en la entrevista del 14 de enero. Entonces, la candidata oficialista asintió con la cabeza, cuando Salazar dijo que ella había acordado otorgarles candidaturas a diputados, a líderes pertenecientes a congregaciones evangélicas y también que había aceptado que se le plantearan nombres de las mismas congregaciones para ocupar embajadas o ministerios en el caso de que se diera un gobierno suyo. También se produjo una admisión concreta de estos compromisos y otros, asumidos en su oportunidad por Rodrigo Chaves y, otros por Laura Fernández en el panfleto al que hemos aludido. Los acuerdos fueron firmados por la candidata del continuismo, Laura Fernández, desde el 23 de octubre del 2025 con el “Foro Mi País”.

La actuación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

El TSE emitió una medida cautelar, ordenando tanto a Laura Fernández como a Fabricio Alvarado, “…abstenerse de hacer manifestaciones públicas que directa o implícitamente, llamen a votar con base en razones o símbolos religiosos.” (Ibid. Medida Cautelar contenida en la resolución del TSE, del 16 de enero, en respuesta a los recursos de amparo electoral, expediente N° 034-2026). En la resolución del alto Tribunal se ordena detener de inmediato la distribución del panfleto que hemos mencionado.

La Constitución ordena la no injerencia de la religión en actividades oficiales de política electoral. Tampoco se permite a los seglares invocar motivos o creencias religiosas en sus actividades políticas.

En la Constitución de Costa Rica se prohíbe tajantemente, el uso de la religión en actividades político-electorales. La prohibición está contenida en el Artículo 28 de la Constitución Política, que a la letra dice: “No se podrá […] hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio de creencias religiosas”. Esta prohibición no entra en contradicción alguna con el artículo 75 de la Constitución en el que se garantiza tanto la libertad de culto como la laicidad del Estado en el sufragio. La prohibición antes bien protege la libertad de culto y a la vez asegura que las elecciones estén basadas en propuestas políticas y no en ningún tipo de coacción religiosa. Cualquiera puede comprobar lo dicho en la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Conclusión

La separación entre la Iglesia (cualquiera que sea su denominación) y el Estado es de larga data. No se trata de fobia anti religiosa. Todo lo contrario. El principio de la fe es la libertad de la creencia. Si alguien es coaccionado a creer, se pierde todo el sentido de la fe en Dios. De la misma forma, el Estado laico se basa en el principio de la defensa de la dignidad de la persona. Cualquier injerencia de la religión en la política, significa una imposición que contradice el principio moral de la dignidad de la persona. Se le estaría dando preeminencia a los creyentes por encima de los ciudadanos no creyentes, rompiendo así el principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, en la política, las personas no pueden ser obligados a elegir. Si así sucediera, se estaría negando la esencia misma del nacimiento del Estado Liberal.

De modo que la tradición política costarricense que defiende por igual la libertad de cultos como la dignidad del ser humano, y custodia su independencia para elegir y ser electo, constituye una tradición que nos ha engrandecido como nación ante todas las demás naciones del mundo. Se quebraría el principio de la convivencia social como la conocemos los costarricenses. La legislación que aboga por la separación entre la Iglesia y el Estado protege tanto la religión como a la política. Cualquier intrusión de uno en otro, significaría un quebranto de la institucionalidad, de la libertad y la dignidad que nos tutela en la legislación tal y como se ha consolidado.

Los hechos narrados demuestran que Laura Fernández y el comando de campaña del PPSO, y por el otro lado los líderes religiosos evangélicos del “Foro Mi país”, no solo se proponían, violar la Constitución de la República, sino que de hecho ya la habían violado, porque los evangélicos ya habían distribuido, según parece, algunos de los folletos a los que nos hemos referido entre la hermandad evangélica de esa denominación. Por otro lado, lo más grave fueron los compromisos adquiridos con antelación, para reservar puestos desde las cúpulas religiosa y política, para conceder 24 diputaciones a los evangélicos y la apertura por parte de la candidata oficialista Fernández, para eventualmente darles embajadas o ministerios a los religiosos si lograran acceder al gobierno. Esto es grave y demuestra la proclividad del chavismo a violar la Constitución como parece haberlo hecho tantas veces. Las acusaciones contra Chaves y Fernández abundan en este sentido. Veremos cómo se resuelve en los estrados judiciales en el futuro próximo.

¿Por qué el enojo, cómo evaluar al gobierno y por qué sí votar?

Carlos Sandoval García

A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas, el profesor universitario, comunicador y especialista en estudios culturales Carlos Sandoval García compartió una reflexión organizada en torno a tres preguntas clave para comprender el momento político actual: ¿por qué hay tanto enojo en la sociedad?, ¿qué balance puede hacerse del gobierno de Rodrigo Chaves? y ¿vale la pena votar?

El enojo social: razones legítimas

Sandoval parte de reconocer que el enojo presente en amplios sectores de la sociedad es válido, legítimo y justificado. Señala que existen múltiples causas concretas que alimentan ese malestar: la ausencia de oportunidades, particularmente para las personas jóvenes; los retrocesos y estancamientos en educación; las persistentes listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social; el aumento de la violencia criminal; y las horas perdidas diariamente en presas.

A estos factores estructurales suma experiencias cotidianas que reflejan el deterioro de los servicios públicos, como la falta de respuesta ante una fuga de agua reportada a Acueductos y Alcantarillados. Para Sandoval, estas vivencias confirman que el enojo no surge de la nada, sino que tiene razones de fondo relacionadas con el funcionamiento del Estado y la calidad de vida.

Balance de la administración Chaves

En su segunda pregunta, el académico plantea que la administración de Rodrigo Chaves no ha dado respuesta a los problemas fundamentales del país. En materia educativa, advierte que el presupuesto actual es comparable al de hace 25 años, lo que implica la pérdida de un cuarto de siglo sin una ruta clara para el sistema educativo.

En el ámbito de la seguridad social, subraya que la deuda del Estado con la CCSS continúa creciendo, con consecuencias directas tanto en las pensiones como en los servicios de salud. La violencia, lejos de disminuir, sigue manifestándose con fuerza, incluso en incautaciones de droga provenientes del país en puertos europeos. En transporte, las presas y el deterioro del servicio público persisten, mientras proyectos como el tren siguen sin materializarse.

Sandoval también cuestiona decisiones administrativas que, a su juicio, reflejan prioridades equivocadas, como la compra de vehículos de lujo en instituciones que requieren inversión en capacitación y tecnología. En síntesis, afirma que la “medicina” aplicada por este gobierno ha sido peor que la enfermedad, pues no resuelve los problemas y genera nuevos riesgos.

¿Vale la pena votar?

La tercera pregunta recibe una respuesta contundente: sí vale la pena votar. Aunque reconoce que el sistema electoral es perfectible, Sandoval destaca que posee más fortalezas que debilidades, especialmente en el contexto latinoamericano. Por ello, considera fundamental la participación ciudadana.

Recupera además una reflexión escuchada en la Feria del Agricultor: antes de decidir por quién votar, es clave preguntarse por quién no votar, descartando la continuidad, para luego evaluar opciones y tomar una decisión informada.

Como cierre, Sandoval invita a no perder de vista las fortalezas del país, entre ellas un sistema de salud que ha demostrado su capacidad de salvar vidas. Desde una experiencia personal, recuerda cómo hospitales públicos permitieron que sus hijos, nacidos prematuramente, salieran adelante. Para él, ese tipo de logros deben ser defendidos y perfeccionados mediante la participación democrática.

La reflexión concluye con un llamado claro: salir a votar, pensar críticamente el momento histórico y defender las capacidades colectivas construidas como sociedad.

Le invitamos a escuchar el video completo con la exposición de Carlos Sandoval García.

El alma de un pueblo no se borra con gritos

Por JoseSo

Costarricenses, hermanos:

Estamos a solo una semana de decidir el rumbo de nuestra casa, de esta finca grande que llamamos Costa Rica. Y hoy no quiero hablarles desde los números de los economistas, sino desde la piel, desde la memoria de nuestros abuelos.

Nos han querido vender el cuento de que todo lo que fuimos es mentira. Nos dicen que nuestra historia es un estorbo y que las instituciones que el mundo entero nos admira son solo “trabas”. Pero se les olvida algo: Costa Rica no nació ayer por un video de TikTok o Facebook.

Esta patria se fundó sobre la voluntad de gigantes que, aunque pensaban distinto, se sentaron a hablar. Pensemos en ese abrazo histórico entre Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria. Tres hombres de mundos opuestos que nos regalaron las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y nuestra amada Caja.

Ellos no se insultaron; ellos construyeron. Y luego, tras el dolor de la guerra del 48, llegó el Pacto de Ochomogo. Don Pepe Figueres y Manuel Mora entendieron que Costa Rica valía más que una victoria militar. Ahí nació la paz, ahí murió el ejército, y ahí nació el Tribunal Supremo de Elecciones para que nunca más nadie nos robara el voto.

De ese espíritu de diálogo salieron el ICE para darnos luz, los Parques Nacionales que hoy nos dan de comer con el turismo, el Aguinaldo para la Navidad de nuestros hijos, los EBAIS, los CEN-CINAI y los comedores escolares que aseguran que ningún carajillo se duerma con hambre.

¿Cómo se logró todo eso? Sin gritos. Con paz y con voluntad.

Pero hoy, la realidad nos golpea la cara. Nos prometieron “comerse la bronca”, pero la bronca se la están comiendo las familias que entierran a sus jóvenes víctimas del sicariato. Nos dicen que “todo está bien, que solo se matan entre ellos”, mientras la droga sale por nuestros puertos (con todo y su cuento de los escáneres) hacia Europa y quitan a la policía de nuestras fronteras.

Nos hablan de combatir la corrupción de “los mismos de siempre”, pero vean hacia el lado del oficialismo. ¿Quiénes están ahí? Los mismos apellidos que el pueblo ya conoce: los Chaves, los Jiménez, los Araya, los Thompson y los Álvarez Desanti. Díganme ustedes: ¿Cómo van a limpiar la casa si trajeron a vivir a los que ayudaron a ensuciarla?

Atacan a gente valiente como Álvaro Ramos por decir la verdad, mientras reciclan ministros de seguridad de gobiernos pasados que ya fallaron.

Costarricenses, el populismo se alimenta del odio y de la división. Nos quieren hacer creer que para arreglar el país hay que romperlo. Pero el “Pura Vida” que nos robaron no es un eslogan de turismo; es nuestra forma de ser. Es la solidaridad de la mano extendida, no del puño cerrado.

Este domingo no elegimos un “capataz”. Elegimos el futuro de nuestros hijos. ¿Queremos la Costa Rica del insulto, la violencia y la represión a quienes piensan diferente? ¿O queremos volver a la Costa Rica del respeto, del diálogo y de la paz que nos hizo grandes ante el mundo?

Nuestra democracia tiene más de cien años. No permitamos que el ego de unos pocos borre el sacrificio de millones.

Soy JoseSo, y yo creo en la Costa Rica que construye, no en la que destruye.

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

Comunidades de San Sebastián–Paso Ancho exigen que los EBAIS sean administrados por la CCSS

Comunicado

Desde hace 15 años las comunidades del distrito de San Sebastián-Paso Ancho, hemos venido luchando por la calidad y el mejoramiento de los servicios de salud del distrito, con el objetivo de que sean conducidos por la Caja Costarricense de Seguro Social y no por el sector privado.

En estos quince años, los EBAIS de San Sebastián-Paso Ancho fueron administrados por ASEMECO, quienes brindaron un servicio deficiente, tanto a nivel administrativo como en la atención directa a los usuarios; lesionando derechos humanos y fundamentales de la salud. Durante dicha administración hubo deficiencias en aspectos esenciales del servicio como: atención deshumanizada; mala asignación de citas; lentitud; larga espera y falta de medicamentos en el servicio de farmacia, entre otros.

Desde el primero de julio de 2025, cuando la CCSS asumió la administración de los EBAIS, se dieron mejoras sustanciales en dichos aspectos. Adicionalmente, mejorando en atención especializada, servicio de ambulancia, infraestructura, aumento de consultas médicas, compra de equipo tecnológico de última generación, eficiencia en los servicios de laboratorio, por mencionar algunos.

Ante esta realidad sociopolítica y económica, el Encuentro Ecuménico toma como iniciativa solidarizarse y conjuntar a los siguientes actores sociales en defensa de los derechos de los habitantes del distrito: Comunidad de Vecinos, Movimientos Comunitarios, Iglesias, Gobierno Local, Concejo Municipal, Concejo de Distrito, Juntas de Salud, EBAIS San Sebastián-Paso Ancho, Asociaciones de Desarrollo, Humanitas de Costa Rica-Hogar de la Esperanza, Buen Vivir Costa Rica, Actores Sociales Independientes, Partidos Políticos, Colegios Profesionales e Instituciones Estatales.

Desde el mes de noviembre de 2025 y hemos fiscalizado el servicio que se está brindando y, para ello nos reunido semanalmente y de momento consideramos que el servicio es adecuado y desempeño satisfactorio. De ahí es que hemos asumido responsablemente el reto de que los 11 EBAIS: 8 en San Sebastián y 3 en Colonia Kennedy, sigan ofreciendo el servicio de salud de atención primaria responsable y de calidad, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el acceso a la salud.

Por tanto, Encuentro Ecuménico y sus participantes, demandamos a la Junta Directiva y autoridades de la CCSS, que los servicios de salud del distrito San Sebastián-Paso Ancho sean brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Usura: el crimen que se indigna cuando lo regulan

Welmer Ramos González
Economista

Culpar a la ley contra la usura del gota a gota no es ignorancia: es mala fe. Es una mentira fabricada para proteger privilegios. El gota a gota existe desde los años 90; la ley contra la usura es de 2020. No lo creó: lo desenmascaró. Gracias a esa ley hoy se puede perseguir penalmente a quienes cobran intereses criminales. Antes, actuaban con total impunidad.

Decir que para prestarle a una persona pobre hay que cobrarle 70% u 80% no es inclusión financiera: es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la empuja a la morosidad, le mancha el récord y la expulsa del sistema financiero. Eso lo sabe cualquier economista serio.

La prueba es brutal y está a la vista: más de 715 mil cobros judiciales. Personas a las que el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los manchan y después tienen el cinismo de decir que el problema es la ley. No: el problema es la usura.

Esos ciudadanos excluidos no llegan al sistema informal por gusto; los empujaron. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.

En Europa, Japón y países serios, las tasas máximas rondan el 24% y no hay exclusión financiera. Aquí al trabajador le pagan 4,5% por sus fondos de pensiones y con esa misma plata le prestan al 51%, y todavía reclaman el derecho de cobrar 70%. Eso no es riesgo, no es mercado. Eso es saqueo. Y el que lo defiende no defiende a los pobres: defiende su cruel negocio. Hasta la derecha de Estados Unidos ha reaccionado contra la estafa de la usura.

Alta indecisión y rechazo a encuestas marcan el escenario electoral y dejan el desenlace en manos de la ciudadanía

Los más recientes informes del IDESPO-UNA confirman un escenario electoral marcado por altos niveles de indecisión y una tasa significativa de rechazo a responder encuestas. Más que anticipar un resultado, los datos sugieren un proceso abierto, en el que la definición final dependerá del involucramiento, la reflexión y la decisión de la ciudadanía costarricense.

Los resultados de las encuestas del Instituto de Estudios Sociales en Población correspondientes a noviembre de 2025 y enero de 2026 muestran un escenario electoral caracterizado por altos niveles de indecisión, fragmentación de preferencias y, en el informe más reciente, la explicitación de una tasa de rechazo relevante (personas que no quieren responder), un dato que introduce nuevos elementos para la lectura política del proceso electoral de 2026.

Cambios destacados entre noviembre y enero

Entre ambos levantamientos se observa una estabilidad relativa en la disposición declarada a votar, con cerca de siete de cada diez personas indicando estar completamente seguras de asistir a las urnas. Sin embargo, al comparar los resultados, el informe de enero confirma que más de un tercio del electorado permanece indeciso, tanto en la elección presidencial como en la legislativa, lo que refuerza la idea de un electorado aún poco definido a pocas semanas de los comicios.

En términos de preferencia electoral, el informe de enero consolida una concentración del apoyo en pocas candidaturas, con Laura Fernández a la cabeza entre quienes manifiestan una decisión de voto, seguida a distancia por otras opciones con apoyos de un solo dígito porcentual. Este patrón es consistente con lo observado en noviembre, pero con una mayor claridad en la segmentación sociodemográfica: la indecisión es más alta entre mujeres, personas jóvenes, sectores con menor escolaridad y quienes perciben su condición económica como baja o muy baja.

La tasa de rechazo: un dato nuevo y clave

Un elemento metodológico relevante es que el informe de enero 2026 incluye explícitamente la tasa de rechazo, calculada conforme a los estándares de la AAPOR, la cual se sitúa en 11,77%. Este dato no fue consignado de manera explícita en el informe de noviembre, lo que limita la comparación directa, pero convierte al reporte de enero en un insumo clave para evaluar la calidad y los límites interpretativos de las encuestas electorales en el contexto actual.

La inclusión de esta tasa permite dimensionar no solo quiénes responden, sino también quiénes deciden no hacerlo, abriendo preguntas sobre los factores que inciden en esa negativa.

Debate público sobre el rechazo a encuestas

El tema ha sido abordado recientemente por el estadístico Fernando Ramírez, exdirector de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, en una entrevista publicada por el Semanario Universidad. En ella, Ramírez advierte que tasas altas de rechazo pueden afectar la validez y representatividad de las encuestas, especialmente cuando el fenómeno no es aleatorio, sino socialmente estructurado.
🔗 https://semanariouniversidad.com/pais/exdirector-de-escuela-de-estadistica-de-la-ucr-duda-de-validez-de-encuestas-electorales-por-alto-rechazo-a-responderlas/

El experto señala que, en contextos de desconfianza, ciertos grupos pueden optar por no expresar sus opiniones, generando sesgos difíciles de corregir únicamente mediante ponderaciones estadísticas.

Una hipótesis: miedo, confrontación y silencio

Desde SURCOS se ha planteado una hipótesis complementaria para interpretar este fenómeno: el clima político de confrontación y discursos de odio que ha marcado el periodo reciente podría estar influyendo en la decisión de muchas personas de no responder encuestas o de reservar su intención de voto.

Esta línea interpretativa ha sido desarrollada por el psicólogo Marco Vinicio Fournier Facio en un artículo publicado en SURCOS, donde se analiza cómo el miedo, la estigmatización y la agresividad discursiva pueden inducir conductas de autocensura y silencio social, con efectos directos sobre la medición de la opinión pública.
🔗 https://surcosdigital.com/que-nos-dicen-las-encuestas-de-octubre/

Otros análisis publicados en SURCOS refuerzan esta hipótesis, señalando que el rechazo a participar y la indecisión persistente no necesariamente reflejan apatía, sino una estrategia de resguardo frente a un contexto percibido como hostil. Ver: https://surcosdigital.com/?s=discursos+de+odio

Un escenario abierto y frágil

En conjunto, los informes de IDESPO-UNA confirman que el proceso electoral de 2026 se desarrolla en un escenario abierto, con una ciudadanía que declara disposición a votar, pero que aún no define su preferencia, y con un segmento no menor que opta por no responder. La incorporación de la tasa de rechazo en el informe de enero aporta una señal de alerta para la lectura responsable de las encuestas y subraya la necesidad de contextualizar los datos en el clima político y social del país.

Más que ofrecer certezas, las encuestas actuales parecen retratar una democracia tensionada, donde la indecisión, el silencio y la fragmentación son rasgos centrales del momento político costarricense.

“Costa Rica siempre ha sido ejemplo de solidaridad y salud para todos, pero hoy nuestro sistema está en riesgo”

El costarricense Enrique Pérez Gutiérrez, pensionado tras más de 40 años de trabajo en la práctica privada, la academia y organismos internacionales, hizo un llamado público en defensa del sistema de salud costarricense, al advertir que decisiones recientes están debilitando los servicios que protegen a la población.

Pérez Gutiérrez señaló que durante 22 años de su trayectoria laboral formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, experiencia que —afirma— le permite hablar con conocimiento de causa sobre el valor histórico del sistema de salud de Costa Rica.

Según expresó, el país ha sido reconocido internacionalmente como ejemplo de solidaridad y de acceso a la salud para todas las personas, pero actualmente ese modelo se encuentra amenazado. En su mensaje, advirtió que las decisiones que se están tomando desde el ámbito político y administrativo están debilitando los servicios públicos de salud, afectando directamente a la población.

“El momento exige alzar la voz, informarnos y defender lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó, subrayando que fortalecer la salud pública no es solo una discusión técnica, sino una decisión que incide en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Pérez Gutiérrez remarcó que cuidar la salud de Costa Rica es una responsabilidad colectiva, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente en el próximo proceso electoral, optando por propuestas que no continúen debilitando el sistema de salud, sino que lo fortalezcan y lo protejan como un bien público esencial.

El mensaje concluye con un llamado directo a la acción ciudadana, destacando que la defensa del sistema de salud no puede postergarse y requiere compromiso social e informativo.

🎧 Le invitamos a escuchar el video completo con el mensaje de Enrique Pérez Gutiérrez, donde desarrolla estas reflexiones sobre el presente y el futuro de la salud pública en Costa Rica.

Cuando la técnica no alcanza: debate, redes, juventudes y voto consciente en la Costa Rica electoral

Nancy Piedra Guillén
Profesora de la Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica

El reciente debate presidencial Se busca presidente, transmitido por OPA, introdujo una ruptura relevante en la escena política costarricense. A diferencia del formato tradicional —centrado en la confrontación retórica y el golpe mediático—, este ejercicio colocó en el centro la evaluación técnica de propuestas, la coherencia programática y la viabilidad institucional, bajo la mirada de personas expertas y con criterios explícitos de factibilidad.

El debate estuvo claramente dirigido a un electorado que hoy define el rumbo de la elección: las personas votantes indecisas, mayoritarias según las encuestas del CIEP-UCR de noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, el verdadero campo de disputa no se limitó al estudio de televisión. Se desplazó, con fuerza, al espacio digital, donde se hizo visible una tensión cada vez más estructural en nuestras democracias: la desconexión entre racionalidad técnica, afectos políticos y legitimidad pública.

La técnica no garantiza legitimidad

El formato del debate apostó por una lógica deliberativa exigente: qué se propone, cómo se implementa, con qué recursos y en qué plazos. Este tipo de ejercicio resulta indispensable en una democracia erosionada por la improvisación, el personalismo y la simplificación extrema de problemas complejos. No obstante, el debate dejó al descubierto un límite fundamental: la buena técnica, por sí sola, no garantiza adhesión política ni respaldo social.

Las calificaciones otorgadas por el panel experto —alta, media o baja factibilidad— no se tradujeron automáticamente en apoyo ciudadano. Algunas candidaturas con evaluaciones favorables no lograron generar entusiasmo, mientras que otras, con desempeños más débiles o controversiales, concentraron altos niveles de conversación pública. El dato no es anecdótico: revela un cambio profundo en las formas contemporáneas de construcción de legitimidad política.

Redes sociales: volumen, rechazo y castigo simbólico

El análisis de la conversación digital posterior al debate confirma esta brecha. Durante la transmisión, el politólogo y analista en comunicación política Cristan Bonilla, profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, presentó datos de monitoreo de redes sociales que permiten una lectura más fina del impacto político del debate: volumen de menciones, balance entre comentarios positivos y negativos y niveles de rechazo simbólico por persona candidata.

Los resultados son claros: liderar la conversación digital no equivale a generar apoyo neto. Las redes sociales operan bajo lógicas distintas a las de la evaluación técnica. Amplifican emociones, moralizan el conflicto y funcionan como espacios de sanción simbólica. La viralidad no distingue entre aprobación y repudio; intensifica la polarización.

Esta lectura coincide con el análisis periodístico de CRHoy, que mostró cómo, tras el debate, algunas candidaturas concentraron altos niveles de rechazo aun cuando su desempeño fue consistente o disciplinado.

Coherencia ideológica y penalización digital

El caso del Frente Amplio resulta ilustrativo. La candidatura de Ariel Robles sostuvo una línea ideológica clara y consistente, con un discurso estructural sobre desigualdad, endeudamiento y modelo de desarrollo. Sin embargo, fue también la que acumuló mayor rechazo neto en redes sociales. Esta penalización no se explica por errores técnicos, sino por una distancia explícita frente al marco dominante de soluciones punitivas y simplificadoras, particularmente en materia de seguridad ciudadana.

En un contexto atravesado por el miedo, los discursos que cuestionan el modelo económico y proponen transformaciones estructurales tienden a ser castigados simbólicamente, incluso cuando están bien fundamentados. El castigo no es técnico; es político y afectivo.

Género: la ausencia que no sanciona

Otro elemento relevante del debate fue el señalamiento reiterado de las personas expertas sobre la ausencia de propuestas específicas para mujeres, cuidados, violencia y embarazo adolescente en algunos planes de gobierno. Desde una perspectiva técnica y feminista, esta omisión constituye un déficit significativo.

Sin embargo, la reacción en redes sociales mostró algo inquietante: la ausencia de una agenda explícita de género no genera sanción electoral visible. No provoca rechazo masivo ni controversia sostenida; simplemente pasa desapercibida. Mientras la evaluación especializada identifica la omisión como un problema, la conversación digital la neutraliza. Esto confirma que la agenda de género continúa ocupando un lugar secundario en la jerarquía electoral, incluso cuando las mujeres conforman una parte significativa del electorado indeciso.

Modelo económico, juventudes y territorios

Este análisis parte de una preocupación central: la democracia no puede reducirse a la defensa formal de la institucionalidad ni al respeto procedimental del Estado social de derecho, si al mismo tiempo se profundizan la desigualdad, la exclusión social y la precarización de la vida, especialmente entre las juventudes. Costa Rica arrastra desde hace décadas una orientación neoliberal persistente, consolidada incluso por gobiernos que se presentaron como alternativas progresistas —donde el PAC fue determinante en la normalización de estas orientaciones— y que, en nombre de la responsabilidad fiscal, la modernización o la eficiencia, debilitaron políticas redistributivas, recortaron inversión social y abandonaron territorios completos.

Las consecuencias de este modelo se expresan territorialmente: comunidades expulsadas del empleo formal, sistemas educativos incapaces de ofrecer trayectorias reales de movilidad social y cientos de jóvenes sin horizonte, para quienes el narcotráfico y las economías ilegales se convierten en una de las pocas formas de inserción económica, reconocimiento y pertenencia. La inseguridad que hoy domina la agenda electoral no puede comprenderse al margen de este proceso estructural de exclusión generacional y territorial.

Si seguimos eligiendo gobiernos que, aunque respeten la institucionalidad democrática, la legalidad y el marco formal del Estado social de derecho, mantienen intacto el modelo neoliberal, seguiremos profundizando las brechas que dicen combatir. Ninguna política de mano dura resolverá un problema cuyas raíces están en la desigual distribución de oportunidades y en la retirada del Estado de los territorios más golpeados.

Tres capas de la campaña

El cruce entre debate, redes sociales y encuestas permite identificar al menos tres capas simultáneas en esta campaña electoral:

  1. Una capa técnica, donde importan la viabilidad, la institucionalidad y la coherencia programática.
  2. Una capa afectiva, dominada por el miedo, el enojo, la identificación y el castigo simbólico.
  3. Una capa estratégica, donde las candidaturas deciden a quién le hablan: al panel experto, a las personas indecisas o a sus bases políticas.

El debate fue exitoso en la primera. Las redes muestran que la disputa decisiva ocurre en la segunda. Las encuestas advierten que la tercera aún está abierta.

Un cierre necesario

La democracia no se erosiona solo por la mala técnica, sino también cuando la política se reduce al castigo emocional, al miedo y al ruido digital. Votar conscientemente hoy implica resistir la simplificación, exigir propuestas viables y, sobre todo, defender políticas públicas que atiendan las necesidades de quienes menos tienen, de las personas y territorios históricamente excluidos, y de las juventudes que hoy crecen sin horizonte.

Cuando la discusión pública se desplaza hacia el orden, la mano dura o la estabilidad macroeconómica desligada de justicia social, se invisibilizan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad. Sin inversión social, sin políticas redistributivas, sin presencia estatal sostenida en los territorios más golpeados, seguiremos reproduciendo las condiciones que empujan a cientos de jóvenes hacia economías ilegales como el narcotráfico, mientras el sistema político responde solo con discursos punitivos.

El futuro no se define con memes, ni con tendencias momentáneas, ni con la viralidad del enojo. Se construye cuando las personas ciudadanas ejercen su derecho al voto con juicio crítico, memoria histórica y responsabilidad colectiva, apostando por un proyecto de país que no sacrifique a sus juventudes ni profundice la exclusión en nombre de la gobernabilidad o del continuismo del modelo. Defender la democracia hoy exige defender la justicia social.

Partidos políticos participantes en el debate de OPA

Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Nueva República (NR), Unidos Podemos, Partido Liberal Progresista (PLP), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Avanza y Coalición Agenda Ciudadana (vinculada al espacio político del PAC).

Fuentes

  • CIEP-UCR. Encuestas de Opinión Pública, noviembre y diciembre de 2025.
  • Debate presidencial “Se busca presidente”, Canal OPA, 18 de enero de 2026.
  • CRHoy. “Redes sociales pasan factura tras debate: estos fueron los más apoyados y los más rechazados”. Enero 2026.
  • Análisis de conversación digital presentado por Cristian Bonilla, Universidad Latina de Costa Rica, durante la transmisión del debate.

El que dijo que si, el que dijo que no

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El título es sugerente. La primera vez que di con esta pieza fue en los años ochenta, al ver un montaje local adaptado de la obra escrita y presentada por el dramaturgo alemán Bertold Brecht en 1930. La trama aborda el tema de las decisiones. En la versión original, Brecht llevaba el desenlace hacia el sufrimiento del protagonista. Al ver las reacciones ante esa propuesta, adiciona un nuevo final que plantea, más que una lectura individual, un planteamiento colectivo.

La historia transcurre como sigue, según el sitio digital www.alternativateatral.com:

Pieza didáctica que promueve la reflexión frente a procesos personales y colectivos que a veces se asumen como inevitables.

El Maestro acude a despedirse de su alumno más querido ante su próxima partida en busca de remedios para erradicar la epidemia que está devastando a su pueblo. La madre del alumno también está contaminada y el alumno, deseoso de salvarla, ruega al maestro que lo sume al grupo de expedición. El maestro acepta, no sin dudar. A mitad del camino, el joven cae enfermo a su vez y no puede continuar con el viaje, ni regresar al pueblo. El grupo tendrá que tomar una decisión ante el dilema que le presenta la situación: dar por terminada la expedición y regresar al joven a su casa (lo que comprometería la vital expedición, única esperanza de una sociedad moribunda), o abandonarlo y seguir adelante en busca del remedio.

En la puesta en escena, los dos desenlaces son desarrollados, para que el público tome una postura de acuerdo con la decisión tomada. No en pocas ocasiones, las decisiones son sometidas a una profunda valoración, porque implican resultados, impactos, posibles desarrollos futuros.

Hoy, a esta hora, en Costa Rica, decir Si es imperativo. No es un Si asincrónico, como el que esta sociedad dijera hace ya casi veinte años cuando decidió aventurarse a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No es ese Si que ahora debe asumir la gente con su decisión, con su voto.

Nos enfrentamos, sin lugar a dudas, ante las elecciones más trascendentales de la historia de la Segunda República en el país y lo que se vislumbra debe comprometer reflexiones profundas, reposadas y firmes. Decir No, es confirmar una ruta que, hemos comprobado, nos lleva al deterioro inmediato y a la destrucción del proyecto colectivo que hemos construido a lo largo de la historia. Decir No es condenarnos a un final inmediato, irreversible, irreparable.

El que dijo Si, continuó el camino. Se trazó nuevos objetivos, se apoyó en una nueva marcha histórica, colectiva. Ese es el mensaje. Que la puesta en escena para nuestro país nos traiga nuevos vientos. Un futuro alentador.